Un esfuerzo por la educación

Apartir de mañana, en torno a 7,8 millones de alumnos no universitarios tienen una cita con las aulas para dar el pistoletazo de salida a un nuevo curso escolar. Las múltiples novedades con las que se estrena este año académico, y que en su mayoría responden al objetivo del Gobierno socialista de frenar el abandono escolar a costa de reducir la exigencia, han pasado a un segundo plano a raíz de las movilizaciones anunciadas en los últimos días por los sindicatos de profesores. En el origen del conflicto se encuentra el aumento de la carga lectiva del profesorado aprobado por las consejerías de Educación de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra. Esta decisión en ningún caso puede contemplarse como un aumento de la jornada laboral de los educadores y, por tanto, tampoco como una merma en sus condiciones laborales. Se trata de una leve reestructuración de la jornada lectiva decidida por los gobiernos autonómicos en el ejercicio de sus competencias y dentro de los límites legales. Lo que los sindicatos califican como un «ataque frontal» a los profesionales de la enseñanza se limita, en la práctica, a un aumento en las horas lectivas, de 18 a 20 horas en Secundaria y de 23 a 25 en Primaria. Esta modificación responde a la necesidad de incrementar recursos en programas educativos de especial importancia, como la apuesta por el bilingüismo en Madrid, y, por otra parte, resulta a todas luces insuficiente para justificar una huelga. Sin embargo, lejos de echar marcha atrás en su desafío, las principales organizaciones sindicales tienen previsto reunirse esta semana con el fin de acordar medidas a nivel nacional, que podrían incluir la celebración de una gran manifestación e, incluso, una huelga que supere el ámbito autonómico. A la espera de que el conflicto no estalle finalmente, de lo que caben pocas dudas es de que el sistema educativo español atraviesa una situación crítica en la que no parece aceptable la convocatoria de una huelga. Con un porcentaje de abandono escolar del 28,4%, que dobla la media de la UE, y con unos pésimos resultados de lectura, matemáticas y ciencias en el Informe PISA, que mide el nivel de los países de la OCDE, los alumnos podrían terminar siendo los principales perjudicados de este conflicto laboral. El rechazo a la huelga es además mayoritario entre los ciudadanos. Tal y como pone de manifiesto la encuesta que hoy publicamos, más del 60% de los españoles se manifiesta en contra de un paro que coincida con el inicio del curso. Un porcentaje similar, un 59,1%, ve acertado que los profesores den al menos 4 horas de clase al día, y casi la mitad de los encuestados, un 47,6%, son partidarios de que este colectivo realice un esfuerzo en el contexto actual. Los sindicatos no deben caer en la demagogia de vender estas modificaciones como un severo recorte ya que, incluso, en la Comunidad de Madrid los profesores experimentarán un incremento salarial. Se trata, únicamente, de que los profesores comprendan que también ellos han de asumir un sacrificio razonable en un momento de crisis en el que la mayoría de los trabajadores españoles ya lo ha hecho.

La Razón – Editorial

Amenaza de recesión

Los malos datos de empleo en EE UU confirman la desaceleración y exigen políticas de estímulo.

La intervención que el presidente Obama realizará el próximo jueves a propósito de las respuestas de su Administración al renovado deterioro de la actividad económica y, muy especialmente, al del mercado de trabajo, ha suscitado razonables expectativas. Los datos conocidos el viernes revelan que en agosto, por primera vez en un año, apenas hubo crecimiento neto del empleo: los 17.000 nuevos puestos de trabajo creados por las empresas fueron ampliamente compensados por los destruidos por el propio Gobierno. También se revisaron a la baja de forma significativa los empleos creados en junio y julio. La tasa de paro permaneció en el 9,1%. El número de horas trabajadas por los empleados en agosto descendió, y también lo hizo la remuneración media por hora trabajada.

Son datos que confirman la desaceleración que ha tenido lugar en todas las economías avanzadas y algunas emergentes a partir del segundo trimestre. Hasta el punto de que la recaída en una nueva recesión -tal como ha advertido Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional- ha vuelto a cobrar virtualidad. Desde luego en algunas economías, como la de Estados Unidos y otras europeas, entre ellas la española. En el escenario más probable, el estancamiento se instalará en el trimestre en curso. Esa percepción, junto a la continuidad de la inestabilidad financiera, está erosionando la confianza de empresarios y familias, con una traducción clara en la generación de rentas y en las decisiones de gasto.

Ante esta situación es probable que Obama presente un plan de creación rápida de empleo, con incentivos a las empresas que contraten a parados además de aumentar la inversión en obras públicas. Una prioridad tal será difícil de cuestionar por una clase política que suele anteponer la prioritaria reducción del desempleo a cualquier otro objetivo. Es también verosímil que la propia Reserva Federal acabe cediendo a esa presión e instrumente nuevas acciones de estímulo monetario. Las amenazas al empleo son mucho más explícitas que las derivadas de repuntes en la inflación.

En la medida en que esas amenazas de estancamiento no son exclusivas de la primera economía del mundo, sería razonable que las políticas de estímulo tomaran el relevo de esa retórica radical de la austeridad dominante en la eurozona y que hasta los mercados financieros temen. Y con razón: en ausencia de crecimiento de la demanda, las empresas seguirán sin generar empleo, bajarán las remuneraciones de los empleados, los beneficios seguirán contrayéndose y con ellos la inversión. Las deudas, privadas y públicas, no se podrán pagar y los bancos sufrirán. No es un cuadro exclusivo de EE UU: en Europa ya lo sufren algunas de las principales economías. Como el propio FMI ha sugerido, los Gobiernos deben ser conscientes de que evitar a corto plazo ese círculo vicioso es urgente y que eso puede ser compatible con el firme compromiso de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo.

El País – Editorial

Rodiezmo exige lo que Zapatero ya no le puede dar

Los dependientes del socialismo exigen su dosis, pagada naturalmente con dinero de los demás, y el encargado de suministrársela ya no puede hacer frente al coste que supone el seguir alimentando tanta adicción.

La localidad leonesa de Rodiezmo acoge cada año una de las fiestas más representativas del rico folclore de la izquierda, a la que hasta el año pasado solía asistir lo más granado del Gobierno de Zapatero con el presidente a la cabeza. El curso político socialista abría sus puertas con esa exhibición de demagogia sindical enriquecida con los tópicos habituales en contra de la libertad, que finalizaba con los presentes entonando el cántico bajo cuyas estrofas han muerto asesinados más de cien millones de seres humanos. Acto seguido, las estrellas invitadas montaban en sus coches oficiales y regresaban a sus lujosos retiros estivales para agotar los últimos días de "merecido" descanso.

Pero Zapatero es un agente destructivo de tal magnitud que también ha acabado con la tradición que exigía su presencia entre la nutrida concurrencia de prejubilados de lujo de la minería de la zona, dispuestos a aplaudir hasta la extenuación cualquier mensaje en contra de los principios que permiten la existencia de sociedades libres y prósperas.

Ahora bien, no es que el presidente del Gobierno haya cambiado de ideas en un arrebato de sensatez y por ello haya declinado tan "selecta "invitación. Al contrario, Zapatero sigue siendo tan sectario como cualquiera de los habituales asistentes a la fiesta leonesa. Sucede simplemente que ya no le quedan ni recursos ni margen de maniobra para seguir dilapidando el dinero ajeno en beneficio de sus partidarios, por lo que su presencia en Rodiezmo ha sido cancelada, por segunda vez consecutiva, al objeto de no sufrir en sus propias carnes las iras de los que hasta hace dos años lo ovacionaban como un gran estadista.

Los dependientes del socialismo exigen su dosis, pagada naturalmente con dinero de los demás, y el encargado de suministrársela ya no puede hacer frente al coste que supone el seguir alimentando tanta adicción.

Los socialistas son incapaces de acometer la tarea de gobernar con ecuanimidad política y solvencia económica. Lo suyo es la coacción hacia el discrepante y el derroche indiscriminado para mantener cautivo a un importante sector de la sociedad que le permita perpetuarse en el poder, y si en estos momentos no son capaces de cumplir las expectativas de sus simpatizantes y electores es simplemente porque el desastre económico provocado por sus líderes hace inviable mantener ese alocado ritmo de dispendios a que todos ellos estaban acostumbrados.

Que nadie se engañe, ni siquiera los prejubilados de oro de la minería. Zapatero sigue siendo tan "rojo" como el que más y sus ideas continúan petrificadas en el duro granito de la ortodoxia marxista. Si no fuera por los previsibles abucheos, hubiera estado este año también en Rodiezmo elevando soflamas decimonónicas junto al marmolillo ideológico de Alfonso Guerra. Con puño en alto o sin él, Zapatero sigue siendo socialista. En el más amplio y lamentable sentido del término.

Libertad Digital – Editorial

El portazo. Por Fernando Jáuregui

La vida parlamentaria está, entiendo, para aceptar sus reglas en la totalidad. Quien gana una votación, la gana. Quien la pierde, la perdió y hasta la próxima. Puede que la normativa electoral española no garantice una pura y milimétrica representatividad en la escala voto-escaño (no la garantiza, de hecho, y los partidos nacionales "minoritarios" lo sufren); pero eso ni justifica que algunos diputados abandonen el hemiciclo cuando se va a votar algo que les disgusta, la reforma constitucional en este caso, ni hace que el filibusterismo parlamentario sea precisamente una práctica a recomendar.

Lo digo, claro, por la tormentosa sesión de este viernes, que aprobó por abrumadora mayoría la reforma del artículo 135 de la Constitución, estableciendo un techo presupuestario para el gasto. Algunos de quienes se oponían, desde la izquierda, a esta reforma, convirtiéndola en caballo de batalla frente a los "mayoritarios", es decir, socialistas y populares, dieron el portazo y se ausentaron de la Cámara; otros advirtieron de que no lo hacían para impedir que se votasen las enmiendas transaccionales propuestas por los nacionalistas catalanes. Y, para colmo, el presidente de la Cámara Baja, José Bono, trató de impedir, reglamento en mano eso sí, con el cierre de puertas, que algunos peneuvistas también saliesen del hemiciclo de manera extemporánea.

Así, la antepenúltima sesión parlamentaria antes de la disolución del Parlamento se convirtió en casi un espectáculo circense a cuenta de una reforma sin duda apresurada, escasamente consultada y, si quieren, precipitada, pero consensuada entre los dos grandes partidos nacionales, que representan, entre ambos, la voluntad de veintiún millones de electores. Me pareció que se daba un espectáculo no demasiado edificante por parte de quienes, alegando que la reforma debería haber sido sometida a referéndum -cosa que en absoluto pide la Constitución-, trataron de si no boicotear sí, al menos, empañar la grandeza del acto parlamentario.

Para colmo, en las afueras de la Cámara, la policía extremaba las precauciones para impedir las protestas de los "indignados", crecidos con las proclamas de su líder ideológico, Stephan Hessel, aterrizado en Madrid para pedir nada menos que "inventar" otra democracia. Personalmente, estoy de acuerdo: hay muchas cosas que han de cambiar en el sistema. Pero no será con el portazo parlamentario ni con el mero grito callejero ante una cuestión que, como esta reforma constitucional, creo que no merece tanta alharaca, como empezaremos a regenerar la democracia. Y yo, desde luego, parafraseando al presidente norteamericano, prefiero Parlamento sin calle que calle sin Parlamento.

Periodista Digital – Opinión

Austeridad. Los recortes no destruyen empleo. Por Ignacio Moncada

Al igual que un aumento del gasto público no crea empleo, tal y como se ha demostrado, una política de austeridad no lo destruye. Más bien al contrario.

La crisis de deuda pública que llevamos más de un año sufriendo ha sido un duro varapalo para quienes han estado abogando por disparar el gasto. Nos prometieron que sólo había una manera de salir de la crisis: dejando que los políticos gasten el máximo dinero posible con cargo a la deuda del Estado. Así, decían, en poco tiempo íbamos a estar creciendo y con pleno empleo. Qué mal queda, tras defender esta tesis en público, que el resultado sea una crisis de solvencia de tremendas proporciones. A lo que en España se suma la cifra histórica de cinco millones de parados. Como en política y en economía jamás se reconoce un error, los defensores del keynesianismo, que es la ideología que se ha aplicado para llegar a esta situación, argumentan que el problema es que no ha habido suficiente gasto público. Que no hay crecimiento porque, pese a ejecutar los mayores planes de estímulo jamás vistos, hemos estado tímidos en el dispendio. Extraño razonamiento cuando se hace desde el borde mismo de la suspensión de pagos.

Por fin alguien en España ha decidido coger el toro por los cuernos. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, ha anunciado un recorte del 20% del gasto público de la comunidad. Y lo ha hecho, además, con una importante carga política: no ha tocado el sacrosanto gasto social para el progresismo español. Este recorte es de unas proporciones jamás vistas en España. Si se hubiera aplicado, no sólo a Castilla-La Mancha, sino a todo el Estado, el ahorro hubiera sido de alrededor de 100.000 millones de euros. Una cifra que habría acabado con el problema del déficit público. Esto contrasta con el famoso tijeretazo dado por Zapatero en mayo de 2010, en el que el ahorro fue casi 10 veces menor, y además lo hizo llevándose por delante a pensionistas, funcionarios y familias.

Ante esta valiente medida, el PSOE se ha lanzado, tal vez herido por el efecto electoral de la misma, a despreciarla. Rubalcaba habla ahora de los "recortadores", dando a entender que sigue pensando que el despilfarro es el camino correcto. El Partido Socialista criticó la medida argumentando que "destruiría 15.000 puestos de trabajo". Esto es falso. Al igual que un aumento del gasto público no crea empleo, tal y como se ha demostrado, una política de austeridad no lo destruye. Más bien al contrario. Al no gastar más de lo que es asumible, se deja de penalizar a las familias y a las empresas con mayores impuestos (presentes o futuros), y deja de canalizarse todo el ahorro disponible hacia el Estado, liberándolo para inversión privada. Los recortes de gasto público activan un proceso de saneamiento de las cuentas públicas, de mayor desahogo privado y de amortización de deudas, que genera un marco estable para el crecimiento y la creación de empleo. Aunque, eso sí, siempre hay unos empleos que es necesario destruir: los de los políticos que, mediante el dispendio desenfrenado, han terminado por hundir la economía española.

Libertad Digital – Opinión

Cada sardina a su ascua. Por Andrés Aberasturi

Es la hora del filibusterismo o, si lo prefieren y para que suene menos duro, de arrimar descaradamente el ascua a la sardina de cada uno. Y para eso valen todos los argumentos incluso los que no resisten un mínimo examen de rigor y coherencia. La reforma de la urgente y apresurada de la Constitución -por culpa del Gobierno que se había choteado del PP cuando este la había pedido hace un año- ha abierto la espita de todo el pintoresquismo de un país que cada vez me cuesta más entender. Porque la reforma aprobada en el Congreso es, si me apuran, casi una reforma técnica, necesaria en estos tiempos de crisis, fruto directo de una gestión desastrosa de ZP y más pronto que tarde estará en todas las constituciones de la Unión Europea. Es que la cosa no tiene más recorrido y los que hace de esta medida un red-bull, los que le ponen alas, minutos de televisión, posibles huelgas e ingeniosas pancartas es porque se aprovechan de la forma: que lo que hasta ahora parecía intocable y sagrado, el melón imposible de abrir, se cate en un "plis-plas" como negara Rubalcaba. Y una vez abierto, el desmadre natural y previsible: Izquierda Unida que pide que seamos república federada, ERC y PNV que piden la autodeterminación y CIU que pide justo lo contrario de lo que se trata de reformar. Un pequeño descalzaperros mientras los indignados del Congreso abandonaban el pleno lenta y ordenadamente, eso si. De la nota poética se ocupaba el presidente Mas curando hablaba de que estas decisiones del PSOE-PP "aumentan la distancia emocional entre España y Cataluña".

Y así están las cosas de revueltas. Menos mal que ahora la reforma tiene que ir al Senado, esa Cámara entregada en cuerpo y alma a solucionar grandes conflictos tales como que el color "gualda" (término casi exclusivo del léxico de la heráldica) de la bandera española fuera designado como "amarillo". Tras semejante éxito -debido al senador Cela- es cierto que el Senado entró en un breve letargo de más de treinta años, del que sin duda despertará cualquier década de estas.

Pero si en la Cámaras las cosas andan movidas, ni les cuento en otros ámbitos en los que la tijera de la crisis empieza a cortar nunca se sabe si por lo sano o por lo enfermo. Que tendrá que haber planes de ajuste y ahorro, parece innegable y lo que es falaz es jugar con los números: si se recorta presupuesto, habrá más paro a corto; cierto, pero es que si no se recorta, habrá banca rota. ¿Qué es preferible? Lo que no tiene ningún sentido es eso que se ha puesto de moda estos días y que parece que sigue practicando el señor Griñán al margen de toda lógica: hacerse trampas en el solitario. Si gastándonos lo que no teníamos hemos llegado a más de cuatro millones de parados, tal vez habrá que plantarse que entre un estado del bienestar y un estado subsidiado hay ciertas diferencias.

Eso si no gana Rubalcaba las elecciones porque, sencillamente, es cierto que tenía el secreto para acabar con nuestros pesares y, encima, ha tenido la generosidad de hacerlo publico sin ningún rubor: "con lo que gano subiendo el impuesto a los ricos y lo que me ahorro quitando las diputaciones, las cuentas cuadran y sin recortar en educación o sanidad que eso lo hacen otros". Ya ves que tontería; con lo fácil que era y a nadie se le había ocurrido. Si cuando te digo que al final va a ganar las elecciones.

PeriodistaDigital – Opinión

El cambio del ganador. Por Pilar Ferrer

A Mariano Rajoy le va como anillo al dedo el gran verso de Santa Teresa: «Nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza». En efecto, sin hacer ruido, a quien muchos negaron carisma y ahora le adulan por doquier, camina hacia La Moncloa con rumbo fijo. Tiene guasa que Zapatero, tan defensor del «cordón sanitario» para el PP, despida la Legislatura con una reforma pedida por Rajoy, plenamente aislado por sus antiguos aliados y varios de los suyos.

Ironías de la política ante un candidato, Rubalcaba, a quien todo se le pone en contra. Pasó de burlador, a ser burlado. En este curso del cambio, desde la hermosa Ría de Vigo, en las filas populares se respira satisfacción. Aunque a Mariano, siempre prudente, no le gustan las euforias, lo cierto es que la maquinaria del partido lleva tiempo trabajando a todo gas. Tras el rotundo triunfo del 22-M, el Comité de Estrategia, bajo la presidencia de Ana Mato, ha diseñado una campaña con presencia de su líder en foros dedicados a los problemas ciudadanos. Rajoy cuenta con un magnífico equipo, preparado para llegar al poder tras ocho años de oposición, en un momento muy crucial de la vida de España. No se esperan grandes sorpresas en la elaboración de las listas, aunque si se atisba un relevo generacional. Rajoy necesita ilusionar a un voto joven, profesional y muy desencantado del PSOE. Del perfil de Soraya Sáenz de Santamaría, una parlamentaria de primera, la gran sorpresa por su capacidad política y negociadora. El elogio teresiano de la paciencia es hoy un evidente elogio del ganador.

La Razón – Opinión

Amargo final. Por Fermín Bocos

En el mundo de Zapatero nada es ya lo que era. Todo se ha venido abajo. Tocan a su fin los días de La Moncloa y el panorama político que le rodea no puede ser más desolador. Entre los suyos se escuchan voces que hablan de decepción; incluso de traición a los ideales de la socialdemocracia. ¡Que lejos queda aquél: "No os fallaré" que proclamó el día de su segunda victoria electoral! Desde entonces todo fue de mal en peor para un PSOE aducido por el "zapaterismo", hijuela de corte radical-anticlerical que pretendía pasar por epítome de la modernidad pero que, analizada en sus intenciones y obras, ha resultado ser una floración tardía de algunos de los mitos y tópicos que creíamos desaparecidos con la Segunda República. Ingeniería de las costumbres abandonada hace cincuenta años por la socialdemocracia europea.

Poco que ver, desde luego, con lo que habían sido los gobiernos de Felipe González, comprometidos, de verdad, en la modernización de España apostando por la reconciliación y la superación de la dolorosa fractura dejada por la guerra civil y la postguerra.

Zapatero se va envuelto en la amargura de un fracaso político que no tiene paliativos. No es el responsable de la crisis económica, pero sí de haberla negado y, en consecuencia, de haber retrasado la puesta en marcha de las medidas encaminadas a paliar sus efectos. La frivolidad, propia de un adolescente, con la que no hace tanto tiempo presumía de la pujante situación económica española en los foros internacionales -aquél infantil eslogan de la "champions league"- se tornó en sarcástico bumerang. De iniciar el curso político en las eras de Rodiezmo, mitineando ante los mineros ataviados con pañuelos rojos, ha pasado a vender con cara de cordero degollado la felicitación de Angela Merkel -canciller de un gobierno extranjero-, por una reforma de la Constitución que no era necesaria -habría bastado con rescatar la Ley de Estabilidad Presupuestaria- y que, abierto el melón, nos deja un ambiente político preñado de incertidumbres políticas que se añaden a la ansiedad colectiva ante una situación económicas cuyo principal índice de alarma sigue siendo el paro: casi cinco millones de desempleados. ¡Menuda herencia! No creo que este año se atreva a ir a Rodiezmo.

Periodista Digital – Opinión

PSOE. Los ricos y el tufo. Por José T. Raga

¿Se le ha olvidado al candidato Rubalcaba que su Gobierno, en el que era vicepresidente primero, subió los impuestos que pagan los pobres?

¿Qué tendrán los ricos que tanto obsesionan a la izquierda? O ¿qué tendrá la izquierda en su atractivo por los ricos? Se me ocurre que los ricos tienen aquello que la izquierda desea. Por ello, cuando lo consigue, deja de obsesionarse para pasar a protegerse junto al grupo al que ya pertenece.

De todas formas, lo que es cierto es que la izquierda, para contentar a su clientela de la que es cautiva, necesita mostrar aversión, inquina y persecución al rico –concepto sólo aleatoriamente definido– mostrando su voluntad de destruirle, de hacerle pagar por sus pecados –que sólo existen cuando en su riqueza han intervenido los gobiernos– y fustigarle a través de impuestos para disminuir su riqueza. O sea, impuestos confiscatorios, prohibidos por la Constitución (ya sé que esta referencia no es lo que más gusta a la izquierda, confiada en que le confiscarán su riqueza).

¿Qué alcance tiene, pues, ese reto del candidato del PSOE al del PP para incluir en el programa electoral el impuesto contra los ricos? Para mí, no pasa de sonar a tufo electoralista y, como tal, demagógico. Yo, ciudadano de a pie, sin afiliación a partido, que se siente libre y sin restricciones en el opinión, me sería imposible aceptar que don Alfredo trate de venderme un impuesto para que lo paguen los ricos.

¿Se le ha olvidado al candidato Rubalcaba que su Gobierno, en el que era vicepresidente primero, subió los impuestos que pagan los pobres? Es más, ¿que en el poco tiempo que resta de legislatura, no se renuncia a nuevas subidas del IVA, y de los impuestos especiales –combustibles y tabaco–?

El IVA y los impuestos especiales son impuestos regresivos, que gravan más a las rentas más bajas –los pobres– que a las rentas más altas –los ricos–; simplemente, porque los pobres dedican al consumo mayor porcentaje de sus rentas, del que dedican los ricos. Si por un momento renunciásemos a la demagogia –tarea verdaderamente difícil– sería mejor no haber subido el IVA –sobre todo si piensa que no solo del 16% pasó al 18%, sino que del 7%, aplicable a bienes esenciales, pasó al 8%–.

Se dirá que total, del siete al ocho no va más que un punto; eso es cierto, pero no lo es menos que un punto sobre siete equivale a un catorce por ciento más de impuesto que están pagando todos, pero fundamentalmente los pobres. El paso del dieciséis al dieciocho por ciento, un tipo de bienes en el que también el consumo de los ricos es significativo, supone simplemente un incremento del doce por ciento, con lo que el trato favorable a los ricos es bien evidente. Y esto lo ha hecho un Gobierno (el del PSOE) del que era miembro distinguido el candidato Rubalcaba.

Por eso les decía que me suponía un esfuerzo sobrehumano, oír, siquiera como quien oye llover, esas frases impregnadas de tufo demagógico. Es pedirme demasiado.

Libertad Digital – Opinión

Rajoy, un líder de progreso

La Razón avanza hoy una extensa prepublicación sobre la vida y los proyectos de futuro de Mariano Rajoy. Un reportaje construido sobre los pensamientos, las experiencias y los planes de cambio que aparecen recogidos en el libro «En confianza», publicado por Planeta, y que saldrá a la venta el próximo martes 6 de septiembre. La obra, en la que apela «a todos los que consideran que es el momento de actuar», repasa la infancia, juventud y madurez de un líder político que quiere ser también el principal actor de la recuperación económica y social de España. Rajoy desgrana la columna vertebral de las políticas que aplicará si llega al Gobierno de la nación. Un decálogo en el que están a la cabeza el empleo y la recuperación económica, y entre cuyas premisas más importantes están los contratos más flexibles, la lucha contra el absentismo, la revisión del marco fiscal y tributario o la contención del gasto. Además, apuesta por la defensa de la familia, dando mayor protección a la maternidad y a las familias numerosas. La reforma del sector público y una cooperación más estrecha entre las tres administraciones forma parte principal de sus prioridades. Rajoy también destaca la necesidad de afrontar reformas estructurales en el campo de la energía, tanto en su producción como en la combinación de fuentes energéticas y, de manera relevante, en acometer una reforma en la Educación para que los padres puedan elegir la formación que deseen para sus hijos, sin trabas burocráticas o políticas. Respecto a nuestro modelo autonómico considera urgente un plan de saneamiento basado en criterios de eficacia así como el cierre de los interminables traspasos de competencias a los gobiernos regionales. La regeneración democrática que propone el presidente popular también pasa por la Justicia, para combatir la politización del CGPJ y el TC, así como para trabajar en la divisón de poderes . En política exterior, España deberá volver al espacio que le corresponde en los foros de decisión internacionales; algo que está intimamente ligado al desarrollo de una política de inmigración en la que nuestro país gestione los flujos migratorios para acabar con el «papeles para todos» del PSOE. Como ayer mismo avanzó el presidente del Partido Popular en Soutomaior (Pontevedra), en su apertura de campaña para las elecciones generales del 20 de noviembre, su partido no quiere «ni crispación ni líos», sino «resolver los problemas de España». Como apunta en su artículo de La Razón el vicepresidente del Congreso, Jorge Fernández Díaz, Rajoy no sólo tiene «la ‘‘potestas’’ del mando, sino también la ‘‘auctoritas’’ del que lo ejerce». Un líder para una encrucijada histórica en la que se debe resolver la lacra del terrorismo, con firmeza democrática y desde el respeto a las víctimas, con la vista puesta en el importante esfuerzo colectivo que nos queda por delante. Una ingente tarea que Rajoy, según anunció ayer, llevará a cabo desde el diálogo, la concordia y la moderación. Un mensaje de coraje y ganas en unos tiempos en los que otros, desde el Gobierno, han tirado la toalla, incapaces de enderezar el timón del país. Con el concurso de todos, sumando, sin despreciar apoyos, Rajoy está listo para acometer lo que él mismo ha definido como «una de las mayores empresas modernizadoras de la historia de la democracia».

La Razón – Editorial

Final sin proceso

Mientras ETA no renuncie a las armas, no puede haber movimientos en materia penitenciaria.

El ministro del Interior, Antonio Camacho, ha dejado claro que el Gobierno no hará ningún gesto político, ni movimiento alguno en relación a los presos, mientras ETA no anuncie su disolución. Es su respuesta a la insistencia de la izquierda abertzale en reprochar al Gobierno su "inmovilismo" por no hacer las concesiones que le reclama. Esta respuesta se produce un año después de que la banda anunciara la interrupción de sus actuaciones violentas -que incluye desde enero el cese de la extorsión- y cuando está a punto de culminar una consulta entre los presos de ETA impulsada por Batasuna y sus herederos.

Si ese sector desea conocer la opinión de ETA sobre el abandono de las armas, es lógico que se dirija a las prisiones, pues allí está el 90% de los etarras: 730, frente a medio centenar en libertad, según la policía. Y también es lógico que si desea el aval de las cárceles para sus planteamientos, lo haga mediante la fórmula de menor resistencia: adhesión a la llamada Declaración de Gernika, que es bastante menos que la exigencia de retirada definitiva de ETA.

Esa declaración fue consensuada hace cerca de un año por Aralar, que pedía un fin de ETA sin contrapartidas, y Batasuna, que no renunciaba a ellas. La novedad respecto a anteriores iniciativas era que el primer paso debía ser una tregua permanente de ETA "como expresión de la voluntad de abandono definitivo de su actividad armada". Pero, contradictoriamente con esa voluntad, incluía una lista de condiciones para la paz definitiva. Las esenciales: legalización de Sortu (y derogación de la Ley de Partidos), medidas penitenciarias "como primer paso hacia la amnistía" y compromiso de una negociación política "sobre las causas y consecuencias del conflicto" que incluyera el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Con independencia de que la Constitución prohíbe (artículo 62) los indultos generales y que la legalización de Sortu no depende del Gobierno sino del Tribunal Constitucional, lo que resulta inverosímil es el planteamiento del final de ETA como "proceso" de concesiones recíprocas. Porque los jefes de la banda buscan pretextos para seguir, y un proceso de ese tipo sería la ocasión para intervenir en cuanto surgieran divergencias o resistencias a sus pretensiones; porque solo la retirada definitiva de ETA podría hacer variar la frontal oposición de las asociaciones de víctimas a cualquier medida favorable a los presos; porque el consenso democrático establecido tras la experiencia del proceso que ETA dinamitó en la T-4 es que la disolución de la banda debe ser previa a cualquier eventual iniciativa penitenciaria; porque hasta Otegi ha reconocido que la "mera existencia de ETA" sigue siendo "percibida por algunos sectores" como "una amenaza" (Gara, 17-7-2011).

Fue la convicción de algunos presos etarras (y varios dirigentes de Batasuna, también encarcelados) de que no habría salida para ellos sin disolución de ETA lo que impulsó el cambio de estrategia. Su culminación pasa ahora porque exijan públicamente a ETA su disolución.

El País – Editorial

La "motosierra social" es responsabiliad del PSOE

El PSOE de Zapatero es el que ha creado las condiciones para que ya no valga solamente eliminar lo accesorio: por sus desvaríos culpables y por su sectarismo partidista, hoy es obligado también un recorte en "lo social".

Las primeras decisiones ejecutivas de la presidenta de Castilla-La Mancha y las reiteradas declaraciones públicas de Mariano Rajoy indican un cambio severo de rumbo respecto a la trayectoria de un PSOE que, de la mano de Zapatero, hace tiempo perdió cualquier viso de sensatez en el terreno de la economía. Lo grotesco es que después de haber provocado el mayor desastre conocido en esta materia, que llevará sin duda a duros recortes en el llamado "Estado del bienestar", los socialistas acusen ahora a su rival político de poner en riesgo el papel benefactor del Estado como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad en ello.

Las declaraciones de José Blanco acusando sin más al PP de recortar voluntariamente el régimen de protección social de que antes disfrutaban los españoles, como si las circunstancias económicas fueran las mismas que el PP legó a los socialistas a su llegada al poder, son intelectualmente ofensivas y políticamente reprobables.

Esa supuesta "motosierra" que Blanco utiliza en su chascarrillo de inspiración sindical para acusar al PP no se hubiera puesto en marcha si los gobiernos socialistas a todos los niveles no hubieran hecho del despilfarro financiero, del derroche suntuario y de la financiación desaforada de los grupos de presión amigos sus principales señas de identidad.

El caso de Castilla-La Mancha, que los socialistas han decidido utilizar para su propaganda contra el adversario acusándolo de "antisocial", es precisamente un ejemplo excelente de la forma en que el socialismo ha llevado a la ruina a toda una región y las consecuencias que el siguiente Gobierno ha de arrostrar necesariamente . De la mano de los socialistas, la comunidad castellano manchega ha multiplicado por seis su deuda desde 2004, pasando de poco más de 1.000 millones de euros a más de 6.000 en términos absolutos y del 3,7% al 16,9% en relación al PIB regional.

Si los socialistas actuaran con una prudencia elemental cuando están en el Gobierno, sus sucesores no se verían en la necesidad de introducir elementos de austeridad en el ámbito de lo público con el rigor que ahora resulta imprescindible. El PSOE de Zapatero es el que ha creado las condiciones para que ya no valga solamente eliminar lo accesorio: por sus desvaríos culpables y por su sectarismo partidista, hoy es obligado también un recorte en "lo social". Si José Blanco busca al responsable de la "motosierra", que le pregunte a Barreda. Y no sólo a él.

Libertad Digital – Editorial

Turistas que merecemos. Por Arturo Pérez-Reverte

Si hay algo que me sigue dejando patedefuá, pese al escaso margen de sorpresa que a uno le deja ser súbdito español y tener los sesenta tacos casi a punto de nieve, es la facilidad de algunos compatriotas, o como se llamen ahora, para salir en la tele sorprendiéndose ante lo obvio. Lamentando de pronto, pancarta en alto, lo que hasta el más tonto del pueblo veía venir desde hace años, sin otra bola de cristal que el sentido común. Pensaba en eso este verano, durante los incidentes provocados en algunas localidades costeras por hordas de turistas jóvenes, ebrios y gamberros, mientras las autoridades locales y los vecinos ponían el grito en el cielo, preguntándose qué habían hecho ellos para merecer eso. Lamentando que España, o buena parte de su litoral mediterráneo, se haya convertido en la cochinera donde viene a recalar el turismo más cutre y bajuno de Europa. La meca de la chusma cervecera, bailona y vomitona, a veinte euros por noche.

Vaya por delante que turismo basura hay en todas partes. Verbigracia, Italia. En materia de chusma, incluida la indígena, poco tienen que envidiar los primos del Lacio y aledaños a nuestros más conspicuos poligoneros nacionales, o a los turistas de cerveza, discoteca con fiesta de espuma y alivio en el portal. Lo que pasa es que allí, junto a ese turismo de bajo coste y carne sudorosa macerada en alcohol, los italianos, que son varias cosas menos tontos, han sabido mantener, paralela, una oferta turística de alta calidad, con lugares donde el turismo de mayor nivel económico y exigencia, incluida la cultural, también se encuentra a sus anchas. Al menos, de momento. Sitios, ésos, que viven no sólo de la cantidad de botellas de agua mineral, bocatas y pizzas recalentadas que turistas de menos recursos -dignísimos y con derecho a comer, por otra parte- consumen cada día, sino también de viajeros que pueden gastarse durante una cena con vistas al lago de Como, sin que les tiemble el pulso, 150 euros en una botella de Gaja. Por ejemplo.

Pero eso hay que currárselo. Lo fácil es montarlo con docenas de torres de apartamentos y hoteles baratos, tropecientas hamburgueserías y discotecas, barriles de cerveza en cada esquina y guindillas municipales tolerantes con el guiri que, antes de caer en coma etílico o matarse haciendo el gilipollas en el balcón, se desnuda, orina, rompe y vomita por doquier. Reconvirtiendo todo el comercio local, restaurantes, tiendas, bares, para adaptarlo a esa subespecie de clientes. Sin exigir, siquiera, que se pongan la camiseta cuando entran descalzos y rascándose los huevos, o el chichi, y que echen la pota en otra parte; no vayan a irse a comprar a la tienda o al pueblo vecinos. Pero claro. Para combinar este turismo ya inevitable con el de categoría, y aprovechar lo más rentable de ambos, hacen falta cultura, tradición, inteligencia, previsión a medio y largo plazo, y sobre todo la conciencia de que una oferta turística no puede inspirarse sólo en suelta lo que tengas y mañana Dios dirá. Tomemos por ejemplo La Manga, que algunos conocimos de niños cuando era una bellísima lengua de arena desierta entre dos mares. ¿Imaginan lo que sería hoy ese lugar, de haber caído en manos de promotores inteligentes y con una visión de futuro digna, en vez de acabar convertido en un disparate de especulación y una pesadilla urbanística? ¿Calculan la riqueza que estaría generando para toda la región, orientada a un turismo de calidad con servicios impecables?

Lo nuestro, sin embargo, es otra cosa. Cuando cinco mil alemanes, italianos e ingleses empastillados y borrachos, a los que igual dan Lloret de Mar que Tegucigalpa porque van ciegos, lo ponen todo patas arriba haciendo en manada lo que en su país no les permiten que hagan, y los guardias de la porra se ponen de pronto cumplidores y tienen que correrlos a hostias porque le pegan fuego al pueblo, echamos la culpa a los dueños de discotecas, y a la degradación de valores en la juventud, y a la puta que nos parió. Obviando que llevamos décadas pidiendo a gritos esa clase exacta de turistas; y que para complacerlos, beneficiándonos de sus miserables migajas, transformamos muchos de nuestros pueblos costeros en barras al aire libre, arrasamos el buen gusto, liquidamos el comercio tradicional, convertimos a nuestros hijos en camareros de chiringuito y lamemos las chanclas a la gentuza de toda Europa. Por eso tiene coña que ahora, cuando recogemos en el telediario los frutos de nuestro esfuerzo, de ese pan para hoy y hambre para mañana -lo que tarde en tranquilizarse la otra orilla del Mediterráneo-, los alcaldes, concejales, comerciantes y vecinos que por acción o silencio fuimos cómplices de tan grotesco y sudoroso negocio, nos llevemos las manos a la cabeza. Olvidando que a quien pide música luego le toca bailarla.

XL Semanal

La caja de Pandora. Por Martín Prieto

Sólo gentes expertas en complicar lo difícil pudieron conquistar América a pie y en cuadrilla. Los españoles nunca hemos hecho ninguna revolución, ni la francesa, pero si el alcalde de Móstoles proclama un bando apocalíptico y utópico nos lanzamos en mesnadas al monte. Ahora entendemos por qué tanto temor a tocar la Constitución: es la caja de Pandora y al abrirla fluyen y escapan los males que afligen a la humanidad.

En cuanto se ha entreabierto la tapa para fijar un techo de gasto se ha empezado a exigir referéndum, la República, la federación y la confederación, con altisonantes palabras y grandes gestos. Nada de esto tiene algo que ver con la deuda española pero es que la Constitución más que enmendarla lo que quieren es practicarle la autopsia y donar sus órganos. Somos excesivos y los indignados se han quedado pidiendo caramelos. Nuestra partitocracia es de bipartidismo imperfecto en el que el PSOE aspira al unipartidismo como el Movimiento Nacional, el PRI mexicano o el peronismo, apoyado en partidos testimoniales o periférico-nacionalistas- ya que cree ser el único legitimado para gobernar.

Por una vez los dos grandes partidos nacionales se han puesto de acuerdo y los demás han advertido su pequeñez. Artur Más invoca el divorcio de España y Gaspar Llamazares dispara contra el Palacio de Invierno. ¡Qué algarabía porque no les han consultado previamente! Las ranas pidiendo Rey. El señor D´Hont convirtió residuos electorales en minúsculos partidos que sacan pecho y pretenden decidir los destinos del país entre amenazas y victimismos. Nuestra caja de Pandora es la Ley Electoral.

La Razón – Opinión

Reforma. La ideología socialista de la Constitución. Por Emilio J. González

El de la Constitución es un modelo más propio de la extinta Unión Soviética o del franquismo que de una democracia occidental.

La izquierda española se ha llenado de indignación debido a la reforma constitucional para establecer un límite al déficit público. La extrema izquierda se ha negado a votarla en el Congreso o ha votado en contra, mientras que el jefe del Grupo Parlamentario Socialista ha tenido que sacar el látigo para obligar a sus diputados a respaldar al Gobierno. Los críticos con la enmienda promovida por Zapatero dicen que se trata de una reforma ideológica, pero no dicen, en cambio, que la Constitución está plagada de ideología, de su ideología, y así nos va. Ciñámonos al terreno económico.

El artículo 1.1 reza que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Aquí empieza el problema porque al anteponer el término social al de democrático, en contra de todas las constituciones occidentales, la interpretación del artículo abre las puertas a una acción política mucho más amplia que puede desembocar en el socialismo real. Sin llegar a esos extremos, que también son posibles, lo que establece es la capacidad del Estado para intervenir en la economía (art. 38), de acuerdo con los principios del keynesianismo que tanto influyeron en la redacción de la Carta Magna y, encima, el artículo 132.1 obliga al Gobierno a contar con el asesoramiento de los sindicatos, los cuales, en este país, son organizaciones ideológicas que no representan a nadie excepto a ellos mismos. Este es un modelo más propio de la extinta Unión Soviética o del franquismo que de una democracia occidental.

Aunque la Constitución establece el derecho a la propiedad privada (art. 33.1) y a la libertad de empresa (art. 38), el artículo 33.3 permite la expropiación "por causa justificada de utilidad pública o interés social" y el artículo 128.2 faculta al Estado a intervenir empresas privadas "cuando así lo exigiere el interés general". Basta recordar la escandalosa expropiación de Rumasa para comprender que se entiende por "causa justificada", "interés social" o "interés general".

Además, el artículo 39 obliga al Estado a promover la protección social y el 40 a promover una distribución de la renta más justa, lo cual es socialismo en estado puro y se basa en la idea de que las desigualdades sociales derivan de la aplicación en el pasado de los principios liberales en la economía y, por tanto, hay que corregir esta situación.

Aún hay más, pero basta con esto como botón de muestra para demostrar que si la Constitución es algo, es una Constitución socialista y lo único que se hace con la enmienda para limitar el déficit es impedir que los políticos puedan seguir engañando a la sociedad y arrebatándole cuotas de libertad económica a través del déficit público. Otra cosa es que gasten más y para ello suban los impuestos y, después, los ciudadanos les sigan votando porque, en ese caso, sarna con gusto no pica.

Libertad Digital – Opinión

Entusiasmo incomprensible. Por Luis del Val

Llevar a la Constitución una norma en la que nos vamos a comprometer a no gastar más de lo que recaudemos se me antoja que es algo así como si lleváramos a la Constitución un párrafo específico en el que constara que meter la mano en la caja y usar el dinero público para fines particulares es algo reprobable. O como si en el reglamento de la Comunidad de propietarios incluyéramos un párrafo donde se especifica que los vecinos se comprometen a no escupir en el ascensor o en las escaleras.

Como el Cándido de Voltaire, yo creía que los gobernantes procuraban por todos los medios no gastar más de lo que se ingresa, de la misma manera que en casa de cada cual sabemos que las deudas excesivas nos pueden llevar a la ruina. Que eso sea motivo de alborozo para unos (PSOE y PP) y argumento de inmenso disgusto para otros (nacionalistas y sindicatos) es algo que me llama bastante la atención, y que me deja en la situación del tardo de entendederas, que no acaba de entender el chiste que tanta risas ha provocado en los demás.

A lo peor, por este camino, un día incluiremos en la Constitución que está feo blasfemar en público o que los españoles se comprometen a no hacer aguas mayores en calles y plazas públicas.

Pero suponiendo que los alborozados tengan razón, hay una duda que me corroe y me desazona: en este país las normas no se cumplen. O se incumplen con bastante frecuencia, salvo la ejecución de medios coercitivos.

¿Y si, a pesar de que incluso esté recogido en el texto constitucional, los dos grandes partidos se ponen también de acuerdo para incumplir lo acordado? Vamos que, de repente, ya se puede ir de nuevo a 120, y derogamos lo de 110 kilómetros por hora.

Se denomina norma a la regla a la que se deben ajustar las conductas y las actividades, pero también llamamos así a la escuadra que usan los artífices para ajustar de manera exacta piedras y maderos. Y así de rígida entienden, los alemanes, por ejemplo, que son las normas. Pero nuestros representantes políticos son, no lo olvidemos, tan españoles como nosotros. De ahí las enormes dudas.

Periodista Digital – Opinión

Cálculos electorales. Por Gloria Lomana

María Dolores de Cospedal ha dibujado la estela por donde gobernará el Partido Popular. Lo podía haber hecho Bauzá en Baleares tras suceder al catastrófico Antich, o Monago en Extremadura tras heredar la maltrecha economía de Fernández Vara, pero ha sido ella quien ha querido erigirse en la podadora número 1 del PP porque, al fin y a la postre, ella es la secretaria general. En apenas tres meses de gobierno, Cospedal ha contado coches, edificios, asesores, funcionarios, liberados, regalos y prebendas heredados, y ha visto que sólo cortando el derroche socialista podía ahorrar un 20%. Sin subir impuestos ni bajar servicios sociales. Claro que no lo ha tenido difícil porque en este caso el chivo expiatorio se llama Barreda y es de otro partido. Más difícil será ver a Fabra sacando los números rojos del despilfarro de Camps, o a Gallardón haciéndose una enmienda a la totalidad a sí mismo.

En todo caso este camino, el de la austeridad, parece que será por el que transitará Rajoy. Su círculo más cercano confiesa que el líder del PP tiene copia de la carta que el BCE ha enviado a Zapatero, urgiéndole a modificar la Constitución para poner coto al déficit público. Carta que Zapatero no ha enseñado a los españoles, como sí en cambio han conocido los italianos, receptores de idéntico apremio. Es de suponer, pues, que lo primero que hará Rajoy, cuando llegue a La Moncloa, será mostrar públicamente la carta europea que celosamente oculta Zapatero, para justificar los tijeretazos que tendrá que hacer su gobierno.

Las medidas anunciadas por Cospedal y otras comunidades autónomas del PP, a tres meses de las elecciones generales, parecen osadas por la contestación social que generan. Pero Rajoy ha pedido a los suyos que el PP se presente ante los españoles como el partido de la eficacia y el rigor, frente al desgobierno y el despilfarro socialista. Un camino arriesgado pero correcto. No es ético que, porque estemos en campaña electoral, los gobernantes dejen de tomar las decisiones que proceden. Por eso es reprobable que los socialistas estén esperando a que amaine el vendaval de la reforma de la Constitución para soltar las liebres más populistas con las que esperan mejorar en las encuestas. No es presentable que Zapatero anunciara hace cuatro meses la creación de un impuesto para las rentas más altas –como, por cierto, ya han hecho Francia, Alemania o Portugal– y que sin embargo espere a la campaña electoral para servir tan suculento plato a Rubalcaba. Ya vislumbro la jugada: el candidato socialista lleva en su programa un nuevo impuesto a los ricos y poco antes de las elecciones del 20-N le urge a Zapatero para que el Gobierno lo apruebe. Golpe de efecto que en otros tiempos habría sido maestro pero que ahora está por ver. Me temo que esta vez la mayoría de los electores buscan con su voto algo más que imagen y sonrisa.

La Razón – Opinión

Reforma. We, los catalanes. Por Maite Nolla

Lo que hemos votado los catalanes por una aplastante mayoría es que estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución. A través de nuestros diputados, pero es lo que hay.

Parece que el refugio definitivo del nacionalismo catalán para hacerse los muy ofendidos por el asunto de la reforma será que, siendo ellos poco menos que socios fundadores de la Constitución, se les ha dejado de lado. El tema de la solidaridad interterritorial, aunque sea el "Espanya ens roba" de toda la vida, o que los parlamentos autonómicos sean los que fijen su déficit, son excusas que tienen peor explicación. Por eso, la marginación y el maltrato son mensajes más directos y fáciles de comprender. Podemos discutir si un socio fundador está legitimado para sentirse orillado si después del acto fundacional consagra su acción política a ser profundamente anticonstitucional, o si la experiencia recomienda que cualquier reforma que se lleve a cabo, se haga, al menos, al margen de estos desleales, cuando no en su contra; pero ya les digo, eso es discutible.

Lo que ha sucedido es que, como siempre, la interpretación del papel de CiU ha sido extensiva y donde pone CiU, ahora se lee Cataluña o los catalanes. Vamos, que no ha sido CiU la marginada, sino Cataluña entera. Nos quieren callados y pagando, han llegado a escribir. El problema de que un solo partido se arrogue tanta representación es que las cifras no cuadran. Aunque haya diputados del PP por Barcelona que van poco o muy poco por Barcelona –lo mismo que va por Cádiz Alfredo Pérez Rubalcaba, diputado por Cádiz, o un tal Bermejo por Murcia– lo cierto es que en el Congreso hay cuarenta y siete diputados elegidos por las cuatro provincias catalanas, y no sólo los diez de CiU y los tres de Esquerra. De esos cuarenta y siete, veinticinco son socialistas, ocho son del PP, diez de CiU, tres de ERC y uno de Iniciativa. Y en la votación sobre la reforma de la Constitución los veinticinco del PSC y los ocho del PP han votado a favor, frente a los otros catorce que han votado en contra o que no han votado. Y esos treinta y tres diputados que han votado a favor representan, más o menos, a dos millones doscientos mil votos, frente al millón doscientos mil representados por los otros contrarios. Vamos, un millón de votos más. Y si las encuestas aciertan, aunque el PSC pase de veinticinco a dieciséis diputados, CiU suba hasta quince o alguno más, y el PP pueda llegar a doce, la cosa no variará excesivamente. Es decir, que lo que hemos votado los catalanes por una aplastante mayoría es que estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución. A través de nuestros diputados, pero es lo que hay. Así que ni choque de trenes, ni marginación, ni humillación, ni ruptura. Por eso, para la próxima vez que alguien se arrogue la representación de Cataluña, de los catalanes y de sus sentimientos, le recomiendo que se compre una calculadorita en el Vips. O mejor, en El Corte Inglés, que es patrocinador de esta casa.

Libertad Digital – Opinión

Al descubierto la otra ‘trama Gürtel’, para desesperación de RBCB. Por Federico Quevedo

Era, probablemente, de los pocos asideros que le quedaban a Alfredo Pérez Rubalcaba de cara a las próximas elecciones generales del 20-N: la ‘trama Gürtel’. Pero un auto demoledor del juez Pedreira -magistrado que, por cierto, está donde está no precisamente por decisión de la cuota del CGPJ nombrada por el PP para mayor deshonra de la actuación partidaria con la que el Gobierno ha manejado este asunto- ha desmontado la famosa trama en la que el Gobierno y el Partido Socialista habían puesto su máximo empeño, es decir, en pretender demostrar la financiación ilegal del PP. Pues no señor. No hay Filesa del PP. Aquí el único partido sobre el que la justicia ha demostrado que se financió ilegalmente sigue siendo el Partido Socialista Obrero Español, les guste o no les guste, y la famosa ‘trama Gürtel’ ni es ni ha sido nunca un montaje de financiación ilegal del partido que lidera Mariano Rajoy.

«¿Significa esto que no existe la ‘trama Gürtel’? No, significa que lo que existe es lo que siempre defendimos algunos, una serie de pillos que se quisieron aprovechar del PP y que consiguieron engañar a algunos cargos de este partido, pero lo que no hubo bajo ninguna circunstancia fue financiación ilegal.»

La verdad es que han sido casi tres años de persecución incansable, de montajes policiales y judiciales bajo la directriz del entonces ministro del Interior y hoy candidato socialista, que de manera irregular y, sobre todo, antidemocrática, utilizó las instituciones del Estado contra el PP y al servicio del PSOE. Es verdad que yo mismo defendí en su momento la conveniencia de que ante la avalancha de información y, sobre todo, ante la dureza de la campaña de acoso a la que estaba siendo sometido el PP, los imputados abandonaran sus cargos, como finalmente ocurrió. No porque fueran culpables de nada, sino porque era evidente que su permanencia estaba minando la imagen de Mariano Rajoy y perjudicaba sus aspiraciones y las aspiraciones de su partido. Así que por lealtad a las siglas y porque de esa manera podrían preparar mejor su defensa, era bueno que dimitieran. Hoy cabe afirmar que hacerlo así fue un acierto: la presión sobre el PP desapareció en cuanto abandonaron sus cargos, y su defensa ha conseguido demostrar su inocencia y que así lo vea el juez instructor al archivar las causas contra Bárcenas, Merino y Galeote.

¿Significa esto que no existe la ‘trama Gürtel’? No, significa que lo que existe es lo que siempre defendimos algunos, una serie de pillos que se quisieron aprovechar del PP y que consiguieron engañar a algunos cargos de este partido, pero lo que no hubo bajo ninguna circunstancia fue financiación ilegal. En el fondo, todo se ha basado en una pura campaña de marketing perfectamente orquestada: para que pareciera que había financiación ilegal, había que conseguir poner bajo sospecha a destacados miembros del partido y, sobre todo, a los que se ocupan de los dineros, en este caso Luis Bárcenas. Luego solo hacía falta contar con un juez sin escrúpulos -Baltasar Garzón- y medios de comunicación dispuestos a la causa, que de eso nunca le falta al Partido Socialista, y la verdadera trama, la otra ‘trama Gürtel’, estaba montada y lista para utilizarse contra el PP. Lo siguiente ahora debería ser pedir responsabilidades políticas a quienes pusieron esto en marcha, porque este tipo de operaciones de cloaca y estercolero hacen mucho daño a la credibilidad del sistema y al sostenimiento del Estado de Derecho.

Cuando un partido político y un Gobierno se saltan a la torera las más elementales normas de conducta democrática, y cuando desde las tribunas de opinión se juzga y se condena sin dar ni siquiera pie a la presunción de inocencia, el daño que se hace al sistema puede llegar a ser irreparables. Ya no se trata solo del daño personal que se le haya podido hacer al señor Bárcenas, al señor Merino, al señor Galeote… que también. Se trata de la esencia misma de un Estado de Derecho, que se fundamenta en el galantismo, y la primera de todas las garantías jurídicas es que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y lo contrario lo debe demostrar un juez en un juicio justo e imparcial. Y nada de eso ha habido aquí. ¿Quién pide ahora perdón? ¿Quién asume la responsabilidad? Nadie, por cierto. En estas mismas páginas digitales hay alguno que debería revisar muchas de las cosas que ha escrito sobre los ahora exculpados de delitos que para muchos eran inapelables. Al menos, espero que se les caiga la cara de la vergüenza.

El Confidencial – Opinión

¿A quién queremos engañar? Por Francisco Muro de Iscar

Otoño caliente porque sindicatos, indignados del 15-M, profesores y otros colectivos andan pidiendo que no se eliminen gastos ni inversiones en los presupuestos, que no se recorten derechos sociales ni se pida a los profesores de Madrid o de Castilla-La Mancha que den dos horas más de clase -ojo, no se trata de trabajar dos horas más a la semana sino de dedicar dos horas de otras actividades a dar clase- ni mucho menos que se modifique la Constitución -eso sí, con nocturnidad y alevosía- para poner límite de gasto a las Administraciones públicas. De lo que no se ha dicho nada por los sindicatos o los indignados es de la reforma laboral que ha hecho el Gobierno gracias a la cual las empresas podrán contratar en prácticas a los jóvenes y renovarles contratos temporales sin límite ¡hasta los 30 años! Un Gobierno que dijo que quería acabar con los contratos basura ha acabado haciendo basura con los contratos y haciendo lo que los empresarios ni se hubieran atrevido a proponer.

Necesitamos, ahora más que nunca, un debate sereno sobre la situación real de España porque da la sensación de que algunos agentes sociales, algunos partidos y muchos ciudadanos no son conscientes de la situación real: el doble de desempleados que la Unión Europea y hasta en agosto, con un gran año turístico, ha subido el paro; están cayendo los ingresos tributarios, es decir ingresamos menos de lo previsto a pesar de subir los impuestos, o tal vez por eso; cae el consumo de los ciudadanos; el superávit de la Seguridad Social, el colchón que garantiza pensiones y prestaciones sociales, baja a la mitad; no invierte nadie porque no hay confianza; la Bolsa está hundida; todos los organismos internacionales rebajan las previsiones de crecimiento de España para 2011 y 2012, fijados por el Gobierno; el euribor está por encima del 2 por ciento; los bancos no dan crédito; y, por si fuera poco, la reforma que fija límites al gasto de las Administraciones es un brindis al sol porque se aplicará a partir de 2020, no fija sanciones a los incumplidores y no pone cifras a ese límite porque se deja para una ley orgánica que se modificará cuando interese.

¿A quién queremos engañar? ¿Cómo no va a haber recortes de gasto y hasta de sueldos en todos los sectores? ¿Cómo mantener el Estado del bienestar si no hay ingresos para ello? ¿Cómo vamos a pagar la deuda si no tenemos dinero en la caja y no nos prestan más o, si lo hacen, tenemos que pagar unos intereses salvajes? ¿Cómo no reducir el número de asesores, interinos, funcionarios, etc. y exigir más trabajo a los que quedan? El nuestro es un problema de productividad y de competitividad, pero también de austeridad. No se puede repartir lo que no se tiene. Sobre todo si falta sentido común y voluntad de explicarlo y negociarlo.

Periodista Digital – Opinión

Mujeres. Por Alfonso Ussía

Nathalie Clifford Barney lo dejó clarísimo con su brillante sentencia: «Ni la feminidad ni el feminismo es cuestión de sexo, porque un francés es siempre más mujer que una inglesa». Lo mismo sucede con la masculinidad y el machismo. No por acostarse con mil mujeres se demuestra la hombría. Otra cosa es la virilidad. Don Gregorio Marañón puso en duda en un interesante ensayo la hombría de don Juan Tenorio, ya fuera el de Tirso de Molina o el de José Zorrilla. Aprovechando el debate, don Pedro Muñoz-Seca y su colaborador don Pedro Pérez Fernández estrenaron con gran éxito su comedia «La Plasmatoria», cuyo protagonista era un extraño instrumento que devolvía la vida a los muertos. El primer aparecido era el Tenorio, que se dirigía al patio de butacas, y bastante airado, preguntaba al público: «¿Dónde vive Marañón?».

He leído el último mensaje de Gadafi. «No vamos a rendirnos. No somos mujeres». Gadafi demuestra una mariconería elemental con su desprecio a las mujeres. Las sociedades islámicas y musulmanas tienen muy difícil su desarrollo social mientras se mantenga en la ley y en la costumbre el desprecio hacia la mujer. Las mujeres han sido, son y serán mucho más valientes que los hombres a lo largo de la Historia. El propio Gadafi encomendó su seguridad a unas centurias de mujeres durante sus cuarenta años de tiranía. Ahora empiezan a contar lo que antes callaron, y ya le han señalado dos de ellas de violador. Pero un hombre que desprecia a las mujeres no es un hombre. Para mí, que Gadafi le da al pelo y a la pluma, y más a la pluma que al pelo. Ese bótox, esas cremas, esos atavíos, esos movimientos, ese travestismo, ese histerismo de gacela herida, ensucia el paisaje de la hombría. Si estuvieran con él, allá donde se esconda, sus fieles mujeres guardianas, sus cobras leales, se sentiría más seguro y mejor defendido. Gadafi es más hiena que león, pero tiene de este último la melena y su dependencia de las leonas para sobrevivir.

«No somos mujeres». Idiota. Un ejército compuesto únicamente por mujeres sería casi invencible, y más aún, en las sociedades en las que se les abre una ventana de protagonismo porque toda la luz pertenece a los hombres. Se podrá haber beneficiado a sus cuatrocientas o quinientas centinelas, pero no es un hombre. Un hombre rodeado de mujeres, y Gadafi eligió su entorno, no puede concluir en el desprecio o el desafecto por ellas.

El misógino lo es, entre otros motivos, porque admira a la mujer y se siente acomplejado junto a ella. Margaret Thatcher, tan vilipendiada, acertó de lleno: «Si queréis discursos, pedídselos a los hombres. Si preferís los actos, a las mujeres». Lo demostró. Aquí en España los hombres montaron el GAL, y muy mal por cierto. Todavía siguen los discursos. En Gibraltar fueron abatidos unos terroristas del IRA. «Yo he disparado», le respondió Margaret Thatcher al típico parlamentario tonto de la Oposición, que en Inglaterra también existen. En una conversación a dos, Esperanza Aguirre metería a Gadafi debajo de la mesa. Porque los hombres de la izquierda española, aborrecen a Esperanza Aguirre por su valentía, que la mayoría de ellos sólo la conocen mediante el insulto y la descalificación amparados en el anonimato. La mujer habla y actúa, y el hombre murmura y se reúne. Se reúne para tomar, después de muchas reuniones, la decisión de actuar que ya ha tomado la mujer previamente sin reunirse con nadie. Ahí tienen, en un asunto menor, a Rita Barberá mostrando su bolso a los periodistas. «Sí, ha sido un regalo, ¿y qué?».

«No somos mujeres... para nuestra desgracia». No se le ocurrió. La que le espera al trucha.

La Razón – Opinión

Reforma. Y los alienígenas sin aparecer. Por Pablo Molina

Se acabaron las excusas para impiden a los gobiernos extender el déficit hasta el infinito y, de paso, solucionamos el problema del paro en España, con la industria bélica como nuevo modelo económico para tirar del PIB.

La desazón de la izquierda moderadamente radical y el nacionalismo radicalmente moderado a cuenta de la reforma constitucional que Zapatero y Rajoy han impuesto al resto de partidos, obedece a razones que tienen que ver más con la preservación de sus respectivas señas de identidad que con el contenido real de la modificación planteada y sus efectos en la economía y la política españolas.

La izquierda no quiere ni oír hablar de una reducción del déficit, incluso en términos tan inocuos como los del texto planteado, porque ante la amenaza de reducir el gasto público sus votantes salen a gritar a la calle como un reflejo pavloviano. Que lo hagan contra Esperanza Aguirre es lo que se espera de ellos, pero si acaban apedreando las sedes de IU por traidores de clase el negocio de sus dirigentes se acaba de inmediato, y eso es algo que los Llamazares, Lara y compañía pretenden evitar a toda costa. Los nacionalistas, por su parte, van a lo suyo, es decir a lo de siempre, a utilizar el simulacro de debate constitucional para esgrimir su inacabable memorial de agravios, al objeto trincar más trozos de la tarta nacional bajo la amenaza de una secesión que, por desgracia, nunca tienen las agallas de abordar en serio.

Zapatero no ha conseguido ahormar en torno a la reforma del 135 a tan variopinta concurrencia. A él ya le da igual ("para lo que me queda en la Moncloa...), pero Rubalcaba va a tener muchos problemas, todavía más, para alcanzar una derrota no demasiado abultada el próximo 20 de noviembre, algo que con la izquierda fetén en las calles protestando contra este "golpecito de estado" e indignándose contra la policía convierte ese objetivo en algo prácticamente inalcanzable.

Ahora que todo podría tener solución, claro. Tan sólo ha de cumplirse el deseo de Paul Krugman, keynesiano de pro y un genio de la economía, que para eso tiene un Nobel, y que los cielos de las grandes capitales del planeta aparezcan mañana llenos de naves nodriza procedentes de civilizaciones extragalácticas como en las mejores películas de Hollywood. Se acabaron las excusas para impiden a los gobiernos extender el déficit hasta el infinito y, de paso, solucionamos el problema del paro en España, con la industria bélica como nuevo modelo económico para tirar del PIB.

El problema es que resulta más que dudoso que algo así suceda. Además, con la mala suerte que viene tiene la izquierda en lo que va de siglo, si finalmente se presentan los visitantes igual vienen en son de paz y en lugar de una guerra en condiciones el argumento sólo nos da para una mala secuela de ET.

Libertad Digital – Opinión

Juicio político

España se ha acostumbrado con sorprendente naturalidad a aceptar como verdades tangibles las conclusiones de los juicios paralelos montados sobre el arranque de procedimientos judiciales e incluso sin ellos. La izquierda se ha convertido en una instigadora profesional de los procesos inquisitoriales con finalidad política en los que las salvaguardas y las garantías inherentes a un Estado de Derecho saltan hechas añicos. El cerco al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y al diputado popular Jesús Merino por el sumario Gürtel ha sido un paradigma de esa contaminación política de la Justicia. El PSOE montó y explotó un juicio político, con la colaboración de sus terminales mediáticas, para presentar al PP ante la opinión pública como un partido corrupto. Falsedades, manipulaciones y montajes sirvieron para levantar una tramoya que el tiempo y el Estado de Derecho han desarbolado en buena medida.

El archivo de la causa contra Bárcenas y Merino, decidido por el juez del «caso Gürtel», ha puesto en evidencia las maquinaciones socialistas que, lejos de esperar y atender al desarrollo de la instrucción judicial, sentenciaron y condenaron a Bárcenas y Merino y, por elevación, al PP. Hoy, tras largas e intensas investigaciones y un enrevesado deambular por distintos tribunales, la Justicia ha determinado que no existen pruebas de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que se le imputaban al ex tesorero ni de fraude fiscal y cohecho que se le atribuían al ex diputado.

La respuesta del PSOE a la exculpación, mediante un comunicado oficial, ha sido todavía peor que su negativo papel instigador en este asunto. Para el partido del Gobierno y para su candidato a las elecciones generales, el auto de sobreseimiento del instructor ha sido irrelevante. Lejos de hacer autocrítica, asumir errores y mostrar su respeto a la decisión del juez, la dirección socialista no se ha dado por enterada y ha exigido explicacionesy dimisiones al Partido Popular por Gürtel.

El PP ha denunciado que la causa abierta contra sus antiguos cargos fue un «montaje político» cuyo «principal director» fue Alfredo Pérez Rubalcaba. La génesis, el desarrollo y el epílogo del caso refuerzan una hipótesis veraz a la vista del papel protagonista de policías de la confianza del ex ministro del Interior y ex vicepresidente y de la contribución decisiva de la Fiscalía General del Estado, siempre en línea y conforme con la estrategia del Gobierno y del PSOE.

Los juicios políticos son una disfunción en democracia que socava las garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Estas confabulaciones partidistas contra el adversario, en las que se da por hecho que los imputados deben probar su inocencia y no la Justicia demostrar la culpabilidad, perjudican la credibilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en la clase política. El PSOE, con su candidato al frente, debe replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar para debilitar al adversario y si compensa el desprestigio que suponen estas malas prácticas.

La Razón – Editorial

Minimizar los daños

La reforma constitucional, para reforzar la zona euro, sale adelante con un grave coste político.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera reforma sustancial de la Constitución de 1978, que ahora deberá seguir su trámite en el Senado. El acuerdo entre socialistas y populares impidió que prosperasen las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, algunos de los cuales se ausentaron de la Cámara durante la votación para expresar su oposición. Los intentos de los partidos mayoritarios para que CiU se sumara al acuerdo concluyeron en fracaso. Y aunque los diputados socialistas aceptaron la disciplina de voto con solo dos excepciones, la fijación de un techo de gasto en la Constitución ha abierto heridas que transmitieron una imagen de resignación y de fractura interna.

El Gobierno y el Partido Popular han justificado la reforma por la necesidad de incrementar la confianza en la economía española. Se trata de un discurso para salir del paso, en la medida en que solo de manera remota puede tener influencia sobre las actuales necesidades de financiación una medida que no entrará en vigor hasta 2020, y que además depende para su concreción de lo que establezca una ley orgánica. La reforma no es un mensaje a los sedicentes mercados, sino a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos. Es decir, Francia y Alemania.

Poco ganan socialistas y populares sustituyendo la explicación política de la reforma por un lenguaje mágico que ofrece sacrificios para conjurar los males que acechan a la economía española. Si la inclusión del artículo 135 en la Constitución era una condición necesaria para avanzar en la eventual creación de los eurobonos, los ciudadanos, que además no podrán expresarse en referéndum, tenían derecho a saberlo. La maltrecha construcción europea también habría ganado si, en lugar de adoptar una medida aislada y en un único país, la reforma se hubiera enmarcado en una estrategia común a la eurozona. Es probable que, tras el gesto español, otros países sigan esa senda, necesaria por lo demás. Pero el orgullo de pioneros no es razón suficiente para renunciar de antemano a un acuerdo de la eurozona. En Europa hoy, no son las instituciones y los procedimientos lo que impera, sino que es posible que dos Estados miembros formulen algo parecido a un ultimátum y que los demás emprendan una desordenada carrera para plegarse a él.

En cualquier caso, la reforma está lanzada y el objetivo es ahora minimizar los daños políticos que ha provocado, sean muchos o pocos los beneficios económicos que reporte. Hasta ahora, la Constitución había soportado la desafección de grupos heterogéneos, desde los nacionalistas hasta los críticos de la transición, tanto de derechas como de izquierdas. A partir de este momento se puede enfrentar, además, a una desafección social, la de quienes, pese a la reforma, seguirán pagando las consecuencias más graves de la crisis.

El País – Editorial

Un ultimátum también para PP y PSOE

Si no hay cumplimiento voluntario del ultimátum del Tribunal Supremo, corresponderá al PSOE y al PP defender la división de poderes en nuestro país y garantizar los derechos de los catalanes, aun en contra de los deseos de CiU.

El desacato de la Generalitat de Cataluña a las reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo, inspiradas a su vez en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el encaje del Estatut en nuestro ordenamiento jurídico, pone de relieve dos graves deficiencias de nuestro Estado de Derecho.

La primera es que, al parecer, una parte de la administración pública –en concreto el Gobierno autonómico de Cataluña– parece estar exenta de cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales. La Generalitat ha hecho caso omiso al mandato del Tribunal Supremo y nada se ha intentado para forzar su cumplimiento. No olvidemos que el sometiendo forzoso a las leyes no es ningún prejuicio reaccionario que limite la "libertad" o la "autonomía" de los incumplidores; al contrario, es una garantía de que la administración no violentará las libertades de los ciudadanos. Cada día que pasa sin que la Generalitat acate la sentencia del Supremo es un día más que ésta viola impunemente las libertades y los derechos de los catalanes.

El segundo es que ese exceso de celo de la Generalitat por incumplir las leyes tiene como propósito prolongar un proceso de imposición lingüística en el ámbito educativo. Es decir, los nacionalistas ni siquiera incumplen la ley para obtener un lucro personal directo, sino que lo hacen por motivos puramente colectivistas: utilizar a los ciudadanos catalanes como peones en la construcción de la Gran Cataluña. Tal es el fanatismo identitario de los nacionalistas –fanatismo que, como es obvio, impregna todas sus acciones de gobierno, no sólo las que afectan a la educación– que están dispuestos a rebelarse contra las órdenes del más alto tribunal de España con tal de no dar su brazo a torcer.

Si no hay cumplimiento voluntario del ultimátum del Tribunal Supremo, corresponderá al PSOE y al PP defender la división de poderes en nuestro país y garantizar los derechos de los catalanes, aun en contra de los deseos de CiU. En este caso, no caben componendas electorales ni medias tintas conciliadoras; lo que está en juego es demasiado importante, mucho más que un eventual apoyo parlamentario del nacionalismo catalán.

Libertad Digital – Editorial