El salario de la corrupción. Por Ignacio Camacho

Lo peor es la obscena fullería ventajista con que urdieron un indecente negocio clientelar de bajas trucadas.

LES han faltado el respeto a los jubilados que después de una vida completa de esfuerzo y mérito malviven con una pensión congelada. Han insultado a los trabajadores maduros despedidos en ERES sin negociar y condenados a estirar la indemnización para que les llegue a rastras hasta el retiro anticipado. Han menospreciado a los jóvenes sin empleo cuya precaria carrera laboral apenas alcanzará alguna vez los veinticinco años. Y se han recochineado de los autónomos asfixiados por la crisis, de los funcionarios con el sueldo reducido, de los pequeños empresarios en dificultades que no pueden aliviarse de cargas, del mermado tejido social andaluz que sostiene con su trabajo inestable el despilfarro de una autonomía hipertrofiada y subvertida. Lo de menos son los parientes y amigotes del partido incrustados de válvula entre plantillas en las que nunca figuraron; lo peor es el negocio tramposo e indecente, la obscena fullería con que urdieron una masiva trama ventajista de bajas trucadas para, con la complicidad deshonesta de los sindicatos, garantizarse un beneficio clientelar de agradecimiento discriminatorio.

Han prejubilado como mineros a tipos que jamás bajaron a una galería. Han convertido a oficinistas de 42 años en veteranos picadores o dinamiteros de explotaciones que llevaban décadas cerradas. Han indemnizado a empleados dados de alta el mismo día del despido. Han disfrazado de personal de una base militar a exconcejales de pueblos vecinos. Han falsificado cientos de vidas laborales para engordar las listas de beneficiarios de su truculenta red de despidos subvencionados. Han pervertido el principio sagrado de la solidaridad social, y lo han hecho de un modo sistemático, organizado, industrial, a base de fondos millonarios ocultos a la transparencia administrativa. Han permitido que comisionistas del partido actuasen como desaprensivos comerciales que ofrecían expedientes de regulación de empleo a los despachos de abogados. Han favorecido arreglos artificiales y operaciones amañadas con dinero público. Han trazado un gigantesco mapa ficticio de crisis anticipadas para beneficiarse políticamente de la derrama clientelista y comprar voluntades con el salario de la corrupción.

Y todo eso a espaldas del control presupuestario, con partidas opacas para escapar de la reglamentación europea. Y todo eso en medio de una sensación de impunidad garantizada por el silencio de los beneficiarios de la treta. Y todo eso con un desahogado desdén por la destrucción del tejido laboral por cuya integridad estaban obligados a velar. Y todo eso desde presuntos departamentos, agencias y consejerías… ¡de Empleo! Y todo eso en una comunidad con un millón de parados a las que aún se atreven a vender futuro.

ABC - Opinión

El peligro de Marruecos

La revuelta social que sacude el mundo árabe amenaza con prolongarse en el espacio y en el tiempo. La clave de este movimiento transnacional es que sus raíces son profundas y parten de problemas comunes a los que se han dado parecidas respuestas del todo insatisfactorias. Lo que comenzó como una movilización popular en Túnez, que acabó con el régimen de Ben Alí, y continuó en Egipto para fulminar también a Mubarak, afecta ya a Yemen, Libia, Argelia o Bahréin. Hablamos de un fenómeno equiparable que parte de una población juvenil, muy mayoritaria en estos países, frustrada e insatisfecha por la falta de perspectivas, en el marco de unas sociedades sometidas a la pobreza y a la corrupción del poder mientras una élite se enriquece. Una ciudadanía subdesarrollada además culturalmente que comprueba, gracias a la irrupción de las redes sociales, el auge de los países occidentales de la otra ribera del Mediterráneo.

Este guión está prácticamente calcado en todas las naciones árabes donde han germinado las revueltas. Y, bajo sus peculiaridades, se da también en nuestro vecino Marruecos. Existe ese caldo de cultivo en una nación donde el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas la sitúa en el puesto 130, dentro del grupo de países de nivel medio, con indicadores similares a los de Tayikistán, Namibia, Suráfrica, India o Laos, entre otros. Un país, por ejemplo, donde las familias dedican el 63% de su renta a costear los alimentos. Y todo ello bajo una suerte de monarquía teocrática en la que el rey tiene una de las mayores fortunas del mundo.

En ese contexto, hoy están convocadas manifestaciones en una veintena de ciudades en el denominado «Día de la Dignidad». El Movimiento 20 de Febrero, integrado por jóvenes que crearon un grupo en Facebook, reivindica para su país la democracia, la separación de poderes y los derechos sociales. Se trata, por tanto, de un movimiento de base que no ha contado con el respaldo de los partidos políticos del régimen.

Para España es una situación potencialmente peligrosa. El ejemplo de lo sucedido en Túnez y la invasión posterior de la isla italiana de Lampedusa con miles de sin papeles procedentes del país africano nos obliga a estar extremadamente atentos y en alerta a la evolución de los acontecimientos de nuestro vecino del sur, con el que tenemos frontera terrestre. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha insistido durante todos estos días en que no existe riesgo alguno de que la revuelta árabe se extienda a Marruecos, pero esperamos que esa retórica prudente y medida esté acompañada bajo cuerda de los correspondientes planes de contingencia. Que prenda o no la llama en el reino alauí es algo que a España no le podrá coger desprevenido porque nos jugamos demasiado. La inestabilidad en esa región crítica para nuestros intereses exigen del Gobierno y de los resortes del Estado máxima atención. Y hay que exigir también que Occidente y, especialmente, Europa sean capaces de desarrollar una política exterior mucho menos contemplativa que hasta este momento y se esté preparado para afrontar cualquier crisis.

La Razón - Editorial

Ensayo en Bilbao

Que Sortu sea legal no depende de protestas como la de ayer, sino de que pruebe su ruptura con ETA

La manifestación que ayer recorrió el centro de Bilbao reclamando la legalización de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, puede considerarse expresión pública de la estrategia que esa corriente está intentando poner en marcha. Se trata de sustituir la antigua alianza nacionalista de Lizarra, en la que el PNV era la fuerza hegemónica, por un pacto entre fuerzas explícitamente independentistas o soberanistas, que encabezaría Batasuna e integraría a EA, Aralar y otras fuerzas menores, y al que intentarían arrastrar al sector soberanista del PNV, que encabeza su líder en Guipúzcoa, Joseba Egibar, que hace unos días se mostró favorable a una mesa de partidos como la que plantea Batasuna.

En los últimos años ha habido otras manifestaciones, convocadas aproximadamente por los mismos de ayer, contra la prohibición de Batasuna o de actos organizados por ella. Movilizaciones muy anteriores a la presentación de los estatutos de Sortu, lo que significa que los convocantes estaban a favor de la legalización con independencia de que Batasuna hubiera o no rechazado la violencia de ETA. Pero es verosímil que el distanciamiento con la banda haya contribuido a la masiva participación de ayer, y a que entre los asistentes figurasen miembros del PNV, aunque su dirección hubiese rechazado apoyar la convocatoria.

Esa decisión fue mantenida por Urkullu, presidente del partido, pese al intento de Egibar de que fuera reconsiderada. Urkullu argumentó que aunque el PNV está a favor de la legalización, no compartía su lema: "Legalización para la paz", cuyo mensaje sería que la vuelta de Batasuna a las instituciones es condición para la retirada de ETA. Sin embargo, lo que ha llevado a ese partido hasta el borde de la ruptura con la banda ha sido la resistencia de la democracia a facilitar tal regreso mientras ETA siguiera presente y su brazo político no rompiera claramente con ella. Si basta o no con el rechazo incluido en los estatutos es algo que deberán resolver los tribunales. Los informes policiales presentan como pruebas opiniones, como la de que es una iniciativa "al servicio de ETA", no suficientemente fundamentadas.

La fiscalía ya ha dicho que basará su impugnación en el procedimiento de ejecución de sentencia en lo relativo a los intentos fraudulentos de dar continuidad al partido ilegalizado. Que Sortu intenta sustituir a Batasuna es una evidencia, pero lo que dicen los estatutos coincide con lo que varias sentencias del Supremo y el Constitucional le exigían hacer o le reprochaban no haber hecho para demostrar su desvinculación de la banda. Por tanto, la cuestión está abierta y sería imprudente dar por hecho que los tribunales vayan a respaldar la demanda de rechazar la inscripción.

Pero que Sortu sea legal no dependerá de las manifestaciones, sino de que Batasuna demuestre su negativa a seguir siendo instrumento de ETA. Por ejemplo, diciendo que no participará en ninguna Mesa extraparlamentaria en la que se negocien contrapartidas por el cese de la violencia.

El País - Editorial

La batalla por las cajas se pospone a 2012

Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.

El Gobierno, que ha hecho de la improvisación el eje de su acción política, no iba a actuar de modo distinto en lo que respecta a la reforma de las cajas de ahorro, una de las principales rémoras del sector financiero español y causante principal de la incertidumbre que nuestro sistema económico proyecta hacia el exterior.

Tras varias semanas en las que hemos podido escuchar opiniones para todos los gustos, con los políticos de los distintos partidos batiéndose el cobre para defender sus cuotas actuales de poder, finalmente el Gobierno ha decidido prorrogar hasta marzo de 2012 la obligatoriedad de que las cajas de ahorro españolas comiencen a cotizar en los mercados bursátiles. Mientras llega ese momento, deberán realizar una importante tarea de capitalización con la dificultad añadida de que todas deberán hacerlo de forma simultánea, lo que reducirá de forma importante la posibilidad de que se inyecte nuevo capital privado en sus respectivos balances. La alternativa es acudir al FROB, permitiendo al Gobierno entrar en su accionariado y acelerando el proceso de su conversión en bancos, que es precisamente lo que los políticos autonómicos de todo color pretenden evitar.

El Gobierno es muy dueño de ofrecer todo tipo de excusas para dilatar en el tiempo la privatización de las entidades populares de ahorro, pero la evidencia palmaria es que la decisión de este pasado viernes obedece a las presiones de todo el arco político y sindical, cuyos representantes se niegan a dejar las riendas de unas corporaciones que les permiten manejar ingentes cantidades de dinero sin tener que rendir cuentas más que a la camarilla encaramada a sus respectivos consejos de administración.

Si alguna vez tuvo sentido su existencia, es obvio que, en la realidad financiera actual, las cajas de ahorro son un anacronismo cuya principal función es la de fungir como financiadoras de los delirios de los políticos que las manejan. Lejos de limitarse a operar con prudencia y financiar obras sociales como establecen sus estatutos, todas las cajas de ahorro españolas, sin excepción, han puesto sus recursos a disposición de las castas políticas que las dirigen para alimentar una dinámica urbanística en la que cualquier disparate ha encontrado el oportuno acomodo. Mucha culpa de la devastación actual del sector inmobiliario trae causa precisamente en los dispendios crediticios protagonizados por las entidades provinciales de ahorro, dirigidas no con criterios empresariales, sino exclusivamente políticos.

Es hora de poner fin a un sistema que perjudica notablemente a todos los ciudadanos. Si Zapatero finalmente decide zafarse de las presiones que le empujan en sentido contrario y España consigue convertir a las cajas de ahorro en entidades responsables, podremos decir que hasta la crisis brutal que padecemos habrá servido para algo.

Libertad Digital - Editorial

Por una Fiscalía imparcial

El Ministerio Público se encuentra en su momento de mayor descrédito. Está en juego la legalidad e imparcialidad que proclama la Constitución.

EL PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán». El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda. La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía —ABC ofrece hoy el documento que prueba que el presidente del Gobierno andaluz avaló en su época de consejero los ERE irregulares— es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno. No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones. El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior. Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado —pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes—, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.

La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales. El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones. La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.

ABC - Editorial

ERE que ERE. Por Tomás Cuesta

De lo que se trata es de que los tratantes hagan las maletas y alguien consiga cerrar con siete llaves el despacho de Juan Guerra.

Al cabo de tres décadas de socialismo a ultranza, de tente mientras cobras, de come y calla a espuertas, el escándalo, en Andalucía, es un «déjà vu» perpetuo, y la corrupción, ya sea al por mayor o al menudeo, es un fin en sí misma y no únicamente un medio. No es una anomalía sistemática, sino que constituye la esencia de un sistema en el que los ideales se acomodan a las fluctuaciones de los intereses y en el que no hay mejor industria para forjarse un porvenir que la que se desarrolla en el terreno del conocimiento. Salir de pobre es cosa de conocer amigos con aldabas (miel sobre hojuelas si, además, son parientes) en un régimen de partido único —o unánime, lo que prefieran— que ha transformado la política en el monocultivo del trinque y el saqueo, del trile y los tejemanejes, del bandolerismo y de la picaresca.

Así, prácticas como la de los falsos EREs no sólo están bien vistas sino que son la versión 2.0 del PER, una sutileza administrativa capaz de convertir al abuelo de Víctor Manuel en un picador de Huelva y transformar la mamandurria en un acto modélico de generosidad munífica con la famélica legión y los desheredados de la tierra. El viejo desempeño de encalar la miseria y blanquear, de paso, haciendas y conciencias.

Desde que el clan de la tortilla le dio la vuelta a la ídem, los despachos de los hermanos socialistas son la ventanilla única del poder y la pasta, los aposentos de esta especie de alternativa al señorito cuyos títulos nobiliarios son los carnés del PSOE y la UGT. Los políticos han ocupado los casinos de los viejos terratenientes. La finca es ahora toda Andalucía y el AVE Santa Justa/Atocha, un corredor de influencias, una línea en la que los palmeros de Chaves, Griñán y Zarrías pegan sus pelotazos y distribuyen el juego a golpe de «blackberry» con saldo ilimitado. Ahí y así, una comisión de investigación sobre el fondo de reptiles es una notable estupidez, puesto que su ámbito indagatorio no sería el de un caso excepcional sino el de la normalidad pura y dura. Setecientos millones después, la conclusión de los comisionados sería idéntica a la de los comisionistas: sin novedad en el frente, nada nuevo por estos pagos, todo bajo control.

El clientelismo es una seña de identidad de la política andaluza en la que los caciques del área son los patriarcas del socialismo, cuyo visto bueno se antoja imprescindible para el éxito de cualquier empresa, incluidas las del registro mercantil. Concesión es sinónimo de comisión; subvención, de votos, y vivir del paro equivale a una carrera creativa en la administración, un «way of life» que, sustanciado en las urnas, alumbra un carnaval de charanga y papeleta. En el laberinto del toma que toma, del dale que dale y del ERE que ERE, la alternancia no es uno de los resortes de la convivencia, sino una forma de relacionarse que pasa por el mantenimiento de la barra libre y la tapa a juego. En la Andalucía de los fondos de reptiles, las simas de sapos y los abismos de culebras, salir del armario exige dejar de vivir del cuento y desterrar el cuánto («Y yo, ¿cuánto me llevo?»).

O sea, que de lo que se trata es de que los tratantes hagan las maletas y alguien consiga, al fin, cerrar con siete llaves no el sepulcro del Cid, sino el despacho de Juan Guerra.

ABC - Opinión

Hípica. Bono no quiere mileuristas. Por Pablo Molina

Ochocientos euros mensuales, que es lo que Bono pagaba de salario medio en 2009, no es precisamente un sueldazo, sobre todo si para ganarlo hay que pasar varias horas diarias recogiendo boñigas.

Uno de los aspectos más interesantes de la actividad empresarial de la familia Bono es que nos permite comprobar hasta qué punto un patrono socialista cumple con las exigencias éticas que reclama al resto de propietarios de empresas más o menos importantes. Nos referimos en este caso a los sueldos que el presidente del Congreso, católico devoto y socialista practicante, paga a los empleados de su empresa, por cierto, dedicada a una actividad tan proletaria como la hípica que, como todo el mundo sabe, es la practicada mayoritariamente por los obreros que votan al PSOE.

Sea como fuere, esta semana hemos conocido los ciudadanos que pagamos su sueldo y sus caballos los datos de explotación de la empresa equina del señor Bono, en los que se detallan los costes salariales por diversos conceptos y el número de empleados de cada ejercicio.

Pues bien, si deducimos del coste salarial total la parte de seguridad social que paga el ex presidente manchego por cada trabajador y repartimos el resultado en catorce pagas, tras deducir los porcentajes correspondientes de IRPF y la cotización de la Seguridad Social del operario tenemos que la empresa de la familia Bono pagó estos sueldos mensuales netos a los obreros que tienen el alto honor de prestarles sus servicios

Año 2006: 778,51 Euros
Año 2007: 977,53 Euros
Año 2008: 840, 87 Euros
Año 2009: 795, 36 Euros

Obsérvese que sólo en 2007 estuvo a punto José Bono de tener empleados mileuristas, tentación que fue rápidamente sofocada con intensas reducciones salariales en los dos años siguientes, suponemos que para contribuir a mejorar la competitividad de nuestra economía en gesto que sin duda le habrá agradecido el presidente ZP.

Ochocientos euros mensuales, que es lo que Bono pagaba de salario medio en 2009, no es precisamente un sueldazo, sobre todo si para ganarlo hay que pasar varias horas diarias recogiendo boñigas. El sentimiento de estupor debe acrecentarse con el hecho de que el jefe es uno de los políticos millonarios de izquierdas –valga la redundancia– más caracterizados por su propensión a impartir doctrina de todo tipo, incluida la teológica por su trato asiduo con algún cardenal de la curia vaticana que, con toda seguridad, todavía no ha tenido tiempo de explicarle a su hijo en la fe las severísimas advertencias que la Biblia lanza contra los patronos que no tratan adecuadamente a sus empleados. ¡Mira que si los curas progresistas que tanto le gustan están equivocados y resulta que el infierno sí existe!

Libertad Digital - Opinión

Intangible innegociable. Por Hermann Tertsch

Bahréin y Libia son dos países ricos en los que el poder compraba la sumisión a los súbditos. Lo que ahora exigen no se compra.

Los acontecimientos se precipitan. No sabemos aún cuántos muertos hubo ayer en Bahréin o en Libia. Y ocioso aventurar cuántos habrá. Claro está ya que la legitimidad que sustentaba la autoridad en estos dos países tan distintos quedó ayer hecha añicos y sumida en sangre.

Puede ser cierto que el Rey de Bahréin no quería recurrir a la fuerza. Que fue su tío, el primer ministro, el que creyó poder restablecer la autoridad a sangre y fuego. Da igual, porque es ya probable que los dos miembros de la familia real Al Jalifa, que gobierna Bahréin desde finales del siglo XVIII, acaben de dirimir sus diferencias en un exilio lejano.

Y Muamar Gadafi, el implacable sátrapa bufón de Libia, puede estar a punto de tener que buscar un parque muy remoto para instalar sus jaimas. Era demasiado pedir tanto a unos como al otro, que lleva 41 años en el poder, que entendieran las claves del momento. Que fueran ellos capaces de poner patas arriba sus regímenes para gobernar de forma totalmente opuesta a como lo han hecho.

Les va a resultar muy difícil a todos los caudillos, ayatolás y reyes de la región, incluido nuestro vecino Mohammed VI, adaptarse a la nueva situación con la velocidad que exige el trepidante ritmo de los hechos. Lo que podía haber dado una tregua a alguno hace unos días, puede ser inútil mañana.

Y salvo en Irán, y sólo por el momento, da la impresión de que el terror y la fuerza ya no serán suficiente. Bahréin y Libia son dos países ricos en los que el poder compraba la sumisión a los súbditos. Lo que ahora exigen no se compra. Es un intangible innegociable. Llámese dignidad de la nación, derechos del individuo, honor de la persona, libertad en suma.

ABC - Opinión

ERE andaluces. El silencio sepulcral de los sindicatos. Por Emilio J. González

Lo único que les preocupa a las centrales sindicales es la cuestión de los dineros y no la defensa de los derechos de los trabajadores, que debería ser lo primero para ellas.

¿Por qué se callan los sindicatos ante el escándalo del fondo de reptiles de Andalucía? En cualquier país mínimamente serio y, sobre todo, con un problema con el sistema de pensiones como el nuestro, los autodenominados representantes de los trabajadores ya habrían montado un verdadero escándalo por lo que, a todas luces, constituye una estafa articulada con premeditación y alevosía al sistema de protección social. Sin embargo, en todo este asunto a UGT y CCOO obreras ni se les oye, de la misma forma que guardan silencio ante otros escándalos que se están produciendo en Andalucía, por ejemplo, la conversión por decreto de los contratados laborales en funcionarios, o van a remolque, pero con desgana, de las iniciativas que otros sindicatos, mucho más conscientes de los derechos de aquellos a quienes representan, están tomando. ¿A qué están jugando, pues, las agrupaciones lideradas por Méndez y Toxo? Mucho me temo que la respuesta tenga que ver con razones ideológicas pero, especialmente, con intereses pecuniarios.

A nuestros sindicatos oficiales les cuesta criticar a los gobiernos de izquierda por una simple cuestión de simpatía y afinidad ideológica. Hagan lo que hagan, UGT y CCOO guardan silencio porque, en última instancia, no dejan de ser brazos sociales de los partidos políticos que están detrás de ellos. Si hubiera sido el PP quien hubiera protagonizado el escándalo del fondo de reptiles, a esta alturas ya habrían puesto el grito en el cielo, habrían convocado huelgas y manifestaciones y no pararían hasta cobrarse las cabezas, todas, de los responsables de semejante estafa a los trabajadores de este país. Sin embargo, como en la Junta de Andalucía mandan los socialistas, el silencio de las centrales sindicales es sepulcral. Por lo visto, para ellos, todo lo que pueda hacer un político de izquierdas, por malo que sea, es disculpable mientras que cuando gobierna un político de derechas cualquier cosa vale con tal de echarse a la calle para tratar de desgastarle y hacerle caer. Así se explica las que le han montado a Esperanza Aguirre en Madrid, en la sanidad o el metro, por ejemplo, o la que han liado contra el Gobierno regional de Murcia. En Andalucía, sin embargo, prefieren mirar hacia otro lado, tal vez porque son conscientes de que, por primera vez desde que se celebraron elecciones autonómicas allí, el PSOE puede perder el poder en el más tradicional de sus feudos y en donde, a base de utilizar los recursos públicos para comprar votos y generar estómagos agradecidos, ha conseguido mantenerse ininterrumpidamente en el Gobierno durante más de treinta años.

Si los del PP consiguen desalojar a los socialistas de la Junta de Andalucía, los sindicatos, desde luego, van a notarlo porque podría cerrárseles una de las fuentes más importantes de obtención de recursos y porque, a fin de cuentas, Andalucía representa un granero de votos muy importante para los socialistas que, si no los controlan, pueden tener muchos problemas en unas elecciones generales. Y UGT y CCOO, que sueñan con la consolidación a perpetuidad de la izquierda en el poder en nuestro país, no quieren que eso ocurra. Si a ello se une que, en toda esta trama, también hay algunas personas procedentes de los sindicatos, como el ex UGT José Aureliano Recio, el socio de Carlos Solchaga en el despacho Solchaga, Recio y Asociados, que intermedió para conseguir esas ayudas con las que se han pagado jubilaciones ilegales, la primera parte de la respuesta está completa.

Nuestros sindicatos oficiales, además, están ahora ‘distraídos’ con otras cosas que afectan directamente a sus intereses pecuniarios y, por lo visto, eso no les deja tiempo para atender convenientemente a aquello a lo que, en teoría, deberían dedicarse. Pero en lugar de echarse a la calle a pedir todas las cabezas que haya que cortar en el feo asunto del fondo de reptiles de Andalucía, están más preocupados con otras cuestiones como, por ejemplo, los dineros que se van a llevar de los cursos que los parados van a tener que seguir por imperativo del Gobierno, o de llevar a los tribunales la privatización de las cajas de ahorros –la única forma de salvarlas, dado que en las arcas de Hacienda no hay un euro para poner en ellas– con el fin de evitar perder los puestos con que cuentan en los distintos consejos de administración y asambleas generales de estas entidades crediticias. Algo que para ellos es muy importante porque hay muchos sindicalistas que viven, y muy bien, de estas cosas y porque su presencia en los órganos de gobierno de las cajas les ha garantizado hasta ahora financiación ‘sin problemas’.

Vamos, que lo único que les preocupa a las centrales sindicales es la cuestión de los dineros y no la defensa de los derechos de los trabajadores, que debería ser lo primero para ellas. Y digo yo, ¿para qué diantres quieren tantos recursos? ¿Qué hacen con ellos? Porque, que yo sepa, no tienen cajas de resistencia para pagar a los huelguistas en caso de paro laboral, al menos a los que no son representantes del sindicato en los comités de empresa. ¿Por qué, entonces, se preocupan tanto por conseguir más y más dinero? Así no es de extrañar que guarden el silencio más absoluto ante los escándalos y desmanes de quienes les llenan los bolsillos con tanta generosidad.

Libertad Digital - Opinión

El túnel del tiempo. Por M. Martín Ferrand

No es ajena a la situación de la Nueva Rumasa la situación crítica del sectorfinanciero nacional.

LA imagen de José María Ruiz-Mateos en la primera página de los diarios españoles es volver a vivir lo ya vivido. Algo que forma parte de las costumbres españolas, de las que arranca la inevitable fatiga de ser español. La semana que viene se cumplen 28 años desde que el Estado español, con Felipe González en la presidencia del Gobierno y Miguel Boyer en el Ministerio de Economía y Hacienda, por el expeditivo procedimiento de un decreto-ley, expropió Rumasa, el conglomerado de empresas del piadoso empresario jerezano. Fue un atropello jurídico que, al margen de las razones económicas que pudieron motivarlo, necesitó el aval del Tribunal Constitucional y el suicidio profesional de su primer presidente, Manuel García Pelayo. La entonces naciente Antena 3 de Radio retransmitió en directo la entrada y ocupación de las oficinas centrales de Rumasa, en la Plaza de Colón, en Madrid, de fuerzas del orden armadas hasta los dientes. Un aviso a navegantes y una exhibición de fuerza del felipismo que, después, con la privatización de lo incautado, inauguró un gran periodo de sospechas de corrupción y enriquecimiento inexplicables y, lo que es peor, inexplicadas.

Como en la vieja serie de televisión de los sesenta, El túnel del tiempo, volveremos a vivir lo vivido. Ahora con un diferente protagonismo del Estado que, como consecuencia de sentencias firmes y no ejecutadas, le debe a Ruiz-Mateos unos cuantos miles de millones. Es difícil tomarse en serio a un empresario que, para defender sus intereses, está dispuesto a convertirse en Superman y a pretender darle un capón a su demonio particular; pero también lo es que, a pesar de las advertencias de la CNMV, el redivivo emprendedor, haya conseguido, sin más artimaña que una oferta publicitaria, captar capital entre los inversores nacionales.

No es ajena a la situación de la Nueva Rumasa la situación crítica del sector financiero nacional. Ruiz-Mateos no encuentra la financiación que consiguen sus equivalentes en los países de la UE. La mitad de ese problema, las Cajas de Ahorros, tienen una responsabilidad en el caso. Han distraído el ahorro de los españoles en operaciones sospechosas, aeropuertos sin aviones e industrias sin futuro, a más de en ladrillos, sin atender el interés de sus impositores y el bien de la Nación. Han gastado en salvas y supuestas obras sociales lo que hoy se les priva a los únicos que crean y pueden crear empleo y, lo que es más grave y desmoralizador, siguen a su frente, convirtiéndolas en bancos —¡qué San Carlos Borromeo nos asista!—, los mismos que engendraron la catástrofe. Volverán las oscuras golondrinas...

ABC - Opinión

Sin Gobierno. Por Alfonso Ussía

Bélgica es un país nublado. «Le plat pays» de Jacques Brel, que como todo belga valón que destaca, se lo adjudican los franceses. Bélgica es un reino, y gracias a la Corona, se mantiene unida. Los flamencos no quieren mezclarse con los valones, y al revés. En Bélgica se come muy bien, y sus chocolates nada tienen que envidiar a los holandeses. Y Bélgica es uno de los puntos neurálgicos de la Comunidad Europea. En Bruselas, el problema de los valones y los flamencos no inquieta porque la abundancia de funcionarios de todos los países y regiones de Europa ha sepultado la enemistad local. Que Bélgica es una nación admirable lo demuestran sus 251 días sin Gobierno. Desde que el Primer Ministro Yves Leterme –valón–, presentó al Rey Alberto su dimisión el 26 de abril de 2010, Bélgica no tiene Gobierno. Y prospera.

Bélgica no es Islandia. Tiene problemas y dos corazones. Flamencos y francófonos mantienen una rivalidad constante desde la fundación de Bélgica como nación. Tiene la garantía de la Corona, la institución que une y reúne a unos y a otros. Es una nación pujante, con una poderosa inmigración. Sus retos y su convivencia son los mismos que los de todos los grandes Estados de Europa. Pero pueden sobrevivir, mantenerse en el orden y crecer económicamente sin Gobierno. En Francia se ríen de los belgas, y me temo que con grave injusticia. Francia sin Gobierno se convertiría en un caos. Bélgica mantiene su vigor sin gobernantes con toda naturalidad.

Una España sin Gobierno, incluso sin Gobierno socialista, es impensable. Se haría añicos en unos pocos días. El Escorial se independizaría de San Lorenzo en menos de una semana, y Elda de Petrel, y Vilanova de La Geltrú. Pero sería una experiencia interesante. Una nación con tres mil naciones sólo unida por la Corona, Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y «El Corte Inglés». La Policía Nacional se disolvería en beneficio de las policías locales. Impuestos al gusto del contribuyente, lo cual significaría un cambio importante en nuestra calidad de vida. Mejor tres mil Haciendas pícaras que una resueltamente ladrona, como la que sufrimos. Y tres mil parlamentos, tres mil federaciones de fútbol y tres mil representantes españoles en la Liga de Campeones, que pasaría a celebrarse cada diez años para dar tiempo a que se eliminaran nuestros equipos entre sí. ¿Que en Alcorcón se prohíbe fumar y en Móstoles se permite? Pues a comer en Móstoles. ¿Que en Alcobendas se autoriza aparcar en doble fila y en San Sebastián de los Reyes se sanciona? Todos los coches en Alcobendas. Porque eso es lo que haríamos los españoles si no tuviésemos un Gobierno, y vuelvo a repetirlo, hasta un malísimo Gobierno como el que ahora padecemos. De ahí que la admiración por Bélgica y los belgas sea, más que justificada, obligatoria.

Una sociedad que funciona sin que nadie la gobierne, es una sociedad civilizada y admirable. Bélgica ha inventado el anarquismo conservador, lo cual habrá molestado sobremanera a los confundidos recalcitrantes. En los 251 días que Bélgica ha funcionado sin Gobierno, ha crecido proporcionalmente lo mismo que España ha menguado con el Gobierno de Rodríguez. Ello significa, y se ha demostrado, que el vacío de poder es mucho más beneficioso para una nación moderna que el poder en manos de Rodríguez.

Si no fuera porque en Bélgica un día soleado forma parte del milagro, no sería una bobada instalarse en «le plat pays» de Jacques Brel, ejemplo de civismo y tolerancia.

La Razón - Opinión

PSOE. Corrupción a peso. Por Maite Nolla

Te piden la dimisión de Rubalcaba por lo del Faisán, igual que te piden la de Chaves por lo de Matsa o la de quien sea por los ERE o la de Bono por sus caballos y sus ositos; cuando, evidentemente no son lo mismo.

Después de las declaraciones de María Dolores de Cospedal pidiendo la dimisión de Rubalcaba por el asunto del bar Faisán, pensaba yo que el PP iba a dejar de lado su indolencia de serie e iba a colocar este asunto entre sus prioridades. Pero la virtud les ha durado menos de una semana. Ni siquiera les ha servido de impulso el hecho de que el ministro del Interior en dos ocasiones haya acusado públicamente al partido de Miguel Ángel Blanco de no querer ver el final del terrorismo. Para el PP el asunto del Faisán es competencia exclusiva de Gil Lázaro y poco más. Pensar que Rajoy pueda preguntar por esto no ya a Rubalcaba, sino a Zapatero, es no conocer al personal, aunque, como les digo, el arranque de genio de la secretaria general del PP podía dar a entender otra cosa. Pero, en fin, en un desayuno de estos tan de moda, entre zumo y zumo y con un conato de agresión a una de las reporteras de La Sexta por parte de los guardaespaldas de Rajoy, Trillo ya ha dicho que de pedir la dimisión del ministro, nada.

La cuestión es saber entonces qué quisieron decir Cospedal o Soraya cuando esta semana parecía que iban en la dirección contraria a Trillo; eso sí, ante la prensa y no en el Congreso –en el ruedo, quiero decir–. Pues la verdad es que me da la sensación de que ellas calculan el valor de la corrupción como se calcula el de la chatarra: a peso. Es decir, te piden la dimisión de Rubalcaba por lo del Faisán, igual que te piden la de Chaves por lo de Matsa o la de quien sea por los ERE o la de Bono por sus caballos y sus ositos; cuando, evidentemente no son lo mismo. Parece que su única voluntad es la de acumular casos en el otro lado para poderlos compensar con el Gürtel o con los trajes de Camps o con lo de Baleares. Pueden pensar ustedes que siempre es mejor eso que el mantón de silencio que se impone en Cataluña; de acuerdo. Pero mezclar las cosas y los casos lo único que provoca es que se banalicen. Es cierto que en eso la generación de políticos del PP y del PSOE que nos gobiernan y que nos gobernarán es experta. Las palabras ya no valen nada puestas en boca de nuestros políticos de primera fila. Pero no es lo mismo avisar a la ETA de que viene la policía que agraciar con una ayudita a una empresa en la que trabaja tu niña.

Libertad Digital - Opinión

La agonía. Por Ignacio Camacho

El «síndrome del pato cojo» ya no es más que un deformado espejo de la agonía política de este mandato.

ESTO no aguanta; la precariedad del Gobierno para terminar la legislatura se empieza a volver asfixiante. Zapatero parece decidido a apurar el mandato por el prurito personal de no admitir el fracaso y porque «los mercados» —léase la señora Merkel— pueden haberle desaconsejado el adelanto de elecciones para no detener el ritmo de reformas, pero en la propia izquierda está creciendo la sensación de que la actual escena no da más de sí. «Mientras más tarde peor», confesaba esta semana en privado un exalto cargo socialista; «incluso desde el punto de vista del partido, sería mejor que el PP cargara con el coste de impopularidad de las medidas de ajuste». La entrevista del presidente con Bono abrió el miércoles el abanico de las especulaciones, no tanto sobre un eventual tanteo de sucesión como sobre una disolución anticipada. La sensación general es que la continuidad sólo beneficia a los nacionalistas, que van a exprimir al Gobierno a cambio de hacer de costaleros en el calendario legislativo pendiente.

El silencio y la ambigüedad de Zapatero, empeñado en no dar pistas según el patrón clásico del síndrome monclovita, ha empezado a sembrar el desconcierto. El mismo Rubalcaba da muestras de desagrado ante su papel de báculo presidencial que va quemando sus expectativas sucesorias mientras el «caso Faisán» lo achicharra poco a poco. Quizá sea el copresidente el único que al menos atisbe parte de los designios del líder, en la medida en que pueda compartir el otro gran objetivo pendiente del zapaterismo: el Proceso de Paz 2.0, es decir, el presunto final de ETA. Lejos de este arcano, el resto de los felipistas empieza a urgir al menos el anuncio de la retirada, amagando, como el propio González, con no permitir una hipotética tercera candidatura. Los barones autonómicos, acorralados en las encuestas, sueñan con una coincidencia de elecciones generales, municipales y autonómicas, o al menos con llegar a estas últimas con el horizonte del relevo despejado. «No hace falta que proponga ya al sucesor; basta con que diga que no se va a volver a presentar», se desesperan. Sin embargo el presidente mantiene el hieratismo de una esfinge, complacido en el manejo de los tiempos y la capacidad de sorpresa, que es quizá ya lo único que le queda. El Gobierno ha hecho planes para otoño con las cajas de ahorro, pero la primavera promete aprietos financieros graves ante los que el fantasma de la intervención europea no se ha disipado.

La sociedad, que se expresa en los sondeos, ha asumido ya la alternancia como inevitable: un 70 por 100 largo está convencido de que ganará el PP. Y la izquierda más responsable reflexiona sobre el tamaño de la derrota, que es esencial para su futuro. Pero el presidente quizá ya sólo se mire en la posteridad, preso del temible «síndrome del pato cojo» que no es más que un deformado espejo de la agonía política.

ABC - Opinión

Profesionalizar las cajas

El Gobierno ha concedido un balón de oxígeno al sector financiero con su decisión de ampliar seis meses el plazo máximo de salida a bolsa de las cajas de ahorros y para su recapitalización en los mercados financieros. El Ejecutivo, que aprobó el decreto-ley para reforzar la solvencia, credibilidad y sostenibilidad del sector, atendió a uno de los requerimientos principales de las cajas, que habían reclamado más tiempo del contemplado por el Gobierno para afrontar las exigencias de capitalización. En cuanto a esas exigencias, el decreto establece un mínimo de capital principal del 8% y del 10% para aquellas entidades que no coticen, superen el 20% de financiación mayorista y no hayan colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros. Se tendrán que cumplir estas condiciones en septiembre de este año como regla general, aunque, y ésta es la novedad, el Banco de España podrá prorrogar de forma excepcional el periodo para salir a bolsa hasta el primer trimestre de 2012. Si no lo lograran con participación privada, la norma, como ya era conocido, contempla la nacionalización de las entidades con la aportación de capital público del FROB.

El propósito principal es, según el Gobierno, recuperar la confianza de los mercados en la economía española, aunque para ello se presione a las entidades con requisitos de capital muy por encima de los exigidos a sus colegas europeos y los previstos en Basilea III, lo que condicionará su capacidad de competir. Cómo puedan afectar también las exigencias de capital al crédito en España es un dato esencial que el Ejecutivo parece haber relativizado con su decisión de calmar a los mercados como sea, pero que tendrá sus efectos.

Es positivo que se hayan atendido las peticiones de las cajas de contar con más tiempo, pero no compartimos el planteamiento que emana del decreto de una suerte de tabla rasa en la gestión pasada de estas entidades a costa del erario público y sin que el Banco de España entre a fondo en la inspección de lo que ocurrió al menos en aquellas a las que habrá que salvar con la nacionalización.

Nos parece también preocupante que el control político actual –comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otros– en la gestión de esas entidades sea reemplazado por el control del Gobierno vía FROB, lo que abre un horizonte de injerencia poco tranquilizador .

El Gobierno no ha contado con el PP, si bien Mariano Rajoy anunció ayer con sensatez su disposición a dialogar la convalidación del decreto. Que una reforma de este calado no cuente con el consenso de los grandes partidos enviará un nocivo mensaje a los mercados.

El Gobierno se ha movido en la improvisación y en la duda con tres reformas de las cajas hasta hoy, resultado de una rectificación sobre otra rectificación. Pero más allá de esa política errática, el futuro del sistema financiero pasa por que esas entidades tengan una gestión y un control absolutamente profesionales, o lo que es igual, por su despolitización total, y por que compitan en igualdad de condiciones con los bancos. Cualquier otro desenlace tras todas estas intervenciones gubernamentales resultará fallido, por lo que cabe esperar que nadie se aparte de ese objetivo final.

La Razón - Editorial

Más tiempo de encaje

El decreto sobre las cajas amplía el plazo para la necesaria recapitalización del sector.

El decreto ley aprobado ayer por el Gobierno para concretar su estrategia de bancarizar las cajas ha introducido elementos de flexibilidad respecto del planteamiento inicial: sean bienvenidos. Los principales suavizan la aspereza en la exigencia de mayor solvencia; sin desmentir la reforma, se hace más transitable su calendario. Así, por un lado se otorga una ampliación del plazo, de hasta un semestre en condiciones excepcionales (hasta marzo de 2012), para la incorporación de capital privado por la vía de la salida a Bolsa a las cajas que se transmuten en bancos. Y por otro se interpreta de forma imaginativa el acuerdo de Basilea III, al considerar como capital básico tanto los recursos que inyecte el sector público a través del FROB, como las obligaciones necesariamente convertibles en acciones, algo que si no va contra la letra de ese pacto internacional, desde luego que algo retuerce su espíritu.

Pese a su heterodoxia, esos cambios eran necesarios. Pero al cabo demuestran que la precipitación, aunque sea forzada por las asechanzas de los mercados de deuda soberana, nunca es buena consejera. Y, menos aún, si se suma a una previa reacción tardía. Ambas pulsiones contradictorias se han conjurado frívolamente con ocasión de la reforma de unas entidades que suponen nada menos que la mitad del sistema financiero.

En efecto, los defectos de las cajas se sabían desde hace años, especialmente por el organismo regulador; el Banco de España conocía el alcance de la morosidad y la enorme cuantía de los créditos dudosos, sobre todo en la promoción y en la construcción inmobiliaria; los enjuagues políticos en algunas entidades eran secretos de polichinela. ¿Por qué se esperó a regular las fusiones frías o la posible bancarización hasta el pasado verano?

Plantéese la incógnita desde una óptica menos regulatoria y más pragmática: ¿de verdad se necesitaban nuevos decretos leyes? Los poderes de la supervisión y de orientación general del banco emisor, de haberse utilizado en el momento preciso, eran ya lo bastante potentes. A las entidades derrochadoras, que concentraban sus riesgos en un sector o un grupo de empresas, que repartían bonus como si derramasen agua bendita (caso Caja Madrid), o que extendían avales a ex dirigentes políticos incursos en presunta corrupción (Bancaja en el caso Matas) les habría bastado un aviso conminatorio individualizado.

El camino elegido, una nueva normativa, exhibe la ventaja de la ejemplaridad pública ante los mercados internacionales, algo muy necesario. Pero al mismo tiempo adolece del defecto de imponer exigencias equivalentes a entidades cuyas conductas han sido muy distintas. Y desde el punto de vista de la economía real aflora algo tan grave o más: los nuevos estándares de solvencia amenazan con repercutir en lo inmediato en una mayor restricción del crédito, dificultando, pues, la recuperación tras la crisis.

El País - Editorial

Sin dinero, se acaban los "derechos sociales"

Una vez hemos descubierto que el rey está desnudo y que las prestaciones de desempleo no son un derecho sino una renta que financia coactivamente cada trabajador de su bolsillo, no hay motivo alguno para que no se proceda a su privatización.

Decía Margaret Thatcher con toda la razón del mundo que el socialismo deja de funcionar cuando se termina el dinero. En España, durante los últimos años, hemos podido comprobar perfectamente la validez de esta máxima. Al cabo, durante décadas nuestros socialistas de izquierdas y de derechas nos inundaron con la propaganda de que los españoles éramos acreedores de una serie de "derechos sociales" que, por supuesto, sólo nos los podían garantizar los políticos a través de incrementos de los impuestos y del gasto público. Tan pronto como el dinero ha dejado de entrar en grandes cantidades en el erario público, los derechos sociales se han desvanecido. Así pasó con el cheque bebé, las pensiones dignas, la vivienda de protección oficial y, ahora, con el subsidio de desempleo.

Los liberales siempre hemos visto con desconfianza un subsidio generalizado al paro, por cuanto todo lo que el Estado subvenciona tiende a multiplicarse (en este caso, la situación de desempleo). Además, estaba el hecho nada desdeñable de que, como todos los derechos sociales, el de la prestación de desempleo era sufragado mes a mes por el sangrado tributario de las nóminas de los trabajadores a quienes presuntamente se buscaba proteger. Si una persona desea percibir una renta en caso de perder su empleo, no necesita que el Estado le detraiga mes a mes un porcentaje de su nómina: basta con que ahorre esos importes o que contrate un seguro privado contra el desempleo como los que existen en media Europa.

Ahora, sin embargo, comprobamos la auténtica naturaleza de ese supuesto "derecho social". En cuanto han comenzado a escasear los ingresos fiscales, el Ministerio de Trabajo ha comenzado a restringir las condiciones para percibir la ayuda. Así, aun cuando el régimen de sanciones se mantiene intacto, el Gobierno socialista ha ampliado enormemente las causas de sanción y consecuente pérdida del subsidio.

No se trata, obviamente, de que estemos en contra de que se introduzca un poco de racionalidad en el reparto de subsidios de desempleo y de que se aproxime su gestión a como muy posiblemente lo haría una empresa privada (esto es, que un desempleado no pueda seguir cobrando el subsidio si de manera persistente declina ofertas de trabajo). El problema es que, una vez hemos descubierto que el rey está desnudo y que las prestaciones de desempleo no son un derecho sino una renta que financia coactivamente cada trabajador de su bolsillo, no hay motivo alguno para que no se proceda a su privatización: esto es, a que nos bajen los impuestos para que podamos ahorrar de cara a una eventual situación de paro o, si lo deseamos, contratar un seguro contra el desempleo. Lo último que necesitamos es que los socialistas sigan mangoneando de manera innecesaria con nuestro dinero; ya vemos las nefastas consecuencias que conlleva.

Libertad Digital - Editorial

Las cajas, idas y venidas

Es importante que la inseguridad generada sobre el nuevo régimen legal de las Cajas se compense con una gestión política transparente.

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que reforma integralmente el sistema de cajas de ahorros en España, poniendo fin a unas instituciones que han tenido una larga e intensa presencia tradicional en la vida social de nuestro país. La intromisión de los intereses políticos en la gestión de estas entidades y su utilización como fondo de maniobra para los caprichos de gobiernos autonómicos han devaluado, al margen de otros motivos, una función social que ahora es justo recordar, precisamente cuando el futuro al que las cajas están abocadas es el de su reconversión en entidades bancarias, bien porque sean capaces de transformarse, bien porque sean compradas por otros bancos. Es evidente que las cajas de ahorros tenían que ser sometidas a una profunda revisión. Su excesiva dependencia de decisiones políticas y su exposición a la crisis inmobiliaria no permitían dejar las cosas como estaban. Con este punto de partida que concitaba el acuerdo general, el Gobierno ha sometido esta reforma, una decisión tan trascendente para la confianza en el mercado financiero español, a vaivenes y cambios de dirección en los mensajes sobre las condiciones del capital básico que se les exigiría, en los plazos para el cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización o en las vías de entrada del Estado a través del FROB o de cualquiera de los bancos actuales, ya preparados para la tanda de compras de cajas que puede avecinarse.

Finalmente, el Gobierno ha cedido en una cuestión que parecía inexcusable y va a prolongar hasta marzo de 2012 el plazo para que las cajas puedan cotizar en Bolsa. Sin embargo, las cajas tendrán hasta el 30 de septiembre de este año para consolidar un capital básico del 8 por ciento, que será del 10 por ciento si a esa fecha no cuentan con más del 20 por ciento de su capital en manos privadas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria entrará en las cajas que no cumplan este requisito, lo que supondrá su puesta en manos de un banco en el plazo de tres meses. Ahora, es importante que la inseguridad generada en estas semanas sobre el nuevo régimen legal de las cajas de ahorros se compense con una gestión política transparente y orientada a las finalidades que interesan, que no son otras que fortalecer el sistema bancario y facilitar el movimiento del crédito a familias y empresas, sin lo cual es ilusorio pretender una recuperación significativa y sostenida de la actividad económica.

ABC - Editorial

Un Gobierno faisanado. Por José María Carrascal

La lógica del Gobierno Zapatero durante su primer mandato fue justo hacer lo contrario de lo que la lógica aconsejaba.

EL faisán neocelandés coloca sus huevos en montones de vegetales en descomposición para que se incuben solos, y alguien dejó un huevo en forma de teléfono móvil en el bar Faisán de San Sebastián, para advertir a los «cobradores» de ETA de que no se acercaran pues iban a ser detenidos. Con ello faisanaba, es decir pudría, a cuantos intervinieron en la operación, desde quien dio la orden desde arriba a los policías que la ejecutaron, sin olvidar a jueces y fiscales que quisieron darle el carpetazo. Se nos dijo que era para salvar las negociaciones con ETA. El ministro del ramo nos dice ahora que intentaba «impedirse que se rearmara durante la tregua de 2006». Explicación exotérica, pues ya me dirían ustedes cómo se impedía el rearme de la banda terrorista protegiendo a su red de extorsión. Eso más bien facilitaba su rearme.

Pero la lógica del gobierno Zapatero durante su primer mandato fue justo hacer lo contrario de lo que la lógica aconsejaba, lo que explica la penosa situación en que se encuentra, y nos encontramos, a más de que tenga que estar cambiando de arriba abajo su política, desde la terrorista a la nuclear, por no hablar ya de la económica, antes de que no nos hundamos del todo. Lo malo son esos huevos que ha dejado entre la basura, que apestan el ambiente, sin que haya forma de obviarlos. Con el agravante de que el ministro del ramo en aquel entonces es hoy el vicepresidente primero del gobierno y sucesor in pectorede Zapatero según todas las apuestas, aunque, conociendo al personaje, tampoco nos extrañaría que le haya puesto ahí para que reciba las bofetadas a él destinadas, en espera de uno de esos milagros que de vez en cuando ocurren cambie las tornas y pueda presentarse a las próximas elecciones. ¡Imposible!, me dirán algunos. Para las personas como él, no hay imposibles. Recuerden como lo tenía en 2004, y como acabó en la Moncloa. ¿Fue de lo que habló con Bono en esas dos horas que departieron a solas mientras llovían venablos en el Congreso? No creo, porque Bono también está faisanándose. Así que lo más probable es que el «número uno» quisiera simplemente quitarse de en medio mientras asaetaban en el pleno a su segundo, que según las malas lenguas, pronto tendrá que salir de la cámara no por el garaje, sino por las alcantarillas.

En su libro de cocina «La casa de Lúculo» —que convendría leyesen todos esos chefs de mucho plato y poca sustancia—, Camba remonta el faisanaje a la cocina china, colocándole en el límite de la civilización, «allí donde sólo una tenue línea, inapreciable para el bárbaro, separa la podredumbre del refinamiento».

En nuestro caso, quiero decir en lo que se conoce como «caso Faisán», diría que no alcanza esa línea, quedándose en la podredumbre.

ABC - Opinión

Sucesión. Impacientes y atolondrados herederos. Por Emilio Campmany

Lo que tendrían que hacer Bono y Rubalcaba es ponerse de acuerdo en matar al padre de una vez ya que, cuanto antes, mejor para todos, incluidos ellos.

A veces se oye decir que Zapatero es un pésimo gestor. Y no es verdad. Para ser malo en algo es requisito indispensable ser antes ese algo. Quien no conduce no puede ser un conductor torpe y quien no cocina no puede ser un cocinero sin gracia. Como Zapatero no gestiona, difícilmente puede ser un mal gestor. Lo de Zapatero no es la gestión, es la política. Por eso, a él las críticas le importan un higo y las oye como el que oye llover. De hecho, de la gestión se ocupan sólo los asesores de Moncloa y los ministros, todos ellos malos y encima huérfanos de dirección.

Mientras, el presidente se ocupa de la política. La política entendida como una actividad encaminada a desarrollar un determinado proyecto. Pero desarrollar un proyecto exige conservarse en el cargo desde el que poder desenvolverlo. A esto, a veces, hay que dedicarle muchísimo tiempo, pero es indispensable hacerlo porque, si uno se dedica a los proyectos y olvida guarnecerse de los adversarios políticos, el cargo se pierde y con él toda oportunidad de aplicar ninguna política.

Normalmente, la vigilancia de la propia silla ocupa el ochenta por ciento de la actividad de un político, pero hay temporadas de crisis, ataques e incertidumbre en las que hay que dedicar el ciento diez por cien del tiempo a ver el modo de mantenerse donde uno está. Zapatero, tras haber podido hacer algunas cosas conforme a su proyecto, ahora se ve obligado a estar todo el rato pendiente de mantenerse en su butaca. Y hete aquí que damos con el mejor Zapatero, el hábil titiritero que logra que cada cual se mueva y comporte como su mano y sus dedos le ordenan.

Aparenta estar abatido por una fatiga que no puede padecer, y simula estar vencido y dispuesto a retirarse para provocar que asomen los más impacientes herederos, que hoy ya sabemos que son Bono y Rubalcaba. Cada vez que uno de ellos parece sentirse lo suficientemente fuerte como para dar un paso al frente, levanta el vuelo un faisán o se ilumina un ático y el postulante recibe un bastonazo que le hace agachar la cabeza. Entonces, quien de los dos se nota peor colocado se esfuerza más que nadie para que Zapatero aguante unos meses más, a ver si para entonces ha pasado la tormenta y su opción se ha recuperado. Restañadas las heridas, es el otro, que se siente ahora más débil, quien apuntala a Zapatero y se afana en alargar su mandato para dar ocasión a que llegue otra hora en la que sea su nombre el mejor colocado. Cuando Bono ríe, es Rubalcaba el del gesto serio. Y cuando éste enseña sus caballunos dientes tras una amplia sonrisa, es el otro quien tuerce el gesto y frunce el ceño. Los dos espabilados creen que tratan con un lerdo y no se dan cuenta de que es el estólido quien los maneja a ellos como si fueran marionetas. Contradiciendo a Forrest Gump, podría afirmarse que no es necesariamente tonto quien dice tonterías.

Lo que tendrían que hacer Bono y Rubalcaba es ponerse de acuerdo en matar al padre de una vez ya que, cuanto antes, mejor para todos, incluidos ellos. Y luego, batirse en duelo con las reglas de caballeros que suelen gastar en el PSOE, a sartenazo limpio y a quién Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Sería un bello espectáculo.

Libertad Digital - Opinión

Multiculturalismos. Por Hermann Tertsch

Quienes vengan han de integrarse, disolverse en la sociedad nacional.

EL primero de los actuales gobernantes europeos en reconocer públicamente el desatino y el desastre fue ella, Angela Merkel. Y se le echaron de inmediato encima todos los basiliscos de la «bienpensancia», los irredentos glosadores del «buen salvaje» y los defensores de la tolerancia hacia todo menos lo propio. «Un giro a la derecha», «vuelve el mensaje ultraderechista» o «retorno al supremacismo» fueron algunas de las perlas retóricas que recibieron con escándalo la declaración de quiebra del modelo del multiculturalismo hecha por la canciller alemana. Todos los sumos sacerdotes del relativismo cultural y moral clamaron contra el supuesto retroceso que supondría declarar en quiebra ese modelo, según ellos incuestionable, que viene a proclamar que toda idea, toda religión, toda forma de vida, toda costumbre y cultura son iguales de valiosas y defendibles y por tanto equiparables. La evidencia de que hay ideas mejores que otras, costumbres mejores y peores —y algunas claramente nocivas o peligrosas— y culturas incompatibles con nuestras libertades, ha sido reprimida implacablemente por una corrección política que ahora toca desmantelar.

Los grandes países europeos ya han llegado a esta conclusión y se disponen ahora a tomar medidas para intentar mitigar el desaguisado. Y corregirlo después. Esta batalla cultural puede ser la más importante de este siglo sobre tierra europea. Merkel abrió el fuego. La han seguido el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro británico, David Cameron. Ambos han anunciado que se han de acabar los juegos sociales que, por pura pereza, dejación o veleidades ideológicas de décadas pasadas, asumieron valores traídos por la emigración que socavan los de la democracia occidental. Probablemente el más afectado de todos por la irracionalidad de este fenómeno que ya se prolonga más de medio siglo sea David Cameron. Las peculiaridades de la inmigración del Reino Unido como antigua potencia colonial son muchas. Son ya demasiado evidentes los efectos desastrosos que sobre la cohesión de esta sociedad ha tenido la creación de guetos étnicos y religiosos. Su aislamiento cultural y la falta de toda exigencia de adaptación a los modelos de comportamiento y sistema de valores de la sociedad que los acogía han provocado un desapego de las nuevas generaciones de origen inmigrante que en vez de disminuir, aumenta. Cameron ha anunciado que se implantará la exigencia de aceptación de un código de conducta y el respeto a un sistema de principios. Para lo que es fundamental que toda la sociedad se implique. Abandonando la falsa tolerancia de la indiferencia. La sociedad que acoge dicta las normas.

Sarkozy ha sido aun más contundente. «Estamos pagando ahora la inexistencia de un gran debate nacional sobre la inmigración (…) en el siglo pasado. Con el Islam y la laicidad ocurre algo parecido. Es nuestro deber plantear estos problemas con claridad para evitar se conviertan en problemas podridos dentro de unos años». Sin duda va a ser el trato del islam en la sociedad laica occidental el problema capital. Y Sarkozy ya ha advertido que Francia no aceptará ninguna imposición musulmana en su sociedad. Otros deberíamos ir planteándonos esto con la misma claridad. Por el bien de todos y para ser justos con los inmigrantes que no deben albergar falsas expectativas. Quienes vienen a Europa buscando libertad, prosperidad o ambas cosas vienen huyendo de países y sociedades que carecen de lo uno y lo otro. No pueden pretender implantar aquí modelos de las sociedades fracasadas, pobres y cautivas de las que huyen. Quienes vengan han de integrarse, disolverse en la sociedad nacional. Quien no esté dispuesto a ello debe evitar venir. Sarkozy, Merkel y Cameron son conscientes de este problema. ¿Lo es alguien aquí?

ABC - Opinión

Película. Garzón Superstar. Por Cristina Losada

Kosslick, que prácticamente oía hablar de Garzón –y a Garzón– por vez primera, trazó esa muy discutible analogía entre la barbarie del Tercer Reich y las atrocidades de una guerra civil sobre el barro común del ajuste de cuentas con el pasado.

El Festival de Cine de Berlín escuchó a Baltasar Garzón, filmado por Isabel Coixet, con gran respeto y credulidad infinita. Es sabido que un "documental" dice siempre la verdad y toda la verdad. Por principio. La cinta tuvo el honor de contar con la presentación del director del festival, Dieter Kosslick, quien nos servirá de guía en la perplejidad. Y es que tras reconocer que apenas tenía algún conocimiento previo de las andanzas del juez, se manifestaba así después de visionar la película: "Para nosotros, que tardamos 60 años en ajustar cuentas con el Holocausto y los crímenes nazis, es increíble que un país que conocemos tan bien, un país de la UE, pase por esto". Sí, a algunos también nos parece increíble que en un país que conocemos tan bien, en un país de la UE, se tome a España por una democracia de tercera.

Kosslick, que prácticamente oía hablar de Garzón –y a Garzón– por vez primera, trazó esa muy discutible analogía entre la barbarie del Tercer Reich y las atrocidades de una guerra civil sobre el barro común del ajuste de cuentas con el pasado. Como los alemanes, a su juicio, tardaron sesenta años –que ya es tiempo– en "comprender" el suyo, mutatis mutandis, los españoles han de tener enormes dificultades para digerir su propia historia. En suma, una proyección completa la que realizaba el jefe de la Berlinale, desde la premisa incierta de que hasta la intervención de Garzón, en España nada se había querido investigar sobre la Guerra Civil y el franquismo. ¡Como si Garzón hubiera investigado! Hasta para un alemán es de una ingenuidad pasmosa. Valga como posible excusa que allí ha de ser impensable un carrerón como el del juez superestrella.

España ajustó cuentas con su pasado, por decirlo con la horrenda frase, del único modo que puede hacerlo un país que se quiera civilizado: mediante un acuerdo de reconciliación, que es un pacto de olvido desde la memoria. Hace más de treinta años se hizo. Nadie lo cuestionó. Tampoco los socialistas. Hasta que despertaron a la bestia, por cálculos cínicos y oportunistas, instante en que Garzón se subió al carro deprisa. Creer que se le persigue por antifranquista –será sobrevenido– equivale a acusar a las instituciones españolas y al Tribunal Supremo, en concreto, de connivencia con el franquismo. Y ahí topamos con el tufo ofensivo, paternalista, despreciativo, que desprende la visión de la realidad española que mantienen ciertas gentes europeas. Muy progresistas ellas, piensan que España aún tiene manchas, sigue infectada por su pasado y ocupa un escalón inferior al de sus propios países. Pero a estas alturas de la película no es España, sino Garzón quien tiene que ajustar sus cuentas.

Libertad Digital - Opinión

Populismo bunga bunga. Por Ignacio Camacho

A «Berlusca» lo quieren lapidar por putero después de haberle consentido prostituir el Estado y la política.

A Berlusconi lo han agarrado al fin «por do más pecado había», al sur del ombligo, engolfado con menores, y lo va a intentar sacar del poder un tribunal de mujeres porque parece que no hay modo de echarlo por la vía política. Además de una sociedad anestesiada por el monopolio televisivo y enferma de pancismo —hasta la Iglesia miraba para otro lado ante sus orgías bunga bunga aplicando una pragmática teoría del mal menor—, a Berlusca lo ha venido sosteniendo la falta de alternativas de una izquierda fraccionaria entregada al cainismo entre sus propias filas e incapaz de construir una respuesta creíble a su populismo de viagra. Su éxito, como el de todos los aventureros y outsiders, es el fracaso de la política convencional y de una clase dirigente ensimismada en la que el pueblo sólo encuentra los rasgos de una casta de vividores. Vividor por vividor, la gente prefiere a uno que al menos no lo oculte.

En el berlusconismo hay trazas de una patología social que ya ha empezado a asomar en España a través de esas encuestas en la que los ciudadanos identifican a los políticos como un problema. Cuando el Estado italiano entró en colapso por la corrupción masiva y los partidos tradicionales implosionaron hasta provocar la refundación del sistema, Il Cavaliere irrumpió con una propuesta populista que se llevó de calle los votos de una ciudadanía cansada de engaños. Luego fue levantando un régimen de corte autoritario a su medida; apoyado en el fútbol, en las televisiones, en los federalistas del Norte y en el mundo financiero, edificó un poder personalista e invasivo que iba a culminar con la inmunidad procesal hasta que le han pillado en el renuncio del puterío con niñas. Ese proceso se produjo aquí a pequeña escala en la Marbella de Gil, donde la gente se fue en masa detrás de un tipo atrabiliario que resolvía problemas cotidianos a cambio de que le dejasen robar a gusto. Si no hubiera sido por los jueces, los malayos todavía estaban trincando a sus anchas con la aquiescencia popular. En Marbella, como en Italia, el experimento bananero fue posible por la descomposición previa de la política clásica, cuyos agentes se habían viciado en una burbuja tan corrupta como lo que vino después, pero encima ineficaz. Berlusconi es como un Gil más refinado, sin guayabera, al que todo el mundo reía las gracias hasta que de pronto estalla el escándalo y la sociedad se rasga hipócritamente las vestiduras aparentando fingir que nadie sabía la clase de truhán al que había entregado por conveniencia el liderazgo. Ahora, presos de un arrebato súbito de moralidad, quieren lapidar al putero después de haberle consentido prostituir el Estado.

En la crisis italiana hay una lección que aprender. Y es que ese peligro de aventurerismo sin retorno está siempre latente en el desprestigio progresivo en el que se precipita la actividad pública.

ABC - Opinión

Ilegalización de Sortu, ya

Los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre Sortu han confirmado lo que era una evidencia sólo negada por los ingenuos o los malintencionados. Lo han hecho con una batería de pruebas que demuestran que la nueva marca proetarra es una continuación de Batasuna y que, por tanto, incumple la Ley de Partidos. Los documentos y datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sacado a la luz el iceberg que escondía a duras penas el protagonismo activo en este proceso de las caras batasunas de siempre. Los Rufi Etxeberria, Iñigo Iruin, Joseba Permach, Tasio Erkizia o Marian Beitialarrangoitia han sido y son representantes de un colectivo dependiente y sumiso a las órdenes de ETA. Sus discursos tampoco han sido sustancialmente distintos a los que han desarrollado en cada ocasión que se han jugado la presencia en unas elecciones o cuando la coyuntura terrorista así lo ha demandado. Su rechazo de la violencia no ha sido otra cosa que una argucia por imperativo legal para burlar la norma, pero ni existió condena de ETA, ni de su historia ni de sus asesinatos. Al contrario, fueron y son justificados como actos imprescindibles para alcanzar las metas. Como olían y hablaban como batasunos, debían de ser batasunos. Una lógica aplastante que la Guardia Civil y la Policía, en un impecable y rápido trabajo, han sostenido documentalmente con textos de la banda terrorista, que prueban que Sortu es un «instrumento de Batasuna» al servicio de ETA. La banda había planeado con detalle el proceso con una nueva marca que pudiera concurrir a las elecciones. Además, los informes policiales ponen el acento en la abrumadora presencia de portavoces, dirigentes e incluso alcaldes y concejales de los distintos sucedáneos de Batasuna, ya ilegalizados. Y van, además, un paso más allá para adelantarse a los futuros movimientos del entramado terrorista cuando concluyen que el acuerdo estratégico de Batasuna y EA «no puede considerarse ajeno a ETA». Después de las aportaciones de la Guardia Civil y de la Policía, pensamos lo mismo que cuando los proetarras y la propaganda nacionalista, con la colaboración impagable de aliados como Jesús Eguiguren, deslizaron el mensaje de que la izquierda abertzale se había distanciado para siempre de ETA y que el terrorismo tocaba a su fin. Entonces, defendimos que se trataba de la enésima maniobra tramposa y hoy insistimos en que es una estratagema para burlar la Ley, lo que ha sido refrendado por los hechos. El Gobierno, superada la fase dubitativa y peligrosa, ha anunciado que Sortu no podrá ser legal y los tribunales disponen de la suficiente carga inculpatoria para que el caso no admita duda. Sortu debe ser ilegalizado cuanto antes para que el Estado de Derecho no se distraiga y esté atento a los nuevos planes de ETA para participar en los comicios. Todos ellos deben fracasar mientras no se dé la única condición que demostraría que estamos en una nueva etapa: la rendición de la banda y la asunción de sus responsabilidades, incluida la condena a su historia. Sólo así será creíble que no hay tutela de los pistoleros.

La Razón - Editorial

También Bahréin

La revuelta en el minúsculo país árabe del Golfo tiene decisivas implicaciones globales.

El desafío al viejo orden despótico se extiende imparable por los países árabes, después de derribar los regímenes de Túnez y Egipto. Pero en pocos sitios de los muchos candidatos potenciales entre el Mediterráneo y el Índico tiene la revuelta tantas implicaciones geopolíticas como en el minúsculo Bahréin, el país más pequeño del golfo Pérsico, de escasa relevancia petrolera y donde poco más de un millón de personas, de rotunda mayoría chií, llevan 40 años -desde la independencia británica- sometidas a una corrupta dictadura familiar de credo suní.

La protesta, en su cuarto día, dejó ayer tres muertos y centenares de heridos a manos de la policía en Manama, la capital, donde el Gobierno de la dinastía Al Jhalifa ha sacado los blindados del Ejército para aplastar una rebelión que también aquí, además de con la discriminación sectaria, tiene que ver con la opresión y la falta de libertad. Bahréin es el más vulnerable de los Estados árabes, en una zona donde el petróleo tapa el yugo político. Y su estabilidad resulta preciosa tanto para Estados Unidos, crecientemente alarmado, como para el vecino peso pesado saudí, el mayor productor mundial de crudo, solo a unos pocos kilómetros, y donde también los chiíes, minoría aquí, son ciudadanos de segunda.

Bahréin no solo es un centro financiero regional y Estado vasallo de la monarquía feudal saudí, que apoya a ultranza política y económicamente a los Al Jhalifa. Es también la base de la V Flota de EE UU, el ariete naval con que Washington contrarresta la influencia de Irán, la potencia chií, y protege las instalaciones petrolíferas saudíes y las rutas de las que depende la exportación del crudo. Pocos escenarios revisten para Washington y Riad tal carácter de pesadilla como el eventual ascenso en Bahréin del poder político chií. Un triunfo que la monolítica monarquía saudí no contemplaría de brazos cruzados. Riad, que ha perdido en Hosni Mubarak a un aliado regional clave, no está en condiciones de permitir que la revuelta en su minúsculo y vecino Estado cliente empuje a las calles a su propia y sometida minoría.

Barack Obama, tras Túnez y Egipto, se enfrenta en Bahréin a otra envenenada alternativa en el mundo árabe. O protege a ultranza los enormes intereses estadounidenses en la región, apoyando a regímenes despóticos, multiplicando exponencialmente el odio popular a la superpotencia y a riesgo de otorgar a Teherán cada vez mayor protagonismo; o, por el contrario, deja que los acontecimientos sigan su curso y acepta que el cambio, gradual o no, es imparable. La segunda opción, la única decente, implica admitir el fracaso de una miope y lucrativa política imperial, tanto estadounidense como europea, que durante décadas ha considerado inmutable y petrificada una zona del planeta, a cuyos pasivos habitantes -ahora en sorprendente efervescencia por su dignidad- se les suponía una querencia genética por las tiranías.

El País - Editorial