Cataluña obstaculiza traslados universitarios al negarse a emitir certificados en castellano

Decenas de universitarios ven truncada su convalidación de asignaturas porque el resto de las universidades no acepta los papeles en catalán ya que "no se entienden" Un estudiante de la Autónoma de Madrid ha tenido que traducir él mismo su expediente

Un traslado de expediente entre una universidad pública catalana y otra pública cualquiera puede resultar imposible, si los funcionarios que intervienen así lo desean. El caso de un estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid lo demuestra.

Víctima de un vacío legal, se ha dirigido en varias ocasiones hacia los funcionarios en busca de unos papeles que le convaliden unas asignaturas que cursó en Barcelona, y que necesita en Madrid. En Cataluña no se lo dan en castellano, porque no tienen por qué hacerlo, y en Madrid no se lo aceptan en catalán porque pueden exigir que esos papeles estén en castellano.

Fuentes de la Autónoma de Madrid han reconocido que estos trámites son frecuentes, y que en la mayoría de los casos no se ponen pegas, pero no han podido más que reconocer que depende del funcionario encargado del trámite que se acepte o no en catalán.

En el otro lado, la Autónoma de Barcelona ha reconocido que no se dan esos papeles en castellano porque no existen, y porque "sería una locura tener todos los documentos en ambos idiomas".

El afectado cursó dos años en Madrid, trasladó su expediente sin problemas a la Universidad Autónoma de Barcelona, y dos años después decidió volver a Madrid, pero con los impresos en catalán.

En estos momentos se encuentra traduciéndo él mismo los papeles para que la Autónoma de Barcelona los selle después, como está estipulado en un traslado internacional, pero sin salir de España.

Dos leyes que se pisan, y un vacío legal entre ellas

El catalán es la lengua oficial en Cataluña, y las administraciones universitarias no están obligadas a dar los papeles en otro idioma que no sea ese.

La Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña, así lo establece: "el catalán es la lengua propia de las universidades de Cataluña y, por lo tanto, es la lengua de uso normal en sus actividades", además de garantizar que "el Gobierno [de Cataluña], debe procurar que el acceso y la incorporación de nuevos miembros a la comunidad universitaria no altere los usos lingüísticos docentes normales y el proceso de normalización lingüística de las universidades".

Esta ley de universidades choca directamente con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en el Artículo 36 que "la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano".

Eso sí, deja claro que "los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea co-oficial en ella", como pueda ser en este caso el catalán. Lo que permite que el procedimiento se tramite "en la lengua elegida por el interesado", no en la lengua que elija la administración.

De hecho, la contradicción entre leyes se aprecia en el último punto del artículo, porque "en cualquier caso, deberán traducirse al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma", sobre todo cuando los interesados así lo expresen.

Una solución que podría costar hasta 80 euros

Después de ver cómo pasaba el tiempo y que se acercaba el fin del plazo de convalidación, fue finalmente una carta al director de la facultad catalana la que resolvió el incidente con una solución poco ortodoxa: que el alumno tradujera el programa, comprometiéndose él mismo a supervisar dicha correción y a poner los sellos pertinentes.

Esta "solución" no es ni más ni menos que el procedimiento rutinario en un traslado de expediente internacional y además, oficialmente esa traducción la debería hacer un traductor jurado, algo que puede costar hasta 80 euros, según la extensión del programa (a razón de 10 céntimos por palabra).

Todas las universidades consultadas han reconocido que este no es un caso frecuente, y que normalmente "los expedientes se tramitan si se entienden", así que mientras ninguna ley diga lo contrario, podremos irnos con una sonrisa y las asignaturas convalidadas, o podremos perdernos en un mar del papeles e idiomas, según se haya levantado esa mañana la persona que tiene que hacer el trámite.

adn.es