jueves, 19 de noviembre de 2009

El fin y los medios. Por M. Martín Ferrand

MUCHAS veces, cuando la necesidad parece que obliga, la democracia deja de ser confrontación ponderada e inteligente y se convierte en pasteleo. Abundan las personas que valoran la componenda como una forma de perfección y equilibrio y, si se apura en la comparanza, eso es el centro: un híbrido entre la socialdemocracia y el liberalismo que, sin satisfacer a nadie, tiende a consolarnos a todos.

Especialmente a quienes mantienen que la moderación es más provechosa que el ímpetu y la pasión. En España, especialmente en el último quinquenio, el pacto -«no nos vayamos a hacer daño»- ha sido elemento fundamental y desatascador de situaciones incómodas para los dos grandes partidos nacionales y no puede decirse que ello haya dado, si nos atenemos a los resultados, grandes motivos para la alegría. La partitocracia es de vuelo corto y se conforma con el presente en el poder o con un futuro inmediato con posibilidades de alcanzarlo. Carece de distancias largas, planteamientos nuevos, fuerza regeneradora y ambición por la excelencia.

Desde que Felipe González, en 1985 y todos sabemos por qué, rompió los supuestos de independencia del Consejo General del Poder Judicial se produjo una triste promiscuidad entre los poderes del Estado. El actual estéril presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha sido fruto del pasteleo bipartidista y así, poco a poco, vamos degenerando. Ello le obliga, supongo, a constantes gestos de eclecticismo y volatines de difícil estabilidad que no quiebren el equilibrio -¿artificial?- que mantiene las apariencias en esta democracia decaída y esclerotizada. Envuelto en ese espíritu, Dívar ha manifestado su satisfacción por la libertad, «sea cual sea el medio», de los tripulantes del «Alakrana». ¿Sea cual fuere?

«Había personas que estaban sufriendo y han dejado de sufrir», ha dicho Dívar en alarde del relativismo que, posiblemente, entre en las exigencias para la buena marcha de su cargo y función. En la moral clásica y en las democracias verdaderas el fin no justifica los medios, pero quizás sea que algunos nos estemos pasando de fecha y no alcancemos la elasticidad suficiente para emprender un camino de síntesis entre el bien y el mal. Los tiempos de la política y los de la justicia, como dice Dívar, persona honorabilísima, son distintos; pero, sin recurrir al pasteleo, ¿son también distintos los principios y valores que las animan?

ABC - Opinión

.... y Rubalcaba sufre un ataque de ira por Sitel

TRAS responder a varias interpelaciones del PP en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba perdió ayer la compostura en una tensa discusión con los diputados Esteban González Pons y Carlos Floriano en el salón de los Pasos Perdidos.

Según la versión del PP, en un determinado momento de acalorado debate, el ministro de Interior le dijo a Floriano con un tono de ira: «Veo y oigo todo lo que haces y dices». Las palabras de Rubalcaba fueron interpretadas como una amenaza por los dos parlamentarios, que entendieron que estaba sugiriendo que Interior ha grabado conversaciones de Floriano mediante el sistema Sitel.

Tras hacerse eco los medios de comunicación del incidente, Rubalcaba reconoció que había proferido esa expresión o algo parecido, pero que se refería a que él tiene conocimiento por los servicios de prensa de Interior de todo lo que dice Floriano en las radios y en las televisiones. El ministro argumentó en privado que si realmente él espiara a la oposición por métodos ilegales, no iba a ser tan ingenuo de decírselo a la cara.

El razonamiento tiene sentido, por lo que su explicación es verosímil. Pero ello no exime de responsabilidad al ministro de Interior, que por lo menos es culpable de haber generado una situación susceptible de interpretaciones equívocas.

Igualmente desafortunado estuvo cuando respondió a otro diputado del PP en relación al caso Faisán: «De GAL ya sólo hablan ustedes y ETA», amen de proferir una catarata de descalificaciones. Rubalcaba eludió nuevamente dar las explicaciones que le pide la oposición sobre este asunto y se refugió al mencionar la guerra sucia en el mismo discurso que empleaba Felipe González hace más de 20 años.

Rubalcaba no se comportó ayer como debe hacerlo el ministro del Interior de una democracia, por lo que debería excusarse ante el PP. Su conducta empaña la buena labor que está haciendo en el Ministerio, particularmente sus notables éxitos en la lucha contra ETA. En el mejor de los supuestos, el ministro de Interior se levantó ayer con el pie cambiado, pero ello no le exime de responder a las preguntas que le viene formulando el PP sobre el caso Faisán y la utilización del Sitel.

Respecto a esto último, el PP tiene base para interpretar las palabras de Rubalcaba a Floriano como una amenaza, pues sigue sin estar nada claro el uso que Interior está haciendo de este avanzado sistema. Sitel permite no sólo grabar las conversaciones sin dejar rastro sino que además facilita datos que pueden vulnerar la intimidad, como las páginas por las que navega en internet la persona espiada o en qué lugar se encuentra en cada momento.

De hecho, el Sitel puede convertirse en un cheque en blanco en manos de la Policía con autos como el que redactó el juez Garzón en el que autorizaba a emplear este sistema para espiar a «otros investigados y al resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos en un delito de blanqueo de capitales». Es decir, casi a quien le dé la gana a la Policía.

Sitel está regulado por un artículo de un reglamento de una ley sobre telecomunicaciones cuando afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que exige evidentemente una ley orgánica. Si Rubalcaba está seguro de que las Fuerzas de Seguridad jamás han abusado de Sitel, debería ser el primero en impulsar una regulación que garantice su uso legal.

El Mundo - Editorial

Un pacto de caballeros. PorIgnacio Camacho

UN trato es un trato. Si un Gobierno respetable llega a un acuerdo con unos señores piratas está obligado a cumplir su palabra por un imperativo moral de caballerosidad y buena crianza. ¿O se puede permitir que los piratas sean más leales a un pacto que un Estado democrático? Porque al fin y al cabo los asaltantes del «Alakrana» han actuado con una fiabilidad absoluta, dejando aparte el detalle inicial del secuestro con violencia, que tampoco lo iban a pedir por favor; pero en cuanto trincaron la pasta soltaron a los rehenes, dejaron el barco y se largaron sin un mal gesto. Habría sido una bellaquería dispararles a dar o detenerlos; a unos tipos que se comportan con esa nobleza no se les puede despedir encima a tiros. Ahora le toca a España acabar de cumplir su parte con los dos prendas que andan por Madrid haciéndose radiografías; si no se les encuentra una salida digna, un retorno honorable, vamos a quedar como auténticos rufianes.

La oposición se queja porque querría, en su antipatriotismo proverbial, que este Gobierno y su presidente anduviesen en bocas como unos incumplidores, unos informales, unos malquedas. Que se retratasen ante el Tercer Mundo como gente desleal y poco de fiar, como arrogantes explotadores capitalistas capaces de engañar a los pobres africanos. Ya es un síntoma de superioridad etnocéntrica llamarles piratas sin comprender que sólo se trata de seres humanos empujados a la violencia por el estado de necesidad y la desintegración social propiciada por el reparto injusto de la riqueza. En puridad, son gentes de armas que ante la ausencia de un ejército regular en su país protegen las riquezas naturales del mar frente a la sobreexplotación imperialista. A la derecha les gustaría tratarlos a tiros y encerrarlos en galeras, como hacían sus antepasados. Pero éste es un Gobierno de progreso que entiende el orden internacional de forma igualitaria, y por eso ha mandado a un señor embajador a negociar el rescate. Que tampoco debería de considerarse un rescate propiamente dicho, que suena al pago de una extorsión, sino una contribución solidaria a la lucha contra la pobreza y a la ayuda al desarrollo. Seguro que invierten el dinero en mejoras tecnológicas y organizativas para mejor defender su patrimonio pesquero del saqueo occidental. No como ahora, que tienen que ir los muy desgraciados en chalupas y esquifes zarrapastrosos con lanzagranadas y kalashnikovs de segunda mano.

Ya decía el clásico que pacta sunt servanda: los acuerdos están para cumplirlos. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno, negociar con lealtad, con el fair play y la generosidad propios de una potencia moderna. Con buen rollito y sin amenazas, como corresponde a un trato entre hombres de paz. Que se enteren en Somalia, en Kenia, en el mundo entero y pleno: los españoles somos unos caballeros. Y a mucha honra.

ABC - Opinión

El 'Alakrana' saca a De la Vega de sus casillas...

El Gobierno pierde los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del atunero.

EL GOBIERNO perdió ayer los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del Alakrana. La tensión llegó al punto de que la vicepresidenta De la Vega acusó al PP de no dudar «en ponerse del lado de los piratas» con tal de sacar «rédito» político. Esta acusación, que la vicepresidenta se negó a retirar incluso horas después del calentón, es manifiestamente injusta. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría le exigía explicaciones y la asunción de responsabilidades por ser ella quien coordinaba el gabinete de crisis montado tras el secuestro del pesquero, no hacía más que cumplir con su deber de ejercer la labor de oposición. Y en el caso del Alakrana hay muchas explicaciones que dar.

Si todo se hubiera hecho tan bien como ha defendido De la Vega e incluso el presidente Zapatero, ¿por qué la ministra de Defensa manifestaba ayer mismo que el Gobierno «va a aprender lecciones» de cara al futuro?

El Ejecutivo ni puede pretender convertir la humillante victoria de los piratas en un triunfo de España -y ahí están la juerga y las ocho bodas que ayer mismo celebraron los secuestradores en Haradhere para desmentirle-, ni puede responder con palabras gruesas y aspavientos a sus graves errores. El Gobierno se equivocó al traer a los dos piratas capturados a España y también al explorar piruetas judiciales para devolverlos; falló en la comunicación con las familias, que así lo denunciaron; y mostró su absoluta descoordinación cuando los ministros empezaron a señalarse entre sí como responsables de lo ocurrido, hasta que la propia De la Vega tuvo la enterza de asumirlo ella. El resultado final es que se ha acabado pagando el rescate más alto por un pesquero en Somalia y que no se ha podido capturar a ninguno de los más de 60 piratas que retenían a la tripulación.

La propia persecución de los secuestradores genera muchas dudas que el Gobierno está en la obligación de disipar. Es difícil entender que transcurridos 47 días, la Armada no fuera capaz de diseñar una operación para capturar siquiera a alguno de los piratas para el momento en el que concluyera el secuestro, sobre todo teniendo en cuenta la ventaja de contar con unos medios infinitamente mejores que los suyos.

Esas dudas no se disipan tras escuchar los testimonios del capitán del atunero, que ha sostenido que durante la liberación del barco «no hubo disparos por parte del Ejército español», o la manifestación de uno de los piratas a EL MUNDO, asegurando que nadie abrió fuego sobre ellos, contrariamente a lo dicho por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por supuesto que merece mucha más credibilidad la relación de hechos que ofrece el general José Julio Rodríguez, pero el Gobierno tiene muy fácil disipar cualquier sospecha. De la misma manera que la Armada grabó en vídeo cómo ofrecía escolta al Alakrana, debe de tener imágenes de la persecución de los piratas.

También suscita estupor la explicación oficial de que fue imposible detener a los piratas al desembarcar, pues nada más llegar a la playa se mezclaron con la población. Lo cierto es que la ciudad queda varios kilómetros tierra adentro y esa zona de costa no está poblada.

En definitiva, se han cometido tantos fallos y quedan aún tantos interrogantes por resolver, que lo último que debería hacer el Gobierno es colgarse medallas, y menos aún arremeter contra la oposición y llamarse andana cuando le piden cuentas. Una vez celebrada la liberación de los marineros ha llegado el momento de dar explicaciones y de asumir responsabilidades.

El Mundo - Editorial

Rubalcaba miente en lo gordo

Mientras el Gobierno no lleve al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regule Sitel, la oposición tiene perfecto derecho a sospechar que el ministro sabe lo que de hecho Sitel le permite saber al margen, no ya de la prensa, sino también de la ley.

Dos asuntos tan espinosos para el Gobierno como son el chivatazo policial a ETA y esa barra libre para el espionaje político que constituye la falta de regulación del Sistema Integral de Intercepción de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) han llevado este martes al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a perder los papeles hasta el extremo de insultar y amenazar en dependencias del Congreso al diputado del PP Carlos Floriano.

Así lo ha relatado el propio Floriano, quien ha relatado cómo Rubalcaba, tras la bronca que ambos habían tenido en el hemiciclo, lo ha abordado visiblemente airado en los pasillos y lo ha trasladado junto a Esteban González Pons al Salón de Pasos Perdidos, donde en tono amenazante lo habría insultado y amenazado diciéndole que "oigo lo que dices y veo lo que haces".

Por mucho que Rubalcaba, todavía visiblemente nervioso, haya corrido a desmentirlo en rueda de prensa, y por mucho que fuese cierto que el ministro no se refiriese a Sitel –cosa que, por cierto, el propio Floriano ni Pons tampoco han afirmado–, ¿es de recibo que un ministro del Interior advierta en tono colérico y amenazante a un diputado de la Oposición que "oigo lo que dices y veo lo que haces" por mucho que lo perciba a través de la prensa y de la televisión? ¿Es de recibo que no considere un insulto calificar a Floriano de "paranoico" o llamar "loca" a una dirigente del PP que no estaba presente en esa intempestiva reunión? ¿Alguien se cree que, con el tono con el que Rubalcaba se ha dirigido a este diputado, tan elevado que los periodistas lo han podido percibir, la mediación de Bono se debía únicamente a que había quedado a "tomar un café" con el ministro del Interior"?

Además de recordar el refrán aquel que dice que "ofende el tono y no las palabras", todos deberíamos tener presente la trayectoria de Rubalcaba, propia de un mentiroso compulsivo, en la que brilla, entre muchísimas otras, su falsedad al afirmar que el GAL no existía en tiempos en que era portavoz del Gobierno de González. Tal vez sea precisamente ese asunto de los GAL, al que de pasada Floriano se había referido en el pleno, o el hecho de que con Sitel el ministro del Interior puede saber mucho de lo que dice y hace en privado los miembros de la oposición o cualquier otro ciudadano, lo que ha llevado a Rubalcaba a perder los nervios. Eso, por no hablar de un caso como el del chivatazo policial a ETA, en el que a Rubalcaba se le podrían exigir responsabilidades políticas, si no penales, en el caso de haber sido él quien hubiera dado la orden de perpetrar lo que bien puede ser considerado como un delito de colaboración con banda armada.

En cualquier caso, lo que no es una "locura", ni una "paranoia", ni siquiera una probable suposición, son las acreditadas escuchas ilegales que han padecido, como mínimo, la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal –¿era ella la "loca"?– o el coordinador de Libertades Publicas y de Justicia Federico Trillo.

Y es que centrándonos en el "grueso" del asunto, mientras el Gobierno de Zapatero no lleve al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regule Sitel, la oposición tiene perfecto derecho a sospechar que el ministro sabe lo que de hecho Sitel le permite saber al margen, no ya de la prensa, sino también de la ley.

Libertad Digital - Editorial

Piratas, traidores y mentiras. Por Hermann Tertsch

NOS cuenta el señor portavoz socialista en el Congreso, Alonso, que el Gobierno lo ha hecho todo muy bien durante la crisis del «Alakrana» porque el objetivo, la liberación de los pescadores, se ha conseguido. Y la vicepresidenta socialista De la Vega nos advierte de que quienes no estemos totalmente de acuerdo con el señor Alonso, debiéramos hacérnoslo mirar, porque somos en realidad la quinta columna de los piratas en España. Luego cuidado, queridos amigos lectores, porque si pertenecen Ustedes a esa especie que piensa que quizás se podrían haber hecho las cosas mejor, en aras de la dignidad nacional, la integridad de nuestro Estado de Derecho y la respetabilidad de nuestras instituciones, pueden entrar en la lista de sospechosos de piratería. Como tales entrarán Ustedes todos en la lista del SITEL en la que el ministro Fouché controla nuestros movimientos, palabras y pensamientos para evitar desmanes del enemigo. Y automáticamente toda su familia y su entorno entrarán en la banda de corsarios, por decisión gubernamental, sin saberlo, sin haber blandido jamás una daga, empuñado un Kalashnikov ni haber pisado un barco en su vida.

Así están las cosas. Desde luego, parece mentira que nuestros gobernantes se pongan nerviosos sólo porque se les cace una mentira. Cuando se dedican casi exclusivamente a producirlas y difundirlas. Tan nerviosos se han puesto todos que se le ha ido la cabeza hasta al ministro que tiene fama de tener, además de estudios de ciencias, sangre de rodaballo. Todos al parecer nos volvemos mayores. Y Fouché Rubalcaba no iba a ser menos. Hace unos años cuando todavía ocultaba a los asesinos del GAL no le habría pasado. Pero ayer, después de las preguntas que le dirigió el diputado del PP, Carlos Floriano, fue hacia él como un energúmeno por los pasillos del Congreso y le espetó, ante testigos que «veo todo lo que haces y dices». La amenaza es tan evidente que parece una frase de Al Pacino. Pero no le falta razón al ministro de la vigilancia y la trampa. Ve todo lo que hacemos y decimos. Y lo utiliza como le conviene. Y el principal objetivo de querer y poder saber todo lo que hacemos y decimos los demás ciudadanos es precisamente lo que ayer hizo el ministro nada menos que en el Parlamento, amenazar e intimidar. Si esto se lo hacen a un parlamentario, imagínense la capacidad de presión que puede ejercer sobre policías y jueces, sobre políticos y periodistas, sobre empresarios o funcionarios. Cuidado, que se lo que haces y lo que dices. Es toda una declaración de la vocación intimidatoria y totalitaria. Después nos dijo Rubalcaba, nervioso como nunca, perdida esa relajada presencia de ánimo y frialdad que le dio fama, que se refería a que sabía lo que hacía Floriano porque lo veía y oía en televisión y por radio. Querido Alfredo, ni Floriano aparece por radio y televisión como para que sepas todo lo que hace, ni nadie se cree que seas tan televisivo y radioyente. En ese nerviosismo del que pierde el control, te vino sencillamente a ver Sigmund Freud. Y dijiste, por equivocación, una verdad. Por fin una verdad, podríamos decir alborozados. Pero nos preocupa. No porque don Alfredo vaya a seguir mintiendo después del lapsus -lo que damos por hecho-, sino porque tanto el caso SITEL como ahora el escándalo mentiroso de la crisis del «Alakrana» van a obligar a mentir a todo el Gobierno en masa y, lo que es peor, van a llevar al Gobierno a forzar a mentir a gentes que no suelen hacerlo. Porque ahora el Gobierno va a intentar que todos los implicados, desde los fiscales a nuestros militares, mientan con ellos o se conviertan en colaboradores de los piratas, es decir de los españoles que no les creemos y sabemos de su indignidad. Cuando paradójicamente, los únicos colaboradores de los piratas, sus financiadores en todo caso, están en el Gobierno.

ABC - Opinión

Deslealtad institucional. Por Pedro M. González

República de leyes.

El vacuo concepto de Estado de Derecho contrasta con la precisión de la República de Leyes. La definición del primero, articulada por Von Mohl ordena el autocumplimiento estatal de la norma dada por los cauces establecidos en la Ley Suprema o Constitución, que funciona como límite o tope de su injerencia en la individualidad, quedando así definido por eliminación el espacio para el libre albedrío.


La República de Leyes según la articulación que de la misma realiza Adams no se para en la autolimitación estatal, sino que lleva ínsito el requisito inexcusable de que la producción normativa provenga de legisladores independientes del ejecutivo elegidos por la ciudadanía y que sea interpretada por Jueces también independientes de ambos poderes. La conceptuación del Estado de Derecho es negativa, definiéndose por eliminación de lo que éste no puede hacer según las normas de que se dota. La de la República de Leyes es claramente positiva por cuanto diseña no sólo el sometimiento estatal a la Ley, que también, sino adicionalmente la exigencia de cauces eficaces de actuación del individuo en la producción normativa a través de legisladores representativos y separados del gobierno que elaboren el cuerpo legal. Por eso la Razón de Estado es guía y norte de la actuación de los poderes públicos en el Estado de Derecho partitocrático, funcionando al unísono como rodillo de una sola voluntad y haciendo acomodaticio lo jurídico a lo particular, mientras que en la República de Leyes el supuesto de hecho concreto se tamiza a través del filtro de la legalidad y de una justicia independiente y separada en origen, sin excepcionalidad.

Entendido esto, no debe sorprender que el Ministro Caamaño, ante la comprometida situación política creada por el recientemente finalizado secuestro del Alakrana, se descolgara reclamando a los Tribunales, a cuya disposición se encuentran aún los piratas capturados, una solución “ad hoc”. Así, declaró sin rubor que el supuesto de hecho exige “apartarse de la generalidad de la ley y buscar soluciones concretas”, recordando para ello que los detenidos “son delincuentes que han atacado a ciudadanos de nuestro país y hay que conseguir que los secuestrados sean liberados explorando todas las vías legales que existen”. Cabe pensar ahora qué relación tiene la aplicación de la Ley española con la liberación de los secuestrados, a no ser que se condicionara ésta a retorcer la interpretación de la norma procesal en ejemplar interpretación del Estado de Derecho. La vergüenza de su indignidad exige el pacto de silencio manifestado en la siguiente “perla” de Caamaño: Lo lógico no es tratar ni ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado, como es el Poder judicial, van a aplicar las leyes. España es un Estado de Derecho y sus Tribunales forman parte de él por lo que hay que dejar que las instituciones funcionen con la normalidad necesaria.

República Constitucional