LA PAZ DE RODRÍGUEZ.
Dije en otra ocasión que el "rojo" presidente del gobierno actual tiene bastantes cosas en común con Hitler. Por los años 20 y 30, los rojos trataban de asaltar las democracias "burguesas" para instaurar dictaduras de izquierda.
Lo intentaron en muchos países, entre ellos España, en 1934. Los nacionalsocialistas o nazis, al contrario, utilizaron el sistema de libertades para alcanzar el poder y, una vez en él, demoler la democracia. En 1934, el PSOE combinó el asalto armado a la república con algunas tácticas nazis, y lo hizo deliberadamente, como sabrá quien haya leído Los orígenes de la guerra civil. Pero es evidente que el ensayo más completo ha sido el actual. Desde el poder, Rodríguez y los suyos se han aplicado a liquidar la legalidad, vaciando de toda sustancia las instituciones, hundiendo el espíritu de reconciliación que caracterizó el comienzo de la actual democracia y poniendo en riesgo creciente la unidad de España. Proceso cuyos frutos envenenados percibe cada día todo aquel que no quiera cerrar los ojos y sobre el que he hablado abundantemente, por lo que no voy a extenderme ahora. Esta forma de ejercer el poder ilegitima tanto a Hitler como a Rodríguez, pese a haber llegado al gobierno de modo formalmente legal.
Otra semejanza entre los dos personajes es su afición a llenarse la boca con la palabra "paz". Pues las agresiones de Hitler se perpetraron bajo el lema y cobertura de la paz, la autodeterminación y similares, y los desmanes del actual presidente siguen la misma tónica.
Hay una tendencia inconsciente a creer que las palabras invocadas por los políticos reflejan la verdad de sus creencias y prácticas, pero en muchos casos la verdad es la contraria. Ya en la oposición patrocinó Rodríguez el Rojo la toma, a menudo violenta, de la calle, con destrozos de mobiliario urbano, asalto a supermercados y a sedes del PP, etc. Su llegada al poder vino inmediatamente precedida de una explotación indecente, violenta, embustera y golpista de la matanza del 11-m. Y seguida de la recompensa a los presuntos autores de la masacre mediante la retirada de tropas que en Irak ayudaban a los irakíes contra asesinos parecidos a los de Madrid, fueran estos islamistas o no.
Con motivo de los chanchullos del gobierno en el caso del Alakrana, Rodríguez ha acusado a sus críticos de querer resolver los conflictos por medio de la fuerza y no de la negociación. Pero hay formas legítimas e ilegítimas de emplear la fuerza, y negociaciones legítimas y otras que pueden ser criminales. Así, por ejemplo, la negociación con los asesinos de la ETA a costa de la legalidad, de las víctimas, de la unidad de España, es solo una criminal colaboración con el terrorismo que justifica y premia el asesinato como forma de hacer política. ¿Dónde está ahí el carácter pacífico de la política del Rojo? Y sin embargo, en el colmo de la infamia, ha bautizado esa colaboración como "proceso de paz".
Así, la política de subvencionar generosamente el desenterramiento de viejos odios a base de falsificar la historia, ¿qué tiene que ver con la paz? Tanto como el propio gobierno con la honestidad o la libertad. Nada de pacífica tiene, asimismo, su "alianza de civilizaciones", como bautiza su apoyo a tiranías como la de Castro y muchas otras de izquierdas. Y nada de pacífica, sino de muy alarmante para el futuro, tiene su apoyo tácito a las infracciones legales de los nacionalistas catalanes, que, como en verano de 1934, se han situado ya al margen de la ley, o del residuo de ella.
Una sociedad, compuesta de tendencias, intereses e ideas contradictorias, se mantiene en pie gracias a la ley. En 1934 y 1936, las izquierdas destruyeron la legalidad de la república y ello ocasionó la guerra civil. Hoy asistimos a un proceso similar, cuyo desenlace ignoramos, pero que solo puede ser desastroso. Si no es detenido a tiempo, algo que el PP ha renunciado a hacer.
ANTE UN GOBIERNO ILEGÍTIMO
Recordaré los puntos que hacen ilegítimo al gobierno español actual. Para empezar, su origen está estrechamente ligado a la mayor matanza terrorista perpetrada en Europa. Y no porque ella aumentase la votación a su favor (Rajoy había perdido gran parte de la ventaja con que había emprendido la campaña electoral), sino por la explotación violenta, calumniosa y demagógica que hizo el PSOE de la matanza y el premio que a continuación dio al terrorismo islámico, supuesto perpetrador de la misma. Pero en el ejercicio del gobierno, Rodríguez y los suyos han ido mucho más allá. Su llamado "diálogo" con los asesinos etarras ya era de por sí ilegal, y aumentaba su ilegalidad al convertirse en franca colaboración con la ETA, a la cual entregó reconocimiento nacional e internacional, dinero, sabotaje a la persecución judicial, reducción drástica de la persecución policial, silenciamiento de las víctimas y, sobre todo, el estatuto catalán, clamorosamente contrario a la Constitución.
Solo estas fechorías –coherentes con el nefasto historial del PSOE, causante principal de la Guerra Civil– muestran la clase de partido que está en el poder, y lo deslegitiman. Pero ha ido aún más allá con su ley llamada de memoria histórica, en realidad de exaltación de la cheka. Dicha ley tiene un doble objeto: por una parte, legitima a los asesinos del terror izquierdista antes y durante la guerra civil, y también, cómo no, a los etarras, presentando a unos y otros como "víctimas", igualándolos a los inocentes que también cayeron en la represión de derechas. Es difícil imaginar una ley más infame, amparadora del crimen, una ley contra el más elemental sentido de la justicia, que califica plenamente a sus promotores.
El segundo objetivo de la ley es la deslegitimación radical del franquismo, y por ello de cuanto procede de él, es decir, la democracia y la monarquía. Esa ley anula el espíritu y la letra de la transición, así como la reconciliación alcanzada bajo aquel régimen, que permitió, precisamente, la evolución relativamente tranquila a una relativa democracia. Esa ley pesa como la mayor amenaza involutiva sobre nuestra convivencia en libertad, unida a la corrosión de la independencia judicial y al arruinamiento de la Constitución por medio de hechos consumados. Ruina en la que colabora el PP de Rajoy.
Durante años, la mayor parte de la gente ha preferido cerrar los ojos ante estos desmanes o buscarles atenuantes. Pero admitirlos es admitir la bananización de la democracia alcanzada en la transición, democracia defectuosa pero en vías de enmendarse por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es admitir que la política se convierta en una especie de patio de Monipodio, en el que la ley solo sirva como motivo de irrisión.
¿Qué puede hacer el ciudadano? Un gobierno ilegítimo, en vías de transformarse en régimen gracias a una seudo oposición, puede y debe ser resistido por aquellos para quienes la libertad política significa algo. José Alcaraz, presidente de la AVT antes de que el PP de Rajoy la redujera a la impotencia, habla a menudo de "rebelión cívica". Esbozos de tal rebelión fueron las masivas manifestaciones de hace unos años, que Rajoy, una vez más, se encargó de anular. Los ciudadanos tienen dos vías: o someterse quejumbrosamente u organizarse a distintos niveles y con objetivos parciales. Pero además es preciso pasar de la mera crítica y elaborar un programa de regeneración democrática que oponga a la demagogia y confusionismo hoy reinantes un análisis preciso de la situación y unas medidas claras y sencillas para corregir las derivas de estos años. Como dije, el mayor delito del actual gobierno fue transformar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en pacto con el terrorismo y los separatismos contra las libertades y la integridad nacional. Aquel Pacto marca la orientación general, y debe desarrollarse.
Libertad Digital
Dije en otra ocasión que el "rojo" presidente del gobierno actual tiene bastantes cosas en común con Hitler. Por los años 20 y 30, los rojos trataban de asaltar las democracias "burguesas" para instaurar dictaduras de izquierda.
Otra semejanza entre los dos personajes es su afición a llenarse la boca con la palabra "paz". Pues las agresiones de Hitler se perpetraron bajo el lema y cobertura de la paz, la autodeterminación y similares, y los desmanes del actual presidente siguen la misma tónica.
Hay una tendencia inconsciente a creer que las palabras invocadas por los políticos reflejan la verdad de sus creencias y prácticas, pero en muchos casos la verdad es la contraria. Ya en la oposición patrocinó Rodríguez el Rojo la toma, a menudo violenta, de la calle, con destrozos de mobiliario urbano, asalto a supermercados y a sedes del PP, etc. Su llegada al poder vino inmediatamente precedida de una explotación indecente, violenta, embustera y golpista de la matanza del 11-m. Y seguida de la recompensa a los presuntos autores de la masacre mediante la retirada de tropas que en Irak ayudaban a los irakíes contra asesinos parecidos a los de Madrid, fueran estos islamistas o no.
Con motivo de los chanchullos del gobierno en el caso del Alakrana, Rodríguez ha acusado a sus críticos de querer resolver los conflictos por medio de la fuerza y no de la negociación. Pero hay formas legítimas e ilegítimas de emplear la fuerza, y negociaciones legítimas y otras que pueden ser criminales. Así, por ejemplo, la negociación con los asesinos de la ETA a costa de la legalidad, de las víctimas, de la unidad de España, es solo una criminal colaboración con el terrorismo que justifica y premia el asesinato como forma de hacer política. ¿Dónde está ahí el carácter pacífico de la política del Rojo? Y sin embargo, en el colmo de la infamia, ha bautizado esa colaboración como "proceso de paz".
Así, la política de subvencionar generosamente el desenterramiento de viejos odios a base de falsificar la historia, ¿qué tiene que ver con la paz? Tanto como el propio gobierno con la honestidad o la libertad. Nada de pacífica tiene, asimismo, su "alianza de civilizaciones", como bautiza su apoyo a tiranías como la de Castro y muchas otras de izquierdas. Y nada de pacífica, sino de muy alarmante para el futuro, tiene su apoyo tácito a las infracciones legales de los nacionalistas catalanes, que, como en verano de 1934, se han situado ya al margen de la ley, o del residuo de ella.
Una sociedad, compuesta de tendencias, intereses e ideas contradictorias, se mantiene en pie gracias a la ley. En 1934 y 1936, las izquierdas destruyeron la legalidad de la república y ello ocasionó la guerra civil. Hoy asistimos a un proceso similar, cuyo desenlace ignoramos, pero que solo puede ser desastroso. Si no es detenido a tiempo, algo que el PP ha renunciado a hacer.
ANTE UN GOBIERNO ILEGÍTIMO
Recordaré los puntos que hacen ilegítimo al gobierno español actual. Para empezar, su origen está estrechamente ligado a la mayor matanza terrorista perpetrada en Europa. Y no porque ella aumentase la votación a su favor (Rajoy había perdido gran parte de la ventaja con que había emprendido la campaña electoral), sino por la explotación violenta, calumniosa y demagógica que hizo el PSOE de la matanza y el premio que a continuación dio al terrorismo islámico, supuesto perpetrador de la misma. Pero en el ejercicio del gobierno, Rodríguez y los suyos han ido mucho más allá. Su llamado "diálogo" con los asesinos etarras ya era de por sí ilegal, y aumentaba su ilegalidad al convertirse en franca colaboración con la ETA, a la cual entregó reconocimiento nacional e internacional, dinero, sabotaje a la persecución judicial, reducción drástica de la persecución policial, silenciamiento de las víctimas y, sobre todo, el estatuto catalán, clamorosamente contrario a la Constitución.
Solo estas fechorías –coherentes con el nefasto historial del PSOE, causante principal de la Guerra Civil– muestran la clase de partido que está en el poder, y lo deslegitiman. Pero ha ido aún más allá con su ley llamada de memoria histórica, en realidad de exaltación de la cheka. Dicha ley tiene un doble objeto: por una parte, legitima a los asesinos del terror izquierdista antes y durante la guerra civil, y también, cómo no, a los etarras, presentando a unos y otros como "víctimas", igualándolos a los inocentes que también cayeron en la represión de derechas. Es difícil imaginar una ley más infame, amparadora del crimen, una ley contra el más elemental sentido de la justicia, que califica plenamente a sus promotores.
El segundo objetivo de la ley es la deslegitimación radical del franquismo, y por ello de cuanto procede de él, es decir, la democracia y la monarquía. Esa ley anula el espíritu y la letra de la transición, así como la reconciliación alcanzada bajo aquel régimen, que permitió, precisamente, la evolución relativamente tranquila a una relativa democracia. Esa ley pesa como la mayor amenaza involutiva sobre nuestra convivencia en libertad, unida a la corrosión de la independencia judicial y al arruinamiento de la Constitución por medio de hechos consumados. Ruina en la que colabora el PP de Rajoy.
Durante años, la mayor parte de la gente ha preferido cerrar los ojos ante estos desmanes o buscarles atenuantes. Pero admitirlos es admitir la bananización de la democracia alcanzada en la transición, democracia defectuosa pero en vías de enmendarse por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es admitir que la política se convierta en una especie de patio de Monipodio, en el que la ley solo sirva como motivo de irrisión.
¿Qué puede hacer el ciudadano? Un gobierno ilegítimo, en vías de transformarse en régimen gracias a una seudo oposición, puede y debe ser resistido por aquellos para quienes la libertad política significa algo. José Alcaraz, presidente de la AVT antes de que el PP de Rajoy la redujera a la impotencia, habla a menudo de "rebelión cívica". Esbozos de tal rebelión fueron las masivas manifestaciones de hace unos años, que Rajoy, una vez más, se encargó de anular. Los ciudadanos tienen dos vías: o someterse quejumbrosamente u organizarse a distintos niveles y con objetivos parciales. Pero además es preciso pasar de la mera crítica y elaborar un programa de regeneración democrática que oponga a la demagogia y confusionismo hoy reinantes un análisis preciso de la situación y unas medidas claras y sencillas para corregir las derivas de estos años. Como dije, el mayor delito del actual gobierno fue transformar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en pacto con el terrorismo y los separatismos contra las libertades y la integridad nacional. Aquel Pacto marca la orientación general, y debe desarrollarse.
