Inmersión lingüística y exclusión (I). Por Juan Jiménez Castillo.

Todo lo que sigue en este artículo es deudor de que el ser humano posee una dignidad muy superior a la de los grupos, pueblos y naciones. Esta dignidad individual del ser humano, de la que deriva, entre otras, "la libertad de elegir," no siempre es correspondida por los poderes públicos. Así algunos grupos de poder, en aras"de una inconsistente prelación de ciertos derechos colectivos, entre los que se encuentra los de lengua, imponen políticas, como la de la inmersión lingüística, que representa la vulneración de derechos inalienables del individuo.

Pretenderé, en lo que sigue, hacer un análisis de la inmersión lingüística, como método didáctico de aprendizaje de lenguas, con sus virtudes y vicios mayores derivados de la exclusión que representa y realiza. Antes, a modo de encuadrar el sentido de las relaciones entre inmersión lingüística y exclusión en nuestro país, diré que todas aquellas convulsas voces procedentes del ámbito nacionalista que han tildado el Manifiesto por la lengua común como de "anulación del bilingüismo", de "visión de España que ignora la pluralidad", de "ataque contra el catalán" o de "viaje hacia el último Consejo de Ministros franquista"?, no solo muestran, como señala Rosa Montero, que las lenguas son sustancias radioactivas que hunden sus raíces en el corazón más primitivo, en la oscura e irracional memoria de la horda, sino que también desde cierta atalaya política no se dan las condiciones necesarias para un abordaje medianamente racional de los problemas. Y para muestra un botón: fíjense en el cóctel molotov que evoca el posicionamiento político de Jordi Pujol que invita a reaccionar "sin miedo" contra el intento de poner en peligro aquello que incorpora y perpetúa una determinada concepción del mundo, la lengua. Este nacionalismo excluyente y de raíz mitológica, es el que hemos visto aparecer como reacción impropia contra el Manifiesto que, dicho sea de paso, no ataca el todo de la normalización lingüística, sino a la parte de la misma, al instrumento o método: la inmersión lingüística; ya que esta inmersión, al estar impuesta en todos los centros sostenidos con fondos públicos, impide otras formas de alfabetización y en concreto impide la alfabetización en lengua castellana. Es contra esta coerción de derechos individuales contra la que va el Manifiesto como, clara y diáfanamente, ha expresado Fernando Savater al indicar que en el Manifiesto no sólo se defiende el derecho de quien lo desee a ser educado en castellano, sino también el derecho semejante de ser educado en catalán en Cataluña, en euskera en el país Vasco, en gallego en Galicia. Luego no es contra el pluralismo lingüístico, ni contra el bilingüismo, ni contra los acuerdos de de la UE, sino que lo que se trata de defender son los derechos de los castellanohablantes, sin mermar el bilingüismo. Entiendo que son los nacionalitas lingüísticos los que atizan la lumbre de la confusión al creer que el Manifiesto ataca el todo, la finalidad o la promoción de la lengua vernácula, en vez de a la parte, el instrumento, el método: la inmersión lingüística que se erige, a la postre, en el limitador de los derechos individuales de los alumnos con lengua materna castellana.

Nos detendremos, a continuación, en lo que he llamado vicios o perversiones de la llamada inmersión lingüística (sobre las virtudes -crear o hacer hablantes- dejaré que sean los apologetas de la inmersión los que se recreen en las mismas). La primera de las perversiones es de naturaleza jurídica-política y, por lo tanto, no es intrínseca al método didáctico aunque sí deveniente con él, esto es, no es asumible que en todas las leyes de normalización lingüística se reconozca que la enseñanza se hará en lengua materna y luego sólo se aplique este reconocimiento jurídico al catalán, al euskera y gallego. La práctica escolar, en Balears, que tengo ocasión de supervisar por razones de trabajo, impide aplicar esta exigencia jurídico-pedagógica de lengua materna a la lengua castellana. Resulta paradójico comprobar, -después de toda una vida profesional, intelectiva y práctica, bregando por el reconocimiento de los derechos individuales de los niños mallorquines de ser educados en su lengua materna- las resistencias y renuencias que el ejercicio de tales derechos implica para los niños de lengua materna castellana. Si las leyes están para cumplirse y vemos que no son respetadas, ni siquiera las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoce este derecho ¿dónde queda el principio de legalidad consustancial a la democracia? Si Montilla, el más alto representante del Estado en Cataluña, para frenar al poder judicial, promete blindar la inmersión lingüística ¿no es otro atropello a la democracia en cuanto se pretende impedir el valor equilibrador de la división de poderes? ¿Por qué no se emprenden acciones judiciales conducentes a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público contra aquellos representantes del Estado que se jactan públicamente de decir que no aplicarán los autos, v. g. J.L. Carod respecto al auto del TSJC sobre la tercera hora de castellano?

(*) Juan Jiménez Castillo es inspector de Educación y doctor en Ciencias de la Educación.

Diario de Mallorca