lunes, 30 de noviembre de 2009

Rajoy con barretina. Por Emilio Campmany

Si tanto necesitan los del PP caerles bien a los nacionalistas catalanes, ¿por qué no se deciden a darles lo que quieren? Al menos sabrían a qué atenerse quienes les votan en Cataluña y en el resto de España.

¡Qué poco dura la alegría en la casa del liberal-conservador! Pareció, aunque quizá fuera un sueño, que el PP volvía de su convención en Barcelona decidido a hacer oposición. Tan difusa, confusa y profusa es la política del Gobierno que hasta pesos medios como Soraya Sáinz de Santamaría pusieron contra las cuerdas a pesos pesados como De la Vega en el ring del Alakrana. ¡Qué digo pesos medios! Hasta un peso gallo como Floriano acorraló al super-pesado Rubalcaba. Fueron unos días vividos en nebulosa, en los que las imágenes nos llegaron como filtradas, deformadas, envueltas en irreales brumas.

Pero, ay amigo, llegó el editorial de los doce y el sueño se desvaneció. Durante unas horas, algunos líderes del PP salieron en defensa de la Constitución y del Tribunal encargado de velar por que se cumpla. Cuando Rajoy se puso de perfil, según la acertada expresión de El País, y dijo aquello de que no tenía nada que decir, todos los barandas del partido se dieron cuenta de qué había que contestar si algún periodista preguntaba sobre las presiones al Tribunal Constitucional: nada.

Al parecer, el oráculo Arriola tiene el asunto muy estudiado. Para ganar las elecciones generales, hay que mejorar sustancialmente los resultados en Cataluña. Y en Cataluña, es imposible que el PP mejore sus resultados mientras siga atacando al nacionalismo y a su estatuto.

Quizá Arriola tenga razón. Quizá sea cierto que el PP jamás podrá ganar las elecciones generales sin hacerse nacionalista catalán, como ha hecho el PSOE. Quizá sea una verdad como un templo que Cataluña es independentista y, mientras forme parte de España y hasta que sus políticos crean llegado el momento de separarse, la única forma de alcanzar el Gobierno en España sea fingiéndose amigo de ellos. Pero si todo esto es el evangelio de la política española, ¿qué hace Rajoy que no retira el recurso contra el estatuto de Cataluña?

El País, al recoger la opinión de un líder popular anónimo (me pega que Lasalle), dice que en el PP reconocen que hoy sería impensable que iniciaran una campaña de recogida de firmas contra el estatuto como hicieron hace tres años. Y tanto que es impensable. Este PP jamás haría tal cosa. Pero, entonces, repito ¿por qué no retiran el recurso? En este absurdo sistema nuestro, en el que el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio para que se vea bien a las claras que está al servicio de los políticos, bastaría que el PP desistiera para que el estatuto fuera constitucional, por arte de birlibirloque, como la rana se convierte en príncipe gracias al beso de la princesa. Si tanto necesitan caerles bien a los nacionalistas catalanes, ¿por qué no se deciden a darles lo que quieren? Al menos sabrían a qué atenerse quienes les votan en Cataluña y en el resto de España.

Cada vez se nota más en España una mayor ausencia de bemoles. El presidente de Gobierno y la ministra de Defensa no se atreven a ordenar disparar contra los piratas que apresan nuestros barcos. Los nacionalistas catalanes no se atreven a reclamar la independencia, por más que no paran de amenazar con hacerlo. Y los del PP no se atreven a defender la Constitución como se merece ni a terminar de abandonarla a su suerte como han empezado a hacer. Entre incompetentes, indeseables e indecisos acabarán con la nación.


Libertad Digital - Opinión

"Habría que matarlos a todos". Por José García Domínguez

Cierto Ramon Bagó ha depuesto lo que sigue ante un auditorio tan necesitado de asistencia veterinaria como el propio orador: "Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos"

El "creciente hartazgo" del que nos alertaba en ecuménico editorial ese Sánchez Mazas del catalanismo que responde por Enric Juliana, acaba de experimentar su plasmación empírica en la figura de un ilustre representante del sector porcino gerundense. Así, cierto Ramon Bagó ha depuesto lo que sigue ante un auditorio tan necesitado de asistencia veterinaria como el propio orador: "Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos".

Por lo demás, siendo un pobre hombre, no parece un hombre pobre, el tal Bagó. Presidente del principal consorcio turístico y hotelero de Cataluña, el Grupo Serhs; director general de Turismo de la Generalidad con Pujol; presidente del Salón Internacional del Turismo con Montilla; alcalde convergente de Calella con los votos de un par de tontos del Partido Popular; Cruz de San Jordi con Fèlix Millet, las atocinadas carnes del inductor Bagó representan el paradigma ético y estético de la célebre sociedad civil catalana. Huelga decir, en fin, que la respuesta de los populares ante su amenaza directa de asesinato ha resultado tan fulminante como implacable.

Durísimo, Jordi Cornet, secretario general del PPC, acaba de advertir que emitirán un comunicado de protesta si Bagó no enmienda esas palabras en la forma y plazo que él mismo considera oportunos. Más contundente aún si cabe, Alicia Sánchez Camacho se ha apresurado a manifestar, contra toda evidencia por cierto, que "no se pueden hacer estos atentados a la dignidad de un partido democrático". Tajante réplica que ha querido reforzar, sentenciando, drástica: "Parece que las bromas [sic] tienen que ir siempre contra el PP". ¿Querellas? No, gracias. ¿La Fiscalía? Ni está ni se la espera. ¿La prensa? Ni caso, de tan ocupada como anda en amenazar a su vez los jueces.

Así las cosas, repare por un instante el lector en el desgarro, en la ofensa infinita que, sin saberlo, causa a ese pobre desgraciado cada vez que adquiere cualquier producto del Grupo Serhs tomándolo por español. Y piense en cómo un pequeño esfuerzo, un simple testimonio de solidaridad, de reconocimiento a la sensibilidad criminal de ese Bagó, podría aliviar el inmenso daño que le venimos causando entre todos, al comprar sus mercancías. Medítese en ello. Es de justicia.


Libertad Digital - Opinión

El próximo derby. Por José María Carrascal

NO me refiero al Barça-Madrid, sino al Zapatero-Rajoy. En sus andanzas por el mundo para exponer sus recetas como presidente de la CE, Zapatero se ha acordado de que es también presidente de España y ha convocado a Rajoy para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, y acallar el guirigay armado en torno al Estatuto catalán. Así de sencillo.

¿Cuántas veces ha engañado Zapatero a Rajoy? Tantas como se han entrevistado. En su descargo, Rajoy puede alegar que no es el único en tan embarazosa situación. «Zapatero ha engañado a todo el mundo», dice Pujol con esa mala leche que gasta últimamente. Sin que nadie le contradiga. Zapatero ha engañado a todo el mundo y, especialmente, a Rajoy, del que sólo se acuerda cuando está en un apuro, del que escapa anunciando sonriente después del encuentro que ha llegado a un acuerdo con el líder del principal partido de la oposición, por lo que el problema está solucionado. Para olvidarse del problema y de Rajoy hasta la próxima. Para él, sus promesas como presidente tienen el mismo valor que las electorales: ninguno.


¿Significa esto que Rajoy no debe acudir a la cita? En modo alguno. Eso serviría a Zapatero para culpar al PP del estropicio catalán. Debe ir, por tanto, palpándose la cartera y con una agenda muy corta y muy clara: si Zapatero quiere renovar los cuatro miembros del Tribunal Constitucional pasados de plazo, no tiene más que aceptar los dos propuestos por el PP, a través de la vía correspondiente, el Senado, Francisco Hernando y Enrique López, que obtuvieron más votos en las cámaras autonómicas. Candidatos que el PSOE venía bloqueando. De aceptarlos, el Constitucional podría renovarse en una semana. Si no, tendrá que ser el actual quien decida sobre el Estatut.

Como sabemos con quien nos estamos jugando los cuartos, hay que preguntarse si éste no será el plan B de Zapatero, tras no conseguir que el Estatut pase por el Constitucional con un mero afeite cosmético, como esperaba hasta que uno de los jueces «progresistas» decidiese que lo verdaderamente progresista es no permitir un desafuero por conveniencia política. Y ya que no consigue evitar una poda sustancial del Estatuto, Zapatero puede estar tramando ganar tiempo. Un renovado Tribunal Constitucional podría replantearse el entero caso, lo que supondría retrasar la sentencia hasta después de las elecciones catalanas del próximo año e incluso hasta después de las generales de 2012. Y para entonces, con el Estatut ya a toda máquina, pelillos a la mar. Así que, cuidado, Mariano, que la renovación del Constitucional debe incluir, aparte de los dos candidatos del PP, que el nuevo adopte la entera instrucción del anterior.

Pd. Si nuestro presidente se diera tanta maña en resolver nuestros problemas como en engañar a la gente, España estaría a la cabeza, no a la cola, de Europa.


ABC - Opinión

La insostenible hoja de ruta de Zapatero. Por Antonio Casado

El último Consejo de Ministros dio salida al proyecto de ley de Economía Sostenible, la nueva frontera del reinado de Zapatero. Una hoja de ruta poco sostenible porque nace marcada por la falta de credibilidad. Entre otras cosas, por demorar diez años más unos objetivos ya propuestos en el programa electoral de 2004. Esa es la paradoja de un proyecto que llega con diez años de antelación y cinco de retraso. Muchas de esas medidas ya fueron anunciadas y olvidadas a lo largo del último lustro.

El PP ha sacado a relucir los planes quinquenales del fenecido orden comunista como elemento de comparación histórica. También podía haberse referido a los planes de desarrollo del franquismo, aunque ese parangón hubiera dejado muy fácil la réplica de los socialistas. En cualquier caso, ojo, mejor no tocar ahora el viejo asunto del intervencionismo del Estado y las economías planificadas para desautorizar este proyecto de Zapatero. No precisamente ahora, cuando acabamos de darle la bienvenida, como a mister Marshall, al generoso dinero del Estado -o sea, de todos- para el rescate de una economía de mercado libre que a punto estuvo de mandarnos a vivir debajo de un puente.

Otras razones, y no el hecho de que el Estado quiera apadrinar un determinado patrón de crecimiento, nos ponen en la pista de esta insostenible hoja de ruta de Zapatero. De momento, el proyecto nace bajo el peso de ese doble lastre asociado a sus planes de lucha contra la crisis económica. Por un lado, un voluntarismo el insobornable. Por otro, el camuflaje semántico. Leire Pajín, número tres del PSOE, lo clavaba este fin de semana: “Es una ley pensada para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones”.

Catálogo de buenas intenciones de difícil verificación a lo largo del tiempo, con el objetivo declarado de cambiar nuestro modelo económico. Las buenas intenciones frente a la evolución de la economía según sus propias dinámicas: la marcha de la economía internacional, el precio del petróleo, las leyes del mercado libre, el signo de la demanda, etc. ¿Va a quedar todo eso condicionado a una hoja de ruta elaborada en Moncloa?

Por otra parte, me gustaría saber cómo los diseñadores del plan han averiguado que su aplicación costará 20.000 millones de euros y no 32.000, 15.000 o 45.350. Sería interesante conocer la caja negra de esa cifra cuando, al tiempo, el equipo de Zapatero se abstiene de cuantificar, al menos de forma aproximada, los umbrales mínimos de crecimiento, déficit público y empleo, que son los realmente nos indicarían si se están consiguiendo o no los resultados apetecidos. Así que nos quedamos sin referencia fiable para valorar la eficacia de la ley con el paso de los años.

Aparte del voluntarismo, la otra marca de la casa es el camuflaje semántico. No se entiende por qué hay que bautizar con el nombre de economía sostenible la muy tardía supresión de los defectos estructurales de la economía española, como el excesivo peso de la construcción, el déficit educativo –la formación profesional, muy especialmente-, la irritante burocracia oficial o la rigidez del mercado de trabajo ¿Es que no se pueden superar de una vez por todas esas asignaturas pendientes de nuestro sistema productivo sin necesidad de ponerle un nombre a la tarea?


El confidencial - Opinión

Haidar, otra muestra de debilidad frente a Marruecos

La negativa de Haidar podrá ser una estrategia discutible, pero desde luego retrotrae el problema a su origen: la necesidad de un rechazo firme, radical y político por parte del Gobierno a que Haidar fuera trasladada en contra de su voluntad a España.

El Gobierno del PSOE siempre ha cultivado una amistad más unilateral que recíproca con la autocracia marroquí. Numerosas han sido las ofensas que, a lo largo de los años, nuestro vecino del sur ha ido infligiendo a los intereses españoles –con la mirada siempre puesta en la ocupación de Ceuta y Melilla y, por qué no, de Canarias– y que nunca contaron con una respuesta a la altura de las circunstancias, especialmente desde que Zapatero llegó a La Moncloa.

Marruecos sabe perfectamente que las posiciones de la democracia española no se caracterizan precisamente por su firmeza y que los distintos Gobiernos, especialmente los de signo socialista, siempre estarán dispuestos a tragar cualquier sapo con el objetivo de evitar un conflicto diplomático. Por eso recurren constantemente a políticas de hechos consumados que les permitan ganar batallas prácticamente sin haberlas librado. Una vez la monarquía alauí da un paso adelante, España rara vez le hace dar un paso atrás; por lo general, tratamos de buscar un, muchas veces, rocambolesco encaje de la nueva situación dentro de nuestro ordenamiento jurídico (como sucedio incluso con Perejil). Es el modelo de la Marcha Verde que tan buenos resultados le dio a Hassan II y que durante su reinado tan buenos le está dando a su hijo Mohammed VI.

El caso de la activista saharaui Aminatu Haidar es un claro ejemplo de ello. Marruecos tenía pensado desde un primer momento expulsarla a España una vez regresara de Nueva York, donde había acudido a recoger el Premio Coraje Civil 2009. Haidar incomodaba a la autocracia magrebí y decidieron recluirla en España, lejos de la región del Sahara Occidental por la cual se rebela.

Así, a mediados de noviembre, después de llegar a Aaiún, fue remitida a Lanzarote por las autoridades del país; movimiento que contó con la tibia oposición del Gobierno español y pese al cual Marruecos decidió proseguir con la operación. Moratinos habló por teléfono con su homólogo marroquí, pero de poco o nada sirvió. La monarquía alauí volvió a utilizar su política de hechos consumados ante la impotencia voluntariosa del Ejecutivo español. Puede que, al contrario de lo que dice Haidar, el Gobierno español no sea un cooperador necesario por acciones propias, aunque desde luego sí deviene tal por omisión.

Marruecos nos ha convertido en su particular celda de reclusión para Haidar y nos ha forzado a que tengamos que buscar algún tipo de solución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando sea retorciendo nuestro derecho positivo.

En este sentido, el rechazo de Haidar a que se le conceda la nacionalidad española, esto es, a "convertirse en extranjera en su casa", podrá ser una estrategia discutible y de final incierto –especialmente al combinarla con una huelga de hambre que por la desidia del Ejecutivo español ya alcanza las dos semanas y que ha debilitado enormemente a la activista–, pero que desde luego retrotrae el problema a su origen: la necesidad de un rechazo firme, radical y político por parte de las autoridades españolas a que Haidar fuera trasladada y permanezca en nuestras tierras en contra de su voluntad.

Se ha sorprendido Moratinos de que la activista saharaui haya rechazado sus ofertas. En realidad, lo realmente sorprendente es que el Gobierno haya aceptado sin rechistar convertirse en el presidio septentrional de Marruecos.


Libertad Digital - Editorial

Crisis constitucional. Por Gabriel Albiac

POCA solución hay ya. La larga parálisis del Tribunal Constitucional ha desembocado en lo que era previsible: una crisis constitucional de hecho. El Estatuto de Cataluña era casi transparentemente incompatible con aspectos cruciales de la Constitución española. Un rápido esclarecimiento de esos puntos hubiera dado ocasión a corregir lo corregible y, si era preciso, volver a la casilla de partida. No se hizo. Tal vez porque la inercia se ha convertido en la única norma de funcionamiento de la política española y ha acabado por contaminar también a la última instancia de control de garantías. Era, a poco que se pensase en frío, un mal cálculo: la política aborrece el vacío, y el paréntesis -el largo paréntesis- generado por el Constitucional, ha ido siendo llenado por un despliegue institucional de las tesis del Estatuto, que buscaba fijar una situación materialmente irreversible. El doble golpe de la formación de un remedo catalán de Tribunal Constitucional propio y de un manifiesto de uniformidad editorial sin precedente en la prensa española, alza acta de que los últimos envites han sido hechos. Y la expresión del Presidente Montilla, llamando a ir hasta las últimas consecuencias para imponer su vigencia, es cualquier cosa menos retórica.

En sus fundamentos hay algo difícilmente conciliable: la Constitución española pone como sujeto constituyente al pueblo español; el Estatuto otorga esa potestad a la nación catalana. Uno de los dos textos tiene que ser reformado para que el otro exista. Y, dada la preeminencia de la Constitución sobre cualquier otra norma, no queda más que excluir la viabilidad del Estatuto catalán. Al menos, hasta que una sustancial reforma de la Constitución española haya sido llevada a cabo. Sólo entonces, si esa reforma hace desaparecer del texto al sujeto constituyente de la de 1978, la nación española, podrá pasarse a elaborar un Estatuto que otorgue función constituyente a una región concreta, la que sea, del país que se extingue. Sería, pienso yo, abrir una dinámica desastrosa. Pero legal, en todo caso. Porque toda Constitución que sea tal incluye una previsión precisa de los procedimientos mediante los cuales pueda, en su totalidad, ser modificada.

En la Constitución de 1978, esos procedimientos están muy claramente definidos en el Artículo 168, que establece las condiciones de reforma cuando lo que esté en juego sean aspectos axiales del texto:

«1.Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, Sección 1.a, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2.Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3.Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación».

Es un procedimiento complejo, pero factible. Puede que haya llegado el momento de aplicarlo. Puede que este pobre país haya llegado a ese confín de su destino que Francesco Guicciardini describe como el drama mayor de un ciudadano: «Todas las ciudades, todos los estados, todos los reinos son mortales... Pero un ciudadano que se halla ante el fin de su patria no debe dolerse tanto de la desgracia de ella cuanto de la suya propia: porque a la patria le ha sucedido lo que en cualquier caso debía sucederle, pero la desgracia es la de aquel al que le tocó nacer en el tiempo en que tal infortunio va a producirse».


ABC- Opinión

domingo, 29 de noviembre de 2009

Mas asegura que una consulta autonómica "evidenciaría que Cataluña quiere ser española"

Un total de 3.500 personas se reúnen para coordinar las consultas del 13 de diciembre

El presidente de CiU, Artur Mas, aseguró este domingo que en caso de que se celebrase una consulta en Cataluña sobre su independencia de España ganaría el "no", aunque no descartó la posibilidad de plantear una consulta de este tipo en el futuro. Por otra parte, unas 3.500 personas asistieron al acto central de campaña de la Coordinadora por la Consulta sobre la Independencia, que agrupa a los representantes de las diversas comisiones organizadoras de las consultas que se celebrarán el 13 de diciembre en 161 municipios de Cataluña.

En una entrevista concedida al diario El País, el presidente de CiU, Artur Mas, constató que una consulta sobre la autodeterminación en Catalunya a nivel autonómico "evidenciaría que Catalunya quiere ser española". "Tenemos constatado con estudios sociológicos que en una consulta en toda Cataluña ganaría el "no"", dijo Mas, quien no descartó plantear una consulta de este tipo en el futuro, pero consideró que ahora se impondría el no.

Recordó que tanto CDC como UDC defienden el derecho a la autodeterminación de Catalunya, y que en la votación en los Ayuntamientos catalanes de mociones en apoyo a las consultas que se están organizando a nivel local para el próximo 13 de diciembre, ambos partidos dieron libertad de voto a sus ediles. "Yo votaría sí y el señor Duran ha dicho que lo haría en contra. No tenemos una postura común porque son consultas locales, no a nivel catalán", dijo Mas.

ORGANIZACIÓN DE LAS CONSULTAS
Mientras tanto, unas 3.500 personas asistieron este domingo en Barcelona al acto central de campaña de la Coordinadora por la Consulta sobre la Independencia, que agrupa a los representantes de las diversas comisiones organizadoras de las consultas que se celebrarán el 13 de diciembre en 161 municipios de Cataluña, y en los que podrán votar más de 700.000 personas.

El diputado de ERC y responsable de campaña de la Coordinadora, Uriel Bertran explicó que la campaña consistirá en informar en las localidades donde hay convocado un referéndum sobre cuáles son los lugares habilitados para votar, así como sobre cuáles las razones por las que se convoca la consulta. "Hacía falta un acto de fuerza como el de hoy para iniciar la campaña y animar a la gente", afirmó. El republicano aseguró que la Coordinadora dirigirá su campaña hacia el fomento de la participación en las consultas, y que no promoverá el voto en ninguna dirección. "Queremos que se vote sí, no o en blanco libremente, sin ningún tipo de impedimento ni restricción", indicó.

El acto, en el que se escuchó la actuación de Titot Ribera, y la lectura que hizo el escritor Carles Canut del Poema "Ara mateix" de Miquel Martí i Pol, concluyó con un parlamento de Terricabras, quien afirmó que "las consultas no son en contra de nadie, sino a favor de todos, para mostrar que la democracia siempre va más allá de los márgenes que se le quieren imponer".

"Los que dicen que la mayoría de catalanes no quiere la independencia que comprueben si es verdad lo que dicen, que no tengan miedo y vengan el día 13. Que no nos dé miedo que el pueblo hable", afirmó el filósofo antes de cerrar la jornada coreando el lema "visca Catalunya lliure".


Siglo XXI

Los que no tienen dignidad. Por Cesar Vidal

Cuenta la Historia que en 1933 se constituyó en Alemania la denominada División de la prensa alemana. La misión de esta organización era supervisar la prensa alemana y además proporcionarle las directrices necesarias para que pudiera convertirse en un instrumento eficaz en las manos del gobierno alemán. La División de prensa funcionó a la perfección de tal manera que la totalidad de los periódicos alemanes ocultaron las mismas noticias, difundieron las mismas consignas y se unieron en la misma misión de impulsar el nacionalismo. Trece años después, el responsable de la División de la prensa alemana, Hans Fritzsche, fue juzgado en el proceso contra los grandes criminales de guerra de Nüremberg. La acusación fundamental dirigida contra él era la de haber difundido las directrices por las que debía guiarse la prensa alemana.

Hoy, la prensa catalana ha dado una muestra excepcional y sin precedentes de sometimiento servil al poder político. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes:

1. El 27 de enero de 2005, se hundió en Barcelona un túnel de la ampliación de la línea 5 del metro provocando un socavón de unos 35 metros de profundidad y 30 de diámetro. 84 edificios, 2 colegios y 500 viviendas se vieron afectados por daños y peligro de hundimiento, lo que condujo a su desalojo, con un total de no menos de 1.054 personas afectadas. En lugar de exigir responsabilidades por este desastre, el Colegio de periodistas de Cataluña impuso lo que denominó el “apagón informativo”, es decir, guardar silencio sobre lo acontecido.

2. El 20 de diciembre de 2005, el parlamento catalán, con la única oposición del PP, creó el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que puede imponer sanciones económicas y realizar cierres preventivos de emisoras, mediante simple decisión política y sin que intervenga previamente un juez. El primer ataque del CAC se dirigió contra Federico Jiménez Losantos y César Vidal que a la sazón dirigían sendos programas en la cadena COPE.

3. La reacción en favor de la libertad de expresión e información y en contra del CAC fue fulminante. Así, el Comité Mundial de Libertad de prensa (WPFC) afirmó que “El CAC utiliza un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica… Es injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación”.

4. Igualmente, el Comité mundial de libertad de prensa señaló que “No se recuerda en España algo parecido desde los órganos censores franquistas” y añadió: “Instamos al parlament y a la Generalitat a tomar las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa”.

5. El 24 de enero de 2006, el eurodiputado Luis Herrero depositó más de setecientas mil firmas en la sede del parlamento europeo en protesta por la acción liberticida del CAC. Nunca antes y nunca después recogería el parlamento europeo una iniciativa popular tan numerosa.

6. En el colmo de la represión informativa, Maragall decidió querellarse contra el humorista Fray Josepho. Nunca antes ni nunca después, un presidente de una comunidad autónoma había caído tan bajo.

7. El 22 de junio de 2007, en un programa de TV subvencionado por el ayuntamiento de Barcelona se procedió a ahogar un ejemplar del libro El Camino de la cultura, de César Vidal. El episodio liberticida provocó una interpelación del PP en el ayuntamiento de Barcelona.

8. Hoy, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, han publicado conjuntamente el editorial La dignidad de Cataluña en el que exigen al Constitucional una sentencia favorable al Estatuto.

9. Igualmente, las principales emisoras de radio catalanas RAC1, Cataluña Radio y COM Radio se han adherido al editorial, según lo han puesto de manifiesto los conductores de sus programas matinales.

10. Además de cuestionar a los miembros del Tribunal, el editorial arremete además contra el PP, del que dice que "ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras" y concluye con una velada amenaza: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".

11. La edición digital de La Vanguardia, califica la publicación de este artículo como "una iniciativa inédita en democracia y en la historia de la prensa española", aunque no se pregunta la razón de que, ante circunstancias mucho más complicadas de la historia de España o de Cataluña, no diera una unanimidad similar.

12. El Mundo ha señalado, por el contrario, que “es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio” y recuerda que "el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut".

13. El Mundo señala además que lo que está en juego no es "la dignidad de Cataluña", como dice el título del editorial, sino "la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática".

14. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, considera que el editorial representa "el sentir del pueblo de Cataluña".

15. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que ha leído "con mucho interés" el editorial y que le merece "mucho respeto" y

16. Finalmente, Mariano Rajoy se ha negado a realizar a declaraciones sobre el editorial alegando que “cada uno puede opinar lo que quiera”.

El impacto que el nacionalismo catalán ha tenido durante décadas sobre la libertad de expresión y la independencia de la prensa es verdaderamente pavoroso. Bajo el nacionalismo, se ha procedido a perseguir a humoristas por el terrible delito de escribir unos versos satíricos sobre Maragall; se han destruido libros en TV en programas costeados con fondos públicos; se ha creado el CAC comparado por los organismos que defienden la libertad de prensa con los peores aspectos del franquismo; se ha perseguido a los periodistas independientes y se ha sometido a la prensa hasta convertirla en un rebaño servil que lo mismo pedía el apagón informativo durante el drama del Carmelo que hoy se plegaba como no hizo ni siquiera durante la dictadura de Franco a los dictados del poder político.

De esa sumisión a las oligarquías nacionalistas no ha escapado la prensa que hoy en día – como muestra la denominada lista de Povedilla – es mucho más servil ante el poder político de lo que fue incluso bajo la dictadura de Franco.

- No ha escapado el partido socialista que, por definición, no debería nunca absorber una ideología nacionalista.

- No ha escapado el PP cuyo presidente hoy se ha negado cobardemente a comentar el editorial y

- Ni siquiera ha escapado un cierto sector de la iglesia católica en Cataluña si tenemos en cuenta que uno de sus cardenales llegó a jactarse en un programa de la TV catalana de haber echado de la COPE a los dos periodistas que fueron previamente atacados por el CAC. Quizá eso explique que los tres periodistas que se enfrentaron con semejante atropello – Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero y quien ahora se dirige a ustedes desde estos micrófonos – se encuentren ahora en Es. Radio y quizá eso explique también la abundante presencia de nacionalistas catalanas en la que fue su emisora durante años.

Cuando se contempla todo esto sólo se puede llegar a una conclusión no por triste menos real. El nacionalismo catalán se ha convertido, gracias a la ayuda de ZP y del PSOE, en una amenaza real contra el sistema democrático trazado en la constitución de 1978 y o el Tribunal constitucional cumple con su deber defendiendo la legalidad y sirviendo de valladar contra esa terrible agresión contra nuestra democracia o nos veremos abocados a una gravísima crisis institucional cuyo final es imprevisible.

Y es que, a día de hoy, resistir las apetencias liberticidas del nacionalismo catalán
- es una obligación para los que aman la democracia
- es una obligación para los que aman a España y
- es una obligación para los que aman la libertad, esa libertad que el nacionalismo catalán tanto se complace en suprimir allá donde hace acto de presencia.

Original

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Convulsiones. Por Jon Juaristi

LOS nacionalismos secesionistas de Cataluña y el País Vasco nacieron de una crisis de la derecha antiliberal en la Restauración. Durante la República, ganaron a las clases medias democráticas, fundamentalmente urbanas, en ambas regiones. Tuvieron enfrente a la mayor parte del movimiento obrero, anarcosindicalista en Barcelona y socialista en Bilbao y Eibar. En las comarcas rurales de ambas regiones, el peso del tradicionalismo seguía siendo importante a la altura de 1936. Es evidente que, bajo el régimen de Franco, el crecimiento de las mesocracias asalariadas favoreció la difusión de una versión transversal del nacionalismo porque, a fin de cuentas, éste aparecía como cultura distintiva de la clase media, y todo el mundo quería ser clase media, tanto los campesinos carlistas como el movimiento obrero. Era el horizonte utópico del franquismo, su idea de la modernización de España.

En teoría, esta nivelación tendría que haber fortalecido la cohesión nacional, toda vez que se había generalizado una forma de vida bastante homogénea: el piso en propiedad, el utilitario y la televisión con dos canales. Franco debió morir con la conciencia bastante tranquila. Por fin, la Historia lo absolvía revelando para qué habíamos muerto un millón de españoles entre Melilla y el frente del Ebro. Tampoco los antifranquistas tenían una impresión muy distinta. Desaparecido el general, la democracia podría integrar las discrepancias que fue imposible contener dentro de los límites de la política y de sus propios medios cuarenta años atrás. La Constitución de 1978 surgió de una confianza en las virtudes civilizadoras del crédito hipotecario como factor de inhibición de la sed de aventura y de los ideales sublimes que, tarde o temprano, derivan en escabechinas.

Entre todas las formas de lo sublime, el nacionalismo es una de las más deletéreas, y de ahí que no pareciera una mala solución encomendar su gestión a las cajas de ahorro, que podrían acordar con las administraciones autonómicas entregadas graciosamente a los partidos nacionalistas su distribución al personal en dosis homeopáticas. Ya que el franquismo había probado que cualquier pretensión de erradicarlo sería ilusoria, cabía intentar, al menos, privarlo de tensiones apocalípticas y disolverlo en la vida cotidiana. El caso del contestado nombramiento del obispo Munilla, por ejemplo, ilustra perfectamente la condición de religión sustitutiva que se atribuyen los nacionalismos en una época post-cristiana y su consiguiente incapacidad de admitir la existencia de una Iglesia independiente de la cultura política y del poder social (lo que, por otra parte, no es una característica exclusiva de los nacionalismos, si bien en éstos resulta más patente, al carecer del camuflaje agresivamente laicista del socialismo).

Como religiones póstumas, los nacionalismos articulan comunidades que marginan al discrepante, y por eso los no nacionalistas comprueban reiteradamente la ineficacia de apelar, en defensa de sus derechos individuales, al estatuto de ciudadanía. Con todo, podrían resignarse a una subalternidad protegida semejante a la de los infieles en las sociedades teocráticas, mientras pagaran religiosamente sus impuestos y no hicieran cuestión del uso político del ahorro. Pero la crisis financiera ha venido a dar el golpe de gracia a un sistema homeostático ya gravemente subvertido por el irresponsable radicalismo del Gobierno de Rodríguez, y los nacionalismos han entrado en una fase de convulsiones milenaristas que será difícil enfriar con dispositivos económicos de contención.


ABC - Opinión

Hacia una democracia sostenible. Por Jesús Cacho

Descartado embarcarme en la nave corsaria de los muchos opinadores que, a favor o en contra, han echado su cuarto a espadas a cuenta del Estatuto de Cataluña, el famoso editorial de los 12, y la calma chica que después de tres años de monacal silencio sigue rodeando los trabajos y los días del Tribunal Constitucional (TC), creí ayer descubrir al fin un asunto mollar al que hincar el diente en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que el Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros. De modo que, manos a la obra, empecé ayer mañana a teclear con decisión al respecto, para encontrarme con la grata sorpresa de que, cinco líneas después, había terminado mi artículo y podía irme a tomar unas cañas con los amigos al Zaguán de Aravaca.

Porque, como decían las beatas de mi pueblo palentino, la LES de marras puede describirse en menos tiempo del que tarda en persignarse un cura loco. Una gigantesca bolsa de humo. De modo que de nuevo me vi enfrentado a la necesidad de hallar un tema sobre el que escribir y aportar algún valor añadido para los lectores del Confi. Dispuesto estaba a adentrarme por los siempre excitantes caminos de la dialéctica hegeliana cuando descubrí en el cajón de sastre de ese anteproyecto una disposición según la cual el Gobierno obligará a las empresas que coticen en Bolsa a poner a disposición de sus accionistas toda la información sobre las remuneraciones de directivos y ejecutivos, que deberán además ser votadas en Junta General. Muy bien, señora Salgado, se agradece la intención, un aplauso, pero ¿qué va usted a hacer para que esos directivos que, sin arriesgar un duro propio, se dedican a esquilmar las empresas que dirigen dejen de hacerlo? ¿Cómo piensa hacer respetar la norma? ¿Y qué pasa con los consejeros “independientes”, la mayoría de ellos nombrados por el presidente de turno? ¿Va a seguir la farsa en curso?

La vicepresidenta, toda buena voluntad, dice que con ello el Gobierno “quiere reforzar la transparencia de las remuneraciones no sólo en el sector financiero sino en el conjunto de las sociedades que cotizan”. ¿Cuántas veces hemos oído esto o algo parecido desde la llegada de la Constitución? Casi tantas como que, a partir de ahora, bastarán cinco días de papeleo para crear una empresa. Añade la ministra de Economía que “el Banco de España prestará especial atención a las políticas de remuneración con el fin de que se atienda al riesgo de forma responsable…” Oiga, doña Elena, ¿Qué opina usted del último sucedido protagonizado por Emilio Botín, fichando a golpe de talonario al jefe del equipo de inspectores del Banco de España destacado en la sede de Boadilla del Monte? ¿Tiene el Gobierno algo que decir al respecto? ¿Le parece a usted presentable, desde un punto de vista ético o estético, lo de José Piñán, el inspector de marras?

La noticia, exclusiva de Eduardo Segovia en este diario, ha provocado un terremoto en aquellos ambientes, incluidos los empresariales, donde todavía hay gente que piensa que no vale todo y que sigue siendo inaceptable poner la zancadilla a una anciana en plena calle, faltar al respeto a los padres o convertirse en asalariado de lujo, sin incompatibilidad de ninguna clase, del empresario al que estabas obligado a vigilar como autoridad de supervisión, por cuyas narices necesariamente han tenido que desfilar asuntos tan espinosos para el Santander como Madoff, Lehmann o el fondo Banif inmobiliario. Y conste que la culpa no es tanto de Botín, libre de contratar a toda persona susceptible de traducir su ficha en valor añadido para la casa, sino del Banco de España (BdE) que lo consiente. Muy bien por Fernández Ordóñez. De victoria en victoria, hasta la derrota final. Oído en el caserón de Cibeles: “Menos mal que no se ha ido al BBVA, porque eso sí que hubiera sido un escándalo: un tío que conoce al dedillo las tripas del Santander…”

La baja calidad de nuestra democracia

Desprestigio de las instituciones. Constancia de que en este país pocos cumplen con su obligación y casi todo el mundo escurre el bulto, unos por ideología y otros por cobardía, asunto particularmente grave cuando de personas tan principales como del gobernador del BdE se trata. El resultado es la baja calidad de nuestra democracia, víctima del constante deterioro de las instituciones que la soportan, asunto que a poca gente parece preocupar, y muy pocos osan denunciar. Con los grupos de comunicación –tanto en Cataluña como en el resto de España-, en el filo de la navaja de la quiebra por culpa de la crisis galopante, la supervivencia depende del poder político y/o de los poderes económicos. Véase lo ocurrido esta semana con la entrada de Telefónica en Digital Plus.

¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa?

Dieciocho meses después de haber salido de Sogecable con la venta del 16,79% que controlaba por 650 millones de euros, César Alierta vuelve en socorro del enfermo entrando en un negocio de tan incierto futuro como el satélite y comprando el 21% de Digital Plus –una de las partes de Sogecable- por 470 millones. Cierto que el almirante Cebrián empezó pidiendo 3.300 millones por el 100% del business, que después fueron 3.000 y más tarde 2.800. Los telefónicos decían mantenerse firmes: nuestro precio son 1.800 y de ahí no pasamos. Al final, han pagado a valor empresa de 2.350 millones, cifra muy generosa. Precio político, con el que Alierta compra protección sin que aparentemente la necesite ahora. No parece que los grandes fondos de inversión vayan a formular pregunta sobre la racionalidad de la operación; lo que sí está claro es que tanta generosidad con el antaño temible cañón Bertha de Jesús Polanco correrá a cargo de los consumidores españoles, que seguirán pagando la banda ancha más cara de Europa. ¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa? ¿Dirá algo al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia?

Casos como muestra de un país que no funciona, resultado de una economía enladrillada que acabó por derrumbarse y de un sistema democrático que venía ya muy cuesta abajo desde la crisis de los noventa. La recesión en curso se está traduciendo en una obvia pérdida de riqueza para todos, pero ¿cuánto está significando, en términos de calidad de vida democrática, la crisis de un sistema tan agostado como el nuestro? A la clase política y periodística catalana le preocupa el Estatut, pero ¿le preocupa en igual medida lo ocurrido con la famosa denuncia de Maragall sobre el 3%? ¿Van a hacer algo para evitar la repetición de escándalos como el de Félix Millet -el “ciudadano que nos honra”, título que recibió en 2008 en presencia de las autoridades catalanas y del Ministro de Cultura- en el Palau? ¿El autogobierno, la independencia incluso, servirá solo de vehículo para el medro personal de una elite, o se traducirá en alguna mejora efectiva en la calidad de vida, también democrática, de los ciudadanos de Cataluña?

En busca de un gran desafío colectivo

Ante tanto desafío, el ciudadano Zapatero responde con un proyecto de Ley cuyo mejor resumen, y en ocho líneas, lo hizo ayer Carlos Sánchez en este Confi: “No se habla de las pensiones o del sistema sanitario (el envejecimiento de la población es una variable clave para la economía a partir de 2015), ni del mercado de trabajo (el paro se acerca a tasas del 20%), ni de la reducción del aparato administrativo del Estado, cuando el déficit público ronda ya el 10% del PIB. Tampoco se identifica en el nuevo modelo productivo qué sector debería sustituir a la construcción. La apuesta por la creación de empresas no alude a una nueva fiscalidad o una revisión de las leyes regionales que cercenan la unidad de mercado. Medidas inconexas, sin eje vertebrador”. Humo que escurre el bulto de las cuestiones trascendentes. Puro “narcisismo-leninismo”, según definición de Joaquín G. Moya en los foros de este diario.

Decía ayer Jordi Sevilla en su blog que “los Gobiernos pasan, pero nosotros quedamos. ¿En qué país queremos vivir y dejar a nuestros hijos? Tendremos que empujar al Gobierno para situarlo a la altura de sus declaraciones y de nuestras ambiciones. Sólo perderemos, todos, si esto [la LES] vuelve a ser otro episodio del rifirrafe partidista”. De acuerdo, estimado Jordi, pero te quedas corto. No cojamos el rábano por las hojas. Vayamos aguas arriba del problema español y dejemos de construir la casa por el tejado. Exijamos a nuestros políticos, a derecha e izquierda, que aborden juntos una gran reforma constitucional con voluntad de regeneración democrática. Sólo con una democracia sostenible será posible construir una economía capaz de crear riqueza y empleo para la mayoría. Decía ayer un periódico que ZP va a llamar a MR para hablar de la renovación del TC. No, hombre. El Constitucional es solo un síntoma del cáncer español. Pónganse en pie, hagan uso de su condición de hombres libres y propongan a este pueblo un gran desafío colectivo. Aceptamos sudor y algunas lágrimas. El deterioro del enfermo ha llegado a tal punto, que no habrá momento más oportuno para meterlo en quirófano. Lo contrario será seguir como hasta ahora. Hasta que el cuerpo aguante.


El confidencial - Opinión

La «cuestión catalana». Por Ignacio Camacho

QUIZÁ sea ya demasiado tarde, después de tantos errores, de tantos delirios, de tanto exaltado antagonismo, soñar con una reconducción adecuada del desencuentro social y político que ha vuelto a abrirse en torno a la «cuestión catalana». El debate se ha vuelto desabrido y hostil, amargo y visceral, de una enconada visceralidad de ida y vuelta, tan mutua y bilateral como esa relación de estado a estado que pretende consolidar el discutido Estatuto en solfa. Ha llegado un momento en que nadie comprende a nadie ni se acepta otro resultado que el triunfo de unas razones sobre otras; se ha acumulado un exceso de malentendidos, una demasía de egoísmos, un superávit de incompetencias y un abuso de hechos consumados, y el resultado ya no admite componendas ni empates. Se trata de un pulso que todos quieren ganar «como sea», sin reglamento ni arbitraje; una batalla sin prisioneros que deje el campo de la convivencia calcinado y sembrado de víctimas directas y colaterales.

Pero hay en esta desgraciada disputa un malentendido primordial que sí cabe localizar unívocamente en el anhelo soberanista catalán, en la arrebatada atmósfera identitaria que ha caldeado en los últimos años una clase dirigente enrocada hasta convertirse en una suerte de oligarquía política. Consiste este equívoco en una crucial confusión sobre el concepto de soberanía nacional: los catalanes pueden sentirse a sí mismos como integrantes de una nación, pero el Estado de Derecho no se fundamenta sobre los sentimientos sino sobre leyes ordenadas por una jerarquía de rango, siendo la Constitución la que da naturaleza y sentido a todas ellas. Pues bien, la Constitución vigente, ampliamente refrendada en su momento también en Cataluña, no reconoce más que una nación, la española, cuya soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos de España sin bilateralidades ni excepciones ni pactos; de un modo taxativo, preciso y terminante. Y en nombre de esa soberanía establece en el Tribunal Constitucional la facultad irrevocable y última de interpretar lo que encaja o no en la legalidad suprema.

De la obstinada negación de esta arquitectura jurídica parte una polémica desenfocada por las pasiones. Los complejos episodios de este turbio debate, propiciado por la frívola irresponsabilidad del presidente Zapatero y agravado por el egoísmo de la dirigencia catalana y la incuria culpable del Tribunal Constitucional, son sólo consecuencia de la torticera intención de obviar mediante trucos políticos ese precepto de partida. No existe un conflicto de legitimidades ni un enfrentamiento real de identidades; el origen de la actual desavenencia arranca de una concepción fullera de la política que trata de sustraerse a la supremacía de la ley. El típico vicio de poder que prima lo contingente sobre lo esencial para degradar la democracia a un tramposo conflicto de intereses.


ABC - Opinión

¡Salvem Catalunya dels seus governants!. Por Federico Quevedo

No habrá habido muchas veces en las que un pueblo se haya merecido tan poco a sus gobernantes, pero hay que reconocer que el caso catalán es especialmente grave, de diván diría yo, en la medida que el abismo que separa los intereses y las preocupaciones de la sociedad catalana de los intereses y preocupaciones de su clase política parece insalvable. No lo digo por decir, basta recordar que solo tres de cada diez catalanes acudieron a votar al referendum del Estatut, pero es que además todos los sondeos y encuestas señalan que ni el Estatut, ni su desarrollo, ni la configuración territorial de Cataluña se encuentran entre los principales problemas de los ciudadanos catalanes. ¿Por qué, entonces, su clase política ha convertido este asunto en el eje principal de su acción? Y, sobre todo, ¿porqué han hecho de su reivindicación soberanista un motivo de fricción con el Estado español, cuando la sociedad catalana no se plantea su relación con el resto de España en términos de confrontación? El asunto es muy grave porque están en juego las reglas de juego del sistema democrático, y el espíritu de consenso y concordia que vistió la Transición, un edificio que se levantó sobre la base del respeto a la ley, al Estado de Derecho y a la separación de poderes, pero que ahora una parte de la clase política catalana y, lo que es aún peor si cabe, la clase periodística, han decidido derribar para alcanzar ese objetivo soberanista, caiga quien caiga y cueste lo que cueste.

Cataluña es una región maravillosa, lo son también sus gentes, lo es su lengua y su cultura que enriquece y aporta consistencia a la oferta cultural española en su conjunto. Goza, además, de un grado de autonomía política y económica envidiables por parte de otros estados federales en los que la independencia del poder central es mucho menos acusada. Plantear, por tanto, la relación entre Cataluña y España en términos de confrontación solo puede interesar a quienes únicamente entienden la política y su ejercicio como una permanente ruptura, y ni la sociedad catalana ni la sociedad española –de la que forma parte la primera- se merecen que nadie plantee la convivencia sobre esas bases tan negativas. La primera conclusión a la que debe llevarnos todo lo que ha pasado en torno al Estatut es, por tanto, esa: la de que Cataluña necesita una clase política distinta, que mire de verdad por los intereses de los ciudadanos. ¿Eso es incompatible con un cierto nacionalismo? Seguramente no, pero sí lo es con la permanente reivindicación del soberanismo porque, sin duda alguna, la búsqueda de ese objetivo por la vía de la confrontación y la vulneración de la ley no hace más que ahondar en el desencanto y la desafección de la sociedad catalana hacia sus gobernantes, como se está pudiendo comprobar con notable crudeza.

Esos tics totalitarios del nacionalismo…

Hecha esta primera aproximación, lo cierto es que al final hemos de reconocer que la clase política catalana ha conseguido en buena parte su objetivo de ruptura, en la medida en que inevitablemente, sobre todo de un tiempo a esta parte, un tiempo que comenzó con el debate sobre la reforma estatutaria, lo que hasta ese momento venía siendo una relación más o menos cordial en la que, incluso, el nacionalismo de derechas catalán participaba de la gobernabilidad de Estado, se tornó en confrontación. A esa situación ha contribuido, sin lugar a dudas, la excepcional tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre los recursos presentados contra la constitucionalidad del Estatut, pero esa sorprendente dilación, achacable únicamente a su presidenta, María Emilia Casas, incapaz de dar salida a una cuestión tan espinosa, no es razón suficiente para que en esta última semana y a raíz de una interesada filtración al diario El País, esa clase política catalana haya vuelto por sus fueros y, yendo más allá en su campaña de ruptura, haya puesto en marcha una estrategia de chantaje y acorralamiento del TC que, como mínimo, debería ser sancionable porque la coacción es un delito penado por la ley. Y en la cima de esa campaña de acorralamiento se ha situado el ya famoso editorial a doce de los medios de comunicación catalanes.

En treinta años de democracia en España, con la sola excepción del día después del 23-F y por otras razones muy distintas de estas, nunca habíamos asistido a semejante ejercicio de uniformidad, a tal expresión de pensamiento único, propio todo ello de ideologías totalitarias que deberíamos desterrar lo más lejos posible de nuestra democracia. El editorial, sobre el que ya se ha escrito mucho y no voy a ahondar más en su contenido, es un ejemplo de los más elocuentes de hasta donde se puede llegar en el retorcimiento del Estado de Derecho al servicio de unos determinados intereses que se sitúan muy por encima del bien común y de la legitimidad democrática. Cabría hacerse la pregunta de porqué quienes tanto insisten en la constitucionalidad del Estatut tienen tanto miedo a la sentencia del Constitucional, pero la respuesta es obvia: son plenamente conscientes de que el Estatut no es constitucional, porque el objetivo del mismo era plantear una relación entre Cataluña y España distinta a la del resto de las Comunidades Autónomas, una relación de Estado a Estado, de Nación a Nación. Y eso es incompatible con el espíritu de unidad de España que prevalece en el texto constitucional, esa unidad que, por cierto, debe defender porque así lo exige el ejercicio de su Ministerio la titular de Defensa, Carmen Chacón, que tras sus declaraciones del jueves debería dimitir.

Zapatero, el único culpable

Pero, haber llegado a esta situación, solo tiene un único responsable: Rodríguez Zapatero. Fue él quien en la pasada legislatura puso en entredicho la propia Constitución afirmando aquello de que el de nación es un término “discutido y discutible”, y dando alas al nacionalismo al asegurar que las Cortes aprobarían el texto de reforma estatutaria que surgiera del Parlament. Algo que, por cierto, el nacionalismo le recuerda a todas horas. En definitiva, fue Rodríguez quien cuestionó el espíritu de la Transición y el consenso sobre el que se construyó el Estado de las Autonomías, y fue él quien les abrió la puerta a los nacionalistas –por razones puramente electorales y de permanencia en el poder- en el camino de la superación de sus exigencias, yendo mucho más allá de donde hasta ese momento se habían atrevido a llegar. No cabe, por tanto, echarle la culpa al PP por presentar un recurso que, en cualquier caso, no es el único, y que sólo pretendía y pretende que la máxima autoridad judicial del país y que cuenta con la legitimidad que para ello le otorga la propia Constitución aprobada por una inmensa mayoría de españoles –siete de cada diez-, se pronuncie sobre un texto que, cuando menos, plantea serias dudas respecto de su constitucionalidad.

Presentar a quien cumple la ley y respeta el ordenamiento jurídico como un enemigo de Cataluña por eso es, cuando menos, perverso, cínico y de una iniquidad difícilmente igualable. Razón por la que tampoco entiendo la actitud de Rajoy en este caso, no respondiendo a los ataques e insultos que estos días le propinan la izquierda y el nacionalismo radical: su actitud prudente a la espera de la sentencia del TC, actitud que tiene mucho que ver con las expectativas de mejores resultados del PP en Cataluña e, incluso, la posibilidad de entendimiento futuro con CiU en Barcelona y en Madrid, no es incompatible con la respuesta contundente a quienes acusan a su partido de ser un enemigo de Cataluña. El respeto a la ley nunca es enemigo de nada. Los verdaderos enemigos de Cataluña son quienes pretenden alcanzar sus objetivos saltándose a la torera las reglas del juego democrático y proponen ejercicios de uniformidad propios de regímenes totalitarios y de sumisas inclinaciones pesebreras de ciertos medios de comunicación que no merecen responder al nombre de ‘periodísticos’ en la medida en que han traicionado la naturaleza libre y crítica de esta profesión.

De todo esto, sin embargo, deberíamos obtener alguna lección y, de cara al futuro y en aras a una época de mejor entendimiento entre el PP y el PSOE, cuando Rodríguez ya no esté al frente del Gobierno, plantearnos reformas necesarias que eviten situaciones como la que estamos viviendo. En primer lugar, sería importante volver a recuperar con los márgenes y las limitaciones necesarios para evitar su abuso, el recurso previo de inconstitucionalidad. En segundo lugar, los dos partidos mayoritarios deberían ponerse de acuerdo en una reforma del método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que los aleje del control político y garantice su independencia. Y, en tercer lugar, también deberían ponerse de acuerdo en que a partir de ahora las reformas estatutarias cuenten siempre con el acuerdo de los dos grandes partidos, y para ello sería bueno que ninguna reforma de calado pueda salir adelante sin una mayoría de tres quintos en el Parlamento. A corto plazo, lo que cabe esperar es que los catalanes se hayan dado cuenta, por fin, de que no merecen los gobernantes que tienen y en las próximas elecciones autonómicas éstos reciban esa importante lección de democracia que todavía no parecen haber aprendido.


El confidencial - Opinión

Otra ley para tomarnos el pelo. Por Emilio J. González

Economía sostenible

Como era de temer, el Gobierno ha dado a luz una ley que no sirve para nada más que para su campaña de marketing. Ahora todos sus miembros se esforzarán en vendernos que con esto, los problemas de crecimiento económico y de empleo están resueltos.

Para un viaje tan corto no hacían falta tantas alforjas. El Gobierno acaba de presentar la tan publicitada Ley de Economía Sostenible de Zapatero, que debería haber sido algo así como la panacea para todos los males de nuestra economía, y, como era de temer conociendo a ZP, no es más que un conjunto de medidas inútiles de cara a la galería para dar la sensación de que el Gobierno hace algo contra la crisis. Lo cierto, sin embargo, es que este proyecto no es más que una mezcla de medidas anunciadas de poco calado, que no tienen nada que ver con los verdaderos problemas socioeconómicos del país, o de propuestas de menor relieve aún para afrontar la que está cayendo, cuando no directamente de medidas de naturaleza populista destinadas a ganarse el favor de los nichos de voto de izquierdistas recalcitrantes. O, dicho de otra forma, una ley para tomarnos el pelo.

En esta última línea entra la decisión de obligar a las empresas a publicar los sueldos de los ejecutivos y a que éstos sean aprobados por la junta de accionistas. Muy bien, se supone que esto introduce más transparencia en la gestión de las compañías, pero es que aquí no ha habido problema alguno ni con las retribuciones de los directivos ni con los incentivos que pudieran generar las mismas para adoptar políticas imprudentes que pusieran en riesgo a la empresa o al sistema financiero. Aquí lo que ha habido es todo un rosario de desmanes financieros en las cajas de ahorros controladas por los políticos, pero de la responsabilidad de los gestores de estas entidades de crédito no se dice nada, porque, de hacerlo, la Fiscalía General del Estado no tendría más remedio que actuar inmediatamente contra algunos de ellos, que es lo que el Gobierno no quiere que suceda porque más de uno y más de dos militantes o ex altos cargos socialistas podrían terminar en el banquillo. Esto no es más que un ejercicio de demagogia barata para desviar la atención de la verdadera naturaleza de los problemas de nuestro sistema financiero, que han sido causados, básicamente, por los políticos.

El Gobierno también ha aprobado la reducción a 30 días del plazo de pago de las administraciones públicas a autónomos y pymes. Si esto se fuera a cumplir, estaría muy bien. Sin embargo, el problema no es el plazo sino la verdadera voluntad de las administraciones de liquidar efectivamente sus facturas, cosa que hasta ahora no están haciendo a pesar de que ya había una normativa que establecía un plazo de 60 días para efectuar los pagos, plazo que todas, empezando por el Estado, llevan ya tiempo saltándose a la torera. Y esto no lo cambia la ley. Por tanto, lo que habría que haber hecho es aprobar medidas que permitieran a autónomos y pymes el acceso a la financiación que necesitan, pero como eso obliga a reducir el déficit y a sanear de verdad el sistema financiero, el Ejecutivo no ha dicho nada al respecto y pretende que, con lo aprobado, sea bastante cuando la realidad es que no cambia en nada la naturaleza de las cosas, esto es, que el sector público para cuando le viene en gana diga lo que diga la ley. En cambio, de medidas tan importantes como que las empresas no tengan que adelantar el IVA de ventas que todavía no han cobrado, nada de nada.

Por lo demás, me pregunto qué tendrán que ver medidas como la reforma de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia con el cambio de modelo productivo tan cacareado por Zapatero o con la salida de la crisis, porque dicha reforma no va a cambiar en nada la realidad económica de nuestro país. Y eso por no hablar del decreto que limita la temperatura de bares, tiendas, oficinas y demás, para ahorrar energía, porque es como de chiste, sobre todo si se tiene en cuenta que no tendríamos que preocuparnos por el ahorro energético si ZP no se emperrase en la irracionalidad de cerrar las centrales nucleares. Ese decreto es un verdadero disparate que sólo puede provenir de Zapatero o de Sebastián.

En definitiva, y como era de temer, el Gobierno ha dado a luz una ley que no sirve para nada más que para su campaña de marketing. Ahora todos sus miembros se esforzarán en tratar de vendernos que con esto, y con la recuperación que ya ha vaticinado ZP, los problemas de crecimiento económico y de empleo están resueltos y, de esta forma, tratan de ganar tiempo pensando que así van a evitar el tener que hacer las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, que es de lo que no quieren oír ni hablar. Lo malo es que, tal y como está el patio, la realidad va a acabar por llevárselos por delante.


RLibertad Digital - Opinión

Cuando la ley obliga. Por Xavier Pericay

TODO ciudadano tiene el deber de conocer la ley. Sí, la ley obliga. Nadie puede alegar, como eximente, su ignorancia. Ni el conductor que circula por la izquierda en una carretera cualquiera del continente ni el que lo hace por la derecha en el Reino Unido, y ello sea cual sea su nacionalidad. Tampoco sirve, ante el apremio de la Hacienda Pública, aducir que tal o tal retribución no ha sido declarada en el impuesto sobre la renta porque a la empresa responsable del pago se le olvidó recordárselo al perceptor. La responsabilidad, guste o no, es de cada uno, de cada ciudadano. La ley está para ser conocida, esto es, respetada. Por supuesto que hay mucho pillo por ahí que la infringe tanto como puede -que vive incluso de infringirla-. Pero hasta el pillo sabe que, si lo pillan, lo va a pasar mal. Al fin y al cabo, la existencia de la sanción para el infractor o de la pena para el culpable es lo que acaba procurando al ciudadano la indispensable seguridad jurídica. De no existir el castigo y la consiguiente reparación, el Estado no estaría en condiciones de cumplir con su cometido. O, lo que es lo mismo, en dichas circunstancias ni siquiera tendría sentido hablar de Estado.

Pues bien, ese desamparo, esa sensación de que la ley no se cumple, de que el Estado no está por la labor que le ha sido encomendada, lo venimos sintiendo la inmensa mayoría de los españoles -y, entre ellos, un número nada despreciable de catalanes- desde hace aproximadamente seis años, si no más. Para ser precisos, desde aquella loca carrera de declaraciones que tuvo como marco la dilatada campaña electoral de las autonómicas catalanas de 2003 -duró unos cuantos meses-, en la que todos o casi todos los candidatos -Mas, Maragall, Carod-Rovira, Saura- rivalizaban entre sí a ver quién profería el disparate mayor. Por descontado, aquello era una campaña, y en las campañas ya se sabe. Pero la naturaleza misma del disparate, el hecho de que tuviera siempre como materia la reclamación de un nuevo Estatuto, al que los candidatos en cuestión iban añadiendo, en sus delirios, más y más competencias, sin que ninguno creyera llegado el momento de decir basta, debería haber constituido, ya entonces, motivo de alarma.

No fue este el caso. O lo fue en grado mínimo y, a todas luces, insuficiente. Y más habida cuenta de que, en la recta final de aquella campaña, el principal dirigente de la oposición y candidato a presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se había parado en barras y había prometido públicamente que, en el supuesto de lograr a los pocos meses la tan ansiada Presidencia, el proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento autonómico iba a ser, para él, palabra sagrada. Vaya, que estaba dispuesto a aceptar el texto, y a defenderlo, sin tocar ni una coma, tal cual llegara a las Cortes.

Aquí se dio, sin duda, aunque fuera de forma anticipada, el primer indicio de la defección del Estado. Lo que ha venido después, o sea: la formación del tripartito, pacto del Tinell mediante; los casi dos años de negociación en el Parlamento de Cataluña, en una especie de subasta entre Gobierno y oposición que no hacía más que aumentar, día a día y a ojos vistas, el coste del producto; los meses de cepillado y raspado en el Congreso de los Diputados y fuera de él; la convocatoria de un referéndum en el que ni siquiera participó la mitad del censo electoral catalán y que se llevó por delante al propio promotor del proyecto, y, en fin, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular y con el Estatuto en vigor y engendrando leyes, la interminable agonía del texto en el Tribunal Constitucional a la espera de la anhelada y temida resolución; todo eso, en definitiva, no ha sido sino la consecuencia de aquel quebrantamiento inicial por parte de quien aspiraba a convertirse, a la sazón, en la segunda autoridad del Estado. Sin aquella promesa, sin aquella tremenda irresponsabilidad, nada de lo acontecido después habría tenido lugar tal como a estas alturas lo conocemos. El nacionalismo habría pugnado, seguro; pero el dique, a pesar de alguna inevitable fuga de agua, habría aguantado.

Ahora bien, esa identificación del máximo responsable de la situación en que nos encontramos -o, si lo prefieren, del máximo irresponsable- no debería exculpar al resto de la clase política. Aquí hay unas víctimas, no vayamos a olvidarlo, y son la inmensa mayoría de los españoles. Y esas víctimas, como todas al cabo, requieren una reparación. A lo largo de estos años, aquella inquietud inicial ha ido tornándose, en nuestro cuerpo social, honda preocupación, cuando no alarma. La tensión ha estado presente, a muchos niveles, entre los españoles. Ha habido, qué duda cabe, una fractura en muchas relaciones -afectivas, comunitarias, comerciales, políticas, territoriales- de la que alguien tendrá que responder algún día. No se puede violar la ley y que el delito quede impune.

Y es que conviene recordar, ahora que el Constitucional va a pronunciarse por fin sobre el recurso, que ha habido aquí quien ha vulnerado la ley. O, por usar el término apropiado, quien ha prevaricado. ¿O acaso no faltaron a las obligaciones y deberes de su cargo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, quienes aprobaron, el 30 de septiembre de 2005, en la Cámara catalana, la primera versión del Estatuto de Autonomía? ¿O acaso no hicieron lo propio quienes tomaron su relevo en el Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 2006, y en el Senado, el 10 de mayo de 2006, dando el sí al nuevo texto? Unos y otros sabían a ciencia cierta -y, si su ignorancia no les permitía saberlo, ello no les exime en absoluto de responder ante quien corresponda- que el texto que estaban aprobando contravenía a lo dispuesto en nuestra Carta Magna. No hacía falta ser un lince, ni siquiera un experto en Derecho Constitucional, para percatarse de que el contenido de ciertos artículos fundamentales del Estatuto, especialmente en la primera de las versiones, pero también en la segunda, se hallaba fuera de la ley.

Aun así, esos políticos no se arredraron y siguieron adelante. Y hasta hubo quien propuso y continúa proponiendo reformar nuestra ley de leyes -la única que hace de todos los españoles unos ciudadanos libres e iguales en derechos y en deberes- a fin de que el nuevo Estatuto quepa en ella. En este sentido, tanto la publicación el pasado jueves del editorial suscrito al alimón por toda la prensa escrita con sede en Cataluña como la campaña de adhesiones que la iniciativa ha suscitado entre la llamada «sociedad civil» constituyen sin duda un último intento de la clase política catalana de quebrantar, por vía interpuesta, la ley. Al fin y al cabo, lo mismo la prensa que la sociedad civil deben buena parte de su sustento -y, según cómo, su propia existencia- a las subvenciones que les otorga interesada y generosamente el Gobierno de la Generalitat.

Por supuesto, sería absurdo hacerse ilusiones sobre el efecto que una sentencia del Alto Tribunal contraria al texto actual del Estatuto alcanzaría a producir en el futuro político de cuantos parlamentarios han permitido que la situación llegara a donde ha llegado. Por más que, del primero al último, pueda decirse que han prevaricado, su conducta, por desgracia, no traerá consecuencias. Nadie les llamará al orden. Nadie les apercibirá con la sanción o el despido. Sólo los ciudadanos, con sus votos, tienen la indiscutible potestad de castigarlos y hacer justicia.


ABC - Opinión

viernes, 27 de noviembre de 2009

La comunión editorial. Por Cristina Losada

Doce periódicos y un mismo editorial sería noticia. Doce periódicos de Cataluña y un mismo editorial, no lo es. La comunión de la prensa catalana con el poder político es una constante.

Doce periódicos y un mismo editorial sería noticia. Doce periódicos de Cataluña y un mismo editorial, no lo es. La comunión de la prensa catalana con el poder político es una constante. Su filípica al alimón, destinada a coaccionar al más alto tribunal para que se abstenga de hacer su trabajo, es la expresión, identitaria e idéntica, de una crónica vocación de servidumbre. Y bien pagada. Así, el sentimiento catalanista del conde de Godó, por citar al Grande de España mancomunado con unos cuantos pigmeos provinciales para ese J’Accuse pasado por Aromas de Montserrat, se cuantifica en los más de 36 millones de euros con los que la Generalitat riega anualmente su cuenta.

Los editores afirman que el TC "ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara", pero lo que exigen es que se conduzca como un caddy que, obediente, recoja las boñigas conceptuales, muy honorables ellas, que depositaron Montilla y sus cuates. Esto es, pretenden que el Tribunal abdique de la tarea que le encomienda la Constitución y se aplique a cumplir sin rechistar la que ellos le ordenan. Aunque de atenernos a la lógica peregrina que anima el editorial, si el TC ratificara el Estatuto, el señor conde y sus apéndices deberían protestar, ya que tienen por incapacitado al Tribunal y por ilegítima cualquier decisión que adopte. Si no puede opinar, señores, tampoco puede opinar a favor.

Se arrogan los heroicos pensionados de Montilla la representación de Cataluña y su sociedad, combinando el victimismo lacrimógeno con la amenaza larvada de un conflicto en caso de que el TC osara impugnar una coma de sus sagradas escrituras. Ya puestos, una se pregunta por qué no amenazan también con los tormentos del averno a ese 65% largo de catalanes que decidieron dar la espalda a Montilla, al conde, al tebeo de los Nadal y a su claque de relleno, el día del famoso referendum. Yo, al igual, por cierto, que los autores de la encíclica, no soy quién para dar lecciones de dignidad al electorado catalán. Pero si alguna vez la prensa del oasis se propone recuperar la suya, aquí tiene una idea: publiquen un exordio colectivo contra la cleptocracia. Ésa que llevan treinta años encubriendo en sus impolutas páginas editoriales.


Libertad Digital - Opinión

La dignidad de la Constitución

La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado.

Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana.

Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña.

Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical- como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado.

Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico.

Sólo a través de la reforma de la Constitución pueden cambiarse las reglas
«Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución.

Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón. El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica.

Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado».

No es digno defender a Cataluña con estos argumentos rancios y hundidos.

No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora.

Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder.


ABC - Editorial

La nomenklatura catalana.

Los catalanes no pueden concederse un régimen que se aparte de la legalidad española sin reformar nuestra carta magna, del mismo modo que un ciudadano no puede saltarse la ley con la excusa de que se lo ha permitido su comunidad de vecinos.

Contaba Solzhenitsyn en su monumental Archipiélago Gulag una historia que tuvo lugar en un comité local del Partido Comunista. Según iban acumulándose los discursos de sus miembros, todos ellos laudatorios del líder Stalin, los aplausos iban siendo cada vez más fuertes y prolongados. Hasta tal punto llegó el entusiasmo, que en un momento dado la ovación se alargó con visos de no acabar. Los miembros del partido se miraban unos a otros, temerosos de ser el primero que dejara de aplaudir. Cuánta razón tenían, pues quien finalmente abandonó las palmas y permitió a los demás hacer lo mismo acabó con sus huesos en los campos.

Parece como si los subvencionados diarios catalanes hayan querido evitarse este doloroso trance, asegurándose de que no existe ninguna diferencia, ni siquiera de matiz, en el grado de adhesión a los principios fundamentales del movimiento. Así, han publicado una suerte de parte oficial en comandita, al que se han sumado en cuanto han podido varias radios pagadas con el dinero de todos los catalanes y hasta el Barça, demostrando que lo que califican de "identidad catalana" exige una uniformidad absoluta. Ellos, que protestan por unas supuestas "cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española", han demostrado no creer que dentro de las fronteras de su terruño tengan derecho a existir unas ideas distintas a las suyas, optando por la simplificación más burda posible de esos catalanes a los que dicen defender.

El argumento esencial, y cabría decir único, de la prensa del régimen es que el Tribunal Constitucional no puede echar abajo una ley aprobada en referéndum, por más escasa que haya sido la participación en el mismo. Pero tanto la existencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como la legalidad del mismo Estatuto descansan en la soberanía de la Nación española y los límites marcados en la Constitución. Los catalanes no pueden concederse un régimen que se aparte de la legalidad española sin reformar nuestra carta magna, del mismo modo que un ciudadano no puede saltarse la ley con la excusa de que se lo ha permitido su comunidad de vecinos.

Pero siendo sin duda criticable esta suerte de manifiesto de adhesión al régimen tanto en el fondo como en la forma, lo que no cabe es protestar por el hecho de que intente presionar al Constitucional. Desgraciadamente, y a raíz de la ya lejana sentencia del caso Rumasa, el TC se ha contaminado de política. Es difícilmente cuestionable que, si se limitara a lo estrictamente jurídico, el dictamen habría llegado hace años, anulando una parte considerable del Estatuto. Recordarlo es un deber continuo, especialmente del partido que presentó el recurso y recogió cuatro millones de firmas para apoyarlo.

Por eso decepciona, aunque no sorprenda demasiado, que después de haber presentado una respuesta seria y contundente al Estatuto, Rajoy asegure ahora "no tener nada que decir" ante la avalancha de presiones provenientes del nacionalismo catalán, con el apoyo de un Zapatero que terminó convertido en uno de los ponentes del texto. Que el Gobierno de España apoye un Estatuto anticonstitucional es escandaloso, pero mientras el PSOE esté al frente entra en el guión. Pero a los ciudadanos preocupados por lo que supondría un refrendo del TC al engendro nacionalista no les puede contestar Rajoy quitándoles toda esperanza.

Como mínimo, si no quisiera entrar en excesivos detalles, podría haber hecho una declaración más institucional, explicando que negar la legitimidad al TC para decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto es demostrar que se carece de respeto por nuestra carta magna, que establece la creación de este tribunal como intérprete máximo de la Constitución. Al hacerlo, la prensa del régimen nacionalista y quienes apoyan sus argumentos se han quitado hasta la apariencia de legitimidad a la hora de opinar sobre la constitucionalidad del Estatuto.

Desde la Transición se ha podido constatar la correlación entre los gobiernos nacionalistas y la supresión de las libertades de los ciudadanos. Este editorial conjunto viene a demostrar hasta qué punto resulta asfixiante este régimen después de casi tres décadas de gobierno ininterrumpido. Si el Tribunal Constitucional no declara ilegal lo que es claramente ilegal, esa destrucción de España y de nuestras libertades carecerá ya de freno alguno. En eso deberían reflexionar los magistrados. Tienen la oportunidad única de ser los primeros en dejar de aplaudir.


Libertad Digital - Editorial

¿Editorial o panfleto político?. Por José María Carrascal

ESPERABA más de los colegas catalanes. Más exactitud, más profundidad, más elegancia. Si para defender su nuevo estatuto lo único que se les ocurre es deslegitimar al Tribunal Constitucional -como los equipos que van perdiendo, al árbitro-, mal anda ese estatuto. Cualquier editorial de cualquiera de los 12 periódicos tiene más enjundia y menos política que el publicado ayer al alimón bajo el título «La dignidad de Cataluña». Para empezar, la dignidad la tienen las personas, no los territorios, y si esos diarios hubieran investigado la corrupción en su torno con el mismo ardor que el Estatut, Cataluña estaría hoy más limpia. Luego, acusar al Tribunal Constitucional de convertirse en «cuarta Cámara» es falaz.

El Tribunal Constitucional no es la cuarta ni la décima Cámara. Es uno de los poderes del Estado, encargado de vigilar que los otros dos no se aparten de la legalidad. Precisamente por ello, está capacitado para pronunciarse sobre el Estatut y sobre cuantas leyes, decretos y disposiciones emitan los gobiernos, las Cámaras y demás instituciones. Que actúe con solo 10 miembros por haber muerto uno de ellos y haber sido recusado otro, como el que 4 de ellos se hayan pasado de plazo, no le quita legitimidad: su mandato sigue vigente hasta que no se les encuentre sustitutos. Como el que lleven tres años debatiendo el tema. Llevarán el tiempo que sea necesario, sin plazo para ello. Por último, acusar a «una parte significativa del Tribunal haber adoptado posiciones irreductibles», cuando los irreductibles son quienes proponen hacer la vista gorda ante un posible desafuero sólo es superado en cinismo por esa postrera apelación del editorial al «espíritu de la Transición». Quienes han traicionado la Transición son los que nunca la aceptaron plenamente y vienen tratando de socavarla con iniciativas como ese Estatuto, pretendiendo hacer constitucional lo inconstitucional.

Lo que no debe preocuparnos demasiado es la amenaza de que, en caso de sentencia negativa, «la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable». En un rasgo que le honra, junto a ese editorial, «La Vanguardia» publica un artículo de Francesc de Carreras que describe lo que hay tras esa connivencia prensa-políticos: «En realidad -advierte el catedrático de la Universidad de Barcelona- lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatut, ni a Catalunya, ni a los catalanes, lo que tratan es defenderse a sí mismos». Y señala la causa: las próximas elecciones autonómicas, con unos sondeos que rondan el 50 por ciento de abstención, «prueba de su fracaso». Pero no es sólo el fracaso de los políticos catalanes. Es el fracaso de Zapatero, con aquel «os daré lo que me pidáis», creyendo posiblemente que, como promesa electoral, no estaba obligado a cumplirla.


ABC - Opinión