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La calma dinamitada por unas elecciones fraudulentas ha vuelto a las calles de Teherán. La represión del régimen teocrático adopta ahora formas más específicas, de purga. Se detiene a centenares de activistas, a ciudadanos corrientes, a periodistas o defensores de los derechos humanos, se intimida, se cortan las comunicaciones. Los medios al servicio del poder viran hacia registros tan burdos como supuestas confesiones de agentes extranjeros.
Los ultraconservadores presentan sin ningún pudor la revuelta que siguió al 12 de junio, que llegó a sacar la calle a dos millones de personas y se cobró una veintena de vidas, como un compló de Occidente para imponer en Irán una revolución de terciopelo. Por ese camino fue la detención de miembros de la Embajada británica y la amenaza de juzgarlos, que motivó la llamada a consultas de los embajadores iraníes ante la UE.
Mahmud Ahmadineyad, el extremista abrumadoramente reelegido, mantiene el cargo después de que el Consejo de los Guardianes, a las órdenes del sumo sacerdote Alí Jamenei, decretara finalmente que la votación fue transparente. Pero no cuenta con todas las bendiciones: una de las principales asociaciones de ulemas, la de Qom, ha cuestionado el resultado de las elecciones, y en las calles ha perdido la legitimidad, que es la del régimen que le ampara, a los ojos de millones de iraníes.
El Irán de hoy ya no es el de hace tres semanas, aunque las consecuencias de ese cambio afloren con ritmo diferente del vértigo occidental. El 12 de junio no sólo ha liquidado el mito de un poder revolucionario y teocrático por consenso. Ha abierto también un foso, que tiene mucho de generacional, entre quienes se sienten engañados -y arriesgaron o perdieron sus vidas en las protestas- y sus gobernantes. La grieta se extiende a la propia vieja guardia de la revolución jomeinista.
Algunos de sus notables adscritos al campo reformista, caso de los ex presidentes Jatamí o Rafsanyani, proclaman su lealtad a la República Islámica y desaconsejan la continuación de las protestas mientras intentan negociar un compromiso. En la medida en que la votación fue una lucha por el poder entre facciones, han sido los halcones del régimen, no los acusados de reformistas, los auténticos instigadores de la gran crisis.
El argumento central en torno al que gira el proceso iraní es la normalización con EE UU, un paso decisivo por sus consecuencias de toda índole para un régimen que se mantiene desde hace treinta años en la autarquía política. Ni Jamenei, ni Ahmadineyad, ni el aparato que los cobija estaban dispuestos a que las urnas encargaran a un moderado, aunque fuera un tibio como Musaví, romper el gran tabú.
Barack Obama necesitará ahora un cuidado exquisito para que su planeada apertura a Teherán no sea vista como una traición a quienes tanto arriesgaron en nombre del más elemental mandato democrático y a su reivindicación de que sus votos fueran contados limpiamente.
El País - Editorial
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