Cospedal señala el camino

Austeridad y sensatez en la gestión de los recursos públicos. Sobre estas bases se asienta el proyecto de María Dolores de Cospedal como presidenta electa de Castilla-La Mancha. Ayer, en su discurso de investidura anunció una reducción tajante del gasto público que, lejos de ser una operación cosmética, es una medida de gran calado, ya que va a suprimir el 60 por ciento de los altos cargos de la comunidad autónoma. En concreto, suprimirá el 50 por ciento de los puestos de libre designación, reducirá las Direcciones Generales de 52 a 30 y disminuirá de 35 a 5 los delegados provinciales. Además, eliminará la figura en Castilla-La Mancha del Defensor del Pueblo, así como la Comisión Regional de la Competencia, el Consejo Económico y Social, y analizará la viabilidad de la Sindicatura de Cuentas con el fin de comprobar si es necesario mantener esta entidad o si, por el contrario, es prescindible. También establecerá un techo de gasto y de endeudamiento. Como bien dijo De Cospedal, uno de los principios del Estado de las Autonomías es la descentralización, pero ésta nunca se debe interpretar como multiplicar por 17 toda la estructura del Estado. No cabe tampoco ignorar que esta reducción responde a la precaria situación económica de Castilla-La Mancha. En los primeros meses de este año, la comunidad arrastra un déficit que supone un 1,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), con lo que se supera ampliamente el objetivo de déficit final del año, fijado en un 1,3%. En cuanto a la deuda regional, al cierre de 2010 ascendía a 7.054 millones de euros, el 19,5% de su PIB. Ante esta situación, De Cospedal no quiere demorar ni un segundo la sangría económica que sufre la comunidad que va a presidir. Las medidas de ahorro que detalló ayer la dirigente del PP son el camino a seguir y deben ser el mensaje que su partido traslade a todas las comunidades autónomas en las que gobierna o en las que empezará a gobernar. Algunos pensarán que el anuncio que hizo ayer De Cospedal es audaz, y es cierto por cuanto que los socialistas –en el caso de Castilla-La Mancha y en el de otras comunidades como Extremadura–, durante sus largos decenios de mandato, nunca han mostrado verdadero empeño por adelgazar la administración autonómica y atajar el clientelismo político, sino todo lo contrario. Pero, a pesar de ser audaz, el proyecto de la nueva presidenta es sensato, posible y, sobre todo, necesario. Tras los excelentes resultados electorales que permitirán al PP gobernar en sus tradicionales feudos, además de en Aragón, Cantabria, Baleares y Extremadura, llega el momento de la verdad y de poner en práctica unas recetas económicas marcadas por el ahorro, la contención del gasto público, el saneamiento de las cuentas y la austeridad. De lo que se trata es de ser más eficiente y diligente en la solución de los problemas, evitando las duplicidades entre las distintas administraciones con un aumento desaforado de cargos y una maraña burocrática de la que sólo se benefician unos pocos y que sirve únicamente para comprar voluntades políticas. A medida que se van conociendo las propuestas de los candidatos electos del PP, se comprueba que van en la buena dirección para beneficiar a todos los españoles.

La Razón - Editorial

Parálisis europea

La crisis griega debe resolverse antes de julio para salvaguardar las reformas de los países periféricos.

El respiro que proporcionó el viernes el acuerdo franco-alemán para garantizar que la reestructuración de la deuda griega será voluntaria se convirtió en una nueva decepción durante la madrugada del lunes. Los ministros de Finanzas de la UE, reunidos en Luxemburgo, fueron incapaces de articular un acuerdo para desbloquear el tramo de ayuda (12.000 millones de euros) que Grecia necesita para sobrevivir. Con una calma inapropiada en estas circunstancias, Europa ha dejado el caso griego para una cumbre extraordinaria del 3 de julio en la que quizá se aprueben las ayudas si el Gobierno de Papandreu, asfixiado por una crisis política que casi le tiene paralizado, supera la moción de censura y aprueba los recortes presupuestarios adicionales que exige Europa.

Esta carrera de obstáculos que debe superar Atenas sería agobiante incluso en épocas de calma política; en un periodo de agitación social (causada por los recortes en servicios y prestaciones), la tarea es heroica. El Gobierno griego tiene que ofrendar a los ministros europeos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) más reducciones de gasto y ventas de activos públicos por 50.000 millones de euros. Y eso para recibir los 12.000 millones ya aprobados en 2010 y optar, en septiembre, a un nuevo rescate de 120.000 millones (el primero ha fracasado). Grecia no tiene opciones (es ajuste o default) y Europa tampoco, porque es salvar Grecia o hundir el euro.

A esta situación se ha llegado por la incapacidad de las instituciones para poner en marcha planes de rescate creíbles, que no ahoguen a los países que presuntamente se rescatan con exigencias de estabilidad fiscal imposibles de cumplir. Pero es que ni siquiera en una crisis extrema, con un país al borde del colapso y los mercados estallando por las costuras, los ministros de Finanzas son capaces de ponerse de acuerdo para salvar a Grecia del desastre inmediato. El FMI ha tenido que advertir del riesgo de contagio de la crisis griega a los países con planes de ajuste en curso.

La imagen que da Europa es mala. La semana pasada, las Bolsas europeas se desplomaron y los diferenciales de deuda de los países periféricos se dispararon precisamente como respuesta a la incapacidad para responder a la crisis griega. Hoy se incurre en el mismo error; las Bolsas vuelven a caer y los diferenciales de deuda saltan a la estratosfera a pesar de las lecciones recientes. Las instituciones que deben velar por la estabilidad del euro no caen en la cuenta de que están empujando a Grecia hacia un crash. Demorar la entrega de los 12.000 millones equivale a exacerbar la crisis política griega, y esta, a su vez, impide la definición de nuevos ajustes.

El daño que produce la desvertebración europea a la deuda española, a la cotización de las acciones bancarias y a las salidas a Bolsa que necesita la reforma financiera española es incalculable. Ni Grecia ni los países más afectados por la vorágine se merecen que la solución al problema se retrase (en el mejor de los casos) hasta el 3 de julio. La decisión debería ser inmediata.

El País - Editorial

11-M, seguimos queriendo saber

Más allá de las derivaciones políticas e históricas que los atentados han tenido para toda la nación, es una cuestión de justicia elemental aclarar todo lo posible los hechos acaecidos en Madrid durante aquella fatídica jornada.

Como todos los cadáveres sin enterrar, el 11-M sigue siendo asunto de máxima actualidad a pesar de los años que han pasado desde aquel día de infamia. Esto es así porque lo único que podemos dar por cierto a estas alturas es que sabemos bien poco de los atentados. Desconocemos, por ejemplo, lo fundamental, es decir, quién ordenó la masacre y por qué razón lo hizo.

Puede parecer éste un detalle sin importancia (porque así lo ha querido el Gobierno y todos sus satélites mediáticos), pero no lo es en absoluto. Los mismos que querían saber horas después del atentado han pasado dos legislaturas sin interesarse lo más mínimo en investigar el cómo, el por qué y el quién de una tragedia nacional que precedió su ascenso al poder.

El hecho es que este obstruccionismo deliberado por parte del aparato gubernamental –incluido en él el partido que sustenta al Ejecutivo– no ha servido para frenar la investigación. Las dudas sobre la autoría de los atentados siguen flotando en el ambiente y nuevas revelaciones saltan a la prensa con regularidad. La última relativa a la labor de los Tedax comandados por Sánchez Manzano durante las primeras pesquisas policiales que siguieron a las deflagraciones.

Una sombra más, la de la inexplicable actitud de este alto cargo de la Policía Nacional, que se suma a otras muchas sobre las que nadie en el Gobierno quiere arrojar luz. Al menos mientras gobierne Zapatero y, por extensión, el PSOE. Cabe la esperanza, tal y como ha dejado ver González Pons, de que en un futuro cercano eso cambie.

Si el PP quiere que sus promesas sean creíbles, debería desclasificar todo lo relativo al 11-M en cuanto llegue al poder. Porque, más allá de las derivaciones políticas e históricas que los atentados han tenido para toda la nación, es una cuestión de justicia elemental aclarar todo lo posible los hechos acaecidos en Madrid durante aquella fatídica jornada.

Libertad Digital - Editorial

Lo que nos jugamos todos con el euro

Con el rescate de Grecia, la supervivencia y la credibilidad de más de medio siglo de construcción europea están en juego.

EL euro no es una moneda cualquiera. Para los europeos es el símbolo de una voluntad de afrontar juntos los desafíos de un mundo globalizado y es el instrumento en el que se basa la economía y el bienestar de casi quinientos millones de personas. Decir que hemos llegado a un punto en el que estamos jugando con fuego y que cualquier cosa puede suceder no es en modo alguno una exageración. Grecia ha entrado en una situación en la que ya no es posible ser optimista y dependiendo de lo que pase en Grecia, la existencia misma del euro puede estar en peligro.

La moneda ha sido, junto a las fronteras y el ejército, uno de los atributos esenciales de un Estado y puesto que la Unión Europea no ha conseguido elevarse lo bastante sobre la soberanía de sus países miembros, a la primera crisis seria el euro se encuentra prisionero de los intereses particulares. Los líderes que deberían velar por la supervivencia de las instituciones comunes están más pendientes de las reacciones en sus parlamentos nacionales, que en muchos casos han sido infectados ya por el virus del populismo nacionalista. No es de extrañar que junto a la crisis del euro se hayan visto también amenazas contra la abolición de las fronteras internas. Y frente a esta inquietante situación hay que reconocer que las instituciones comunitarias que deberían haber salido reforzadas por el Tratado de Lisboa, se han mostrado más ineficaces que nunca. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, sigue actuando como si todo pudiera resolverse con mayores dosis de propaganda, mientras los miles de funcionarios que dependen de él languidecen en sus oficinas esperando un impulso político que nadie encuentra en Bruselas.

El tiempo apremia y por duras que puedan parecer las reformas y los recortes del gasto público, cualquier alternativa sería infinitamente peor, y la más perniciosa de todas, la desaparición del euro. El primer ministro griego, Papandreu, ha dicho que puede lograr que el plan de ajuste se apruebe en Atenas, pero ha pedido que los demás dirigentes europeos hagan prueba de unidad para ayudarle a convencer a sus ciudadanos. Unos y otros tienen motivos sobrados para cumplir con su obligación, porque la supervivencia y la credibilidad de más de medio siglo de construcción europea están en juego.

ABC - Editorial

Indignados. El PP y la política de orden público. Por Agapito Maestre

El precipitado pseudopacifista del 15-M no parará. Es un fenómeno estrictamente español. Las luchas callejeras serán dominantes en los próximos meses y, seguramente, en los próximos años.

Las manifestaciones de ayer fueron más o menos normales. Los lemas que se gritaban eran los esperados. Todas las consignas tenían un tinte anti institucional y, a veces, un poco rancio como el tipo de izquierda que lidera la "cosa"; incluso, según me cuentan algunos manifestantes, hay gente que ha abandonado IU y el PCE, por ejemplo, Ninés Maestro, para pasarse a "militar" en este movimiento del 15-M. Es obvio que todo está controlado ya por la izquierda.

A la hora que escribo esta crónica no se conocen altercados relevantes. Las ediciones digitales de los periódicos nacionales, a las cinco de la tarde, destacaban el carácter festivo de la reivindicación. Las cifras de manifestantes, en Madrid, eran en torno a las 50.000 personas. No es un dato despreciable, aunque cualquier manifestación de víctimas del terrorismo sobrepasó con creces tales dígitos. En todo caso, nadie sensato puede despreciar estas manifestaciones por el número de concentrados. El asunto es demasiado importante como para que el PP no le preste un poco más de atención y, sobre todo, evite caer en ciertas contradicciones a la hora de valorar la respuesta policial, según se hable de Barcelona o Madrid, tal y como sucedió la semana pasada.

Un dato parece inamovible: este "movimiento" callejero será duradero ¡mantenerlo será asunto clave y, por supuesto, delicado del PSOE!–, rozará permanente la violencia y le pondrá las cosas difíciles al PP, si es que este partido llega al poder. No nos engañemos: habrá, sin duda alguna, violencia callejera. Violencia. Si esta gente del 15-M no cree en absoluto en las instituciones, ni tampoco respetan los resultados electorales, entonces no veo otra salida al conflicto que el enfrentamiento entre quienes creen, mejor o peor, en las instituciones y, por supuesto, las defienden por un lado, y quienes las atacan por el otro lado. Este tipo de "planteamientos", insisto, no sólo rozan el enfrentamiento anti político, sino que derivan normalmente en violencia física.

Ese precipitado de izquierda sembrará las calles de desorden, agresividad y violencia. Las manifestaciones, saltos y todo tipo de movidas callejeras serán generalizadas. El PSOE desaparecerá del poder, pero dejará un país incendiado. Mantener su poder en la calle, es decir, mostrarle músculo al PP, será toda la preocupación del PSOE. Así fue siempre la política del PSOE en la Oposición: nunca abandonar la lucha, incluso violenta, fuera de las instituciones. El precipitado pseudopacifista del 15-M no parará. Es un fenómeno estrictamente español. Las luchas callejeras serán dominantes en los próximos meses y, seguramente, en los próximos años. Por todo eso, es menester que el PP, más pronto que tarde, defina de modo claro y contundente su política de orden público. No es fácil, lo sé; pero tendrá que intentarlo ya, porque, de lo contrario, le estallará como una bomba de relojería, cuando esté en el poder.

O el PP empieza a delinear una política de orden público, asunto decisivo para un Estado fracturado institucionalmente, o cuando llegue al poder, he ahí su gran riesgo, será demasiado tarde. O se enfrenta ahora seria y contundentemente al PSOE o le sorprenderá, en el futuro, ver la calle en llamas.

MEDIO - Opinión

El descabello. Por Eduardo San Martín

Pillado hace unos días entre la espada de la mayoría de la IU extremeña, partidaria de aplicar el escarmiento a un socialismo voraz que le ha ninguneado durante tres décadas.

Pillado hace unos días entre la espada de la mayoría de la IU extremeña, partidaria de aplicar el escarmiento a un socialismo voraz que le ha ninguneado durante tres décadas, y la pared de los acuerdos federales de «no permitir ni por activa ni por pasiva» gobiernos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas, el bueno de Cayo Lara se apoyaba, sin demasiada convicción, en el muro de las decisiones federales, incapaz de aventurar un desenlace al embrollo cuya resolución ponía a prueba su propia autoridad como dirigente de la coalición.

Así que Lara se la jugó en un último esfuerzo por imponer las resoluciones de los órganos federales, a sabiendas de que estaba obligando a los suyos a elegir entre lo malo y lo peor. Lo malo era el mazazo que para toda la organización suponía la rebelión de una federación contra las instancias superiores de IU; lo peor era la contradicción que suponía anular la voluntad expresada por una mayoría muy cualificada de su franquicia extremeña por parte de una formación que presume, y no sin razones, de ser un ejemplo de democracia interna y descentralización.

Si no se producen sorpresas inexplicables, ganará lo malo y perderán Lara y los suyos. Los efectos que este desenlace tendrá sobre el futuro de Izquierda Unida ya se verán, pero serán siempre muchos menores que los que va a producir en el ánimo de un socialismo en el peor momento de su historia reciente, a quien ahora IU le asesta el descabello que culmina la estocada del 22M.

El PSOE ya sólo gobierna en Andalucía, y eso porque no hubo elecciones allí. Y en lugar de hablar de «pinzas» y otras zarandajas, los socialistas harían mejor en preguntarse qué abusos habrán cometido para que una formación de izquierdas prefiera que gobierne el PP en el penúltimo de sus reductos.

ABC - Opinión

Pacto del Euro. El despropósito económico de los indignados. Por Juan Ramón Rallo

Las cosas deben quedarse como están, y si a Zapatero se le ha acabado el dinero, que apoquinen Merkel y Sarkozy (es decir, los sufridos contribuyentes teutones y galos).

Se quejan los indignados de que nos quedemos en las malas formas de la Marcha sobre Madrid y desatendamos su fondo; a saber, su conocida oposición a eso que han venido a llamar el Pacto del Euro, trasunto de aquel universalmente vituperado –algunas veces con razón– Consenso de Washington. Es lógico: cuando tomas las principales ciudades de un país y asaltas sus parlamentos, lo normal es que el foco de atención se mueva ligeramente. Pero bueno, atendamos su petición y fijémonos en lo que juran que es la sustancia de su movimiento.

No seré yo quien defienda el Pacto del Euro, más que nada porque eso de que los contribuyentes alemanes y franceses sigan recapitalizando a su banca tratando de evitar que los manirrotos Estados periféricos quiebren, no me parece ni moral ni económicamente acertado. La solución de verdad pasaría, por un lado, por una desamortización de todos los bienes que todavía acaparan esos Estados manirrotos para reducir drásticamente su endeudamiento (ahí está el caso de Grecia, que acumula activos por valor de 300.000 millones de euros, para una deuda de 350.000) y, por otro, por una reducción enérgica de su presupuesto con tal de eliminar su déficit.

Pero los indignados, que de querer –eso decían para quien quiso creerlos– regenerar la democracia española han pasado a pretender rediseñar los balances de todos los Estados y bancos del planeta, no proponen nada de todo esto; al contrario, el programa económico de Democracia Real YA se reduce a exigirle a Europa que nos sigan dando el dinero de sus contribuyentes a fondo perdido con tal de que la fiesta no se acabe. Que no otra cosa es su rechazo al Pacto del Euro: "denos dinero pero no nos exijan ningún compromiso verosímil para que se lo devolvamos". Ni reducciones de gasto ni liberalización de la economía. Nada. Las cosas deben quedarse como están, y si a Zapatero se le ha acabado el dinero, que apoquinen Merkel y Sarkozy (es decir, los sufridos contribuyentes teutones y galos).

Porque si no aceptan ni recortes en el gasto público, ni aumentos de ciertos impuestos como el IVA o Sociedades (en esto, vaya, sí coincidimos), ni una reforma del mercado laboral que se cargue los convenios colectivos para permitir que vuelvan a surgir oportunidades de negocio, ¿cómo pretenden que salgamos de ésta? Sí, de ésta, porque por si alguien no se ha dado cuenta, estamos al borde de la suspensión de pagos.

Recapitulo por si hay algún despistado indignado: los países periféricos, Grecia y España entre ellos, tienen un déficit público de alrededor del 10% del PIB. Eso significa que los impuestos que abonan sus ciudadanos no dan para cubrir los desproporcionados gastos de sus Estados niñera y metomentodo. De ahí que sean los ahorradores extranjeros –esos especuladores canallas que tan poco les gustan– los que nos estén prestado su dinero para que sigamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Pero ojo, si nos lo prestan es para que se lo devolvamos algún día –normal, ¿no?–, y para devolvérselo tenemos que abandonar el déficit y amasar un cierto superávit. Mas, ¿cómo generar un superávit si, siguiendo las propuestas de los indignados, el Estado no puede ni reducir gastos, ni aumentar impuestos ni liberalizar la economía?

Mal asunto, sin duda. Entre otras cosas porque si los ahorradores internacionales se convencen de que no vamos a poder pagarles –idea a la que los indignados están contribuyendo notablemente–, dejarán de prestarnos ese 10% del PIB que actualmente nos están prestando. ¿Y qué significaría eso? Pues que ya podemos olvidarnos de tímidos y progresivos ajustes en el gasto público: de golpe y porrazo, habrá que meterle un tajo del 25% a nuestro gasto público (que a eso equivale el 10% del PIB que se nos está prestando). ¿Se lo imaginan? Pues eso es lo que conseguiremos haciéndoles caso a los indignados.

Y es que, al cabo, puestos a indignarse, ¿no sería más razonable hacerlo contra los políticos y el sistema económico –Estados enormes, un muy intervenido sistema financiero y relaciones laborales tomadas por los sindicatos– que nos han abocado a esta desesperada situación? Parece que no: lo que les indigna no es que hayamos malvivido una década de prestado, sino que ahora toque darnos un baño de realismo y comenzar a pagar nuestras deudas.

Libertad Digital - Opinión

El último hurra del Siglo XX. Por José María Carrascal

Lo que quieren esos indignados manifestantes es que todo siga como estaba. Esos no son revolucionarios. Son reaccionarios.

¿SABEN los que ayer se manifestaron airadamente contra «el pacto de euro» lo que significa el euro y su pacto? Si lo saben, son unos cínicos; si no lo saben, unos pardillos. El euro y la CEE significó para España, como para los países mediterráneos, un maná en fondos destinados a igualar las diferencias entre el centro y sur de Europa, que se tradujo en autovías, ayudas al campo, infraestructuras y apertura de mercados que hicieron subir el nivel de vida de esos países como nunca en su historia. Vuelvan la vista atrás y me dirán si no tengo razón. Lo malo fue que llegó la crisis y esos países siguieron gastando al mismo ritmo, sin que ni sus ingresos ni las ayudas de Bruselas aumentasen paralelamente. Es como Grecia, Portugal y España, han venido año tras año acumulando déficit cada vez mayores, que han terminado por poner en peligro el euro. Dándoseles un plazo para que realizasen las reformas estructurales necesarias para volver a ser competitivos, y, en el caso de Grecia, ayudas para ello. Pero no las hizo, como tampoco Portugal, ni la propia España, donde se han hecho a medias. Con lo que el desequilibrio entre el centro y sur de Europa no hace más que crecer, como la alarma. Esto no lo ha creado el mercado. Lo han creado unos gobiernos que no han dicho a sus pueblos su verdadera situación ni se han atrevido a hacer las reformas necesarias. Tampoco lo han creado los especuladores. Los especuladores se han limitado eso, a especular. Y seguirán especulando mientras continúen las condiciones actuales.

Que es precisamente lo que quieren esos indignados manifestantes: que todo siga como estaba. Esos no son revolucionarios. Son reaccionarios que tratan de mantener una situación insostenible, aunque el euro, la Comunidad Europea, el pacto de estabilización se vayan al cuerno. ¿Ceguera, estupidez o complejo de Sansón: «si yo caigo, que caigan todos conmigo»? Elijan ustedes mismos.

Es verdad que políticos y banqueros, los unos ignorando la crisis, los otros aprovechándose de ella, se cuentan entre los principales culpables y hay que pasarles factura por ello. Pero si es así, si quienes debían de haber previsto la crisis y tomado las medidas oportunas contra ella no lo han hecho, ¿por qué no he visto ni una sola pancarta contra Zapatero y su gobierno en las manifestaciones? Aquí hay algo que no encaja, mejor dicho, muchas cosas. Hasta que recordamos que todas estas manifestaciones, como las acampadas en las plazas, han sido autorizadas y permitidas. ¿Por quién? Por el hombre elegido para suceder a Zapatero. Qué casualidad. Qué inmensa farsa. Farsa, como las anteriores, que sólo va a servirles para ganar tiempo y perder más crédito. Y nosotros con ellos. Indignados, eso sí. La última moda del siglo XX. O el último hurra.

ABC - Opinión

Indignados. Y no hubo nada. Por Emilio Campmany

El único dispuesto a llegar acuerdos con los socialistas es el PP, que parece estar cuidando al PSOE de Zapatero como miman los matadores a esos toros bravos que embisten una y otra vez, pero que andan flojos de fuerza.

La megamanifestación de los indignados ha quedado en nada. El fracaso, siquiera relativo, no se ha debido tanto a que los españoles no compartan la indignación respecto a la conducta de los políticos como al hecho de que el movimiento ha sido acaparado, capitalizado y monopolizado por la extrema izquierda. No se trata sólo de comunistas y republicanotes de vieja escuela, marginales y antisistemas, sino también de votantes socialistas desencantados con un Zapatero que supusieron radical y que creen domesticado por los mercados. No son insignificantes, pero es obvio que no son decisivos en las urnas.

Esto significa varias cosas. La primera es que, tuviera o no las soluciones a la crisis, los españoles no confían en las que pueda aportar la extrema izquierda ni su máscara, el movimiento 15-M. La segunda es que el PSOE de Rubalcaba, que creía que desligarse del Zapatero supuestamente derechizado del último año a través de hacer guiños a los del 15-M podía serle rentable electoralmente, resulta que no lo es. La tercera es que los españoles perciben como única posibilidad de regeneración, por poco entusiasmante que sea, la que representa Rajoy. Resumiendo, si no pasa nada, el PSOE, haga lo que haga, perderá y Rajoy, sin necesidad de hacer nada, ganará.

Así pues, ni un PSOE entregado a las exigencias de los mercados ni otro lanzado hacia las propuestas más radicales tiene, no ya posibilidades de vencer, sino legitimidad moral para hacer ninguna propuesta que deba ser considerada. La dirección de un incapaz como Zapatero está lanzando al votante socialista de centroizquierda en brazos de UPyD y al socialista radical al seno de IU. Ambos tienen la oportunidad de mejorar extraordinariamente sus resultados y saben que, para lograrlo, lo esencial es evitar pringarse con el PSOE tanto como se pueda. Es lo que está haciendo UPyD en los municipios donde son decisivos y es lo que está haciendo también IU, no en todos sitios, pero sí en algunos, como el muy relevante de Extremadura.

Paradójicamente, el único dispuesto a llegar acuerdos con los socialistas es el PP, que parece estar cuidando al PSOE de Zapatero como miman los matadores a esos toros bravos que embisten una y otra vez, pero que andan flojos de fuerza, para ver si les sacan una treintena de buenos muletazos.

El caso es que el número de indignados es limitado. Para IU son bastantes, pero para el PSOE son claramente insuficientes al objeto de compensar la sangría de votos que padece. De forma que si ya ni a los indignados puede recurrir Rubalcaba, ¿qué otro as guardará en la manga? No lo sé, pero sospecho que no le queda ninguno. Si es verdad que se le han acabado, el costalazo puede ser espectacular.

Libertad Digital - Opinión

Rebelión de hartazgo. Por Ignacio Camacho

Entre dos formas de suicidio político, los militantes extremeños de IU han elegido la que supone menos vasallaje.

LA tragedia de Izquierda Unida consiste en que si se aproxima al PSOE se suicida y si se aleja también. Por falta de un liderazgo consistente, que sólo tuvo cuando la dirigía Julio Anguita con todos sus defectos de mesianismo iluminado, ha sido incapaz de definir un discurso propio, un proyecto que vaya más allá de la satelización en torno al gran partido socialdemócrata. Así, cuando respalda a los socialistas queda fagocitada por éstos y cuando se niega a apoyarlos sufre una durísima campaña que le seca el voto de izquierdas bajo la acusación de favorecer al PP. La famosa pinza, un concepto victimista acuñado con éxito por una socialdemocracia que se considera a sí misma legitimada por la Historia como única fuerza real de progreso.

Obligados a elegir entre dos formas de probable suicidio político, los militantes extremeños de IU han optado por la que entienden que supone menos vasallaje. Como los antiguos jornaleros que defendían la dignidad de mandar en su propia hambre. Después de treinta años de aplastamiento bajo un régimen hegemónico, se han rebelado contra una obligación que no está escrita en ninguna parte. Ésa es la verdadera razón de su amotinamiento contra la orden central de apuntalar el gobierno de Fernández Vara: el hartazgo. No se trata tanto de una reivindicación ideológica de purismo izquierdista sino de una sacudida de orgullo soberano. De un profundo cansancio contra la humillación y la servidumbre. Del largo mandato socialista no han obtenido más que desprecio y ya no se sienten tributarios de nadie.

En ese arrebato de independencia hay más de protesta de dignidad que de estrategia política. Las bases de IU se han negado a hacer de costaleros —ellos dicen de mamporreros— de un partido que trabaja para liquidarlos, para absorberlos, para reducirlos a la nada política, y que sólo les hace la pelota cuando los necesita para seguir encaramado al poder. Izquierda Unida es una fuerza acostumbrada a la intemperie, pero el PSOE sufre fuera de los despachos porque su cohesión está ligada a la capacidad de mandar. De una manera instintiva, visceral, los miembros de la coalición comunista en Extremadura han decidido dar prioridad a su vocación rebelde y dinamitar el único régimen de dominancia que han conocido. Desde que se fundó la autonomía extremeña ha estado, como la andaluza, gobernada por el Partido Socialista, que pese al indiscutible progreso objetivo no ha sabido sacar a la región de la cola del desarrollo español. Ha sido el PSOE el que ha impuesto el clientelismo, la dependencia, la hiperinflación de cargos, el estancamiento social. Y el que durante años ha condenado a IU al extraparlamentarismo y ha aniquilado su disidencia. Al negarse a ser la bisagra de su continuidad, los hastiados militantes tardocomunistas no han hecho otra cosa que darse una oportunidad. No al PP, sino a sí mismos.

ABC - Opinión

Indignados. La izquierda carpetovetónica. Por José García Domínguez

¿Izquierda antisistema, el 15-M? Pero si es la Vetusta de Clarín tras levantarse de la siesta.

Entre los lugares comunes que, a fuerza de ser repetidos una y otra vez por los voceras mediáticos, alcanzan el estatus de necedad canónica, acaso el más extendido sea ése que pretende a España un país ontológicamente de izquierdas. Tan difundida resulta estar la especie que incluso los chamanes de cabecera de la derecha han terminado por aceptarla a pies juntillas. Una superstición, por cierto, muy óptima para tales estrategas áulicos, pues libera a esos devotos creyentes de la siempre penosa tarea de pensar. Dado que España es de izquierdas por ineluctable designio divino, el proceder para posibilitar la alternancia, barruntan, habría de consistir en un dontancredismo crónico. La norma de los frailes cartujos elevada a quintaesencia del marketing electoral.

Ocurre, sin embargo, que falla la premisa mayor del aserto. Así, no es que España sea de izquierdas, es que la izquierda sociológica, pese a sí misma, resulta ser profunda, castiza, arcaica, carpetovetónicamente española; española en el peor sentido de lo español. Por algo, desoladores, los resultados del sondeo del CIS a propósito de ese simulacro que luego darían en llamar reforma laboral. "¿Estaría usted de acuerdo con que se abaratara el despido si ello estimulara a los empresarios a crear más empleo?", se inquirió a los compatriotas de ese cuarenta por ciento largo de jóvenes condenados en sentencia firme al desempleo estructural. "No", fue la respuesta casi unánime de los encuestados.

Huelga decir que se trataba de los mismos que, ya indignados, vuelven a decir no, esta vez al pacto del euro, en calles y plazas. Al respecto, el empecinamiento del macizo de la raza en repudiar cualquier relación de eficiencia con la realidad nos abocaría a dos únicas salidas. Y es que, extramuros del euro, solo restan la peseta y el rublo. Retornar al aislacionismo tardofranquista con un revival de los billetes de veinte duros y el arancel Cambó. O romper con el mercado y avanzar con paso firme hacia el siglo XIX de la mano de Cuba y Corea del Norte. Porque ninguna tercera vía hay distinta de aquel mamotreto ful de Anthony Giddens que mora cubierto de polvo en las librerías de lance. ¿Izquierda antisistema, el 15-M? Pero si es la Vetusta de Clarín tras levantarse de la siesta.

Libertad Digital - Opinión

Cualquier anónimo. Por Gabriel Albiac

La voz es sólo eco multiplicado, que no viene de ninguna parte. Viene de todas: ¡Bye, Bye, Rubalcaba!

LO malo de lo nuevo es lo deprisa que envejece. Por eso Beau Brummell, que inventó al dandy, no se ponía jamás ropa que no hubiera sido previamente estrenada por alguno de sus criados. Lo nuevo apesta. Porque se pudre muy deprisa. Y deja la melancolía de lo que pudo ser: lo que no fue, porque nunca pudo serlo.

El 15 de mayo de 2011 tuvo lugar una movilización inesperada. No un movimiento. En eso está su belleza. Eso hizo que todo aquel que quiso abrir los ojos quedara entre estupefacto y fascinado. Ni lo uno ni lo otro —asombro o fascinación— son conocimiento. Pero, en esta jodida caída continua en lo más gris que es la vida española, uno busca agarrarse a lo que sea para no morirse de asco antes de que el estampido final contra el fondo del abismo nos mate a todos de ruina. Yo —como tantos de mi edad— hubiera dado media vida por tener los años —y las neuronas nuevas— de quienes, desde la red, fulguraron la jugada de vértigo informático que puso, sin organizaciones sindicales ni políticas mediando, a una muchedumbre de desconocidos en la calle. Lo otro, la acampada de Sol y su posterior descomponerse, ya me lo sabía: era cosa de aquel viejo mundo que se extingue conmigo y con los de mi edad. Me eran simpáticos. En buena parte, porque ni se daban cuenta de lo viejos que eran. La progresiva degradación de la asamblea, la podía prever cualquiera con un mínimo de experiencia en eso. Afortunadamente, los más inteligentes se replegaron en la noche del 22 de mayo, justo después de las elecciones. Para retornar a la red, que es el único lugar en el cual ningún Fouché pueda meterles mano. Y desde donde podrán emerger súbitamente siempre que tiempo y circunstancias les sean propicios.

No se les debe confundir con el residuo muerto que quedó varado en la Puerta del Sol. Aún menos con los pequeños comandos que actuaron en Barcelona hace diez días, como habían venido actuando desde hace, al menos, un par de decenios, al abrigo de una autoridad municipal que siempre los consideró parte del arsenal sociológico que, convenientemente infiltrado, nunca plantearía problemas de fondo insolubles.

Interior actuó… No contra los que incomodaban al vecindario en Sol o se liaban a tortas en Barcelona. Contra Anonymous, esa no-organización que a ningún ciudadano de a pie ha incomodado en lo más mínimo. Uno rara vez yerra al elegir al enemigo. Rubalcaba sabe que el coste electoral de los que acampan o de los que le atizan al político catalán es, para él, cero. En el peor de los casos. Rentable incluso, si la infiltración sabe moverlos del modo más adecuado: léase el aleccionador Agente secreto de Conrad. Lo de la red es otra cosa. Y el ministerio, al servicio de la candidatura Rubalcaba, pudo experimentarlo a las 24 horas de «descabezar» a Anonymous: la mayor serie de ataques DDos desencadenada por los «cualquiera» que adoptaban un nombre —un no-nombre— tras el cual no hay organización a la cual golpear. Sólo un deseo difuso de ser libre. Lo único que —por ser tan deliciosamente antiguo— no envejece. Anonymoussonríe. Como Odiseo, es Nadie. Y nadie se ríe tras la careta. La voz es sólo eco multiplicado, que no viene de ninguna parte. Viene de todas: ¡Bye, Bye, Rubalcaba!

ABC - Opinión

Izquierda rota e indignada

La profunda crisis que padece la izquierda política y social española quedó ayer nítidamente reflejada en dos episodios muy diferentes: la manifestación de los «indignados» en Madrid y en otras ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla, y la decisión de Izquierda Unida de Extremadura de no apoyar un Gobierno socialista al frente de la comunidad, lo que supondría el punto final a casi treinta años de régimen unipartidista. Este cambio vendría a sumarse al acaecido en Castilla-La Mancha, otra comunidad históricamente gobernada por el PSOE. El relevo en Extremadura, de culminarse, no sería una cuestión menor cuyos efectos se limiten al ámbito regional. Sería, ante todo, el diagnóstico inapelable de la escombrera ideológica en la que se han convertido el socialismo y la izquierda radical, incapaces de afrontar los tiempos de crisis con una mínima garantía de éxito y credibilidad. Más aún, el caso extremeño expresa el coletazo agónico de IU para preservar su identidad y su autonomía frente al hermano mayor socialista. Después de ocho años actuando como sumisa comparsa, muchos dirigentes provinciales de la formación comunista han decidido terminar con la pleitesía como única forma de sobrevivir, pues ¿de qué sirve votar a IU si, a la postre, sus representantes se entregan servilmente al PSOE? Todo apunta, por tanto, a que la izquierda radical ha optado por romper amarras con los socialistas, como hizo Julio Anguita en los años 90, y reivindicar su propio camino sin hipotecas ni traiciones. Lo cual obligará al PSOE a reinventar un nuevo discurso y a apostar entre la moderación o la radicalidad. En este dilema contará muy mucho el movimiento de los «indignados», que ayer volvió a ofrecer en Madrid una demostración de fuerza nada desdeñable. Y, también de nuevo, se puso de manifiesto que se trata de una movilización de la izquierda sociológica que se siente huérfana y desasistida por quienes son sus dirigentes políticos naturales. Resulta muy elocuente que una de las protestas más coreadas ayer fuera contra el Pacto del Euro, al que los «indignados» tachan de injusto y discriminatorio. Pacto, por otra parte, que el Gobierno del PSOE apoya, sostiene y secunda con el elenco de reformas que ha puesto en marcha. Por lo demás, tampoco conviene caer en espejismos ni perder la perspectiva ante las movilizaciones «indignadas». Las cifras oficiales apuntaron que se manifestaron en toda España 125.000 personas. Sin embargo, no es ocioso recordar que el 22 de mayo fueron 20 millones los ciudadanos que se movilizaron para votar a sus representantes legítimos. Entre los deseos de los primeros y la voluntad de los segundos no hay comparación posible ni equiparación democrática. Lo «misterioso» es que los «indignados» no dirijan su irritación hacia el Gobierno y el partido que han llevado a España a la situación actual, y diluyan las responsabilidades de éstos metiéndolos en el mismo saco con el PP. Pues bien, si las elecciones en las que participaron 20 millones de votantes han decidido confiar en el PP, los pocos miles de «indignados» tienen la obligación de respetar la voluntad popular, verdadera democracia real. Y las reclamaciones, al maestro armero de la izquierda.

La Razón - Editorial

Extremadura, la puntilla del PSOE

Tras perder todo el apoyo popular y todo el poder institucional, prejubilar a su presidente y quedarse sin la confianza de Bruselas y de los mercados, sólo queda que los españoles se pronuncien y pongan fin a la agonía sinsentido de este Gobierno.

Después de que el Consejo Regional de IU en Extremadura haya decidido no dar su apoyo a Guillermo Fernández Vara en la próxima sesión de investidura a presidente de la autonomía, parece que el PP de José Antonio Monago gobernará por primera vez la región en 28 años. El cambio, que debe analizarse junto al de Castilla-La Mancha, merece sin duda el calificativo de histórico, pues el socialismo desparecerá de dos de sus feudos tradicionales, en los que ya se había convertido en una enfermedad endémica.

Será el momento de practicar la austeridad y de introducir auténticas reformas liberalizadoras que acerquen a estas regiones al resto de España y será el momento, también, de levantar todas las alfombras para conocer el estado real de sus cuentas públicas y de romper cuantas redes clientelares haya ido tejiendo el PSOE durante tres décadas.

Pero sería algo propio de miopes si no viéramos la trascendencia nacional que posee el acceso del PP al Ejecutivo de la Junta de Extremadura. Tras el revés de IU, el PSOE habrá perdido todos los gobiernos autonómicos en las elecciones del pasado 22-M. Los españoles presentaron una moción de censura en las urnas tan flagrante que ni siquiera los naturales aliados de izquierdas de los socialistas quieren acercarse al tóxico partido de Zapatero y Rubalcaba.

En unos días, extremeños, asturianos, castellano-manchegos, cántabros, baleáricos y aragoneses se habrán librado en sus regiones del nefasto mando de los socialistas. Falta ahora que todos los españoles podamos zafarnos del Ejecutivo más devastador, desacreditado e impopular de la historia de nuestra democracia. Tras perder todo el apoyo popular y todo el poder institucional, prejubilar a su presidente y quedarse sin la confianza de Bruselas y de los mercados, sólo queda que los españoles se pronuncien y pongan fin a la agonía sinsentido de un Gobierno que está degenerando en la agonía de toda la Nación.

Libertad Digital - Editorial

Extremadura, símbolo del cambio

Ya no hay territorios «seguros» para un Partido Socialista que, incluso en sus feudos, sufre una profunda crisis de identidad y credibilidad ante los electores.

TRAS la decisión del órgano regional de gobierno de IU, y si no se produce ningún imprevisto en contrario, el popular José Antonio Monago presidirá la Junta de Extremadura. La abstención de los tres diputados que podrían haber inclinado la balanza a favor de Guillermo Fernández Vara supone un hito histórico para una región que los socialistas vienen considerando como un «feudo» político y en la que han gobernado desde que comenzó la andadura autonómica. Culmina así un cambio radical del mapa político en materia de poder territorial. El 22-M ha demostrado que los ciudadanos reclaman la salida cuanto antes de Rodríguez Zapatero, en el marco de una situación de emergencia económica y con una legislatura agotada. Como se demostró en Castilla-La Mancha y según anticipan las encuestas en Andalucía, ya no hay territorios «seguros» para un socialismo que sufre una profunda crisis de identidad. De hecho, Fernández Vara procuró marcar distancias en todo momento con el presidente del Gobierno, pero tampoco así se pudo librar del voto de castigo. En este contexto, el nombramiento por el Consejo de Ministros del pasado viernes de Rodríguez Ibarra como miembro del Consejo de Estado es fiel reflejo de que se buscan salidas a todas prisa para salvar los restos del naufragio.

Mariano Rajoy ha puesto la guinda a su éxito en las elecciones autonómicas y locales con este meritorio triunfo de los populares extremeños, que alcanzaron un gran resultado en las urnas. También los dirigentes regionales de IU ofrecen una imagen de independencia frente a las presiones del poder central de una agrupación política que —curiosamente— presume de funcionar con criterios federales. El PSOE ya no tiene a su izquierda a un aliado sumiso con el que puede contar cada vez que lo necesite. Además, el cambio se consuma también en Aragón, tras el pacto entre PP y PAR, que llevará a la presidencia a Luisa Fernanda Rudi. Así las cosas, crece el clamor por el adelanto electoral, ya que España no se puede permitir una agonía política que responde estrictamente a los intereses oportunistas del PSOE. Extremadura es a partir de ahora un símbolo inequívoco del cambio de ciclo, porque la democracia ofrece un mecanismo evidente para conocer la voluntad del pueblo, titular único de la soberanía. En efecto, los ciudadanos hablaron alto y claro el 22-M y ahora es imprescindible que su voz se escuche cuanto antes para poner fin a una situación insostenible.

RESTO del ARTICULO

ABC - Editorial

Qué hay que hacer con Grecia. Por Emilio J. González

Si han cometido el error de prestar a quien no estaba en disposición de devolver, entonces ellos también tienen que asumir las consecuencias.

La operación de salvamento de Grecia se ha convertido en un elemento clave para el futuro de la unión monetaria europea. Por ello, y a pesar de la fuerte oposición del Banco Central Europeo, debería salir adelante la idea de que el sector privado participe en la misma, por mucho que ello pueda interpretarse como una suspensión de pagos. ¿Por qué?

El problema fundamental en la crisis griega es que, a pesar de que el país ha incumplido sistemáticamente todos los años el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –al tener déficits presupuestarios superiores al 3%–, los bancos privados le han seguido prestando dinero y suscribiendo sus títulos de deuda pública porque estaban convencidos de que, aunque el Tratado de Maastricht contiene un artículo que prohíbe las operaciones de salvamento de cualquier país perteneciente al euro que tenga problemas de solvencia, al final siempre habría operaciones de rescate de darse esta circunstancia. Su forma de pensar viene precedida por todo un rosario de antecedentes que han desencadenado esta situación de riesgo moral. Por una parte, la Reserva Federal estadounidense lleva salvando a la banca del país sistemáticamente en todas las crisis financieras que ha habido desde la del peso mexicano de 1994 y la banca internacional ha pensado que la Unión Europea haría lo mismo. Por otro, porque los propios europeos ya han dado ejemplo de su disposición a intervenir en caso de dificultades de los bancos en la crisis financiera que se desencadenó en 1997. Con estos precedentes, ¿por qué no arriesgar prestando a Grecia?

Esto es lo que han pensado los bancos y, por ello, el sector privado debe involucrarse en la operación de salvamento de Grecia, que no es otra cosa, en última instancia, que salvarlos también a ellos. Si han cometido el error de prestar a quien no estaba en disposición de devolver, a quien durante años ha venido manifestando una actitud displicente hacia todo lo que significara ajustar sus cuentas públicas, entonces ellos también tienen que asumir las consecuencias, a través de una quita de la deuda o de la forma que sea. De esta manera, serán mucho más cuidadosos de cara al futuro. Y si esto se interpreta como una suspensión de pagos de Grecia, que, además, pudiera ser el antecedente de un hecho semejante en España y Portugal, pues mejor, porque así ambos gobiernos encontrarán la voluntad política que les falta para hacer lo que tienen que hacer, en vez de seguir mareando la perdiz con reformas y ajustes más de boquilla que reales. Si ahora no aprendemos la lección, en la próxima crisis de un país del euro volveremos a las mismas. Eso no puede suceder otra vez.

Libertad Digital - Opinión

Peter Rubalcaba. Por José María Carrascal

¿Está alcanzando Rubalcaba el Principio de Peter, ese que dice que, escalón a escalón, los ejecutivos acaban por acceder a su nivel de incompetencia?

¡PUES sí que está luciéndose el flamannes! Desde que se perfiló como presidente in pectore, ha ocurrido lo siguiente:

—Bildu fue legalizado, lo que le ha permitido irrumpir en ayuntamientos, diputaciones y cámaras vascas como una manada de búfalos.

—Los «indignados» han tomado calles y plazas españolas con la aquiescencia de las autoridades, llegando a cercar el Parlamento catalán y agredir verbal y físicamente a sus miembros.

—Los filoetarras tendrán acceso a los datos fiscales de todos los españoles, gracias al acuerdo del Gobierno con el PNV, para pasar los próximos presupuestos.

Cuadro que se completa con la invasión de Madrid por parte de columnas de «indignados» llegados de toda España, que tendrá lugar hoy. No un mal currículo para alguien que se postula para sortear la crisis, garantizar la tranquilidad de los españoles y devolvernos a la cabecera de Europa. Más bien para lo contrario: para alejar a los inversores, enfrentar aún más a los españoles y hundirnos en la miseria. De seguir las cosas así, terminaremos añorando a Zapatero, todo un record de Ginness, pues al menos tenía mejor pinta y nos divertía con sus chiquilladas. ¿Está alcanzando Rubalcaba el Principio de Peter, ese que dice que, escalón a escalón, los ejecutivos acaban por acceder a su nivel de incompetencia? Eso parece, pues hasta ahora lo había hecho bastante bien en los muy diversos cargos que ocupó. Pero el de «máximo líder» se le resiste. Lo suyo es el juego tras bastidores, la conspiración tenebrosa y la insidia solapada. Bajo los focos, en cambio, ofrece una imagen pobre y lo único que se le ha ocurrido para acercarse al gran público es pedir que le llamen Alfredo. Tampoco le ha salido bien su «prudencia» con los «indignados» ni la luz verde a Bildu, confiando en que los primeros arremeterían contra el PP y los segundos reconducirán a ETA hacia la democracia. Se equivocó en ambos supuestos. Los «indignados» arremeten contra todo poder constituido y Bildu no necesita convencer a ETA de nada, pues ya ha conseguido todo lo que buscaba: estar en las instituciones. Es lo malo que tiene montarse en un tigre: que uno no puede descabalgarse so pena de ser devorado. Y Rubalcaba se ha montado no en uno, sino en dos tigres.

Así que se dedica a hacer lo que ha hecho siempre, lo único que sabe: oposición, incluso desde el gobierno, al PP, olvidándose de la crisis que nos acosa por todas partes. Es decir, no gobernar. Diría más: dando facilidades a los que quieren subvertir el orden constitucional. Si comprende, como dice, las razones de los «indignados» ¿por qué no deja el Gobierno y se une a ellos? El aprendiz de brujo, no por nada es químico, Alfredo Peter Rubalcaba.

ABC - Opinión

Patriotismo alimentario. Por Alfonso Ussía

¡Pelegrí que te vi! Otro paleto contemplando su ombligo. Locuaz aldeano. Se ha inventado el patriotismo alimentario. José María Pelegrí, consejero de Agricultura del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. El patriotismo alimentario, Pelegrí que te vi, lo practicamos todos los españoles que consumimos productos catalanes. Son nuestros productos. Hace cuatro años, por unas declaraciones necias de Carod Rovira, en muchos lugares de España se boicoteó el cava. Me sumé al boicot. No consumí cava en aquellas fiestas navideñas. La verdad es que mi boicot fue mentiroso. No he probado el cava en mi vida, y tampoco me gusta su hermano mayor, el champagne o champán o como Pelegrí que te vi guste llamarlo. Mi boicot a Cataluña se resume en el cava y los caracoles, esa asquerosidad. El resto lo como, lo bebo y me nutre. Pelegrí que te vi ha dicho que si un catalán pide en un restaurante una botella de vino de Rioja no está ayudando a los empresarios catalanes. Sólo eso, pero ya es bastante. A los empresarios del resto de España que los ayude su tía. Pelegrí que te vi, si de él dependiera, prohibiría a los catalanes consumir productos de otras regiones de España. Pero si en la etiquetación se crea una confusión de origen, el producto sería aceptable y digno de ingresar en las bocas catalanas. Por ejemplo, el jamón de Jabugo. Intolerable que un catalán consuma jamón de Jabugo –a Pujol le encanta–, pero si en la etiqueta se lee «Pernil de Jabuig», el catalán consumidor en lugar de pecar mortalmente lo hace con carácter venial. Como se ponga de moda entre los independentistas lo del patriotismo alimentario el barullo puede ser de aúpa. La pregunta del millón a Pelegrí que te vi es la siguiente: ¿le molestaría igual que un consumidor catalán pidiera una botella de Burdeos o de Borgoña? Que responda Pelegrí que te vi. ¿Se permitiría a los ciudadanos catalanes o residentes en Cataluña consumir caviar iraní o ruso, o tan sólo se prohibiría el de Riofrío, Granada, que sale buenísimo? En cuanto al pescado, ¿sólo se admitirían los peces del Mediterráneo? El Mediterráneo, el mar sabio y cultural, el mar de las civilizaciones, el «Mare Nostrum», es bellísimo y cambiante, pero da unos percebes que parecen alfileres de modista. ¿Prohibidos los percebes gallegos? ¿Y las anchoas de Santoña? ¿Y las morcillas de Burgos? Tanta buitifarra cansa y hace peligrar los límites del colesterol. Pelegrí que te vi, hay que analizarse el colesterol. Y con todos los respetos que me merecen los vinos del Penedés, no existe comparación posible con los de la Rioja o la Ribera del Duero. El patriotismo alimentario que propugna este peculiar merluzo carece de buen fin. El mejor cliente de Cataluña es el resto de España. De imponer tan ridícula restricción, y si el resto de los españoles actuaran de manera similar, el negocio agrícola, ganadero y de alimentación de Cataluña se rompería los piños en el primer encontronazo. ¿Por qué son tan antipáticos estos nacionalistas con quienes no lo son? Además de la antipatía, pésimamente educados, alejados de la cortesía por razones incomprensibles. Voy a seguir cumpliendo con mi patriotismo alimentario. Comprando productos de Madrid, del País Vasco, de las dos Castillas, de Cantabria, de la Rioja, de Andalucía, de Canarias, de Baleares, de Valencia, de Murcia, de Aragón, de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Navarra, de Ceuta, de Melilla, y claro está, de Cataluña. Productos de España, Pelegrí que te vi, tontet del culet.

La Razón - Opinión

Crisis. Don Valeriano opta por el paro. Por José T. Raga

Encarecer el trabajo, señor ministro, es una forma de reducir su demanda en el mercado. Este principio lo conocen todos los que tratan de ofrecer algo en no importa qué mercado; los ministros no, porque no tienen nada que ofrecer.

No ha cumplido siete meses desde su toma de posesión como ministro de Trabajo e Inmigración y ya se ha hecho acreedor a pasar a la historia como el ministro que más desafueros ha cometido en menos tiempo y, en su levedad, mayor daño ha causado a los trabajadores y a la economía de esta nación. Era difícil también pensar otra cosa.

El presidente Rodríguez Zapatero, que entre las facultades que no tiene está la capacidad para la selección de personas, le invitó a formar parte del Gobierno, suponemos que para llevar a cabo la reforma laboral que España necesitaba y que veían con claridad nuestros vecinos; esos vecinos que piensan libremente en lugar de vender su primogenitura a la adicción ideológica, por perversa que esta pueda ser. El mérito para la elección era bien determinante y por lo tanto indubitado su acierto: el elegido había encabezado la manifestación, pancarta en mano, contra reforma laboral. ¿Qué otro mérito mayor podríamos desear?

Puesto a la labor, no ha podido desarrollar mayor torpeza. Normas varias, con un mérito difícil de conseguir, y es que todas han sido criticadas por todos: patronal, sindicatos, profesionales del ámbito laboral –juristas y economistas–, inversores, organismos e instituciones nacionales e internacionales, etc. El resultado se ha hecho bien presente: el paro crece, los mercados desconfían, España se endeuda, la Seguridad Social se enfrenta a una quiebra técnica, etc.

Llevamos ya a las espaldas de nuestro flamante minis-tante (contracción de ministro-manifestante) una primera reforma del mercado laboral, que no pasa de ser un papel mojado, que nada aporta a la mejora del mercado de trabajo ni a la condición de los parados como buscadores de puestos de trabajo. Una segunda, cumplido el trámite del Consejo de Ministros, empeora la situación creada por la anterior, pues en este caso insufla vitalidad al cáncer de nuestra economía y de nuestro empleo, que es la intervención sindical en el proceso negociador de los convenios; pero ya dejó entender que él mira por los ojos de los sindicatos (al fin y al cabo son los compañeros de pancarta).

Entre las dos, una disposición a la chita callando por la que se prohíbe en adelante la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el ejercicio de una actividad profesional; no tiene dinero para pagar y es una forma de ahorrar en pensiones. Pero la pensión es un derecho adquirido por una cotización, no una dádiva del Estado providente.

Y ahora amenaza con subir las cotizaciones sociales y el salario mínimo interprofesional. Es exactamente lo que necesitamos para contabilizar medio millón de parados más en los próximos dos años, o quizá antes. Encarecer el trabajo, señor ministro, no mejorando su calidad, es una forma de reducir su demanda en el mercado. Este principio lo conocen todos los que tratan de ofrecer algo en no importa qué mercado; los ministros no, porque no tienen nada que ofrecer.

Libertad Digital - Opinión

Éxodo. Por Ignacio Camacho

Asesores financieros vascos han comenzado a recibir de sus clientes instrucciones de desempadronamiento fiscal.

A un simple teclazo, a un click de ordenador. El simple acceso de Bildu a la Diputación Foral de Guipúzcoa —en la que además puede gobernar si el PNV no lo impide— ha dejado la información fiscal de cualquier ciudadano vasco al alcance de los continuadores de Batasuna. La interconexión de las haciendas forales permitirá a cualquier juntero de la coalición, o a sus asesores y colaboradores, asomarse a los datos de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, un retrato financiero completo de los habitantes de la comunidad vasca, convenientemente cruzado con el correspondiente perfil personal, domiciliario y familiar. Y todo el mundo sabe en Euskadi lo que significa quedar expuesto a ese escrutinio.

Ha cundido el pánico. Empresas de asesoría financiera han comenzado ya a recibir de sus clientes, empresarios y profesionales, instrucciones para proceder al desempadronamiento fiscal. Algunos han optado por solicitar el traslado de sus expedientes a Vizcaya con la esperanza de que el PNV establezca en sus dominios cortafuegos a la fuga de información; otros prefieren tributar fuera del País Vasco aun a costa de renunciar a los beneficios del concierto. De lo que nadie duda es del potencial de riesgo que supone la irrupción de Bildu en las instituciones con una ETA agazapada aunque sea en paro técnico. (Una inactividad relativa; acaban de detener a un tipo cargado de material para la fabricación de bombas-lapa). En un territorio en el que todos se conocen, los casuismos jurídicos sobre la falta de relación demostrable entre la banda y su nueva y tuneada franquicia política son irrelevantes. Don Pascual Sala y sus cinco colegas del Constitucional podrán decir lo que quieran; a efectos prácticos, los vascos saben que quienes acaban de adquirir el derecho a administrar y escudriñar sus datos confidenciales son los herederos de Batasuna. Los amigos más o menos cercanos —más bien más— de ETA.

Como mínimo, la hegemonía guipuzcoana de Bildu supone un repliegue territorial del régimen de libertades, un éxodo interior cargado de desesperanza. «He ido a comer a San Sebastián para despedirme de ella», me confesaba esta semana un empresario vizcaíno con un rictus de ironía amarga. Pero la sensación de retroceso general es patente incluso para los más esperanzados: el reloj de la normalización ha retrocedido quince años. El Gobierno constitucionalista se ha convertido en un espejismo. Y ya no es un problema de principios, de haber entregado el poder sin contrapartidas, de haber pasado por encima de las víctimas en una nueva quimera de estrategia fallida. Se trata de una pragmática y desagradable realidad: los continuadores de ETA están ahí, con las manos en los botones del tablero de mandos. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Es un dramático error que tiene responsables, dentro y fuera del País Vasco, aunque algunos se resistan todavía a nombrarlos.

ABC - Opinión

Rubalcaba se empeña en convertirnos en Grecia

El Ministerio del Interior ha preferido hacer dejación de sus funciones, así que las consecuencias del putsch callejero de este domingo tendrán que ser asumidas por su titular.

Las marchas convocadas por el grupúsculo totalitario arracimado en torno a las siglas del 15-M, en Madrid pero también en las principales ciudades españolas, tendrían que haber recibido la necesaria respuesta del Estado de Derecho antes de consumarse este domingo para estupor de unos ciudadanos que van a ver hoy restringidos sus derechos sin que nadie les haya explicado cuál es la razón de esta bula prototalitaria. El Ministerio del Interior ha preferido hacer dejación de sus funciones, así que las consecuencias de este asombroso putsch callejero tendrán que ser asumidas por su titular aunque, como es sabido, no sea esta la costumbre de un Rubalcaba cada día más desvergonzado.

El candidato Alfredo ha preferido anteponer su interés como postulante a la sucesión de ZP al de los habitantes de estas grandes ciudades que van a ver desfilar por sus calles a los representantes de la izquierda más radical, y eso es algo que no debería quedar sin la sanción ciudadana correspondiente.

La principal razón de ser de un Gobierno es la necesidad de preservar los derechos individuales de los ciudadanos y entre ellos el de moverse libremente por los espacios públicos. Las autoridades socialistas a las órdenes del candidato Alfredo, en cambio, han decidido permitir que las grandes ciudades españolas sean tomadas prácticamente al asalto por extremistas para los que la libertad individual es una entelequia que conviene eliminar de la esfera pública.

No hay precedentes de un desfile callejero autorizado que rodee prácticamente la capital de España, pues, como es sabido, cuando se convoca legalmente una manifestación, tanto el recorrido como su duración son aspectos tasados por las respectivas delegaciones del gobierno en el ejercicio precisamente de sus funciones. Que le pregunten a los responsables de las asociaciones en defensas de las víctimas del terrorismo, si es que alguien tiene alguna duda, cómo se las gastan esas mismas autoridades cuando una concentración ciudadana de estas características se desvía siquiera unos metros de los parámetros previstos en un principio.

Por eso mismo sorprende que se haya dado carta de naturaleza a una especie de operación callejera destinada a paralizar las principales ciudades españolas. Mejor dicho, estando Rubalcaba al frente del organismo del que depende la defensa de nuestros derechos ciudadanos no sorprende en absoluto, aunque a partir de mañana lunes el todavía gobierno de España va a tener que dar abundantes explicaciones para tratar de corregir el efecto de unas imágenes que nos van a avergonzar, de nuevo, ante el resto del mundo.

Zapatero se empeña en asegurar a quien quiere escucharle que "España no es Grecia". Pues bien, que se lo explique a su ministro del Interior, a ver si consigue que el candidato Alfredo cumpla siquiera un día con las obligaciones para las que los españoles les pagamos el sueldo. No tendremos tanta suerte.

Libertad Digital - Editorial

Patrimonio alimentario. Por Martín Ferrand

Si el catalanismo consiste en «consumir productos de aquí», los catalanes tienen un futuro muy incierto.

ENTRE los grandes pensadores políticos contemporáneos, junto a Karl Popper e Isaiah Berlin, debemos considerar con el máximo respeto a Josep María Pelegrí, ocasionalmente consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural en el Govern de Artur Mas. Este sabio ilerdense, militante de Unió Democrática de Catalunya desde los 18 años de edad, es el creador de una teoría que, para simplificar, ha rotulado como «patriotismo alimentario». En tiempos en que el encefalograma político tiende a ser plano, como la mar en calma, el de tan significado personaje parece el perfil del Himalaya. «Si entramos en un restaurante y consumimos vino de La Rioja, asegura Pelegrí, no estamos ayudando al empresariado catalán».

¿Qué vino debieran beber los catalanes para ser buenos ciudadanos y reforzar su identidad? Personalmente confieso mi devoción, en lo que a los caldos catalanes respecta, por los del Priorato; pero, ¿le conviene a Cataluña que insista en ellos o serviría mejor los intereses lugareños con el consumo de los del Penedés? ¿Cuenta también el cava? Sin salir de las cuatro provincias que conforman el territorio vinicultor que protege Pelegrí tenemos una docena de denominaciones de origen y otros tantos vinos, muy aceptables, que carecen de ella, ¿será alguno específico para catalanes y otros más convenientes para quienes no lo somos? Es posible, incluso, que la «teoría Pelegrí» obligue a un criterio de máxima cercanía en el consumo. Por ejemplo, en su condición de natural de Lérida, ¿Pelegrí debe anteponer los caldos de Costers del Segre a los de Alella o los de Terra Alta?

Si el catalanismo consiste en «consumir productos de aquí», como predica el buen Pelegrí sin que nadie le desautorice, los catalanes tienen un futuro muy incierto. Malo en el sentido de la limitación liliputiense del mercado catalán dentro del total del español y ridículo a escala mundial. Peor, ya dentro del consumo interior y en pleno arrebato de gozo nacionalista, puesto que limita su horizonte cultural y su muestrario de sensaciones. ¿Dónde reclutarán los partidos a tipos como Pelegrí? Porque lo dramático es que no estamos ante un caso aislado, un borrón de los que echan los mejores escribanos, sino que se trata de algo frecuente. Ahí está, en el mismo Govern, el consejero de Interior, Felip Puig, que centra su crítica a los «indignados» en que tienen una visión «muy de carácter universal o, en algunos casos, muy española». Lo bueno debe ser, después de hartarse con un buen vino de L´Empordá, o del Montsant, cocerse en su propio jugo hasta conseguir la suprema reducción de catalanidad.

ABC - Opinión

Mohamed VI se queda corto

La reforma constitucional que el rey de Marruecos ha propuesto a sus súbditos supone un apreciable avance en la senda hacia la democratización del régimen, pero arrastra todavía diversas rémoras absolutistas que ni calman las protestas de los jóvenes ni colman las ansias reformadoras de amplios sectores de la sociedad. El hecho de que el llamado movimiento 20-F, de corte similar a los que en Túnez y en Egipto han tumbado a sus respectivos gobernantes autoritarios, haya convocado para hoy manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país pone de manifiesto la insatisfacción ante una reforma que se considera corta e insuficiente. También son reveladoras, por lo que tienen de acto reflejo de los viejos usos semifeudales, las manifestaciones organizadas desde Palacio a favor del nuevo texto constitucional. Resulta inverosímil una explosión de júbilo porque el rey pase de ser «sagrado» a «inviolable». Cierto es que, si bien la división de poderes y la independencia judicial brillan por su ausencia, los cambios impulsados por Mohamed VI son positivos, pues dan cierta autonomía al primer ministro para nombrar a los ministros, salvo el de Defensa; refuerzan la Cámara de Representantes, que podrá reformar la Constitución, decretar amnistías o formar comisiones de investigación; y recortan al rey pequeñas parcelas de poder, aunque sigue dirigiendo las Fuerzas Armadas y la política exterior, amén de apuntalar su papel como cabeza religiosa o «comendador de los creyentes» musulmanes. Precisamente es en este terreno, en el religioso, donde la nueva Constitución marroquí hace agua estrepitosamente y muestra sus graves carencias democráticas, hasta el punto de que no se pueda homologar a los estándares occidentales. Es verdad que se reconoce la libertad de culto, que ya existía anteriormente, pero se declara el islam como religión del Estado y no se admite la llamada libertad de conciencia, en virtud de la cual el ciudadano es muy libre de practicar la religión que desee, cambiarla o, simplemente, no practicar ninguna ni someterse a sus ritos públicos. En el anteproyecto de reforma se recogía esta salvaguarda de conciencia, pero las amenazas de los islamistas llevaron a Mohamed VI a suprimirla. Precisamente porque en Marruecos no hay libertad de conciencia, lo que convierte en papel mojado la libertad religiosa, el régimen ha expulsado ya a casi dos centenares de cristianos, la mayoría evangelistas, pero también sacerdores católicos, bajo la acusación de hacer proselitismo e incitar a la conversión de musulmanes al cristianismo. Pero más allá de esta política represiva, destinada a satisfacer a los radicales, la cuestión de fondo es que la nueva Constitución niega la libertad individual de la persona en el ámbito religioso, de modo que es obligada a practicar la religión del Estado y a no convertirse a otra confesión, pues de hacerlo incurriría en grave delito legal. En resumen, al prohibir la libertad de conciencia, Mohamed VI sigue tratando a los marroquíes como súbditos, en vez de como ciudadanos libres e iguales. Mucho camino le queda aún al régimen alauita para ser tenido como democrático.

La Razón - Editorial

Espiral afgana

El nuevo ataque sufrido por tropas españolas engrosa la sangría diaria del auge talibán.

El ataque ayer contra un blindado español en Afganistán, con varios heridos graves, ilustra el imparable recrudecimiento de la guerra que se libra en el país centroasiático. En el mismo día en que el Lince saltaba por los aires junto a una de nuestras bases en el noroeste del país, tres terroristas suicidas uniformados daban muerte a nueve personas en una comisaría de Kabul, segundo atentado relevante talibán en la fortificada capital en un mes. Otros seis muertos, dos de ellos soldados de la OTAN en el sur de Afganistán, engrosaron ayer el callado parte diario de bajas que facilita la Alianza.

La violencia aumenta 10 años después de la invasión estadounidense que derrocó al Gobierno talibán. EE UU y sus socios de la OTAN, pese a la formidable maquinaria propagandística que pretende hacer creer lo contrario, han perdido la esperanza de emerger victoriosos de la ciénaga afgana. Barack Obama va a anunciar el mes próximo la magnitud de la primera retirada de sus tropas, que según el compromiso presidencial debe concluir en 2014. En la década transcurrida, el incremento progresivo de las fuerzas aliadas (hay 35.000 soldados estadounidenses más que cuando Obama tomó posesión, en 2009) no ha logrado, pese a los reiterados anuncios sobre su inminencia, asestar un golpe decisivo a la pinza talibán-Al Qaeda que permita alentar la esperanza de un vuelco decisivo en la guerra.

Por el contrario, la moral occidental ha ido decayendo y aumentando la desgana entre los Gobiernos, especialmente europeos, sobre la naturaleza y propósito de una misión a la que no se ve final. En correspondencia, crece la resolución de los fundamentalistas islámicos, que encuentran en la vasta frontera con el vecino Pakistán -un teórico aliado de Washington- tanto cobijo ideológico como apoyo logístico. La última y espectacular hazaña talibán ocurrió en abril, con la fuga de casi 500 militantes y terroristas convictos de la prisión de Kandahar, segunda ciudad del país. Una evasión que, por sus características, implicaba la complicidad de las autoridades y ponía de relieve la fragilidad del corrompido andamiaje oficial y la manifiesta incapacidad del Gobierno de Hamid Karzai para hacerse cargo de la seguridad del país.

En este contexto de descomposición adquieren sentido las revelaciones ayer del presidente Karzai -no desmentidas-, según las cuales, Washington mantiene contacto indirecto con líderes talibanes sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra. Dentro del núcleo duro estadounidense, solo el ministro de Defensa saliente, Robert Gates, había insinuado que podría haber conversaciones con los talibanes buenos a finales de año. Tan balbuciente como se quiera, ese diálogo, cuya concreción en compromisos firmes puede llevar años, parece el único camino razonable. La situación actual de no victoria y no derrota es una opción que pueden permitirse los yihadistas afganos, pero no la desgastada coalición internacional.

El País - Editorial

La crispación de la izquierda

Lo que era un queja social, ahora es una protesta que amenaza violencia y, por tanto, se ha convertido en un problema de orden público.

MADRID se va a convertir en el escenario de cinco marchas convocadas por los grupos de protesta surgidos contra el sistema institucional y los partidos. La benevolencia con la que han sido tratados les ha permitido actuar como si fueran representantes del estado de malestar en la sociedad, pese a que sus actuales expresiones de protesta se caracterizan —en buena parte— por la violencia física y verbal contra los únicos legítimos representantes de la soberanía nacional. Si Madrid fue el lugar elegido para iniciar la protesta emblemática de estos movimientos, Madrid volverá a ser hoy campo de experimentación de estas muestras de protesta, que ya no encarnan la frustración de una sociedad golpeada por el paro y el desánimo, sino una opción ideológica de extrema izquierda que, en ocasiones y no por todos los que la integran, está recurriendo a la violencia. Ahora bien, es lamentable que incluso ante actos tan inaceptables como las agresiones físicas y verbales a los parlamentarios catalanes, todavía haya sectores supuestamente democráticos de la izquierda política y cultural que no dudan en alternar condenas y comprensiones hacia estos actos de violencia.

Lo que era un queja social, ahora es una protesta que amenaza violencia y, por tanto, se ha convertido claramente en un problema de orden público. La responsabilidad política de lo que hoy suceda o deje de suceder será del Gobierno y, en particular, del ministro del Interior. Entre las contemplaciones oficiales por el pacifismo de los acampados, y el desdén del presidente del Gobierno hacia la violencia en el Parlamento catalán, este movimiento se ve legitimado para alzarse como representante de quienes no le han votado, negando la legitimidad de los únicos y verdaderos representantes de los ciudadanos, y para atreverse a paralizar desahucios ordenados judicialmente, como un contrapoder que pasa por encima del imperio de la ley.

Cada vez resulta más evidente la sincronización de estos movimientos de protesta con la crítica situación de la izquierda. Nada más oportuno que deslegitimar, justo ahora, el sistema que ha dado al centro-derecha el poder municipal y autonómico, y que probablemente le entregue el gobierno de la Nación. Es una forma de tensión como táctica electoral, similar a la que defendía un descuidado Rodríguez Zapatero a micrófono abierto. Es otra vez la crispación de la izquierda en las calles.

ABC - Editorial