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El carrusel de improvisaciones de la política económica socialista vivirá hoy un nuevo episodio. Aunque el oscurantismo ha caracterizado las nuevas decisiones de Economía, el Consejo de Ministros puede recuperar hoy el Impuesto de Patrimonio, algo que ya fue sugerido por la vicepresidenta Elena Salgado y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La reactivación del Impuesto de Patrimonio es otra prueba de la política errática del Gobierno, pero, sobre todo, constituye un fenomenal error motivado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de cumplir con el objetivo de déficit del 6% pactado con Europa debido a su renuncia a cortar por lo sano en el gasto superfluo del Estado y su incapacidad para contener los excesos autonómicos.
Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.
Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.
El Impuesto de Patrimonio es fundamentalmente injusto por gravar rentas y activos que han sido afectados por otros instrumentos como el IVA y el IRPF, y como casi todo incremento impositivo resulta también un freno para la recuperación al penalizar el ahorro y la inversión. La medida tiene además tintes populistas que el candidato socialista se ha encargado de explotar. Lejos del discurso demagógico de la izquierda, no es un impuesto para los ricos porque las grandes fortunas disponen de sofisticadas soluciones para esquivar el pago.
Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.
Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.
La Razón - Editorial
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