Fuentes de todo crédito han afirmado a la revista Época que el inicio de estas nuevas conversaciones se produjo en el pasado mes de agosto cuando el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, visitó a Arnaldo Otegi en la cárcel madrileña de Soto del Real, unos días antes de que Otegi fuera trasladado a la prisión de Martutene, en Guipúzcoa, que abandonó definitivamente el penúltimo día de ese mes, según informa ÉPOCA.
Según la opinión de estas fuentes, el objetivo ahora es acelerar un proceso que conduzca, de nuevo, a la declaración de otra tregua por parte de ETA. La discusión está en si la declaración de la banda terrorista se debe producir antes o después de las próximas elecciones vascas. ETA quiere que sea después y los socialistas desean, naturalmente, que los etarras se pronuncien anticipadamente. Para obtener ese objetivo, cuentan con un instrumento de presión: la posibilidad de que el Gobierno autorice, directa o indirectamente, la presencia de una lista blanca en las elecciones. La denominación que se está barajando responde a las siglas AB (Abertzaleen Batasuna), como se conoce la supuesta organización política que ya ha estado presente en otras convocatorias electorales, entre ellas en los comicios regionales franceses.
Las actuales negociaciones no han abordado hasta ahora la discusión de los principios acordados en el Santuario de Loyola, que preveían, entre otras cosas, un pacto sobre el futuro de Navarra, pacto que encerraba la instalación de una entidad provisional de colaboración entre el Viejo Reino y la Comunidad Autónoma Vasca. Este acuerdo era, en realidad, el paso previo, según reconocían los negociadores de ambos bandos, para la posterior incorporación de Navarra al País Vasco.
En este orden de cosas, la quiebra de relaciones entre la Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular parece facilitar la reapertura del nuevo proceso. Según Época, no existe la menor duda de que “las negociaciones se están retomando”. El diagnóstico es que ETA, por más que aún pueda realizar atentados esporádicos, está, literalmente, acabada.
Sus jefes tradicionales optan, por tanto, por la mejor de las soluciones posibles y no es otra que lograr elmayor de los réditos posibles a sus aspiraciones clásicas. Esta posición ya mayoritaria en ETA (los presos también han opinado sobre la misma) es perfectamente sabida tanto por el Gobierno de Zapatero como por el de Ibarreche que, sin embargo, está teniendo muy poco protagonismo en esta fase de las negociaciones. Quien asume la titularidad de la representación nacionalista es el propio Partido Nacionalista Vasco.
A este respecto, no debe minusvalorarse el acercamiento que Zapatero y Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar, han iniciado hace meses una aproximación que se ha plasmado en el voto positivo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado y en el apoyo que el Ejecutivo de Ibarreche está encontrando en el Parlamento regional de Vitoria. Zapatero y Urkullu, a mayor abundamiento, están preparando, con el concurso de personas muy cercanas, un pacto para la próxima legislatura que prácticamente puede considerarse, de antemano, como gobierno de coalición, según informa >u>ÉPOCA>/u>.
Toda la estrategia del Gobierno socialista pasa, además, por la desactivación de quienes han sido los principales resistentes a todo acuerdo con ETA. Y es que, en efecto, la que antaño era una organización en protesta permanente contra el pacto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, está prácticamente desaparecida. Ése era el cabo suelto que nunca llegó a dominar Zapatero en la pasada legislatura.
Ahora es diferente: la AVT no tiene en estos momentos actividad alguna, está detenida en un proceso de ruptura interna evidente, y ya no es la organización que, en la calle y en los medios de comunicación, se oponía frontalmente a cualquier acuerdo con los etarras.
Según nuestras fuentes, el actual presidente, José Antonio Casquero, está en manos de la vicepresidenta segunda, Ángeles Domínguez, quien aparece como auténtica representante de la AVT.
Periodista Digital
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