El suicidio de la izquierda: a propósito de la reforma constitucional. Por Carlos Sánchez

Probablemente, uno de los mayores triunfos políticos de la derecha europea y estadounidense fue la de establecer una relación causa-efecto entre la izquierda y el déficit público. A partir de este argumento, comprado por buena parte de la opinión pública, cuando gobiernan los partidos socialdemócratas crecen el despilfarro, la mala gestión de la cosa pública y hasta el clientelismo político, toda vez que la izquierda cuando está en el poder alimenta con subvenciones todo tipo de iniciativas que en realidad benefician a unos pocos. Su obsesión por repartir el pastel, pero sin atender a la creación de riqueza mediante políticas de oferta, hace el resto.

Este argumento ha hecho furor. Hasta el punto de que la propia izquierda ha acabado por creerse este aparente axioma, convertido en una especie de verdad revelada. Hoy en día, amplios sectores de la izquierda están convencidos de que un país que se endeuda es mejor que otro que no lo hace. Hasta el punto de que ha convertido el gasto público en una de sus señas de identidad.

Aunque parezca mentira, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Tanto en el siglo XIX como hasta mediados del siglo XX, era la derecha tradicional ligada a los sectores oligárquicos quien reclamaba mayor presencia del sector público en la economía, por supuesto con aviesas intenciones, como pudo comprobar este país durante la Restauración y el franquismo.

El proteccionismo, los aranceles, las restricciones a la libertad de comercio han sido históricamente reivindicaciones de la derecha, pero la irrupción, en primer lugar, del estatismo soviético; y, en segundo lugar de las políticas keynesianas que cuestionaban los modelos de equilibrio macroeconómicos neoclásicos, cambiaron el discurso de la izquierda. Hoy, determinados partidos y dirigentes políticos que se proclaman socialistas o socialdemócratas reclaman el gasto público como un instrumento de reequilibrio económico y social. Incluso se sienten altamente contrariados por el hecho de que el Gobierno socialista y el Partido Popular hayan pactado poner freno constitucional al déficit público.

«El nivel de gasto público no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo.»

Esos argumentos serían ciertos si estuvieran basados en la verdad empírica. Pero la realidad dice todo lo contrario. En EEUU han sido históricamente los republicanos quienes han generado mayores déficits públicos. Ahí están los casos de Reagan o Bush (padre e hijo), que dejaron las finanzas públicas temblando, al contrario que Clinton, cuyo superávit fiscal todavía se recuerda hoy como una bendición. Y qué decir de Nixon con su guerra del Vietnam.

Conservadores y socialdemócratas

En Europa, al contrario, no ha habido coherencia alguna. Izquierda y derecha se han endeudado hasta las cejas sin rubor alguno, y por lo tanto no es fácil encontrar una pauta general de comportamiento. En los cinco países con mayor déficit en 2010 (Irlanda, Grecia, Reino Unido, España y Portugal) gobiernan o han gobernado tanto conservadores como socialdemócratas, lo que da a entender que no se trata de una estrategia común en función de criterios ideológicos.

La cantidad de déficit público hay que relacionarla, por lo tanto, con las políticas económicas practicadas. O dicho en términos más sencillos, el desequilibrio presupuestario tiene que ver con lo que decide de forma discrecional cada gobierno. Y así encontramos que países como Suecia, con uno de los mayores niveles de gasto público de Europa (53% del PIB) es, igualmente, un ejemplo de solvencia fiscal. El Gobierno de Estocolmo (conservador) consiguió en 2010 equilibrar el presupuesto público (déficit cero) y, al mismo tiempo, mantener elevados niveles de gasto social. Como dijo en estas mismas páginas el profesor Fernández-Villaverde, las reglas fiscales poco tiene de conspiración cavernícola. La seriedad fiscal no es ni de izquierdas ni de derechas (a fin de cuentas, a irresponsables fiscales no les gana nadie a los republicanos en EEUU).

Esto da a entender dos cosas. En primer lugar, que el nivel de gasto público (que en última instancia es lo que preocupa a algunos sectores de la izquierda y a los sindicatos) no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social (y con amplia presencia del sector público en la economía) y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ni desde luego la cohesión social. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo (cerca del 21%).

Esto sugiere que el problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos, como a menudo se olvida. No estará de más recordar, por lo tanto, que cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los famosos estabilizadores automáticos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.

«El problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos. Cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los estabilizadores automáticos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.»

Al contrario de lo que se suele creer, el déficit público en España es de naturaleza eminentemente estructural. Se debe, sobre todo, a una pérdida permanente de ingresos como consecuencia del redimensionamiento del sector inmobiliario y a la existencia de altos niveles de desempleo, incluso en periodos de expansión. Algo que explica, por ejemplo, que un país en bancarrota como Grecia ingrese más que España.

¿Y Por qué España no recauda? Básicamente por la existencia de un sistema tributario ineficiente que hace descansar la presión fiscal en los asalariados. Pero al contrario de lo que cabe suponer, lo que han hecho las distintas administraciones no ha sido reformar la fiscalidad para ensanchar las bases imponibles o hacer reformas económicas de calado para actuar sobre la oferta y no sólo sobre la demanda; sino que, por el contrario, han hecho lo más fácil. Subir los impuestos por la puerta de atrás sin que nadie se entere. Al menos la presenta generación, porque las que vienen detrás tendrán que pagar el marrón, como se dice ahora.

Una financiación heterodoxa

¿Y cómo se hace esto? Pues pidiendo dinero a los célebres mercados financieros o, incluso, acudiendo al banco más cercano para que les presten pasta (mejor si es una caja de ahorros amiga). Dicho en otras palabras, como no se atreven a cambiar la fiscalidad (subiendo impuestos para financiar el nivel de prestaciones públicas que disfrutan los ciudadanos) lo que se hace es pedir dinero por la ventanilla de última instancia (los mercados). Sujetos a quienes nadie ve y que no piden nada. Claro está, salvo altas rentabilidades, en última instancia el origen de la actual crisis de deuda soberana.

Ni que decir tiene que se trata del camino equivocado. Y no sólo por la falta de transparencia que suscita esta heterodoxa forma de financiar las necesidades del sector público. O incluso por un mínimo sentido de la decencia democrática. También porque de esta manera se produce un fenómeno perverso. Son las administraciones públicas (efecto crowding out) quienes se endeudan y evitan que los agentes económicos privados se financien, lo que alimenta la crisis. Pero es que además, niveles elevados de déficit y ritmos crecientes de deuda pública (escenario previsible hasta 2018-20) suponen necesariamente un encarecimiento de los tipos de interés, sobre todo cuando los mercados se encuentran en estado de alerta frente a la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales en algunos Estados.

El equilibrio presupuestario, por lo tanto, es algo más que una necesidad económica. Es el instrumento necesario para hacer una política auténticamente social, como bien han demostrado los países escandinavos desde la crisis de los años 80. La existencia de elevados déficits, por el contrario, sólo ayuda a aumentar el tamaño de los mercados financieros y para nada aumenta la cohesión social. Al contrario.

El gasto público hay que volver a financiarlo con impuestos, que son la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Reivindicar lo contrario es el mejor camino para la autodestrucción, como de hecho explica que el 95% de los gobiernos europeos sean de centro derecha.

El Confidecial – Opinión

¿Por qué ahora? Por Isaías Lafuente

La reforma exprés de la Constitución planteada por el presidente Zapatero ha suscitado un aluvión de críticas dentro y fuera de las filas del PSOE que afectan al fondo y a la forma de la medida. Las de fondo pueden discutirse, pero las que afectan a la forma son tan de sentido común que son irrebatibles. Si un retoque tan sustancial era tan urgente, por qué no se ha planteado antes. Y si no lo es, qué necesidad hay de abordarlo por un gobierno que vive ya la cuenta atrás y por un parlamento al que apenas quedan días hábiles para afrontarla. Sobre el fondo, la vicepresidenta Elena Salgado se ha apresurado a calmar a los discrepantes con el argumento de que cuando lean la letra pequeña verán diluidas las reticencias. Pero aquí también el sentido común indica que si los artículos que consagren en la primera ley el equilibrio presupuestario son lo suficientemente ambiguos como para contentar a todos quizás lleguemos a la conclusión de que para ese viaje no serían necesarias estas alforjas. Y sólo faltaría que reformemos la Constitución y los mercados sigan atacando.

Pero hay otro argumento más que hace incomprensible esta situación. La Constitución española necesita un lifting desde hace mucho tiempo. Hubiera sido necesaria una reforma para eliminar la inconstitucional preeminencia del hombre frente a la mujer en la sucesión a la Corona, para reconocer la nueva realidad de España en el marco de la Unión Europea, para consagrar las comunidades autónomas ya constituidas y las competencias exclusivas del Estado antes de abordar la reforma de los Estatutos de Autonomía, y para cribar el Título VIII de artículos que con el desarrollo autonómico han quedado ya amortizados. Quizás en el marco de esa reforma, que hubiera requerido un procedimiento pausado y no de urgencia, se podía haber planteado alguna mención al equilibrio presupuestario, pero emprender un procedimiento tan extraordinario sólo para esto último, omitiendo otros aspectos que aguardan desde hace años, es difícil de entender.

Dicho esto, elevemos loas al equilibrio presupuestario - que no necesariamente es déficit cero - , preguntemos a quienes hoy quieren situarlo en el altar mayor de la legislación por qué no se aplicaron antes en su cumplimiento desde sus respectivos ámbitos de gobierno, y roguemos para que si llega a consagrarse en la ley fundamental no sirva de corsé ni de pretexto para aplicar la tijera al gasto social con una mano mientras con la otra se esgrime la Constitución.

Periodista Digital - Opinión

Ni en los peores sueños. Por Gloria Lomana

Se lo recomendó Felipe González: yo de Rubalcaba me iría del Gobierno ¡ya! Y el candidato se fue. Pero, como estamos viendo, eso no es, ni será, suficiente. En su sonriente cartel electoral trasluce la imagen de Zapatero junto a la suya, hasta el punto de que cada una de sus acolchadas promesas queda empañada por un bandazo zapateril. Cada carta del BCE a La Moncloa, cada requerimiento de Merkel, cada apremio de Sarkozy para evitar la quiebra de España es un baldón para el socialismo español que predica Rubalcaba. ¿Para esto ha demorado el presidente la convocatoria de elecciones hasta el 20-N? se preguntan en el PSOE. ¿Por qué no dar ya paso a la derecha para que sea Rajoy quien haga los ajustes?

Limitar el déficit por la vía constitucional significa que habrá que aplicar tijeras irremediablemente en conquistas sociales. Que se acabó el prometer becas, pensiones, cheques bebé, ayuda a los parados, pisos a los jóvenes y jaujas similares si eso descuadra las cuentas. No sólo se acabará en el Gobierno central; tampoco podrá ser en las comunidades autónomas. Ni siquiera en el País Vasco donde los socialistas gobiernan, ni en esa Cataluña a la que Zapatero prometió el oro y el moro.

En sólo una semana, Zapatero ha dado dos tiros de gracia a lo poco que le quedaba de su programa rojo: con la limitación constitucional del déficit y con el permiso de encadenar contratos indefinidamente a los jóvenes, lo que equivale a perpetuarles en el empleo precario. Justo lo contrario de lo preconizado por los socialistas hasta ahora. Para ponerse rojos, pero de bochorno. A Rubalcaba en vez de Alfredo, P. o RbCb, podríamos llamarle ya San Lorenzo en la parrilla. Adiós a su PSOE obrerista. Se acabó la vuelta del puño y la rosa. ¿De qué le servirá incrementar los impuestos a los ricos o gravar a los bancos, si ya no queda derecho social que podar? ¿A cuántos partidarios del 15-M podrá el candidato convencer con un discurso si con el siguiente se opone al referéndum sobre la reforma de la Constitución?

Lo de menos es, pues, si Zapatero le hurta a Rubalcaba la negociación de la reforma constitucional con el PP. Eso ya es un mandoble que llega por añadidura. Ni en sus peores pesadillas, los socialistas podían imaginar que en el hundimiento de Zapatero iba a sonar la música del Titanic. Tres meses más a este ritmo y del barco sólo quedarán añicos.

Ya lo dijo Felipe: ya no es simpatizante del PSOE porque este socialismo no le gusta, y por eso, más que nunca, se siente un jarrón grande en un apartamento pequeño, un gran jarrón chino arrinconado en el trastero de la solución habitacional de 30 metros cuadrados en que va a quedar el PSOE. A donde irán a parar también Zapatero, y otros no menos vistosos adornos, como Salgado, Guerra, Chaves o Bono. Todos han elegido abandonar, quitarse de en medio, menos el propio Rubalcaba, atado de pies y manos junto a la pira en que le ha colocado Zapatero, esa hoguera en la que antiguamente se quemaban a las víctimas de los sacrificios. Lo dicho: ni en sus peores sueños...

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. La izquierda quiere hacerle la autocrítica a ZP. Por Pablo Molina

José Luis Rodríguez Zapatero, siervo del capital, vendido al neoliberalismo, lacayo imperial, vasallo de los especuladores, mamporrero de los poderosos, quintacolumnista de la judería financiera, traidor de clase.

Las peleas entre las distintas facciones de la izquierda son un espectáculo notable que sus víctimas presupuestarias deberíamos celebrar como se merece. Tras más de siete años sometidos al dictado de unos totalitarios vocacionales sin escrúpulos a la hora de esquilmar nuestro bolsillo, es realmente divertido verles destrozarse entre ellos a cuenta de una fingida promesa de no endeudar demasiado a un país que han dejado en ruinas, pero eso sí, a partir de 2020 y eso siempre que no haya una catástrofe por medio como, por ejemplo, otra victoria electoral del PSOE.

Zapatero se definió a sí mismo como un rojo, por otra parte una aclaración innecesaria, y ahora el resto del rojerío lo acusa de traidor a la causa proletaria y de haberse vendido al "capital especulativo".

Por supuesto los que así se manifiestan ni saben qué es en realidad eso que ellos llaman con infantil displicencia el capitalismo neoliberal, salvaje, especulador etc. etc. Tampoco es que tengan una idea clara de lo que supondrá la reforma constitucional en ciernes en materia presupuestaria, pero como se trata de grupos políticos que fagocitan el esfuerzo común para atender a su clientela, cualquier sintagma que les suene vagamente a recorte del gasto público los pone de los nervios. Pues que le pidan a Zapatero un tranquilizante, porque parece que la absurda reforma constitucional que PSOE y PP han urdido, solos o en compañía de Rubalcaba, va a transcurrir por la vía de los hechos consumados.

A Zapatero lo acusan de alta traición los que en 2004 y 2008 celebraron con kalimotxo sus victorias electorales, unos convencidos de que el tipo era un fenómeno de la política y el resto agradecido por haber cerrado el paso al poder de la derecha. Mientras hubo dinero para financiar todo tipo de majaderías la fiesta siguió su curso en las filas de la izquierda. Ahora que ya no queda dinero se rebelan contra el gran líder a causa de los peajes que ZP tiene que pagar después de tanta francachela, sencillamente para que España no entre en suspensión de pagos y el PSOE pase un par de décadas en el ostracismo.

José Luis Rodríguez Zapatero, siervo del capital, vendido al neoliberalismo, lacayo imperial, vasallo de los especuladores, mamporrero de los poderosos, quintacolumnista de la judería financiera, traidor de clase. Por aquí andan unos cuantos que quieren hacerte "la autocrítica". Que no te pase nada, chaval.

Libertad Digital – Opinión

Delincuencia. Por Alfonso Ussía

Sus policías nacionales, los mismos que obedecían sus órdenes hasta trasanteayer, se han querellado contra usted. Entre sus policías, los agentes del orden, y sus perroflautas, usted no ha dudado con quiénes se queda. Con los segundos, contra los que no actuó cuando ocuparon ilegalmente los espacios públicos que a todos nos pertenecen. Con los segundos, los que insultan, amenazan, destrozan el mobiliario urbano y siembran de estiércoles y orina las plazas y calles de nuestras ciudades. Con los segundos, los que amenazan a unos policías cumplidores de unas órdenes inadmisibles. Usted, Rubalcaba, su sucesor y obediente Camacho y la Delegada de la Chusma en nombre del Gobierno han sido señalados ante la Justicia por una Policía harta y humillada. Hoy hemos sabido que el Ministerio del Interior ha dispuesto que la Policía dé un trato de favor a los llamados «indignados» indignantes. Usted está con ellos –con los perroflautas–, por un puñado de votos. Han prevaricado, han ordenado a la Policía que no actúe contra ellos, y cuando no tuvieron más remedio que repartir algún porrazo profesionalmente medido, usted, que era su jefe, se ha convertido en su acusador. No soy abogado, pero intuyo que tanto usted, como su obediente sucesor en el Ministerio del Interior, como la Delegada de la Chusma en nombre del Gobierno, están moviéndose a muy pocos centímetros de la delincuencia.

Jamás me figuré un deterioro tan acusado en los valores de una persona como el que ha experimentado la suya propia. Se está quedando solo con la mugre. Se le van los suyos como ratones asustados. Quien lo elevó hasta lo más alto, su Presidente del Gobierno en paro técnico, también le ha dado la espalda, hasta el gorro de sus deslealtades. Parece, Rubalcaba, que es usted un recién llegado sin responsabilidades pasadas, cuando su responsabilidad en el desastre es tan abrumadora como la del Presidente parado. También se le va Elena Salgado, su mano derecha, avergonzada de su deriva. Hasta su fiel Elena Valenciano principia a dar muestras de una desmoralización corrosiva. Y tan grave y desagradable es la desunión en su partido que hasta el Presidente ha decidido puentearlo y hablar con Rajoy de los pasos del futuro sin consultar con usted. ¿Para qué hacerlo con el seguro perdedor de las elecciones?

Todas sus demagogias, sus deslealtades, sus mentiras, sus fugas de la responsabilidad y sus trucos de baratillo pueden ser protagonistas del olvido en unos pocos años. Pero su inaceptable reacción contra la Policía que le ha obedecido a usted hasta trasanteayer, y muy a su pesar según se ha sabido, no tiene perdón. Usted no puede valorar un puñadito de votos más que los derechos de la ciudadanía. Usted no puede respetar más la orina de un perroflauta que el establecimiento honrado y legal de un comerciante instalado en la Puerta del Sol. Usted no puede acusar a un policía insultado, humillado y zarandeado de extralimitarse cuando la extralimitación se produjo en las filas airadas y groseras de sus favorecidos.

Le ha salido muy mal la jugada y ha quedado usted peor. Usted carece de talla moral y ética para ser candidato de nada, y empiezan a verlo y sentirlo en su propio partido. No sirve para nada la simulación. Los que opinaron en mayo que ese presumible movimiento de «indignados» era uno de sus inventos no se equivocaron. Se valió de unos tontos útiles y de unos obedientes perfectamente dirigidos. ¿Cómo iban a actuar los agentes del orden contra quienes estaban amparados por quien da las órdenes? La lección de los jóvenes en la JMJ le ha desencuadernado. El Papa y usted se han puesto de acuerdo para acabar con su futuro político.

La Razón – Opinión

Miami. Bienvenido, Pablo Milanés. Por Carlos Alberto Montaner

Cuando Batista dejó la presidencia y viajó a Chile, el camarada Pablo Neruda lo saludó con un texto absolutamente obsequioso lleno de adjetivos entusiastas.

El sábado 27 de agosto actuará en Miami el cantautor Pablo Milanés. Es un acontecimiento lleno de contenido político que vale la pena analizar.

Pablo Milanés ha dicho tres cosas muy importantes en una excelente entrevista que le hizo Gloria Ordaz para Univisión. Dijo que ya no deseaba cantarle a Fidel Castro, que no tiene inconveniente en dedicarles una canción a las Damas de Blanco, y que es un revolucionario crítico comprometido con el sistema socialista.

Bravo. Eso quiere decir, primero, que el famoso cantautor rompió realmente con esa penosa subordinación moral e intelectual hacia el caudillo que caracteriza a las irracionales dictaduras personalistas; segundo, que acepta la pluralidad y las diferencias dentro de una sociedad en la que muchas personas honorables tienen posiciones distintas, sin que ello las convierta en enemigos execrables o en agentes de la CIA; y, tercero, que no ha dejado de ser comunista, pero no está dispuesto a callar ante los errores y los atropellos de su Gobierno. La militancia no exige ser ciego y mudo ante lo que está mal. Lo revolucionario es la rebeldía, no la aquiescente sumisión.

Mi impresión es que por la boca de Pablo están hablando cientos de miles de comunistas cubanos que se consideran verdaderos reformistas. Para ellos, no bastan los cuatro parches que Raúl le quiere poner al sistema productivo para continuar manteniendo su dictadura de partido único manejada por un grupúsculo elegido a dedo por el general entre el círculo íntimo de sus incondicionales. Ése, según se deduce de las palabras de Pablo, no es un gobierno moderno y legítimo, sino una banda al servicio de un jefe todopoderoso que ignora hasta los principios del "centralismo democrático" que supuestamente deben normar las relaciones entre los camaradas. Por eso Pablo quiere cambios reales.

Los demócratas de la oposición deberían hacer un esfuerzo por entender el fenómeno. Pablo Milanés, y con él seguramente cientos de miles de personas que se consideran "revolucionarias", no son enemigas. Son adversarios políticos dotados de ciertas ideas, a mi juicio disparatadas, pero con los que se puede y se debe convivir en una Cuba liberada del dogmatismo estalinista de los Castro. Al fin y al cabo, en las treinta democracias desarrolladas, prósperas y felices del planeta, las familias ideológicamente diferentes conviven en los parlamentos y son capaces de encontrar zonas de colaboración.

Tal vez los cubanos jóvenes no lo sepan, pero entre los años de 1940 y 1944, en un periodo democrático, el general Fulgencio Batista, acompañado y apoyado por los comunistas, fue libremente electo a la presidencia de la república por la mayoría de los cubanos. En esa época, de impetuoso crecimiento, por cierto, los comunistas-batistianos defendían la pluralidad y así llegaron al gabinete de gobierno dos ministros de esa cuerda política. Cuando Batista dejó la presidencia y viajó a Chile, el camarada Pablo Neruda lo saludó con un texto absolutamente obsequioso lleno de adjetivos entusiastas.

Tras más de medio siglo de descalabros, fusilamientos, exilios masivos, empobrecimiento progresivo, aventuras militares, violaciones de los derechos humanos y ejercicio arbitrario del poder por un caudillo iluminado empeñado en reinventar todo lo que existe, desde los seres humanos a las vacas, pasando por el café o la avicultura, ha llegado la hora de que la sociedad, toda la sociedad, asuma la dirección de su destino de forma pacífica, racional, plural y colegiada. Ese proceso comienza por un sobrio apretón de manos entre los comunistas reformistas y los demócratas de la oposición. Son, o deben ser, adversarios respetuosos, no enemigos. Bienvenido, Pablo Milanés.

Libertad Digital – Opinión

España es hoy más creíble

Cuesta encontrar en las dos legislaturas socialistas una decisión en política económica del calado de la reforma constitucional para limitar el gasto público. Sólo desde el equilibrio fiscal se pueden sentar unas bases sólidas que favorezcan la recuperación. Mariano Rajoy lo entendió hace muchos años, porque el Gobierno de Aznar cimentó su éxito económico en la disciplina y en la contención plasmada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo socialista derogó para favorecer el dispendio. Por eso, el presidente del PP propuso esta modificación de la Carta Magna hace un año, pero el Gobierno la despreció con especial displicencia por parte de Pérez Rubalcaba, que prácticamente se mofó de la misma.

El acuerdo, alcanzado en una negociación liderada por Rodríguez Zapatero y Rajoy y que fue registrado ayer en el Congreso, contempla la modificación de la Constitución para incluir un principio de equilibrio presupuestario que impida al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere lo establecido por la UE. Además, una futura ley orgánica precisará un déficit estructural global máximo del 0,4% para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020. Estas cifras, así como el proceso para alcanzar el objetivo de deuda dentro de nueve años, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 para atender a las circunstancias de los ciclos económicos, de acuerdo con el texto pactado.

Es un paso adelante determinante que reportará credibilidad a una economía necesitada y fomentará la confianza internacional en España. La decisión, respaldada por el 90% de los representantes de la soberanía nacional, nos situará también en la vanguardia de los países comprometidos con la gobernanza europea. No es, sin embargo, una pócima milagrosa que solucionará los graves desequilibrios de un país que necesita reformas estructurales de amplio espectro, pero sí es un pilar decisivo sobre el que impulsar cambios imprescindibles.

El importante grado de consenso político es también un valor añadido que fortalece el mensaje enviado a Europa. La polémica sobre la tramitación urgente de la reforma de la Carta Magna y la no convocatoria de un referéndum es baladí. No hablamos de intervenciones en el texto que afecten a derechos fundamentales, sino a retoques de carácter técnico que requiere un procedimiento ordinario.

Aunque no afecte al fondo del asunto, existe una lectura política que salpica a Rubalcaba y al propio PSOE. Veremos el alcance de la oposición interna a la reforma, pero esa contestación desconocida hasta hoy no es una buena noticia para un líder socialista que además ha tenido un rol marginal en una negociación relevante.

La reforma constitucional debe ser un punto de inflexión que culmine con el cambio político y una nueva directriz para España. La disciplina presupuestaria o, lo que es igual, el saneamiento de las cuentas públicas, es una cuestión de Estado. Unas arcas públicas solventes proporcionan prosperidad y facilitan el desarrollo de políticas de fomento de empleo y de creación de riqueza. De todo ello nos ha privado el gasto público incontrolado de los socialistas y ésa ya es una responsabilidad histórica.

La Razón – Editorial Opinión

A la defensiva

El Gobierno estimula el empleo temporal y limita su capacidad inversora en busca de estabilidad.

No se podrá acusar al Gobierno de estar de brazos cruzados durante el verano. Desde la convocatoria de elecciones anticipadas, han sido numerosas las medidas económicas adoptadas. La mayoría, en respuesta a la intimidación de los mercados de bonos y las exigencias de las autoridades europeas. La complacencia de las políticas económicas en la mayoría de las dos últimas legislaturas ha dado paso a una hiperactividad sin precedentes. La decisión de mayor significación es la destinada a modificar la Constitución para introducir un límite al déficit público. Esa extrema diligencia, con la que el Gobierno asumió las orientaciones del encuentro entre Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, ya ha generado perturbaciones políticas suficientes como para que se valore si el propósito perseguido requería del método empleado. Y si encontrará la compensación de los mercados financieros, ahora más pendientes de las posibilidades de crecimiento que del radicalismo fiscal de los Gobiernos.

Limitar el déficit público es una señal que reduce incertidumbre para los inversores en bonos públicos. Fomentar esa medida expresa, de hecho, una insuficiente confianza en los Gobiernos para conducir prudentemente la política fiscal. Afortunadamente, el acuerdo alcanzado no introduce en la Constitución cifras concretas de esos límites. En su lugar se ha optado por impedir que Estado y comunidades autónomas incurran en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. Es en una ley orgánica donde se concretarán esas cifras, que no dejan de ser arbitrarias: el déficit estructural máximo será del 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas y no superará el 0,26% del PIB en la Administración del Estado, ni el 0,14% en cada comunidad autónoma.

Son límites sin duda exigentes para un país con un gasto público por debajo del promedio de las economías avanzadas de Europa, sin niveles de bienestar o de capital público equivalentes. Dada la especialización sectorial de la economía española, distante de la modernización de las más desarrolladas, limitan la participación pública en la inversión en capital tecnológico o humano. La experiencia de otros países desarrollados, desde EE UU hasta Alemania, señala que la inversión pública ha sido determinante en la modernización económica. No es lo mismo poner un corsé a la actuación inversora del Estado para una de las economías más competitivas del mundo que hacerlo cuando se exhiben carencias de gran calado, como es el caso de España.

Las medidas laborales anunciadas en el Consejo de Ministros de ayer no son la panacea para reducir inmediatamente el paro, pero pueden favorecer la creación de empleo. Es el caso de la suspensión durante dos años del límite al encadenamiento de contratos temporales, que obligaba a hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran encadenado contratos temporales durante 24 meses. También merece una valoración favorable la medida que prevé la creación de un contrato de formación y aprendizaje para menores de 30 años. Con ella se trata de aliviar esa tasa de desempleo juvenil, superior al 46%, que constituye una de las manifestaciones más explícitas del drama laboral español.

La prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado la prestación por desempleo es apenas un paliativo. Es verdad que podría haberse aprovechado para introducir otras reformas en el mercado de trabajo. La de la contratación a tiempo parcial, por ejemplo. Pero el Gobierno parece haber optado por una dosificación de las reformas que favorece las críticas, como las de las organizaciones empresariales y los sindicatos. Pero es una insensatez desautorizarlas completamente, como ha hecho el Partido Popular.

El País – Editorial Opinión

Una simple declaración de buenas intenciones

Si PP y PSOE buscaban transmitir algún tipo de seguridad adicional en la solvencia del Reino de España mediante esta reforma constitucional, desde luego no lo han conseguido.

El parto de los Montes ha terminado dando a luz un ratón o, dicho de otra manera, las negociaciones entre PP y PSOE a propósito de la reforma constitucional han concluido en un nuevo artículo 135 vacío de contenido. Rubalcaba le ha terminado ganado la partida al PP –si no en la forma, sí en el fondo– y ha conseguido aguar lo que, con todas las cautelas, habría podido ser un paso en la buena dirección.

Al cabo, PP y PSOE quieren convencernos de que pretenden limitar el déficit en la Constitución sin especificar ningún límite. Por el contrario, nuestros mandatarios relegan ese dato, que es el básico para que podamos hablar de restricciones propiamente dichas, a una ley orgánica aprobada por las Cortes que, según nos adelantan, ubicará ese déficit máximo en el 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas. Una situación que, en última instancia, en nada se diferencia a la que ya imperaba con la ley de equilibrio presupuestario de Aznar y que no impidió a Zapatero derogarla de facto y colocar nuestras cuentas públicas al borde del abismo.

Todo apunta a que, cuando sea menester, la historia se repetirá, especialmente si tenemos en cuenta que la nueva redacción del artículo 135 permitirá a las administraciones incurrir en déficits superiores al 0,4% en caso de catástrofes o recesiones económicas. Traducido al román paladino: no habrá restricciones constitucionales a aprobar ruinosos Planes E en momentos de crisis aun cuando el sector público ya acumule un enorme agujero presupuestario.

En definitiva, si PP y PSOE buscaban transmitir algún tipo de seguridad adicional en la solvencia del Reino de España mediante esta reforma constitucional, desde luego no lo han conseguido. Primero, porque retrasan su plena aplicación hasta 2020, momento en el que, esperemos, la crisis ya se haya superado y en el que ya no habrá problemas de solvencia (bien porque ya hayamos reestructurado nuestra deuda o porque hayamos logrado superar las dificultades). Y, segundo, porque la reforma sigue dejando manos libres a los políticos para hacer y deshacer a su gusto. Justamente aquello que no deberían ser las constituciones: una mera declaración de buenas intenciones.

Libertad Digital - Editorial

Reconstruir lo destruido. Por Carmen Gurruchaga

Los principales objetivos de los países que han apoyado la rebelión en Libia, pero también de aquellos que no lo hicieron, serían cazar al dictador e intentar sacar algún beneficio económico cuando termine una guerra civil en la que han muerto al menos 20.000 personas. El siguiente paso es encontrar a Gadafi, pues aunque el mandato de la ONU impedía desplegar tropas por tierra, no decía nada en contra de usar personal de los servicios de Inteligencia. Y después, controlar el petróleo o, por lo menos, no perder los contratos firmados con Gadafi, que, según aseguran ahora, los rubricaron con el país y no con el sátrapa.

A continuación llegaría la reconstrucción de la nación norteafricana, devastada por el conflicto. El eje franco-británico ha puesto en marcha la conferencia de amigos de Libia, que comenzará a gestarse el 1 de septiembre, y donde los rebeldes dirán cuáles son sus necesidades. Al encuentro acudirán representantes de países que han participado en la ofensiva, pero también China, Rusia, India y Brasil.

Y es que tras un conflicto armado hay que reconstruir lo destruido y eso es sinónimo de dinero para quien efectúe los trabajos. Probablemente ya no habrá sorpresas sobre el final de la guerra, pese a la proclama hecha ayer por Gadafi a sus seguidores. Pero aún existen focos de resistencia en el sur de Trípoli, en Sirte y en otras partes del país. Quizás se hayan precipitado, o no.

La Razón - Opinión

Pacto de estabilidad. Solución total: abolir lo público. Por Jorge Valín

La solución solo pasa por eliminar el robo, es decir, las "ayudas" o los rescates (a países, bancos, sectores estratégicos...), y otorgar más libertad a la sociedad, tanto es su vertiente civil como económica.

Todo ha empezado con una carta del Banco Central Europeo al Gobierno de España. Más o menos la misiva dice: o elimináis el déficit, o dejo de comprar vuestra deuda. Trichet no quiere gastar toda la munición para nada y pide algún tipo de garantía. Si el Gobierno y oposición son capaces de engañar legislatura tras legislatura a más de 40 millones de ciudadanos, ¿por qué no al Banco Central Europeo? Ya existía un pacto de estabilidad (a nivel europeo) que nadie ha cumplido. Si por constitución reducen el déficit a cero, y el Gobierno de turno no lo cumple, ¿qué harán? ¿Meterán en la cárcel al presidente del Gobierno o a sus ministros? No se puede ser juez y parte. Evidentemente, los inversores lo saben y se han tomado la medida de Zapatero y Rajoy como otro discurso vacío sin consecuencias reales. Más aún, cuando Salgado ha dicho que no veremos tal resultado hasta el 2018.

Después de leer la noticia sobre el "déficit cero constitucional" (y haberme reído un rato), veo en la prensa estas otras noticias del mismo día:

• Aena mantiene el aeropuerto de Huesca pese a que sólo acogió a 15 viajeros en julio. Austeridad pura, oiga.
• El aeropuerto 'fantasma' de Castellón se gasta 5,5 millones en seguridad. ¿Más austeridad?
• Trabajo subvenciona los "desayunos" de la Federación de Mujeres Progresistas. Más austeridad
• Cada español aporta 6.300 euros para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal. Como país en problemas, ¿no tendría Salgado que haber rebajado, o eliminado eso? ¿No podemos ni aguantarnos nosotros mismos que hemos de estar regalando el dinero a otros?
• Cinco autonomías se declaran ya incapaces de cumplir el déficit. En realidad, de lo que son incapaces es de recortar gastos, por eso suben el IBI, ponen más multas, o disparan al doble la "plusvalía" (tributo local sobre el suelo urbanizado).

¿Nos creemos realmente que los responsables de estos desastres y locuras se van a volver, por arte de magia, austeros y comprometidos con sus ciudadanos? Los políticos serán unos inútiles, ladrones y caraduras, pero la ingenuidad del ciudadano se ha convertido es un delito mayor aún.

El Estado del Bienestar no solo es la mejor excusa del Estado Omnipotente para justificar el robo a gran escala, sino que es totalmente ruinoso e insalvable. Las medidas "pragmáticas" son las que nos han llevado a esto. El cáncer no se cura con aspirinas ni conjuros mágicos, sino que requiere de acciones agresivas.

La política es no la solución. Es que no es culpa de los políticos. Ni tampoco del "mercado", ni de los inversores, ni de la partitocrácia, ni del estado de las autonomías, del déficit privado y público... El problema es el sistema: consume más recursos de los que puede generar a la vez que ha vuelto al ciudadano en un rentista estatal enganchado a la droga gubernamental de las subvenciones y ayudas. El Estado del Bienestar nació muerto y ahora se pudre. Un 20% de desempleo no es bienestar. Políticos que regalan nuestro dinero por votos de otros ciudadanos es corrupción. Estados que se gastan lo que no tienen, sin control ético alguno, y ponen como avalistas al pobre obrero, abogado, kiosquero, vendedor... Es decir, al ciudadano, es un sistema corrupto y viciado; es éticamente intolerable y económicamente ruinoso.

Si el problema es el sistema, que se basa en el poder del Estado para "ayudar", rescatar, controlar y fiscalizar a la sociedad "por su bien", es que ha de ser reinventado. La solución solo pasa por eliminar el robo, es decir, las "ayudas" o los rescates (a países, bancos, sectores estratégicos...), y otorgar más libertad a la sociedad, tanto es su vertiente civil como económica. Dicho de otra forma: abolir lo público. Y no para el 2018, sino de inmediato. De lo contrario, si elegimos ser pragmáticos, el Estado del Bienestar se destruirá igualmente, porque ya no existe en realidad y solo haremos que alargar la agonía y miseria durante más tiempo.

Libertad Digital - Opinión

La JMJ. Por Iñaki Ezkerra

Como doctrina, como «paraideología», como discurso, el zapaterismo se volatiliza al modo de una broma demasiado larga y pesada de la que los que menos se quieren acordar son los que nos la gastaron. Quedan todavía efectos de él, pero como brasas humeantes sobre el arrasado campo después de extinguido el incendio. Brasas que no niego que puedan volver a hacer fuego, sobre todo si hay una mano que las reaviva. Brasas como las movilizaciones que tuvieron lugar contra la JMJ, como su tediosa demagogia, su chulesca agresividad, su impenitente insistencia en un coste de la visita papal que no era tal porque nunca una iniciativa social ha tenido tanto apoyo privado y tan visible. Tiene su triste gracia que quienes quieren enterrar el zapaterismo –para que no le estorbe a Rubalcaba–, pero lo quieren hacer en sordina, coincidan de manera sospechosamente unánime en conceder al aún presidente del Gobierno la autoría de «ciertos avances en la sociedad civil» que, honestamente, uno no está dispuesto a pasar por alto en nombre de ninguna generosidad mal entendida que falsee la realidad que hemos vivido. Y es que el período que se abrió el 14 de marzo de 2004 y que ahora expira ha significado lo contrario exactamente al desarrollo del tejido cívico. Philip Petit era una simple referencia retórica en boca de Zapatero. El zapaterismo ha sido el virus más esterilizante que cabía imaginarse para un asociacionismo como el español que sigue hoy, como entonces, en un estado embrionario. Y la prueba es el propio «movimiento indignado». Sólo la precariedad, por no decir la inexistencia de una verdadera sociedad civil de carácter laico en España, puede explicar que la acampada de Sol y otros simulacros similares en otras ciudades constituyan la gran respuesta social y «organizada» contra el paro y demás efectos de la crisis. La paradoja es que la única pero a la vez extraordinaria muestra de que ese tejido cívico existe ha sido precisamente la JMJ, acosada por los incapaces de hacer algo lejanamente parecido. Es esta vitalidad asociativa de la ciudadanía católica la que señalaba José María Marco hace unos días en este periódico: «Todo este inmenso esfuerzo, tan sofisticado, ha sido coordinado por una organización mínima, sin burocracias pesadas. Si alguien está pensando en un modelo de sociedad civil autónoma y vibrante, éste es uno de los mejores ejemplos imaginables». La verdad es que esa inmensa, tranquila y ejemplar marea de creyentes que fue protagonista del mundo la pasada semana ha dejado en ridículo a sus provocadores. Se los ha comido con patatas. Y son la mejor respuesta al período político que está concluyendo.

La Razón - Opinión

Reforma constitucional. Los límites de la limitación del gasto. Por Agapito Maestre

Para España y Europa, en estos momentos, es más razonable, diría Keynes, la austeridad y el ahorro.

Soy de los que piensan que el despilfarro de nuestros políticos con los dineros públicos hay que ponerle límites, e incluso habría que habilitar todo un apartado del Código Penal para perseguirlos de oficio y que paguen con su propio patrimonio todos los desmanes que hayan perpetrado. Aplaudo, pues, la limitación del gasto público a través de la Constitución, porque trata de frenar los abusos de la casta política; sin embargo, nadie se engañe, eso no significa que esta medida sea la panacea que cure el principal mal de España, a saber, el actual sistema político y administrativo es inviable en un país tan relativamente pequeño, desde el punto de vista económico, como el nuestro. Tampoco creo que esta cláusula constitucional consiga reactivar de manera contundente y definitiva, si tengo que hacer caso a ciertos economistas de prestigio, la gran crisis económica que atraviesa la economía española en el contexto de la crisis mundial.

En otras palabras, el llamado Estado de las Autonomías por un lado, y cientos de instituciones y empresas públicas ineficaces e inservibles, repárese en órganos de carácter estatal, como el Senado, o provinciales, como las Diputaciones, o locales, como Ayuntamientos que podrían agruparse con otros de igual entidad, por otro lado, no pueden ser soportados por una economía nacional, reitero, tan escuálida como la española. El sistema político es insostenible en términos económicos. Naturalmente, los primeros en negar este problema es el grupo más beneficiado del tinglado político y administrativo. Esta crítica a la casta política le suena a sueños celestiales. Cree que sólo una hambruna, o algo parecido a un terremoto de carácter social, la desalojaría del poder. Puede que estos malos políticos no corran peligro inmediato; pero, hasta donde yo sé, cada vez este personal está más desprestigiado... Se les mueve la silla.

Y, luego, vienen quienes creen que la limitación del gasto por ley puede llevar a un colapso de la economía. Esta es la principal objeción de los economistas de corte neokeynesiano a la propuesta de Merkel de controlar el equilibrio presupuestario por vía Constitucional. La objeción, desde luego, no es para tomársela a bromas. Tiene fundamentos serios. Keynes sigue dando la principal baza a los críticos de la medida; su principal tesis, a saber, desmontar el tópico de que gastar lo que no se tiene y disponer de lo que aún no se produce está lejos, como los economistas clásicos creyeron, de ser una locura ilusoria para el buen funcionamiento de la economía. En otras palabras, la austeridad puede ser destructiva y, por el contrario, el endeudamiento creador. Eso es lo que dicen, casi literalmente, los que se oponen a las medidas de Merkel: "La noma constitucional que impone el equilibrio de los presupuestos es una medida de fuerza muy peligrosa para que crezca la economía".

Quizá tengan algo de razón los socialistas españoles que se resisten a controlar el gasto por la Constitución, pero, en mi opinión, para que su argumentación tenga alguna validez no deberían de ocultar que el razonamiento keynesiano valía sólo "en determinadas circunstancias", es decir, las afirmaciones keynesianas de que la austeridad puede ser destructiva y el endeudamiento creador sólo tiene validez, en estricta lógica keynesiana, en ciertos casos. Para España y Europa, en estos momentos, es más razonable, diría Keynes, la austeridad y el ahorro. Algo, sí, que le cuesta ver y comprender a la casta política, especialmente la centrada en gastar y no ahorrar en las comunidades autónomas.

Libertad Digital - Opinión

Sí a la reforma. Por José Antonio Vera

Zapatero llegó de listo al Gobierno y se dedicó desde el primer momento a ir tumbando, una por una, todas las decisiones adoptadas con anterioridad por los gobiernos de Aznar, desde la ley de Calidad en la Educación al Plan Hidrológico pasando por la contención del déficit y la limitación de la deuda en las administraciones públicas. Lo hizo con altanería y desdén, despreciando los anteriores ocho años de prosperidad de España y saltándose a la torera el talante del que presumía. Ya hemos visto que el resultado no ha podido ser más que desastre, pues la evolución del país ha ido de mal en peor desde que los socialistas entraron de nuevo en La Moncloa. Y no es sólo por la crisis internacional. La recesión global importa y mucho, por supuesto, pero otros gobiernos (Alemania y Holanda, por ejemplo) han conseguido sacar rentas a base de austeridad. Justo lo contrario que aquí. Zapatero cogió el país con dos millones de parados y lo deja con cinco, con una deuda pública del 1,7 por ciento, y la ha subido al 13,8, y con una prima de riesgo cero, que ha llegado a subir por encima de los 400 puntos. Tal ha sido el despropósito que el Gobierno del «gasto social» se ha convertido en el gobierno del paro, lo más antisocial que hay, y hemos tenido que rectificar una tras otra todas las decisiones alocadas tomadas con gran irresponsabilidad, entre ellas los 400 euros, el cheque bebé, el plan E de aceras y farolas, las subvenciones a cineastas y sindicatos, y la tendencia suicida a crear unas administraciones públicas inmensas, saturadas de empresas públicas y cargos, hinchadas de funcionarios. Todo eso no podía continuar y primero Bruselas nos dio un hachazo obligando a un giro radical en la política económica, y ahora a esta reforma urgente de la Constitución para plasmar en ella justamente lo que los gobiernos socialistas aniquilaron: el déficit equilibrado y el techo de deuda para las administraciones. Lo pidió Rajoy en reiteradas ocasiones, pero la respuesta del trío Zapatero-Salgado-Rubalcaba fue siempre la chanza y la ofensa hacia el jefe de la oposición. Ahora han tenido que recurrir a él para que apoye una reforma que nos vuelve a imponer Europa como consecuencia de la compra masiva de deuda española por parte del BCE. Es el precio a pagar. Algo razonable y necesario, sobre todo para meter en vereda a unas autonomías que transitan por la vía del despilfarro. No puede ser que el Gobierno catalán haya triplicado sus organismos públicos desde 2003. Ni que Mas tenga unos gastos de representación más altos que los de Zapatero. Ni que las televisiones autonómicas contraten a más funcionarios que las privadas.

ZP se va obligando por vía de urgencia a implantar el objetivo de déficit cero que el mismo liquidó. Es una reforma necesaria que hay que apoyar. PP y PSOE representan a más del 80 por ciento de los votantes y tienen legitimidad para hacerlo, aunque no estaría mal que contarán también con el apoyo de CiU. Pero conviene recordar, en cualquier caso, por qué se ha llegado a la actual situación.

La Razón - Opinión

Reforma constitucional. ¿Cómo limitar el déficit?. Por Manuel Llamas

Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB.

Si algo ha demostrado fehacientemente la historia es la cuasi ilimitada capacidad del poder político para endeudar y arruinar a sus súbditos bajo el difuso argumento del "bien general" cuando, en realidad, el único interés en juego es el suyo propio. Así aconteció en la antigua Grecia, cuyos "ciudadanos" se entregaban por entero a la polis (vida pública) al tiempo que el 90% de la población era esclava; en los tiempos del Imperio Romano, en donde las eternas campañas bélicas y el crecimiento del Estado acabaron colapsando la incipiente civilización occidental; durante la Edad Media las monarquías fueron ganando cuotas de poder hasta la culminación del Absolutismo; el siglo XX nos deparó el horror del fascismo y el comunismo; y en la actualidad, tras dos Guerras Mundiales y una Guerra Fría de por medio, se estudia, una vez más, cómo limitar de forma efectiva los excesos del sobredimensionado Estado del Bienestar.

El control del poder político es, sin duda, una de las grandes cuestiones de las ciencias humanas y, por ello, se repite de forma recurrente en el tiempo bajo diversas formas e intensidad. La crisis de deuda pública ha vuelto a poner hoy sobre el tapete este particular debate. En esta ocasión, el problema consiste en cómo asegurar el equilibrio presupuestario para no incurrir en los mismos errores recién cometidos.

La receta propuesta por Bruselas, que no por Zapatero, consiste en reformar la Constitución para fijar un límite máximo de déficit y deuda. Y, sin embargo, se equivocan de plano. Se trata de una medida infructuosa, cuya buena voluntad es equiparable a su ineficiencia. Este tipo de límites constitucionales, simplemente, no sirven de nada. En primer lugar, porque su violación dependerá siempre en última instancia de la misma clase política que los ha instaurado. En segundo lugar, porque la clave del problema no radica tanto en el déficit como en el peso del gasto público. Y, en tercer lugar, dadas las premisas previas, porque la historia así lo demuestra.

La supervivencia del euro depende de una regla de oro denominada Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone a los estados miembros un déficit máximo del 3% y una deuda límite del 60% del PIB. Pues bien, dicha norma –de cumplimiento obligado, en teoría– nunca se llegó a respetar: hasta 2010, en la UE se registraron 97 casos (país/año) de déficits por encima del 3%; apenas un tercio (29) coincidieron con una gran recesión, con lo que se podían justificar sobre la base del mismo Pacto; es decir, no había base alguna para justificar los 68 casos restantes y, sin embargo, nunca se impusieron las sanciones pertinentes; los estados reinterpretaron y redefinieron el Pacto, una y otra vez, para suavizar cada vez más sus condiciones... En definitiva, la restricción que se habían impuesto entre ellos nunca funcionó.

Algo similar acontece en EEUU. Washington introdujo por primera vez un techo de deuda pública en 1917. Desde entonces, este límite legal se ha aumentado de forma constante –casi 80 veces sólo desde 1960–. La última ampliación se produjo este mismo mes de agosto. La excepción se ha convertido en norma. "Tan seguro como que el Sol saldrá mañana es que subirá el techo de la deuda", reza un dicho estadounidense. Y ello, en base a diversas excusas: al principio, el argumento esgrimido era la guerra, pero desde hace décadas es el creciente gasto corriente para sostener su enorme Estado.

Un ejemplo más cercano es el de España, donde las cuentas públicas se regían por una Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por Aznar, que Zapatero se encargó de tumbar tras llegar al poder. Así pues, ¿han servido de algo todos estos límites? La respuesta es no.

De hecho, la reforma propuesta ahora por PP y PSOE amenaza con convertirse en una broma de mal gusto en caso de que prospere la "flexibilidad" que pretende imponer Rubalcaba. Y es que, si el límite no incluye cifras no hay límite y, por lo tanto, los políticos ni siquiera tendrán que molestarse en cambiar de nuevo la Constitución o aprobar una Ley Extraordinaria de Déficit para saltarse a la torera su compromiso. Visto lo visto, de poco o nada va a servir el laureado techo. Y ello, básicamente, porque la clave no es el déficit sino el gasto público.

El peso del Estado español ronda el 45% de la riqueza nacional. La única solución radica en reducir su tamaño para que los siempre indeseados, pero habituales, abusos tengan el menor impacto posible sobre la economía productiva. Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB. Así, el Gobierno que quiera subir impuestos tendrá que convocar un referéndum para contar con el visto bueno de los contribuyentes. Esto, al menos, sí es una reforma en la buena dirección. Lo demás son meras promesas incumplidas.

Libertad Digital - Opinión

Que por pagar no quede. Por Julia Navarro

Primero fue Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo quién pidió que se suba los impuestos a gente precisamente como él, o sea multimillonarios.

Buffet explicaba que proporcionalmente pagan más impuestos algunos de sus empleados que él mismo y que eso le parecía intolerable. Y lo es, claro que lo es.

No sé si Warren Buffet es un hombre con conciencia o simplemente es que se da cuenta de que de seguir las cosas así llegará un momento en que la gente no pueda más y eso tenga consecuencias imprevisibles.

A Warren Buffet se le han unido dieciséis de las fortuna más importantes de Francia. Piden lo mismo: pagar más impuestos en estos tiempos de crisis. No sé si cundirá el ejemplo y los ricos, riquísimos de otras partes del mundo darán ese mismo paso al frente. Eso sí, mientras escribo estas líneas no sé de ningún multimillonario español que haya pedido lo mismo.

Lo cierto es que los Estados se complacen en apretar las tuercas a las clases medias, a los trabajadores liberales, a los pequeños empresarios, a todo aquel que tiene una nómina, a aquellos que con el fruto de su trabajo y esfuerzo han logrado ahorrar y tener una posición económica buena, deshogada, pero sin llegar a ser multimillonario como Buffet o tantos otros.

Curiosamente quienes más tienen son los que menos pagan, y quienes defienden que esto sea así lo hacen alegando que si no el "capital" se asusta y se va. De manera que los Estados se dedican a poner en su punto de mira a esas clases medias acogotándolas. Si es usted autónomo, un pequeño empresarios con dos o tres trabajadores, o un empleado que cobra una buena retribución póngase en lo peor, Hacienda le mirara los calcetines hasta del revés, pero eso sí, si es usted multimillonario no hay problema, porque tal y como están organizadas las cosas quienes más tienen más posibilidades tienen también de poder camuflar su dinero en sociedades.

En España tenemos las famosas Sicav, esas que tributan una cantidad ridícula por tener una especie de fondo con unos cuantos millones de euros. Y luego están los entramados de sociedades de quienes tienen realmente dinero.

Pero sea usted un contribuyente de andar por casa, un autónomo, pierda una factura, y verá cómo Hacienda cae sobre usted, mientras que quienes de verdad tienen dinero pueden defraudarlo incluso con la ley en la mano.

El caso es que la crisis económica es de tal magnitud que resulta insoportable que sean las clases medias quienes sustenten sobre sus hombros lo que va quedando del Estado. Por eso me parece importante el gesto y la petición que ha tenido Warren Buffet y ahora esas dieciséis grandes fortunas francesas, entre las que está Lliliana Betancourt, la dueña de LÖreal, o Danone, etc, pidiendo pagar más impuestos, primero porque realmente pueden hacerlo sin que sus fortunas mermen y ni siquiera lo sientan, segundo porque son conscientes de que si se continua agrandando el abismo entre quienes lo tienen todo y quienes cada vez menos tiene que llegar un momento en que eso se volverá en contra de ellos.

Lo que resulta paradójico es que sean éstos multimillonarios quienes piden pagar más impuestos porque los gobernantes no se atreven a pedírselos por no molestarles.

Sí, son las grandes fortunas, los que de verdad son multimillonarios los que deben arrimar el hombro en tiempos de crisis. Ya está bien de grandes ejecutivos que cobran grandes bonus al mismo tiempo que despiden a cientos de sus empleados o que sus empresa o bancos están al borde de la bancarrota por su mala gestión. Y ya está bien de exprimir y cargar sobre las espaldas de las clases medias el coste del Estado y de la crisis. Al fin y al cabo las clases medias son la espina dorsal del sistema.

Warren Buffet y esas dieciséis grandes fortunas francesas están dando toda una lección.

Periodista Digital - Opinión

Deprisa y corriendo. Por Victoria Lafora

Cuando parecía que el pleno del Congreso, en mitad de la canícula de agosto, iba a ser de trámite, Zapatero disparó con fuego real contra el estado del bienestar. La reforma constitucional, que fijará de forma inamovible en la Carta magna el tope de déficit, si se cumple, obligará a las administraciones a severos recortes de las prestaciones sociales.

Rajoy apoyó, en un gesto sin precedentes, esta reforma deprisa y corriendo porque es un trabajo sucio que le quitan de en medio y que le hubiera costado más de un enfrentamiento con los presidentes autonómicos de su partido, obligados a partir de ahora a apretarse el cinturón de verdad.

Ante la peor crisis económica que se recuerda, y con cuatro millones de parados, Rajoy se ha negado de forma sistemática, y con un objetivo claramente electoral, a apoyar ninguna medida que supusiera un alivio frente al acoso de los mercados. Sorprendentemente, a un mes de la convocatoria electoral, acepta consensuar nada menos que una reforma constitucional exigida por Bruselas y que, de momento, solo existe en la constitución alemana.

El objetivo de déficit cero ha sido incumplido por todos los estados de la UE. A partir de ahora, cuando se apruebe esta reforma exprés, España va a estar en cabeza de cola en cuanto a severidad normativa contra el déficit.

La penosa diferencia es que este país no es Alemania. Aquí hay cuatro millones de trabajadores que han perdido su empleo, en torno a un millón de familias con todos sus miembros en el paro. Miles y miles que se han quedado sin su vivienda por impago de la hipoteca. ¿Quién les va a ayudar? Porque la crisis va para largo. Diga lo que diga Rajoy de que va a arreglar España en un plís plas. Sin crecimiento económico sostenido no se crean puestos de trabajo y ese es el verdadero drama.

La cara de estupor de los diputados socialistas reflejó bien a las claras que Zapatero había pactado la medida previamente con Rajoy, pero que a los suyos les pilló por sorpresa.

El mismo desconcierto manifestaron los representantes de los grupos minoritarios que han reclamado cambios constitucionales diversos en estos cuatro años de legislatura como quien clama en el desierto.

No hay certeza de que esta medida vaya a frenar en seco la desconfianza de los inversores internacionales sobre la deuda española pero, de cumplirse y debe hacerse como con toda norma que fije la Constitución, los duros recortes que se avecinan serán todavía mas dolorosos.

Periodista Digital - Opinión

Me ofrezco. Por Alfonso Ussía

Carmen Calvo se ha desmarcado por dignidad del futuro electoral socialista. No admite que Rosa Aguilar encabece la candidatura cordobesa. Y le sobra razón. Rosa Aguilar viene del comunismo y es una recién llegada, en tanto que Carmen Calvo jamás se ha travestido en la política. Alfonso Guerra, el más veterano de los diputados –lo ha sido en todas las legislaturas–, también se cae de las listas. Dice que tiene muchos años y necesita descanso, y calla que no le gusta nada Rubalcaba. Otro que tal baila es Manuel Chaves, presidente del PSOE. Y Antonio Gutiérrez, el diputado sindicalista que se abrazó a la rosa después de su paso por Comisiones Obreras. Pajín sí. Doña Leire se presenta como primera de la lista de Alicante, y hace muy bien, porque de no seguir en la política la veo abriendo un tenderete de «chuches» en Benidorm. Pero que a Rubalcaba le están dando la espalda en su propio partido es algo que no se puede discutir. Y cuidado, que el número de desencantados puede aumentar y ahí el candidato socialista se encontraría con un problema. En vista de ello, me ofrezco.

He consultado con mis amigos del PSOE y me han dicho que, por su parte, me recibirían con los brazos abiertos. No obstante, es Rubalcaba el que tiene que acceder a mi ofrecimiento. No exijo un puesto de elección segura y me importa un bledo la provincia que me asignen. Lo mío se puede y se debe considerar un acto de patriotismo. El que va a ser primer partido de la Oposición tiene que completar todas sus candidaturas por una cuestión de decoro. Y a este paso, no van a cubrir ni las de Ceuta y Melilla.

Otros amigos, conocedores de mi decisión, se han ofrecido también a Rubalcaba. Ninguno es socialista, pero todos creen que en una democracia joven e inexperta, la existencia y fortaleza del socialismo es fundamental. Porque de desaparecer el PSOE, muchos de sus votantes se consolarían en el comunismo, y en ese caso Carmen Calvo se reencontraría con su liderazgo en Córdoba, porque Rosa Aguilar daría el salto hacia la hoz y el martillo en menos que canta un gallo. Una sociedad seria se mueve en los parámetros del liberalismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia y el socialismo pragmático. El comunismo es una reliquia graciosa de un pasado terrorífico, y no sería conveniente para nadie su recuperación social.

De ahí que un grupo de españoles, con la mejor intención, nos hayamos ofrecido a Rubalcaba para completar con nuestros nombres sus candidaturas. Eso no quiere decir que, en el caso de que nos acepte, optemos por votarnos. Eso sería demasiado. Si Rubalcaba, por poner un ejemplo, me incluye en su lista de Madrid yo no me votaría. El voto es secreto siempre que su emisor lo considere conveniente. No es mi caso. Aunque me presente por el PSOE mi intención no es otra que votar a Rajoy y al Partido Popular. Entiendo que quebraría una situación de normalidad democrática. Presentarse por un partido y votar a otro no es habitual, pero tampoco formamos parte de una nación regida por la coherencia. Además, que votarme a mí mismo en las listas del PSOE nada tendría de patriótico, porque estos socialistas han dejado a España tiesa, tísica y canina.

Esto es lo que hay. Me ofrezco sin reservas a rellenar una lista del PSOE liberado del compromiso de votarme. Más no se puede ofrecer. Y de salir elegido, que mucho lo dudo, me reuniría con Rubalcaba para templar gaitas y «negociar hasta los últimos flecos», como dicen los cursis, la utilidad de mi escaño. Ya lo sabe, don Alfredo.

La Razón - Opinión

Reforma constitucional. Spanien, länder de segunda. Por Emilio Campmany

Tiene gracia ver cómo nuestra soberanía se escapa por el desagüe de la crisis debido a los problemas de nuestra deuda soberana, que ya se ve que ni es soberana ni es nada.

En plena canícula agosteña, va Angela Merkel y ordena y manda que los españoles, sin excusa ni pretexto, modifiquemos echando virutas nuestra Constitución para establecer un límite al déficit tal y como Alemania ha hecho en la suya. Y eso, para anteayer. Y nuestro presidente de Gobierno, a quien no le preocupa ni la dignidad de los españoles ni la suya propia, va corriendo, dándose con los talones en el trasero, a obedecer como un servil lacayo y nos obliga al resto a hacer lo mismo. ¿Será verdad que España va a reformar su Constitución en dos semanas porque así lo ha ordenado la canciller alemana? Pues sí, es verdad.

Ningún partido político ha puesto un pero a que la reforma propuesta, con independencia de la bondad de la norma, tenga que ser adoptada aprisa y corriendo porque nos lo ordena una potencia extranjera. El PP está encantado de que sea Zapatero quien arrostre el desgaste de hacer una cosa que Rajoy hace un año que propuso. Los nacionalistas se quejan, pero no de que estemos a órdenes de Merkel, sino de que el límite pueda afectar a las Comunidades Autónomas que gobiernan o que aspiran a gobernar porque a ellos les chifla gastar lo que no tienen. Buena parte del PSOE e IU, junto con los sindicatos, se oponen a la reforma porque no les gusta que se limite el derecho al despilfarro no vaya a ser que el Gobierno de turno se vea obligado a cortarles las subvenciones a la marabunta de progres que chupan del presupuesto de una u otra forma. El caso es que aquí nadie se queja de lo obvio, que hemos dejado de ser un país independiente.

Tiene gracia ver cómo nuestra soberanía se escapa por el desagüe de la crisis debido a los problemas de nuestra deuda soberana, que ya se ve que ni es soberana ni es nada. Hemos dejado de ser ciudadanos españoles para pasar a ser alemanes de segunda, sin derecho ni a voz ni a voto, a cambio de poder seguir tomándonos las cervezas, pero renunciando a las raciones de gambas. Y unos están tan contentos de que al menos hayamos salvado las cervezas y otros se quejan de que haya que olvidarse de las gambas, que están tan ricas. Y nadie manifiesta la necesidad de prescindir de unas y de otras y pagar nuestras facturas y, con ello, conservar el derecho a ser soberanos en nuestro país.

Y Rubalcaba, mientras, está a ver cómo engaña a la Merkel y propone modificar la Constitución, sí, pero dejando que el límite del gasto lo concrete una Ley Orgánica, que cualquier Gobierno que quiera saltárselo podrá modificar con mayoría absoluta. Rubalcaba debe creerse que puede engañar a los alemanes con la facilidad con la que emboba a sus compañeros. Es que Freddy es muy listo, pensarán los muy ciruelos.

Libertad Digital - Opinión

Otro parche, ahora fiscal

El carrusel de improvisaciones de la política económica socialista vivirá hoy un nuevo episodio. Aunque el oscurantismo ha caracterizado las nuevas decisiones de Economía, el Consejo de Ministros puede recuperar hoy el Impuesto de Patrimonio, algo que ya fue sugerido por la vicepresidenta Elena Salgado y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La reactivación del Impuesto de Patrimonio es otra prueba de la política errática del Gobierno, pero, sobre todo, constituye un fenomenal error motivado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de cumplir con el objetivo de déficit del 6% pactado con Europa debido a su renuncia a cortar por lo sano en el gasto superfluo del Estado y su incapacidad para contener los excesos autonómicos.

Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.

El Impuesto de Patrimonio es fundamentalmente injusto por gravar rentas y activos que han sido afectados por otros instrumentos como el IVA y el IRPF, y como casi todo incremento impositivo resulta también un freno para la recuperación al penalizar el ahorro y la inversión. La medida tiene además tintes populistas que el candidato socialista se ha encargado de explotar. Lejos del discurso demagógico de la izquierda, no es un impuesto para los ricos porque las grandes fortunas disponen de sofisticadas soluciones para esquivar el pago.

Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.

La Razón - Editorial

Camino del acuerdo

Gobierno y PP buscan una fórmula que permita reformar la Constitución con el mayor consenso.

El Gobierno y el Partido Popular seguían discutiendo al cierre de esta edición los términos concretos de la propuesta que presentarán hoy en el Congreso para introducir en la Constitución un límite al déficit público. Una de las fórmulas manejadas indicaba la voluntad de establecer en la Carta Magna un compromiso genérico de estabilidad presupuestaria que se desarrollaría, tras las elecciones del 20 de noviembre, en una ley orgánica que incluiría los detalles y las cifras concretas. Elegir este camino, con sus flecos cerrados, podría ayudar a desbloquear la tensa situación política que ha producido esta iniciativa de Zapatero. Tanto los nacionalistas como los partidos de izquierda, además de muchos socialistas, manifestaron graves reservas, que iban desde la oposición cerrada a incluir ningún límite en la Constitución hasta la suspicacia por los posibles efectos que pudiera tener sobre las cuentas autonómicas.

Esta reforma será la primera de gran calado en los 33 años de vigencia de la Carta Magna. Con anterioridad, solo se había introducido una modificación para ampliar el derecho de sufragio a los extranjeros, obligada por la ratificación del Tratado de Maastricht. El paso dado por Zapatero ha provocado una profunda división en las filas del Partido Socialista. Actuando con plena legitimidad institucional como presidente del Gobierno, ha perjudicado sin embargo la campaña del candidato Rubalcaba. La divergencia de intereses entre un líder y otro era previsible desde el momento en que Zapatero optó por permanecer en la Secretaría General y por anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación, creando un tiempo muerto en el que solo podrían aflorar las contradicciones. En este caso, Zapatero ha vuelto a cometer un error: lanzar medidas de gran calado sin forjar un consenso previo con el resto de los dirigentes de su partido ni con el grupo parlamentario. El acuerdo que se negociaba ayer es un primer paso para recuperar esos imprescindibles acuerdos.

Desde el mismo momento en que salió adelante en el Congreso la propuesta de incluir en la Constitución un techo al déficit, lo que importaba era abrir mecanismos para que los términos concretos fueran discutidos por todas las fuerzas parlamentarias. La negociación que continuaba ayer buscaba la mejor fórmula para responder a dos desafíos. De un lado, enviar la señal a Europa de que existe un compromiso sólido de combatir el déficit. De otro, ampliar los márgenes para conseguir el mayor consenso durante la tramitación de la correspondiente ley orgánica.

Se ha excluido la convocatoria de un referéndum para ratificar la reforma constitucional, lo que seguirá siendo objeto de debate. La urgencia de la medida tampoco está exenta de polémica. El Gobierno debe explicar cuál es la causa por la que, con la legislatura prácticamente agotada, era necesario adoptar una medida de tanta trascendencia jurídica pero de escasos efectos económicos inmediatos.

El País - Editorial

Rubalcaba desactiva la reforma constitucional

Si la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

Tras el anuncio de Zapatero de reformar la Constitución para limitar el déficit público, no era difícil encontrarle bastantes puntos oscuros a la medida: todavía no conocíamos en qué consistiría, a qué administraciones públicas afectaría o las sanciones que llevaría aparejadas en caso de incumplimiento. Con todo, el gran problema de fondo de esta buena idea era que todo apuntaba a que se trataba de un nuevo gesto de cara a la galería que los socialistas no tenían ninguna intención de cumplir. A la postre, el PSOE ha acreditado a lo largo de su historia un nulo respeto hacia nuestra Carta Magna en todos los campos imaginables; no había motivos para pensar que fuera a ser distinto en el área económica.

Mas si ya cabían pocas esperanzas de que los socialistas se fueran a someter a una rígida limitación del déficit el pasado martes, ninguna cabrá en caso de que prospere la idea de Rubalcaba de no especificar en la Constitución la cifra a la que debe quedar restringido ese déficit. Precisamente, las constituciones sirven para crear normas muy estables que no sean disponibles por mayorías políticas transitorias; si, como propone el candidato socialista y parece aceptar el Partido Popular, la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

A la postre, no otra cosa hizo Zapatero nada más llegar al poder: enterrar la ley de equilibrio presupuestario que con tanto sentido común sacó adelante el Gobierno de José María Aznar. ¿Hay motivos para pensar que el futuro será distinto del pasado? Por desgracia no. En cuanto superemos la crisis, nuestros gobernantes olvidarán las valiosas lecciones que deberían haber aprendido y volverán a endeudarse sin control y sin ninguna limitación constitucional. No sabemos si con este simulacro de reforma lograrán engañar a algún votante, pero desde luego a los mercados, no. El buen estado de nuestras cuentas públicas seguirá dependiendo, como hasta el momento, de la diligencia del gobernante de turno. La reforma constitucional no evitará que los Zapateros del futuro nos sigan arruinando.

Libertad Digital - Editorial