Lanzan una iniciativa para que exiliados vascos y navarros puedan votar en su tierra

En las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra, el terrorismo separatista, además de haber causado muertos, heridos, grandes pérdidas materiales y acabado con las ilusiones de muchas familias, ha conseguido que muchos vascos y navarros, víctimas de ese terror, hayan tenido que exiliarse a otros lugares de España impidiéndoles elegir al alcalde del pueblo que se vieron obligados a abandonar, al diputado de su provincia, o al presidente de su comunidad autónoma. Con esta solicitud se pretende acabar con esa situación y permitir que los exiliados y sus familias puedan tener voz en los procesos electorales que se desarrollen en aquellos lugares que tuvieron que abandonar. La Ley de Memoria Histórica ya permite a los hijos y nietos de los exiliados por la guerra civil y el franquismo adquirir la nacionalidad española vivan donde vivan.

Este lunes se pone en marcha una vieja aspiración de muchas víctimas del terrorismo. Que los exiliados del País Vasco y Navarra y sus familias puedan votar en los lugares que se vieron obligados a abandonar. César Velasco Arsuaga y DENAES han dado el paso. Libertad Digital contribuye iniciando la campaña de adhesiones.

A partir de este lunes y gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, los hijos y nietos de los exiliados de España durante la guerra civil y el franquismo podrán optar a la nacionalidad española, pasaporte y, por lo tanto, derecho a voto. Se estima que puedan ser alrededor de medio millón de personas las que estén en situación de acogerse a esta nueva vía para ser español.

Pero también hoy, y al amparo de esta fórmula, se pone en marcha una vieja idea de muchos vascos y navarros que se vieron obligados a abandonar sus hogares ante la presión nacionalista y, sobre todo, del terrorismo nacionalista vasco de ETA. ¿Podrán votar en sus lugares de origen también estos exiliados?

El artífice de este impulso definitivo a una campaña que ya han demandado en varias ocasiones asociaciones como Foro de Ermua o la AVT es César Velasco Arsuaga, ex Subdelegado del Gobierno en Álava durante el gobierno de Aznar. Nunca se ha resignado a contemplar el incumplimiento de la ley y con esa premisa ha reconquistado derechos que se estaban violando sistemáticamente gracias a la imposición nacionalista.

César Velasco ha conseguido, entre otras cosas, que los agentes de la Ertzaintza juren o prometan acatar la Constitución en su toma de posesión, y que tenga que volver a ondear la bandera de España en la Academia de la Policía Vasca, en el Parlamento Vasco o en las Diputaciones y Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa. Muy próxima se encuentra la sentencia que obligará también a cumplir esa ley en todos los edificios dependientes de la Administración Autonómica Vasca. La última ocurrencia del Gobierno Vasco para retrasar la sentencia del Tribunal Superior ha sido retirar a su procurador. Pero Izaskun Bilbao, presidenta del Parlamento vasco ha osado incluso votar contra la voluntad de Joseba Eguibar para que se cumpla la ley. Al final, el temor a una inhabilitación puede más que muchos mítines políticos.

El otro sujeto responsable de que la iniciativa de permitir el voto a los exiliados por el terrorismo nacionalista se convierta en una nueva conquista es, una vez más, la Fundación para la Defensa de la Nación española (DENAES), que recibirá las firmas de los ciudadanos que quieran demandarlo.

Libertad Digital inicia hoy su aportación poniendo a disposición de los lectores la solicitud al Presidente del Gobierno para que emprenda las acciones que sean necesarias. Dichas solicitudes pueden descargarse en nuestra web y enviarse por correo ordinario a:

Fundación DENAES
Apdo. de Correos 238
39080 Santander. España

Un precedente de "voluntad política"

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales supuso la modificación de seis leyes orgánicas.

La exposición de motivos de aquella ley de 2003 no podía ser más concisa:

• Hacer efectiva la voluntad política expresada por quienes tienen plena confianza en que el sistema democrático garantiza la adecuada convivencia de nuestra sociedad, y con ello el derecho que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, obliga a modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que puede disponer nuestro sistema político.

Los textos que se vieron afectados por la entrada en vigor de esta Ley fueron:

• El Código Penal
• Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Ley de Enjuiciamiento Criminal
• Ley de Financiación de Partidos Políticos
• Ley de Régimen Electoral General
• Ley de las Bases de Régimen Local

Ahora, en 2009 existe otra posibilidad de llevar a cabo una operación democrática de similar calado. La voluntad política –invocada en la exposición de motivos– puede tener muchos cauces y uno de ellos es la futura modificación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (32/1999).

Un exiliado, un voto

La diáspora provocada por el terrorismo nacionalista vasco ha sido siempre denunciada por asociaciones como el Foro de Ermua que en un manifiesto elaborado en 2005 explicó con claridad la falacia electoral que se vive en el País vasco y Navarra y cómo esa perversión se usa cada día al esgrimir, por ejemplo, la "voluntad de los vascos", una de las frases favoritas de Juan José Ibarretxe. Mermada día tras día, esa voluntad va camino de ser la que buscan los nacionalistas. La iniciativa que hoy tiene ya una formulación concreta puede impedirlo.

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