"Algunos dirigentes socialistas, aunque no lo dicen, son conscientes del grave error cometido por Zapatero, que en este asunto ha jugado a aprendiz de brujo. El PSOE no va a sacar ninguna ventaja de un proyecto percibido como revanchista por un sector de la sociedad, que se siente agredido por esta ley. Mejor haría en retirarlo y en tender una mano al PP, que buena falta le va a hacer."
El primer debate parlamentario sobre el proyecto de ley de la Memoria Histórica reprodujo fielmente la polémica suscitada desde su aprobación por el Consejo de Ministros. El PSOE, que se quedó solo, defendió la iniciativa como una reparación de los crímenes e injusticias cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El PP se opuso al entender que la Transición puso punto y final al reexamen del pasado, mientras que ERC e IU presentaron enmiendas a la totalidad en las que pedían -entre otras exageraciones- la revisión de los juicios del franquismo, extremo no contemplado en la propuesta socialista. CiU y PNV prestaron sus votos al Gobierno para rechazar estas enmiendas, pero advirtiéndole paradójicamente que no respaldaran la ley sino introduce lo esencial de tan radicales exigencias.
El aspecto fundamental y más polémico de este proyecto es el relativo a la reparación individual de los crímenes y las arbitrariedades cometidas en la Guerra Civil por ambos bandos y, más tarde, por el franquismo. El procedimiento que propone el proyecto es por solicitud ante una comisión interministerial, que estudiaría caso por caso. La comisión elevaría una recomendación motivada a un consejo de cinco notables, elegido por el Parlamento, que emitiría un dictamen de validez únicamente moral, en el que establecería -si procede- que esa persona fue fusilada o encarcelada sin pruebas y en base a sus convicciones políticas.
Lo primero que hay que argumentar es que las víctimas del franquismo no necesitan rehabilitación alguna, ya que primero hubo una amnistía, luego se aprobaron las reparaciones económicas y, entre tanto, los historiadores ya han dejado suficientemente claro lo que sucedió en esta triste etapa histórica. Desde este punto de vista, la iniciativa del PSOE es perfectamente inocua y carente de efectos prácticos salvo en un muy reducido número de casos. Por otro lado, resulta muy cuestionable otorgar a esos cinco «hombres justos» la capacidad de revisar decisiones judiciales en nombre de un pretendido y neonato derecho a la memoria.
Fernández de la Vega argumentó ayer que esta ley no va contra nadie y no es sectaria. Tiene un punto de razón en que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de moderación, pero la iniciativa está viciada en su propio origen al no haber sido consensuada con el PP. Ésa es la gran diferencia con la ley de Amnistía de 1977 y con otras normas pactadas, referentes al reconocimiento de prestaciones a los soldados de la República, a sus viudas e hijos y a quienes fueron encarcelados por el franquismo, que se hicieron con un amplio consenso en el Parlamento, como muy bien recordó ayer el diputado del PP, Manuel Atencia.
Esta iniciativa no nació porque hubiera una demanda en la sociedad española ni para proporcionar prestaciones a personas que podrían haberlas obtenido por otras vías legales. Surgió como consecuencia de una exigencia de IU y ERC, que ofrecieron apoyo parlamentario a Zapatero a cambio de una ley que revisara el pasado. El resultado ya lo estamos viendo: de momento ha conseguido enfrentar a la sociedad y reabrir viejas heridas, como se puede comprobar en las esquelas que se publican en los periódicos desde hace meses.
Algunos dirigentes socialistas, aunque no lo dicen, son conscientes del grave error cometido por Zapatero, que en este asunto ha jugado a aprendiz de brujo. El PSOE no va a sacar ninguna ventaja de un proyecto percibido como revanchista por un sector de la sociedad, que se siente agredido por esta ley. Mejor haría en retirarlo y en tender una mano al PP, que buena falta le va a hacer.
Editorial de El Mundo, 15-12-2006
El primer debate parlamentario sobre el proyecto de ley de la Memoria Histórica reprodujo fielmente la polémica suscitada desde su aprobación por el Consejo de Ministros. El PSOE, que se quedó solo, defendió la iniciativa como una reparación de los crímenes e injusticias cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El PP se opuso al entender que la Transición puso punto y final al reexamen del pasado, mientras que ERC e IU presentaron enmiendas a la totalidad en las que pedían -entre otras exageraciones- la revisión de los juicios del franquismo, extremo no contemplado en la propuesta socialista. CiU y PNV prestaron sus votos al Gobierno para rechazar estas enmiendas, pero advirtiéndole paradójicamente que no respaldaran la ley sino introduce lo esencial de tan radicales exigencias.
El aspecto fundamental y más polémico de este proyecto es el relativo a la reparación individual de los crímenes y las arbitrariedades cometidas en la Guerra Civil por ambos bandos y, más tarde, por el franquismo. El procedimiento que propone el proyecto es por solicitud ante una comisión interministerial, que estudiaría caso por caso. La comisión elevaría una recomendación motivada a un consejo de cinco notables, elegido por el Parlamento, que emitiría un dictamen de validez únicamente moral, en el que establecería -si procede- que esa persona fue fusilada o encarcelada sin pruebas y en base a sus convicciones políticas.
Lo primero que hay que argumentar es que las víctimas del franquismo no necesitan rehabilitación alguna, ya que primero hubo una amnistía, luego se aprobaron las reparaciones económicas y, entre tanto, los historiadores ya han dejado suficientemente claro lo que sucedió en esta triste etapa histórica. Desde este punto de vista, la iniciativa del PSOE es perfectamente inocua y carente de efectos prácticos salvo en un muy reducido número de casos. Por otro lado, resulta muy cuestionable otorgar a esos cinco «hombres justos» la capacidad de revisar decisiones judiciales en nombre de un pretendido y neonato derecho a la memoria.
Fernández de la Vega argumentó ayer que esta ley no va contra nadie y no es sectaria. Tiene un punto de razón en que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de moderación, pero la iniciativa está viciada en su propio origen al no haber sido consensuada con el PP. Ésa es la gran diferencia con la ley de Amnistía de 1977 y con otras normas pactadas, referentes al reconocimiento de prestaciones a los soldados de la República, a sus viudas e hijos y a quienes fueron encarcelados por el franquismo, que se hicieron con un amplio consenso en el Parlamento, como muy bien recordó ayer el diputado del PP, Manuel Atencia.
Esta iniciativa no nació porque hubiera una demanda en la sociedad española ni para proporcionar prestaciones a personas que podrían haberlas obtenido por otras vías legales. Surgió como consecuencia de una exigencia de IU y ERC, que ofrecieron apoyo parlamentario a Zapatero a cambio de una ley que revisara el pasado. El resultado ya lo estamos viendo: de momento ha conseguido enfrentar a la sociedad y reabrir viejas heridas, como se puede comprobar en las esquelas que se publican en los periódicos desde hace meses.
Algunos dirigentes socialistas, aunque no lo dicen, son conscientes del grave error cometido por Zapatero, que en este asunto ha jugado a aprendiz de brujo. El PSOE no va a sacar ninguna ventaja de un proyecto percibido como revanchista por un sector de la sociedad, que se siente agredido por esta ley. Mejor haría en retirarlo y en tender una mano al PP, que buena falta le va a hacer.
Editorial de El Mundo, 15-12-2006
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