Reforma. ¿Consenso o cambalache constitucional? Por Agapito Maestre

Desasosiego político provoca que un paquete de reformas, no entro ahora en valorar su calado, se hayan pactado por los dos grandes partidos en tan poco tiempo sin apenas ser explicadas ni debatidas en la sociedad y en el Parlamento.

Contrasta el alto nivel de satisfacción que reflejan las elites del PSOE y el PP por el consenso obtenido para alcanzar el equilibrio presupuestario con el rigor crítico, e incluso de acerado sarcasmo, con el que se están analizando las medidas. El diálogo y el consiguiente acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP fueron, al principio, muy bien recibidos por los ciudadanos en general y por los medios de comunicación en particular. Pero, al poco tiempo, casi a las 48 horas, de ser conocidos los procedimientos y los contenidos del paquete de las reformas, especialmente la referida al cambio constitucional, se ha producido una reacción crítica virulenta no sólo por una parte de la opinión pública reflejada en los medios de comunicación, sino también por un buen puñado de especialistas en cuestiones económicas y también en Derecho Constitucional.

Es como si se hubiera pasado de una actitud de entusiasmo por el consenso entre PP y PSOE, después de no sé cuánto tiempo sin hablarse ni mirarse el Gobierno y la Oposición, al derrotismo de quien ya ha empezado a ver en ese acuerdo un cambalache entre las elites políticas para engañar a los mercados y, de paso, a los países de vanguardia de la UE. Sin militar entre las filas de los entusiastas y, por supuesto, lejos de quienes no quieren analizar el potencial altamente simbólico, decisivo siempre en las democracias, que tiene este consenso para la política española, quiero creer que es necesario pasar por una etapa intermedia de cierto desasosiego intelectual y político.

Desasosiego intelectual, sin duda alguna, produce el procedimiento elegido para controlar el déficit estructural del Estado y, sobre todo, de las Autonomías a través de una reforma de la Constitución a mata caballo y, seguramente, sin haber sido explicada con la pedagogía suficiente a los ciudadanos; por no hablar, naturalmente, de quienes cuestionan la legalidad de la reforma sin pasar por la vía del referéndum. La búsqueda del equilibrio de los presupuestos a través de una cláusula constitucional no deja de resultar un procedimiento alambicado, por decirlo suavemente, que más parece querer ocultar algo que dar satisfacción a una exigencia de la UE.

Desasosiego político provoca que un paquete de reformas, no entro ahora en valorar su calado, se hayan pactado por los dos grandes partidos en tan poco tiempo sin apenas ser explicadas ni debatidas en la sociedad y en el Parlamento, en fin, sin política de verdad. Es como si unos, los del PP, quisieran exagerar su alto espíritu de consenso para el presente y el futuro; y los otros, los del PSOE, tapar algunos agujeros importantes después de los boquetes terribles que han hecho en la hacienda pública. En fin, el alambicado y aparatoso procedimiento elegido para fijar un límite al déficit estructural mueve a la sospecha y al desasosiego político e intelectual, sobre todo si se tiene en cuenta que los acuerdos alcanzados entre el PP y el PSOE son menos exigentes que la Ley de Estabilidad de 2001 y la reforma de 2006.

Libertad Digital – Opinión

Todo es posible. Por Enrique López

Vivimos tiempos muy extraños y aunque desde una perspectiva histórica esta frase ha servido para explicar múltiples sucesos, lo que sí es cierto es que desde la perspectiva que da una vida, en estos momentos asistimos a sucesos que por más explicación que tengan no dejan de sorprender. La situación económica está marcando muchos de estos sucesos, y lo imposible se convierte en posible; sólo hace falta leer los periódicos de los últimos días para ver cómo la situación económica ha forzado un consenso constitucional tan inimaginable como necesario en España, y que ojalá en un tiempo no muy lejano, pueda ser extendido a otros extremos. No voy a entrar en el contenido de la reforma, pero si bien de la necesidad dicen que se hace virtud, sería bueno ante otros problemas, no llegar a situaciones límites. Por otro lado, hemos asistido a la actuación económica concertada en Europa de mayor calado en los últimos tiempos y ello para tranquilizar los mercados bursátiles en ayuda de las economías nacionales que estaban viéndose asediadas desde los propios mercados y por la actuación de los mismos. Hace más de un año, escribía en esta misma Tribuna que «Soluciones hay, y no se trata de penalizar, ni inventarse fiscalías europeas ad hoc, sino de identificar y regular las ventas ‘‘en corto’’ (short selling), operaciones de venta en descubierto concertadas en el mercado de contado con títulos obtenidos en préstamo durante la misma sesión de negociación» y que «se deben regular las denominadas ventas a crédito, en las que las entidades financieras se encargan de prestar los valores que el cliente quiera para, a continuación, venderlos al precio del día». Lo primero es difícil de mantener de forma permanente porque iría contra la esencia del propio mercado de valores y lo segundo, difícil de controlar, pero no cabe duda de que soluciones que hace poco tiempo se consideraban imposibles, hoy se hacen necesarias. Aun así, no debemos olvidar que se está ante cirugía de urgencia, debiéndose analizar lo que está pasando y por qué, para así tomar decisiones de futuro. Gran parte del problema económico mundial, y del cual es tributaria nuestra economía, se centra en lo que los expertos llaman la dominación de la industria por las finanzas, esto es, los mercados financieros han sometido a la industria, manufactura, servicios, etc., como un designio de economía global. Pero el problema real es que no sólo la economía financiera conduce a la economía real, la productiva, sino que además lo hace con total desprecio de la misma, hasta el punto de que el mercado tiene que defenderse de sí mismo, esto es, se tiene que comprar deuda soberana y privada, para preservar el normal funcionamiento del propio mercado, y ello contra sus propias actuaciones. ¡Qué paradoja, utilizar el mercado para defenderse del mismo mercado! A esto ha conducido el exceso de deuda por el temerario apalancamiento de la misma permitido en la últimas décadas, lo cual ha aumentado la inversión no productiva y el consumo, y no sobre la base de riqueza, sino de crédito. Esto requiere más deuda para pagar este crédito, y así se genera un círculo vicioso donde deja de ser prioritaria la actividad productiva, y al final es difícil distinguir quién debe a quién y cuánto. A esto se le debe añadir la oscuridad que se ha instalado en muchas operaciones, donde el riesgo aparece totalmente camuflado, desaprendiendo una de las máximas del mercado financiero: el conocimiento del riesgo. Todo ello ha producido una quiebra de confianza, fiducia, algo necesario en un mercado en el que todo se tituliza y vale al margen de su valor real. Recuperar la confianza perdida no es gratis ni se genera por Ley; se requiere diseñar instrumentos que la otorguen y soporten. Cuando un ciudadano realiza un pago con su tarjeta de crédito, confía en él porque les firma un documento abierto con la tarjeta de crédito, y no porque suelte un discurso acerca de lo honorable y buena que pueda ser su persona. Y el comerciante confía en un instrumento que al instante les dice que cuenta con crédito disponible, y este sistema es confiable porque el banco emisor posee información exacta acerca de su disponibilidad y capacidad de pago. Los gobiernos e instituciones deben diseñar mecanismos para restablecer la fiducia con instrumentos que evalúen a los agentes financieros que elaboran la información y transparencia necesaria, y un esquema de regulación que otorgue garantías de que la codicia de algunos operadores financieros no volverá a aparecer en los mercados. Al final no podemos olvidar que tras los mercados hay personas, con sus valores y sus miserias. Hay que apostar por la economía productiva, y ésta es la que debe determinar la financiera y no al revés. Esto requiere instrumentos regulatorios, pero también un rearme de valores y principios. En estos momentos todo es posible.

La Razón – Opinión

La dignidad de Cataluña. Por José Carlos Rodríguez

Todo lo cual crea ciertas expectativas. ¿Quién será este héroe de la política catalana? Pues el poseedor de estas palabras: "las oleadas migratorias son un plan para descatalanizar Cataluña".

Ha muerto Heribert Barrera. El lector no avisado debe saber que Barrera fue consejero de la Generalidad de Cataluña durante la Guerra Civil y que fue el primer presidente del Parlamento catalán tras la instauración de la democracia en la Transición. Entre una y otra ocupación media una notable carrera de científico y profesor.

Si estos datos le dejan frío al lector, oiga las palabras que se han volcado sobre su reciente cadáver. Jordi Pujol ha dicho que "merece el agradecimiento y el recuerdo entrañable del pueblo de Cataluña" pues "fue un defensor de los derechos y de la dignidad de Cataluña". Claro, esto ya es otra cosa. Es, en concreto, la dignidad de Cataluña, nada menos. El también muy honorable Artur Mas también ha destacado su coherencia y lo ha propuesto como ejemplo para la juventud. Un millón y medio de peregrinos de la JMJ, al fin y al cabo, pueden estar equivocados sobre qué ejemplo deben seguir. Reagrupament lamenta que con él se ha perdido "un patriota de alta calidad intelectual y humana".

Todo lo cual crea ciertas expectativas. ¿Quién será este héroe de la política catalana? Pues el poseedor de estas palabras: "las oleadas migratorias son un plan para descatalanizar Cataluña". A él le gustaría "una Cataluña como la de la República". Es decir, ¿una Cataluña democrática?, no, "sin inmigrantes". Pues "es más importante salvar Cataluña que la democracia", con sus incómodas y cabe pensar que anticatalanas salvaguardas de los derechos individuales. Como el de emigrar o educar en español. Pero su pensamiento, para desmentir su apellido, carece de fronteras y llega a cruzar el continente: "En América los negros tienen un coeficiente intelectual inferior a los blancos", lo cual agitado en la coctelera de su pensamiento con que "se debería esterilizar a los débiles mentales de origen genético" produce vértigo. Es normal, dada la altura de la calidad intelectual y humana de Barrera. En ese esquema de valores entra como un guante (me los pongo para colocar aquí la cita), esta declaración: "Me merece más respeto un asesino de ETA que un delincuente común, puesto que el etarra mata por convicciones nobles, no por dinero". Es la "política sin eufemismos" que ha alabado otro dirigente catalanista.

Sin duda fue "fiel a sus principios, honesto, íntegro y nada demagógico", como ha dicho el propio Pujol. ¿Qué Cataluña oficial es esta que encumbra a un racista xenófobo partidario de la eugenesia? La que encarna, cabe pensar, la dignidad de Cataluña.

Libertad Digital – Opinión

El Estado contracultural. Por José María Marco

Hace veinte años, en 1991, Marc Fumaroli, profesor y ensayista francés, publicó una obra que se ha convertido en un clásico. Se titulaba «El Estado cultural», y existe una edición española, muy recomendable. Fumaroli describía cómo el Estado francés había hecho de la Cultura una de sus principales instancias de legitimación. El resultado es que la política cultural se había convertido en la economía política del ocio colectivo y la política cultural, en la promoción de los motivos de distracción.


El análisis de Fumaroli era impecable y, como tantas otras veces, no tuvo ninguna repercusión. En España las cosas han seguido un camino parecido porque, como en tantas ocasiones, copiamos el modelo francés sin pararnos a pensar si era lo más conveniente. Aunque en estos veinte años se ha avanzado mucho en recuperación y mejora del patrimonio, también se han llevado hasta su extremo algunos de los vicios denunciados en 1991. Entonces se pudo hablar de la cultura como religión sustitutiva. Hoy ya nadie se cree eso y la cultura, la cultura tal como se concibe en los despachos oficiales, se ha convertido, en buena medida, en un instrumento de marketing. Gestionado con prudencia para no perjudicar las obras, esto puede tener efectos positivos, aunque conviene recordar de vez en cuando que la catedral de Toledo, por ejemplo, no es Disneyworld.

Tal vez sería necesario, en cambio, rectificar algunas derivas. Uno de ellos es el gigantesco gasto en cultura que, tal y como había anunciado Fumaroli, no ha servido para dar continuidad al legado recibido. A pesar de las cantidades derrochadas, del personal comprometido y de las decenas de «contenedores culturales» levantados por toda España, hoy los niños españoles no pueden asistir a una función decente de nuestros clásicos, no hay una programación consistente de zarzuela y lo que debería ser un buque insignia, como el Teatro Real, está dedicado a luchar contra el repertorio y la música española. En tiempos de crisis, cuando no hay dinero para pagar las medicinas ni los servicios de sanidad, será necesario pensar lo que es imprescindible y lo que no lo es. Mucho más en la nueva sociedad, en la que el sueño del Estado omnipotente se habrá desvanecido.


Además, en nombre de la modernidad y la libertad artística, la cultura oficial ha asumido un proyecto que tiene sus raíces más hondas en la contracultura de los años setenta. La cultura oficial está en la vanguardia de un proyecto militante destinado a emanciparnos de nuestras cadenas y liberarnos de nuestro pasado, en particular de nuestro pasado de españoles: a hacernos más ignorantes y más zafios, en dos palabras. Uno de los focos más activos de los ocupas indignados en Madrid es un antiguo edificio de Tabacalera cedido por el Ministerio de Cultura a un grupo de parásitos que lo ha bautizado como Centro Social Autogestionado. Así tantas cosas. Sería de agradecer que los próximos responsables de Cultura pensaran con seriedad en su cometido y empezaran, aunque fuera poco a poco, a librar a su departamento del activismo contracultural.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. La pintan calva. Por Emilio Campmany

Total que, con un poco de suerte, los nacionalistas se oponen a la reforma constitucional y demuestran que se puede hacer sin su consentimiento y aquí no pasa nada.

Esta reforma constitucional express, además de ser una propuesta tontiloca y acelerada, es inútil porque todo lo fía a un desarrollo legislativo con el horizonte puesto en 2020. Nadie explica por qué, si el límite es para 2020 y sólo si para entonces se dan determinadas circunstancias, hay que hacer la reforma en 15 días y no se puede esperar a la próxima legislatura a darle un par de vueltas al texto.

Y, sin embargo, una cosa buena va a tener esta reforma. Fuera perciben el nuestro como un país federal donde la Administración central es incapaz de disciplinar el despilfarro de los estados federados. La reforma trata de convencer a los mercados de que eso se ha acabado. Y para que esta percepción llegue a sus destinatarios lo mejor sería que los partidos nacionalistas votaran en contra. Probablemente lo harán, porque el texto está dirigido sin duda a limitar los poderes de las comunidades autónomas. Ojalá sea así. Con ello no sólo le habremos dado a los mercados lo que los mercados quieren, sino que además habremos demostrado que en España es posible reformar la Constitución sin el voto favorable de los nacionalistas sin que pase nada. Y así se habrá sentado un importante precedente para afrontar las muchas reformas que a nuestro Estado convienen sin necesidad de que los dichosos nacionalistas las tengan que bendecir.

Se dirá que el consenso de los nacionalistas es necesario porque fue con ese consenso con el que se redactó la Constitución de 1978. Pero no es así. No hay que olvidar que el PNV no aprobó la Constitución de 1978 para poder seguir recogiendo las nueces del árbol que agitaba ETA. Y hay que recordar que CiU viene ciscándose en la Constitución casi desde que entró en vigor ya que algunos de sus preceptos más importantes no rigen en Cataluña y porque la reforma de su estatuto implica un cambio por la puerta de atrás de la propia Constitución sin contar con otros españoles que no fueran los catalanes. Que los socialistas fomentaran tal atropello no excusa a los nacionalistas de haberlo perpetrado.

Total que, con un poco de suerte, los nacionalistas se oponen a la reforma constitucional y demuestran que se puede hacer sin su consentimiento y aquí no pasa nada. Lo que, con otra dosis de suerte, convencerá a nuestros políticos nacionales de que se pueden hacer más cosas, que son muchas las que conviene hacer, sin ese consentimiento. Que Urkullu y Duran i Lleida sigan poniendo el grito en el cielo, que suena a música celestial porque a PSOE y PP no les queda otra que terminar lo que han empezado, y PNV y CiU tendrán que subirse al carro o clamar en el desierto, que de las dos formas quedará demostrada su inanidad. El caso es que por una vez con Zapatero, y sin que sirva de precedente, no hay mal que por bien no venga. Menos da una piedra.

Libertad Digital – Opinión

En caída libre con Rubalcaba

A casi tres meses de las elecciones generales, la tendencia de intención de voto persiste y la distancia entre el PP y el PSOE es cada vez mayor. Definitivamente, la encuesta de NC Report que LA RAZÓN publica hoy confirma que el «efecto Rubalcaba» se ha diluido aceleradamente y que no ha logrado invertir la secuencia negativa de su partido. Los resultados son concluyentes y la comparación con la serie histórica alimenta el pesimismo generalizado que los dirigentes del PSOE manifiestan de puertas para adentro. Si se celebraran hoy los comicios generales, Pérez Rubalcaba obtendría un resultado aún peor que el de Joaquín Almunia y se quedaría con una representación similar a la de 1977 y 1979. Según el sondeo, el partido en el Gobierno alcanzaría de 117 a 119 escaños, por debajo de los 125 que logró el hoy comisario europeo. Para darse cuenta de la magnitud del descalabro basta con detallar que los socialistas pierden 3,9 millones de votos desde las últimas generales.

Enfrente, Mariano Rajoy se mantiene muy por encima del límite de la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 diputados, y lograría de 182 a 185 diputados. La alternativa política de Rajoy concita la confianza de una muy importante mayoría de españoles, más de 11,1 millones. El crédito del líder del PP es inversamente proporcional al que provoca el proyecto socialista del candidato y exvicepresidente. La diferencia en número de votos a favor de los populares –3,7 millones– no admite otra interpretación. Como tampoco la valoración de los líderes por parte de los españoles, en la que Rajoy mejora a Pérez Rubalcaba.

La radiografía electoral no arroja un solo elemento que permita presagiar una variación sustancial en el escenario político. Hablamos de 30 meses consecutivos de ventaja popular y 15,7 puntos de distancia a tres meses de las elecciones. En ese panorama, resulta especialmente significativo el voto de los jóvenes. Pérez Rubalcaba ha volcado su proyecto electoral hacia una izquierda radical, con guiños constantes a los «indignados», y planes de contingencia sobre el empleo juvenil. Pero los nuevos votantes tampoco confían en un político que formó parte del Gobierno que dejará una España con casi la mitad de los jóvenes sin trabajo. La encuesta refleja que el 46,3% de los nuevos electores apoyará al PP, mientras que sólo el 22,8% respaldará al PSOE. Además, el voto mayoritario a Rajoy se repite en todos los tramos de edad.

Pérez Rubalcaba no ha convencido porque no podía hacerlo. Su responsabilidad en el Gobierno del fracaso económico y la injusticia social es imposible de pasar por alto para un electorado hastiado de los socialistas y de la crisis. Y por si fuera poco, la división interna en el PSOE sobre la reforma constitucional ha evidenciado la falta de entereza y de credibilidad de su proyecto.
Los españoles quieren el cambio que representa Rajoy. Confían en su seriedad, capacidad y experiencia para emprender las reformas estructurales e institucionales necesarias. España ha perdido demasiado tiempo, pero esperemos que en estos tres meses el Gobierno sea capaz de mantener un entendimiento con el PP como el que ha presidido la modificación de la Carta Magna.

La Razón – Editorial

La Fed toma el mando

La Reserva Federal sigue identificando mejor que el BCE las prioridades contra la crisis.

Las expectativas suscitadas por la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en la convención bancaria de Jackson Hole (Wyoming), derivaban del posible anuncio de nuevas medidas de estímulo monetario con las que hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico. Será a mediados de septiembre, tras la reunión del comité de ese banco central, cuando conozcamos posibles actuaciones adicionales tendentes a evitar el estancamiento.

La desaceleración es un hecho. El mismo viernes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos difundía la revisión a la baja del crecimiento de esa economía en el segundo trimestre del año. Ha crecido menos de lo que la propia Fed esperaba: un 1% entre abril y junio, frente al 1,4% estimado inicialmente. En el primer trimestre lo hizo solo en un 0,4%. Son señales ciertamente débiles. En ausencia de serias amenazas inflacionistas es previsible, por tanto, que ese banco central vuelva a atender a su otro objetivo: la lucha contra el desempleo.

La actitud de la Reserva Federal desde que se inició la crisis en el verano de 2007 contrasta con la mantenida por el Banco Central Europeo (BCE). Ha identificado mejor los verdaderos riesgos, subordinando las amenazas inflacionistas a la mucho más inquietante desaceleración del crecimiento y sus efectos sobre el desempleo. Su actitud adaptativa quedó clara hace unas semanas al anunciar que mantendría los tipos de interés a corto plazo en el nivel próximo a cero hasta mediados de 2013. El Banco Central Europeo, por su parte, se ha precipitado no solo en elevar sus tipos de interés en varias ocasiones, sino en subordinar la muy precaria recuperación económica y del empleo a unas exigencias de ajustes presupuestarios en toda el área euro que, siendo necesarios, admitían su distribución en un horizonte a medio plazo, como la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha vuelto a sugerir. El resultado es que, a pesar de que fue en aquel sistema financiero donde emergió la crisis, ahora es en la eurozona donde la inestabilidad es más acusada.

El entorno económico global se ha deteriorado en los últimos meses lo suficiente como para que no quepa descartar que los bancos centrales tengan que acudir nuevamente con estímulos excepcionales. Si así fuera, la Fed sería nuevamente quien lideraría la asunción de esa prioridad por evitar males peores. El académico Bernanke conoce las consecuencias que en la extensión de la Gran Depresión tuvo la indecisión y tardanza en adoptar decisiones de estímulo. Las evidencias recientes en todas las economías avanzadas, y en algunas de las consideradas emergentes, así como las tensiones en los mercados financieros, han renovado las amenazas recesivas. Su alejamiento es compatible con el reforzamiento de los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo.

El País – Editorial

Bildu y el PSOE se quitan la careta

La ceguera del PSOE no se debe a su incapacidad para realizar el más elemental análisis político de la situación, sino más bien a las condiciones impuestas por ETA para que los contactos entre ambas partes continúen y lleguen a buen puerto antes del 20-N.

Después de una negociación que ha durado prácticamente dos legislaturas y que, de momento, ha concluido con la rehabilitación política y económica de la ETA, parece que el PP se está cayendo del guindo y comienza a admitir la existencia de un proceso de rendición del Estado de Derecho ante la banda terrorista.

Ha sido necesario que el Constitucional, por culpa de los magistrados socialistas, legalizara una formación política que ya desde sus inicios era un apéndice de la ETA, según todos los informes policiales, y que desde las instituciones no ha hecho más que ratificarlo insultando a las víctimas, para que los del PP se empiecen a cuestionar la permanente deslealtad de Zapatero hacia España.

Y es que, pese a todas las notorias evidencias que se han acumulado desde que el Constitucional decretara que Bildu no era el brazo político de ETA, los dirigentes socialistas siguen dándose cabezazos contra la realidad. Recientemente, el socialista vasco Rodolfo Ares y el vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, se han pronunciado en contra de promover la ilegalización de Bildu e incluso de plantear una moción de censura contra el diputado general por Guipúzcoa, Martín Garitano. La ceguera del PSOE no se debe a su incapacidad para realizar el más elemental análisis político de la situación, sino más bien a las condiciones impuestas por ETA para que los contactos entre ambas partes continúen y lleguen a buen puerto antes del 20-N.

Aunque muy tarde, hace bien el PP en poner el grito en el cielo. Pero no olvidemos que en menos de tres meses habrá elecciones generales y previsiblemente el partido de Rajoy se hará con el Gobierno. Ésa será la auténtica prueba de fuego para saber si la oposición blanda que en materia antiterrorista ha mantenido el PP hasta la fecha era fruto de un engaño del Gobierno o, en cambio, de la complicidad con éste. Esperemos que, no sólo en economía sino también en materia antiterrorista, el PP sea alternativa y no alternancia.

Libertad Digital – Editorial

Reforma constitucional. Limitar el déficit sin poner un límite. Por Ignacio Moncada

Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite.

El Gobierno de Zapatero siempre ha visto las leyes como instrumentos de marketing. Elementos con los que dar forma a su imagen pública. Nunca le han preocupado los efectos que provocan los nuevos mandatos, ni ha tenido el menor interés por los incentivos que generaba cada decreto que llevaba al Parlamento. Lo fundamental de las leyes era el titular del día siguiente. Por un momento pareció que el aún presidente, en una especie de repentino arrebato de lucidez previo a su muerte política, había decidido hacer algún bien por su país. Haciendo caso a las recomendaciones de las instituciones europeas, anunció que iba a promover una reforma constitucional para incorporar a nuestra Carta Magna un límite al déficit público. Prueba de que Zapatero conserva íntegras sus facultades políticas es que ha vuelto a sorprendernos. El anuncio del límite constitucional del déficit se va a quedar en eso: en el anuncio.

Nada más oír dicha propuesta de pacto constitucional, el Partido Popular se lanzó a apoyarla. La principal ventaja política que empuja a Rajoy a defenderla no es que llevara años pidiéndola de forma insistente, cayendo ésta noticia como una especie de prueba de que llevaba razón. No. Lo que le empuja a apoyar el cambio constitucional es algo mucho más potente: el recuerdo que tiene el electorado de Rubalcaba mofándose de la idea cuando la expuso Rajoy. Ese golpe de hemeroteca vuelve como un boomerang, y hunde, un poco más si cabe, las aspiraciones socialistas de conservar el poder. Éste ha sido el motivo, además, por el que Zapatero ha decidido cambiar sus planes iniciales e introducir en el artículo constitucional la literatura dictada por Rubalcaba.

Conste que un límite al déficit no garantiza nada, pues va acompañado de una larga lista de excepciones por las que los gobernantes pueden saltarse la norma siempre que les convenga. Cosa, por otro lado, que revela que los políticos siguen sin entender que no se debe gastar más de lo que se ingresa, y menos durante una crisis económica. Pero pese a todo, el candidato socialista, acorralado por la hemeroteca, ha logrado imponer su criterio. Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite. ¿No es magistral? Así puede presumir, aún habiendo perdido la batalla en los medios, de haber logrado evitar cualquier tipo de limitación legal al despilfarro político. Resulta lógico, pues durante toda su trayectoria política ha demostrado que cree ciegamente en el despilfarro como método de gestión presupuestaria. Y así nos ha ido.

Libertad Digital – Opinión

Hacer el agosto. Por Alfonso Merlos

Son ya muchos años. Seamos claros. Cuando se apunta que ciudadanos próximos a la izquierda «abertzale» se manifiestan contra las imposiciones españolas se está señalando en realidad que los limpiabotas de ETA toman las calles. Vuelven a hacerlo. Para berrear, para brindar o para darse un homenaje gastronómico siempre como tributo a unos asesinos que están en prisión por sus matanzas y sus letales amenazas. Es una película muy vieja pero, lo más grave, es que este verano, con motivo de las fiestas de Bilbao, se está volviendo a rodar ilegalmente ante la indiferencia y la estulticia de un irreconocible Estado de derecho.

Con autos de la Audiencia Nacional o sin ellos, es escalofriante la impunidad desde la que operan día tras día grupos de facinerosos que reproducen en sus tétricas pancartas y en sus sucios discursos, letra a letra y palabra a palabra, las proclamas que la banda terrorista difunde en sus comunicados. Ya se sabe: la estrategia policial torturadora, la política penitenciara criminal… y demás morralla en forma de propaganda que vomitan con todas las facilidades y comodidades los colegas de Garitano con tanta alegría como los de Ternera, porque al final son todos socios que navegan en el mismo barco, el del totalitarismo.

Pero, ¿esto es democracia? ¿Esto es normalización? Sin ninguna duda, no. Al contrario. Es la constatación de un fracaso de las instituciones judiciales para combatir el entramado social de apoyo a ETA/Bildu. Y es la escenificación de la falta de voluntad de políticos como Rubalcaba para comprender, primero, que la causa del terrorismo es su propio éxito; y segundo, que todo el terreno que los terroristas pueden ganar es simplemente aquel que los demócratas les dejamos libre.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Podría haber sido un paso... Por José T. Raga

¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales?

En el título reside mi preocupación. Entre "podría haber sido un paso" y "es un paso", hay una diferencia que supera la semántica de unas líneas que únicamente tratan de acercar a los lectores la opinión de quien no tiene otro atributo que su habitualidad en el medio en que se publican.

¿Por qué entonces ese escepticismo que subyace en el título? Las razones son varias. La primera, y me produce vergüenza mencionarla, es que la Constitución Española, como peso específico –entendiendo como tal, ese respeto pleno, en tanto esté vigente–, dista mucho de la Grundgesetz de Alemania Federal (1949), reformada en 2001; dista mucho también, al proteger a los individuos frente a los poderes públicos, de textos como la Magna Carta (1215) o la Bill of Rights (1689), ambas vigentes todavía hoy en el Reino Unido.

Para qué hablar de distancias con aquel Preámbulo de la Convención de 1787: "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta... y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, promulgamos y sancionamos esta Constitución..." pueblo protagonista, sin intermediarios y por encima de quienes pudieran erigirse como tales.

Tan lejos estamos que, hoy, serán pocos los españoles que crean en la fuerza indiscutible de lo establecido en nuestra Constitución. Las muestras de la historia reciente son tan numerosas, que no es anecdótico el hecho de eludir su cumplimiento. Recordemos lo que algunos estatutos de comunidades autónomas han supuesto para quienes creían en la soberanía de la Constitución. Recordemos la premura con la que se reúnen el presidente de la Nación y el de una autonomía, para ver cómo hurtarse a la decisión del Tribunal Constitucional cuando admite la inconstitucionalidad parcial del Estatuto.

¿De qué sirve, pues, que la limitación del déficit y la deuda figuren en la Constitución? ¿Qué garantías tiene su cumplimiento? Esto no lo entienden los alemanes, ni los británicos, ni los americanos... aunque nosotros, sí; por eso me da vergüenza. Pero, además, ¿por qué estabilidad presupuestaria no significa estabilidad? ¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales? ¿Por qué tenemos que esperar a que una ley orgánica nos desarrolle la metodología para el cálculo, la normativa para su aplicación, la forma y el plazo para las correcciones...? ¿Por qué en el límite a las comunidades autónomas hay que tener en cuenta sus estatutos?

En efecto, no se pretende repensar los excesos del sector público para que vuelva a sus funciones propias, eso sería tanto como el harakiri de quienes lo tiene que promover; así que aquella protección de la comunidad civil frente a los poderes públicos que veíamos en la Carta Magna, en momentos de monarquías absolutas, tendrá que esperar a otras democracias.

¿Ven porqué estoy pesimista? Y dice Rubalcaba que leamos el texto de la reforma para evitar nuestras reticencias. Pues si que...

Libertad Digital – Opinión

¡No lo hagan así! Por José Antonio Zarzalejos

En algún momento del fulminante proceso de reforma constitucional que, por sorpresa, planteó Zapatero el pasado martes, conoceremos el contenido de la carta que recibió Moncloa en julio pasado firmada por el presidente del BCE. Tras forzar sus estatutos, el Banco Central Europeo adquirió deuda soberana de Italia y de España por un importe de 22.000 millones de euros. Como el cartero siempre llama dos veces -la primera lo hizo en mayo de 2010-, Trichet pasó la cuenta: el Gobierno debía dar una vuelta de tuerca y atenerse a las indicaciones del directorio franco-alemán y garantizar al máximo nivel legal el pacto de estabilidad presupuestaria, es decir, constitucionalizar que todas las administraciones públicas se atendrán a unos gastos que se correspondan con sus ingresos, salvo en supuestos excepcionales como los contemplados en la Ley Fundamental alemana.

Dicho y hecho. Zapatero, culminando su franciscana docilidad a los "mercados", en pleno agosto, con la sociedad desmovilizada, aceptó por partida doble lo que le imponían Trichet, Sarkozy y Merkel y, aunque tardíamente, la reiterada petición del PP cuyo criterio al respecto ha sido avalado por las instituciones de la UE.

Desde un punto de vista jurídico, la operación de reforma constitucional por el procedimiento rápido y expeditivo no tiene tacha, salvo que un número suficiente de diputados y senadores logren que se tramite mediando un referéndum popular. Cabía una alternativa más coherente con el momento presente: elaborar una ley -incluso orgánica- que obviase la alteración de la Constitución y estableciese el equilibrio fiscal en todas las escalas de las administraciones en España. Al parecer, las exigencias a las que debe someterse Zapatero son tan humillantes que no le permiten esa lógica alternativa.

El presidente ha urdido un acuerdo que satisface al PP -es lógico, porque le evita afrontar este tema después del 20N y le da la razón a Rajoy que venía reclamando esta medida-, pero que encrespa a su partido porque políticamente no tiene un pase. La reforma no va a ser fruto de un gran debate nacional (partidos, sindicatos, empresarios, sociedad civil); no logrará la adhesión de los nacionalistas porque la limitación del déficit incide en su autogobierno y quiebra al PSOE que, como todo socialismo, quiere jugar con el margen del déficit para vestir sus tan traídas y llevadas "políticas sociales".

«La Constitución solo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que tambien limitará las posibilidades de prestaciones del Estado.»

Esta es una política despótica que consiste en "todo para el pueblo pero sin el pueblo"; ésta es una política opaca y mentirosa porque no reconoce que se practica por imposición de los mercados y del directorio de la UE; ésta es una política descaradamente autocrática porque se aborda sin el más mínimo debate y por sorpresa; ésta es una política tardía porque, aunque el techo de gasto debió haberse establecido hace tiempo en la Constitución y/o en leyes ad hoc, se practica ahora para aplacar las fortísimas corrientes europeas de profunda desconfianza hacia la economía española que han mostrado su faz en agosto pero que volverán a hacerlo en septiembre y, en fin, esta política es propia de un hombre y de un Gobierno sin capacidad de previsión, sin criterio y sin convicciones.

La Constitución sólo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). Es un texto que responde a un consenso transversal del que sólo se apartaron el PNV y la Herri Batasuna de 1978. La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que también limitará las posibilidades de prestaciones del Estado. En cierto modo -al afectar también a la capacidad de gasto de las comunidades autónomas- incide sobre la amplitud de su autogobierno. Por ello, esta reforma no debiera hacerse así sino de manera ampliamente consensuada, compartida y debatida. La Constitución requiere de otras reformas profundas que exigen referéndum. Esta no lo requiere estrictamente, pero establece un precedente muy negativo, agravado, además, por el hecho de ejecutarse de manera casi traicionera y, me atrevería a decir, casi clandestina.

Es, por lo demás, el definitivo naufragio del PSOE en su consideración de organización de izquierda, en su sensibilidad democrática y remite a Pérez Rubalcaba al peor de los fracasos electorales.

Aunque jurídicamente aceptable, el PP debiera tener en cuenta que su aquiescencia a la manera en que Zapatero le ha propuesto la reforma de la Constitución, supone una bofetada al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos políticos. Más aún cuando se trata de la norma de máximo rango legal. Los riesgos de acompañar a Zapatero y al PSOE en esta operación son muy altos. Podrían haberse evitado si Rajoy, aun aceptando la reforma, la hubiese remitido a enero de 2012 como un compromiso electoral indeclinable pero que se realizaría con la sensibilidad democrática que ahora se echa en falta. Es verdad que el PP ha querido la constitucionalización del equilibrio fiscal; es igualmente cierto que Rajoy lo ha manifestado dentro y fuera del Parlamento; es también cierto que el techo de gasto obligatorio ha sido vertebral en el planteamiento económico-financiero del Partido Popular. Pero siendo todo esto así, también lo es que esta última y descalabrada, dócil e improvisada medida que ha urdido Zapatero por imposición ajena, no merecía ni su apoyo ni su comprensión.

Si fuese posible, y quizás aún lo sea, ¡No lo hagan así! Porque de esta manera como actúa el PSOE y su Gobierno es la propia de los déspotas. Y son ya años -demasiados- de incompetencias, errores y decisiones torticeras. La democracia no está para vapulearla: consiste en procedimientos pautados de participación y referencias éticas que en estos años se han deteriorado hasta límites insospechados. Esta reforma constitucional fulminante, sorpresiva e impuesta es un colofón de la desgraciada trayectoria política del PSOE y de su máximo dirigente, Rodríguez Zapatero.

El confidencial – Opinión

Picaresca de la crisis. Por Iñaki Ezkerra

Que la crisis llene las calles de pícaros; que regresen el Buscón y el Lazarillo de Tormes, los mecheras y los rateros de los que me hablaba mi abuela, o los tumbados de «La Colmena», es quizá inevitable. Lo que no me parece tan inevitable es que las chungas estrategias sacacuartos vengan de unas empresas que suponemos serias, aunque sólo sea por el capital que manejan y por su magnitud. Lo que no es de recibo es la picaresca organizada de los ricos, o sea la tabarra inclemente que te dan las compañías de telefonía móvil, con toda clase de ofertas opacas que se niegan a plantearte y a formalizarte por escrito. No es de recibo que ellos puedan llamarte a todas horas para importunarte, pero que tú tengas un problema con tu móvil y que no se te ponga nadie; que te hablen fantasmales contestadores; que te obliguen a teclear hasta la fecha en que te tomaste la primera papilla y te pidan que llames en otro momento porque las líneas están saturadas, o los asesores ocupados. No es de recibo –aunque luego el recibo no te lo perdonen– que, tratándose de una empresa que te está ofreciendo la telefonía más sofisticada del momento, no entiendas nada de lo que te están diciendo, porque el operador te habla desde el culo del planeta, ni que tal lejanía suponga el total desconocimiento, por su parte, de la legalidad de tu país.

No es ni siquiera constitucional que te digan que la conversación está siendo grabada, pero que tú no te puedas quedar con un documento de la tarifa que has contratado. Que la conversación se grabe les servirá a ellos, pero no a ti para poder hacer una reclamación. No es constitucional, porque vulnera el principio de igualdad de los españoles que esas tarifas, que en principio son invariables, varíen una docena de veces durante la conversación si a la persona con la que hablas le dices, por ejemplo, que te vas a cambiar de compañía. Hablo de un tema que merece la intervención del Defensor del Pueblo y probablemente del Tribunal Europeo de Defensa de la Competencia, porque es especialmente grave en un momento de recesión económica como el que vivimos, que acentúa más aún si cabe la indefensión del ciudadano. Aquí, unos señores que tienen en sus manos las tecnologías del siglo XXI quieren retrotraernos al acuerdo de palabra, al regateo y, al paso que vamos, al trueque medieval. El detalle más chusco y más gráfico de la extemporaneidad de esta picaresca tecnologizada es que habla a menudo como se hablaba antes en los pueblos. A menudo usa el tratamiento de señor delante de tu nombre propio. Yo es que, en cuanto me llaman «señor Ignacio», me temo lo peor.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Una oportunidad perdida. Por Emilio J. González

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías.

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Sobre el papel, que todo lo aguanta, ese límite teórico va a existir, pero no así en la práctica, no ya por ese concepto tortuoso de déficit estructural que se ha introducido en el texto de la enmienda, que también, sino porque ambos partidos han renunciado a dotar al Estado de mecanismos constitucionales para imponerse a los Ejecutivos regionales que opten por líneas de actuación en materia presupuestaria contrarias a las establecidas por el Gobierno central.

El texto del acuerdo habla de un futuro techo de déficit estructural del 0,4%, a regular mediante una ley orgánica, que se reparte entre el Estado (0,26%) y las autonomías (0,14%). Lo que no se dice es cómo se va a obligar a las comunidades autónomas a refrenar sus gastos para cumplir con semejante objetivo cuando la tendencia que están manifestando a lo largo de toda la crisis es a seguir con su propia dinámica de gasto público y que el coste del ajuste lo asuman en su totalidad los Presupuestos Generales del Estado. Es más, en cuanto el Gobierno de Zapatero empezó a apretar las clavijas a las administraciones regionales para que ellas también redujeran su déficit, Cataluña se negó y aprobó para este año unas cuentas públicas con un desequilibrio del doble del que tenía permitido. La Generalitat, simplemente, no quiere renunciar a sus objetivos político-nacionalistas que se tienen que financiar con dineros públicos y, como tampoco quiere cargar las tintas sobre los contribuyentes catalanes a base de más impuestos, ni tampoco aplicar medidas impopulares o antisociales de recorte del gasto, pues a pasar olímpicamente de lo que diga el Gobierno central. Y ni socialistas ni ‘populares’ han aprendido de esta experiencia.

La Constitución reconoce al Estado la capacidad para ordenar la actividad económica del país, lo que implica la aplicación de políticas económicas de carácter nacional, incluidas las necesarias para superar crisis. Esa capacidad se ha visto mermada una y otra vez tanto a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a la letra de la propia Carta Magna como de la realidad del Estado de las autonomías, manifestada en la forma en que las comunidades autónomas aprovechan las situaciones de debilidad del Gobierno central de turno para hacer de su capa un sayo hasta haber convertido a este país en un reino de taifas. La enmienda sobre los límites al déficit público constituía una ocasión ideal para empezar a recomponer la situación y que el Estado comenzara a recuperar poderes y capacidades que jamás debió perder. Pero entre que en el PSOE son federalistas y que el modelo de España del PP es un modelo acomodaticio según las circunstancias se ha dejado escapar una oportunidad de oro para poner orden en el creciente desmadre que es el Estado de las autonomías.

Libertad Digital – Opinión

Elegancia. Por Alfonso Ussía

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no pretende que los periodistas y reporteros gráficos acudan al Parlamento elegantemente vestidos, sino con corrección. El baremo para distinguir lo correcto de lo incorrecto, que pasa por el respeto a los demás y a la institución que se visita, es fácil de establecerlo. Otra cosa es la elegancia, que se mueve por el gusto de cada uno. Escribió el gran Grover Whalen: «Míster Prower sorprendió con su elegancia.

Chaqueta verde con cuadros morados y unos pantalones naranjas que morían lánguidamente sobre el empeine de sus zapatos blancos». ¿Es elegante llevar todo a juego? Frank Case no lo considera así: «Muéstrame a un hombre que lleve pañuelo, calcetines y corbata a juego y te mostraré a un tipo que lleva puesto un regalo de Navidad». Bono no exige a los periodistas y reporteros que lleven puesto un regalo de Navidad, ni que las periodistas y reporteras vayan al Congreso como si fueran a desfilar en una pasarela. Pide corrección y respeto. Jamás será elegante quien pretenda serlo e invierta más de diez segundos en elegir la corbata. Se cuenta del barón de Segur, padre de José Luis de Vilallonga. Había sido invitado por Alfonso XIII al primitivo «Giralda». Desayuno, a las nueve en punto. Daban las diez y Segur no se presentaba. Al fin apareció, acicaladísimo. «¡Salvador!, ¿qué coño hacías?», le preguntó molesto el Rey.

«Vestirme, Señor». «¿Y para vestirte así necesitas una hora? Yo lo he hecho en cinco minutos». «Y se nota, Majestad, se nota». Lo cual no era cierto. Combates monárquicos y republicanos aparte, el Rey era elegante por naturaleza, en tanto que el barón de Segur era un elegante cosmético y bastante cursi, escrito sea con el perdón de sus descendientes. En resumen. Bono no pretende que los periodistas y reporteros que cubren la información en el Congreso de los Diputados vayan vestidos como el barón de Segur.

El duque de Bedford, elegante y algo arruinado, se presentó una noche de verano en su club londinense, el «Brooks & Woodles», perfectamente vestido y sin corbata. «Señoría; no puede permanecer con ese atuendo. El artículo 6º del Reglamento Interno lo explica con claridad. “Los señores socios están obligados al uso de la corbata”». El duque de Bedford se marchó sin protestar por respeto al Reglamento de su amado club. Al día siguiente, algo lluvioso, el duque se presentó con una elegante gabardina. Al quitársela, apareció completamente desnudo y una corbata anudada a su cuello. «Cumplo con el artículo 6º». Y cenó en pelota picada. Es decir, Bedford llevó hasta el límite el reglamentarismo, pero nada hubiera pasado de ser nuevamente puesto de patitas en la calle. Más por cumplirlo que por su inicial incumplimiento.

Es cierto que en verano los reporteros gráficos –más que los informadores– llevan toda suerte de artefactos de un lado al otro. Y que el calor aprieta y agobia. Bono no les pide que se vistan como Segur. Lo que les pide es que no vayan como quien se presenta en una playa, con camisetas, pantalones cortos y chancletas. No hacen falta lecciones de urbanidad para saber si uno va vestido con respeto hacia los demás o, por el contrario, considera que el Congreso es un chiringuito costero. La elegancia no es obligatoria, pero sí el respeto. Los diputados no acuden al Congreso en camiseta y con chancletas. Ni las diputadas ataviadas para darse un chapuzón. Se va como se recibe. Eso es la corrección. No llamar la atención, pasar desapercibido y respetar las instituciones a través de la estética.

La Razón – Opinión

EEUU. Razones para callarse. Por Alberto Acereda

Los republicanos deberían preparar urgentemente un buen anuncio televisivo para su campaña presidencial. El título podría ser "¿Quién es el antipatriota y el irresponsable?" y poner aquel vídeo de Obama de campaña por Fargo en 2008.

Aquel proverbio español de que la perdiz por el pico se pierde define hoy perfectamente al actual mandatario norteamericano Barack Obama. En estos días vacacionales de mar y golf para Obama en el multimillonario y exclusivo enclave de Martha’s Vineyard, Obama tiene muchas razones para callarse aunque no lo haga. Su vicepresidente Joe Biden, el mismo que recientemente llamó terroristas a los ciudadanos norteamericanos del Tea Party, metió la pata en China hace unos días diciendo aceptar y comprender la inmoral ley china sobre la natalidad, la conocida política de hijo único. Otra aliada de Obama, la congresista negra de California por el Partido Demócrata, Maxine Waters, dijo pública y textualmente estos días que le encantaría que el Tea Party se fuera al infierno.

Esta misma semana, el Washington Post sacaba a la luz el escándalo de otro buen amigo de Obama: Jeffrey Immelt, el multimillonario presidente ejecutivo de la empresa General Electric y, a la vez, zar de empleos puesto a dedo por Obama. En un claro conflicto de ética profesional, Inmelt ha aceptado que su compañía firme acuerdos con el Gobierno de China para enviar tecnología aeroespacial –desarrollada en parte por la NASA con dinero público– a los ingenieros gubernamentales chinos y con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en EEUU. Junto a estos compañeros de viaje de Obama, con una economía en respiración artificial, con el susto del terremoto, el huracán Irene y con el aniversario del 11-S sin presencia de elementos religiosos por orden del Gobierno Federal y voluntad de Obama, al presidente le están saliendo los enanos. Cual perdiz hallada en su silbido, todo lo que fue diciendo en la campaña presidencial de 2008 le va saltando ahora a la cara.

Lo último y más sangrante es el recuerdo de unas palabras pronunciadas por Obama, y recogidas en vídeo, durante un mitin celebrado el 3 de julio de 2008 en Fargo, Dakota del Norte. Por entonces, el candidato Obama ya estaba despedazando al presidente George W. Bush y lo criticó por añadir cuatro billones de dólares a la deuda nacional, indicando que lo hecho por Bush era "antipatriótico" e "irresponsable", al arrastrar así una deuda que perjudicaría a futuras generaciones. Obama indicaba entonces que el problema era que Bush había pedido una tarjeta de crédito al Banco de China a nombre de los niños norteamericanos, elevando la deuda nacional de cinco billones de dólares –la deuda de los primeros 42 presidentes– a nueve billones.

Han pasado tres años desde aquel mitin y menos todavía desde que Obama llegó a la presidencia. Con Obama en la Casa Blanca, la deuda nacional se ha elevado ya en cuatro billones. Según el Departamento del Tesoro, cuando Obama fue inaugurado como presidente el 20 enero de 2009, la deuda nacional era exactamente de 10,6 billones de dólares (para ser exactos: 10.626.877.048.913,08). A día de hoy, la deuda es de 14,6 billones (exactamente: 14.612.435.498.338,62) y sigue aumentando. Con el fatídico aumento del techo de deuda y el incesante gasto de Obama, la realidad es que en tres años este presidente ha gastado más que su predecesor en ocho.

Los republicanos deberían preparar urgentemente un buen anuncio televisivo para su campaña presidencial. El título podría ser "¿Quién es el antipatriota y el irresponsable?" y poner aquel vídeo de Obama de campaña por Fargo en 2008. Y es que con Obama y su pandilla, además del proverbio de las perdices, cabe aplicar también aquel otro de que habló el buey y dijo mu. A fin de cuentas, el otrora senador de Illinois pasó toda su carrera política antes de llegar a la Casa Blanca votando "presente", en silencio, sin hacer ruido. Ahora que ha llegado a Washington, ahora que veranea con los ricos que tanto dice odiar en Martha´s Vineyard, el presidente va de buey a perdiz, de mu al silbo, al cuchicheo, o mejor –por lo cobarde– al ajeo.

Libertad Digital – Opinión

Grave deriva proetarra

La deriva alarmante para el País Vasco que arrancó con la legalización de Bildu y el copo de un notable poder institucional de la marca proetarra fue interpretada por una parte no menor de la clase política, incluido el Gobierno y los socialistas, como una oportunidad para avanzar hacia el final del terrorismo. Era una lectura interesada y sesgada que no compartimos en momento alguno. Más bien al contrario, hemos defendido que los acontecimientos de los últimos meses han servido a un proceso tutelado por la banda terrorista que sólo podía interpretarse como una victoria de ETA y en consecuencia como un revés grave en la lucha por la libertad.

En estas semanas, especialmente en los días de fiesta grande en las capitales vascas, se ha percibido con claridad la intención del Gobierno vasco y de los partidos nacionalistas de alimentar un clima de opinión particularmente tendencioso, en el que se ha incidido en la tranquilidad y la normalidad en las calles en contraste con la mayoría de veranos especialmente convulsos, reivindicativos y violentos. Obviamente, se ponía así en valor la presencia de Bildu en la vida política vasca y su influencia en este aparente proceso de normalización. La insistencia en ese mensaje, aderezado ayer con manifestaciones desde el Gobierno vasco sobre que las víctimas no ven con preocupación la presencia de Bildu en las instituciones, responde a una planificación y una intencionalidad que sólo podemos lamentar.

El País Vasco no está en calma ni está mejor con los proetarras en las instituciones. En este verano, especialmente en la última semana, como ha denunciado en solitario La Razón, han sucedido hechos gravísimos como que la Ertzaintza permitiera un almuerzo de homenaje a los terroristas prohibido por la Audiencia Nacional y que luego la Consejería de Interior mintiera y negara que se jaleara a ETA en ese almuerzo como así sucedió y este periódico pudo comprobar in situ. O que los batasunos se manifestaran en Bilbao con gritos a favor de los presos de ETA sin que nadie hiciera nada al respecto.

Existe una sensación de impunidad fundamentada. La democracia ha retrocedido. Es un hecho incuestionable. Hoy, los gritos y los carteles de respaldo a la banda son realidades no castigadas y se ha impuesto una actitud contemplativa con flagrantes actos de enaltecimiento del terrorismo. En este contexto, la respuesta del Gobierno ha sido otro elemento para la inquietud. El ministro Ramón Jáuregui confirmó hace unos días que el Ejecutivo no actuará para ilegalizar Bildu ni sacar a sus representantes de las instituciones, como prevé la Ley Electoral. Ni siquiera después de que el diputado general de Guipúzcoa lamentara sólo los atentados de ETA en Cataluña o de que los representantes de la coalición no condenaran los crímenes de la banda ni pidieran su desaparición.

El Estado de Derecho no puede renunciar a la derrota del terrorismo ni a imponer su superioridad moral. No puede admitir un final sin vencedores ni vencidos. Si este Gobierno no actúa, será el siguiente el que deba hacer justicia.

La Razón – Editorial

Libia sin Gadafi

Construir una nueva democracia exige aplicar la justicia a los crímenes de ambos bandos.

La toma de Trípoli por las tropas rebeldes pone al Consejo Nacional de Transición ante sus primeras responsabilidades en la construcción de la nueva Libia. Los combates continúan en torno a Sirte y Muamar el Gadafi sigue sin aparecer, pero son los últimos episodios de una guerra civil que condicionará el futuro del país y de las revueltas árabes. La caída de Sirte es cuestión de tiempo; también la de Gadafi, y ese será el momento en que, si aparece con vida, las nuevas autoridades libias tomen la decisión de juzgarlo en el país o de enviarlo ante la Corte Penal Internacional. Ni en un caso ni en otro existiría la opción de la impunidad para quien sojuzgó Libia durante 42 años y prefirió la guerra civil antes que abandonar el poder.

Las primeras horas del control de Trípoli por parte de los rebeldes han sembrado la inquietud. La aparición de cadáveres que evidencian ejecuciones sumarias llevadas a cabo por los leales a Gadafi ratifican que era necesario acabar con un régimen de terror. Pero, de confirmarse los indicios de que los rebeldes podrían estar haciendo otro tanto con los gadafistas, Libia se precipitaría al peor de los infiernos: la caída de un tirano a costa de mantener la tiranía. Para el futuro Gobierno libio, el derecho a un juicio justo para Gadafi y los suyos tendría que ir acompañado por el deber de un juicio equivalente contra los rebeldes que pudieran haber cometido crímenes en el momento de aproximarse la victoria.

La guerra civil supuso un punto de inflexión en las revueltas árabes, al fijar una pauta de comportamiento para los autócratas. Dependiendo de los pasos que dé a partir de ahora el Consejo de Transición, Libia podría convertirse de nuevo en un modelo negativo para las transiciones democráticas en curso. Nada debería impedir que los ciudadanos de los países árabes accedan a una democracia plena y sin adjetivos, algo que depende en exclusiva de las decisiones que adopten los dirigentes encargados de gestionar la nueva legitimidad que han fundado las revueltas. El camino es más fácil en los países que no derrocaron a sus dictadores por las armas. Pero tampoco es imposible en Libia, siempre que las nuevas autoridades sean conscientes de que no solo lucharon contra Gadafi, sino también a favor de un régimen de libertades.

Ante estos países, la comunidad internacional tiene tendencia a dejarse llevar por actitudes paternalistas que, en el fondo, responden a un resabio racista. Los nuevos dirigentes árabes, incluidos los libios, no pueden beneficiarse de una actitud de condescendencia similar, por lo demás, a la que se dispensó ante los antiguos dictadores. Las mismas responsabilidades que se exigen a cualquier Gobierno del mundo incumben a quienes tienen ahora la ocasión, ofrecida por los ciudadanos árabes que se han jugado la vida, de demostrar que ni la pobreza ni el credo religioso ni, incluso, la historia son incompatibles con la democracia.

El País – Editorial

El PP se suma a la demagogia fiscal del PSOE

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente.

Siguiendo el dictado demagógico de los socialistas en materia fiscal, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, también ha animado a los "ricos" españoles a hacer un gesto similar al de los 16 dueños de grandes fortunas de Francia, que públicamente han pedido a su Gobierno pagar más impuestos. A juicio de González Pons, sería un detalle muy de agradecer, puesto que la clase media y los trabajadores ya llevan mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo para "sacar al país adelante".

En efecto, la clase media y los trabajadores españoles llevan ya muchos años, demasiados, soportando un régimen fiscal que les priva de una parte importante de la riqueza que producen, no para levantar a ningún país, sino para que su clase política, a la que pertenece el siempre sonriente González Pons, dilapide todo ese esfuerzo conjunto con una gestión hipertrofiada que ha llevado a España al borde del precipicio. Esa clase media y trabajadora jamás ha pedido a sus gobernantes que la esquilmen y, sin embargo, esa es la realidad con que tienen que convivir, así que ¿por qué ha de esperar la casta política a que los ricos otorguen su permiso para hacer con ellos lo mismo?

La respuesta es que "los ricos" cuentan con las más diversas vías para evitar el pago de impuestos, tales como la creación de sociedades en lugares a salvo del fisco de sus países, la donación de grandes cantidades a fundaciones que suponen la correspondiente desgravación y un tratamiento fiscal generoso para las rentas distintas del trabajo; aspectos todos ellos que los gobiernos no van a modificar entre otras cosas por su evidente inutilidad, puesto que quien tiene los recursos suficientes siempre va a tener a su alcance métodos legales para evitar ser despojado en demasía.

La propuesta de esas grandes fortunas "progresistas" a uno y otro lado del Atlántico es gravar aún más pero sólo las rentas personales, olvidando añadir que a ellos no les afectaría en realidad puesto que perciben la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes. En cambio, el aumento de la presión fiscal que solicitan con aparente "generosidad" la padecerían aquellos que con su esfuerzo, talento y disciplina ahorradora están en el camino de ingresar en tan selecto club.

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente. Pero como la política española se ha convertido en un reflejo suicida de las propuestas de los "indignados", a los que hay que lisonjear ahora que se acercan fechas electorales, el español medio tiene que asistir con asombro a este festival demagógico al que alegremente se ha sumado también el PP.

Como siempre, las consecuencias las pagarán los trabajadores y modestos propietarios que forman nuestra clase media. La misma que el PP dijo un día estar dispuesto a defender.

Libertad Digital – Editorial

Querido Pablo. Por Yoani Sánchez

La Habana y Miami son de esas ciudades que están muy lejos a pesar de solo ubicarse a unas millas de distancia. Las confrontaciones políticas a ambos lados, los impedimentos para viajar y un discurso de cinco décadas de enfrentamiento han provocado que el estrecho de La Florida nos parezca insondable. Tímidamente empiezan, no obstante, a levantarse puentes en cada orilla, todavía frágiles e incompletos, pero al menos son un atisbo de un posible y futuro reencuentro. Entre esos gestos de concordia, ninguno ha levantado tanta polémica como el concierto de Pablo Milanés que está programado para hoy, 27 de agosto, en el American Airlines Arena de Miami. Seguidores y antagonistas se enfrentan en un careo sobre la pertinencia o no de que el conocido cantautor se presente ante los exiliados cubanos.

La querella me ha hecho desempolvar algunos recuerdos de aquellos años de subsidio soviético, cuando el panorama de la música cubana era gris y chato. Todavía no había venido Ry Cooder a descubrir a los viejitos del Buena Vista Social Club, los videoclips extranjeros apenas se colaban en algunos espacios televisivos y tener un reproductor de casetes era algo tan remoto como poseer un trozo de meteorito. La existencia de una lista negra con cantantes exiliados y otros tantos prohibidos hacía que cada día desaparecieran más y más voces de nuestro ya menguado espectro sonoro. En las pesadísimas radios que se importaban de Europa del Este, al mover el dial solo era posible encontrar -una y otra vez- la voz de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés.

Con sus canciones ellos habían creado la banda musical de la utopía, los acordes que acompañaban a un proyecto social que muchos no habíamos ni siquiera podido elegir. Quienes crecíamos bajo esos estribillos, identificábamos a la Nueva Trova con el poder, el statu quo, el Gobierno.

Fuera de la Isla, sin embargo, las mismas canciones que a nosotros nos saturaban hasta el cansancio cobraban otras connotaciones. Fueron los himnos de miles de jóvenes que querían alcanzar ese espejismo del que muchos cubanos estábamos de ida y de vuelta. Las letras interpretadas por Pablo Milanés se convirtieron en verdaderos cánticos de protesta en países como Chile, Argentina y España. El cantautor -nacido en Bayamo en 1943- parecía estar en la cima de su popularidad internacional, pero el camino transitado para llegar hasta ahí no había sido nada fácil.

Pablo tropezó también con la intolerancia que expulsó a tantos colegas suyos de la radio y la televisión nacionales. A mediados de los años sesenta el autor del célebre tema Yolanda fue recluido en la UMAP (Unidades de Ayuda a la Producción), campos de trabajo forzado donde se pretendía reformar a golpe de disciplina militar y de labores agrícolas a religiosos, homosexuales y desviados ideológicos. Después de eso su periplo personal y artístico se mezcló con el de las instituciones, especialmente con la Casa de las Américas. Llegó incluso a convertirse en diputado de nuestra Asamblea Nacional. De ese periodo pocos le perdonan no haber roto la unanimidad de tantas manos levantadas y atreverse a decir en voz alta las opiniones críticas que ya tenía.

Pese a su silencio público, todos empezamos a notar que Pablo Milanés se separaba del oficialismo. No lo hacía con declaraciones altisonantes ni con evidentes tomas de posición, sino lentamente, sin rupturas. El punto climático de ese desgajamiento vino, sin dudas, cuando en 2003 se negó a firmar una carta donde se intentaban justificar las medidas represivas tomadas por el Gobierno cubano. Bajo el nombre de Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, varias personalidades de nuestro quehacer artístico y literario respaldaban hechos de una tremenda violencia judicial. Entre ellos, el fusilamiento de tres jóvenes que habían secuestrado una embarcación para emigrar y el envío a prisión de 75 opositores pacíficos. Pablo se desmarcó de tal compromiso político, aunque otras conocidas voces como Omara Portuondo, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez sí suscribieron el documento.

En entrevistas a medios extranjeros, Pablo Milanés ha pronunciado críticas a la gestión del Gobierno cubano. Hasta ha llegado a decir que cree "en el sistema, pero no en los hombres que lo hacen". Herejía de grandes proporciones, si se habla de un proyecto político que durante 50 años se ha intentado hacer a la imagen y semejanza de Fidel Castro. Pero sería errado tachar a Pablo como un disidente. Aunque durante los meses del año que pasa en Cuba evita mezclarse en actos públicos demasiado ideologizados, tampoco ha roto lanzas desde aquí adentro para que se respete la discrepancia o se paren los mítines de repudio.

Sin embargo, su mérito mayor estriba en haber encontrado su propio espacio de inconformidad, su manera muy personal de ser él mismo. Ya no está en todos los puntos del dial de la radio cubana, es cierto, pero en unos días cantará en Miami y contribuirá con su voz al delgado y frágil puente que se levanta entre las dos orillas.

El País – Opinión

La crisis económica acaba por empujar a la izquierda al ostracismo. Por Federico Quevedo

Prohibir el déficit por ley, aún más, hacerlo en la propia Constitución -lo cual exige que para cambiarlo haya una mayoría de tres quintos-, es probablemente el último golpe que la propia crisis económica le asesta a la izquierda. El debate sobre el déficit es de las pocas cosas que todavía hoy diferencian a izquierda socialdemócrata y derecha liberal, pero ese debate muere a manos de una reforma de la Constitución que directamente sentencia a muerte la posibilidad de que las administraciones públicas puedan recurrir al déficit y al endeudamiento, aunque es verdad que a última hora se ha evitado el cifrar ese límite, pero también lo es que se deja en manos de la UE la cifra, y ya sabemos que en ese aspecto la ortodoxia comunitaria es férrea.

En el debate sobre quiénes son los culpables de la crisis, unos y otros se han tirado los trastos a la cabeza, y probablemente las responsabilidades haya que repartirlas por igual: ni los excesos del capitalismo han sido buenos, ni tampoco lo han sido los desmanes regulatorios y la obsesión por el gasto público. Eso que alguna vez hemos llamado capitalismo-socialdemócrata, o socialismo de mercado, no ha funcionado bien, o mejor dicho, ha funcionado fatal y nos ha llevado a la situación en la que estamos y nos obliga a replantear de nuevo los modelos económicos porque tal y como se están haciendo las cosas en lugar de poner remedio a la situación lo que estamos haciendo es empeorarla, y eso es exactamente lo que están descontando los mercados en este fatídico mes de agosto en el que las bolsas se han hundido sin remisión.

Todo está entredicho, pero por alguna razón es la izquierda la que más está sufriendo el efecto de este replanteamiento, quizás porque para ella es mucho más difícil aceptar errores y, sobre todo, avanzar en las reformas necesarias para intentar salir de este pozo en el que se ha sumido nuestra economía. El final de la historia es bien simple: la izquierda se hunde porque no ha sabido dar respuesta a los problemas que ella misma ha contribuido a crear, y ahora se ve obligada a adoptar medidas que chocan frontalmente con su ideario.

No tomen esto como una crítica, porque simplemente pretendo hacer un análisis de situación, y a la vista del enconado debate interno que la reforma constitucional ha provocado en el seno del Partido Socialista, cada vez es más evidente, más claro, que después de las elecciones generales la izquierda española, toda la izquierda, debería llevar a cabo una profunda reflexión sobre su futuro y sobre los hechos que la han conducido a la situación de pérdida de poder real que está sufriendo.

«El final de la historia es bien simple: la izquierda se hunde porque no ha sabido dar respuesta a los problemas que ella misma ha contribuido a crear, y ahora se ve obligada a adoptar medidas que chocan frontalmente con su ideario.»

¿Significa esto el final de la socialdemocracia? No tiene por qué, pero a lo mejor significa que la socialdemocracia tiene que dar nuevos pasos en pro de la apertura a un modelo económico no basado en el keynesianismo y sí en una mayor apuesta por la libertad económica y la menor presencia del Estado en la sociedad. Liberalismo social, dicho de otro modo.

Es verdad que ese camino a la inversa ya lo ha recorrido la derecha, y que es probable que si la izquierda lo recorre ambas se acaben encontrando en un terreno muy parecido, y entonces las diferencias entre unos y otros tenderán a ser más de modelos de gestión que de contenido ideológico como ha venido
ocurriendo hasta ahora.

La otra opción es que la izquierda se radicalice en su discurso, como ha venido haciendo en estas últimas dos legislaturas, pero en mi opinión eso solo contribuiría a alejarla cada vez más de unos modelos sociales que parecen decantarse por la apuesta por la libertad frente al discurso de la igualdad. Es evidente que no podemos vivir como habíamos vivido hasta ahora, ni en el ayuntamiento más humilde, ni en el país más rico del mundo. No es posible mantener los estados del bienestar de la manera en que lo estábamos haciendo, ni podemos tener administraciones faraónicas que además duplicaban y triplicaban competencias. Hay que replantearlo todo, buscar nuevos modelos de financiación y acostumbrarnos a que no podemos ser tan aparentemente ricos como creíamos que éramos.

Esto no significa el fin del estado del bienestar, sino una reforma de la manera en la que lo sufragamos, y si no aceptamos ese debate y comprendemos que ya nada va a ser igual a como lo conocimos hasta ahora, los políticos se estarán engañando a sí mismos y estarán engañando a los ciudadanos. Y esto le va a costar a la izquierda unas elecciones, pero probablemente sea lo mejor que pueda pasar para introducir un poco de sensatez sentido común en el debate político nacional.

El Confidencial – Opinión

Perplejidad socialista. Por Charo Zarzalejos

El pasado martes en el Congreso y a medida que el Presidente desgranaba desde la tribuna de oradores su propuesta de reforma constitucional, la bancada socialista se convirtió en una constelación de rostros perplejos. No era necesario "hacer pasillos" para comprobar el ánimo de los socialistas en general y de aquellos que forman parte del comité electoral de Rubalcaba, en particular.

Con su propuesta, previamente consensuada con Mariano Rajoy, el Presidente lanzaba un auténtico torpedo al candidato socialista y al grueso de esta fase inicial de campaña. No sólo porque apostaba por algo que hace apenas unos meses habían denostado y de manera muy especial el propio Rubalcaba, sino porque durante días y días, esa reforma se va a comer el interés informativo. Apenas quedará sitio para otros asuntos y, como es natural, Rubalcaba quiere y necesita espacio.

Que los socialistas estén perplejos es más que lógico y no sólo porque crean que el gasto público es necesario en época de crisis, sino porque con esta reforma, es Mariano Rajoy quien se llena de razón, al que se convierte en "hacedor" de una propuesta que ahora, al parecer, es buena. Algunas voces ya han comenzado a surgir. Elena Valenciano, en su papel, quita gravedad a las desavenencias internas que ya están detectando y al final del todo nos encontramos con un Alfredo Pérez Rubalcaba obligado a gestionar no el poder, cosa que hace como nadie, sino el desánimo y la perplejidad de los suyos por una decisión tonada con carácter de urgencia y que sólo se entiende si ha venido impuesta de fuera. No creo que el Presidente del Gobierno, "motu propio", como Pablo cayéndose del caballo haya concluido que esta reforma es lo mejor que puede hacer. Lo hace porque, probablemente, no tiene más remedio y lo hace sin miramientos, sin pánico a dar la razón a Rajoy y con la libertad_no hay que descartar que también con disgusto_que le da el saber que sus próximos capítulos vitales los va a escribir en León.

Rubalcaba ya tiene sitio en la comisión negociadora PSOE-PP para concretar la fórmula que llevarán al Congreso, pero la tarea que tiene por delante es ingente. En el PSOE las aguas vuelven a bajar un poco revueltas y él, experto en convencer y atraer a los ajenos tiene, nada menos, que ilusionar a los propios cada vez más desanimado y más perplejos. ¿Por qué se ha metido en este lío?.

Periodista Digital - Opinión

Rectificar para empatar. Por Carmen Gurruchaga

La izquierda es partidaria de aumentar el gasto público para reactivar la economía (Keyness) y la derecha, todo lo contrario. Pero Zapatero, obligado por la UE, ha rectificado y ha cerrado un pacto con Rajoy para limitar el gasto público. La intención es que la economía española recupere la confianza. Una parte importante del PSOE se oponía a esta reforma y entre ellos Rubalcaba, quien en contra de lo afirmado el jueves, no ha estado al frente de la negociación. Así pues, el acuerdo se ha llevado a cabo independientemente de su opinión, que, por cierto, ha cambiado totalmente. Cuando el líder del PP lanzó la propuesta la consideró ridícula, insolidaria e inviable. Ayer, en cambio, dijo sentirse satisfecho porque «recoge una imprescindible estabilidad presupuestaria, cierta flexibilidad para cuando “vienen mal dadas” y una referencia europea». Sorprendentemente, coincide con el PP y ha modificado tanto su idea primitiva que ha invitado a sus compañeros críticos a leerse el texto acordado. Rubalcaba es muy listo y si el otro día en el Congreso la hemeroteca le pilló con el paso cambiado, ha sabido hacer de la necesidad virtud y enfatizar que, al final, incluye principios fundamentales para él. El equilibrio presupuestario y el control del gasto garantizan las políticas sociales al saber del dinero del que se dispone para llevarlas a cabo. En cambio, el descontrol termina por obligar a recortar prestaciones sociales, a congelar las pensiones… En fin, todo lo que llevamos viendo los últimos años.

MEDIO – La Razón