ETA en su callejón

La banda trata de sondear con una declaración ambigua la posibilidad de una negociación política.

"ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas", dice la declaración difundida ayer por la banda. No dice que declara una tregua, pero se supone que si está en ella hace meses, seguirá estándolo hasta nuevo aviso. Por tanto, hay tregua, aunque tampoco dice que sea permanente, como sí dijo (y no cumplió) en la de 2006, o indefinida, como en la de Lizarra. Y limita el alto el fuego a acciones "ofensivas", una cautela que otras veces ha significado que se reserva el derecho a realizar acciones "defensivas" (como asesinar a un gendarme en el curso de un atraco a mano armada).

El anuncio de alto el fuego figura inmediatamente detrás de un párrafo en el que ETA muestra su disponibilidad para "acordar" con el Gobierno "los mínimos democráticos para emprender el proceso democrático". Esa expresión, proceso democrático, es la que viene utilizando ETA desde finales de los ochenta como contraposición a la de "proceso de paz". Y su significado es, según explicaba en su boletín Zutabe número 110, el de un "tránsito" del actual marco político "impuesto" a uno "basado en la autodeterminación y la territorialidad": los dos ejes de su programa. ETA plantea, por tanto, que el Gobierno negocie y acuerde con ella las reivindicaciones en nombre de las cuales ha asesinado a 828 personas.

También Batasuna habla de proceso democrático como alternativo a proceso de paz. Pero así como los de Otegi han acabado sosteniendo que el primer paso tiene que ser la tregua permanente y verificable de ETA, como les ha aconsejado el mediador Brian Currin, la banda evita cualquier compromiso temporal y condiciona la aceptación de la verificación internacional a la apertura de una negociación con el Gobierno central, según fuentes nacionalistas.

Que ETA acceda a hablar de alto el fuego es, con todo, una muestra de que sus jefes son sensibles a las presiones de los de Batasuna y los mediadores internacionales en favor de un cese de la violencia que les permita participar en las elecciones. Con su ambigua declaración, ETA pretende seguramente sondear la capacidad de resistencia del Gobierno, los partidos y la opinión pública. Si percibe alguna disponibilidad a ceder o al menos a negociar, o síntomas de división al respecto, considerará ganada la partida. Se demostrará la utilidad política de la lucha armada, y hará ver a Otegi y compañía quién manda en la izquierda abertzale.

La contradicción entre el interés de Batasuna en participar en las elecciones y el de ETA en que sigan mandando las pistolas, latente ya en el momento de ruptura de la tregua, ha aflorado tiempo después por las siguientes razones: la firmeza judicial contra el brazo político, avalada en términos inequívocos por Estrasburgo; la eficacia policial contra ETA; la negativa a negociar compartida por Gobierno y oposición; la desconfianza hacia ese mundo de un PNV escarmentado.

Los de Otegi saben que sin retirada de ETA seguirán marginados de la vida política institucional, y los de ETA que sin brazo político se quedarán sin pueblo al que salvar. Resta hacer comprender a Batasuna que en ningún caso, diga lo que diga ETA, va a haber un final con negociación de contrapartidas políticas. Si ETA no ha atentado en España en un año no es principalmente por sus debilidades organizativas, sino por esa posibilidad de ruptura. Pero si Rubalcaba hubiera oído los cantos de sirena de quienes le invitaban a reanudar la negociación cuanto antes, no se hubiera producido esa evolución de los jefes de Batasuna. Razón de más para que el Gobierno no modifique su estrategia.

El País - Editorial

Una tregua para salvar a Zapatero y liquidar el Estado de Derecho

Nunca antes el Gobierno encargado de combatir a ETA se había encontrado en una posición de debilidad tal que creyera que sus únicas opciones de supervivencia pasaban por arrojarse a los brazos de la banda terrorista.

Como ya viene siendo tradición en nuestra democracia, ETA ha vuelto a declarar una tregua-trampa al estar atravesando unos momentos de extrema debilidad en los que necesita tomar oxígeno y reorganizarse. No debería de extrañar a nadie, pues para nuestra desgracia hemos podido aprender durante más de medio siglo cómo combatir eficazmente a ETA y qué respuesta dar a sus taimadas propuestas de negociación: seguir persiguiéndola sin cuartel justo ahora cuando nos está indicando que se encuentra asfixiada.

Sin embargo, en el caso de la actual tregua-trampa existe una novedad frente a las anteriores que puede marcar de manera negativa su desarrollo: nunca antes el Gobierno encargado de combatir a ETA se había encontrado en una posición de debilidad tal que creyera que sus únicas opciones de supervivencia pasaban por arrojarse a los brazos de la banda terrorista. No es que en el anterior "proceso de paz" Zapatero no estuviera dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que la solución policial preconizada por Aznar –la única válida y eficaz, la de la supremacía del Estado de Derecho– era errónea y que el "conflicto vasco" debía resolverse vía negociación (entiéndase cesión); pero, aún así, el futuro político de Zapatero no dependía de que ETA dejara las armas. En aquel momento se trataba de un capricho del presidente –y por eso fue posible que la rebelión cívica lo abortara–, ahora, en cambio, se ha convertido en una necesidad existencial.

La apuesta del Gobierno es arriesgada, pero sabe que no tiene nada que perder y piensa que sí tiene algo que ganar: si es capaz de presentar ante los españoles un principio de acuerdo de paz con ETA, tal vez los ciudadanos olviden su desastrosa gestión económica y le premien en las urnas.

Las exigencias de los terroristas no han variado ni un ápice desde su creación: de entrada, cese de las operaciones policiales contra la banda, nuevos beneficios penitenciarios para sus presos y sobre todo el regreso de su entramado político a las instituciones públicas; y una vez asegurada su supervivencia organizativa y económica, la independencia de facto del País Vasco con la anexión de Navarra. Las mismas razones por las que hemos rechazado siempre cada uno de estos puntos nos sirven para seguir rechazándolos a día de hoy.

Su aceptación no sólo sería una rendición de la democracia ante el terrorismo, sino todo un insulto a sus víctimas, que ya temen con razón que al final su impagable sacrificio en defensa de nuestro Estado de Derecho resulte inútil; inútil porque Zapatero está dispuesto a servirles la Nación en bandeja de plata a los terroristas con tal de mantenerse en el poder al frente de lo que quede de España en 2012.

ETA sabe que Zapatero es preso de su pliego de condiciones y por eso ni siquiera han intentado aparentar en su comunicado que tengan la más mínima predisposición a facilitar su desaparición: declaran el alto el fuego de las "acciones armadas ofensivas", cuando la propia ETA siempre ha justificado los atentados, dentro de su delirante jerga, como acciones defensivas frente a la opresión del Estado español.

Ni siquiera intentan aparentar buena voluntad porque son conscientes de que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. La banda se encuentra débil, pero el Gobierno lo está mucho más. De hecho, a estas alturas es muy posible que los acuerdos con el Ejecutivo ya estén más que cocinados, pues la propia ETA reconoce en su comunicado que tomó la decisión de declarar la tregua-trampa hace meses, justo cuando Mayor Oreja denunció, entre ignominiosos insultos del PSOE e intestino desdén del PP, que el "diálogo" se habían reanudado.

De ser esto cierto, ahora sólo restaría vender con éxito a la opinión pública el resultado de este soterrado proceso de negociación; una empresa que, por desgracia, le puede resultar al PSOE más fácil de lograr que en 2006, pues desde entonces el Gobierno ha logrado desactivar la oposición de las asociaciones de víctimas del terrorismo, la de los principales medios de comunicación e incluso la del Partido Popular de Rajoy.

Zapatero está desesperado por cerrar, aunque sea en falso, esta ronda de negociaciones y para ello contará con la colaboración activa de la parte más servil de la sociedad española. Nosotros, como no podría ser de otro modo, nos mantendremos firmes donde siempre hemos estado: defendiendo el Estado de Derecho, la Constitución, la libertad y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros continuaremos informando sobre la verdad.

Libertad Digital - Editorial

Solo la rendición

Cuando ETA quiera dejar la violencia no tendrá más que entregar sus arsenales, desmantelar su red de «zulos», devolver el dinero de la extorsión y, sobre todo, pedir perdón a las víctimas y entregarse a la Justicia.

EN su boletín interno («Zutabe») de abril de 2003, la organización terrorista ETA describía sus decisiones de alto el fuego como «instrumento político y militar para utilizar a su antojo». Estos rasgos han sido los decisivos de todas las treguas anunciadas por ETA, confirmándose por la experiencia histórica que los ceses temporales o indefinidos de la violencia siempre los han puesto los terroristas al servicio de sus objetivos estratégicos. Así sucedió en las dos últimas treguas, con las que ETA pretendía respaldar proyectos políticos que la legitimaban como interlocutor institucional. El primero fue el Pacto de Estella, con el Partido Nacionalista Vasco, en 1998. El segundo, la negociación política con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, pactada clandestinamente por los socialistas con el entramado ilegalizado de Batasuna, primero, y con ETA de forma directa, después.

ETA anunció ayer que «hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas», lo que algunos podrían interpretar como un alto el fuego que vendría a ser la respuesta a la petición que, en tal sentido, le han venido haciendo la izquierda «abertzale» y, más recientemente, el nuevo polo soberanista formado por Eusko Alkartasuna y Batasuna en un documento sobre condiciones para un proceso de pacificación. La contundencia de los golpes policiales recibidos en los últimos meses y la proximidad de las elecciones municipales y forales en el País Vasco podrían ser los argumentos de fondo de ETA para plantear ahora este cese difuso de la violencia. Pero no hay que ver espejismos en el documento etarra: sigue diciendo lo mismo que en los últimos cuarenta años, porque vincula su violencia a la supuesta negación de derechos al pueblo vasco; y, a la inversa, condiciona la paz a la autodeterminación. Necesitada de un margen de recuperación y con una base social confundida sobre estrategias y objetivos, ETA retoma la vieja fórmula de trasladar al Estado la carga del alto el fuego, mientras busca en el extranjero una caja de resonancia para sus pretensiones. Paralelamente, ETA es consciente de que su definitiva expulsión de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra taponaría una vía de penetración y propaganda en la sociedad vasca.

Los terroristas contaron ayer una historia que ya conoce bien la sociedad española. El verdadero problema es que tras ese comunicado haya algo oculto, como en el período 2005-2007. Una vez más, lo que realmente importa no es tanto lo que haga ETA sino la respuesta que dé el Gobierno. Respuesta que debe comenzar por dejar claro que no hay posibilidad alguna de negociar ni de dialogar con ETA. Respuesta que debe incluir el compromiso de la Fiscalía General del Estado con el principio de legalidad, y no la conveniencia política. Es más, si Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba son coherentes con sus palabras, la mejor reacción del Gobierno sería la negación absoluta de cualquier valor político a este nuevo anuncio de ETA. Una recaída en el error de la negociación política con ETA pondría al Gobierno en una posición de ruptura definitiva con la sociedad española y con el Partido Popular. No ha perdido vigencia el aviso que hizo Mariano Rajoy en 2006 de que nunca aceptaría los acuerdos que el Gobierno socialista alcanzase con los terroristas. Es mejor pensar que ETA se ha movido por directrices propias, acuciada por el advenimiento de la derrota, sin el estímulo de otra mesa negociadora con el Gobierno para retomar donde quedó la de 2007, en los acuerdos de Loyola. Es mejor pensar que ETA no ha lanzado esta tregua tramposa porque crea que España tiene un Gobierno que siempre negocia, que siempre paga rescates, que siempre cede.

Este es el momento de acabar definitivamente con ETA por medios policiales y judiciales, los únicos que son legítimos en un Estado de Derecho. No caben más «tomas de temperatura» con los terroristas ni más contemplaciones con mediadores internacionales que confunden el terrorismo de ETA con un conflicto balcánico. Ni siquiera sería admisible una actitud «expectante» del Gobierno ante la evolución de la tregua. Cuando ETA quiera dejar definitivamente la violencia no tendrá más que entregar sus arsenales, desmantelar su red de «zulos» y pisos, revelar su entramado de empresas tapaderas, entregar el dinero de la extorsión y, sobre todo, pedir perdón a las víctimas y entregarse a la Justicia. Cualquier otra opción es inútil, y el Gobierno debe rechazarla. De una vez por todas hay que aprender del pasado. ETA busca ahora dividir a la clase política entre los que saben que esta tregua es una nueva trampa y los que se reblandecen al oír la campana de un alto el fuego. La terminación de la violencia terrorista es un fin que no justifica todos los medios. No justificó la guerra sucia ni justifica la negociación política. El Gobierno ya sabe a qué atenerse con los terroristas y con una opinión pública nada dispuesta a secundar nuevos procesos de diálogo con una organización criminal que ha matado a más 800 personas y herido a miles. Solo vale la rendición de ETA.

ABC - Editorial

La estrategia del PP. Por Germán Yanke

Si se diera crédito a lo que se cuenta por aquí y por allá sobre la estrategia del PP para este nuevo curso, uno tendría que concluir que sus dirigentes están un poco alterados. Resulta más conveniente atenerse a lo que dicen y a lo que callan en un momento en el que parecen convencidos de que, tras las próximas elecciones, van a gobernar. Lo que dicen es que Zapatero no tiene ni recorrido ni futuro, ni en lo político ni en lo económico. Se trata de señalar con el dedo y esperar el triunfo, vamos, el fracaso del PSOE.

El poder es una droga y por permanecer en él se hacen estupideces que se vuelven contra uno mismo. Nuestro Gobierno es un ejemplo paradigmático. Pero la oposición también puede ser un estupefaciente y lleva consigo el riesgo de meter la pata. Pedir al PP que actúe ahora no sólo como el partido que espera sino como el que va a gobernar parece un imposible porque es evidente que sus estrategas, a veces disimulando en algunos asuntos, no consideran conveniente concretar la alternativa y el programa. Se teme meter la pata, entendida como enfadar a alguien, tener que colocarse en el lugar del que da explicaciones en vez de exigirlas.

Veremos en qué se concretan las 50 iniciativas parlamentarias anunciadas, que ya tienen el tufillo sospechoso del número redondo, pero el PP, quizá, debería reflexionar en estos meses de esperanza partidaria que la oposición no conlleva necesariamente a la inanidad del «son ellos los que gobiernan, no nos corresponde hacerlo a nosotros». De un lado, gobierna en muchas comunidades autonómas y, mal que les pese, no ha servido para que se visualice un modo distinto de hacer las cosas. Por otra parte, tiene a su disposición todo el terreno de lo simbólico, que no es precisamente el de la retórica sino el de la ejemplaridad y el de las ideas y los ideales movilizadores de una sociedad desconcertada y en buena medida angustiada. Un exceso de prudente silencio se opone más a la movilización del electorado que al intento de evitar errores.

ABC - Opinión

Disimulo para un fracaso. Por M. Martín Ferrand

Que estemos pendientes del futuro de Corbacho es otro éxito de Zapatero. Un genio del disimulo.

ÁNGELES González-Sinde, Beatriz Corredor y Bibiana Aído —«Las tres Gracias» que alegran el museo ministerial de Zapatero—, las miembras peor valoradas del Gobierno, pueden, por contraste, convertir en excelente el trabajo de Celestino Corbacho al frente de Trabajo; pero, si buscamos valores absolutos y rotundos, puede afirmarse que el ex alcalde de Hospitales de Llobregat y próximo candidato en las autonómicas catalanas no ha sido un buen ministro. Ignoro si su próximo e inevitable relevo es consecuencia de una fuga o un despido; pero su función, continuadora de la de Jesús Caldera, es la encarnación del gran fracaso de la política económica y social de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder planetario que, sin verlas venir, nos tiene instalados en una tasa de paro superior al 20 por ciento de la población activa, el doble que la media en la UE.

Ya nos explicarán los hermeneutas del socialismo catalán, el único de cercanías que queda en Europa, si la inclusión de Corbacho en la lista autonómica del PSC por Barcelona es un castigo o un refuerzo a José Montilla; pero, fuera como fuese, son pocos los titulares de Trabajo que resisten una huelga general como la que le espera al Gobierno antes de fin de mes. La que le organizaron a José María Aznar en 2002 —y seguimos sin conocer las razones de fondo para su convocatoria— les costó el puesto a dos ministros. Al de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y al Portavoz, Pío Cabanillas. Zapatero, fantasmal como acostumbra, ha convertido en sede vacante la de Trabajo para dificultar la puntería de los enrabietados y voraces sindicatos antes del parto. Un gasto político menos.

La recalcitrante María Teresa Fernández de la Vega niega apasionadamente que la salida del Gobierno de Corbacho, ya segura, y la posible de Trinidad Jiménez, no constituyen materia para una crisis y así será si ella lo dice; pero, ¿se limitará el presidente, abrumado por las circunstancias y en el fragor electoral sucesivo que nos espera, al puro relevo en Trabajo y Sanidad? Por el momento este raro vodevil en el que unos dicen salir y no salen, otros no salen aunque ya no están y no entra nadie en escena le funciona al presidente del Gobierno. Mientras hablamos de estas cuestiones menores y fulanistas, bien dosificadas por las máquinas propagandísticas de Ferraz y La Moncloa, no le prestamos la atención debida a lo fundamental. Nuestros problemas políticos, lejos de aliviarse, se encanallan y los económicos engordan en los números del paro, la deuda y el déficit. Que estemos pendientes del futuro de Corbacho es otro éxito de Zapatero. Un genio del disimulo.

ABC - Opinión

A punto de llanto. Por Alfonso Ussía

Desde niño me atormenta una debilidad. Soy en exceso emotivo. Me emociono cuando veo a otros conmovidos. Lloro con facilidad con los finales felices de las películas que cuentan historias tristes. La lágrima fácil, a punto de cauce, ha sido y es una constante compañera de mi vida. Mientras escribo este artículo, me hallo al borde del llanto. La expresión de emoción incontenida, de conmoción vibrada, y hasta me atrevería a escribir de amor entregado de Leire Pajín y Elena Valenciano cuando saludaban a Raúl Castro, me ha dejado para el arrastre. Me alegra no ser un cantaor de flamenco porque, de serlo, estaría emitiendo jipidos entrecortados. Despliego mi pañuelo y aprecio en su superficie un alto porcentaje de humedad. De tener rascacielos, mi pañuelo sería como Benidorm el 8 de agosto.

Lo que se ha demostrado es que Leire Pajín y Elena Valenciano son buenas personas. Se emocionan a las primeras de cambio y harta sencillez. Si miran, hablan y sonríen de ese modo ante la presencia de un asesino, qué no harán cuando se enfrenten a la mirada de un ser humano normal. Entra dentro de lo posible que no hayan sido informadas previamente. De haber sabido quién es Raúl Castro, probablemente no aparecerían tan contentas y enternecidas. Raúl Castro, el hombre a quien sus ojos se comían, es junto a su hermano Fidel un dictador asesino. Muchos corazones han dejado de latir gracias a la interpretación revolucionaria de Raúl y de Fidel. Y muchas miradas no han visto otra cosa que mugre, barrotes y muerte durante décadas gracias a quien acariciaba la mano de Leire Pajín y hacía reír abiertamente a Elena Valenciano. Cincuenta años al frente de una dictadura comunista dan para mucho. Pero ni a Leire ni a Elena se lo han contado, y así estaban de felices y cómodas con el compañero Raúl.

Se sabe que un despacho forrado de madera de caoba ayuda a la relajación y el sosiego. Moratinos conoce muy bien ese despacho. Las estancias cercanas y mugrientas de las cárceles cubanas no son tanto de su interés. Los Castro son simpáticos. Caribe puro. Cuentan las cosas con gracejo y espontaneidad. Y se nota ese gracejo en las sonrisas de las dos chicas del socialismo español, que ríen las ocurrencias de su ídolo. Una lástima que no estuviera presente Fidel. Los cuatro podrían haber protagonizado una velada inolvidable de risas, chistes y romántica madrugada, aunque ni Fidel ni Raúl estén para muchos trotes. Pero Fidel se hallaba dando el coñazo a los mismos universitarios que un día, y no lo deseo, intentarán hacer con él y con Raúl lo que los rumanos con Ceaucescu. Los jóvenes son así y no cambiarán nunca.

Leire y Elena –o Elena y Leire– ya estarán de vuelta. Le van a contar a Zapatero que Cuba vive feliz y en orden. Que han visto la televisión y han leído los periódicos y han llegado a la conclusión de que todo lo que se dice de Cuba en el exterior son patrañas. Los cubanos viven felices y tienen de todo, hasta ollas a presión para mejorar la condimentación de los frijoles, como explicó Fidel antes de sufrir el tantarantán. –No hemos visto ni disidentes, ni descontentos, ni presos políticos, José Luis. Lo que cuentan por aquí es mentira–.

Son chicas emotivas, tiernas y socialistas. Mujeres buenas y comprometidas. La Habana les habrá asombrado por su belleza y por lo lentamente que se está desmoronando. La Revolución resiste, y esa resistencia emociona a quienes toleran y aplauden sus métodos para resistir. De ahí la ternura que mostraron ante Raúl. Y consecuencia de esa emoción, las lágrimas a punto de cauce que han dificultado en extremo la creación de este artículo. Me seco los ojos, y lo envío.

La Razón - Opinión

Las primarias de Humpty Dumpty. Por Ignacio Camacho

¿Y si una encuesta, o varias, cuestionasen a Zapatero como candidato idóneo y dijesen que Patxi Puede o Bono Puede?

UNA de las características más clásicas del zapaterismo —iba a decir más constantes, pero los términos zapaterismo y constancia forman un oxímoron— es la retórica de Humpty Dumpty, esto es, aquella en la que las palabras significan lo que Zapatero desea en cada momento que signifiquen. Conceptos gaseosos para una política líquida que en realidad se basa en la voluntad omnímoda del líder: una curiosa modalidad de autoritarismo fluido que el presidente y la dirección socialista acaban de aplicar a las primarias: buenas para Madrid, donde el Gobierno tiene un candidato alternativo —ellos dicen «mejor»—, e incluso para Valencia, y malas para Andalucía, donde el partido se siente débil y no quiere cuestionamientos. Prohibir las primarias andaluzas es una muestra de «consenso» y promover las madrileñas supone un fortalecimiento de la democracia interna. Para justificar la incongruencia, Humpty Dumpty dice tener una encuesta en la que Trinidad Jiménez ofrece más posibilidades que Tomás Gómez como rival de Esperanza Aguirre. Trini Puede.

—Oiga, ¿y si hubiese una encuesta, o varias, que cuestionasen a Zapatero como candidato idóneo? Una que dijese Blanco Puede, o Solana Puede, o Alfredo Puede, o Patxi Puede, o incluso Bono Puede… ¿Se sometería Zapatero a unas primarias?

—Esa encuesta no existe.

—No existe… todavía. Nadie lo ha preguntado. Pero existe una sensación clamorosa en el partido de que el presidente está quemado como candidato. Los barones territoriales no lo quieren ni ver por sus dominios. Y a medida que se acerquen las elecciones ese estado de opinión puede ir creciendo hasta convertirse en una exigencia. A ver qué pasa cuando los periódicos comiencen a preguntar por otros líderes en sus sondeos.

—Las únicas encuestas que sirven al respecto son las del partido y las del Gobierno. Y la voluntad de Humpty Dumpty sólo somete a discusión las opciones que no le gustan.

—Ya, pero... ¿y si algún militante se mostrase dispuesto a disputar la candidatura a la Presidencia del Gobierno? Antoni Asunción ya lo ha sugerido.

—Asunción es un outsider. Nadie serio, nadie con peso en la nomenclatura va a desafiar al presidente. Pero es que, además, el candidato que ya está en el poder no tiene que someterse a primarias. Tiene preferencia.

—Sí, la preferencia de Humpty Dumpty. Las palabras, y los conceptos, al servicio de la política. Pero si Tomás Gómez puede… ¿quién sería capaz de impedir que alguien dijese en voz alta que Zapatero no puede?...

—Esa decisión sólo la va a tomar el propio Zapatero. Y si decidiese en algún momento retirarse no convocaría primarias, sino un congreso extraordinario, y probablemente propondría un candidato. O candidata.

—Es decir, que la Presidencia es un asunto demasiado importante para confiarlo a unas primarias…

ABC - Opinión

Zapatero. ¿Quién es Miguelín?. Por José T. Raga

Señor presidente, como español que pago mis impuestos le suplico –si fuera de izquierdas le diría que le exijo– que cuando vaya a salir al exterior y, sobre todo si lo va a hacer para hablar de España, se lo piense dos veces y no salga.

Yo la verdad es que no lo sé, aunque sinceramente tampoco me importa pues, al fin y a la postre, si de muñeco se trata, prefiero el clásico nenuco que siempre me pareció más simpático y que me evoca el recuerdo de mi hija jugando y sintiéndose satisfecha con su maternidad. Por otro lado, a este bebé esperpéntico, cuyo color y sonrisa dan dentera siquiera verlos de pasada, le ha salido un mentor que en nada colabora a su mejor posición social. No sé si al señor presidente se le ha agotado el rendimiento de la copa del mundo y ahora, tras haber promulgado una ley en la que los abortos se practicarán sin apenas restricción, tiene que glorificar a un bebé, como nuevo becerro de oro al que sacarle provecho. Comprenderán ustedes que en eso, yo personalmente, ni entro ni salgo; allá él.

Como español de a pie, sin embargo, me siento insultado por la frivolidad del señor presidente para referirse a los grandes temas que atormentan a la sociedad española; al menos, en lo que conozco, los referidos a las condiciones en las que se desenvuelve nuestra economía. Es un atentado al pudor y al respeto que merece un pueblo, que con una sonrisa hiriente, sí, como la de Miguelín, utilice al muñeco como instrumento y refugio para, con irresponsabilidad inexplicable, eludir menciones a nuestra economía, que pondrían la gestión del Gobierno español en el lugar que realmente le corresponde.

Si esperpéntico es el muñeco, más lo es la manifestación pública del señor presidente de que la economía española es tan grande como ese tal Miguelín. Hubiera podido decir que tan vacía como el muñeco y tan falsa como su sonrisa, lo cual habría estado más cerca de la realidad, pero no, la idea transmitida era la de potencia, la de fortaleza, en definitiva, la de grandeza. Esto, cuando al día siguiente de semejante boutade presidencial, Eurostat –la oficina estadística de las Comunidades Europeas, pues la estadística del ministro Corbacho ya no la cree nadie– alumbraba la grandeza de nuestra economía en desempleo, situándose en el 20,3%, y con ello ganando el campeonato de entre los veintisiete países de la Unión.

Hemos conseguido sobrepasar en tasa de paro a las economías en transición –tales como Letonia, Estonia, Lituania, etc.–, más que doblamos la media de la zona euro (10%) y con mayor diferencia la media de la Unión Europea (9,6%). No quiero pensar, para evitar la envidia, en países con nulas concesiones a la demagogia pero con gran eficacia de gobierno, como Austria (3,8%), Países Bajos (4,4%), Luxemburgo (5,3%) o la larga lista de los otros veintitrés países que, con nosotros, formamos la Europa de los veintisiete. Eso sí, Austria, Países Bajos y otros tantos, sin embargo, no tienen un Miguelín al que emular ni en el que refugiarse, seguramente porque no lo necesitan.

Pero, señor presidente, a ese 20,3% de parados que ha conseguido usted con su gestión económica, con su elusión para hacer frente a los problemas económicos de máxima gravedad, que está sufriendo nuestra economía, no creo que les solucione nada el que Miguelín esté representando a España en Shanghai, ni creo que les satisfaga que el dichoso muñeco sea su referencia pública, como exponente más clarificador del estado en el que se encuentra nuestra economía. Sí que tengo que reconocer, que sigue usted siendo inasequible al desaliento. Como están las cosas, y usted sigue sonriendo, como si nada pasara, como Miguelín, y, con aplomo increíble, sigue diciendo cosas, tan alejadas de la realidad, que sólo una voluntad torticera de engañar puede ser la artífice de semejantes discursos.

Invadido por el sentido de grandeza de Miguelín, explica usted al primer ministro chino que España es un país exportador, a lo que la cortesía oriental responde con su disposición a importar nuestros productos. Digo que la respuesta es el resultado de esa diplomacia oriental, porque si me lo hubiera dicho a mí, que no lo soy, le habría pedido que me explicase cómo siendo un país exportador se tiene un déficit tan abultado en la balanza por cuenta corriente, que llegó a ser en el año 2007 –recuerde que era el tercero de su primer mandato– el más alto de los países desarrollados, superando el diez por ciento de nuestro Producto Interior Bruto.

Así que, país exportador... Las cifras, y cualquiera que las analice o simplemente las conozca, concluirá en que, de ser algo, lo que España es, es un país importador, así que, con toda probabilidad, el premier chino, que tampoco se creyó lo que usted le decía, ya está pensando en qué nos puede vender para desplazar a otros en nuestras importaciones, y no tanto en qué nos puede comprar, porque si los demás no nos compran, será por algo que los chinos descubrirán inmediatamente.

Señor presidente, como español que pago mis impuestos le suplico –si fuera de izquierdas le diría que le exijo– que cuando vaya a salir al exterior y, sobre todo si lo va a hacer para hablar de España, se lo piense dos veces y no salga. Recuerde aquel dicho que como en casa en ninguna parte. Además, para qué cansarse, cuando a usted siempre le ha gustado descansar. Si así lo hace, muchos le estaremos agradecidos y algunos hasta posiblemente le voten.

Libertad Digital - Opinión

España, a juicio

DESPUÉS de años de ejercer de gendarme de la legalidad internacional y de someter a fiscalización el funcionamiento jurisdiccional y la historia de otros Estados, ahora es España, en concreto su Transición y algunas de sus leyes democráticas, la que está en puertas de ser sometida a juicio por un Estado extranjero. No es cierto, sin embargo, que un tribunal de apelación de Buenos Aires haya reabierto un proceso penal al franquismo. Lo único que ha acordado ha sido pedir al Gobierno español que informe de si «se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Tan aparatosa formulación —susceptible de interpretaciones divergentes, porque incluiría los asesinatos de demócratas a manos de las milicias republicanas— puede ser fácilmente respondida por el Gobierno español y su Fiscalía General: el juez Garzón tuvo abierta durante 23 meses una causa penal por crímenes contra la Humanidad a la que dio carpetazo el 18 de noviembre de 2008, declarando extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de la jerarquía franquista. Por tanto, sí ha habido investigación, al menos nominalmente, y esta fue clausurada por Garzón y sucesivamente por los diversos jueces de instrucción en los que recayó el sumario por los desaparecidos del franquismo. Además, puede ilustrar el Gobierno español a los jueces argentinos con el dato de que en 1977 las Cortes democráticas, sin tutelas militares, aprobaron, a instancia de la izquierda española, una ley de Amnistía para todos, sin excepción. De esta manera, por la doble vía de la amnistía y de la cosa juzgada, la gran aportación del juez Garzón, es improcedente que la justicia argentina investigue lo sucedido en España

ABC - Editorial

Freno al radicalismo islámico

«Defender a Israel para defendernos a nosotros mismos». El título de la conferencia pronunciada por el presidente de FAES ante el Congreso Mundial Judío, esta misma semana, resume a la perfección el desafío al que se enfrenta Occidente. Las palabras de Aznar, en las que subraya que defender al Estado de Israel es sinónimo de defender nuestros valores democráticos y liberales, frente a los intentos del islamismo radical por imponer sus principios teocráticos, han tenido un gran eco internacional. Ayer mismo, el ex primer ministro británico Tony Blair, que acaba de publicar un libro de memorias, insistió, en este mismo sentido, en que el radicalismo islámico es la mayor amenaza que afronta el mundo y apuntó a que Irán es el país que más apoya ese radicalismo. El extremismo islámico es tan profundo, y sus métodos tan fanáticos, que no se puede combatir con conversaciones sin fin y concesiones. Los integristas deben ser conscientes de que se enfrentan a una civilización, la occidental, con una determinación y una voluntad mayor que la de ellos. Tras los atentados del islamismo radical que llevaron la desolación a Europa y Estados Unidos, algunos, los menos, entre los que se encontraba el Gobierno de España, apostaron por una política de acercamiento al islam. Sin embargo, esta idea, que eclosionó en la Alianza de Civilizaciones no ha logrado su objetivo, más allá de tender puentes culturales y de amistad. Y no ha logrado su objetivo pues confundía el interlocutor. El islam moderado no es la amenaza, sino el radicalismo que se abre paso en Afganistán y Pakistán, se asienta en Irán y en Gaza de la mano de Hamas e intenta crecer en el norte de África. No es posible el diálogo ni el respeto a prácticas como la lapidación, los asesinatos por honor o las condenas a muerte por ser homosexual. No hay nada que negociar. De la misma manera que nada se puede hablar con los que utilizan el secuestro y la extorsión a ciudadanos occidentales como fuente de ingresos para abordar atentados a mayor escala contra esos mismos países occidentales. Las recientes conversaciones de paz iniciadas por Israel y la Autoridad Nacional Palestina, bajo los auspicios del Gobierno Obama son, sin duda, una esperanza, aunque débil. No es posible ser optimista, albergar grandes expectativas sobre este diálogo a la vista de los resultados cosechados hasta ahora. Como recordó Aznar en su intervención, la última reunión de paz sobre Oriente Medio llevó a la segunda Intifada, más letal aún que la primera. El extremismo islamista, como manifestación de un fanatismo religioso, es una amenaza, no sólo para la civilización occidental sino también para las sociedades musulmanas moderadas. Y lo que resulta obvio es que, en Oriente Medio, ningún proceso de paz tendrá valor mientras persista la situación actual de ausencia de seguridad para el Estadode Israel. Un futuro Estado Palestino sólo alcanzará legitimidad ante los ojos de la comunidad internacional si los propios líderes y pueblo palestinos desarrollan un papel activo contra la locura terrorista y se sitúan, de manera clara, en el lado de las libertades y contra ese radicalismo islámico del que son las primeras víctimas.

La Razón - Editorial

Rajoy opta por Camps

Sigue sin reaccionar ante la acumulación de indicios de financiación ilegal del PP en Valencia.

La acreditada tendencia de Francisco Camps, presidente autonómico valenciano, a rechazar con el mayor aplomo las evidencias que van apareciendo sobre la financiación ilegal del PP, está encontrando un imitador en Mariano Rajoy. "Creo que Camps debe ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas", zanjó el presidente del PP tras la reunión de inicio de curso mantenida por la plana mayor de su partido en Toledo; lo hizo ignorando olímpicamente los nuevos y más contundentes indicios delictivos conocidos, que según la Fiscalía Anticorrupción "no dejan dudas sobre la existencia de irregularidades" en la contratación por el Gobierno de Camps con empresas de la trama Gürtel.

El nuevo informe policial, aportado al sumario sobre esa trama que instruye el juez Pedreira en Madrid, acredita nuevos casos de financiación ilegal del PP valenciano en el marco de los enjuagues a tres bandas entre la Administración autónoma, la sucursal del tinglado de Francisco Correa en Valencia, comandada por Álvaro Pérez, El Bigotes, y diversos empresarios de la zona, con la adjudicación de contratas públicas al fondo.

La lógica que viene aplicando el PP en el caso Gürtel desde la primeras diligencias del juez Garzón desafía la del común de los mortales. Esa lógica, difícilmente encajable en las reglas de los comportamientos democráticos, conduce a que aumente la intensidad de los apoyos políticos a un dirigente en la misma proporción en que se acrecientan los indicios delictivos que se ciernen sobre él y la organización que dirige. Con ello aumenta y se asume el nivel de riesgo de que un presidente de la Generalitat en ejercicio termine sentado en el banquillo de los acusados, situación nada aconsejable, aunque solo sea por la presión que supondría para la Administración de justicia.

El informe policial que documenta nuevos pagos ilegales a favor del PP valenciano por valor de 845.000 euros no ha sido elaborado a instancias de Rubalcaba, como dejan caer algunos demagogos, sino del juez instructor del caso Gürtel en Madrid. Hablar de manipulación política supone poner en entredicho a la justicia, lo que no es nuevo en la estrategia procesal del PP en este caso: desacreditar la investigación judicial, cuestionar a los jueces que la llevan e intentar que la corrupción política que esconde el caso Gürtel quede penalmente impune y sin coste político.

Contraponer el veredicto de las urnas al de un tribunal de justicia respecto de una conducta delictiva, como ha hecho Camps, supone llevar esa estrategia de descrédito de la justicia al límite. No importa que ese discurso antidemocrático no haya podido cambiar su condición de imputado por cohecho pasivo impropio, un delito de corrupción política menos grave que otros pero igualmente tipificado en el Código Penal. Es a un imputado por un delito relacionado con su cargo de presidente de la Generalitat a quien Rajoy ha decidido apoyar para su reelección.

El País - Editorial

Un Obama vergonzante

Ningún presidente norteamericano hubiera negado a sus soldados el honor de reconocerles su victoria. Obama sí, porque de alguna forma tiene que pagar un cierto peaje a los sectores más radicales que colaboraron en su victoria electoral.

El discurso de Obama desde el despacho oval anunciando el fin de las operaciones de combate en Irak siguió al pie de la letra las pautas de hipocresía y ambigüedad a que tan acostumbrada está la opinión pública europea cuando le hablan sus políticos. El problema para Obama es que los estadounidenses difícilmente aceptan ese lenguaje.

Sorprende que siendo un éxito la campaña de Irak, al contrario de lo que presagiaron la izquierda política y los medios mayoritarios, el presidente del país responsable de que los iraquíes disfruten hoy de un sistema democrático y un régimen de libertades similar al de Occidente (y pese al terrorismo islamista), no hiciera ninguna mención al hecho evidente de que la guerra se ha saldado con la victoria de la coalición que encabezaron las fuerzas armadas de las que él es comandante en jefe. Ningún presidente norteamericano hubiera negado a sus soldados el honor de reconocerles su victoria, especialmente cuando ha sido obtenida a un precio tan alto en vidas humanas. Obama sí, porque de alguna forma tiene que pagar un cierto peaje a los sectores más radicales que colaboraron en su victoria electoral, aunque para ello tenga que ofender innecesariamente a unos soldados a los que sólo cabe rendir honores en nombre de la libertad.

En todo caso, el anuncio de Obama no es una decisión personal del presidente, aunque las circunstancias escénicas de su discurso puedan hacer pensar lo contrario. Haciendo de la necesidad virtud, Obama no ha hecho más que cumplir los plazos fijados por su antecesor en el cargo, un George W. Bush que antes de dejar la Casa Blanca en 2008 ya anunció que la fase de combate finalizaría en estas fechas.

A mayor abundamiento, el presidente que encandiló a los partidarios de la rendición incondicional, como nuestro Zapatero, pensando que actuaría de modo similar no va a retirar sus tropas de Irak, que con cincuenta mil efectivos en el país van a seguir colaborando con las autoridades nacionales en el hostigamiento a los terroristas islamistas.

Obama sigue manteniendo abierta la base de Guantánamo, cumple los plazos previstos por Bush en Irak y ha aumentado los esfuerzos bélicos en Afganistán con el objetivo de exterminar la amenaza de los talibán. No debería tener de qué avergonzarse, porque es exactamente lo que se espera del presidente de la primera potencia del mundo libre. Pero para muchos, la victoria de la libertad y de la democracia sobre el terrorismo sigue siendo motivo de humillación. Allá ellos.

Libertad Digital - Editorial

Retrato de fin de ciclo

La caída en las encuestas ya no es una opinión pasajera, sino un diagnóstico formado por la falta absoluta de un proyecto para España, no solo en lo económico.

A medida que pasan las semanas se acumulan los datos sobre el debilitamiento del Gobierno y la falta de interés de su presidente en preservar la integridad política de su equipo ejecutivo. La negativa a una crisis inmediata no está produciendo el efecto de estabilizar el ruinoso estado del Gobierno, sino el de agravar la amortización de algunos de sus miembros, hasta el extremo de ignorar pautas elementales de dirección política. No tiene sentido que en un país con más de cuatro millones de parados y con la mayor tasa de desempleo en Europa el Ejecutivo tenga un ministro de Trabajo dimisionario al que se sostiene sólo para que aguante el chaparrón de la huelga general del próximo día 29. Esta falta de lógica en la conducción del Gobierno tiene su explicación, no menos grave que los efectos que provoca, en que actualmente solo hay una prioridad, que es la operación de supervivencia centrada en el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a los presupuestos de 2011, condición imprescindible para la continuidad de Rodríguez Zapatero. Todo lo demás es secundario, incluso el cuidado de una mínima apariencia de colegialidad en el Ejecutivo socialista.

El nuevo curso político viene con una agenda elaborada con las prioridades y urgencias electorales del PSOE, que ha renunciado a plantear nuevos enfoques a la crisis económica —ahora que vuelven a empeorar los datos del paro y del consumo— o nuevos planes políticos sobre justicia, territorio, educación... No hay ninguna oferta revestida de novedad o apariencia de alternativa, aplicándose tanto el PSOE como el Gobierno a suplantar la acción directiva sobre un país en crisis por la gestión de sus problemas internos —primarias en Madrid— y de su falta de estabilidad.

A estas alturas de 2010, según los reiterados pronósticos gubernamentales, deberíamos estar notando la recuperación económica. En esto confiaban los socialistas para revertir las tendencias de las encuestas, como un velo sobre los clamorosos fallos de su gestión. Pero la caída en las encuestas ya no es una opinión pasajera, sino un diagnóstico formado por la falta absoluta de un proyecto para España, no solo en lo económico. Falta también en el plano internacional, donde los incidentes de Melilla han sido un reactivo de la debilidad diplomática del Gobierno; o en el ámbito institucional, dominado por la inefable insistencia del Gobierno en timar al Tribunal Constitucional con reformas legales que burlen su sentencia sobre el Estatuto. Y otro tanto cabría decir de la educación o el Poder Judicial. El PSOE solo ha tenido éxito en sus políticas divisoras, pero ha sido incapaz de ejecutar una sola reforma constructiva.

ABC - Editorial

«Megadebate europeo». Por Hermann Tertsch

El debate sobre la capacidad de la sociedad libre de integrar a la comunidad islámica sin perder su identidad ha estallado en Alemania con una virulencia insólita.

Ayer, democristianos y socialdemócratas abandonaron su tradicional recelo a abordar esta espinosa cuestión y coincidieron que estamos ante el principal debate alemán y europeo de los próximos años. Responsable de esta súbita controversia es un libro titulado «Alemania renuncia a sí misma». Pero ante todo su autor Thilo Sarrazin.

Consejero del todopoderoso Bundesbank, destacado miembro del SPD, exministro de Hacienda de la Ciudad de Berlín, Sarrazin —descendiente de hugonotes— ha ocupado y ocupa una multitud de cargos de empresas públicas y privadas que han buscado asesoría de este hombre tan lúcido como provocador. Ahora le quieren echar de todas partes. Y el presidente de la República, Cristian Wulff, debe decidir sobre el cese de Sarrazin como consejero del Bundesbank.

El libro está tan lejos de la corrección política con que se tratan en Alemania las cuestiones de inmigración e integración que ya antes de publicarse había generado indignación. Sarrazin considera que la integración de la comunidad islámica es un fracaso por la incapacidad y falta de voluntad de la misma. Y que sin medidas correctoras urgentes la sociedad alemana está en peligro de perder su identidad.

Frente a las inventivas masivas, Sarrazin ha sido apoyado por personalidades independientes tales como el excanciller socialdemócrata Helmut Schmidt, los filósofos Hans Olaf Henkel, Ralph Giordano, Peter Sloterdijk, el escritor Henry Broder y la socióloga turca Necla Kelek. En todo caso, claro está que los partidos políticos —siempre temerosos a afrontar este problema— no podrán demorar más este debate en Alemania.

ABC - Opinión

Nacionalismo. Asustados de sí mismos. Por Maite Nolla

Roures, el amigo de ZP, también está en contra de la ley del cine, o por lo menos piensa que es mejor subvencionar que multar, sobre todo si la subvención la cobra él.

No pensaba yo que acabaría juntando unas letras elogiosas sobre Duran i Lleida, pero con lo que ha dicho sobre la exigencia del nivel C de lengua catalana a los profesores universitarios no puede tener más razón. Igual que Sala i Martín, que después de hacer equilibrios con la contabilidad del Barça y los vicios de su ex presidente ha debido ser poseído por su lado liberal y se ha manifestado también contrario a la exigencia del patricio Huguet, fino y suave como una escudella catalana o una olla aranesa en agosto. El único que no se entera de nada es Corbacho, al que la exigencia le parece razonable. Ya sólo le falta presentarse en sus foros habituales y en los escenarios en los que ha cosechado sus grandes éxitos, es decir, las casas regionales y las asociaciones de vecinos, y explicarlo. Y si puede ser, mejorar su propio nivel de catalán, muy deficiente.

Yo tengo que reconocer que de la noticia me sorprende la oposición real del sector y que el nacionalismo se haya asustado de sí mismo. Lo que dicen es lo que todo el mundo piensa: lo importante de un profesor es que sea bueno. Lo que pasa es que eso es aplicable a todo lo demás, y en todo lo demás la imposición les parece muy correcta. ¿Por qué no se dice lo mismo de los comercios? Pues seguramente porque no es lo mismo cambiar un simple rótulo, que te obliguen a dar la clase en catalán. Y el pequeño comerciante no ha salido precisamente a defender a sus propios, que no hubiera estado mal, teniendo en cuenta que les multan por rotular en una lengua oficial y no por vender género caducado. El comercio catalán o, mejor dicho, sus representantes, siguen preocupados por el mantenimiento de la marca "pequeño comercio" para evitar la competencia y que los manteros no cuenten con el favor de los políticos.

Un sector que sí se ha opuesto a la imposición es el del cine, y es que desde hace tiempo en las salas de Cataluña, antes de la peli, te pasan un mensaje junto al de "Ahora la Ley actúa", diciendo que "Si el proyecto de ley del cine se aprueba como está previsto, no podrás ver más películas en esta sala" –o algo así, perdón. En la cuestión del cine la cosa ya no es cambiar un vinilo, sino doblar películas y ponerlas en la cartelera para no ganar dinero. Roures, el amigo de ZP, también está en contra de la ley del cine, o por lo menos piensa que es mejor subvencionar que multar, sobre todo si la subvención la cobra él. Pues nada, se lo puede decir al marido de la señora Chacón, que tiene hilo directo con el PSC.

Al margen de la imposición, que es bastante, en el asunto universitario hay una mezcla entre una burda eliminación de la competencia por parte de un sector del profesorado, una reacción contraria de otra parte pronacionalista o no muy mucho, pero que da sus clases en castellano y que no está a sus años por la labor de reciclarse y, también, el miedo de algunas universidades de quedarse con unas instalaciones magníficas, pero con cuatro alumnos y dos profesores. De hecho, el rector de la Universidad de Lérida se echó atrás respecto a una ocurrencia similar, pero para los alumnos, harto como estaba de formar a "gente de fuera", según manifestó. El señor Viñas acabó diciendo que podría frenar la internacionalización de la universidad, aunque el miedo real era perder los alumnos y profesores aragoneses. Es muy bonito tener estación del Ave, universidad y aeropuerto en cada capital de provincia, pero hay que dotarles, digamos, de usuarios.

En fin, habrá que tomarse una copichuela para celebrar que, aunque parcialmente, el nacionalismo se haya asustado de sí mismo.

Libertad Digital - Opinión

Cuando piensa la oposición. Por M. Martín Ferrand

Tras la reunión, nos informó Rajoy que la crisis es grave. Para llegar a tan liviana conclusión, Toledo está demasiado lejos.

ENSEÑABA Sócrates, y así nos lo transmitió Platón, que el mayor de todos los misterios es el hombre. Y eso que el ateniense no conoció a Mariano Rajoy. El líder del PP se encerró un par de días con los grandes capitanes de su tropa política en el Parador de Toledo, un cigarral que se alquila por noches, y, tras el encuentro, estamos en donde estábamos en lo que al conocimiento del partido y sus proyectos respecta. Nos ha quedado, eso sí, una hermosa fotografía de recuerdo en la que el presidente del PP y sus ocho grandes lugartenientes aparecen delante de lo que podría ser una vista general de la ciudad o un cuadro de Benjamín Palencia, de cuando la Escuela de Vallecas andaba en mantillas.

Tras la reunión, nos informó Rajoy que la crisis que padecemos es grave. Para llegar a tan liviana conclusión, Toledo está demasiado lejos. Podrían haberse reunido en la calle Argensola, que les cae enfrente de Génova, y se hubieran ahorrado el viaje, la pernocta y el desayuno. Lo más notable del encuentro, según los voceros de guardia en el PP, son las cincuenta medidas anticrisis que, dicen, a lo largo de los próximos meses irán presentando en el Congreso y en el Senado para mostrarle al Gobierno una camino con el que «crear empleo y aumentar la renta de los españoles». ¿No sería más eficaz y provechoso, sin dejar que el tiempo insista en sus efectos devastadores, presentar ahora, a modo de programa electoral anticipado, ese medio centenar de ideas mágicas? Tal y como nos lo cuentan, ese catálogo de proyectos que el PP dice tener suena a canción infantil de guardería: «Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra me mantiene toda la semana».

Lo más concreto que se deduce del cónclave toledano del PP es el anuncio de Rajoy de una iniciativa parlamentaria para que cada comunidad «tenga otras formas para gestionar sus televisiones autonómicas». La formulación es jeroglífica; pero podría querer decir, en traducción libre del rajoyano, que es partidario de privatizar las televisiones autonómicas. En su día ya dijeron eso mismo Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y el resultado fue el incremento de los costes y del número de canales públicos en Madrid y Valencia. Los despilfarros y las ruinas no son privatizables. Lo que, desgraciadamente, establecen nuestras costumbres es que, por los más diversos y tramposos procedimientos, termine siendo el Estado, a través de cualquiera de sus Administraciones, quien se quede con las ruinas privadas. Lo inútil, costoso y pernicioso es mejor erradicarlo que transformarlo.

ABC - Opinión

Separatistas. Por Alfonso Ussía

Hasta mi otoño vital no supe que El Escorial y San Lorenzo del Escorial son dos municipios. Por el muro que da al sur del Monasterio se establece la frontera. Y no se llevan bien los de arriba con los de abajo. Creo recordar que los de abajo son los del Escorial a secas y los de arriba los de San Lorenzo del Escorial. Podría ser lo contrario perfectamente, porque cuando me lo revelaron se me puso la cabeza como un bombo. Sucede lo mismo, más o menos, con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y con Elda y Petrel, y con Pasajes de San Juan, Pasajes de San Pedro y Pasajes Ancho, que hay tres Pasajes, manda narices.

Años atrás viajé con Antonio Mingote de Madrid a Villafranca del Bierzo, donde participábamos en el programa «Protagonistas» de Luis Del Olmo. En el kilómetro 38, altura de Villalba, se leía en un cartel: «Madrid independiente». Le faltaba un guión para anunciar un partido de fútbol internacional, el Madrid-Independiente, pero el objetivo era otro. Superado San Rafael, ascenso hacia El Espinar, un segundo mensaje: «Castilla Comunera. Independencia». Sin apercibirnos de ello habíamos salido del Estado de Madrid y nos hallábamos en el Estado de Castilla de los Comuneros, que eran Padilla, Juan Bravo y Maldonado, tres calles muy elegantes de la Milla de Oro de Madrid.

Al fin, La Bañeza. Un nuevo aviso. «León, independiente de Castilla». La nueva nación se presentaba fría y formidable en sus paisajes, transición de la meseta a la bóveda boscosa del norte. Desnudos los robles, los castaños y las hayas, y los ríos, fuertes y tronantes. El Manzanal abajo, Ponferrada, la cuna de Luis Del Olmo y el origen de la ruina de mi familia. Las minas. Gracias a ella me divierto escribiendo. Ponferrada no mostró pretensión alguna de independencia, pero en Villafranca, con el castillo de los Álvarez de Toledo y la calle del Agua, nos fijamos en un nuevo mensaje escrito con grandes letras en una piedra. «Villafranca, independiente de León». En apenas quinientos kilómetros, cuatro gritos de independencia.

Existen centenares de localidades en España, que por su desarrollo y expansión, se han unido a los pueblos vecinos. Lo lógico sería unirlas en un mismo ayuntamiento. Pero en todas ellas me aseguran que si alguien se atreve a proponerlo, no sólo pierde las elecciones, sino que lo empluman. Guecho es un municipio, pero los de Neguri no se consideran de Las Arenas, y menos aún, los de Las Arenas y Neguri aceptan ser equiparados con los habitantes de Algorta. En España, somos nacionalistas de aldea, de horizontes de diez metros, separatistas de comedia bufa. No alcanzo a comprender –beneficios económicos aparte–, las ventajas de los nacionalismos, pero si un hijo del Escorial no se considera hermano de un vecino de San Lorenzo del Escorial, no podemos quejarnos de que existan tarambanas y charranes como Carod, Puigcercós, Laporta, Urkullu, Arzallus y Anasagasti. Es cierto, que ante una amenaza grave, los del Escorial y los de San Lorenzo, los de Elda y los de Petrel, y los de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se unirían. Pero sólo mientras la amenaza permaneciera. La España invertebrada de don José Ortega y Gasset tiene enferma la médula espinal desde los pueblos y las pequeñas localidades. Lo de Cataluña y las Vascongadas es más profundo, por cuanto impera el folclore y el lenguaje diferente. Nada sucederá porque fuera de España se les acabaría el chollo y las lágrimas victimistas. Lo grave es que seamos separatistas respecto a quienes compartimos el mismo rinconcito de aire.

La Razón - Editorial

Crisis por descarte. Por Ignacio Camacho

Corbacho ha servido de mero adorno obrerista en un Gabinete sin pulso en el que todo el mundo lo ninguneaba.

CELESTINO Corbacho es una excelente persona pero no ha sido un buen ministro. Hombre sensato y moderado, aunque de escasa formación, ha servido de mero adorno obrerista en un Gabinete en el que nadie le hacía caso, y menos que nadie el presidente que lo nombró cuando aún se negaba a admitir la crisis y prometía pleno empleo. Ser ministro de Trabajo en una recesión es como ser enfermero en medio de una epidemia, pero Corbacho no ha podido ni siquiera aplicar cuidados paliativos a un mercado laboral desangrado por la hemorragia del paro. Simplemente no le han dejado tocar bola; lo desautorizaban por la mañana, por la tarde y por la noche, lo ninguneaban desde Economía, Industria y hasta Fomento, y lo ignoraban los estrategas de Moncloa. Zapatero lo eligió pensando en otra cosa: quería enderezar su propio error en política migratoria, cuyas consecuencias descargó cínicamente sobre un Jesús Caldera que no había hecho sino obedecerle. Ahora lo deja caer porque la huelga general necesitará alguna víctima propiciatoria (Aparicio lo fue en la de Aznar, en el mismo puesto) y porque le puede venir bien para llamar al voto de los trabajadores en el cinturón de Barcelona. Corbacho estaba incómodo, aburrido y desplazado. No pintaba nada, pero eso también le ocurre a la mayoría de los miembros de este Gobierno exánime.

Un Gobierno que Zapatero va a cambiar según sus necesidades electorales, a base de descartes, lo que augura otra nueva componenda en vez del equipo sólido del que necesita rodearse. Saldrá Trini Jiménez si gana en Madrid y acaso Moratinos si encuentra un mapa de Córdoba en el que aprenderse sus barrios para tratar de ser alcalde. De las mil razones objetivas que tiene para abordar una remodelación urgente y profunda, el presidente elige la más sectaria, mezclando los intereses nacionales y los partidistas como las piezas de un mecano; exactamente la actitud que las consignas socialistas reprochan de continuo al PP. Como táctica para disimular el fracaso de este Gabinete cataléptico no va a funcionar: al final tendrán que salir más ministros porque la mayoría ya son zombies que ni se coordinan ni se hablan ni se escuchan. El manejo de los tiempos presidenciales esta vez ha sido desastroso, y el retraso en los cambios amenaza con dejar sin margen de maniobra a los nuevos.

Aunque es probable que acabe de líder de la oposición catalana tras la previsible marcha de Montilla, Corbacho va a ser el primer ministro que abandone su puesto para ir de relleno en una lista autonómica; hasta ahora todos los que han transitado ese camino —de Chaves, que lo hizo de ida y vuelta, a Mayor Oreja o López Aguilar— eran al menos cabezas de cartel. Como la política es muy ancha y siempre acaba encontrando acomodo confortable a los desalojados, el criterio podría resultar beneficioso si fuese extensivo hasta la propia cúpula: quizá León se esté perdiendo un magnífico alcalde.

ABC - Opinión

PSOE. La dimensión penitencial de la marca ZP. Por Pablo Molina

Votar al PSOE de Zapatero es un acto de mal gusto, una excentricidad que sólo pueden permitirse hacer pública a día de hoy los directivos de las ONGs "progresistas" y algunos profesores universitarios.

En función de los merecimientos acreditados por Zapatero desde que llegó al poder, y especialmente en la presente legislatura, sorprende que el PSOE no esté situado en las encuestas en la zona residual donde campan agrupaciones pintorescas como el Partido Contra el Maltrato Animal, los Socialistas Cristianos Internacionalistas o el CDS.

Su resistencia al desplome sólo se explica por la tendencia natural de una parte del electorado a votar al partido que está en el poder, aunque su decisión agrave todavía más la situación personal del afectado. El simpatizante del PSOE es, a estos efectos, el único que vota con rigor estajanovista en contra de sus propios intereses, especialmente si pertenece a la llamada "clase obrera", que es la que más sufre los rigores del socialismo cuando llega al poder, de ahí que Zapatero todavía mantenga alguna esperanza de que el batacazo previsto para mayo del año próximo no sea definitivo.

El continuo baile de ministros en torno a las listas electorales autonómicas en las regiones donde el PSOE puede sellar su destino de cara a las nacionales del año siguiente parece ser la única estrategia con que cuenta Zapatero para detener la sangría de votos que todas las encuestas le auguran. El todavía presidente se empecina en no ver que es él la principal razón de que las perspectivas electorales de su partido sean tan desastrosas incluso en los comicios municipales, donde lo que se ventila tiene muy poco que ver con los grandes asuntos nacionales.

Votar al PSOE de Zapatero es un acto de mal gusto, una excentricidad que sólo pueden permitirse hacer pública a día de hoy los directivos de las ONGs "progresistas" y algunos profesores universitarios, siempre que pertenezcan a un centro público en la rama de humanidades.

ZP es un activo tóxico al que no quieren ver ni en póster los distintos candidatos autonómicos y municipales, lo que viene a recordarnos la etapa final del felipismo. En los estertores del felipato, en efecto, había candidatos a alcalde del PSOE que hacían figurar en el merchandising electoral únicamente su nombre junto al puño y la rosa. "Vota a Juán Pérez" al lado de un puño encapullado era la propaganda electoral en muchos lugares de España, sin la menor referencia a las siglas del partido en cuyas listas se presentaba el candidato, no sea que al elector le vinieran a la mente Roldán, Filesa o Juan Guerra.

No sabemos todavía cómo van a reaccionar las agrupaciones socialistas para quitarse de encima el baldón de la marca ZP, pero penitencias como esa son siempre algo digno de verse. Y en lo que a mí respecta, también de disfrutarse. Quedan todos invitados.

Libertad Digital - Opinión

La paz sigue muy lejos

TENIENDO en cuenta la larga historia del conflicto israelo-palestino y todos los intentos de negociación en las últimas décadas, que se mantengan conversaciones directas entre Mahmud Abbas y Benjamin Netanyahu ha de considerarse como un elemento positivo. Pero precisamente porque son bien conocidos los resultados de otros intentos precedentes de buscar una solución pacífica al conflicto, se comprende la sensación de desconfianza y escepticismo que prevalece en todo Oriente Próximo. Las posiciones en las cuestiones más espinosas de cualquier negociación —asentamientos, capitalidad de Jerusalén, seguridad mutua, etc.— son tan conocidas a través de la larga historia del conflicto, que se hace muy difícil imaginar cómo pueden ponerse de acuerdo cuando queda tan poco margen de maniobra para que ninguna de las dos partes pueda ceder o aceptar un acuerdo pasando por encima de tanta línea roja.

Y por si la propia complejidad de las negociaciones no fuera suficiente, se sabe que hay muchos adversarios de la paz que no estaban invitados en Washington y que aprovecharán cualquier oportunidad para hacer saltar por los aires todo el proceso, como ha sucedido también con anterioridad. De modo que lo más razonable en este caso es seguir alentando al primer ministro israelí y al presidente de la Autoridad Nacional palestina a que mantengan esa predisposición al diálogo, que es algo ya de por sí mejor que las habituales relaciones tormentosas, y que ambos traten al menos de neutralizar a las fuerzas que prefieren la continuidad del conflicto y que esperan agazapadas para boicotearlo. No hay ninguna garantía de que el proceso vaya a funcionar, pero esto es preferible a cualquier otra alternativa conocida.

ABC - Editorial

Encrucijada educativa

El curso escolar comienza con un récord de alumnos matriculados en el conjunto de las enseñanzas no universitarias y también con obstáculos importantes que salvar. No será un año rutinario, porque está condicionado por dos circunstancias tan poco anecdóticas como la crisis económica y los procesos electorales que esperan a la vuelta de la esquina. El efecto contagio convulsionará, se quiera o no, el desarrollo del curso y las posibles mejoras de un sistema necesitado de cambios y huérfano de la voluntad política para acometerlos.

El frustrado Pacto por la Educación fue una oportunidad perdida para enterrar un modelo heredado de la LOGSE, que condujo a España a una pendiente de retroceso en la formación de nuestros escolares. La buena voluntad y la capacidad para el diálogo del ministro Ángel Gabilondo no fueron suficientes para entender y concretar que España necesita acabar con un sistema adoctrinador e ideológico y no maquillarlo. Una legislación cuyos frutos han sido un 30% de abandono escolar, el doble de la Unión Europea, y que nuestro país ocupe el puesto 32 en la clasificación mundial de Educación, no puede cimentar el futuro, si se pretende que alcancemos el nivel de los países de nuestro entorno.

Es cierto que, a falta de ese Pacto, Gabilondo rescató aspectos puntuales del mismo para ser negociados con las comunidades, y que preservan los objetivos de la educación para la próxima década. Ese Plan de Acción gravita en torno a cinco propósitos: mejorar el rendimiento escolar, modernizar el sistema educativo, un plan estratégico de Formación Profesional, información y evaluación como factores para mejorar la calidad de la educación y el profesorado. El Ministerio se topará con la falta de presupuesto y con una coyuntura electoral que deja a los gobiernos regionales en una situación de interinidad. Por no hablar de que el Plan parece más un catálogo de parches bienintencionados que la intervención global y compacta que se necesita.

En cualquier caso, ese complejo panorama nos aboca a un año escolar para muchos casi perdido. Lo cierto es que, sin dinero y con las administraciones con la mente puesta en las urnas, las dificultades serán extraordinarias. Ese carácter de provisionalidad que lo impregna alimenta la resignación de un colectivo que necesita más estímulos y respuestas y menos incertidumbres.

Los gobiernos socialistas han fomentado históricamente una educación donde la cultura del esfuerzo y de la exigencia no ha existido y donde se ha pretendido minimizar el papel de los padres y del ámbito familiar en la tarea educativa, con injerencias crecientes del poder político. La crisis de valores y de principios que sufre la sociedad ha alcanzado las aulas porque ha encontrado un caldo de cultivo favorable. En este extremo, el nuevo curso escolar ofrece más de lo mismo, además de la decepción de que el Gobierno haya sido capaz de interiorizar que nos jugamos el futuro en la encrucijada educativa.

La Razón - Editorial

Recambio sin cambio

Moncloa rechaza la oportunidad de remodelar el Gobierno para reforzar su autoridad y coherencia

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sorprendió ayer descartando que vaya a haber remodelación del Gobierno con motivo de la salida del mismo del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se había dado por supuesto que sería la ocasión que necesitaba Zapatero para abordar un cambio más amplio en la composición del Ejecutivo. El argumento de Fernández de la Vega para descartar esa posibilidad fue que el "único objetivo del Gobierno es trabajar por la recuperación económica", pero se supone que ese sería también el objetivo de la remodelación.

La sorpresa fue reforzada por la afirmación de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de que no se plantea abandonar esa responsabilidad ministerial si es elegida (en las primarias) candidata por el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Según De la Vega, la salida de Corbacho tiene que ver "con el proceso electoral de Cataluña", lo que sugiere una cierta incompatibilidad entre ambos desempeños. Pero esto no encaja con lo dicho por Jiménez, que incluso citó antecedentes de ministros (Piqué, López Aguilar) que siguieron siéndolo tras ser designados candidatos, y solo en vísperas de las elecciones dejaron el puesto.

Al margen de si la iniciativa de la salida de Corbacho fue suya o sugerida por Zapatero (las fuentes divergen al respecto), el hecho tiene una doble dimensión, según desde donde se observe. Desde el punto de vista del Gobierno, sería una oportunidad para plantear un cambio acorde con el giro político de Zapatero en respuesta a las urgencias de la crisis. Descartada por razones atendibles la presentación de la cuestión de confianza, una remodelación ministerial daría solidez al giro. Especialmente, si los concretos cambios que se efectúen responden a criterios de competencia y eficacia y no tanto a motivaciones de imagen o a compromisos de cuotas diversas, como ha sido costumbre.

Vista desde Cataluña, la recuperación de Corbacho respondería al interés del PSC por movilizar el voto socialista clásico, esencialmente el del cinturón industrial de Barcelona, tras dos legislaturas presididas por el debate del Estatuto y sus derivaciones polémicas, y en las que han aparecido síntomas de desafección de un sector del electorado que vota en las generales y se abstiene en las autonómicas.

Los presidentes de Gobierno suelen ser reticentes a cambiar sus Gobiernos porque hacerlo supone reconocer un cierto error en los nombramientos. A esa razón implícita, Zapatero ha añadido otra, explícita, que tiene fundamento. La de que en momentos de zozobra, cambiar de colaboradores retrasa la toma de decisiones; al menos el tiempo necesario para que los nuevos se pongan al día. Esto puede remediarse en parte recurriendo a personal técnico con experiencia para los segundos niveles. Y en todo caso la remodelación sería también la ocasión para reforzar una coherencia entre los ministros que en los últimos meses brilla por su ausencia.

El País - Editorial

Ahora, a por la obesidad

La Ley de Seguridad Alimentaria no es más que un nuevo asalto a nuestras libertades; un pasito más hacia la voladura de todos los diques de contención del intervencionismo estatal.

Es bien sabido que el principal objetivo de este Gobierno no es el bienestar general de los españoles, sino adaptar la sociedad a su particular molde ideológico. Lo que busca es regular al máximo la vida de los ciudadanos y convertirlos en meros apéndices del Gran Estado. El tabaco, el vino, la Iglesia, el aborto, la memoria histórica o las personas dependientes han sido hasta la fecha algunos de sus objetivos. Ahora, en plena campaña para las primarias del PSM, Trinidad Jiménez ha presentado la Ley de Seguridad Alimentaria con un objetivo muy claro: influir y determinar nuestros hábitos alimenticios

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno podrá controlar qué alimentos y bebidas se dispensan en los colegios y podrá sancionar todas aquellas conductas que considere discriminatorias por razón de obesidad. Es decir, por un lado el Ejecutivo trata de poner coactivamente a dieta a niños y a jóvenes en los colegios y, por otro, prohíbe que se pueda practicar uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para manifestar de manera pacífica aquellas conductas que le desagradan –la discriminación.

Sin embargo, la cuestión de fondo es cómo ha sido posible que lleguemos a esta situación en la que el Estado se cree legitimado para inmiscuirse en las cuestiones más básicas de nuestra vida. Nadie duda de que la obesidad en ocasiones puede ser un problema, pero, en primer lugar, le corresponde a la propia persona determinar si es un problema que le merece la pena corregir y, segundo, en caso de que así fuera debería ser ella (y sus familiares, amigos y otros individuos a quienes pueda pedir ayuda) quienes lo solucionen.

La función tradicional del Estado era simple y llanamente evitar que los individuos se agredieran entre sí. Las actividades que pacíficamente acordaran las personas o aquellas otras que cada cual realizara dentro de su propiedad privada sin afectar al resto de ciudadanos, se consideraban ajenas al imperium estatal.

No obstante, durante las últimas décadas los Estados occidentales han ido asumiendo cada vez más parcelas de control sobre nuestras vidas. Han llegado al extremo de perseguir las conductas de aquellos individuos que sólo se "perjudican" (si es que cabe calificarlo de este modo) a sí mismos. Son los llamados "crímenes sin víctima", en los que el Gobierno sanciona y persigue conductas pacíficas en aras de lograr un objetivo más elevado. En nuestro caso, ese objetivo más elevado es el credo socialista; en concreto el credo de Zapatero, según el cual la sociedad no es más que un conjunto de arcilla moldeable según los estándares de lo políticamente correcto.

El riesgo de este tipo de políticas, más allá de los recortes de libertad de los directamente afectados o del recurso cada vez más frecuente a la vía judicial para resolver problemas sociales, es doble. A corto plazo, las personas se van volviendo menos autónomas y más dependientes de lo que el Gobierno establezca en cada momento qué es bueno y qué es malo; la responsabilidad individual se diluye y el exceso de confianza en los políticos puede conducir a los ciudadanos a seguir acríticamente fines poco recomendables (en Estados Unidos, por ejemplo, existe un enconado debate sobre si la pirámide alimenticia que desde hace décadas promociona su gobierno promueve, o no, dietas poco saludables). A largo plazo, se trata de un nuevo asalto a nuestras libertades; un pasito más hacia la voladura de todos los diques de contención del intervencionismo estatal.

Aun cuando esta ley fuera una mera campaña de propaganda electoral de Trinidad Jiménez sufragada por el erario público, sus efectos a largo plazo sobre nuestra calidad democrática e institucional deberían inquietarnos. Conociendo el sectarismo ideológico del personaje que preside el Ejecutivo (y de cuantos pueden sucederle en el cargo), deberíamos preocuparnos seriamente.

Libertad Digital - Editorial

Crisis de gobierno

Estamos en presencia de otra maniobra oportunista que confunde al Estado con el partido y transmite la impresión de un Ejecutivo que ha perdido por completo el rumbo.

EN una democracia moderna resulta inaceptable la confusión entre el interés general del Estado y el interés particular del partido gobernante. Sin embargo, Rodríguez Zapatero no tiene pudor a la hora de cruzar ese límite infranqueable que separa las instituciones públicas de las coyunturas partidistas. Así lo demuestran una vez más los movimientos de piezas en el seno del Gobierno al servicio de las candidaturas del PSOE en las próximas elecciones autonómicas. Al caso ya conocido de Madrid, con Trinidad Jiménez y el propio Jaime Lissavetzky, se suma ahora la situación de Celestino Corbacho, a quien Rodríguez Zapatero envía de regreso a Cataluña para reforzar en lo posible las expectativas a la baja del PSC. El titular de Trabajo queda así en una situación de interinidad con vistas a la huelga general prevista para el día 29, aunque los planes del presidente no se ven alterados por esta evidente pérdida de peso político del ministro ante los líderes sindicales. Bien es verdad que Corbacho es una de las muchas piezas ya amortizadas en ese proceso de deterioro sin remedio al que Rodríguez Zapatero somete a un equipo incoherente y desbordado por las circunstancias. Es probable también que Corbacho prefiera volver a la política catalana después de una etapa marcada por fuertes recortes a las prestaciones sociales, difíciles de asumir para un dirigente de su perfil. Sea como fuere, el presidente coloca a cada uno según le conviene en cada momento y considera el Consejo de Ministros como un elemento más en el tablero de sus objetivos a corto plazo.

Por esta vía indirecta, Rodríguez Zapatero opta por una falsa solución al dilema entre mantener sin cambios a un equipo que no funciona y abrir una genuina crisis de Gobierno para buscar el impulso político que le permita afrontar con alguna posibilidad de supervivencia el periodo convulso que se avecina. Sin embargo, este camino no conduce a ningún sitio porque poco o nada cabe esperar del ministro que se incorpore sobre la marcha para sustituir a Corbacho. Lo mismo ocurrirá en Sanidad, si es que Tomás Gómez no altera los planes de Ferraz para la candidatura de Madrid. Tal como van las encuestas en Cataluña, tampoco parece que el ex presidente de la Diputación de Barcelona pueda obrar el milagro de evitar la derrota más que probable del PSC. Así las cosas, estamos en presencia de otra maniobra oportunista que confunde al Estado con el partido y transmite la impresión de un Ejecutivo que ha perdido por completo el rumbo.

ABC - Editorial