Síndrome de abstinencia. Por Ignacio Camacho

La nostalgia de la vieja Marbella ha generado un bucle melancólico de ansiedad por reconstruir la imagen del paraíso.

EN la Marbella de Hohenlohe, mucho antes de que Gil convirtiese la ciudad en una siniestra «banana republic», los verdaderos ricos y las auténticas bellezas se paseaban en traje de baño sin que nadie se dignase dirigirles una mirada. El glamour consistía exactamente en eso: en la naturalidad con que Onassis podía atracar en Banús —atracar el yate; los atracos luego los perpetraron los concejales— y tomarse un helado en el muelle sin que lo molestara un papparazzoni le saliese a recibir un comité de próceres locales y autonómicos como escapados de una película de Berlanga. El turismo de élite se sentía allí en un confortable biotopo construido a la medida de su privacidad y sus silencios; un lugar donde el éxito o la fama eran parte del paisaje y del clima como el sol o las buganvillas, y donde cualquier celebridad planetaria contaba con la complicidad de una indiferencia espontánea que no necesitaba la protección de ejércitos de guardaespaldas especializados en el blindaje de anonimatos.

La nostalgia de aquel tiempo liminar en que la marca marbellí se promocionaba sola a través de susurros en un mundo de lujo discreto ha generado un bucle melancólico acrecentado por la ansiedad de reconstruir la imagen del paraíso que los mangantes más horteras de la modernidad convirtieron en una cleptocracia. El marketing político e industrial suspira hoy por iconos que proyecten reflejos realmente universales en un mundo en el que cualquier mediocre semifamoso anuncia en twitter el momento exacto en que se dispone a ir a mear. Todo el alboroto organizado, con notables ribetes de paletismo, en torno a la visita de Michelle Obama obedece a esa necesidad compulsiva de crear valor añadido mediante técnicas de branding, una cierta obsesión de supervivencia competitiva a la que se suma el afán de rentabilidad electoral de una clase dirigente obcecada con el rédito populista. En la expectativa aldeana de esa recepción desmedida, cuya indiscreta ostentación ha tenido que corregir la Casa Blanca, se manifiesta una mezcla de síndrome de abstinencia de momentos estelares y de afán de protagonismo político. La estancia de la familia presidencial americana —que acaso debería por su propio bien alejarse de ciertos tics de nuevos ricos— constituye sin duda el mejor y más importante impulso publicitario que podía soñar la Marbella honrada y acogedora cuyo merecido prestigio arrasó el latrocinio gilista, pero el exceso de alboroto ha revelado una desazón pueblerina magnificada por la urgencia histórica de una ciudad que se echa de menos a sí misma. Nada tiene de cuestionable el aprovechamiento de una oportunidad legítima; sin embargo, esta agitación exagerada de gestualidad propagandística ha dejado una sensación inevitable de sobreactuación que no es sino la involuntaria confesión de una preocupante decadencia.

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Concordia y legitimidad. Por Ignacio Sánchez Cámara

«El problema del socialismo es que su doctrina del poder le hace incompatible con el principio de legitimidad democrática. De ahí la tentación revolucionaria, es decir, totalitaria, que siempre padece el socialismo y a la que con tanta frecuencia sucumbe».

LA clave del problema del poder se encuentra en la legitimidad. Y la clave de ésta reside en la creencia generalizada en que el poder, sea más o menos justo o eficaz, es legítimo. Sin concordia básica no es posible la legitimidad. Cuando la convivencia de una sociedad se rompe en dos grupos antagónicos, cuando la concordia deja de existir, la legitimidad es imposible. Tan imposible como cuando el poder legítimo es usurpado.

Y no conviene despreciar la relevancia del poder. Si la tendencia a verlo todo políticamente es un error, también lo es, y no menor, no ocuparse nunca de la política. En realidad, sólo caben tres posibilidades: o vivimos bajo un gobierno legítimo, es decir, que estimamos que, nos guste más o menos, o incluso nada, quien gobierna tiene derecho a mandar; o, en caso contrario, debemos intentar cambiar el gobierno; o, y ésta es la tercera posibilidad, podemos vivir bajo un gobierno ilegítimo y aceptarlo. Esto no es otra cosa que puro envilecimiento.

Pero entonces, la primera gran cuestión política es algo previo a ella, que afecta al fondo de una sociedad: la concordia. Sin ella, no es posible un poder legítimo. Y no hay pecado social y político mayor que el que cometen quienes contribuyen a la destrucción de la concordia. Por cierto, y para los «consensualistas» al uso, por concordia entiendo no el acuerdo político ni el consenso sobre las grandes cuestiones de Estado, sino algo más profundo y previo: la decisión de vivir juntos y bajo instituciones aceptadas por todos (o casi todos, pues la concordia puede no ser total). Lo que significa la concordia y su pérdida fue explicado magistralmente por Cicerón. También puede leerse con provecho el ensayo de Ortega y Gasset sobre el Imperio romano.

Parece que andan empeñados algunos entre nosotros (incluso en el Gobierno) en renegar de la Transición y reivindicar la legitimidad de la Segunda República. Doble y terrible irresponsabilidad. Primero, por romper la concordia y, con ella, destruir las condiciones de posibilidad de la convivencia y de la legitimidad democráticas. Segundo, por sustituir la legitimidad actual por un régimen que nunca llegó a ser legítimo. Lo siento, pero la República nunca llegó a ser un régimen legítimo. Y, suponiendo que lo hubiera sido en la primera hora, desde luego pronto dejó de serlo, como muy tarde en 1934.
Y no llegó a ser legítimo porque no pudo o no supo serlo, porque nació bajo la ausencia de la concordia y nunca logró restaurarla. Esto es lo que, entre otros, vio claro muy pronto Ortega y Gasset: que, desde su origen, la República renunció a ser un régimen para todos, y aspiró a ser el de unos, fueran o no mayoría, frente a otros. Pero si el gobierno democrático puede ser cuestión de mayorías (con respeto a las minorías), la concordia es otra cosa.

Discutir si la guerra civil pudo ser evitada puede ser más o menos ocioso. En realidad, pudo evitarse, pero el camino tomado en 1931 y, sobre todo, en 1934, y más aún en febrero del 36, conducía a ella, a menos que se rectificara el rumbo y se restaurara la concordia. De ahí, que ninguno de los dos posibles bandos vencedores hubiera podido aspirar a la legitimidad. Sin concordia, no hay legitimidad. Y una guerra civil es la más radical y terrible ruptura de la concordia. Por eso se equivocan (o, quizá algunos de ellos, mienten) quienes pretenden que el Gobierno republicano de febrero del 36 era legítimo. Como lo hacen quienes piensan que el nacido del levantamiento de julio fue legítimo. Se trataba de otra cosa. La guerra civil no fue un conflicto entre un Gobierno democrático legítimo y unos golpistas fascistas. Ignoran quienes esto pretenden lo que fue el Frente Popular y lo que son los principios de legitimidad y su fundamento: la concordia. Para subsanar lo primero, conviene acudir a la Historia, no a la memoria histórica. Para lo segundo, puede resultar útil la lectura de un ya casi viejo libro de Guglielmo Ferrero, publicado en 1942: El Poder. Los Genios invisibles de la ciudad. Europa ha combatido desde 1789 hasta la segunda guerra mundial por dos principios de legitimidad: uno, el aristocrático-monárquico, que ya había perdido su legitimidad, y otro, el electivo-democrático, que, salvo excepciones como Suiza e Inglaterra, aún no lograba alcanzarla. En realidad, fue la lucha entre las dos revoluciones francesas: la liberal y democrática y la propiamente revolucionaria. Como recordaba Talleyrand, sólo el trascurso del tiempo permite que un poder termine convirtiéndose en legítimo. Aunque la legitimidad se nutre más de pasiones que de doctrinas, en nuestro tiempo, al menos en las sociedades occidentales, ha terminado por imponerse la legitimidad democrática. Pero la democracia es, como principio de legitimidad, más frágil que la aristocracia o la monarquía. Además, no deja de afectarle la eficacia. Como afirma Ferrero, «el día en que el pueblo empiece a dudar del poder y de su eficacia para satisfacer sus necesidades, la legitimidad habrá comenzado inexorablemente su cuenta atrás».

La democracia se basa en dos principios: la libertad de sufragio y el derecho de oposición. Y vive bajo una contradicción: la imposibilidad de una comunidad política en la que los que tienen el deber de obedecer sean, a la vez, titulares del derecho de mando. El poder viene siempre de arriba; la legitimidad, de abajo. La democracia no es el gobierno del pueblo, sino el régimen en el que el poder es elegido y, por tanto, delegado. El mayor riesgo para las democracias es la generación de un dualismo destructivo, que conduzca a la ruptura de la concordia y a un gobierno revolucionario o, lo que es lo mismo, totalitario. Por eso, la democracia requiere educación, cultura y un exquisito juego limpio entre el Gobierno y la oposición. Y si negar legitimidad al Gobierno legítimo es pecado de lesa democracia, también lo es negar legitimidad a la oposición, que forma parte de la soberanía popular tanto como el Gobierno.

El ideario de la soberanía popular se sustenta en grandes valores morales y espirituales, en los que deben coincidir Gobierno y oposición. Una vez más, la concordia. «Sin esta coincidencia previa el derecho de oposición terminará convirtiéndose inexorablemente en el campo de batalla de un duelo mortal en el que los partidos, en vez de batirse caballerosamente según unas reglas del código del honor conocidas y respetadas por todos, tratarán de destruirse mutuamente».

En este sentido, el problema del socialismo es que su doctrina del poder le hace incompatible con el principio de legitimidad democrática. De ahí la tentación revolucionaria, es decir, totalitaria, que siempre padece el socialismo y a la que con tanta frecuencia sucumbe. Si todo lo anterior no está equivocado, entonces la mayor irresponsabilidad que puede cometer un Gobierno es contribuir a romper la concordia básica de la sociedad. Y en el pecado lleva la penitencia, pues, al destruir la concordia, destruye, a la vez, el principio de su propia legitimidad.

Ignacio Sánchez Cámara es Catedrático de Filosofía del Derecho

ABC - Opinión

EEUU. ¿Tan mal lo están haciendo los demócratas?. Por Ignacio Moncada

El motivo por el que los americanos comienzan a darle la espalda al Partido Demócrata es porque sus reformas, pese a su atractivo europeo, son lesivas para el contribuyente. Y por tanto para la economía.

El Partido Demócrata de Estados Unidos esperaba dar un bajón en las elecciones parciales que se producirán en noviembre. Pero, según se acerca la fecha clave, amenaza con convertirse en una pesadilla. En las mid-term elections se renuevan 37 de los 100 escaños del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Y las perspectivas demócratas no son buenas. Robert Gibbs, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, encendió las alarmas del partido al ponerle voz al temor que gravita sobre la formación política del presidente Obama: admitió que podían perder la mayoría en el Congreso, y que el Senado estaría disputado. Lo que hace pocas semanas era impensable, perder el Senado, ahora es factible. Y podría ir acompañado de un golpe psicológico mayor. Los republicanos pueden lograr la llamada trifecta: hacerse con los escaños que antes ocupaban Obama por Illinois y el vicepresidente Biden por Delaware, y la silla que ocupa Harry Reid, el líder de la mayoría Demócrata en el Senado.

La política estadounidense siempre parece sorprender desde Europa. El clima mediático europeo es propenso a caer del lado demócrata y a recelar del Partido Republicano. Por eso, diversos líderes de opinión europeos se preguntan extrañados: pero, ¿tan mal lo están haciendo los demócratas? Los logros de Obama y los suyos durante esta primera mitad de legislatura pueden parecer satisfactorios. Se han aprobado estímulos económicos por valor de un trillón de dólares, se han rescatado de la bancarrota gigantes industriales como General Motors o Chrysler, se ha aprobado la ambiciosa reforma sanitaria con la que tantos presidentes han soñado, y se ha sacado adelante la tan ansiada regulación financiera. Si sobre el papel da la sensación de que el balance es razonablemente exitoso para los demócratas, ¿a qué se debe este desplome electoral?

Es cierto que las políticas anteriores son muy atractivas para el europeo medio. Pero en Estados Unidos encuentran una gran oposición por un motivo muy sencillo: atacan directamente al bolsillo de los contribuyentes. La reforma sanitaria, los estímulos económicos y los rescates industriales van a suponer un coste inmenso para la economía del país. La nueva regulación del sistema financiero incrementa el intervencionismo del Gobierno en los negocios privados de los ciudadanos, y por tanto genera costosas ineficiencias que a la larga se pagan. La economía americana arroja cifras preocupantes. El paro está estancado por encima del 9,5%, el déficit público está disparado y la deuda pública podría llegar en diciembre a cerca del 100% del PIB. Ahí está la clave de las elecciones. El motivo por el que los americanos comienzan a darle la espalda al Partido Demócrata es porque sus reformas, pese a su atractivo europeo, son lesivas para el contribuyente. Y por tanto para la economía.

Libertad Digital - Opinión

Viajeros o rehenes

La eventual convocatoria de huelga durante la segunda quincena de agosto crea una situación de inseguridad para los pasajeros y produce pérdidas de difícil reparación para el sector turístico.

NADIE pone en duda que los controladores aéreos ejercen una función muy cualificada y que, como los profesionales de cualquier otro sector, tienen derecho a plantear sus legítimas reivindicaciones. Sin embargo, la Unión Sindical de Controladores Aéreos se equivoca cuando utiliza a millones de usuarios de los aeropuertos españoles como rehenes en su guerra sin cuartel contra el Ministerio de Fomento. En este sentido, resulta inaceptable la ambigüedad sobre la eventual convocatoria de huelga durante la segunda quincena de agosto, porque crea una situación de inseguridad para los pasajeros y produce pérdidas de difícil reparación para el sector turístico en una época de grave crisis económica. La opinión pública percibe determinadas actitudes como un chantaje a la Administración, y ello debería mover a reflexión a los responsables sindicales, que dejan abierta la fecha de su convocatoria de huelga y lanzan un ultimátum a José Blanco como «último aviso» para que los reciba en las próximas horas. Se trata, sin duda, de una medida de presión ante la negociación del convenio colectivo con AENA, pero su principal objetivo es conseguir que recaiga sobre el ministro toda la responsabilidad de un conflicto en el que ambas partes deberían ser conscientes de que es imprescindible actuar en función del interés público.

Fomento ha gestionado con escaso acierto el apoyo recibido por parte del Congreso de los Diputados, tal vez porque José Blanco se ha tomado el asunto como una operación de imagen política. No obstante, es cierto —como dijo ayer— que no es posible admitir los privilegios de ningún colectivo y que sólo cabe la negociación en el marco de la legislación vigente. Así lo deben aceptar los controladores, puesto que la razón se pierde cuando las posiciones se llevan al extremo y se incurre en el chantaje.

ABC - Opinión

Violencia doméstica sin freno

Los datos proporcionados ayer por el delegado del Gobierno para la violencia de género son estremecedores y obligan a replantearse de manera realista si la política y la estrategia gubernamentales son las adecuadas para combatir esta lacra. Pese a las campañas publicitarias y a los recursos empleados, los resultados no acompañan al esfuerzo, y durante el primer semestre de este año son peores que los de 2009. Así, el número de mujeres asesinadas por sus parejas asciende a 42, lo que supone un aumento del 26%. Si se tiene en cuenta que lo peor está por llegar, pues está comprobado que la segunda quincena de agosto es la que registra más homicidios de todo el año, es muy probable que las cifras de 2010 se disparen a cotas sin precedentes. Al analizar los datos más en detalle se aprecia que, de manera inopinada, se han producido ciertos cambios en las pautas estadísticas, de modo que en estos seis meses ha caído el volumen de denuncias, hay menos solicitudes de protección, los homicidios con órdenes de alejamiento han descendido y ha aumentado el número de víctimas que no habían presentado denuncia. Es decir, los datos apuntan a que se ha difuminado la percepción del riesgo entre las mujeres amenazadas, lo que las convierte en mucho más vulnerables. Aunque no conviene sacar conclusiones apresuradas sobre estos cambios de tendencia, pues las estadísticas hay que analizarlas a través de periodos de tiempo más dilatados, lo cierto es que no pueden caer en saco roto ni archivarse a beneficio de inventario con la esperanza de que el segundo semestre sea menos trágico y «salve» el ejercicio, que es lo que parece preocuparle a determinados responsables del Gobierno. Por el contrario, el pésimo balance publicado ayer obliga a todos los sectores implicados en esta lucha a revisar sus estrategias. Empezando por el Ministerio de Igualdad, cuyas iniciativas, campañas y actividades se han revelado insuficientes y, a veces, más orientadas a la propaganda que a la eficacia. Nadie le exige que haga milagros, porque combatir un fenómeno en el que intervienen multitud de factores requiere la acción combinada de diferentes agentes e instituciones, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta los jueces y fiscales, desde los colegios hasta los medios de comunicación, pasando por el papel insustituible de las familias y del entorno vecinal. Precisamente porque es imprescindible el concurso de tantos y tan diferentes actores, el Ministerio de Igualdad, como responsable que debe liderar la lucha, no puede caer en improvisaciones, ni ocurrencias, ni frivolidades. Especialmente dañina resulta esa «ideología de género» que inspira algunos de los planes ministeriales, en virtud de la cual sólo son aceptables aquellos postulados feministas y de izquierda. Al politizar e ideologizar el problema se generan polémicas estériles y se pierde credibilidad, pues se transmite a los ciudadanos, y sobre todo a las mujeres, que la lucha contra la violencia doméstica está contaminada por intereses partidistas. Este combate será muy difícil de ganar, sin duda, pero lo será aún más si se mezcla con ideologías de género y se provoca la división de fuerzas.

La Razón - Editorial

Abuso de posición

Una huelga en las actuales condiciones sería el mayor error de los controladores aéreos.

Los controladores aéreos han votado ir a la huelga en contra de la variación de sus condiciones laborales, pero delegando en la junta directiva de su sindicato la fijación de la fecha de inicio y duración de la misma. Con ello dejan abierta la posibilidad de no formalizar la convocatoria mientras prosiguen las negociaciones, que ayer se reanudaron, pero a la vez refuerzan la presión sobre la sociedad porque la incertidumbre extiende los efectos de la amenaza: provoca cambios de planes de vacaciones, cancelaciones de viajes y de reservas hoteleras por un periodo indefinido.

Con ello no solo amargan la vida a mucha gente sino que perjudican gravemente a la principal industria del país, el turismo, que pugna por superar la crisis. Los controladores tratraron ayer de desviar contra el ministro de Fomento (al que acusan de interferir en la negociación mediante decretos) la responsabilidad de esos trastornos, pero entre las reivindicaciones de su plataforma han incluido la aplicación inmediata del real decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno fijando los horarios laborales y periodos de descanso. El argumento es que más vale una mala regulación que la situación actual.

Es incoherente, pero puede interpretarse como un gesto para favorecer la negociación, al que ha respondido el ministro con su disposición a discutir ese y otros puntos de la plataforma sindical. Si llega a producirse, será la primera huelga legal del sector, aunque hay antecedentes de huelgas encubiertas, de celo o por la vía de bajas médicas simuladas como las desplegadas desde que el Gobierno aprobó, en febrero, modificaciones que afectaban sobre todo al regimen salarial. Especialmente, al sistema de computar como horas extras, pagadas al triple que las ordinarias, gran parte de la jornada laboral real.

Los 2.200 controladores españoles han estado cobrando sueldos muy altos y disfrutando de unas condiciones laborales y organizativas que perpetuaban esa situación. Lo han podido hacer porque su posición les otorgaba una fuerte capacidad de intimidación sobre los administradores públicos: una huelga de controladores puede paralizar un país (hay antecedentes) y provocar graves destrozos económicos. A cambio, han suscitado una antipatía social sin parangón: algo que ha comenzado a preocuparles, como demuestran sus declaraciones de las últimas horas diciendo que ellos no harán una huelga salvaje.

Según AENA, entre el 16 y el 20 de agosto están previstas 27.000 operaciones en los aeropuertos españoles. Una huelga de controladores en agosto y en plena crisis económica sería un hecho muy grave. Los portavoces de su sindicato dicen ser conscientes de ello, y seguramente también lo son de que no les conviene que llegue a producirse, pero a la vez se resisten a renunciar a sus privilegios. El Gobierno tiene razón en su intención de poner fin a las inercias que han llevado a esta situación. Mantener el pulso contra una opinión pública ya muy irritada sería el mayor error que los controladores podrían cometer.

El País - Editorial

El problema no era el 3%, sino el 4%

El nacionalismo ha convertido a Cataluña en un oasis en el que impera, no la tranquilidad, sino la ley del silencio. Sus políticos en todo momento lo tuvieron claro: entre el Estatut y el 3%, Maragall no dudó un instante en elegir el primero.

Como ya ocurriera con el caso de Banca Catalana, entidad financiera catalana que tras una ruinosa, imprudente y poco clara gestión del Molt Honorable Jordi Pujol tuvo que ser rescatada con el dinero de todos los españoles, el nacionalismo catalán no ha tardado ni un minuto en ocultar toda la basura del oasis debajo de la alfombra cuatribarrada. En este caso, los protagonistas son distintos, pero el partido dentro del que han desarrollado sus tramas no.

Cada vez hay más indicios de que Convergència i Unió, el partido que gobernó con mano de hierro Cataluña hasta el año 2003, se financió de manera ilegal entre 1999 y 2009 a través de la Fundación del Palau de la Música, presidida por el imputado por corrupción Félix Millet.

El informe de la Agencia Tributaria que acaba de hacerse público es meridianamente claro a este respecto: Millet –y su mano derecha, Jordi Montull – actuaba como intermediario entre CiU y empresas privadas que recibían adjudicaciones de las distintas administrciones donde gobernaban los nacionalistas catalanes. Gracias a esta ímproba labor, Millet se embolsaba un 4% de los fondos recibidos. Al parecer, el exiguo 3% no bastaba para colmar las aspiraciones económicas del nacionalismo.

El caso más sonado es el de Ferrovial, que llegó a convertirse en el principal patrón de una fundación supuestamente dedicada a promover la cultura catalana pero en la práctica ocupada, según se desprende de los informes que tiene en su poder el juez, al blanqueo de dinero y a la financiación de partidos políticos. Ferrovial recibía adjudicaciones de las administraciones catalanas y, a cambio, ingresaba suculentas contribuciones al Palau que, tras la mordida del 4% de Millet, iban a parar a CiU o a fundaciones cercanas a la formación, como la Trias Fargas.

Entre las obras públicas cuyas adjudicaciones a distintas empresas redundaron en sinuosos movimientos de fondos se encuentran la reforma del propio Palau de la Música, la edificación del pabellón deportivo de Sant Cugat del Vallés o la construcción de la Ciudad de la Justicia.

Si la presunta financiación irregular, que de momento alcanza la cifra de los 6 millones de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas), no se ha convertido en un escándalo nacional de la magnitud de Gürtel o Filesa (donde se acreditó un desvío de 1.200 millones de pesetas) es simplemente porque los propios implicados han comenzado a agitar la "cuestión nacional" a cuenta del Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo patriota es centrarse en la independencia y en la defensa de la nación catalana y, en todo caso, dejar para la era postespañola la depuración de los delitos de sus políticos.

El nacionalismo ha convertido a Cataluña en un oasis en el que impera, no la tranquilidad, sino la ley del silencio. Sus políticos en todo momento lo tuvieron claro: cuando Mas le dio a elegir a Maragall entre el Estatut y el 3%, el entonces president no dudó un instante en retirar sus acusaciones. Ahora vemos que no era el 3%, sino el 4%, pero la sociedad está tan anestesiada que parece que no habría ningún tipo de contestación ni aunque se hubiese tratado del 100%.

Libertad Digital - Editorial

Un gobierno amortizado

Desde 2004, el PP no había obtenido unos datos tan favorables en los estudios del CIS, con el valor añadido de que la encuesta sigue mostrando un sesgo desfavorable.

EL Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha confirmado la tendencia constatada por la mayoría de las encuestas realizadas desde que el presidente del Gobierno anunció el plan de recorte de prestaciones sociales y salarios públicos. El Partido Popular marca ya una diferencia de 6,3 puntos porcentuales y llega al 41,2 por ciento del voto estimado, con un aumento de 1,7 puntos desde abril. Por su parte, el Partido Socialista pierde 3,1 puntos y se queda en el 34,9 por ciento, ocho puntos y medio menos que los obtenidos en los comicios generales de 2008. Si este dato del voto estimado resulta significativo, más lo es el de la intención directa de voto, porque revela que el PP ya está por delante de los socialistas, con el 24,8 por ciento de los encuestados, frente al 20,8 por ciento que opta por el PSOE. Desde 2004, el PP no había obtenido unos datos tan favorables en los estudios del CIS, con el valor añadido de que la encuesta sigue mostrando un sesgo desfavorable al PP, que cuenta con un recuerdo de voto muy inferior al que obtuvo en las elecciones de 2008.

Para el PSOE, este sondeo, unido a sus problemas endémicos en Madrid y al pésimo dato de la tasa de paro de la EPA del segundo trimestre, representa un serio revés para Rodríguez Zapatero, porque el tiempo pasa, las medidas anticrisis no han generado confianza en los ciudadanos y la vuelta del verano —con el fin de la contratación estacional y los efectos de la supresión de ayudas públicas, como las previstas para la compra de coches— puede arreciar con un empeoramiento de los datos económicos. Los ciudadanos lo perciben en la encuesta, con un pronóstico negativo mayoritario sobre la evolución de la economía para el próximo año. Con pesimismo y sin confianza, no es realista esperar una reactivación significativa de la economía.

Otro dato negativo para el PSOE es que la imagen de Rajoy, cuestionada por los encuestados, no perjudica el incremento del PP, mientras que la de Rodríguez Zapatero lastra de forma clara los resultados socialistas. Por la razón que sea, los ciudadanos han asimilado una determinada percepción del líder de la oposición que no les impide optar por el PP, cada vez en mayor número, antes que por el PSOE. Definida ya por la desconfianza que genera en la opinión pública, la gestión de Rodríguez Zapatero es valorada negativamente por el 78,9 por ciento de los encuestados, lo que determina el sentido de su voto y certifica el descrédito de un Gobierno al que los ciudadanos ya dan por amortizado.

ABC - Editorial

Buenos y buenísimos. Por José maría Carrascal

Tomen ustedes los grandes proyectos de Zapatero y verán reproducido el retrato robot del gobernante utópico.

PREFIRIENDO a Trinidad Jiménez a Tomás Gómez, Zapatero se ha retratado como ninguno de sus críticos podría haberlo hecho. Al hacerlo, demuestra, primero, su escaso sentido de la realidad. Luego, su falta de principios. Por último, su incapacidad de reconocer errores.

Fue Leibniz quien estableció el principio, hoy universalizado, de que «lo mejor» es siempre el enemigo de «lo bueno». Buscando lo perfecto, lo que se consigue es el fracaso por la sencilla razón de que vivimos en un mundo imperfecto, donde el ideal es sólo un arquetipo. De ahí que Bismarck estableciese aquella otra máxima de gobierno: «la política es el arte de lo posible». Quien aspire a lo imposible se estrella. Tenemos que contentarnos con lo posible, con lo bueno, decoro de todo lo existente. Sólo los indocumentados, los niños bien que no han dado golpe en su vida y conocen de ésta tan poco como de la «real politik», se empeñan en alcanzar, como esos nuevos ricos piden en un restaurante, hotel o tienda, «lo mejor». Ha sido la tónica del mandato de Zapatero. Quiso acabar con ETA negociando con ella, reinventar la vertebración territorial de España, superar económicamente a nuestros vecinos y, por si todo ello fuera poco, aliar las civilizaciones. El resultado está a la vista.

Como las metas son tan altas, este tipo de individuos se creen autorizados a prescindir de los deberes de todo ciudadano corriente, como decir la verdad y ser leal con los demás. Mienten y traicionan con la mayor naturalidad, contradiciéndose e incluso traicionándose a sí mismos, no una vez, sino todas las necesarias, sin importarles lo más mínimo.

Por último, su incapacidad de aprender de sus errores les viene de la convicción de que no son errores, de que se trata de circunstancias pasajeras, que dejarán paso a la verdad absoluta en las que están instalados.

Tomen ustedes los grandes proyectos de Zapatero —el «proceso de paz» en el País Vasco, el nuevo Estatuto catalán, la superación de la crisis económica — y verán reproducido milimétricamente el retrato robot del gobernante utópico. Lo confirma su preferencia de Trinidad Jiménez, «buenísima», sobre Tomás Gómez, meramente «bueno». Si yo fuese votante socialista, que a todas luces no lo soy, preferiría sin dudarlo a Gómez, del que al menos conozco su trabajo y lealtad, a alguien que presta más atención al atuendo que a las problemas de la calle. Aparte de saber que, si pierde, no me dejará en la estacada. Para Zapatero, en cambio, no hay duda. Alguien tan vacío de ideas y rimbombante de objetivos como él tenía que decantarse por la chupa de cuero y el último modelito. Aquí, la única que tiene que alegrarse es Esperanza Aguirre.

ABC - Opinión

Políticas de partido. Por M. Martín Ferrand

Visto cómo el PP y el PSOE tratan a los mejores entre los suyos es cosa de echarse a temblar

LOS partidos políticos, sin grandes diferencias entre ellos, tienden a ser crueles con sus militantes más abnegados y capaces. Incluso es posible que la autoridad que irradian los grandes jefes de fila, los merecedores de un póster electoral, dependa de lo crudelísimos que puedan llegar a ser y parecer en cada momento. Eso explicaría fenómenos tan singulares como los que, en coincidencia temporal, protagonizan Francisco Álvarez Cascos y Tomás Gómez. El primero es uno de los grandes nombres de la historia del PP y el autor, en sus días como secretario general, de la transformación de un grupito organizado al modo de las tropas de Pancho Villa en un partido bien vertebrado, sólido en sus bases y orgánico en su funcionamiento. Algo que, si es que sigue siéndolo, ya no lo parece. El segundo es un modelo de biografía socialista. Hijo de emigrantes, nació en Holanda y, ya en Parla, una de las grandes ciudades del entorno madrileño, estudió su carrera, se afilió al PSM y llegó a ser, en dos comicios consecutivos, el alcalde más votado de España.

Álvarez Cascos, después de un paréntesis reparador, ha manifestado su deseo de volver a la política activa y aspirar a la presidencia autonómica en Asturias, el escenario de su juventud y origen de sus trabajos políticos. Ningún notable del PP ambiciona, que se sepa, esa responsabilidad; pero, como suele suceder entre quienes tienen la política como medio de vida, los caciques locales ven amenazado su estatus, su pan y, sobre todo, la paz de balneario en la que suelen regodearse los partidos en las circunscripciones en que no ocupan turno de poder. Mariano Rajoy, como de costumbre, mira hacia otra parte y balbucea palabras de bien quedar y poco prosperar.

Lo de Gómez es lo mismo, pero al revés. En acto de obediencia dejó la gloria de su sólida mayoría absoluta en Parla y sucedió, hace ya tres años, a Rafael Simancas como secretario general del PSM. Ha reconstruido los restos de la vieja federación socialista y, con el apoyo de sus bases, aspira a disputarle a Esperanza Aguirre la Comunidad de Madrid, pero a José Luis Rodríguez Zapatero no le parece suficientemente «atractivo». Ignora que Charles Boyer consiguió trabajar como galán hasta el fin de sus días y era bajito, rechoncho y calvo. Como contaba Bette Davis, con la que protagonizó El cielo y tú, usaba peluquín, corsé y grandes dosis de maquillaje… pero gustaba a las señoras.

Visto cómo el PP y el PSOE tratan a los mejores entre los suyos es cosa de echarse a temblar; ¿qué podrían hacernos a quienes les miramos desde la distancia con más desdén que entusiasmo?

ABC - Opinión

PSOE madrileño. ¡Qué tendrá el sillón…!. Por Pablo Molina

Sólo queda que en el arranque de la campaña de las próximas autonómicas y municipales, todos los candidatos del PSOE se reúnan con su jefe máximo y, como los antiguos gladiadores, exclamen "Ave ZP, los que van a pegarse el leñazo te saludan".

El PSOE de Zapatero es tan extraño que sus miembros más destacados se pelean por un puesto electoral en el que saben que van a salir derrotados ampliamente. Concurrir a las urnas sin la menor posibilidad de hacer, al menos, un papel decoroso no es precisamente el modelo de éxito con que sueñan los políticos de todo pelaje, pero entre los socialistas madrileños va a haber bofetadas para ver quien se alza con el dudoso honor de pegarse una ídem contra Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón. Debe de ser la crisis económica, que también ha acabado afectando a los que han hecho de la militancia partidista una profesión, porque de lo contrario es difícil encontrar una explicación a tanto masoquismo. Y es que en la oposición municipal o autonómica se gana también un buen sueldo sin que las jornadas laborales puedan llegar a calificarse precisamente de maratonianas

Zapatero está utilizando la desazón existente en la Federación Socialista Madrileña para imponer su criterio, que no es otro que deshacerse de un Tomás Gómez al que las encuestas, con gran generosidad, le vaticinan un futuro ligeramente por encima del desastre absoluto.

En Valencia y Murcia, sin embargo, no parece que el PSOE tenga problemas para designar al reo que sacrificará en las elecciones municipales y autonómicas del año próximo, y eso que las expectativas de voto socialista en el levante son similares a las de Madrid. El batacazo electoral del PSOE en esas comunidades es ya es una tradición asumida por sus votantes, que acuden a las urnas simplemente por hábito democrático, con la única esperanza de mejorar, siquiera ligeramente, desastres anteriores.

Es la misma sensación que debe tener el socialista medio de la capital, pero por alguna extraña razón, Zapatero cree que poniendo candidatos distintos arrebatará la alcaldía y la presidencia autónoma a sus actuales inquilinos. El optimista antropológico da una nueva muestra de su confianza en el futuro siempre que se afronte aceptando únicamente su criterio personal.

Y sin embargo, los presidentes y alcaldes socialistas en ejercicio y los candidatos con aspiraciones no quieren ver a Zapatero en la campaña electoral del año próximo a menos de cincuenta kilómetros de distancia. ZP es un activo tóxico del que deben desmarcarse si quieren tener alguna posibilidad de alcanzar la poltrona, pero eso es algo que a su secretario general le trae sin cuidado.

Sólo queda que en el arranque de la campaña de las próximas autonómicas y municipales, todos los candidatos del PSOE se reúnan con su jefe máximo y, como los antiguos gladiadores, exclamen "Ave ZP, los que van a pegarse el leñazo te saludan". De agachar el dedo pulgar ya nos encargamos los votantes.

Libertad Digital - Opinión

Gobierno de guardia. Por Ignacio Camacho

Con 56.836 móviles a su servicio da igual dónde esté el Gobierno: puede montar un lío desde cualquier sitio.

UN daño colateral veraniego de la crisis consiste en que este año el Gobierno no toma vacaciones. Cuando la clase política se va de veraneo no sólo descansan sus alumbrados miembros, sino que nos permiten a los ciudadanos descansar siquiera por un mes de ellos. Pero cuando los asesores de imagen dictan que son tiempos de escenificar sacrificios la dirigencia pública se queda vivaqueando a medio gas en los despachos para aparentar una cierta solidaridad con el pueblo; eso significa que mientras la gente trata de desconectar en la playa de sus preocupaciones cotidianas sigue habiendo en las oficinas del poder un montón de tipos conspirando contra su tranquilidad, y que las sorpresas desagradables pueden llegar antes del otoño. «Otoño caliente», que se decía en la transición, un tópico del que desde entonces a los sindicatos les resulta difícil desprenderse. Este año, tal como se presenta el curso, la otoñada nos puede dejar más bien helados.

La culpa de que el Gobierno no descanse —una idea inquietante tratándose de gente tan propicia a la ocurrencia— la tiene la opinión pública, que tiende a exigir gestos de sobreactuación a los dirigentes. Si se van de vacaciones se les reprocha desafección e indiferencia hacia el sufrimiento de los ciudadanos, sin tener en cuenta que es mucho peor que se queden de guardia. Amén de que con 56.836 teléfonos móviles —la mayoría conectados a internet— al servicio de la Administración del Estado, da igual dónde se encuentren los altos cargos: te pueden montar un lío desde cualquier parte del planeta. Quizá por eso el jefe de la oposición se ha desentendido de la escenificación de la vigilia y se ha largado de Madrid con tanta prisa que olvidó abrocharse el cinturón del coche; pensará que de todas maneras no le van a dar tregua. En teoría si Zapatero se queda tendría que ser Rajoy el que permaneciese cerca echándole el aliento en la nuca, pero el gallego es hombre de tensión baja y metabolismo lento que nunca ha destacado por su atención a las apariencias y simulaciones. En eso se diferencia del presidente, capaz de cualquier cosa por un gesto rentable. Sorprende al respecto que todavía no hayan salido los portavoces de turno a reprocharle al líder del PP su escaso apego al estajanovismo. Ocurrirá; agosto es largo.

Yo no sé ustedes, pero a un servidor le resulta mucho más inquietante andar por esas playas de Dios sabiendo que en Madrid sigue encendida la lucecita de Moncloa. Pensar en un país sesteando a la bartola mientras Zapatero está despierto, maquinando estrategias —bueno, estrategias es un decir, dejémoslo en tácticas— en la soledad del estío, resulta un panorama de lo más desasosegante. Quizá la oposición debiese de reconsiderar su letargo canicular; a este Gobierno sólo le hace falta que los adversarios le otorguen la ventaja de la modorra.

ABC - Opinión

La sombra de Miguel Sebastián es alargada. Por Carlos Carnicero

Hubo una época en la que los partidos funcionaban de acuerdo a la voluntad de sus militantes; luego llego el "cesarismo" cómo fórmula personal de ejercicio del poder. Y se manifiesta más claramente allí donde es determinante la constitución de las élites: en la configuración de las candidaturas que optarán a los puestos institucionales; por un sistema de cooptación, el líder supremo elige a los más afines. Además, la fórmula despótica ha adquirido el supuesto prestigio que tiene la autoridad frente al desorden.

Hay precedentes en el PSOE de que además las fórmulas de unción han promovido verdaderos desastres. En las anteriores elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno se sacó de la chistera a su asesor económico, Miguel Sebastián, frente al aparato del partido en Madrid, que como en esta ocasión se entero de la designación del candidato por la prensa. Sebastián cosechó el peor resultado de la historia electoral del socialismo madrileño y ni siquiera recogió su acta de concejal: se retiro a la vida privada hasta que fue reclamado para ser ministro, en una demostración de que los elegidos sólo se acercan a la política para ejercer el poder. El candidato decidido para el presidente no ejerció sus funciones de oposición y ahora hay que volver a empezar de cero.

Ministros independientes encabezaron las listas de organizaciones territoriales en las elecciones generales. Todos iniciaron la desbandada cuando fueron cesados de ministros y ninguno de ellos, Bernat Soria, Mariano Bermejo, Cesar Antonio Molina, conservan sus escaños. O ministros o nada.

Ahora la historia se repite y el presidente de Gobierno vuelve a decidir personalmente y sin contar con la organización territorial quienes "son los mejores". Con los precedentes de su gestión en la designación de candidatos, parece muy atrevida la aseveración del presidente.

La demoscracia o gobierno demoscópico ha sustituido a la participación de los militantes. El líder máximo observa una encuesta y decide quienes son los candidatos. El partido asiste impasible a la acción despótica de quienes suplantan su voluntad. Ya no hacen falta militantes, porque ni siquiera se pegan carteles. Unas cuantas computadoras y unos centenares de fieles son suficientes para constituir un partido siempre que se disponga de dinero suficiente para los coches oficiales. La participación consiste en aplaudir: Nada más.

Periodista Digital - Opinión

El cinturón. Por Alfonso Ussía

Lo del cinturón en el coche de Rajoy es de multa, pero no de escándalo. Moragas estaba distraído y Rajoy en las nubes. Moragas es peculiar. Alfonso de Senillosa, al que conozco desde que era niño, compañero de veranos norteños, me ha llamado en alguna ocasión para organizar una comida con Moragas. Tengo la costumbre de no comer con políticos por un motivo muy sencillo. Me aburren. No son tan aburridos como los escritores, pero más o menos. Una comida de escritores es algo que no deseo ni a mi peor enemigo, siempre que no sea escritor. Sobre todo si hay pretensión de trascendencias de por medio. Y los políticos lo mismo. Aprovechan el tiempo del condumio en explicar lo que está bien y lo que está mal, y uno sale convencido de que lo que está bien está mal y lo que está mal está bien. Además, impostan la voz y se muestran campanudos.

A Rajoy hay que mandarle la Guardia Civil de Tráfico, pero no los leones. Y quitarle unos cuantos puntos del carné, pero no pasar de ahí. A él o a Moragas, que es el encargado de la imagen. Entre Moragas y Arriola estamos apañados. El primero es el responsable de la imagen de Rajoy y el segundo de su estrategia. Nunca he creído en los asesores de la imagen. Y menos aún en los estrategas remunerados. Como no soy militante del Partido Popular no tengo derecho alguno a pedir cuentas de nada, pero si lo fuera, intentaría saber lo que percibe Arriola a cambio de perjudicar tanto a Rajoy. Para mí, que Arriola es el Corcóstegui del PP. Que haga como don Emilio. Mejor el despido con indemnización que el sueldo mantenido en contraprestación al desastre. Y Moragas, no sé. Ignoro si es político liberado o asesor de imagen gratuito. De cualquier manera, presumo que no necesita de la política para vivir. Su error ha sido memo, pero no merecedor de la cadena perpetua. Unos meses en la nevera, y a seguir olvidándose de los cinturones. Me refiero a los cinturones de seguridad, que los pantalones son otra cosa. Se cuenta de una veterana azafata de «Iberia» en un vuelo Madrid-Río de Janeiro. Ascenso normal, y ya alcanzada la altura de crucero, su voz melodiosa: «Señores pasajeros. Pueden, si lo desean, quitarse los pantalones. No obstante recomendamos por seguridad mantenerlos durante todo el vuelo». A la figuración pertenece lo que habrían hecho Rajoy y Moragas después de oir tan confusa recomendación.

Tengo para mí que una personalidad que necesita de un asesor de imagen carece de ella. Ahí está Churchill, que llevaba las camisas de seda con los cuellos y los puños algo deshilachados. Un parlamentario con asesor de imagen se lo reprochó: «Lleva usted algo deteriorada su camisa». «Es lo normal –respondió Sir Winston–; Uso camisa de seda desde hace muchos años más que usted». Además, que lo primero que tiene que demostrar un asesor de imagen es el atractivo de su propia imagen, y Moragas, hay que reconocerlo, no es mi tipo.

La gravedad de los hechos es, en ocasiones, más perdonable que la falta leve. Lo del cinturón de Rajoy es una falta leve, pero muy merecedora del pitorreo general. Y el pitorreo es peligroso en grado sumo para un político, que es además, el líder de la Oposición. Podría haber tenido la iniciativa de ajustarse él mismo el cinturón de seguridad, pero ya se sabe que los políticos con asesor de imagen no hacen nada hasta que su asesor de imagen se lo dice: «Presidente, el cinturón». Y como Moragas se olvidó de decírselo, servidor, en nombre de la Guardia Civil, le quitó cinco puntos. Y a Moragas, el carné.

La Razón - Opinión

Abusos. Huelga de controladores aéreos. Por Francisco Capella

Durante mucho tiempo advertí a mis compañeros de que se estaban pasando y que estaban generando un sistema insostenible, pero obviamente no me hicieron ningún caso y continuaron los excesos y abusos.

Tengo formación académica como físico, en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, y como economista. Soy liberal, comentarista de opinión en Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana. Y soy controlador aéreo en Aena desde hace once años, de lo cual no estoy precisamente orgulloso. He estado destinado en las torres de control de Tenerife Sur y en Madrid Barajas (donde fui instructor y supervisor) y ahora estoy en proceso de instrucción en el centro de control de ruta de Madrid Torrejón. Además he estado en comisiones de servicio en las torres de Almería, Ibiza y Málaga. Aclaro que este artículo lo escribo a título estrictamente personal.

Mis sueldos de los últimos años han estado ligeramente por encima de la media dada a conocer por el ministro Blanco (aquellos más de 330.000 euros brutos anuales). Además mi nómina era de las relativamente bajas en la torre de control de Barajas, ya que estando más o menos en la media de antigüedad y carrera profesional yo solo hacía la ampliación laboral básica (el primer nivel de los tres que había de horas extra). Y Barajas es una torre de categoría inferior a los centros de control, que es donde hay más personal destinado.

Estos abultados salarios se han conseguido mediante la elevación de la demanda de controladores y la restricción de su oferta, fenómenos que no han sido ajenos a la presión sindical y a su capacidad de hacer daño al dejar de prestar un servicio esencial difícilmente sustituible (la unión hace la fuerza, especialmente en un monopolio público como éste). Los propios controladores decidían de forma casi unilateral cuántos eran necesarios durante cada turno en cada dependencia (las configuraciones de referencia, con cantidades a mi juicio infladas y exageradas porque prácticamente siempre solía sobrar personal, a menudo se abrían sectores no estrictamente necesarios y las horas efectivamente trabajadas estaban lejos del límite reglamentario). Dada la limitación de horas a trabajar por convenio (1.200 anuales) se programaban grandes cantidades de horas extra.

Algunos controladores se han presentado ante la opinión pública como responsables trabajadores que sacrificaban su tiempo libre, su familia y su salud (el famoso presunto estrés laboral) para hacer las horas extra y salvar la navegación aérea, al turismo y al país: la verdad es que se aprovechaba cualquier oportunidad para generar esos servicios adicionales y se hacía cola para hacerlos y cobrarlos suculentamente. Simultáneamente el sindicato reclamaba con gran cinismo ante la opinión pública más controladores, justo lo contrario de lo que realmente quería (cualquier economista puede explicar cómo a los gremios les interesa restringir la competencia para elevar sus ingresos y mejorar sus condiciones).

Quizás por la bonanza económica o para evitar problemas políticos los ministros y los directivos anteriores de Aena cedieron ante la presión sindical, básicamente las amenazas de dejar de hacer esas infladas horas extra y quizás también retirar a los profesores de la escuela y parar en seco los procesos de formación. Otras medidas eran y son las típicas de las huelgas de celo: utilizar el reglamento y los procedimientos (estos últimos de nuevo decididos y aplicados según el criterio de los propios controladores) como excusas para ralentizar el tráfico (los controladores aéreos insisten mucho en la seguridad, la cual invocan constantemente y aprovechan para meter miedo al personal, pero de lo que no pueden presumir en general es de eficiencia).

Durante mucho tiempo advertí a mis compañeros de que se estaban pasando y que estaban generando un sistema insostenible, pero obviamente no me hicieron ningún caso y continuaron los excesos y abusos. Y entonces llegó la crisis económica, la reducción del tráfico aéreo y el cambio de ministro de Fomento y de equipo directivo en Aena. Y más recientemente las nuevas leyes sobre provisión de los servicios de navegación aérea. Lejos de practicar una sana autocrítica, el nuevo equipo directivo de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) ha decidido huir hacia delante, se han autoproclamado víctimas esclavizadas y han promovido la convocatoria de una huelga. Estoy totalmente en desacuerdo, y además me siento profundamente avergonzado e indignado por lo que he visto y oído en los últimos meses en la torre y en la sala de control. Por eso me he dado de baja del sindicato USCA y estoy considerando mi futuro profesional. En próximos artículos espero ir dando más detalles, aclarando ideas y desmontando diversas falacias difundidas interesadamente por algunos controladores aéreos.

Libertad Digital - Opinión

Otro asesino etarra

UNA operación de la Ertzaintza, ordenada por el juez Grande Marlaska, ha permitido la detención en Hernani de Gurutz Agirresarobe y de otra presunta terrorista. De acuerdo con el consejero vasco de Interior, el detenido es, «con toda probabilidad», el asesino de Joseba Pagazaurtundua, antiguo jefe de la Policía Municipal de Andoaín, cuya familia —que se declaraba ayer «emocionada»— mantiene desde entonces un notable protagonismo en la reacción social contra el terror totalitario. Cabe también la posibilidad de que el mismo individuo cometiera el atentado contra Manuel Giménez Abad, presidente del PP en Aragón, puesto que ambos asesinatos se realizaron con la misma arma. Es una excelente noticia que la Ertzaintza actúe —por fin— de forma decidida y sin ambigüedades contra la banda de asesinos que desafía al Estado de Derecho. El Ejecutivo que preside Patxi López, con el decisivo apoyo parlamentario del PP, ha introducido una nueva dinámica en el País Vasco, demostrando que los nacionalistas no tienen derechos exclusivos y que la democracia es capaz de vencer al chantaje terrorista y a la ideología identitaria.

En la etapa anterior, la falta de voluntad política impidió a los agentes de la Policía vasca desplegar una actividad eficaz en un ámbito al que pueden aportar no sólo su preparación técnica, sino también su decisiva cercanía al terreno. Los etarras detenidos formaban parte de un comando «legal», en espera de órdenes para cometer nuevos crímenes. Por ello, queda claro una vez más que la vía de las detenciones y el reconocimiento debido a las víctimas son la clave en la lucha contra el terror. La eficacia policial y la rigurosa aplicación de la ley son el fundamento para la derrota definitiva de ETA, al margen de veleidades oportunistas sobre negociaciones más o menos disfrazadas.

ABC - Editorial

La Ertzaintza se redime

La detención del presunto asesino de Joseba Pagazaurtundua, el sargento de la Policía Local de Andoain y destacado militante del PSE que fue tiroteado el 8 de febrero de 2003, es una excelente noticia que encierra diversos mensajes, unos de naturaleza operativa y otros de carácter simbólico, pero todos ellos muy positivos para acelerar la erradicación del terrorismo etarra. Es de destacar que la operación haya sido llevada a cabo por la Ertzaintza. Era uno de esos sangrientos episodios que la Policía autónoma vasca tenía pendientes de solventar y que le afectaba de manera directa e institucional. Hay que recordar que el asesinato de Pagazaurtundua estuvo rodeado de sombras e incógnitas sobre la actuación de los altos mandos de la Ertzaintza, entonces dirigida por el miembro del PNV Javier Balza. La propia familia del agente asesinado denunció que, pese a la persecución y las reiteradas amenazas de muerte que sufría por parte de los batasunos, no recibió ni apoyo ni protección suficientes. Por tanto, con las detenciones de ayer, además de llevar a la familia de los Pagazaurtundua el consuelo moral de que el asesinato no quedará impune, se cierra un capítulo especialmente hiriente para la propia institución vasca y se demuestra que, cuando existe voluntad política y lealtad democrática, los policías vascos tienen sobrada capacidad profesional y valor para expulsar a los matones de ETA de las calles y plazas del País Vasco. También es muy relevante el contexto en el que se produce esta detención, que eleva ya a más de medio centenar las registradas este año. Desde hace algunas semanas, el Gobierno de la nación está tomando diversas iniciativas tendentes a estimular la ruptura entre los presos etarras y la dirección de la banda mediante el traslado de algunos de ellos a las cárceles próximas al País Vasco. Al mismo tiempo, los batasunos han empezado a maniobrar con la complicidad de EA y Aralar para presentarse a las próximas elecciones municipales, lo que está provocando fuertes disensiones internas y un supuesto alejamiento de la llamada izquierda abertzale de los métodos terroristas. De aquí que la desarticulación de una «célula durmiente» como la formada por el asesino de Pagazaurtundua y su cómplice, así como la incautación de documentos que pueden ser de gran relevancia, suponga un mensaje nítido y contundente para el colectivo de presos y para los dirigentes batasunos que hasta la fecha han seguido sumisamente las órdenes de los pistoleros. En todo caso, ya nadie pone en duda que la acción policial y judicial contra los terroristas constituye no sólo la estrategia más eficiente, sino la única posible en estas circunstancias. Lo expresó ayer el ministro del Interior con loable elocuencia: «Detener, detener y detener hasta que esto se acabe». Ni que decir tiene que en este empeño el Gobierno debe contar con el apoyo sin reservas del PP, como así sucede. Pero también conviene que las principales decisiones de la gestión antiterrorista sean consultadas y puestas en conocimiento del principal partido de la oposición, como es el caso de la política penitenciaria o lo relativo a las aspiraciones electorales de los batasunos.

La Razón - Editorial

Contener el optimismo

La caída del paro en julio es un buen dato, pero debe analizarse con realismo.

El paro registrado volvió a bajar en el mes de julio, esta vez en 73.790 personas, el mayor descenso que se registra en un mes de julio desde 1998. La afiliación a la Seguridad Social también ha aumentado significativamente, si bien se aprecia que, corregida la estacionalidad, en realidad ha bajado en unas 34.000 personas. El hecho de que el paro que se registra en los servicios de desempleo haya bajado por cuarto mes consecutivo y que el descenso sea general, en todos los sectores de actividad, ha dado pie a que el Gobierno insista en que la actividad económica se está recuperando lentamente y vuelva a manejar con soltura expectativas de recuperación ya durante este año.

La recuperación económica está por ver; la contabilidad nacional correspondiente al segundo trimestre del año certificará su intensidad. En todo caso, aunque el crecimiento intertrimestral sea positivo, parece que lo será todavía en una tasa muy modesta. El horizonte de recuperación económica existe, como es lógico, pero el problema radica en que es tan lento y dilatado que el paro no empezará a bajar de forma significativa durante este año. Y la tasa de paro tampoco se reducirá sustancialmente, porque la población activa empezará a crecer conforme vayan mejorando las expectativas de crecimiento.

Ahora bien, es obligado recordar que la medida de la ocupación y el empleo que tiene validez y relevancia es la Encuesta de Población Activa (EPA); los datos del paro registrado que ofrece el Ministerio de Trabajo reflejan muy parcialmente la situación del mercado laboral. El relativo optimismo del Gobierno tiene algo de desmemoria. La semana pasada se conocieron los resultados de la EPA del segundo trimestre y en ellos se pudo comprobar que el paro había subido en 32.800 personas entre abril y junio; y que el aumento de la ocupación (82.700 empleos) fue insuficiente para compensar el aumento de la población activa, por lo que subió la tasa de paro. Tampoco debería olvidar el Gobierno, al menos tan pronto, que durante los meses de mayo y junio bajó el paro registrado, a pesar de lo cual la EPA marcó un récord de parados (4.645.500).

Por lo tanto, la buena evolución del paro registrado debe considerarse solo como un indicador que debe ser ratificado por la EPA. Existe, por supuesto, un repunte del empleo, pero es pronto para saber si se consolidará después del tirón del turismo o si podrá soportar las decisiones de cierre empresarial que con frecuencia se aplican en los meses de septiembre y octubre.

La situación del mercado de trabajo sigue siendo muy precaria; requiere más realismo y menos euforia. El realismo implica reconocer que a corto plazo no hay perspectivas de crecimiento que permitan soñar con aumentos significativos de la ocupación y descensos sustanciales del paro. Así que está contraindicado ese optimismo de carril que consiste en celebrar cualquier resultado que parezca favorable. Al menos hasta que no se cruce la frontera laboral del próximo otoño.

El País - Editorial

La sinrazón de los controladores

No es de recibo es que un grupo de trabajadores secuestre unas instalaciones que son públicas (y que además son las únicas con las que cuenta el país) declarando huelgas salvajes, oficiales o de celo, según los casos y según convenga.

Desde un punto de vista liberal conviene analizar las huelgas con cautela y una cierta distancia. En general, suelen ser mecanismos para tratar de lograr por la fuerza objetivos que no se pueden alcanzar de manera pacífica a través de la negociación; especialmente, si la huelga es en el fondo un instrumento de presión contra el Estado para conseguir algún tipo de privilegio legal.

El conflicto entre los controladores aéreos y Fomento presente numerosas aristas, pues al fin y al cabo Aena es un monopolio público que no siente la menor presión de la competencia para mejorar su servicio, sus precios (o tasas) o incluso las condiciones laborales de sus trabajadores. Sin embargo, en este caso concreto, no parece que los controladores sean un colectivo "explotado", sino más bien lo contrario: durante los últimos años se han comportado como un monopolio dentro de otro monopolio y ello les ha reportado inudables réditos de carácter extraordinario.

El origen de las desavenencias comenzó allá por febrero de este año cuando el Gobierno aprobó un decreto ley que dos meses más tarde se convertiría en la ley de prestación de los servicios del tráfico aéreo. En este decreto se incrementaba la jornada ordinaria de trabajo desde las 1.200 horas anuales a 1.670, motivo que los controladores aducían para quejarse de la sobrecarga de trabajo, del estrés y del riesgo que todo ello suponía para el pasajero.

No obstante, la verdad es que, habida cuenta de que el número de horas extraordinarias trabajadas por la mayoría de controladores en 2009 ascendía a 600, tras la aprobación del decreto la jornada total se reducía desde 1.800 horas a 1.750. ¿De dónde venía, pues, el enfado de los controladores? Se trataba de una simple cuestión crematística: las horas extraordinarias se remuneraban tres veces más que las ordinarias, de modo que trabajando aproximadamente lo mismo iban a percibir un sueldo sustancialmente menor.

Es cierto que desde 2006 no se han ampliado las plazas de controladores, lo que ha obligado a concentrar toda la carga laboral en unos pocos trabajadores. Pero no es menos cierto que hasta la fecha los controladores eran los principales cómplices y beneficiarios de esta limitación a la entrada de nuevos controladores, pues con ello podían percibir altísimas remuneraciones en concepto de horas extraordinarias. Afortunadamente, este ha sido otro de los elementos que las reformas del Gobierno han cambiado, aun cuando la solución real no vendrá hasta que Aena deje de ser un monopolio (público para más inri) y la demanda y la oferta de puestos de trabajo se fije con criterios empresariales y no de acuerdo a intereses políticos o sectoriales.

Desde la aprobación de todas estas medidas, la relación entre Fomento y los controladores se basó en una tensa calma donde no es improbable que estos últimos se instalaran en una huelga de celo a modo de protesta. Hace unas semanas, el Ejecutivo movió ficha y aprobó el reglamento que desarrolla la ley anterior. La medida más llamativa del mismo era la de reducir el tiempo de descanso de los controladores hasta el 20% de la jornada diurna, desde el 25% que contemplaba la ley de abril o el 33% de la regulación anterior. Ésta y otras provisiones, como las guardias obligatorias, pueden tener un carácter más o menos discutible (si bien, sorprendentemente, los controladores piden ahora su aplicación inmediata al tiempo que los aducen como motivo para justificar la huelga), pero en todo caso se trata de un debate estéril en el que ni Fomento ni un sindicato privilegiado de controladores deberían tener mucho que decir: las condiciones laborales –salarios, jornadas, descansos, número de controladores...– deberían fijarse en el mercado y en un marco de libertad y competencia.

Lo que desde luego no es de recibo es que, como ya sucedía en el caso del Metro de Madrid, un grupo de trabajadores secuestre unas instalaciones que son públicas (y que además son las únicas con las que cuenta el país) declarando huelgas salvajes, oficiales o de celo, según los casos. Al final, el ciudadano es el verdadero perjudicado: primero por costear de su bolsillo una empresa ineficiente; segundo, por no poder acudir a una competencia que no existe y de cuya inexistencia se benefician los propios controladores; tercero, por las tasas más altas y los peores servicios que implica un monopolio; y cuarto, por la desprotección y la total ausencia de alternativas que padecen cuando los controladores declaran una huelga.

No se trata tanto de que Blanco lo haya hecho bien, pues muchos puntos de su actuación resultan ciertamente mejorables, como de que la privilegiada situación de Aena y los controladores es insostenible, especialmente en momentos de crisis económica. Por muy arrogante y bravucón que según los controladores haya sido el ministro de Fomento, su estatus es inaceptable, al menos tal y como está configurado actualmente. Si en un mercado libre consiguen salarios y condiciones laborales iguales o mejores a las de ahora, no tendremos nada que objetar, pues lejos de sumarnos a la demagogia socialista de Blanco, creemos que en un mercado competitivo los altos salarios son una señal de que se está prestando un gran servicio a la sociedad. Pero los controladores no parecen muy interesados en liberalizar su profesión. Por algo será.

Libertad Digital - Editorial

Zapatero irrumpe en Madrid

La desorientación del PSOE en Madrid es un síntoma de ausencia de autoridad y planificación para pelear electoralmente en una plaza donde Zapatero siempre ha perdido.

EL PSOE sigue tropezando en Madrid de manera incorregible, incluso antes de elegir candidatos para competir con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. No es capaz siquiera de hacer las cosas con una mínima discreción, abundando en los errores y torpezas del pasado —polémicas públicas, descalificaciones personales, ausencia de alternativa— que explican el estado de postración en el que se encuentran los socialistas en Madrid. En el caso de las elecciones autonómicas, la situación roza el esperpento, porque la dirección nacional descarta a Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, que es el único que públicamente se ha propuesto para liderar la candidatura sin haber probado suerte aún; pero apoya, con el aval personal del presidente del Gobierno, a Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, cuya principal credencial electoral en Madrid es haber sido derrotada sin paliativos por Ruiz-Gallardón. Jiménez sólo tardó un año en abandonar el Ayuntamiento. Es lógico que cause extrañeza, como mínimo, la apuesta socialista de confiar a una candidata derrotada por Ruiz-Gallardón la responsabilidad de ganar a Esperanza Aguirre. Y aunque su gestión en Sanidad ha estado exenta de polémicas —en buena medida, porque apenas tiene competencias—, tampoco le otorga un balance equiparable al de la presidenta madrileña.

La desorientación del PSOE en la comunidad madrileña es un síntoma de problemas existentes a mayor nivel organizativo, concretamente de ausencia de autoridad y planificación para pelear electoralmente en una plaza donde Zapatero siempre ha perdido, aun en sus mejores momentos, bien directamente frente a Rajoy (generales de 2004 y 2008), bien a través de candidatos de su máxima confianza, como Jiménez y Sebastián, en los comicios municipales y autonómicos. Además, la campaña contra Tomás Gómez, quien fuera el alcalde más votado de España, está revelando una cierta intolerancia del PSOE hacia la democracia interna, tanto más llamativa cuando se produce en un partido que siempre quiere presentarse como paradigma de funcionamiento democrático. Gómez cuenta con el apoyo de sus compañeros y aún no ha podido perder unas elecciones en Madrid. Jiménez, sí. Al obviar este dato, al despreciar la necesidad de un elemental buen hacer frente a dos colosos electorales como Aguirre y Gallardón, y al mostrarse en un estado creciente de nervios, el PSOE está destrozando anticipadamente sus posibilidades en Madrid —confiadas más a un supuesto desgaste de Aguirre o al avance de UPD que a las virtudes de su competidor— y dando más razones a los madrileños para seguir sin confiar en su candidatura.

ABC - Opinión