Sombras de marzo. Por Gabriel Albiac

Soy extranjero en mi patria desde aquel 11 de marzo. Extranjero a su apuesta empecinada por el mejor no saber.

NO seré yo el que espere dar sentido a la historia. Ni a mi vida en su fangosa torrentera. Me consuelo sólo con entenderla. No es gran cosa, lo sé. Mas no poder ni aun eso, pone en mí la melancolía más dura: la del animal cansado que sospecha haber vivido para nada. 11M, pasado mañana. No hay remedio. Ni para lo que pasó ese día, ni para lo que vino en los tres días inmediatos. Ni mucho menos, para lo que dejó en herencia a los años que siguieron. Siete ya. Del destrozo material y anímico acontecidos en las dos legislaturas de después de aquel relámpago, no habrá cura fácil para esta pobre tierra desarbolada y casi ya sin nombre y refugiada en duro deseo de ser ciega, ciega y sorda. Se sobrevive a las derrotas, cuando se ha dado digna batalla. Aunque uno pierda. Las rendiciones incondicionales dejan el alma rota. Y cuando fueron hechas sin siquiera plantar cara y combate, no tienen marcha atrás. Así fue. Ni siquiera Dios puede hacer que lo que fue no haya sido. Eso piensa San Agustín. Eso pienso. No se retorna al punto de partida.

Pero... saber..., saber, al menos… ¿Qué fue lo que nos llevó a ser cómplices de lo más miserable, resignados cómplices de quien nos asesinaba? Saber eso. Al menos. No hay otro consuelo digno de un animal humano que el de, como mínimo, conocer el por qué de aquello que lo hiere.

Yo no pido siquiera que paguen los culpables. Hubiera reclamado algo así cuando era joven y demasiado ingenuo. No lo soy: sé que de lo que allí pasó, de su enormidad tangible, nadie pagará cuenta a medida. Porque lo que pasó cuestiona demasiadas cosas, cuestiona tal vez todo, y nadie querrá adentrarse en ese túnel que da directamente en el vacío. Lo que yo pido es algo más humilde, insignificante casi, si bien se toma en cuenta la dimensión del crimen: saber, tan sólo saber, los nombres y el misterioso procedimiento de quienes de verdad maquinaron aquel hecho, del cuál sólo un puñado de cadáveres rindió cuenta con su silencio ante los jueces; saber los nombres de verdad de aquellos que, además de asesinar conciudadanos míos en masa, cambiaron irreversiblemente el curso de este país. Saber también —y es hoy, para mí al menos, lo más enigmático— por qué era tan trascendente que nunca lo supiéramos.

Soy extranjero en mi patria desde aquel 11 de marzo. Extranjero a su apuesta empecinada por el mejor no saber, porque vete a saber cómo serían las cosas si de verdad supiéramos. Pero yo, sin saber, nunca he tenido percepción alguna de una vida vivible. Sin saber, uno queda en menos que siervo: en animal doméstico. En esa cosa terrible que Baruch de Spinoza describe en la patética personalidad del ignorante: «Tan pronto como deja de padecer, deja también de ser». Y ama su humillación, porque sólo tiene eso.

La «verdad judicial» es una convención garantista. Debe ser respetada. No voy a cuestionarla. Entre ella y la verdad, la relación es la misma que entre la música militar y la música. No me concierne. La verdad, sí. Sin adjetivo. Mayormente, porque no conformarme con la mentira es lo que, bien que mal, me hace seguir viviendo. Platón lo llamaba filosofía. Pero no seamos solemnes. Empecinarse en la verdad, por áspera que sea, es ser un hombre. Un hombre. No esto.

ABC – Opinión

Crisis. La decadencia económica de Cataluña. Por Emilio J. González

Cataluña está demostrando que carece de cintura para adecuarse a las nuevas circunstancias. En lugar de promover, y de haber promovido, la liberalización y la competitividad de su economía, apostó por un modelo de dependencia del sector público.

El cierre de la fábrica de Yamaha en Cataluña y la marcha de Derbi a Italia son los dos últimos síntomas de los graves problemas que aquejan a la economía catalana y que llevan tiempo provocando su decadencia. Un declive que ilustran a la perfección las siguientes cifras: hace pocos años, la región aportaba más del 20% al PIB español; hoy apenas llega al 18% y la Comunidad de Madrid ya la supera ligeramente. Además, en Madrid, hay un millón menos de ocupados que en Cataluña, lo que revela que los madrileños son más productivos y, por tanto, que las empresas instaladas en la Villa y Corte y su región son más competitivas y tienen más futuro que las catalanas.

¿Por qué esa decadencia de la otrora región puntera de la economía española? En primer lugar, porque se equivocaron de estrategia. Desde que Cataluña accedió a la autonomía, el Gobierno de la Generalitat apostó por convertir a la región en sede de multinacionales que se quisieran instalar en España y especializar a las empresas catalanas en auxiliares de las mismas para la provisión de bienes intermedios y finales, así como de servicios. Cataluña no quiso arriesgar impulsando y modernizando una industria propia, sino que quiso que fueran las multinacionales las que tiraran de su proceso de desarrollo económico, como hacen los países tercermundistas, y hoy paga las consecuencias porque el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años: la globalización es una realidad palpable, en la Unión Europea tenemos muchos competidores y la ventaja comparativa de que disfrutaba no sólo Cataluña, sino el conjunto de España, en forma de costes salariales menores para una mano de obra relativamente bien cualificada se ha volatilizado con la entrada en lid de los países emergentes. El resultado es la marcha, no sólo, de los fabricantes de motocicletas. Antes también se han ido los de telefonía móvil, electrónica de consumo y muchos otros que ya no encuentran ventajas en seguir en Cataluña, a los cuales les van a seguir los laboratorios farmacéuticos.

Cataluña está demostrando que carece de cintura para adecuarse a las nuevas circunstancias. En lugar de promover, y de haber promovido, la liberalización y la competitividad de su economía, apostó y sigue apostando por un modelo de dependencia tanto de otras empresas como del sector público, sus regulaciones y sus ayudas y se ha convertido en una economía esclerotizada. En la empresas catalana no prima la innovación, sino el seguir haciendo lo de siempre y tratar de colocar su producción en las economías emergentes, sin darse cuenta de que sus rivales o bien incorporan tecnologías más avanzadas que hacen que sus productos sean más competitivos o, simplemente, más atractivos, o bien fabrican en esos mismos países emergentes, donde los costes laborales son sensiblemente inferiores. Así no se puede competir, se mire como se mire.

Para complicar más las cosas, el modelo económico catalán no aguanta, ni de lejos, la política secesionista, incluida la inmersión lingüística, en que se embarcaron sus líderes políticos desde que el tripartito llegó al poder y que continúa con el Gobierno de Artur Mas. Las multinacionales que en las décadas de los setenta y ochenta se instalaron en Cataluña lo hicieron porque era parte de España y su interés estaba en el mercado español. Hoy, esas multinacionales, lo mismo que miles de pequeñas y medianas empresas españolas, abandonan Cataluña en busca de otros territorios en los que ni se cuestione la españolidad de los mismos, ni se les obligue a incurrir en todos los costes que lleva asociado el catalanismo a ultranza del que hacen gala los distintos partidos que han ocupado en los últimos años el Gobierno de la Generalitat. El nacionalismo tiene un coste y, les guste o no a los nacionalistas catalanes, parte de la factura se paga en forma de decadencia económica.

Por último, y en contra de las tendencias en las últimas décadas de las principales economías mundiales, los dirigentes catalanes no han apostado por la flexibilidad de su estructura productiva, como generadora de incentivos para la modernización y la competitividad, sino por el más rancio estatismo en su vertiente regional. Y digo ‘rancio’ porque en Cataluña se ha instalado toda una tupida red de clientelismos políticos, en unos casos a golpe de proteccionismo y en otros con cargo al erario catalán –por algo tienen el mayor gasto público por habitante de España–, que recuerdan en muchos aspectos a los sistemas caciquiles de la España de la Restauración, que tan caros resultaron al desarrollo socioeconómico del país. En Cataluña no han aprendido la lección de la historia y así les va.

Les guste o no, Cataluña se desliza por la pendiente de la decadencia, tanto por razones económicas como por factores políticos y nadie, excepto ellos mismos, puede revertir el proceso. Pero para ello hacen falta que abandonen unas posiciones políticas cada vez más extremas y, además, que renuncien a su proteccionismo secular para abrazar actitudes más liberales. Las autonomías españolas que apuestan por ello, como Madrid, Navarra y La Rioja no sólo prosperan, sino que se van situando paso a paso en la vanguardia de la Unión Europea. Esa vanguardia en la que, en un tiempo que se antoja ya lejano, estuvo una Cataluña hoy inmersa en un proceso de decadencia que se niega a reconocer y del que trata de salvarse pretendiendo colonizar al resto del país.

Libertad Digital – Opinión

Con rumbo a Libia. Por M. Martín Ferrand

La opinión pública europea demanda alguna acción que, cuando menos, alivie la conciencia colectiva.

UNOS no quieren renunciar al protagonismo de la Historia y otros, los más, quieren hacer que hacen para justificar sus propias nóminas y gabelas; pero los grandes cataclismos tienden a resolverse mal desde los reglamentos establecidos. La Corte Penal Internacional, máximo organismo de la Justicia platónica, quiere emitir una orden de arresto contra el líder libio Muamar el Gadafi lo que, mal comparando, equivale a que un par de buenos padres dominicos, acreditados predicadores, preparen un sermón capaz de convencer a un tirano al que no le caben las muescas de sus víctimas en todas las culatas de todas las armas de sus arsenales. De hecho, se trata de ganar tiempo, o de salvar la cara, en espera de que las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, le dan el visto bueno a algo que, por intereses y distancias, les afecta a muy pocos a algunos de sus miembros permanentes más poderosos, cualificados y excluyentes. Pero la opinión pública europea demanda alguna acción que, cuando menos, alivie la conciencia colectiva siempre más sensible ante la sangre derramada que frente a la que está por derramar.

Habría que preguntarle a Federico Trillo si los vientos dominantes vienen de levante o de poniente; pero, parece, el Grupo de Respuesta Rápida de la OTAN, el RNF, que hacía maniobras en aguas de Almería, ya navega hacia el epicentro actual de la inquietud mediterránea y que figura en él el L-51 Castillacon toda su dotación y millar y medio de infantes de Marina. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen —interesante, fino y experimentado político danés—, se manifiesta, como es su obligación, reacio a cualquier intervención en Libia sin la previa autorización de la ONU, pero bueno es que, en asunto de tanta gravedad, estén tomadas todas las prevenciones.

José Luis Rodríguez Zapatero, que arrancó su mandato gubernamental sacando de mala manera las tropas españolas destinadas en Irak, puede terminarle, después de haberlas llevado a Afganistán, participando en una intervención en Libia. Conviene recordar a ese respecto que, según la vigente Ley de Defensa Nacional, no es preceptiva la autorización parlamentaria previa a una decisión de esta naturaleza, el factor sorpresa es prioritario; pero sí un consenso posterior. Por lo que se sabe, en el seno del Gobierno, fané y descangallado como en el tango, se enfrentan los criterios de las titulares de Exteriores y Defensa. No son dos potencias intelectuales, ni Metternich ni Clausewitz; pero eso es lo que hay porque así lo hemos querido los electores. El asunto, en cualquier caso, merece el respaldo de la ciudadanía al Ejecutivo.

ABC – Opinión

¿Otra ocurrencia de un partido serio?. Por Javier Casqueiro

El PSOE, que está ofreciendo un espectáculo de improvisaciones y descoordinación, aún no sabe si tiene que rediseñar la campaña con un Zapatero presidente saliente, entrante, reincidente o circunstancial.

Si fuera parte de un plan perfectamente premeditado no habría salido jamás tan bien el espectáculo de improvisaciones y descoordinación que está ofreciendo el PSOE y el Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas semanas. No, tiene que ser otra ocurrencia. Otra idea genial. Otra medida salvadora. Lo de ponerse ahora, a apenas dos meses del inicio de la campaña electoral del 22-M, a reprogramarlo todo no es propio de un partido tan serio e importante como el PSOE. Luego no puede ser verdad. No debe. Y menos con la explicación oficial de que se pretende subrayar así más el carácter local de estos comicios. Como si no se supiera eso hace cuatro años. No, tiene que haber otra razón de peso.

Las especulaciones sobre que esta reprogramación tenga algo que ver con la sucesión de Zapatero seguramente no tienen ningún sustento. Seguro. O no. Como nos falta buena información al respecto, y el presidente y su entorno se empeñan en juguetear con una decisión tan trascendente para todos los españoles, tenemos todo el derecho a barajar todas las hipótesis. Incluida la de que el PSOE se plantee ahora, con tan poco tiempo de reacción, un tipo de campaña totalmente diferente a la ya diseñada tanto para proteger a Zapatero de los más que previsibles ataques en tromba del PP y de Mariano Rajoy (insinuación que deslizan en sus argumentarios), como para proteger a sus candidatos locales (para las alcaldías y las autonomías) del daño que la gestión del presidente del Gobierno estos últimos dos años les puede ocasionar en las urnas. Pero también puede que les haya hecho mella finalmente, tanto a Zapatero como a su entorno, la presión de los principales barones para que el presidente descubra cuanto antes (desde luego con anterioridad al 22-M) sus proyectos de futuro en el ámbito político. Es decir, si quiere repetir una tercera vez como candidato a la presidencia en 2012.

José Blanco, el vicesecretario general y responsable de la campaña, ha reaccionado esta mañana con malestar ante el nuevo panel de quinielas periodísticas que desatado la decisión inesperada del comité electoral, al parecer pergeñada el lunes en los maitines de La Moncloa y comunicada a los comités regionales por la tarde mediante videoconferencia. El PSOE es cada día más moderno, tanto que el sábado se aprobaron las listas en el comité federal mediante asentimiento, llevándose los convocados lo decidido en un pen drive en el bolsillo.

Tampoco ha ayudado mucho a aclarar lo sucedido cuando Blanco ha dicho que el asunto quedará claro cuando él decida (se conocerá la agenda oficial de la campaña dentro de un mes) mientras advertía al mismo tiempo que las estrategias no deben revelarse para que funcionen. En fin, no habrá Vistalegre, el encuentro emblemático que el partido se había construido entre Zapatero y sus bases. El PSOE presume, además, de que se ahorrará los miles de euros del alquiler ya programado de la plaza y de que los podrá "redireccionar" (¿jar?) para fomentar más actos locales y autonómicos. Zapatero, además, tomará parte en algunos de esos actos redireccionados. Pero el PSOE aún no sabe si tiene que rediseñar esa campaña con un Zapatero presidente saliente, entrante, reincidente o circunstancial.

El País – Análisis

Aena. ¿Huelga o golpe de Estado?. Por José García Domínguez

Con semejante tropa en nómina, uno empieza a comprender cómo Aena, la mayor firma del mundo por número de pasajeros, logra perder doscientos millones de euros cada ejercicio.

Como es sabido, en estos parajes la voz diálogo significa que la autoridad, sobre todo cuanto más legítima sea, está obligada a obedecer sin rechistar los designios de cualquier minoría que se le enfrente, sobre todo cuanto más violento y gangsteril resulte el modus operandi de ésta. Así las cosas, los sindicatos de Aena, los mismos que en su día procedieron a la invasión criminal de las pistas de aterrizaje en El Prat, han decidido saltar varios escalones y okupar ahora la sala del Consejo de Ministros. Para dialogar, dicen. Pues mora ahí cierto sindicalismo castizo, el de camisa abierta, alma rifeña y carajillo de anís, presto no solo a establecer quién puede ser o dejar de ser accionista de las empresas, sino a dictarle la política industrial al Ministerio de Fomento.

Un sindicalismo ante el que se equivocaron, y mucho, los controladores aéreos si en algún instante llegaron a pensar que a energúmenos y antipatriotas no les podría ganar nadie. Por algo, resueltos a causar el mayor daño posible a España en general y a la clase obrera en particular, ya nos auguran veintidós colapsos aeroportuarios en jornadas de desplazamientos masivos de la población trabajadora. Con semejante tropa en nómina, uno empieza a comprender cómo Aena, la mayor firma del mundo por número de pasajeros, logra perder doscientos millones de euros cada ejercicio. Proeza en verdad insólita y sangría financiera que la hubiese abocado a la quiebra cierta si se tratara de cualquier sociedad privada.

Tan privada como Ferrovial, esa compañía doméstica que, sin embargo, se las arregla a fin de ganar dinero administrando los aeropuertos de... Inglaterra. Se vuelve a confirmar, por lo demás, que nada hay que no sea definitivamente empeorable. Y es que si el motín de los controladores constituyó un genuino pulso al Estado, la asonada con que amenazan sus compinches de tierra representaría un desafío al propio sistema democrático. Porque mientras una reforma constitucional no establezca que la soberanía nacional pasa a residir en los compañeros de Comisiones y UGT, el Gobierno electo sigue siendo el único poder habilitado para fijar si se privatiza el 49 por ciento de Aena. O no. Aclárense de una vez Toxo y Méndez, ¿quieren convocar una huelga o un golpe de Estado?

Libertad Digital - opinión

Gadafi y el capitán Reanault. Por Ignacio Camacho

Europa repudió a Gadafi creyendo que caería como Mubarak, sin valorar su feroz determinación suicida.

LOS dirigentes de la Unión Europea sufren ante Libia el síndrome del capitán Renault, aquel cínico jefe de policía de «Casablanca» que, siendo cliente privilegiado y habitual del café de Rick, fingía escandalizarse al descubrir que se trataba de un casino. La Europa que le vendía aviones de guerra y le compraba petróleo a Gadafi se rasga las vestiduras ante el delirio de sangre del tirano y amenaza con una intervención armada en la que el pretexto humanitario esconde a duras penas la intención prístina de preservar el control del crudo. De repente las honorables democracias se han dado cuenta de que el armamento que suministraban al líder de la Al-Jamairiya servía para reprimir al pueblo.

La resistencia feroz del sátrapa a la rebelión ha sembrado la alarma de sus recientes aliados, que contemplan con aprensión la posibilidad de que aguante el pulso. Creyeron que la dictadura libia caería bajo la presión callejera sin valorar la determinación suicida de un tipo que lleva cuarenta años acostumbrado a conservar el poder matando. El error parte de un análisis defectuoso de los procesos de Egipto y Túnez, atribuidos por la opinión pública europea a la espontánea movilización popular cuando en realidad se trató de sendos golpes de Estado militares sobrevenidos a raíz de las revueltas. Pero en Libia no hay un Ejército propiamente dicho, una milicia independiente y sólida capaz de derrocar al dictador, sino una fuerza de choque a su servicio personalista. Ahora Europa se da cuenta de que se aventuró muy pronto en el repudio de un Gadafi que sabe demasiadas cosas y que si resiste el desafío se puede convertir en un peligro descontrolado y rencoroso sentado sobre una gigantesca bolsa de combustibles fósiles. Pero incluso si pierde el envite, existe riesgo objetivo de que los rebeldes victoriosos consideren que no han tenido suficiente apoyo occidental y se sientan desligados de gratitud alguna. En ambas hipótesis hay por medio estratégicas reservas de gas y de petróleo.

Así que ya no hay vuelta atrás: si la tiranía no cae habrá que empujarla. Los doscientos mil desgraciados —muchos de ellos subsaharianos que trabajaban en las explotaciones petrolíferas— hacinados en las fronteras y las víctimas civiles de la represión gadafiana no constituían hasta ahora prioridad alguna para el humanitarismo biempensante, pero de golpe se han convertido en motivo de preocupación crítica. Y los argumentos que servían para rechazar —con razón— la invasión de Irak se soslayan con reversible hipocresía pragmática para defender la intervención libia. Sadam era un déspota, Gadafi también; Sadam era un terrorista, Gadafi también; Sadam tenía petróleo, Gadafi también; Sadam no escondía armas de destrucción masiva, Gadafi tampoco.

Pero los negocios son los negocios. También al capitán Renault le entregaban sus ganancias cuando cerraba el garito.

ABC – Opinión

Chantaje en el aeropuerto

ENCABEZAMIENTO

Se consumó la amenaza: los sindicatos de AENA anunciaron ayer que van a presentar un preaviso de convocatoria de huelga contra la privatización de la compañía. Serán un total de 22 días de paro repartidos estratégicamente entre los meses de abril y agosto, para que coincidan con los días de más tráfico aéreo y de pasajeros: Semana Santa y el inicio y el final de las vacaciones de julio y agosto. Los paros, a los que están llamados unos 10.500 de los 12.500 trabajadores de este ente público, implican puestos claves, como el personal que trabaja en la división de operaciones, que son los últimos responsables de autorizar los movimientos de los aviones en tierra o asignar las puertas de embarque, así como los encargados de la señalización. Los sindicatos justifican esta huelga por la «pérdida derechos» que comportaría la privatización de un 49% del gestor aeroportuario. No es de recibo que el argumento para la huelga sea un futurible tan endeble como que la privatización empeorará el modelo de gestión y reducirá la inversión, con la consiguiente pérdida de la seguridad en los aeropuertos. Como es obvio, los sindicatos no presentan datos que avalen esas alarmistas predicciones. Una vez más, estamos en manos de las castas sindicales, temerosas de perder sus privilegios, y si el viajero hubo de soportar en diciembre el chantaje de los controladores, ahora es acosado por unos sindicalistas privilegiados. Al Gobierno le asiste todo el derecho de privatizar una parte de AENA como en su día se hizo con Iberia y, desde luego, haría bien en no plegarse a las exigencias desmedidas de los sindicatos. Sólo hay que ver los días que han elegido intencionadamente a sabiendas que son los más gravosos para AENA y para la economía española, además de que ver de nuevo los aeropuertos nacionales atestados de viajeros varados en tierra no ayuda nada a la imagen de nuestro país. Ayer mismo, casi simultáneamente al anuncio de esta huelga, se supo que los aeropuertos españoles transportaron un 5,2% más de viajeros en lo que va de año con respecto a 2010, con un crecimiento del tráfico del 4,4%. Y los datos de turismo de enero, sin ser extraordinarios sí que fueron alentadores, ya que, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), España recibió un total de 2,66 millones de turistas internacionales, lo que supone un 4,7% más con respecto a 2010. La huelga supondría romper esta inercia tan positiva, más aún si tenemos en cuenta que el turismo es uno de los motores de la economía en nuestro país, y uno de los sectores que mejor ha resistido la crisis. Pero pedirle a los sindicatos de AENA que actúen con responsabilidad parece una quimera. Ya han demostrado demasiadas veces que no les duelen prendas en paralizar un país y tomar a los ciudadanos como rehenes. Por su parte, el Gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano, pero sin doblegarse a ellos, para que esta huelga no se concrete. Tras los ejemplos de antaño, habría que empezar a valorar que nuestras autoridades impulsen la creación de una ley que limite este tipo de huelgas, sin vulnerar el derecho de los trabajadores, en sectores que son claves para la buena marcha del país.

La Razón – Editorial

Apremiante firmeza

La ONU debe cerrar el cielo libio, además de acorralar a Gadafi diplomática y económicamente.

Cada hora que pierde el Consejo de Seguridad dudando sobre si reunirse y qué nuevas medidas adoptar, Gadafi prosigue su brutal castigo contra su propio pueblo. La ecuación de fuerzas es abiertamente favorable al dictador, que dispone de blindados y aviación frente a las voluntariosas milicias mal armadas y peor entrenadas de los opositores a su régimen. Parece que ha logrado detener el avance de los rebeldes hacia Sirte y puede que haya retomado algunas ciudades que, como Zauiya, perdió en días pasados. A las matanzas perpetradas se añaden ahora las represalias con que amenaza en territorio reconquistado.

Las dificultades de una eventual intervención internacional no son solo militares, sino también diplomáticas y políticas. Pero contener la furia criminal del déspota libio es un imperativo moral y no puede haber excusas para una mayor firmeza tanto de las principales potencias como del Consejo de Seguridad. Urge, a este respecto, considerar al Consejo Nacional interino como Gobierno legítimo del país norteafricano. Sea cual sea el desenlace de la guerra en marcha, nada debería seguir como antes, y el reconocimiento del Consejo libio sería o el inicio del apoyo internacional a las nuevas autoridades o bien una inequívoca advertencia del ostracismo que aguardará a Gadafi en el supuesto de que se impusiera a su propio pueblo por la fuerza de las armas.

Igualmente apremiante resulta detener el flujo de dinero que continúa llegando a manos del coronel libio. Los activos financieros bloqueados hasta ahora por la comunidad internacional no son los más importantes de los que dispone. Le siguen llegando cientos de millones de dólares por petróleo, vía Banco Central de Libia, que está empleando para financiar una guerra que él mismo ha provocado. La decisión de la UE de bloquear esta misma semana los activos del fondo soberano libio, que mueve 70.000 millones en grandes empresas internacionales, es un paso tardío en la buena dirección.

El Consejo de Seguridad, por último, no puede seguir dando largas a la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Libia, para lo que existe una aparente predisposición de relevantes países árabes. Poco se podrá hacer si Rusia y China vetan el acuerdo, pero es necesario colocar a ambas potencias ante sus responsabilidades: defender a Gadafi equivale a enajenarse a quienes, desde el Atlántico al golfo Pérsico, se han levantado reclamando el fin de la tiranía.

Entre la intervención militar abierta e impedir al déspota libio que utilice su aviación para seguir cometiendo crímenes de guerra, media una larguísima distancia. Aparte de la suerte en el campo de batalla, ambos contendientes se disputan la legitimidad para erigir el régimen que suceda al actual. Gadafi no ha dispuesto nunca de ella, y ahora menos que nunca. En cuanto a los rebeldes, es crucial que esa legitimidad les pertenezca por entero, no compartida con una intervención exterior.

El País – Editorial

Rehenes de la subvencionada mafia sindical

Esta huelga salvaje revela la voluntad de aprovecharse de la imprevisión del Gobierno, así como la de utilizar a los ciudadanos como rehenes, sirviéndose también de esa carencia de nuestro Estado de Derecho como es la de no tener una Ley de Huelgas.

Por mucho que ofrezca diferencias respecto al delito de sedición perpetrado por los controladores aéreos el pasado puente de la Constitución, no menos salvaje es la huelga que secciones sindicales de UGT, USO y CCOO en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) acaban de convocar de manera intermitente durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, en oposición a la privatización parcial del ente: nada menos que 22 días de huelga en total, estratégicamente repartidos entre los de máximo tráfico aéreo, como son las vacaciones de Semana Santa, los puentes de mayo y junio, así como los días clave para las vacaciones de julio y agosto. Semejante convocatoria por parte de los sindicatos revela la misma voluntad de aprovecharse de la cómplice e irresponsable imprevisión del Gobierno, así como la de utilizar a los ciudadanos como rehenes, sirviéndose también de esa carencia que ofrece nuestro Estado de Derecho como es la de no tener una Ley de Huelgas.

Aun concediendo que el incumplimiento de los contratos laborales, que constituye toda huelga, deba ser reconocido como un "derecho", es evidente que una ley de huelgas que lo regulara para hacerlo compatible con el resto de derechos que asisten al resto de ciudadanos prohibiría los paros en servicios públicos esenciales y en fechas tan clave. A pesar de estar prevista en nuestra Carta Magna, lo cierto es que nuestra acomodaticia clase política la ha mantenido aparcada. Con todo, el vigente Real Decreto Ley 19/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones Laborales, que en su defecto rige actualmente, contempla, no obstante, la posibilidad de considerar ilegal una huelga cuando "se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Esto quiere decir que tiene que haber una motivación laboral y no una simple diferencia de pareceres sobre cuestiones ideológicas o de proyección en el mercado de la empresa.

Aquí los sindicatos simplemente protestan contra una privatización de AENA que, además de afectar única y lamentablemente al 49% de la empresa, garantiza expresamente que el personal de ésta "se seguirá rigiendo por los convenios colectivos vigentes, respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado".

Por otra parte, lo que es una vergüenza es que AENA, como toda empresa pública, en lugar de atender a los ciudadanos como clientes, se sirva de ellos como contribuyentes. La naturaleza estatal de dichas empresas es una reaccionaria rémora, como lo son también los privilegiados y coactivos sindicatos que padecemos, para el progreso de nuestro país. Evidentemente no faltarán trabajadores que se opondrán a cualquier modificación de su privilegiado estatus de funcionario. Pero eso no constituye la defensa de un derecho sino de un abuso.

El Gobierno debe mostrar la máxima firmeza ante esta huelga tan injusta en el fondo como salvaje en la forma. Claro que, ¿qué firmeza cabe esperar de este Gobierno que acaba de ceder, mediante arbitraje, en el cómputo de horas laborables que desencadenó el conflicto con los controladores, cuyo delito de sedición a día de hoy sigue clamorosamente impune?

Aun cuando el Ejecutivo estableciera elevados servicios mínimos, que dadas las fechas serían siempre insuficientes, ¿qué garantía de cumplimiento por parte de los sindicatos cabría esperar cuando han visto cómo se ha saldado el asunto de los controladores, a pesar de que provocaron el cierre del espacio aéreo español y una subsiguiente declaración del "estado de alarma"? ¿Qué garantía de cumplimiento cabe esperar de los sindicatos cuando han observado el nulo perjuicio que para ellos ha supuesto que los tribunales declarasen a posteriori "ilegal" la huelga de Metro en Madrid que tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2010, precisamente por el absoluto incumplimiento de los servicios mínimos decretados? ¿Hasta cuándo tendremos los ciudadanos que padecer como contribuyentes unos sindicatos que también nos utiliza como rehenes?

Libertad Digital – Editorial

Libia-ONU, se repite la historia

Naciones Unidas incurre una vez más en una parálisis dubitativa y en una inacción temerosa, bajo la coartada de la «legalidad internacional».

LA historia se repite con Libia. La indecisión de la comunidad internacional sobre este país norteafricano corre paralela a la represión brutal del coronel Gadafi contra los rebeldes y la población civil mediante bombardeos aéreos que no encuentran resistencia. Puesto a prueba el entramado de instituciones internacionales, el resultado vuelve a ser la parálisis dubitativa, la inacción temerosa y la coartada de la «legalidad internacional». Son los mismos errores que impidieron llegar a tiempo de evitar los crímenes de guerra en Kosovo, hasta que la OTAN bombardeó Serbia y consiguió frenar el genocidio. Pero Naciones Unidas vuelve a estar recluida en el círculo cerrado del derecho de veto que ejerce la pentarquía surgida de la victoria aliada de la II Guerra Mundial. A estas alturas resulta pueril seguir creyendo que la ONU es el depositario único y excluyente de la legalidad internacional, cuando se trata de un órgano político sometido al veto de las cinco grandes potencias, que estas ejercen por motivos de interés político o económico.

China y Rusia no están dispuestas a autorizar una intervención militar en Libia que establezca zonas de exclusión aérea sobre los territorios controlados por los rebeldes. Sus razones para tal veto no son de legalidad internacional. La OTAN bombardeó Serbia porque Rusia iba a vetar la intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y si ahora los países occidentales y la propia OTAN esperan una resolución favorable de este organismo es porque anteponen el prejuicio de la opinión pública surgido tras la intervención en Irak a las razones de legalidad humanitaria e intereses generales que justificarían sobradamente una acción multilateral al margen de la ONU. No es admisible que se cuestione la legitimidad de la OTAN, integrada solo por democracias, y que se acepte sin rechistar que la ONU ejerza su pretendido monopolio sobre la legalidad internacional con votos de dictadores y genocidas; no en vano, Gadafi llegó a presidir la Comisión de DerechosHumanos de la ONU. La evolución de la comunidad internacional no será completa en tanto no se revisen los fundamentos de la ONU, anclados —para contradicción de quienes la han mitificado como encarnación del multilateralismo pacífico— en las condiciones impuestas por los vencedores de una Guerra Mundial al resto del planeta. Entre tanto, Gadafi sigue matando a sus anchas y recuperando territorio.

ABC – Editorial

Iguales, pero menos. Por M. Martín Ferrand

En nombre de la igualdad se perpetran tantos dislates como crímenes a favor de la libertad.

SI entiendo bien el artículo 14 de la Constitución vigente, todos los españoles, menos Baltasar Garzón, algunos cargos de la Junta de Andalucía y otras cuantas excepciones, somos iguales ante la Ley. Está bien que así sea. El espíritu que inspira esa porción del texto constitucional es impecable y las excepciones, como afirma la sabiduría popular —¿la resignación?— tienden a confirmar la regla. El problema se suscita cuando el igualitarismo, quiere extenderse, traspasados los límites de los poderes públicos, a todos los ámbitos de la actividad individual y social. Leire Pajín, ascendida al rango de ministra de Sanidad asistida por su ahora subordinada y antes ministra de Igualdad, Bibiana Aído, encabezan la iniciativa de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y ello atenta contra los principios básicos del sentido común y contra la libertad del individuo que es, no nos confundamos, la libertad por la que lucharon nuestros abuelos en 1879, cuando la Declaración de Derechos del Hombre —plural de hombre y mujer— y el Ciudadano y que tanto han negado los poderes de la izquierda política, socialistas y comunistas.

La igualdad de derechos y oportunidades, mejor definida en la Constitución que aplicada por los gobiernos que han jurado acatarla y servirla, no conlleva grandes ampliaciones genéricas y ninguna específica. El lenguaje, que tanto irrita a las feministas que entienden la igualdad como el sometimiento del varón, es neutral y yo, por ejemplo, soy periodista sin que pudiera subrayar mi propia estimación el pasar a ser periodisto. Merezco una cuota aseguradora más elevada que la de una mujer con mi misma edad e idénticos alifafes porque la estadística, perfeccionada por los cálculos actuariales, demuestra que ella tiene cinco años y pico de expectativa de vida superior a la mía. En nombre de la igualdad se perpetran tantos dislates como crímenes a favor de la libertad; los últimos son inevitables en quienes la niegan, pero los primeros tienden a surgir de la ignorancia, de las lecturas mal digeridas y de la necesidad irrefrenable que tienen algunos —y algunas— de hacer religión de la nadería para poder sustituir la que no tienen y ajustarse a la perezosa comodidad de un código de conducta y una norma de pensamiento establecidos y dispensables, como los comprimidos de botica, dosis a dosis.

En los momentos de atribulada confusión que vive la Nación no cabe esperar la luz del sentido común ni el ánimo de la prudencia; pero sería bueno, por razones de igualdad bien entendida, que no prosperará la Ley Integral que pretenden las chicas de Zapatero.

ABC - Opinión

Delirio igualitario. Por Edurne Uriarte

La lista de posibilidades esperpénticas es inagotable en cada uno de los motivos incluidos en el anteproyecto.

El anteproyecto de ley para la Igualdad de Trato es un delirio de tal naturaleza que, si se aprueba, miles de puestos de confianza política de las instituciones, por ejemplo, podrán ser objeto de denuncia. Pues uno de los motivos de discriminación contemplados es la “convicción u opinión” y la ley será aplicada tanto en el empleo público como en el privado y en todo tipo de organizaciones, incluidos los partidos políticos. Por el mismo motivo, TVE tendrá grandes problemas para justificar, ante una posible demanda, la escasez de periodistas de derechas en sus programas. Y un amplísimo número de empresas, las de servicios, los propios medios de comunicación, podrán ser perseguidos por su discriminación de las personas menos agraciadas.

La lista de posibilidades esperpénticas es inagotable en cada uno de los motivos incluidos en el anteproyecto, desde el sexo, la opinión, la edad, hasta el infinito «cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y esto ocurre porque se trata de una ley dictada desde el eslogan electoral y no desde la realidad social. Redactada para hacer campaña electoral y no para atender problemas sociales. Ideada para construir una seña de identidad igualitaria que llevarse a las desesperadas campañas electorales que se le avecinan al PSOE. Fruto de la doble crisis del socialismo, la crisis económica que le ha obligado a renunciar a las políticas económicas socialdemócratas y la crisis más amplia de debilitamiento de algunos referentes tradicionales como el ecologismo, el feminismo, el antirracismo.

Quieren vestir el eslogan del socialismo de la ampliación de los derechos y de la protección de los débiles. Pero los supuestos derechos en peligro, la igualdad de las mujeres, de las razas, de las religiones, están plenamente recogidos en las legislaciones europeas, incluida la nuestra, y, además, son igualmente asumidos por la derecha como por la izquierda.

Con lo que queda el delirio, el absurdo, una locura interventora totalmente inaplicable. Y, en el mejor de los casos, un espíritu paternalista que despierta el recuerdo nostálgico de una de aquellas primeras sufragistas americanas, Elizabeth Cady Stanton, y sus palabras en 1860, en la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York: «Hacednos la merced de dejar que nos cuidemos nosotras mismas… Deshaced todo lo que el hombre hizo por nosotras en tiempos remotos y tachad todas las leyes instituidas especialmente para nosotras; suprimid el término hombre blanco de todos vuestros códigos, y después, navegando al unísono, dejadnos hundirnos o salir a flote, vivir o morir, sobrevivir o sucumbir».

ABC - Opinión

AVT. La "metedura de pata" de Basagoiti. Por Guillermo Dupuy

No utilicemos la "metedura de pata" de Basagoiti como excusa para meter una todavía mayor como sería la de utilizarla de excusa para no respaldar una manifestación como la que, sin proclamas de pureza, nos convocan todas las asociaciones de víctimas.

Siento gran admiración por todos aquellos que se enfrentan al nacionalismo, en general, y a ETA, muy en particular. Sin embargo, ni la lucidez ni la valentía con la que Antonio Basagoiti ha hecho esto a lo largo de su vida me ciega como para negar el hecho de que el presidente del PP vasco ha metido la pata. La metemos todos con mayor o menor frecuencia, y él la ha metido, a mi modo de ver, al considerar este domingo en El Mundo que la manifestación, convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo para el próximo 9 de abril "es para apoyar al Gobierno y que siga con la exigencia contra ETA, por eso es impecable".

La presidenta de la asociación convocante, Ángeles Pedraza (a la que desde aquí le expreso mi apoyo y agradecimiento por dicha convocatoria) ya ha criticado esa metedura de pata del político vasco al señalar que "la manifestación no es para apoyar al Gobierno, por supuesto, sino para exigirle que ETA no esté en las instituciones bajo ningún disfraz, ni con plan A, ni con plan B, ni con plan C. Es una manifestación de exigencia".

No incidiré en esa metedura de pata, que el propio Basagoiti ha medio sacado en posteriores declaraciones a Dieter Brandau, y que tanto él como la propia presidenta de la AVT (dicho sea con el mismo afectuoso respeto para ambos) también pudieron meter, a mi modo de ver, no respaldando la manifestación del pasado 5 de febrero convocada por Voces contra el Terrorismo.

En cualquier caso, sí quiero incidir en el comentario de Basagoiti respecto al discurso de Mayor Oreja, que también me ha parecido sumamente insatisfactorio. Dice Basagoiti que "Mayor Oreja hace un diagnóstico político y una reflexión, pero no hay ninguna prueba de eso. No creo que ahora estemos en la misma situación que hace cuatro años".

Para empezar, el primero que dice que no estamos en la misma situación que hace cuatro años, sino ante un proceso de negociación muchísimo más soterrado y donde, tal vez el entreguismo del Gobierno hacia ETA sea menor o, en cualquier caso, menos descarado, es el propio Mayor Oreja. Con todo, para una "reflexión" o incluso para un "diagnóstico político" como el de Mayor Oreja no se requiere de "pruebas" tan inequívocas y concluyentes como las que exige una condena penal. Bastan hechos indiciarios, como a mi modo de ver sobran en este caso como para pensar que el Gobierno de Rubalcaba sigue enredado en inconfesables negociaciones con ETA.

Tal es el hecho del bochornoso silencio de todos estos meses del Gobierno y de su dependiente Fiscalía ante el nada encubierto deseo de ETA y Batasuna –valga la redundancia– de servirse de las siglas de Eusko Alkartasuna para burlar la ley de partidos, o ante el enaltecimiento que dirigentes de ambos "partidos" han hecho de etarras al calificarlos de "presos políticos".

Otro hecho, que no hipótesis, es la reiterada y tozuda negativa del Gobierno a derogar esa infame resolución parlamentaria favorable al "final dialogado de la violencia", o su no menos vergonzosa negativa a disolver los ayuntamientos que, a día de hoy, siguen teniendo presencia proetarra. También es un hecho, y no una reflexión, que a día de hoy Josu Ternera sigue sin ser detenido y que, en su lugar, Zapatero le hacía llegar mensajitos a través de Eguiguren, como este mismo impunemente ha confesado. También es un hecho, y no una hipótesis, que el principal responsable político –y probablemente penal– del delito de colaboración con banda armada que supuso el chivatazo policial a ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue sin presentar su dimisión. Otro tanto podríamos decir del hecho que constituyen los bochornosos privilegios y permisos que el Gobierno está concediendo a criminales irredentos por un falso arrepentimiento que les encamina a la impunidad.

No aburriré al señor Basagoiti con muchísimos otros hechos que él sabe mejor que yo que sustentan legítimamente diagnósticos y reflexiones como los que protagoniza Mayor Oreja respecto a ETA y el nihilista Gobierno de Zapatero. Y, desde luego, estoy seguro que para Basagoiti esos innegables y bochornosos hechos no son, precisamente, una muestra de exigencia contra ETA por parte del Ejecutivo que deba continuar y, menos aun, ser respaldada en una manifestación convocada por las víctimas.

Demos, pues, por sacada la metedura de pata de Basagoiti, y no la utilicemos como excusa para meter una todavía mayor como sería la de utilizarla para no respaldar una manifestación como a la que, sin proclamas de pureza, sin maniqueísmos, sin reproches y sin afanes de protagonismo, debemos acudir y a la que nos convocan todas las asociaciones de víctimas contra el terrorismo. Que por nosotros no quede.

Libertad Digital - Opinión

Odio a Madrid. Por Hermann Tertsch

Odio es lo que Pepiño, Zapatero y hasta algún madrileño de este gobierno sienten hacia Madrid y todo lo que Madrid significa.

ESTÁ claro, y el ministro de Fomento de este gobierno —ya en su séptimo año triunfal—, debería ser el hombre más avisado al respecto, que hay inversiones, por generosas que sean, que resultan inútiles por ser su objetivo ilusorio o equivocado. Pepiño, en sus esfuerzos por ser Don José, se puede hacer unos trajes a medida de elegancia sartorial, operarse los ojos para quitarse aquellas gafas de niño apocado y cabreado, construirse una casa con posibilidad de embarcadero pese a la Ley de costas, ir al logopeda para eludir el «conceto» y la «sinosis» y copiarle los zapatos a cualquier duque o conde de la Casa Alba. Pero en cuanto se irrita por un «quítame allá esas nieves» le sale el Pepiño original, previo al tuneado, y nos espeta eso de que hay que cerrar la Comunidad de Madrid. Y va él precisamente —muñeco mascota del resentimiento— y nos habla de odio y dice que los demás, es decir, ya saben, los fachas que no aplaudimos la carrera hacia la indignidad y el disparate de Zapatero, nos movemos por odio. ¡Quiá, Pepiño! No pediremos que hable con propiedad. Pero no se equivoque. Nada tiene que ver el odio con el desprecio. Ni con la fobia que genera la figura del impostor vocacional y eterno adolescente. Ni con la ira que lógicamente despierta el daño inmenso causado de forma gratuita a la patria de todos. El odio por definición no mira hacia abajo sino hacia arriba. Y por poderosos que se crean, se llamen Zapatero o Pepiño, para ser objeto de odio habrían de ser en alguna medida respetados. No es ya el caso.

Odio es lo que Pepiño, Zapatero y hasta algún madrileño de este gobierno sienten hacia Madrid y todo lo que Madrid significa. Lo que le lleva a querer «cerrar» Madrid. ¡Ay, la dichosa herencia de los años treinta que tanto han cultivado bajo el «nietísimo» del abuelo protomártir! Ha enterrado todo signo de identidad de la socialdemocracia europea para resucitar aquel socialismo guerracivilista y largocaballerista que quería cerrar, prohibir, perseguir, quemar y reprimir todo lo que obstaculizara sus planes. Madrid se ha convertido en una pesadilla para quienes quieren ciudadanos dóciles, dependientes, obedientes y temerosos. Representa el éxito de todo lo que combaten estos paleosocialistas que, anclados en sus mentiras históricas, quieren imponer el estado omnipresente, intervencionista y controlador. Por eso la tratan como a una provincia traidora. Es la denuncia viva de su fracaso. El sangrante agravio comparativo con sus desastres de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura pero, ante todo, de Cataluña, donde nacionalismo y socialismo, en su combinación más tóxica, han hundido a una sociedad próspera en la autoconmiseración, el clientelismo endémico y la mediocridad superlativa. En todas ellas han impuesto un sistema de redistribución de la pobreza, además de perverso, desincentivador y fracasado, tramposo. Madrid controla su deuda, Madrid tiene casi cinco puntos menos de desempleo, Madrid recibe inversiones que huyen de regulaciones ideológicas, Madrid tiene unos servicios que envidian y utilizan ciudadanos de autonomías dedicadas a gastar en combate ideológico e identitario. Este fin de semana, Pepiño estaba especialmente irritado. El ridículo lo merece. Toda la región de la Sierra madrileña se vio afectada por la nevada. La única vía cerrada fue la dependiente del señor Pepiño y de una delegada que más parece gobernadora civil/comisaria política. Odian Madrid porque lo ven con resentida admiración. Porque es una isla de gestión pública europea en el lodazal de gestión paternalista autoritaria y tercermundista del socialismo de la impotencia y el insulto. Del que Pepiño es, con Zapatero, patético mascarón de proa.

ABC - Opinión

“A 110 por hora va a ir la santa madre del señor ministro”. Por Federico Quevedo

Llevamos dos semanas de debate a cuenta de las medidas de supuesto ahorro energético tomadas por el Gobierno, principalmente la limitación de los 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas, y el asunto tiene pinta de continuar lo cual es un fiel reflejo del monumental ‘cabreo’ que el asunto ha generado en la sociedad española. Desde ayer la limitación es efectiva, y también desde ayer ha comenzado el Gobierno a hacer caja. Esta era, desde el principio, la principal razón de la medida, y prueba de ello es la prisa que se ha dado el Ministerio del Interior en modificar los radares para que salten cada vez que la aguja del cuentakilómetros sobrepase mínimamente los 110, lo que de entrada exige al conductor un nivel de atención sobre la limitación de velocidad que necesariamente se resta de otros asuntos que conciernen a la conducción, lo cual, según denuncian asociaciones de automovilistas, puede ser peligroso.

Pero, miren, yo no soy un experto en estas cosas y no voy a entrar en el detalle de si es mejor ir a 110 que a 120, ni si de verdad eso sirve para ahorrar gasolina -cosa que pongo en duda-. Me preocupa, y mucho, la obsesión de este Gobierno por prohibir siempre que encuentra una excusa para ello. Da igual lo que sea, el caso es imponer una prohibición y castigarla con una multa si es menester. Ayer el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, acusaba al PP de asimilar libertad con “conducir más deprisa, o con una copita o sin cinturón de seguridad”, en un alarde de insultante demagogia sin precedentes. No, mire señor Iglesias, libertad en este caso es que una persona pueda conducir como le dé la gana siempre que no ponga en riesgo la seguridad de los demás y la propia. Y si el debate es que ir a 110 ofrece más seguridad que ir a 120, entonces lo que no tiene sentido es la temporalidad de la norma, y si es temporal será porque esa no es la naturaleza del debate y por lo tanto estamos asistiendo a una nueva invasión del espacio privado por parte de los poderes públicos.

«Rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros, no teniendo impacto alguno sobre la seguridad, sí lo tiene sin embargo sobre nuestra libertad, y a eso los ciudadanos tenemos la obligación de oponernos, porque para eso no le hemos hecho ningún encargo al Estado.»

Es verdad que el Estado tiene la obligación de establecer unos márgenes en los que vela por la seguridad, y por eso nos sanciona si conducimos demasiado rápido, si lo hacemos sin cinturón de seguridad o si hemos bebido demasiado. Y los ciudadanos que somos los que le hemos hecho ese encargo al Estado aceptamos que eso sea así, aunque podemos discutir, por ejemplo, que el límite de los 120 kilómetros/hora se haya quedado obsoleto en relación a la renovación que estos últimos años se ha producido en el parque móvil nacional. Pero esa es la concesión que los individuos hacemos en beneficio de nuestra seguridad, no de nuestra libertad. Rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros, no teniendo impacto alguno sobre la seguridad, sí lo tiene sin embargo sobre nuestra libertad, y a eso los ciudadanos tenemos la obligación de oponernos, porque para eso no le hemos hecho ningún encargo al Estado, y ni siquiera la razón del ahorro energético es válida porque no le da derecho al Estado a imponernos una prohibición injusta.

Y es que nadie le ha pedido al Estado que se inmiscuya en nuestra vida privada y en la toma de nuestras propias decisiones. Hoy por hoy no tenemos ningún problema de escasez de energía, o al menos el Gobierno no ha dicho que lo tengamos salvo que nos esté mintiendo de nuevo. Tenemos, es verdad, un problema de dependencia exterior, pero si para reducir esa dependencia es necesario ahorrar energía, no tiene por qué ser el ciudadano el que pague ese pato, teniendo en cuenta que la mayor parte del consumo energético se produce en el sector público y en la industria. Que ahorren ellos, entre otras cosas porque durante todos estos años no han hecho nada, absolutamente nada, por reducir esa dependencia energética externa. Los ciudadanos son lo suficientemente maduros como para saber en qué tienen que ahorrar, y la propia escalada del precio de la gasolina actúa como revulsivo a la hora de conseguir un menor consumo.

No nos hace falta que un Estado paternalista venga a decirnos lo que tenemos y no tenemos que hacer, porque a estas alturas los ciudadanos ya hemos alcanzado la suficiente madurez como para saber cuando ese Estado paternalista lo que está haciendo, en realidad, es exprimir de nuevo nuestros ya de por sí vacíos bolsillos. Así que me quedo con lo que ayer decía un chófer del parque móvil ministerial: “A 110 va a ir la santa madre del señor ministro”

El Confidencial - Opinión

PP y PSOE. Corruptos son todos. Por Cristina Losada

El convencimiento de que todos lo hacen proporciona impunidad política. Y la impunidad política sólo puede incentivar las malas costumbres.

La lucha contra la corrupción se ha sustanciado, en nuestros partidos políticos, en un grito de guerra contra el adversario. El PSOE y el PP, en especial, aunque no son los únicos manchados, se baten en el fango a la voz de "tú eres más corrupto que yo". Gestionan sus inmundicias, ya sean probadas o presuntas, mediante el procedimiento de ensuciarse mutuamente. El detergente para lavar las corruptelas propias son las corruptelas del partido de enfrente, siempre más graves, desvergonzadas y cuantiosas, por supuesto. Si en el parlamento andaluz, se habla de los ERE, los de Griñán le echarán en cara a Arenas la trama Gürtel y si en alguna autonomía del PP, se le reprocha la Gürtel, los populares replicarán con los ERE andaluces, y así sucesivamente.

Extraña forma ésa de lidiar con la corrupción. Extraña desde la ejemplaridad que debe de ser norma en el ejercicio del servicio público, aunque también desde la impura perspectiva política. Pues un partido, al entregarse al "tú más", no sólo reconoce involuntariamente que "él también", sino que emborrona y desvía la responsabilidad. Asume, de facto, que los negocios sucios practicados a la sombra del poder son responsabilidad colectiva del partido y no de los individuos que los realizan. Cuando las cúpulas directivas se atrincheran en la defensa de –y en la inacción ante– imputados de los que hay serios indicios de delito o de conductas reprobables, están cargando el peso de la falta sobre el partido en su conjunto. Y aún se quejarán luego de la desconfianza en los políticos.

Al convertir la corrupción en una causa más de confrontación entre partidos, es posible que conserven y hasta exciten el entusiasmo de los seguidores acérrimos, siempre persuadidos de que los suyos son víctimas de una campaña orquestada por el rival. Pero el efecto último de esa pelea es consolidar una perversa noción de igualdad: todos los partidos son iguales en la corrupción. Tanto se ha extendido la idea, que las ollas podridas que se destapan no afectan prácticamente a la intención de voto. Y es que si todos son corruptos, nadie lo es. El convencimiento de que todos lo hacen proporciona impunidad política. Y la impunidad política sólo puede incentivar las malas costumbres. En esas condiciones, sólo un optimista antropológico dejaría a la voluntad de los partidos la labor de erradicarlas. Claro que el remedio se vislumbra lejano, pues no sería otro que limitar el poder de los partidos y reducir el dinero de disponen los gobiernos. O sea, el programa regeneracionista que no veremos.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero vs. Gadafi. Por Florentini Portero

Siete años después tenemos a nuestros socialistas demandando el uso de la fuerza para proteger intereses petrolíferos.

Europa no supo reaccionar ante la crisis árabe, atrapada en la contradicción entre apoyar a quien está en el poder, para garantizar inversiones en curso, y defender la promoción de la democracia. La posición de España es más complicada, por tener que casar la Alianza de las Civilizaciones —con su renuncia a exigir avances hacia la democracia y el reconocimiento de que cada cultura tiene sus propios valores— con el apoyo a unas revueltas que gozan de la simpatía de la mayor parte de nuestros conciudadanos. El español de a pie se siente más próximo al joven que pide un puesto de trabajo que a los déspotas que se han enriquecido a costa de la miseria de su propia gente.

La crisis libia complica más las cosas, porque se trata de un conflicto tribal donde los que han estado gobernando juntos ahora se matan entre sí para llegar a un nuevo equilibrio de fuerzas. Nuestro Gobierno ha decidido unilateralmente que los defensores de la revuelta lo son de la libertad y ha apostado decididamente por ellos. ¿Por qué? Porque necesita tapar décadas de simpatía por el compañero revolucionario Gadafi, el camarada que no tuvo reparo en enfrentarse a los más poderosos y en denunciar el neocolonialismo, y años de Alianza de Civilizaciones bajo patrocinio iraní. Con el furor del advenedizo se especula con el uso de la fuerza, como si sólo se tratara de desplegar una fuerza de interposición. Pero con estas declaraciones dirigidas a un auditorio nacional se han quemado las naves de la relación con Gadafi, poniendo en peligro inversiones realizadas por empresas próximas al poder. Zapatero necesita que Gadafi se vaya como sea, porque de otra manera esas inversiones corren serio peligro. Siete años después tenemos a nuestros socialistas demandando el uso de la fuerza para proteger intereses petrolíferos. Ver para creer.

ABC - Opinión

Prueba satisfactoria. Por Alfonso Ussía

Para mejor adaptarme al futuro, el pasado viernes procedí a viajar a Santander en un «Seiscientos» que heredé de mi tía abuela Enriqueta. Creo que no superé los 110 kilómetros a la hora en ningún momento, pero estuve a punto de matarme en siete ocasiones. La primera, en la rampa del garaje de mi casa. Se me fue de culo y menos mal que pude frenar antes de impactar con el coche nuevo recientemente adquirido por el vecino del 6º derecha. A la hora de encontrar la autovía, más o menos en el kilómetro 37 en dirección a Burgos, me adelantó un camión que transportaba cerdos. Culpa del camión o de los cerdos, lo cierto es que la fuerza centrífuga –ignoro si se dice así–, me sacó del carril. En Somosierra se encendió la lucecita de la temperatura. Detención obligatoria. Todo bien hasta Honrubia de la Cuesta. Esta localidad llámase así porque tiene una cuesta muy pronunciada, hacia arriba rumbo a Madrid, y hacia abajo rumbo a Burgos. El «Seiscientos» que heredé de la tía Enriqueta perdió los estribos en la bajada y superó los cien kilómetros a la hora, velocidad que jamás había experimentado porque la tía Enriqueta nunca puso la directa. De Madrid a San Sebastián y vuelta lo hacía con la tercera marcha. Al alcanzar el final de la cuesta, una racha de viento casi me hace volcar. En Aranda de Duero, llené el depósito. En tiempos de tía Enriqueta se hacía con cien pesetas. Total, treinta euros, cinco mil pesetas del vellón. Pinchazo en Lerma. No encontraba el gato. Un amable camionero se detuvo, buscó el gato, lo encontró y cambió la rueda, que me arreglaron en un taller inmediato al Hostal Landa, en donde me equilibré con un plato de huevos fritos y morcilla. De Madrid al Landa, tres horas y media. Elegí la autovía del Camino de Santiago que desemboca en la de Palencia a Santander. En Melgar de Fernamental, una poderosa moto me llamó «tortuga hijaputa». No la moto, sino el motorista, claro está. Todo perfecto hasta Herrera del Pisuerga, donde tuve que repostar de nuevo. En Herrera del Pisuerga me perdí, pero ese contratiempo no hay que achacárselo al «Seiscientos» de tía Enriqueta, sino a mí, que soy tontísimo en la interpretación de las señales. Recuperada la autovía, superé Aguilar de Campoo y me dirigía hacia Reinosa, pero en Mataporquera se me encendió nuevamente la lucecita de la temperatura. Una pareja de la Guardia Civil de Tráfico me sancionó por no indicar con el intermitente que me iba a detener en el arcén, pero gracias a ellos conseguí la botella de agua salvadora. En Reinosa me embistió una vaca. Así como se lo cuento. Las vacas no actúan contra los coches que pasan a velocidades normales, pero los «Seiscientos» de 1967 les causan honda indignación. Salvado de milagro de la acometida de la vaca, comencé el descenso hacia Santander. Pero en Arenas de Iguña, otro golpe de viento casi me manda al otro mundo. Coincidió la ventolera con mi paso por un viaducto con ciento cincuenta metros de caída libre. Me acordé de la familia de Rubalcaba, Salgado y Sebastián, como es natural y obligado. En Torrelavega, depósito vacío. Otros treinta euros, que sumados a los sesenta anteriores dan la cifra de noventa del ala. Antes de Mazcuerras, reventón de la rueda trasera izquierda. Colisión contra la valla, y toque final contra un eucalipto. Me recogió mi amigo Ricardo Escalante, que me dejó en mi casa de Ruiloba. Nueve horas de viaje sin superar los 110 kilómetros a la hora. Volví en avión, pero ahorré muchísima energía. El «Seiscientos» al chatarrero.

Delicioso viaje ahorrando gasolina. Gracias, Gobierno.

La Razón - Opinión

Independencia. Mas president, Catalunya independent. Por José García Domínguez

Lo que en verdad pretende el catalanismo canónico no es la independencia sino el independentismo, esa pose retórica tan útil para que la secesión efectiva no se llegue a verificar nunca.

Feliz esquizofrenia la de Artur Mas y su igual Duran Lleida. Así, hechos unos hombrecitos altivos, gallardos y altaneros, todos sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, con los píos democristianos de Unió a la cabeza, vienen de anunciar su adhesión inquebrantable al enésimo simulacro de autodeterminación pedánea. Jocosa comedia bufa que se representará en la capital de la provincia un día de estos. Al tiempo, y sin el menor asomo de pudor, los máximos dirigentes de CiU andan inmersos en frenéticas gestiones a fin de impedir que el Parlamento doméstico proclame la independencia de Cataluña. Tragicómica eventualidad que, gracias a una moción del errático Laporta, habrá de ser sometida a consideración del pleno de la Cámara coincidiendo con la referida performance secesionista en calles y plazas.

Átenme esa mosca por el rabo. Se ve que al devoto Duran Lleida le ocurre lo mismo que confesara Agustín de Hipona en memorable sentencia: "Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo". Una patología, la del síndrome soberanista bipolar, muy común a este lado del Ebro por lo demás. Y es que, como alguna otra vez se ha referido aquí mismo, lo que en verdad pretende el catalanismo canónico no es la independencia sino el independentismo, esa pose retórica tan útil para que la secesión efectiva no se llegue a verificar nunca. Mucho mejor que nadie lo saben ellos: una Cataluña escindida supondría su ruina.

Que por algo cierta fatalidad estadística nada baladí, a saber, 56 céntimos de cada euro que entra en la demarcación fruto de las exportaciones proceden del malhadado Estat espanyol. Como en simétrica desventura acontece con el 44 por ciento de las importaciones. Constatada tal evidencia, y desde el estricto territorio de la lógica, no habría reparo que objetar a esos ensayos suicidas. Siempre y cuando, claro, la pregunta de la papeleta se compadeciese con la siguiente obviedad fáctica: "¿Está usted dispuesto a que Cataluña resulte expulsada en el acto de la Unión Europea, excluida del recurso al euro y martirizado su comercio exterior con un sinfín de aranceles y contingentes lacerantes, amén de ver repatriadas a las innúmeras empresas de la Metrópolis sitas en su territorio, todo ello por mor de san Pombeu Fabra?". Responda, indómito edil.

Libertad Digital - Opinión

Ordenancismo. Por Ignacio Camacho

Este Gobierno ha destacado por su empeño en intervenir sobre las rutinas de la vida cotidiana de los españoles.

LA concepción de la política como herramienta de ingeniería social desemboca de forma inevitable en el ordenancismo, en la vocación de controlar desde el poder público la vida privada. En su búsqueda de nuevas vías para una izquierda desgastada, el zapaterismo apostó de salida por una modificación de hábitos individuales y colectivos que garantizaba éxitos rápidos sin gran coste económico y permitía proyectar con facilidad etiquetas de ideología posmoderna. La retórica de ampliación de derechos encubría una perceptible voluntad de intrusión en las costumbres. Era una estrategia pensada para tiempos de prosperidad en los que la sociedad carecía de las preocupaciones primarias que han sobrevenido con la crisis, y para las que este Gobierno no ha encontrado respuestas. Por ello sigue apegado al reflejo de intervenir sobre las conductas cuando la gente exige soluciones a los grandes problemas estructurales de la economía, frente a los que sólo se le ocurren medidas de regulación de la vida cotidiana.

En los últimos siete años el Gobierno y sus aliados han destacado por su empeño en legislar sobre aspectos que inciden de un modo u otro en la libertad individual. El zapaterismo ha intervenido, o lo ha intentado, en la alimentación de los españoles, en sus rutinas domésticas, en su forma de divertirse, de conducir o de relacionarse. Ha regulado la velocidad de las carreteras, la grasa de las hamburguesas y la bollería industrial, las descargas de internet y la temperatura del aire acondicionado. Ha extendido su mano arbitrista hasta los filamentos de las bombillas y las bolsas de los supermercados. Ha prohibido el tabaco y —en Cataluña— los toros, y en las autonomías de dominancia socialista ha tratado de organizar el idioma en que deben hablar los escolares en el recreo —perdón, segmento lúdico en la jerga neoadanista— e incluso, como en Andalucía, los juegos a que deben jugar. Ha establecido cuotas de sexos en los consejos de las empresas. Ha multado a empresarios por emplear el genérico masculino en sus ofertas laborales. Y para despedirse prepara otra obra maestra de ingeniería social en la que, bajo el pretexto de la igualdad de trato y la no discriminación, se dispone a reglamentar el acceso a espacios, medios, asociaciones y propiedades privadas, y a inmiscuirse en la libertad de alquilar o no un piso a quien su dueño considere oportuno. Todo ello mientras permanece estático o impotente en medio de un pavoroso estancamiento de la productividad, el empleo, el consumo y el crédito.

El resumen burlón de este proceso de injerencia, que cabría tomar a broma si no fuese una preocupante realidad, aparece en el epígrafe un recién creado grupo de Facebook: «A tu edad yo conducía a 120, fumaba en los bares y me bajaba pelis». Piadosamente, los bienhumorados firmantes han omitido otra declaración más cruel: «Y además tenía trabajo».

ABC - Opinión

Un aliado proetarra

El caso de Arturo Cubillas y todo lo relacionado con el santuario de ETA en Venezuela ha sido un asunto muy incómodo para el Gobierno. Desde las primeras informaciones en los medios y las posteriores investigaciones judiciales, el Ejecutivo se ha resistido a dar al escándalo el trato que merecía. El Ejecutivo fue siempre a contracorriente y nunca demostró voluntad de ponerse al frente. Como suele suceder cuando se toma la decisión de ir a remolque y ponerse de perfil, los acontecimientos te acaban atropellando y dejándote en evidencia. Es lo que le ocurrió ayer al Ejecutivo después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó al ex cabecilla de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, «Ata»; al ex responsable del aparato político Francisco Javier López Peña, «Thierry», y, sobre todo, al enlace en Venezuela, Arturo Cubillas Fontán, por un delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El juez considera acreditado en su auto que Cubillas ha mantenido al menos entre los años 2004 y 2008 «contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los grupos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora y armamento de técnicas terroristas».

Este jefe etarra es un alto funcionario del régimen de Hugo Chávez y ocupa la jefatura de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras. La instrucción judicial ha evidenciado que Cubillas cuenta con la máxima protección del caudillo, y que, en consecuencia, ETA dispone de un refugio más o menos seguro en la Venezuela chavista.

Aunque es cierto que el Gobierno no ha tenido más remedio que solicitar la extradición de Cubillas pedida por dos magistrados de la Audiencia Nacional, en la gestión del Ejecutivo ha pesado más el cuidado de no importunar a un aliado de la Administración socialista como Chávez que actuar con la contundencia diplomática debida, lo que resulta inadmisible. Los paños calientes del Gobierno con un régimen que cobija terroristas es censurable y sus responsables tendrán que responder de ello. No cabe imaginar que el caudillo venezolano habría actuado con la displicencia y el desprecio con que lo ha hecho si España hubiera respondido como debía.

La complicidad con Chávez es uno de los peores legados de la política exterior de este Gobierno de una lista casi interminable de fiascos en la desastrosa gestión diplomática de los socialistas. El caso de Arturo Cubillas y el resto de etarras acogidos al abrigo de Chávez debería haber sido motivo más que suficiente para que el ministro responsable hubiera dimitido o le hubieran destituido. No hablamos de un delincuente más, sino de un dirigente terrorista que, por ejemplo, se burló recientemente de las víctimas, y de una banda responsable de cientos de asesinatos. Quien protege a ETA es un enemigo de España y de los españoles y hay que tratarle en consecuencia. Venezuela es un santuario de etarras y acabar con él es un deber y una obligación del Gobierno.

La Razón - Editorial

Revolucionarias árabes

Las mujeres de Egipto, Libia y Túnez temen que la liberación de sus países no las incluyan.

Han luchado codo con codo junto a sus compañeros masculinos para liberar a sus países de la opresión y ahora temen que su propia liberación quede en el olvido. Millones de mujeres árabes han vivido o están viviendo las rebeliones cívicas de sus respectivos países con la doble esperanza de conquistar la democracia y, al tiempo, liberarse de la opresión que sufren por su condición femenina exigiendo un cambio social. La evolución de los acontecimientos abre, sin embargo, la puerta a la decepción. Los datos no son esperanzadores. Una vez desalojados del poder los presidentes de Túnez y Egipto, los nuevos órganos de poder que van a gestionar la transición están dominados por los hombres. En ellos, la presencia de mujeres es nula o testimonial. Lo mismo está ocurriendo en las zonas conquistadas por los rebeldes libios.

El mundo árabe es el que peor trato depara a las mujeres. Todos los indicadores (empleo, participación política, brecha salarial) lo sitúan a la cola, por detrás incluso del África subsahariana. En algunos de los países hoy levantados en armas contra sus tiranos, las mujeres (muchas de ellas, veladas) tienen enormemente limitada su capacidad de movimientos, sufren la ablación del clítoris (una práctica que se mantiene en las zonas rurales egipcias), son forzadas a casarse con el hombre elegido por las familias y muchas de ellas son condenadas al analfabetismo. En Egipto, el 83% de las mujeres han sufrido acoso sexual alguna vez. Un triángulo diabólico formado por la falta general de libertades, la religión (en creciente radicalización frente al sentimiento antioccidental) y la cultura se ha cernido sobre las árabes durante décadas como un yugo asfixiante ante la indiferencia de sus compatriotas y la del resto del mundo. En ese contexto, que la cuarta parte del millón de manifestantes que tomaban cada día la plaza cairota de la Liberación fueran mujeres es un hito histórico que las democracias en ciernes no pueden dejar en el olvido.

Tampoco las potencias occidentales deberían desoír las ansias de libertad de las árabes, ahora que se han atrevido a reivindicarla de manera masiva. Al igual que las revueltas que han estallado en buena parte de los países árabes han dado al traste con las políticas de cooperación con dictadores que no dudan en robar y masacrar a sus pueblos, la discriminación que sufren las mujeres debería dibujar una línea roja insoslayable en las relaciones internacionales, como ha reivindicado más de una vez la secretaria de Estado Hillary Clinton. Solo una política internacional comprometida con los derechos humanos, que incluyen la igualdad de oportunidades, puede insuflar algo de esperanza a las decepcionadas árabes. Sus manifestaciones coinciden esta semana con las convocadas en todo el planeta por el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda que todas nuestras democracias siguen teniendo un déficit que hay que corregir.

El País - Editorial

Régimen corruptor

Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica.

EL Gobierno socialista andaluz se enfrenta a una epidemia de casos de corrupción que lo ponen contra las cuerdas, no solo por su responsabilidad política inmediata derivada de hechos gravísimos, sino también por su responsabilidad histórica en la gestión de la autonomía andaluza. A los escándalos de Mercasevilla y de la financiación fraudulenta de multitud de expedientes de regulación de empleo, se suma ahora una probable malversación de fondos europeos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores. El fraude consistía en que la empresa beneficiaria de la subvención despedía a los trabajadores contratados inmediatamente después de recibir la ayuda europea. La Junta de Andalucía era la encargada de tramitar las solicitudes de subvención de las empresas, que podían realizar este fraude con total impunidad por la falta de control posterior. Hasta 1.600 empresas podrían estar implicadas en este fraude, cuyas dimensiones hacen inverosímil que pudiera pasar inadvertido a las autoridades autonómicas. Además, una de las empresas investigadas, «Qualytel Teleservices, S. A.», con claros vínculos personales con el socialismo andaluz, fue contratada por la Junta de Andalucía para atender servicios telefónicos como el de asesoramiento a mujeres maltratadas; y también se le ha adjudicado —lo que parece un sarcasmo— el contrato de la Agencia Tributaria para la atención telefónica de la campaña del impuesto sobre la renta que comenzará el próximo mes de mayo.

Tanta corrupción es una manifestación enfermiza de un régimen político asentado en la servidumbre social, la compra de voluntades y el victimismo como coartada. El régimen socialista en Andalucía se está retratando en estos casos inadmisibles de gestión corrupta de fondos públicos, tanto más reprochables por tratarse de una comunidad autónoma aquejada por la tasa de paro más alta de España y sumida en una constante reivindicación de deudas históricas y agravios comparativos frente a otras comunidades. Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica y de toda la red paralela de sociedades públicas. Es hora de saber cuánto ha costado la corrupción en Andalucía, y no se puede esperar a que los procesos judiciales terminen con sentencia, aunque en este caso la Fiscalía parece haber actuado con mayor claridad que en los de Mercasevilla o el fraude de los ERE. La revelación de la verdad sobre los fraudes masivos en Andalucía es una responsabilidad política que antes o después habrá de cumplirse.

ABC - Editorial