DESPUÉS de años de ejercer de gendarme de la legalidad internacional y de someter a fiscalización el funcionamiento jurisdiccional y la historia de otros Estados, ahora es España, en concreto su Transición y algunas de sus leyes democráticas, la que está en puertas de ser sometida a juicio por un Estado extranjero. No es cierto, sin embargo, que un tribunal de apelación de Buenos Aires haya reabierto un proceso penal al franquismo. Lo único que ha acordado ha sido pedir al Gobierno español que informe de si «se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Tan aparatosa formulación —susceptible de interpretaciones divergentes, porque incluiría los asesinatos de demócratas a manos de las milicias republicanas— puede ser fácilmente respondida por el Gobierno español y su Fiscalía General: el juez Garzón tuvo abierta durante 23 meses una causa penal por crímenes contra la Humanidad a la que dio carpetazo el 18 de noviembre de 2008, declarando extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de la jerarquía franquista. Por tanto, sí ha habido investigación, al menos nominalmente, y esta fue clausurada por Garzón y sucesivamente por los diversos jueces de instrucción en los que recayó el sumario por los desaparecidos del franquismo. Además, puede ilustrar el Gobierno español a los jueces argentinos con el dato de que en 1977 las Cortes democráticas, sin tutelas militares, aprobaron, a instancia de la izquierda española, una ley de Amnistía para todos, sin excepción. De esta manera, por la doble vía de la amnistía y de la cosa juzgada, la gran aportación del juez Garzón, es improcedente que la justicia argentina investigue lo sucedido en España
ABC - Editorial
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