Y de acabar con el paro, nada. Por Antonio Burgos

LA perdiz, ese pájaro que tiene nombre de bar de cazadores o de hostal de carretera, tiene que estar mareadísima.

Qué mareo me traen con la pobre perdiz, que no sabe dónde acudir, si al cheque-bebé, si a la congelación de las pensiones o a la rebaja de sueldo de los funcionarios. O a la enésima caída de la malísimamente llamada «cúpula militar» de la ETA. Esa es otra. Cuando anuncian que han caído los barandas de la ETA, no me lo creo. Los barandas de la ETA son los moros de Queipo de Llano en «remake» del 2010. Cuando la cosa está achuchada para el Gobierno, hay alguien en La Moncloa que dice:

-Tríncame ya a esa cúpula de la ETA que me dijiste la semana pasada que tenías a punto de caramelo y te dije que pararas la cosa, que aún podíamos aguantar una semanita...

Y el otro va, y dice:

-¡Oído, cocina! ¡Marchando una de caída de la ETA!

Y, como a los moros de Queipo de Llano, los montan en los camiones de los telediarios y empiezan a darles vueltas. Y nos creemos que han acabado con la ETA. Así se explica que por sexta vez en dos años hayan vuelto a detener a la cúpula de la ETA. Cierto que a la ETA se le reproduce la cúpula como el rabo a las lagartijas, pero me escama que siempre justo cuando el Gobierno está achuchadísimo, y no antes ni después, trincan a una pandilla de jefecillos de asesinos.

Por mucho que mareen la perdiz, aquí no acaban ni con la ETA ni con el paro. Tiene triste gracia lo del déficit, el recorte y el tijeretazo. Todo se refiere al problema que han creado ellos mismos, por derrochones y dilapidadores: aquí nadie dice nada de acabar con el paro. Nos meten directamente la mano en el bolsillo para quitarnos el dinero, pagar el déficit de caballo que han creado y Europa no les riña, así que ya me dirá usted cómo va caer el consumo.

Cínicamente considerado es muy conveniente que, por favor, no tomen más medidas contra la crisis. Acuérdense de los 400 euros famosos. Los 400 euros famosos costaron al Estado 5.700 millones de euros. Echen las cuentas: en pensiones ahora dicen que van a ahorrar 1.500 millones y otros 2.400 millones en los recortes a los funcionarios. Ni sumando estas dos partidas se recupera el derroche de aquellos 400 euros con los que dijo ZP que se iba a acabar con la crisis, con el paro y con el sursum corda.

¿Y el Plan E? ¿Se acuerdan del Plan E, que lo iba a solucionar todo levantando aceras y volviéndolas a enlosar? Nos habríamos ahorrado este decretazo y este zapatazo si no hubieran puesto en marcha el Plan E, que costó 8.000 millones de euros. ¿Para qué? Para nada. Para cambiar farolas, abrir calicatas y volver a cerrarlas. Para chorradas. En toda España los ayuntamientos tiraron 8.000 millones de euros en hacer 32.000 chorradas que no sólo no acabaron con el paro, sino que lo incrementaron. Más de 46 millones de euros se despilfarraron sólo en los carteles obligatorios de «Gobierno de España, Plan E» que exigían poner a los ayuntamientos junto a cada cubo de mezcla y a cada andamio.

¿Quién nos asegura ahora que todo esto que acaban de liar para que no los coja el toro de Europa no va a ser tan improductivo y negativo como el Plan E? Deberían seguir el consejo de aquel señor andaluz al que le salió un hijo de lo que ahora llaman «emprendedor», y que se buscaba unas ruinas espantosas en cada negocio que se metía. El padre, harto de pagar como avalista las trampas de los malos negocios del hijo emprendedor, lo llamó un día y le dijo:

- Hijo, ya es hora de que sientes la cabeza y hagas lo que los señoritos andaluces hemos hecho toda la vida.

-¿Y qué hemos hecho, padre?

-¡Nada, hijo, nada! ¡No te metas en más negocios!

Prefiero que ZP se meta a señorito andaluz antiguo y no haga nada. Nos saldría más barato que no tomara más medidas contra la crisis. Y, total, como con el paro no van a acabar de ninguna de las maneras...

ABC - Opinión

Presidente José Blanco. Por Jesús Cacho

Esta semana, el ex secretario de Política Económica argentino Federico Sturzenegger, doctor en Economía por el MIT y profesor visitante en Harvard, además de presidente del público Banco Ciudad de Buenos Aires, a quien en 2001 correspondió la tarea de negociar con el FMI la reestructuración de la deuda externa argentina, llamaba muy animado a un amigo economista español para, tras darle el pésame (“¡Argentina tuvo su default y me temo que ustedes están en puertas!”), preguntarle su opinión sobre la oportunidad de dar el salto a Madrid para explicar cómo se aborda un proceso semejante aprovechando la experiencia por él acumulada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha venido a España para, de la mano de Garzón, darnos lecciones sobre cómo debe ser nuestra Justicia, y los economistas argentinos -muy buenos, por cierto-, quieren enseñarnos a reestructurar nuestra deuda tras la que consideran inevitable bancarrota de nuestro Tesoro público. Bello panorama. El economista madrileño respondió asustado a Sturzenegger que ni hablar de ese viaje: no está el horno español para esos bollos.

La caldera ibérica está tan caliente, tan entreverada de rumores, tan cabreada, que desde hace semanas por las oficinas bancarias desfila un río de gente preguntando qué pueden hacer con su dinero para sacarlo fuera. “Todos se excusan y aclaran”, aseguraba este viernes a un grupo de periodistas de El Confi un banquero madrileño, “que lo quieren hacer dentro de la legalidad y pagando sus impuestos, pero demandan cómo les puedes ayudar, en qué podrían invertir, dónde lo harían. Calculo que de los que preguntan solo una cuarta parte se decide a moverlo, pero, en definitiva, lo que está ocurriendo pone de manifiesto la tremenda inquietud de la gente”. Sensación de que el mal ya está hecho y solo cabe apechugar con las consecuencias. Toca pagar la cuenta de la descabellada política de gasto público puesta en marcha por Rodríguez Zapatero para taponar las vías de agua de una crisis que había negado con vehemencia durante casi dos años. Resulta que el cuantioso déficit engendrado en arreglar aceras y comprar votos no ha servido para reactivar la economía y mucho menos para frenar la caída del empleo.

La deriva es conocida, pero no por eso deja de ser necesario insistir en ella. En apenas dos años España pasó de un superávit presupuestario del 2,2% a un déficit equivalente a 11,4 puntos del PIB, en una alocada carrera hacia el precipicio de la quiebra. Es la velocidad a la que ha crecido esa deuda, más que su porcentaje sobre el PIB, lo que ha resultado espectacular: nada menos 313.000 millones de euros en un par de años, 2008 y 2009, bienio al final del cual el paro rebasa ya el 20% de la población activa, y la crisis se ha llevado por delante a más de 141.000 empresas inscritas en la Seguridad Social. Gasto improductivo. Como asegura mi admirado Carlos Sánchez en este diario, “el déficit público no se debe a que el Gobierno se haya gastado el dinero en suavizar el ajuste, sino al efecto combinado de una política de gasto público equivocada y a una brutal caída de los ingresos derivada del ladrillo. No estará de más recordar, por si acaso, que el gasto en desempleo representa tres puntos del PIB (la cuarta parte del desequilibrio), y que las dos terceras partes de ese dinero se financia con cuotas de empresas y trabajadores. La cobertura de desempleo, por tanto, no es responsable de tamaño déficit. Ni siquiera la crisis financiera (España es uno de los países que menos dinero ha destinado a la banca). La pasta se ha ido en planes que no han servido para enderezar la situación”.

Damnificados del zapaterismo por millones

No han enderezado la situación, sino que la han agravado. Tras negarse en redondo a pactar planes de ajuste con la oposición cuando aún era posible hacerlo sin necesidad de operar a corazón abierto, y ello porque se lo prohibía “la ideología”, los amos de Europa le han impuesto a uña de caballo un duro plan de recorte del gasto público justo en el momento en que a España ya se le habían cerrado las puertas del crédito. El plan de ajuste aprobado el jueves en Consejo de Ministros reduce a pura hojarasca la “política social” del zapaterismo. A los casi cinco millones de ciudadanos en paro encantados con José Luis Rodríguez hay que añadirle ahora los millones de funcionarios recortados, los millones de pensionistas congelados, y lo que está por llegar, esa gran masa de clases medias a cuya renta el genio de León va a meterle un buen bocado también por culpa de “la ideología”. Desde los tiempos de Pablo Iglesias, al PSOE siempre le ha dado buenos resultados darle caña a ricos y a curas. Solo que ahora la riqueza no está en manos de la nobleza terrateniente de antaño, de la que afortunadamente apenas queda rastro, sino que responde al trabajo de millones de ciudadanos que con su esfuerzo han acumulado un pequeño patrimonio como garantía de su vejez y aval para su descendencia.

Ni que decir tiene que los ricos de verdad, las grandes fortunas españolas que tienen su dinero a buen recaudo se disponen a obsequiar al malandrín que nos preside con un monumental corte de mangas. De momento se dedican a asesorarle, caso de Emilio Botín, porque eso es gratis. Lo peor, con todo, es la sensación de desconcierto en que navega el Gobierno. Su falta de expertise es tan grande, la improvisación tan notoria, que sus errores se acumulan en cadena acuciado por la necesidad de tapar una chapuza con la siguiente. Zapatero vuela ya con plomo en las alas, y hay quien dice que está políticamente muerto. Así se lo habría manifestado a un empresario que lo llamó para felicitarle por el coraje demostrado con las medidas de ajuste: “esto tiene un coste electoral y personal también; por eso no quiero ser candidato para las próximas generales”. La figura emergente, el reemplazo, se llama José Blanco López, Palas de Rey, Lugo, 48, hijo de peón caminero y de modista, actual ministro de Fomento, cuya carrera hacia el Poder parece haber despegado en la última semana con la fuerza de un cohete.

Desde el arranque de la legislatura, en medios del PSOE se daba por descontado el protagonismo de Blanco como eventual sucesor de Zapatero para el caso de que éste decidiera no volver a ser cabeza de lista. Lo ocurrido en las dos últimas semanas, sin embargo, ha dado un giro copernicano a esa percepción. Ruptura en dos fases. Cuando el pasado 12 de mayo el propio Zapatero presentó una moción de censura contra ZP, José Blanco no tuvo más remedio que arremangarse para tratar de suplir en primera persona las limitaciones de Leire Pajín. El ministro se pega entonces como una lapa al discurso del presidente, y así aparece en La Noria vendiendo demagogia a espuertas, con un lenguaje muy agresivo contra el PP. El mismo tono mantiene en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, donde, en ausencia de ZP y de las vicepresidentas, se convierte en el rey del mambo. Entre ambas fechas, el omnipresente vicesecretario general del PSOE tiene respuesta para todo y para todos en defensa de los recortes sociales del Ejecutivo visitando media docena de platós de televisión y otros tantos estudios de radio, además de aparecer en entrevistas varias en prensa.

Blanco actúa como Presidente alterno

Pero de repente algo ocurre o alguien le aconseja un cambio de guión: la vía elegida de pegarse a ZP solo puede llevarle a hundirse con ZP. Si no quiere acabar con su carrera política antes de tiempo, necesita marcar distancias y articular un discurso propio. No puede convertirse en un calco de Zapatero, en una copia en sepia del de León si bien con más entusiasmo. El caso es que en los últimos días el lenguaje del lucense parece haber cambiado de rumbo de forma un tanto drástica. Ha empezado por algo tan elemental, y revolucionario al tiempo tratándose de este Gobierno, como contar la verdad o al menos intentarlo: España no puede mantener un nivel de inversión propio de países mucho más ricos. “Ya nada será como antes”. De ahí a anunciar que los españoles disfrutan de un Estado del Bienestar que no pueden permitirse solo hay un paso. “No hicimos mucho por atajar la burbuja inmobiliaria” (El País este viernes). Las consecuencias serán graves. “Este escenario presupuestario durará muchos años”. Sobrado de talento, como ya demostró llegando a acuerdos con Esperanza Aguirre, Blanco parece haberse dado cuenta de que el político que diga la verdad, o simplemente algo que se acerque a ella, tendrá la mitad del camino andado, porque eso es precisamente lo que está pidiendo a gritos una ciudadanía harta de sofismas, cuando no mentiras a palo seco.

Senda ésta vedada para un Zapatero cuya falta de credibilidad ya es lugar común. Está por ver si el cambio de estrategia del de Fomento se confirma, y si está más o menos pactado con su amigo y mentor. “Pepe Blanco no se va a enfrentar nunca con Zapatero, pero si hará lo posible para que la gente le visualice como una alternativa a Zapatero”, asegura un barón del PSOE. El resultado es que en los últimos días Don José Blanco está actuando como Presidente alternativo del Gobierno, mucho más que como candidato a la sucesión. Su ambición es conocida: “A Pepe Blanco solo le interesa el Poder, no el contenido de la política que hay que hacer para llegar al Poder”. El ministro cuenta en su Grupo Parlamentario con un grupo de fieles con quienes se reúne a almorzar de forma periódica en Sepúlveda, gente joven que reniega de las ensoñaciones de ZP y desde hace meses viene reclamando no solo la necesidad de ajustar los PGE, sino de adoptar reformas estructurales básicas. El propio líder del grupo se encargó hace tiempo de advertirles que “el día que veáis a Pepe Blanco criticar a Zapatero, significará que la sucesión en el PSOE ha comenzado”. Eso parece.

El Confidencial - Opinión

Crisis - Más equivocaciones: aumento de impuestos. Por Jaime de Piniés

Cualquier subida en los impuestos descritos atenta, directa o indirectamente, contra el ahorro nacional y por ello debe considerarse un craso error para una economía como la española, vulnerable y dependiente de la financiación exterior.

El incumplimiento de la reglas de Maastricht preocupa a los mercados en general y a los alemanes en particular. Tienen razón, pero los problemas de la Unión Monetaria Europea (UME) y el euro no terminan ahí. Quizá el mayor problema de la UME son los enormes desequilibrios exteriores entre los distintos países de la zona euro, desequilibrios totalmente insostenibles a la larga. Países como Alemania, Finlandia y Holanda, todos ellos con superávit en sus cuentas corrientes y con alta productividad, encuentran su revés en los demás países del euro, y sobre todo en Grecia, Portugal, España, Italia y Francia que tienen abultados déficits exteriores y una baja productividad.

En un mundo donde la convergencia nominal es la prioridad básica y los países infractores están siendo obligados a dar su brazo a torcer, no se puede olvidar que para alcanzar una estabilidad duradera en la zona euro es fundamental reducir aquellos desequilibrios exteriores. En los países del sur de Europa esto supone fomentar el ahorro y la productividad; disposiciones, que por encima de cualquier otra medida económica, ayudarían a generar estabilidad en la zona euro y a componer la Europa potente que todos deseamos.

Pues bien, teniendo en cuenta esta necesidad de la zona euro, sorprende la reacción populista y equivocada de nuestro Gobierno. Tras anunciar un drástico y anti-social ajuste de 15.000 millones de euros, acaba de apuntar de forma vaga e imprecisa que los impuestos subirán "para los ricos", ya que los que más tienen han de hacer un esfuerzo proporcionalmente mayor. Se nos habla de la posibilidad de resucitar el impuesto sobre el patrimonio o subir el de sucesiones, el IRPF o de los SICAV, pero no se concreta absolutamente nada... y, por supuesto, no se aclara que nuestro sistema impositivo ya es de por sí progresivo.

Conviene tenerlo absolutamente claro. Cualquier subida en los impuestos descritos atenta, directa o indirectamente, contra el ahorro nacional y por ello debe considerarse un craso error para una economía como la española, vulnerable y dependiente de la financiación exterior. Las cantidades que se pueden recaudar con estos impuestos son relativamente escasas y casi siempre recaen en las capas medias de la sociedad que no disponen de los subterfugios legales para sortear el temporal. Veamos por ejemplo lo que pasaría con la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio. Por lo pronto, habría un estímulo para evitar que ese patrimonio pueda ser objeto del impuesto, lo que seguramente llevaría a una fuga de capitales. Fuga, también alentada por la incertidumbre que supone desconocer qué impuesto y en qué medida sería afectado. Pero, aún más, en el hipotético supuesto de que los capitales no fueran a abandonar el país, la tendencia sería incentivar el consumo de la renta generada en un año antes de proceder al ahorro, puesto que éste sería susceptible de ser gravado. Es decir, todo lo contrario a lo que necesita la economía de nuestro país.

El aumento de los impuestos que parece proponer nuestro presidente es un remiendo que no resuelve el problema del déficit público y que introduce nuevas distorsiones en la economía. Si se quiere hacer una reforma fiscal en toda regla hay que diseñar un sistema impositivo con todas sus facetas y que intente estimular la creación del empleo y el ahorro nacional. También hay que tener presente que España no es una isla y cualquier modificación en nuestros impuestos, no refrendado por los países de nuestro entorno, abre con seguridad la espita para la fuga de capitales. Antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que lograr una recaudación fiscal efectiva a través del aumento de los impuestos descritos.

Si de verdad se quiere hacer algo en el capítulo fiscal que vaya en la buena dirección, tanto para nuestro país como para la zona euro, se debería pensar en reducir las cotizaciones a la seguridad social, compensando de esta forma el incremento del IVA que tendrá lugar el próximo 1 de julio. Esto estimularía el empleo y en principio sería neutral para la recaudación. Otro camino, incluso más potente, sería establecer una lucha determinada contra el fraude. Tengamos presentes las estimaciones que mueve la economía sumergida. Sería lógico que reforzando la inspección y control para evitar la evasión en el pago de impuestos se evitaría la subida fiscal para el resto de ciudadanos que puntualmente sí pagan sus impuestos. Estos dos caminos, reducción de las cotizaciones a la seguridad social y atacar el fraude, son materias que cualquier gobierno sensato debería de estar considerando en el momento presente de acuciada crisis. Pero, lamentablemente, una vez más a nuestro Gobierno solo parece interesarle posturas electoralistas para compensar una imagen deteriorada por el decretazo anti-social que ha tenido que dictar a las órdenes de Alemania, los EEUU y el FMI.

Sin embargo, también es justo indicar, una vez más, que si los españoles tenemos que afrontar un serio ajuste, con o sin Rodríguez Zapatero como presidente, es justo exigir a Alemania que inicie y estimule el consumo en su país. Esto sí que ayudaría a alcanzar la estabilidad y echaría un capote a la serie de países que tan clamorosamente está reclamando actuaciones la zona euro.

Libertad Digital - Opinión

Crisis y fracasos. Por M. Martín Ferrand

LLAMARLE crisis, con todo el sentido clínico y esperanzador que conlleva la palabra, a lo que son auténticos fracasos es una más entre la muchas mañas tramposas en que se ha instalado la política española.

La crisis, para ser verdadera, exige la hipótesis de una solución eficaz y redentora mientras que el fracaso es un punto final y sin remedio. Un enfermo en crisis, por grave que ésta sea, puede tener la esperanza de la recuperación. Tras el fracaso del enfermo, sólo cabe la organización de las oportunas pompas funerarias. Lo sobrenatural escapa del territorio del análisis político y de la praxis periodística. José Luis Rodríguez Zapatero ha fracasado y sus ministros, más próximos al oficio de palmeros que al sesudo trabajo de los estadistas, le jalean la gracia hablándonos de crisis y de prontas soluciones.

La Unión Europea ha decidido castigar a los países que no cumplan con los límites del déficit -el tres por ciento del PIB- con sanciones que pueden llegar a la retirada del voto a los infractores en los Consejos rectores de la Unión. ¿Nos resignaremos, para mayor grandeza de un Zapatero que sólo luce cuando guarda silencio, con ser un país sin voz y sin voto en el conjunto de los Veintisiete? Y, sobre todo, se resignaran los otros veintiséis a tener un socio problemático y altanero, manipulador y fanfarrón, como el que encarna y gobierna el líder socialista español?

España es un país difícil. En ello reside parte del encanto nacional, pero resulta temerario no obrar en consecuencia. Un ejemplo práctico: nuestro sistema financiero funciona sobre un duopolio bancario fáctico, cosa inquietante, y una multiplicidad de Cajas que, peligrosamente politizadas, avanza hacia otro duopolio, cosa alarmante. Algunas de las piezas de ese puzle son tan excéntricas que tenemos Cajas de fundación y gobierno eclesial, como la Cajasur -600 millones de pérdidas en 2009- que acaba de intervenir con inexplicable retraso el Banco de España. Dentro de la doctrina Van Rompuy-Trichet bastaría con los interventores delegados por el BdE; pero, en atención a la naturaleza de la institución y de los demonios y fantasmas que han actuado en ella en los últimos tiempos, la intervención será incompleta si no hay un exorcista en el equipo interventor. El descuido en los detalles es lo que aquí, casi siempre, convierte en fracasos lo que podría quedar en crisis.

ABC - Opinión

11-M. Lo que no puede esconderse en el silencio. Por Gabriel Moris

Ya que en España ni el Estado, ni la ciudadanía, ni muchas víctimas están por la labor de hacer lo que deben –esclarecer el 11M– sugiero que el juez Garzón inicie la investigación pendiente desde la Corte Penal Internacional de La Haya.

Si hay claro algo para los interesados en seguir las investigaciones sobre el 11-M es que la versión oficial es una falacia. Esta afirmación la hago tomando como referencia las investigaciones realizadas por los pocos medios de comunicación no sometidos al nuevo estado nacido a raíz de la masacre de Madrid.

Lo citado anteriormente tiene su origen en la forma y el modo en que se gestó lo que se ha venido en denominar la versión oficial de los atentados de los trenes de cercanías. Aunque para algunos resultará inútil recordar las versiones que no explican los hechos, desde que se produjo el atentado hasta que la versión oficial tomó cuerpo, conviene recordar que inicialmente se habló de la autoría etarra y del Titadyn con cordón detonante. Sólo gracias a la furgoneta Kangoo y a los teléfonos de algunos confidentes policiales la primera versión mutó en hipótesis árabe-islamista. A partir de entonces todas las pesquisas y todas las investigaciones policiales y judiciales se empeñaron en verificarla. Es más, muy pronto se proclamó como absoluta y única verdad por el presidente del Gobierno en su intervención de noviembre de 2004 ante la comisión parlamentaria de investigación: "Está todo claro, el autor de los atentados ha sido un grupo islamista radical".

Por entonces el sumario que instruía el ínclito juez Del Olmo estaba cerrado a cal y canto y orientado obsesivamente a reforzar lo que ya se conocía como versión oficial. No obstante, ni ETA ni Al Qaeda se sentaron en el banquillo. Ni se les juzgó ni se les condenó. El carácter islamista de los tres condenados por su participación en los atentados, tampoco resultó evidente. Conviene observar que ninguno de ellos tenía conexiones con grupos islamistas controlados antes o después de los atentados.

El silencio puede ser una buena herramienta en el ámbito personal, ya que permite la reflexión serena e incluso la comunicación con la parte trascendente del ser humano. Sin embargo, el silencio que rodea al 11-M no es personal. Es tan institucional como cobarde. Tan oficial como desalmado. Delata a quienes lo practican, desprecia el sufrimiento de las víctimas, y a todos debilita como ciudadanos libres.

Seis años después del asesinato de mi hijo, víctima de un atentado indiscriminado, injustificado y no investigado, creo que me asiste el deber y el derecho de reclamar que todas las instancias del Estado abandonen el silencio e investiguen lo que no investigaron, recuerden lo que no olvidamos, y nos ofrezcan la verdad que hasta ahora nos negaron.

Tres reseñas que podrían ilustrar lo que han podido leer:

Lo que respondió Julio Anguita cuando le preguntaron por el 11M: "Me sugiere la similitud con la intervención de un enfermo de cáncer en que los médicos, al verificar la metástasis, deciden coser y dejar al enfermo por considerarlo en estado terminal". La trascripción no es literal pero sí su sentido.

En sendos programas radiofónicos, dos dirigentes del PP –la alcaldesa de Cádiz y el subsecretario de comunicación del partido– al ser preguntados sobre la conveniencia ó no de seguir investigando el 11M, ambos respondieron afirmativamente, alegando que no se conocía toda la verdad.

Recientemente, el ministro del Interior ha negado reiteradamente a AAVV11M la entrega de los procedimientos de actuación de los Tedax; sin embargo, los documentos que ahora se niegan a los que quieren saber de la actuación de Sánchez Manzano, fueron esgrimidos públicamente por él, cuando, sin éxito, acusó a varios periodistas de mentir.

¿Por qué se impide con tanto empeño una verdadera investigación? Ya que en España ni el Estado, ni la ciudadanía, ni muchas víctimas están por la labor de hacer lo que deben –esclarecer el 11M– sugiero que el juez Garzón inicie la investigación pendiente desde la Corte Penal Internacional de La Haya. No encontraría mejor modo de servir a la justicia española y mundial.

Libertad Digital - Opinión

Gobierno asustaviejas. Por Ignacio Camacho

LA decisión de congelar las pensiones es la muestra más palmaria de que este Gobierno no sabe gobernar.

Si supiese habría previsto desde hace tiempo un plan alternativo a su propia estrategia de déficit sostenido, para evitar entregarse al vértigo de un ajuste improvisado «como sea» por imperativo forzoso de las circunstancias. Víctima de su propia incompetencia y de su imprevisión, ha recortado las partidas más inmediatas porque no tenía tiempo ni voluntad de afinar un proceso más complejo que implique la reducción racional del inmenso aparato del Estado. Al meterle a los jubilados la mano en sus delgadas carteras ha violado un tabú socialdemócrata y emitido un mensaje político demoledor que tritura su discurso proteccionista. Se ha convertido en un Gobierno asustaviejas, a su pesar pero por culpa de su ineptitud para afrontar responsabilidades.

La congelación de las pensiones destruye el gran mito de la socialdemocracia española, que ha construido con ellas un relato ficticio de gran eficacia propagandística. González lo utilizó a la desesperada para tratar de frenar la victoria del PP, en un momento en el que las rentas de las pensionistas corrían auténtico peligro por el descontrol financiero felipista. Fue Aznar el que las estabilizó, les dio impulso y creó el Fondo de Reserva, pero no supo envolver ese esfuerzo en una adecuada narración discursiva. Pese a las evidencias contrarias, las pensiones vienen constituyendo en España un patrimonio político de la izquierda, que Zapatero se ha cargado de golpe por su incapacidad de enfrentarse al adelgazamiento de un Estado clientelar hipertrofiado. Es muy difícil, por no decir imposible, convencer a los ciudadanos de que el Gobierno no encuentra soluciones menos traumáticas para recortar 1.500 millones de euros -sólo los sindicatos se llevaron en 2009 subvenciones por valor de 400- en una Administración que todo el mundo percibe como un gigante sobredimensionado.

Toda la retórica progresista del zapaterismo queda en entredicho ante una medida de esta clase. El énfasis laicista, la ampliación de derechos, la igualdad de género o la memoria histórica aparecen como efectismos desnudos frente a la evidencia de que a la primera dificultad seria el adalid de la «no dominación» descarga el peso de su fracaso económico en las espaldas de los débiles. Y aún es más preocupante la certeza de que esta drástica opción, que naturalmente provoca al presidente un grave quebranto en sus convicciones, obedece a la pura incompetencia para hallar una fórmula mejor con que paliar su propio desastre, o a la falta de coraje para abordar una poda profunda de la inmensa y superflua fronda del derroche público. Estamos ante una desoladora confesión de impotencia de un dirigente hábil para desenvolverse en tiempos fáciles de bonanza a favor de corriente, al que la crisis ha situado en el punto de fusión de su limitada capacidad. Lo triste es que, simplemente, no lo hace mejor porque no sabe.

ABC - Opinión

Sobre dónde acaba la opinión y empiezan los insultos. Por Federico Quevedo

El pasado jueves en uno de los comentarios del foro de este Dos Palabras, un lector me reprochaba que había metido la pata respecto de las intenciones del Gobierno sobre la subida de impuestos. En el artículo expresaba mi idea de que el Ejecutivo podría terminar por hacer descansar su amenaza a las rentas más altas sobre las clases medias vía IRPF. A eso del medio día, una filtración del propio Gobierno o de una parte del mismo, limitaba el alcance de la medida de subida de impuestos a los más ricos a la recuperación del extinto Impuesto del Patrimonio, para aquellos contribuyentes con un patrimonio superior al millón de euros -en algunos medios se situaba esa cantidad en dos millones de euros-, lo cual, obviamente, desmentía mi impresión de que, al final, Rodríguez castigaría a las clases medias. Solo un par de horas después de esa filtración, desde otro ámbito del Gobierno se desmentía que se fuera a tomar esa medida y se apuntaba a la posibilidad de aplicar un nuevo tramo del 48% en el IRPF para rentas superiores a los 150.000 euros, lo cual se acercaba ya un poco más a mi idea inicial, teniendo en cuenta que tampoco descartaba en mi artículo que el Gobierno pudiera hacer uso del Impuesto del Patrimonio. Al final, el asunto se ha quedado en que Rodríguez ha enfriado el ímpetu inicial de los suyos, convencido probablemente por los sectores más técnicos de su Gobierno.

Por supuesto, el mencionado forero que tan escandalosamente me echaba en cara, en medio de una cascada de improperios, mi supuesta equivocación, no se ha disculpado, pero empiezo ya a estar acostumbrado a que me insulten y nadie se disculpe por hacerlo. Comprendo que con la que está cayendo y con las desastrosas perspectivas que tiene la izquierda de mantener el poder o, ni siquiera, obtener un resultado aceptable en las elecciones, los más radicales y talibanes del progresismo recurran al único argumento que conocen: el de la descalificación. Pero, verán, lo cierto es que en el seno del Gobierno ha habido un intenso debate sobre esto de la subida de impuestos, y una parte de los miembros del Ejecutivo era, y es, partidaria de una medida ejemplarizante, yo diría que vengativa, contra quienes según la versión oficial de los hechos serían los culpables de la crisis y, por lo tanto, de que el Gobierno se haya visto en la tesitura de tener que aplicar el mayor recorte del gasto social de la democracia. Por el contrario, otra parte del Gobierno, sin embargo, tiene una visión más economicista y es consciente de que esa medida ejemplarizante o vengativa tendría, sin embargo, muy poca rentabilidad en términos de liquidez, razón por la que defiende que, aun siendo más impopular, una subida de impuestos aplicada al IRPF, es decir, a las rentas del trabajo, sería mucho más beneficiosa para el objetivo de reducción del déficit.

«El Gobierno es plenamente consciente de que ha tirado por la borda cualquier posibilidad de ganar las elecciones.»

El debate fue muy intenso en el Consejo de Ministros del pasado jueves. El Gobierno es plenamente consciente de que ha tirado por la borda cualquier posibilidad de ganar las elecciones y de que no le queda más remedio que hacer ahora lo que durante todo este tiempo ha negado como necesario, con las consecuencias que tiene el poner en práctica la política de ajuste tarde, y mal. Contar todo esto, escribirlo, poner negro sobre blanco una opinión crítica en un momento en el que nos estamos jugando el futuro de nuestro país y en el que algunos pensamos que para evitar lo peor es necesario ir a unas elecciones generales y cambiar de Gobierno, no debería provocar como provoca las iras de la izquierda, hasta el punto de recurrir permanentemente al insulto y a la provocación. Miren, los periodistas podemos equivocarnos, incluso a veces podemos excedernos en nuestra crítica, no o dudo, y si es así desde luego seré el primero en pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por cualquier cosa que haya podido decir o escribir, pero ha llegado un momento, se dan unas circunstancias en nuestro país en las que no es de recibo el nivel de ataque y de coacción al que la izquierda pretende someter a todo aquel que no se subyuga al pensamiento único. No porque, insisto, lo que nos estamos jugando es mucho, y es tan evidente que este país necesita un cambio para no perder el paso del progreso y de la modernidad y no hundirse en la peor crisis de nuestra Historia, que todo lo que se haga para evitarlo tendrá y tiene un peligroso componente antidemocrático.

Y lo cierto es que hoy por hoy, en estos momentos que son graves y yo diría que de emergencia nacional, y a pesar de los avisos y de las advertencias, por desgracia la izquierda sigue jugando a ese juego peligroso de evitar perder a cualquier coste, y ya sabemos que consecuencias tiene esa actitud, porque las vimos el 11 de marzo de 2004. La responsabilidad de evitar que en una situación alarmante la izquierda se comporte desde esa posición totalitaria y antidemocrática a la que recurre cada vez que ve peligrar su hegemonía, es sin duda alguna de Rodríguez Zapatero. Es el presidente el que, en estos momentos, debería abandonar su habitual recurso al cortoplacismo y su actitud sectaria y adoptar la posición de responsabilidad que las circunstancias exigen, pero da la impresión de que es incapaz de hacerlo, de que vive atrapado por ese comportamiento sectario y excluyente del que ha hecho gala durante esta legislatura y media que lleva gobernando, y eso le vuelve incapaz de afrontar con generosidad y responsabilidad los difíciles momentos que atraviesa este país. Miren, escribir esto, decir esto, no es insultar a nadie ni descalificarlo, sino que es la constatación de una dolorosa realidad. La respuesta, sin embargo, de los sectores más radicales de la izquierda sigue siendo el insulto, es decir, el recurso de quienes han perdido la razón. Pero lo que este país necesita hoy es un esfuerzo común de todos los españoles para superar esta situación, y sólo será posible si la persona que alimenta las llamas del sectarismo y el resentimiento deja de estar al frente del Gobierno. Les guste, o no.

El Confidencial - Opinión

O sobra Camps, o sobra Rajoy

O es cierto que Camps lidera el PP a nivel nacional, en cuyo caso sobra Rajoy, o no lo es y entonces no es posible entender cómo el partido le permite seguir siendo su referente valenciano para que continúe dando clases de ética política.

Sólo de alocada huida hacia adelante se puede calificar la andanada verbal que Francisco Camps dedicó a Mariano Rajoy en el espectáculo de “adhesiones inquebrantables” que el viernes protagonizó el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Es difícil que fuera de Valencia, no ya un dirigente, sino cualquier sencillo militante del Partido Popular coincida con el análisis de Camps, en virtud del cual fue el presidente valenciano quien llevó a cabo la “hercúlea” tarea de liderar el partido tras la segunda derrota consecutiva de su jefe de filas. Camps debió realizar esa labor sobrehumana con gran discreción, porque hasta ahora no teníamos noticia de su participación en la política nacional más allá de actuar de anfitrión en el congreso a la búlgara de Valencia o de recibir regalos de una trama presuntamente corrupta que actuaba además en otras regiones, lo que no impidió que una afición entregada saludara el exabrupto con una cerrada salva de aplausos.

Es cierto que Camps apoyó a Rajoy en aquél acto en que adquirió carta de naturaleza el cambio de estrategia política del partido, como también lo es que no hubo allí una sola voz discrepante ante el triunfalismo injustificado del resultado congresual. Sin embargo solamente el presidente valenciano se ha atrevido a cobrar aquél servicio exigiendo permanecer al frente del partido y de la candidatura para las próximas elecciones autonómicas, a celebrar el año próximo.

Los recelos de los dirigentes nacionales del PP sobre lo que pudiera decir Camps en ese acto, supuestamente convocado para conmemorar el aniversario de su victoria en la Comunidad Valenciana, estaban pues más que justificados como ahora se ha comprobado. Con buen criterio, ausente en otras cuestiones, en Génova supieron desmarcarse a tiempo de un abrazo del oso del imputado Camps, que hubiera supuesto una desastrosa entrega de municiones a su rival político de cara a las próximas citas electorales.

No obstante, mientras el actual presidente valenciano permanezca al frente de sus actuales responsabilidades, Rajoy seguirá teniendo un problema en casa. La táctica de la inacción hasta que el interesado se rinda por aburrimiento empleada con Bárcenas podría no dar resultado con un Camps que, como se ve, está dispuesto a seguir postulándose como el representante más genuino de la política de Mariano Rajoy, al que se atreve a ningunear con esas declaraciones extemporáneas.

O es cierto que Camps lidera el PP a nivel nacional, en cuyo caso sobra Rajoy, o no lo es y entonces no es posible entender cómo el partido le permite seguir siendo su referente valenciano para que continúe dando clases de ética política aprovechando cualquier ocasión. La cuestión, como se ve, es sencilla. Se trata simplemente de decidir quién de los dos debe retirarse de la política activa.

Libertad Digital - Opinión

Reforma laboral o colapso

ENFRENTADO a un espejo en el que ya apenas se reconoce, y cada vez más presionado, Rodríguez Zapatero tendrá de nuevo que tomar decisiones difíciles esta semana.

Tras un recorte de derechos sociales que nunca pensó tener que anunciar, se arriesga con toda probabilidad a la necesidad de regular una reforma laboral sin consenso. Entonces, la paz social que tanto sirvió de argumento para justificar los sucesivos retrasos estará también en peligro. Es lo que anuncia el nuevo discurso de las organizaciones sindicales, en el que ya tiene cabida la expresión que el presidente más ha temido a lo largo de su mandato, la huelga general. Desde que en 1980 el Estatuto de los Trabajadores estableció el marco de relaciones laborales en nuestro mercado de trabajo, seis han sido las reformas efectuadas. Siendo ambiciosa la que en 1994 promovió el último Gobierno de Felipe González -entonces bloqueada por los sindicatos-, fue la tercera, la llevada a cabo en 1997 por el primer Gobierno del Partido Popular, la única que logró reducir significativamente la tasa de desempleo. Los resultados hablan por sí solos. Al tiempo que la población activa pasaba de 16,2 a 17,8 millones, la tasa de desempleo bajaba en cuatro años desde el 20 al 10 por ciento. Los objetivos declarados entonces eran reducir la contratación temporal e impulsar la contratación indefinida. Trece años después, volvemos adonde estábamos. Pero peor.

Ahora ya no puede ser el primer objetivo de la reforma la sustitución de contratación temporal por indefinida. Siendo visible a través de nuestro desequilibrio con el exterior la pérdida progresiva de competitividad, pero obligados a competir en un mercado cada vez más global y sin la herramienta fácil de la devaluación al alcance, el Gobierno lleva ya demasiado tiempo aplazando una reforma que hoy es vital. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tuvo la oportunidad de efectuar reformas más profundas en 2006, pero entonces se limitó a introducir subvenciones y a promover, durante un breve lapso de meses, la conversión de empleos temporales en fijos. La prioridad en este momento ya ni siquiera pasa por tratar de contener la destrucción de empleo. Sería insuficiente. La reforma que exige nuestro mercado de trabajo es tan profunda que difícilmente puede salir de las manos de un Gobierno que cada día las tiene más atadas. Sin herramientas monetarias, y agotada la capacidad de gasto público, es la reforma del mercado de trabajo la herramienta más importante, y quizá ya la única que resta a este Gobierno para evitar conducirnos, en el mejor de los casos, a un largo periodo de estancamiento económico.

ABC - Editorial

Zapatero ante el toro de la quiebra. Por Ignacio Ruiz Quintano

LA situación de España en el mundo se resume en una impresión que José-Miguel Ullán sacó en Varsovia de las señales callejeras del destape polaco:

-Octavillas con reclamos eróticos en los parabrisas de una larga hilera de coches aparcados; en todos, menos en uno: el que lleva una pegatina de conductor minusválido.

La pegatina de España es Zapatero, y en nuestros parabrisas han dejado de poner reclamos eróticos.

El toro de la quiebra es cinqueño -los cinco años que llevamos haciendo el ganso-, y Zapatero es un torero a la moderna, «patrás» y «pafuera» (o «afuera y aparte», como dice Lopera). En las escuelas taurinas, que son las que más han hecho por terminar con los toros, la tauromaquia se resume en dos palabras:

-Tocar y componer.

Se coge un toro arreglado de pitones, se le cita con el pico de la muleta (tocar) e inmediatamente uno ha de componer esa figurilla que los taurinos llaman «de cartel de toros». Esto, en realidad, es el «no-toreo», puesto de moda por los toreros galácticos igual que Javier Aguirre puso de moda el «no-cine», pero sirve para ir tirando hasta que el público o el toro cambien.

A Zapatero no le han cambiado el público: el periodismo global en español vende que Garzón ha sido condenado por el franquismo con el mismo descoco que el periodismo septentrional en vascuence vendía que Ortega Lara había vuelto a la cárcel. Y la tercera autoridad de la nación, que atiende por Bono, hace suyas las «boutades» de esos personajes bufos de la farsilla zapateril que son el gagman de los parados o el Gramsci de Torresandino.

-Demostraste -le dice Bono a Garzón, él sabrá por qué- que por muchas flores que los liberticidas corten no pueden acabar con la primavera.

A Zapatero tampoco le han cambiado la oposición: Rajoy, como el Rosco, toca palmas que no dan ni para fastidiar una siesta, mientras María Cospedal y María Soraya remedan a los del «7», que con las pancartas de protesta hacen el péndulo.

Lo que a Zapatero le han cambiado es el toro, porque el toro de la quiebra es un toro de los de Madrid y decimonónico, para cuya lidia no está preparado ni él ni nadie del actual escalafón. El ruedo español es una capea donde, estoque en mano, los más chulos ofrecen sus servicios, pero sin abandonar el callejón. La empresa habla de montar una feria de un solo toro, el toro de la quiebra, y un cartel con Pepiño Blanco o Rubalcaba... O el tipo de barba cana y corbata azul que el martes, porque comía «pixín» en «El Paraguas», impedía policialmente a los turistas hacer fotos en la madrileña calle de Jorge Juan. Nadie lo conoce, luego no lo amenaza nadie. ¡Don Nadie!

-Don Nadie es funcionario o influyente -escribe Paz en «El laberinto de la soledad»-, y tiene una agresiva y engreída manera de no ser.

Justo lo que en este trance nos va a hacer falta para torear.

ABC - Opinión

Sindicatos. No a la huelga general de la extrema izquierda. Por Juna Ramón Rallo

La izquierda nunca es una buena compañera de viaje, pero desde luego no lo es cuando establece como destino el suicidio colectivo.

Aunque podría resultar tentador congraciarse con la eventual convocatoria de una huelga general en España, es decir, aunque podría buscarse y encontrarse cierta justicia poética en que los cuervos que Zapatero ha criado y engordado a conciencia se rebelen contra su cebador, no deberíamos caer en la trampa de actuar de comparsa de una izquierda radical, presta a destruir el país y la economía por saber que en medio del Apocalipsis seguirá chupando del bote presupuestario.

Porque sí, clamaba al cielo el doble rasero de unas centrales sindicales que en una situación de crecimiento del empleo le convocaron a Aznar una huelga general espoleados por el PSOE ("a nosotros nos montasteis tres y a la derecha ninguna") frente a su comprensión y mutuo cariño con el Gobierno de los cinco millones de parados. Pero no habría que olvidar que lo detestable de este doble rasero no era que no le plantasen una huelga a ZP, sino que se la hubiesen plantado a Aznar. Lo inadmisible es que unos lobbys de extrema izquierda, mantenidos con el dinero de los ciudadanos, den un golpecito de estado para bloquear una cuasi imperceptible liberalización del mercado laboral. Lo que escandaliza de los sindicatos es eso: que con la mano izquierda nos roben y con la derecha nos apaleen para impedirnos ser libres de enriquecernos y prosperar. Las tachas pasadas no se subsanan con otras tachas presentes: mal estuvo lo de Aznar, mal (o peor) puede estar lo de Zapatero.

Pues, al fin y al cabo, en el peor de los casos la huelga general forzará al PSOE a mostrar su lado más rojo y peronista, a saber, subir los impuestos a esos ricos atacables que son las clases medias y conducir al país a la bancarrota; en el mejor, sólo lograría tumbar a Zapatero y a su Gobierno. Y digo sólo, porque si la ultraizquierda derroca a este Ejecutivo ya de por sí radical al grito populista de "contra la derecha económica, la especulación financiera y los llamados mercados", el tanto será suyo, de esos mismos que prefieren ver cómo cinco millones de trabajadores se van al paro antes que ceder una coma en sus dogmas socialistas. La alternativa que tendríamos con un triunfo de la huelga general sería peor a la de un Gobierno que se resiste a tomar las medidas adecuadas: encumbraríamos a un nuevo Gobierno nacido de una huelga general y legitimado para no adoptar ninguna de las imprescindibles reformas contra las que esa huelga general protestaba.

La izquierda nunca es una buena compañera de viaje, pero desde luego no lo es cuando establece como destino el suicidio colectivo. Puestos a buscar indeseables aliados, más nos valdría presionar a Zapatero para que, aprovechando las incipientes rencillas internas, finiquite de una vez los privilegios y prebendas sindicales a hacerle el juego a CCOO y UGT para que nuestro compungido y agónico presidente encuentre la excusa perfecta con la que oponerse a los más que razonables, pero insuficientes, planes de ajuste de Bruselas. España no está para que la misma izquierda que primero nos ha arruinado se subleve ahora contra sus propios escombros con tal de redoblar sus políticas empobrecedoras; más bien es el momento de que se vayan todos a sus casas sin cobrar un duro más de sus sufridas víctimas.

Libertad Digital - Opinión

El poder y la noria. Por Tomás Cuesta

ZAPATERO es a la política lo que la sopa de letras a los pasatiempos clásicos. Un quiero y no puedo sin garbo y sin sustancia, una especie de crucigrama para ignaros.

Es lo que fue antaño: ZP, una ingeniosa abreviatura de la insignificancia, un tijeretazo tempranero que anunciaba el desastre. Rodríguez Zapatero ya no da más de sí y ZP, en su nombre, se tambalea en el alambre. Se desangra en directo y en «prime time» sin que nadie detenga la hemorragia. Incluso los sindicatos le hacen ascos a acudir en su auxilio y a improvisar un torniquete multimillonario.

Si Gordon Brown era un líder analógico en plena era digital, Zapatero es un vendedor de crecepelos en un momento en el que la oportunidad la pintan calva. De ahí que la comidilla de Ferraz consista en hacerse lenguas de en qué plato se servirá la sucesión y cuando empezará el festival de dentelladas. Ya sean elecciones primarias o complejas, congresos ordinarios o bien extraordinarios, el «modus operandi» del aparato socialista oscila entre la Noche de San Bartolomé y las Vísperas Sicilianas. Total, que Rubalcaba se obstina sin recato en que el CIS le retrate como el primero de la clase (un camelo mil veces repetido es un caramelo que jamás amarga) y Pepe Blanco no deja de tender trampas en las que su tocayo Bono, el caballista audaz, siempre termina cayendo a cuatro patas.

Con la economía sujeta al escrutinio del ojo tutelar del Gran Hermano y con las chequeras oficiales congeladas, es evidente que, de ahora en adelante, el gasto en demagogia acabará disparatándose. No es que se vayan a enterar los ricos -que es el remoquete de rigor en estos casos-, sino que infinidad de gente va a descubrir que es rica y ni se había enterado. Pues, ¿y los curas? Otros que tal bailan. Habrá que recordarles que todavía no ha prescrito la sentencia del clásico: «El hombre no será libre hasta que el último burgués no haya sigo colgado con las tripas del último fraile». En buen plan, por supuesto, nada grave, una miajilla de picante y basta. O sea, la especialidad de José Blanco, un cocinillas impecable y un rival implacable cuando le plantan cara.

Su sonado debut en el vertiginoso vertedero de los mezquinos entresijos y las míseras corazonadas despeja cualquier duda y no deja lugar a engaños. Disputarle la primacía a la Pantoja (y a Belén Esteban no digamos) es una tarea de titanes y, aún así, hasta esos cangilones se ha arrimado el señor Blanco, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar los muebles, para salvar a España y para estar bien situado cuando a su señorito le den una patada en salva sea la parte. Si Zapatero llegó donde llegó gracias a su inestimable ayuda y a sus infalibles mañas ¿hasta dónde podría llegar él sin llevar ningún lastre? Él le puede dar sopas con hondas a las sopas de letras embobadas. Lo suyo es el verbo, la lengua del sistema, la elocuencia mediática, los juegos de palabras. ¿El poder y la noria? Blanco y embotellado.

ABC - Opinión

De la Vega. De Maputo a Nueva York. Por Pablo Molina

Tan pronto hace su aparición estelar en Maputo ataviada con la tradicional vestimenta mozambiqueña, como acude a las capitales más cosmopolitas con el mínimo séquito que requiere un alto cargo, que si es socialista no baja del medio centenar.

Se puede ser una ajetreada vicepresidenta del Gobierno y estar al día en las novedades de la moda femenina, e incluso compatibilizar el exigente trabajo de despacho que requiere el cargo con viajes a tierras exóticas aduciendo los motivos más variados. La prueba es que Fernández de la Vega lo hace habitualmente, de forma que tan pronto hace su aparición estelar en Maputo ataviada con la tradicional vestimenta mozambiqueña para redimir a la mujer africana de su discriminación ancestral, como acude a las capitales más cosmopolitas con el mínimo séquito que requiere un alto cargo, que si es socialista no baja del medio centenar.

Las frecuentes visitas a Nueva York de la vicepresidenta del Gobierno de España deben tener alguna explicación distinta del estricto cumplimiento del deber, porque no se conocen casos similares entre los vicepresidentes del resto de la Unión Europea.

O María Teresa se ve fuera del brillantísimo equipo de Rodríguez Zapatero y está aprovechando para fundirse el presupuesto de viajes de su departamento antes de que le indiquen el camino a la puerta, o alguien le ha dicho en serio que le trae un aire a Sarah Jessica Parker y ha decidido frecuentar los mismos lugares que el personaje de la famosa comedia "de género" que catapultó al estrellato a la actriz.

A Fernández de la Vega le gusta Nueva York, qué se le va a hacer, y como en la gran manzana debe haber todos y cada uno de los días del año del orden del centenar de actos que tengan algo que ver con la cultura o la lengua españolas, la Fernández ha encontrado un buen pretexto para esmaltar con su presencia y la de su cortejo algunos de estos saraos, por más que en algún caso sólo hayan concitado la atención de una veintena de estudiantes de lengua española.

En todo caso, puestos a que dilapide el dinero que le quita a los pensionistas está bien que el Gobierno envíe a sus representantes a países civilizados como los Estados Unidos de Norteamérica. Allí no les piden subvenciones para las cosas más absurdas como ocurre cuando viajan al tercer mundo y, además, con unas cuantas giras neoyorkinas más hasta es posible que un alto porcentaje del séquito vicepresidencial acabe civilizándose y sacudiéndose el pelo de la dehesa del que habitualmente hacen gala los políticos profesionales de la España interior. Cosas más raras se han visto.

Libertad Digital - Opinión

Los ricos invisibles. Por Ignacio Camacho

PARA ejercer el poder se necesita el dinero de los ricos y el voto de los pobres, y la política consiste en captar las dos cosas con el pretexto de proteger a los unos de los otros.

Pero algo malo tendrá la riqueza, decía Noel Clarasó, cuando los ricos están muy mal vistos y la mayoría trata de no parecerlo. Hasta Cristo les auguró serias dificultades para entrar en el reino de los cielos. Los socialdemócratas, que suelen ser agnósticos, se limitan a cobrarles una tasa de entrada en el paraíso progresista; sin embargo para construir el Estado del Bienestar, es el gran invento moderno de la socialdemocracia, prefieren apoyarse en los impuestos de la clase media, conscientes de que a la verdadera riqueza, de natural evaporadizo y camuflado, es muy difícil aplicarle justicia redistributiva.

Con su política retráctil de anuncios, cortinas de humo, rectificaciones y autoenmiendas, el Gobierno se ha metido acaso sin querer en un debate interesante desde el punto de vista sociológico: el de a partir de qué momento, o qué cifra, o qué hecho diferencial , se puede considerar rico a alguien, y por tanto susceptible de pagar impuesto sobre la fortuna. El concepto de riqueza tiene muchos matices semánticos, desde la holgura hasta la opulencia pasando por la simple abundancia, pero la política fiscal trabaja con la categoría objetiva de los números. Cualquier ciudadano considera rico al que tiene más dinero que él, si bien con ese criterio no se puede establecer un arbitrio tributario.

Así que ahora los cerebros de La Moncloa están envueltos en un debate más filosófico o taxonómico que técnico, una especie de existencialismo financiero que debe constituir la base teórica del futuro gravamen a los grandes patrimonios. La ventaja que tienen es que se trata de una medida política, esto es, retórica, sin valor recaudatorio significativo, y por tanto no necesitan establecer previsiones de ingresos porque lo único que importa del asunto es su carácter ejemplarizante y/o propagandístico.

El parámetro más sencillo y comprensible apunta a la cifra redonda del millón de euros, lo que permitiría al zapaterismo asentar fama de azote de millonarios en sentido estricto. Más arriba de ese tope empieza la bruma de las cumbres; la estructura fiscal española se adelgaza a partir de cantidades relativamente modestas porque la verdadera plutocracia es opaca o invisible a la mirada de Hacienda y diluye sus caudales en una ingeniería muy sofisticada de artificios fiduciarios. Y para establecer un impuesto, por muy teórico que sea, conviene que haya al menos alguna posibilidad de cobrárselo a alguien. Ésa es la gran paradoja de la fiscalidad contemporánea, que se basa más en los sueldos que en los capitales. Igual y en virtud del mismo principio que Valle decía que en España se puede robar un monte pero no se puede robar un pan, es perfectamente posible disimular una fortuna pero no hay modo de ocultar un salario.

ABC - Opinión

Antifranquismo. Del miedo a la memoria. Por José María Marco

Si se quiere romper con la maldición de la sospecha de franquismo, habrá que escenificar ese alejamiento con gestos que aclaren las responsabilidades de cada uno y dejen sin argumentos a quienes han utilizado esa sombra para adelantar posiciones políticas

No hay nada como las relaciones públicas. Así se ha demostrado de nuevo en Madrid, esta semana, en la cumbre que rubrica el fracaso de la presidencia europea de nuestro Rodríguez Zapatero. Lo más notable, aparte de la prepotencia con la que esta gente se pasea por las calles, ha sido la catarata de insultos con que algunos gerifaltes latinoamericanos han cubierto a sus anfitriones.

También anduvo por ahí Garzón, cacique global de los Derechos Humanos y la Justicia Universal, tan querido de los Kirschner y los Morales de aquel hemisferio, dechados a su vez de respeto a la legalidad y a la tolerancia, grandes ejemplos de sofisticación intelectual y refinamiento moral que deberíamos imitar como hace el juez estrella, espejo de antifranquistas maduros.

Seguramente la salida de Garzón para el Tribunal Internacional haya suscitado algún suspiro de alivio, sobre todo tras el bloqueo de la causa abierta contra Franco. Ahora bien, es posible que en La Haya, Garzón, con su colega el fiscal argentino que lo ha invitado, encuentre una plataforma más visible aún para cumplir su vocación de justiciero histórico en ruta a Copenhague. En la opinión internacional, el antifranquismo es considerablemente más popular que aquí. En un momento de crisis como este, reforzará además el narcisismo de buena parte de los occidentales, que podrán recrearse a su gusto, como hicieron varias veces a lo largo del siglo XX, en la imagen de una España atrasada, casi bestial, infectada de ultramontanismo y cuartelería. Ese es el pedestal sobre el que Garzón va a seguir levantando su efigie. No lo hará de carne humana, como decían que iban a hacer la estatua de Robespierre, porque el precio de la carne humana anda por las nubes. Aun así, los efectos son similares. Los insultos a España se venden bien.

La dimensión que puede adquirir la campaña de antifranquismo póstumo debería llevarnos a todos a reflexionar, de una vez por todas, sobre lo ocurrido en estos últimos treinta años. La Transición se pudo hacer porque se aceptó un principio muy sencillo: no se iba a utilizar la historia para hacer política, como se había hecho varias veces, y siempre con resultado catastrófico, en transiciones anteriores.

A pesar de esto, quedó un remanente histórico que afecta a las posiciones políticas: el centro derecha fue desde entonces el heredero del franquismo y la izquierda y los nacionalistas, los titulares de la legitimidad democrática. Aunque la Transición puso entre paréntesis la historia, la historia no se fue del régimen democrático, y menos aún se fueron la Guerra Civil y el franquismo. Siempre han estado ahí, de forma más o menos subterránea, a veces explícita, a veces sangrante. Rodríguez Zapatero y Garzón –que en realidad acaba de recobrar la libertad– la han devuelto al primer plano, de donde no va a ser desalojada con facilidad.

No lo desalojará, en cualquier caso, la obcecación en negar cualquier relación con el pasado. Resulta sorprendente, pero cuanto más se aleja la derecha política española de ese fantasma, cuanta más neutralidad quiere aparentar, más se acerca a él y más se le parece... Si se quiere de verdad romper con la maldición de la sospecha de franquismo, habrá que escenificar ese alejamiento con gestos y medidas concretas, inteligibles, que aclaren las responsabilidades de cada uno y dejen sin argumentos a quienes han utilizado esta sombra para adelantar posiciones políticas y, al final, para volver a poner en duda el resultado de la Transición. Hay cosas que siempre vuelven.

Libertad Digital - Opinión

Populismo fiscal

EL presidente del Gobierno sigue dando tumbos a la hora de afrontar la crisis económica ante una opinión pública crecientemente indignada por la falta de coherencia y la ineficacia de un Ejecutivo superado por las circunstancias.

Después del «tijeretazo» que castiga a 8,6 millones de funcionarios públicos y de pensionistas, llega la demagogia tributaria en forma de un impuesto para los «ricos». Como es notorio, se trata de una maniobra de distracción con el objetivo de hacer un guiño a la izquierda radical y disfrazar bajo un manto de populismo el decreto-ley aprobado el jueves, que supone el mayor recorte social en la historia de la democracia. La vicepresidenta Elena Salgado anuncia un impuesto de carácter temporal, concebido como una «contribución solidaria» a la lucha contra la crisis. De nuevo los bandazos constantes de Rodríguez Zapatero y los ministros crean una situación de incertidumbre que resulta incompatible con la confianza que necesita la economía española en una situación de emergencia. Ahora vuelve el voluntarismo sin sentido: la vicepresidenta asegura que no se llegará a los cinco millones de parados, pero la credibilidad del Gobierno en materia de predicción sobre las cifras del desempleo está bajo mínimos. En todo caso, la propia Salgado reconoce que el Ejecutivo es incapaz de saber qué impacto pueden tener las medidas ya aprobadas en materia de empleo, pero por si acaso anuncia una revisión a la baja de las previsiones sobre crecimiento económico.

En lugar de maniobras oportunistas, Rodríguez Zapatero tendría que abordar de una vez por todas la reforma estructural del mercado del trabajo que demandan los sectores más dinámicos de nuestro tejido empresarial y que los sindicatos bloquean una y otra vez en defensa de sus intereses específicos. Es inútil seguir cerrando los ojos a la realidad en nombre de ideologías sectarias y tácticas de corto plazo. La economía española exige un nuevo marco laboral, una reforma del sistema financiero y una actualización del modelo en materia de pensiones. Los sedicentes «ricos» no son el problema, y además es muy probable que la carga tributaria recaiga de nuevo sobre las clases medias y en general sobre todos aquellos cuyos ingresos son fácilmente controlables por Hacienda. Hace falta altura de miras y sentido de la responsabilidad; es decir, justamente lo que no tiene Rodríguez Zapatero, como ha demostrado con una gestión lamentable de la crisis.

ABC - Editorial

Responsables ante el recorte

Por más que esté justificada la indignación de los funcionarios y de los pensionistas, principales víctimas del tijeretazo, se espera de los agentes sociales y políticos que actúen con la responsabilidad y la solvencia moral que exige este crítico momento.

No se trata, como pretende el PSOE, de que expidan un cheque en blanco al Gobierno de Zapatero ni que agachen sumisos la cerviz ante el desastre causado por una política económica sin pies ni cabeza. Tampoco se trata de eximir de culpas a unos gestores económicos que de pertenecer a la empresa privada habrían sido despedidos hace ya meses por incompetentes. En una coyuntura de emergencia como ésta, de lo que se trata es de que los principales actores de la vida pública no causen más daños todavía con reacciones equivocadas, desmedidas o simplemente suicidas. Esto vale de manera especial para los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, cuyos dirigentes agitaron ayer la amenaza de la huelga general. No está claro cuánto hay de sinceridad en esta advertencia y cuánto de táctica ante una reforma laboral que se prevé conflictiva.

Sea como fuere, los sindicalistas cometerían una grave irresponsabilidad si llegaran a culminar sus amenazas. Primero, porque agravarían la precariedad económica y no aliviarían en nada el deterioro laboral. Y segundo, porque si el Gobierno socialista nos ha conducido hasta el precipicio es porque ha contado con el aplauso y la complicidad de los propios sindicatos. A CC OO y UGT, que se ufanaban de dictarle a Zapatero la política económica, más les valdría hacer examen de conciencia y pedir perdón a los trabajadores por haberse subido al carro del Gobierno y atacar despiadadamente a quienes, desde el PP o el Banco de España advertían, de los peligros que se avecinaban. Si el endeble equipo gobernante es culpable del desaguisado, también lo son los sindicalistas. Así que por respeto a los millones de obreros defraudados deberían medir mejor sus invectivas y amenazas de huelga general. En cuanto al principal partido de la oposición, el PP, no se le puede negar el derecho a la protesta y a la denuncia. Es un sarcasmo que el Gobierno y su coro mediático exijan ahora al partido popular que secunde unas medidas adoptadas de forma unilateral y cuando no hace ni un mes Zapatero le dio a Rajoy con la puerta del pacto en las narices. Los que estos días arrojan a la cara de los populares el sagrado valor del patriotismo para que apoyen al Gobierno son los mismos que hace un año los acusaban de «antipatrióticos» por alertar de la debacle a la que conducía la indolencia socialista. Por tanto, no se les puede reprochar a los dirigentes del PP que se resistan a convalidar unas medidas tomadas a sus espaldas y tras haberles negado en el Congreso el pan y la sal. A quienes corresponde apuntalar al Gobierno es aquellos que, a cambio de un plato de lentejas, han sido cómplices de unos delirantes Presupuestos: los nacionalistas y regionalistas, unos por activa y otros por pasiva. También ellos, como los sindicatos, han contribuido al hundimiento de las cuentas públicas por un déficit desbocado y deberían explicar a los votantes su cuota de responsabilidad.

La Razón - Editorial

ZP, callejón sin salida. Por Antonio Elorza

El mayor plan de ajuste de la democracia

En medio del temporal no es bueno cambiar la tripulación. Pero esa advertencia no debe hacer olvidar que, fiel a sí mismo, el presidente Zapatero ha evitado todo reconocimiento de la propia responsabilidad en lo ocurrido. La asignación de la autoría del recorte al ultimátum exterior le permite afirmar que se trató de una decisión dolorosa, ajena a sus convicciones. "Le ha costado mucho", explica José Blanco. Ojeras, vestido de oscuro, gesto grave. Compasión/severidad. Obama le consuela ingresando en la Alianza de Civilizaciones.

Como representación, no está mal. Solo que tal actitud resulta censurable, porque ha faltado algo fundamental: una explicación abierta a la opinión de las causas del fracaso y de las dimensiones de la actual caída de la economía española ¿Para qué está TVE? Por supuesto nadie ignora la incidencia de la crisis internacional, ni que fueron las instancias internacionales quienes forzaron el recorte. Pero resulta penoso tener que acudir a la lectura de este diario para apreciar la profundidad de nuestra sima, bordeando un "periodo especial". El discurso oficial se refugia en generalidades y en que toda Europa sufre y recorta lo mismo. Falso.

Además, si hemos llegado a ese punto, y con unas dimensiones tales que la situación española se convirtió en la principal amenaza para Europa, es porque desde hace dos años el Gobierno siguió una política económica que estuvo basada en la negativa a reconocer el alcance de nuestra crisis. Confió inútilmente en que llegara el tirón europeo e ignoró la primera de las cuatro reglas al asumir un crecimiento suicida del déficit. No se trató de errores parciales, sino de impericia, agravada por la práctica de una manipulación informativa que se manifestó desde el momento en que Zapatero decreta la inexistencia de la crisis en la primavera de 2008 e impone esa inexistencia a los suyos: recuerdo aún hace dos años en televisión a un profesor de probada lealtad, hoy cargo socialista madrileño, negando con insufrible prepotencia que pudiera hablarse de crisis y menos de recesión. Argumentario manda.

Un repaso a las declaraciones de Zapatero lo dice todo, desde la marcha triunfal de enero 2008 -después de la crisis del ladrillo-, cuando se vanagloriaba del sorpasso económico a Italia y esperaba alcanzar pronto a Alemania, siguiendo con la cascada de augurios optimistas, engañosos e infundados, para terminar con el coche eléctrico. Ese es ZP.

Hace tiempo que le dediqué dos artículos de títulos contradictorios: La insoportable levedad de un presidente y El bulldog (apelativo made in Suso de Toro). Ambas caracterizaciones siguen siendo válidas. Elegida una opción, con frecuencia de forma poco reflexiva, Zapatero traza una línea política que sobrevuela la realidad, la justifica con palabras seguras, se niega a considerar todo elemento negativo por importante que sea, y la mantiene a toda costa, salvo que una variable externa se lo impida (intransigencia de ETA en el "proceso de paz", Merkel-Obama ahora). Del bulldog destaca el empecinamiento al aferrar la presa, también la mala vista. Encubrir es otra cosa: veremos cuánto resulta "el cinco por ciento" funcionarial. Algo anticipó José Blanco... en La noria, para desdramatizar. Siempre maniobras.

Desde la "desaceleración" de 2008 hasta hoy Zapatero acumula medidas a borbotones, ahora una por semana, sin abordar nunca una visión de conjunto. Busca la línea de menor resistencia, funcionarios y pensionistas: ante el rechazo sindical, olvida la jubilación. Hasta ahora intocables las mayores rentas, caerán como otro parche imprescindible y para repintar la fachada progresista. Los bancos, felices en todo el proceso. ZP no piensa ni hace cuentas, decide. Ni socialdemocracia ni racionalización. Queda su gran habilidad para la maniobra. También la coraza de disciplina impuesta sobre el PSOE. Sustituirle será casi misión imposible. La defensa del propio liderazgo es para Zapatero un fin esencial, su fin.

En el PP se habla de elecciones, ahora indeseables. Sugerencia utópica: el PSOE ha de plantearse, en cuanto amaine, el relevo en el vértice. Una gestión equilibrada de la crisis, y los intereses del partido, de la izquierda, del país, no deben ser sacrificados a la ciega confianza en sí mismo de quien tanto yerra. Así como la debilidad de Rajoy es el pilar de la supervivencia de Zapatero, la obstinación de este abre la puerta a un PP que se distancia del conservadurismo eurooccidental por su complacencia en la propia corrupción, la tosquedad y unilateralidad de sus planteamientos económicos y, en fin, por la mentalidad agresiva exhibida tanto al ejercer la oposición como en la sórdida partida de caza al juez Garzón. ¿Qué hacer

El País - Edición impresa

No a la huelga de los liberados

A los sindicatos no les importa absolutamente nada el destino de los parados españoles. Les importa mantener sus privilegios y que el Gobierno obedezca a sus dictados ideológicos, aunque éstos nos lleven de cabeza al precipicio.

Siendo los sindicatos y sus liberados un auténtico lastre para la economía española, un residuo del siglo XIX enquistado por la glorificación de un "diálogo social" entre quienes no representan a los trabajadores y quienes no representan a los empresarios, lo deseable sería que convocaran una huelga general, fracasaran y fueran en lo sucesivo rigurosamente ignorados a la hora de decidir qué es lo mejor para los españoles. No merecen otra cosa, y nuestro país ganaría muchos enteros a la hora de enfrentarse con el negro futuro que parece esperarle.

Desgraciadamente, un resultado así resulta tan improbable que no podemos animarlos a que se suiciden, como sería deseable. Mal que nos pese, la decepción de unos socialistas que se creen de verdad las paparruchas sobre "derechos sociales" y la malvada derecha que siempre quiere acabar con ellos, así como el cabreo aún mayor de la derecha social con Zapatero y, sobre todo, los casi cinco millones de parados casi garantizan el éxito de la convocatoria. Pero rara vez una huelga general es buena para sacar un país adelante. En España no lo ha sido nunca.

Y es que para los sindicatos, lo malo, lo pérfido, aquello contra lo que hay que manifestarse y hacer huelgas, es la creación de empleo. Zapatero ha podido mantenerse con más de cuatro millones y medio de parados, pero eso era "social" y, por tanto, bueno. Zapatero se ha gastado nuestro dinero y el dinero que ganaremos durante los próximos años nosotros y nuestros hijos, pero eso también es "social". Los sindicatos españoles de clase, CCOO y UGT, son ambos de extrema izquierda, y la extrema izquierda es la ruina, económica y moral. El Gobierno que surgiese de las cenizas de Zapatero llegaría a hombros de una movilización de la extrema izquierda, por más que el grueso de los huelguistas no comulgue con ella. Y sería un Gobierno impelido a no reformar el mercado laboral, a aumentar el gasto que los izquierdistas llaman "social" y, en definitiva, a arruinar aún más el país.

En estas páginas hemos criticado duramente el doble rasero de unos sindicatos que le hicieron una huelga a Aznar por facilitar la creación de millones de puestos de trabajo, mientras callaban con el Zapatero del paro. Pero no porque consideremos que haya que convocarla, y menos ahora, sino por mostrar la siniestra contradicción entre lo que dicen defender y lo que realmente defienden.

De hecho, una de las mejores políticas sociales que podría acometer el Ejecutivo es eliminar inmediatamente todas las subvenciones que reciben los sindicatos. De este modo, cuando convoquen la huelga general, podrá acusarles de hacerlo porque no quieren "arrimar el hombro" y prefieren mantener sus privilegios a ayudar a que España salga del hoyo en el que se ha metido. Por una vez, sería una acusación justa.

A los sindicatos no les importa absolutamente nada el destino de los parados españoles. Les importa mantener sus privilegios y que el Gobierno obedezca a sus dictados ideológicos, aunque éstos nos lleven de cabeza al precipicio. No tienen autoridad moral para convocar a nadie y, por más tentadora que resulta la idea, los españoles indignados con Zapatero no deberían hacer huelga. Porque con unos sindicatos aún más radicales que el presidente, ir a cualquier movilización que convoquen es apoyar lo peor de la izquierda gobernante, la que nos ha llevado a esta situación.

Libertad Digital - Editorial

Garzón nunca investigó crímenes franquistas. Por Andrés de la Oliva Santos

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano.

Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.

Pero lo asombroso de este asunto, con todas sus deplorables consecuencias, es que se opina sobre una actividad judicial de don Baltasar Garzón Real que, lisa y llanamente, no ha existido. Se ha inventado esa actividad. Y lo inventado tiene muy poco que ver con la realidad del proceso iniciado y finalizado por Garzón, que le ha conducido a verse imputado por prevaricación.

Aquí no voy a entrar ni en la aplicabilidad de la Ley de amnistía de 1977 ni en la prescripción de delitos ni en la irretroactividad de las leyes penales ni en las reglas admisibles, o no, para el ejercicio de la llamada «jurisdicción universal» o de la «justicia penal internacional». Por encargo de una revista jurídica, me tomé hace tiempo el trabajo de conocer, ante todo, la realidad del pretendido proceso de Garzón sobre crímenes franquistas. Y lo que aquí encontrarán de inmediato es esa realidad, que contrasta brutalmente con lo que se está diciendo, incluso por medios de comunicación, como los citados, que, en principio, son considerados fiables. En esto, esos medios han escrito frívolamente y de oídas, respaldando mentiras.

El limitado espacio me obliga a ser esquemático. De modo que resumiré la realidad en varios puntos:

1º) El famoso proceso de Garzón comienza en diciembre de 2006 al recibir unas denuncias de «desapariciones forzadas». Se trataría de delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero del detenido (art. 166 del Código Penal).

2º) Durante año y medio, Garzón no lleva a cabo investigación alguna de esas desapariciones ni ninguna otra actividad investigadora. Al cabo de esos 18 meses, ya en el año 2008, por resoluciones del día 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008, Garzón solicita a innumerables entidades información sobre otras posibles desapariciones y sobre inhumaciones o enterramientos colectivos en toda España. Continúa la ausencia de investigaciones sobre las concretas desapariciones denunciadas. Esas desapariciones se podrían considerar, es verdad, probables «crímenes del franquismo». Pero no las investiga.

3º) Por Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón introduce en el proceso iniciado en diciembre de 2006 un nuevo hecho, que es, según los términos de ese Auto, el «Alzamiento Nacional». Lo considera un delito contra los Altos Organismos de la Nación. En consecuencia, se declara competente. Siempre en el mismo Auto, Garzón señala, con nombres y apellidos, a una treintena larga de personas como responsables de ese delito. Siempre en el mismo Auto, afirma, por dos veces, que es notorio que todas esas personas han fallecido y anuncia ya que, una vez reciba los certificados de defunción que pide (aunque la ley establece que los hechos notorios no necesitan prueba), declarará extinguida la responsabilidad de esas personas.

Tras el Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón hubiera podido intentar siquiera investigar hechos de apariencia delictiva conexos con el «Alzamiento Nacional» y posteriores a él. No sólo no lo hizo, sino que su planteamiento en ese Auto fue ya de inmediato «carpetazo».

4º) En efecto: un mes y dos días después, el 18 de noviembre de 2008, Garzón dicta otro Auto en el que, recibidos los certificados de defunción, 1º) Declara extinguidas las responsabilidades penales de los por él declarados protagonistas del «Alzamiento Nacional»; 2º) Se declara incompetente para seguir conociendo del proceso que él había iniciado. Casi dos años después de las primeras denuncias de «desapariciones forzadas» reconoce Garzón (no se lo impone nadie: nadie le arrebata su proceso) que los delitos de detención ilegal no están entre los que resultan de su competencia según los arts. 88 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (obviamente, eso podía y debía haberlo resuelto en diciembre de 2006).

5º) De lo anterior deriva: a) Que las desapariciones forzadas, en general, han sido objeto de la actividad judicial de Garzón durante algo más de dos meses (ni un solo día si hablamos de las desapariciones concretamente denunciadas). Lo que en cierto momento (agosto de 2008) pretende Garzón es información sobre otras exhumaciones en marcha o planeadas, para controlarlas todas desde el Juzgado Central de Instrucción nº 5; b) La actividad judicial de Garzón respecto del «Alzamiento Nacional» dura un mes y dos días; c) En ningún momento se investigan por Garzón ni «crímenes del franquismo» en general ni algún crimen en particular en el curso del «Alzamiento Nacional, hecho distinto del franquismo» resultante, que, contando a partir de 1939, dura 36 años más.

Así han sido las cosas. Dejando a un lado la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de delitos y la cuestión de la aplicabilidad a unos hechos de preceptos penales muy posteriores a ellos (retroactividad de la ley penal no favorable) y dejando aparte igualmente si la Justicia penal internacional o sobre «crímenes contra la humanidad» debe seguir tales o cuales reglas, ciertos hechos -que son resoluciones escritas- no se deberían discutir y no debieran inventarse otros muy distintos para sustituir a los reales.

La justa causa de quienes deseaban y aún desean conocer dónde se encuentran enterrados sus familiares o amigos, ¿en qué se benefició a causa de resoluciones judiciales dictadas por Garzón? A mi entender, en nada. ¿Qué concreto (presunto o real) crimen del franquismo fue objeto de una actuación judicial de Garzón? De los papeles del proceso surge esta obligada respuesta: ninguno. Garzón despertó esperanzas que quedaron insatisfechas y movilizó recursos económicos y esfuerzos de gran número de personas, con un único resultado objetivo: miles de páginas y miles de minutos en radio y TV con don Baltasar Garzón como protagonista.

Entiendo que haya quienes se encuentren a disgusto con la Transición, con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución vigente. Lo que no entiendo ni acepto es que ese disgusto conduzca a falsear el proceso conducido por Garzón, que nada tuvo de heroico y casi todo de antijurídico simplemente en lo procesal. Y la opinión pública -también aquella en la que influyen los medios extranjeros citados- merece saber que, contra lo que se ha repetido machaconamente, nunca Garzón investigó judicialmente los «crímenes del franquismo».

ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Complutense

ABC - Opinión