domingo, 31 de enero de 2010

(Falso) terremoto en España. Por José María Carrascal

DE repente, la política española se ha puesto a temblar, como si sus entrañas crujieran. Se plantea el tema de la cadena perpetua, antes tabú. El Prado trata de arrebatar el «Guernica» al Reina Sofía. En educación, hasta ahora un coladero donde lo importante era que chicos y chicas se divirtiesen, han entrado unas prisas enormes en que aprendan, e incluso el PSOE está dispuesto a pactar con el PP planes más exigentes. Otro de los dogmas, la edad de jubilación, que no hacía más que rebajarse hasta el punto de haber jubilados con cincuenta y pocos años, la elevan de golpe y porrazo contra el parecer de los sindicatos, que ya es decir. El gobierno -no se le van a creer- anuncia un recorte de gastos. La energía nuclear, que sólo citarla le traía a uno el sambenito de «carca», «facha» o «enemigo de la humanidad», vuelve al candelero, todavía no en forma de centrales, pero sí en el de cementerios nucleares, pues hasta ahora éramos tan ricos y finos que enterrábamos nuestros residuos radiactivos en Francia, contra pago, naturalmente, con la sorpresa añadida de que no uno, ni dos ni tres pueblos están dispuestos a albergarlos, sino que en pocos días son ya doce, dando la impresión de que como se prolongue el plazo, serán docenas. Y si quisiéramos llevar la cosa al terreno del humor, tendríamos nada menos al jacobino, con toda la pinta de agnóstico y en algunos aspectos claramente anticlerical presidente del Gobierno dispuesto a participar en un desayuno de oración, aunque alguno me dirá que lo único que busca es desayunar con Obama. Pero algo rezará, ¿no?

¿Qué pasa aquí? ¿Estamos asistiendo a un terremoto político, a un cambio total de posiciones por parte del Gobierno sin que nosotros, todavía en la inercia de cinco años viéndole no hacer otra cosa que ahondar en actitud de militante izquierdista, de guerra sin cuartel a la derecha, de acabar de una vez y para siempre con la España tradicional, con el viejo régimen, que persistía pese a la transición, a la democracia, a la secularización de la sociedad española, a su alza de nivel de vida y a la permisividad que se ha introducido en ella?

Tal vez algunos lo vean así, que consideren esta nueva dinámica del Gobierno un volantazo. Puede que incluso oigamos una teoría al respecto: en la fiebre viajera que últimamente le ha entrado a Zapatero, se ha dado cuenta de lo equivocado que estaba, de que iban a lloverle bofetadas por todas partes, como empezaba ya a ocurrirle. Así que, flexible como es, ha cambiado de rumbo. Yo no soy tan optimista. Para mí, que ha visto las orejas al lobo. Que, con un déficit del 11,4 por ciento del PIB y 4,3 millones de parados, finalmente ha comprendido que la crisis es de verdad, y adopta la vieja fórmula lapedusiana de cambiarlo todo para no tener que cambiar nada. Porque éste personaje pertenece también a la vieja España, incapaz de cambiar.


ABC - Opinión

Dignidad. Por Alfonso Ussía

En un arranque de osadía, una clínica de Madrid contrató al doctor Valentín Fuster y se lo trajo de Nueva York. El director de la clínica, también cardiólogo e investigador, le anunció su nuevo trabajo: «A partir de ahora, se encargará usted de vigilar si las enfermeras cumplen adecuadamente su horario laboral». El doctor Fuster, con dignidad, mandó a su colega a tomar por saco. En un arrebato de astucia, un modesto editor, muy embaucador, le hizo una oferta a Mario Vargas Llosa para conseguir los derechos de su último libro.

Vargas Llosa, conmovido, aceptó la oferta. Semanas más tarde el editor llamó al maestro: «Don Mario, creo que el capítulo octavo es muy plano y el final muy flojito. Le doy un mes para que mejore la novela». Mario Vargas Llosa, con dignidad, mandó al editor a tomar por saco. Una revista de cuchufletas contactó con Antonio Mingote. Su redactor-jefe le solicitó un dibujo para la portada. Antonio, siempre generoso y cortés, trabajó, dibujó la portada y se la envió al redactor-jefe de la revista de marras. La reacción del redactor-jefe no se hizo esperar: «Don Antonio, esperábamos que su dibujo fuera mejor y más gracioso. Envíenos otro y con urgencia, porque estamos cerrando». Antonio Mingote, con dignidad, mandó al redactor-jefe a tomar por saco. El director de una malísima película española consiguió dinero para contratar a Sean Connery. En el rodaje de la primera escena, el director se sinceró con el gran actor escocés: «Sean, usted no actúa con naturalidad. Le recomiendo que vea alguna película de Federico Luppi para que aprenda a moverse ante las cámaras». Sean Connery, con dignidad, mandó al director a tomar por saco.

Había vencido Manuel Pizarro, gracias a su inteligencia y tenacidad en la resistencia, a los poderes públicos en defensa de los accionistas de Endesa. Aquella imagen de Pizarro mostrando un ejemplar de la Constitución en los momentos de mayor acoso de los gobiernos de España y de la Generalidad de Cataluña a la empresa lo convirtió en un héroe. Triunfó en su batalla y abandonó Endesa en olor de multitudes, conservándola en manos de sus dueños y no de intereses políticos. Se acercaban las elecciones y Mariano Rajoy le ofreció un alto puesto en la lista por Madrid y, en el caso de que el PP consiguiera gobernar, la vicepresidencia económica del Gobierno. Pizarro protagonizó un debate en televisión con el taimado y mentiroso Solbes. Solbes negó la existencia de la crisis, como su jefe Zapatero, y con el cinismo triste que le caracteriza, acusó a Pizarro de oportunista y antipatriota. Dicen que ganó Solbes. Uno vio el debate y no hubo color. Ganó Pizarro con la verdad aunque la mentira de Solbes fuera más efectiva. Se perdieron las elecciones. La negada crisis económica nos estranguló. Solbes se fue a freír gárgaras, como Sevilla. Zapatero reconoció que no había dicho la verdad. En un momento así, Rajoy, que tenía a su lado la lealtad y la brillantez de uno de los más grandes empresarios y economistas de España, despreció su talento, su oratoria y su sabiduría. Rajoy fue el que convenció a Pizarro. Abandonado en un escaño alto del Congreso, sin nada que hacer pudiendo hacer tanto, harto de la estupidez de su partido y sus dirigentes, Pizarro, con toda dignidad, se ha marchado a su casa y ha mandado a Rajoy a tomar por saco.


La Razón - Opinión

Un milagro imposible. Por M. Martín Ferrand

RESULTA natural y lógico que un creyente acérrimo y piadoso confíe en los milagros como posible solución de sus problemas; pero que José Luis Rodríguez Zapatero, presuntuoso de su descreimiento, espere que lo sobrenatural venga en su ayuda, nos redima del paro, alivie el déficit y, de paso, convierta en centrípetas las fuerzas centrífugas que tanto perturban nuestra potencialidad de futuro parece, más aún que contradictorio, totalmente ridículo. Incluso quienes recaban la ayuda celestial saben que machacar con el mazo es imprescindible y que, en suma, nunca se produce un efecto sin causa. Por eso resulta tan risible y dolorosamente cómica la figura presidencial que, como un mayordomo de vodevil, trata de limpiar con un plumero la suciedad y la ineficacia acumuladas por los años -seis en su caso- y dejar el escenario como una patena.

Cuando el paro arrecia y el déficit atosiga, al líder socialista se le ocurre la solución de retrasar en un par de años la edad de la jubilación. Ignoro si le engañan, se engaña o nos engaña; pero no hace falta ser muy listo para entender que los grandes males requieren grandes remedios. Una profunda reforma de nuestra normativa laboral es pieza sine qua non para engordar la productividad que nos flaquea y reforzar nuestro potencial competitivo; pero, en inquietante caso de sinécdoque mental, Zapatero confunde una parte mínima de la solución con el todo del problema. Hasta Celestino Corbacho, que no tiene acreditados ni el talento ni la sensibilidad política, se ausentó del Consejo de Ministros en que se recetó tan paupérrima medicina para, supongo, no sentir las convulsiones de la risa que, desde el cine mudo, genera el hecho de que el protagonista resbale con una piel de plátano.

Aquí tenemos acuñado, como expresión del pesimismo histórico, que no hay mal que por bien no venga. El mal, si es que lo fuere, ya está hecho: los sindicatos que tienen secuestrado al presidente del Gobierno con la amenaza de una huelga general ya tienen razones para convocarla. Es el momento de actuar y acometer con decisión y consenso la profunda reforma laboral que exige nuestra circunstancia para romper la inercia de un modelo productivo, anclado todavía en los supuestos del franquismo, en el que, a cambio de derechos desmedidos se adquiere el privilegio de no tener más obligaciones que las del acatamiento al poder.


ABC - Opinión

Partida de demagogia

La gestión de los residuos nucleares no debe responder a criterios electoralistas sino técnicos.

Al menos una docena de municipios ha presentado su candidatura para albergar el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC), respondiendo a una solicitud del Gobierno cuyo plazo concluyó el pasado viernes. El número podría aumentar en los próximos días, por el posible desfase entre la adopción de la decisión municipal y la recepción de la documentación requerida por parte del Ministerio de Industria. La existencia de candidatos ha disipado los temores del Gobierno, que recelaba del coste político y económico que conllevaría tanto renunciar al proyecto como verse obligado a fijar una ubicación sin el acuerdo del ayuntamiento correspondiente. Pero, en contrapartida, la decisión de esos municipios ha desencadenado una interminable partida de demagogia en el interior de los dos grandes partidos.


La construcción del cementerio nuclear no responde tanto a las necesidades futuras de esta energía, como a las pasadas. Aunque se cerrasen las centrales existentes sería imprescindible abordar la gestión de los residuos ya generados, hasta ahora realizada de manera ineficiente y costosa. Por eso están tratando de manipular a los ciudadanos los barones y dirigentes regionales que justifican su oposición a la construcción de un ATC en su comunidad con una apuesta por las energías renovables. Y mucho más cuando están tratando de arrastrar la discusión al terreno del miedo, como está haciendo de manera irresponsable el presidente de Castilla-La Mancha.

En su carrera por utilizar de manera electoralista la cuestión de los residuos nucleares, tanto socialistas como populares están intentando invadir en nombre de la disciplina de partido el ámbito de decisión que corresponde al poder local; una decisión que, en contra de la demagogia que se ha impuesto, no se refiere a la ubicación final del ATC, que corresponde exclusivamente al Gobierno, sino a la disposición para albergarlo. Bastaba con que las instancias nacionales y regionales de los partidos hubiesen respetado la autonomía municipal para no convertir en problema lo que, en realidad, es una solución. Porque problema hubiera sido seguir confiando la gestión de los residuos a las propias centrales o a las instalaciones ubicadas en Francia, en este último caso por el alto coste económico que representa.

Pero a la partida de demagogia que se viene desarrollando entre partidos aún le podría restar una última jugada. Resultaría inaceptable que, después del espectáculo de estas semanas, el Gobierno cediera además a la tentación de decidir sobre el ATC en función de criterios electorales, ya sea posponiendo el anuncio o escogiendo la ubicación para favorecer sus intereses en las urnas. Los criterios técnicos son los únicos que deberían tomarse en consideración. No sólo porque lo contrario podría resultar en un agravio a los municipios que han optado por presentar su candidatura, sino también porque así lo exige el deber de transparencia en el manejo de los recursos públicos.


El País - Editorial

La conversión. Por Ignacio Camacho

DE los cincuenta años para abajo, millones de trabajadores españoles contemplan el futuro con el razonable recelo de que el sistema de pensiones no aguante el tiempo suficiente para pagar las suyas. La perspectiva de zozobra se vuelve aún más inquietante para los jóvenes actuales, previsibles pensionistas a partir de 2050; en esa fecha, los estudios demográficos prevén que la pirámide de población decline hacia una pronunciada curva de envejecimiento. Si no se toman ahora las medidas necesarias, España será a mitad de siglo un país de clases pasivas condenadas a malvivir en un precario desequilibrio asistencial.

Esta amenaza para el Estado de Bienestar es desde hace tiempo un clamor que venían proclamando expertos de toda condición, incluidos el Banco de España y la Comisión Europea, desoídos con tozudez y hasta replicados con algún insulto por un Gobierno envuelto en su alegre optimismo negacionista y en su alergia a las reformas estructurales. Sin embargo, la demoledora impiedad de las cifras ha acabado derribando a Zapatero de su caballo inmovilista; su repentina turboconversión al reformismo, acaso un milagroso fruto anticipado del ya célebre Desayuno de Oración, constituye el reconocimiento implícito de su fracaso social ante la crisis. Pero aunque con retraso, ha quedado abierto al fin el debate tabú del sistema jubilar y nuestra dirigencia pública cometerá una flagrante irresponsabilidad si deja escapar esta ocasión histórica.

Es hora de que la peor generación política de la democracia se retrate ante la posteridad con una decisión de alcance estratégico. Desde la llegada al poder de Zapatero, la mediocre clase dirigente española no sólo se ha entregado a un feroz presentismo oportunista, sino que ha desarticulado la mayoría de los pactos de Estado vigentes desde la transición y desmantelado la urdimbre nacional en provecho de frívolas tácticas de coyuntura. La posibilidad de reformar la jubilación le concede la oportunidad de una redención parcial que deje siquiera algún legado útil a ese futuro donde inevitablemente tenemos que pasar el resto de nuestras vidas.
En su brusca rectificación, quizá tan improvisada como el resto de sus decisiones, el Gobierno ha hecho una propuesta poco meditada, contradictoria, unilateral e incompleta si no la acompaña de otras medidas de fondo sobre el empleo, el gasto y la productividad; pero para ver hasta dónde está dispuesto a llegar no hay otra fórmula que tomarle la palabra y obligarlo a cumplirla, sentándolo en una mesa de negociación en la que no le quepa más remedio que buscar el consenso que hasta ahora ha rechazado. Por primera vez en seis años, la agenda pública española se abre a la discusión de un asunto esencial de largo plazo. Es menester aprovechar este ataque de cordura momentánea del zapaterismo antes de que le sobrevenga una crisis de arrepentimiento.


ABC - Opinión

El PSOE sigue disciplinadamente los bandazos de su líder

El Comité Federal avala el 'pensionazo' de Zapatero, que justifica su medida por su "sentido de la responsabilidad".

HACE casi veinte años, cuando González pretendió regular el derecho de huelga, una parte del partido -los guerristas- se rebelaron abiertamente y frustraron la tentativa. Ayer no sucedió lo mismo: el Comité Federal del PSOE avaló el pensionazo de Zapatero tras un discurso en el que el líder socialista justificó esta medida por su «sentido de la responsabilidad».


Zapatero señaló que «lo cómodo habría sido no hacer nada», pero que él no acepta por «carácter» esa actitud pasiva y quiere poner ahora las soluciones a un problema que se plantearía «en el 2020 o el 2025». El presidente hizo referencias a «los caminos difíciles», a «los tiempos duros», pidiendo a los dirigentes socialistas que asuman el ajuste de las pensiones, el recorte del gasto y las medidas en las que trabaja el Gobierno para que España pueda salir de la crisis.

Zapatero se comprometió a presentar una serie de propuestas para la reforma del mercado laboral el próximo viernes, afirmando que «buscan afrontar la dualidad entre contratos indefinidos y temporales». Estas ambiguas palabras parecen dejar abierta la posibilidad de un nuevo contrato indefinido con una indemnización por despido más reducida que la actual, aunque lo significativo es que nadie le pidió que aclarara su sentido.

Todo indica que Zapatero se está acercando a las tesis defendidas por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que siempre se ha mostrado a favor del alargamiento de la vida laboral y la flexibilización del mercado de trabajo. Hay que recordar que el presidente y Corbacho subrayaron en su día que el Ejecutivo no haría ni una cosa ni la otra.

No cabe duda que Zapatero ha dado un importante bandazo en su política, por lo que era importante saber el nivel de apoyo con el que iba a contar en el Comité Federal, formado por 248 dirigentes. Salvo dos representantes de la corriente Izquierda Socialista, el resto votó a favor de la moción de respaldo a la política del Gobierno.

Esta práctica unanimidad dice muy poco en favor del PSOE, maxime cuando se trataba de avalar una rectificación que supone recorte de derechos sociales adquiridos. Pero la gran mayoría ha optado por seguir a su líder sin atraverse a cuestionar una decisión que contradice todo lo que Zapatero había defendido.

El ajuste de las pensiones y el recorte del gasto público son dos iniciativas que van en sentido contrario de la ruta que había seguido Zapatero. Pero es que además el presidente no ha discutido el pensionazo ni con sus ministros ni con la dirección del partido ni con nadie: lo ha impuesto por sorpresa. ¿Dónde queda aquella «democracia deliberativa» de la que se jactaba?.

Zapatero ha actuado en este asunto, salvando las distancias, como cuando Aznar optó por apoyar la intervención en Irak. Desgraciadamente se ha convertido en habitual que los líderes sólo consulten con su almohada a la hora de tomar decisiones de Estado. Esto es lo que ha sucedido con las pensiones, que muestra de nuevo la falta de democracia interna de los partidos.


El Mundo - Editorial

Pizarro, talento desaprovechado


La decisión de Manuel Pizarro es la actitud consecuente de un profesional íntegro, con experiencia e ideas sólidas, que se ve relegado a la inanidad parlamentaria por un partido que sacrifica sus principios con el único objetivo de alcanzar el poder.

La renuncia de Manuel Pizarro a su acta parlamentaria tiene implicaciones más profundas que la simple dimisión de un diputado por “motivos personales”, razón aducida elegantemente por el protagonista y dada por buena en el acuse de recibo emitido al respecto por la dirección del Partido Popular.


Pizarro no sólo fue el fichaje estrella de Mariano Rajoy para las últimas elecciones generales. Más allá de esa circunstancia, el ex presidente de Endesa representó para el votante popular la garantía de que, al menos en materia económica, el PP iba a presentar una batalla ideológica basada en principios irrenunciables como la libertad de empresa, la iniciativa privada y la necesidad de un estado de derecho eficiente para garantizar el libre funcionamiento de las instituciones económicas.

El ejemplo de Pizarro en su batalla por defender los derechos de los accionistas de Endesa ante la ofensiva del Gobierno socialista y su debate electoral con Pedro Solbes, en el que detalló sin complejos las extraordinarias dificultades a las que se iba a enfrentar de forma inmediata la economía española, confirmaron que su salto a la política no era un capricho para colmar vanidades tardías, sino una decisión firme basada en el compromiso con el electorado de defender, desde el gobierno o la oposición, los mismos principios de que ha hecho gala a lo largo de su vida profesional. Solbes acabó dimitiendo, sobrepasado por el desastre absoluto de su política económica, mientras que Pizarro podría repetir hoy, hasta la última coma, su intervención en el famoso debate preelectoral.

La decisión de Manuel Pizarro de abandonar su escaño no es más que la actitud consecuente de un profesional íntegro, con experiencia e ideas sólidas, que se ve relegado a la inanidad parlamentaria por un partido que sacrifica sus principios con el único objetivo de alcanzar el poder. Incapaz de dar la batalla, también el terreno en que el PP ha demostrado una acreditada solvencia como el económico, para no perjudicar los cálculos electorales elaborados por los alquimistas de la calle Génova, Rajoy se permite el lujo de prescindir de una de las personas más capaces de las que supo rodearse en su último intento de llegar a La Moncloa.

La actual recesión económica, con unas cifras brutales de desempleo y su corolario inevitable en forma de latrocinio estatal de los derechos adquiridos por nuestros pensionistas, son asuntos de tal gravedad que cualquier partido serio explotaría diariamente con la mayor contundencia, sin descartar una movilización general en contra del peor Gobierno de nuestra Historia reciente. Pizarro hubiera sido el hombre capaz de hacer llegar a los votantes, y no sólo del partido popular, la necesidad de acabar con este desgobierno y apostar por una alternativa basada en el rigor político y el esfuerzo conjunto.

Pero en lugar de convertirlo en el mascarón de proa de esta ofensiva hoy más necesaria que nunca, Rajoy ha preferido relegar a Pizarro a los lugares más intrascendentes de su grupo parlamentario, no sea que los socialistas le acusen de “crispar” a unos ciudadanos que, por cierto, ya están por sí solos más crispados que nunca a causa de los errores y las fechorías de quienes les gobiernan.

Con una generosidad mayor de la que corresponde al trato recibido, Pizarro ha preferido abandonar su aventura política al lado de Rajoy con gran elegancia y en el momento en que menos daño podría hacer al PP. La lealtad del aragonés, según puede verse, sólo es equiparable a la ingratitud del gallego. Peor para el PP.


Libertad Digital - Editorial

PSOE, más disciplina que confianza


EL PSOE reunió ayer a su Comité Federal para intentar un terapia de grupo que le permita responder a una situación de crisis económica y laboral que ha arruinado la imagen del Gobierno socialista y ha desarmado el discurso «social» de Rodríguez Zapatero. El último Comité Federal socialista se reunió en septiembre pasado para preparar el curso político. En enero, el PSOE ya tiene el suspenso y empieza a sentir el apremio de una temporada electoral que comenzará en otoño con las elecciones catalanas y seguirá en mayo de 2011 con las autonómicas y locales. Todas las previsiones estratégicas de los socialistas han fallado: el cambio de gobierno del verano pasado, la frustrada recuperación en 2010, el efecto publicitario de la presidencia europea y el enésimo intento de hacer del PP el chivo expiatorio. Con las propuestas del Consejo de Ministros sobre pensiones y recortes del gasto público, Zapatero ha reconocido que su política económica seguida hasta ahora ha fracasado y que la salida de la crisis va a ser menos «social» de lo que prometía. Recortando derechos a jubilados, viudas y huérfanos, la izquierda española no sólo tiene un problema de identidad y coherencia; es que se queda sin discurso frente a la opinión pública. Por vez primera, los sindicatos han dado señales y el efecto político puede ser muy perjudicial para los socialistas. Y en junio sube el IVA a todos los españoles, con muchas dudas de que sirva para enjugar el déficit y más temores de que retraerá el consumo, aumentará el paro y propiciará la economía sumergida.

Por eso, el Comité Federal celebrado ayer fue una llamada a la disciplina más que a la confianza, que empieza a reducirse en las filas socialistas. No le bastará a Zapatero con revestirse de sentido de la responsabilidad para sosegar los nervios que ya afloran en el socialismo por las dudas sobre la idoneidad del presidente del Gobierno para ganar en 2012. Ahora sí, el debate sobre su sucesión puede volverse contra el PSOE, después de haberlo promovido con el interés de neutralizarlo a tiempo. Si las autonómicas de 2011 se saldan con un derrota grave del PSOE, la caída puede ser imparable en 2012. El problema del Gobierno no será que le reprochen entrar en los asuntos graves del país -pensiones ahora, pero mañana tendrán que ser impuestos, mercado laboral, inmigración-, sino que le acusen, otra vez, de haber engañado a los ciudadanos con una crisis que lo está devorando.

ABC - Editorial

sábado, 30 de enero de 2010

Lo que decía Zapatero, hace un año, sobre las pensiones

¡Gracias por amargarnos la vejez! Por Emilio J. González

Señores políticos y señores sindicalistas, gracias por pensar nada más que en ustedes y amargarnos la vejez a quienes tenemos menos de 55 años: lo de la ampliación de la edad de jubilación no es más que la punta del iceberg de lo que está por venir.

El Gobierno está empezando a hacer lo que todos nos temíamos que iba a pasar si no se reformaba el sistema de pensiones. En este caso, el Ejecutivo va a proponer al Pacto de Toledo el retraso en dos años de la edad de jubilación, para dejarla en 67 años. Es decir, que gracias a que nuestros políticos, los del PSOE y los del PP, así como los sindicatos, no han querido jamás acometer de verdad el cambio de modelo que se necesita para que los españoles podamos contar con una pensión digna que nos permita vivir la jubilación con desahogo, ahora resulta que, de entrada, vamos a tener que trabajar dos años más porque el sistema no da más de sí y hay que evitar como sea la quiebra. Por supuesto, a costa de amargarnos la vejez.


Los políticos, todos sin excepción, aunque unos más que otros, tienen la culpa de todo cuanto se avecina con las pensiones. Porque el problema no es nuevo. Por el contrario, desde principios de la década de los noventa, los expertos, analizando las tendencias demográficas y la naturaleza de nuestro modelo público de reparto, aquel por el cual las cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales, ya advertían de que no era viable en el futuro, porque el progresivo envejecimiento de la población iba a provocar el aumento del número de pensionistas por cada trabajador, con lo cual el sistema estaba condenado irremisiblemente a la quiebra si no se procedía a su reforma. Varios informes importantes, como el de José Barea o el de José Antonio Herce, dejaron bien claro que no había otra salida. Y el de José Piñera, el hermano del nuevo presidente de Chile y autor de la reforma del sistema de pensiones del país andino, que realizó para el Círculo de Empresarios, proponía además un método para pasar en España del modelo de reparto al de capitalización, aquel por el cual las cotizaciones personales de hoy financian la pensión de cada uno mañana. ¿Qué respuesta recibieron cuando aún entonces había tiempo para hacer la reforma y evitarnos los problemas que vamos a tener? Los socialistas sentaron las bases del Pacto de Toledo, en su ponencia sobre Seguridad Social, que, como vemos, no ha servido para nada excepto para repartir la pobreza entre todos y dijeron que el cambio de sistema en Chile fue posible porque se hizo bajo la dictadura de Pinochet y se quedaron tan anchos. Los del PP no quisieron estropear sus perspectivas electorales, firmaron sin rechistar el Pacto de Toledo y acusaron a quienes proponían el paso al sistema privado de previsión social de buscar sólo el enriquecimiento de sus amigos. Y los sindicatos afirmaron que las pensiones tenían que ser públicas por narices y plantearon más que serias amenazas a quien, desde el poder, se le ocurriese decir lo contrario.

Las cosas habrían sido muy distintas si los dos grandes partidos se hubieran puesto de acuerdo en llevar a cabo la reforma, pero como los socialistas y los sindicatos querían que las pensiones siguieran bajo control estatal a cualquier precio –y hoy vemos cuán alto es– los del PP se amilanaron y se sumaron a ellos porque les daba miedo que el plantear la alternativa privada les pudiera dejar fuera de La Moncloa. Así es que, señores políticos y señores sindicalistas, gracias por pensar nada más que en ustedes y amargarnos la vejez a quienes tenemos menos de 55 años. Porque lo de la ampliación de la edad de jubilación no es más que la punta del iceberg de lo que está por venir.

Hace quince años, cuando los expertos plantearon el debate sobre la necesidad de proceder a reformar el sistema de pensiones se estimaba que, sin cambios, en el futuro habría que reducir la prestación en un 25% para equilibrar las cuentas. Ahora, gracias a ZP, habría que hacerlo ni más ni menos que en un 40%. ¿Cómo se podrá vivir, entonces, con semejante recorte? Porque el recorte vendrá de la mano de otra de las posibilidades que contempla el Pacto de Toledo, que es la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cómputo de la pensión. Y, como por lo general, en los primeros años se gana mucho menos que en los últimos, que son con los que ahora se establece el importe de la prestación, ésta, necesariamente, tendrá que reducirse. Porque lo de la ampliación de la edad de jubilación, en última instancia, no es más que un parche por el cual vamos a trabajar más para que después nos quede menos dinero.

Por supuesto, la propuesta del Gobierno se basa en su esperanza de que la crisis económica pase pronto y el empleo se recupere enseguida, esperanza vana porque todo apunta a que, por desgracia, tenemos ante nosotros un dilatado periodo de estancamiento económico y altas tasas de desempleo. Lo cual implica que la Seguridad Social tendrá menos ingresos de los previstos, su crisis será todavía más grave y las medidas a tomar deberán ser necesariamente más drásticas. Así es que estamos apañados.

Quien haya tenido la precaución de suscribir un plan de pensiones podrá ver amortiguado el golpazo que recibirán sus rentas cuando llegue el momento de la vejez. La cuestión es cuántos españoles cuentan con ello. No todo el mundo ha sido lo bastante prudente como para abrir uno, porque confiaban ciegamente en que, al final, el Estado proveería. Sí, ya se ve de qué forma. Otros se asustaron cuando Zapatero llegó al poder y empezó a arremeter contra los planes privados de pensiones y sus beneficios fiscales, queriendo poco menos que acabar con ellos para que, como buen socialista que es, pudiera tener todo bajo control del Estado y así poder hacer de las suyas. Otros más, simplemente, no pudieron porque como ZP dejó a la burbuja inmobiliaria campar tranquilamente por sus respetos, después de pagar la letra del piso y los gastos necesarios para vivir no les quedó mucho margen para ahorrar de cara al futuro.

Claro que, aquí, también ha habido mucho imprudente que, a base de tarjeta de crédito, ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero lo peor de todo es que, ahora que ya muchos ven de verdad las orejas al lobo, no tienen apenas capacidad para ahorrar de cara al retiro, bien porque están ahogados por la letra del piso, bien porque no les queda bastante tiempo para reunir un mínimo de ahorro, bien porque están sin trabajo y sin visos de encontrarlo. Todo ello aderezado por un panorama laboral en el que se vislumbra que los contratos que se produzcan en el futuro van a ser con salarios inferiores a los de antes de la crisis, porque como las empresas tienen que recuperar competitividad y se enfrentan, además, a costes crecientes de la energía a cuenta de la fobia antinuclear de ZP y de su filia enfermiza por las renovables, pues no tienen más remedio que actuar sobre la masa salarial, despidiendo gente o contratando con sueldos bajos. Qué brillante futuro le aguarda a muchos.

Para quienes pensaban que, en última instancia, la vivienda que habían adquirido a precios desorbitados iba a ser una garantía para su jubilación, por ejemplo, mediante la hipoteca inversa –renta adicional a los pensionistas a cambio de su piso–, ya se pueden ir preparando porque su precio no va a ser, ni de lejos, el astronómico de los últimos años, sino un 50% inferior, como mínimo.

Después de todo esto no me queda nada más que dar las gracias a nuestros políticos y a nuestros sindicalistas por amargarnos la vejez.


Libertad Digital - Opinión

Pobreza, el rendimiento de la izquierda. Por Juan Ramón Rallo

67 años y pensiones mucho más bajas son el rendimiento de un sistema quebrado. Ésa es la conciencia social de nuestra izquierda, la misma que inspiró el sistema económico más ruinoso de todos los tiempos: más vale esclavos y pobres, que libres y prósperos

Es ciertamente terrible que sólo seamos capaces de verle las orejas al lobo cuando nos acaba de pegar un bocado. Extrema miopía de unas sociedades occidentales que se han aposentado sobre la riqueza que sus antepasados crearon y acumularon con un esfuerzo tal que hoy merecería la mayor de las condenas y prohibiciones por parte de nuestra burguesía sindical.


Los chiquillos (financieramente) malcriados que no han tenido empacho en delegar sus libertades y su prosperidad al Estado niñera se dan de bruces con la realidad. Qué plácidamente se vivía cuando, apelando a principios tan tergiversados como el de solidaridad intergeneracional, éramos capaces de vivir a costa de los ingresos generados por los demás. Las pensiones públicas se configuraron siempre, en todas partes y en cualquier régimen como un robo masivo organizado: los jubilados se quedaban con parte de la renta de los trabajadores en activo y a cambio éstos adquirían el derecho a robar a su vez a los futuros trabajadores en activo.

Estafa piramidal por la que a Madoff le han caído apenas 150 años entre los aplausos generalizados de estas mismas clases apesebradas que se niegan a retocar lo más mínimo el sistema de pensiones público. Lástima que toda pirámide, en cuanto se invierte, tiende a perder el equilibrio y a derrumbarse. Nuestros políticos nos prometieron vencer a la ley de la gravedad, pero al final las mentiras caen por su propio peso.

En apenas dos años han desaparecido más de dos millones de puestos de trabajo y millón y medio de cotizantes forzosos a ese sistema fraudulento de la (in)Seguridad Social. Un proceso de putrefacción acelerado por la crisis pero cuyas bases siempre estuvieron condenadas a descomponerse. De no haber sido por el respiro transitorio que proporcionaron millones de inmigrantes, la despensa se habría quedado vacía años ha. El milagro económico español en puridad nunca ha existido ni nunca se producirá: fue un puro placebo, una estafa más añadida a una montaña de mentiras. Convendría basar la política más en la ciencia y menos en la fe: lo de multiplicar los panes y los peces está bien para Jesucristo, pero nunca estuvo al alcance de nuestros burócratas. Malvados ellos por medrar mediante la propaganda; ignorantes aquellos que les creyeron y los auparon al poder.

67 años y pensiones sustancialmente más bajas son el rendimiento de un sistema quebrado. Ésa es la conciencia social de nuestra izquierda, la misma que inspiró el sistema económico más ruinoso de todos los tiempos: más vale esclavos y pobres, que libres y prósperos.

Mejor no hablar hoy de la alternativa que PSOE y PP, PP y PSOE, y tantas otras siglas que actúan como recipientes del pensamiento socialista, se han dedicado con fruición a desprestigiar, marginar y atacar: sería demasiado doloroso recordar en este día que con una sociedad de propietarios los ciudadanos medios podrían jubilarse a entre los 40 y los 50 años con rentas muy superiores a las pensiones públicas.

Algunos se arrepentirán de haber prestado su apoyo a este timo, de haberlo contemplado con buenos ojos y de haber impedido la transición hacia los sistemas de capitalización en el momento en que ésta podía acometerse. Yo, sinceramente, no lo lamento por ellos. Creo que cada cual es responsable de sus decisiones, acertadas y erróneas. Los ciudadanos que confiaron su futuro a la casta política están cosechando lo que sembraron. No más ni tampoco menos, aunque ahora les sorprenda.

Lo que sí lamento es que arrastraran en su error a muchas o pocas personas que eran conscientes del fraude que suponían las pensiones públicas; lo que lamento es que, por no ser lo suficientemente respetuosos con la libertad individual, algunos tengan (tengamos) que cargar con la factura de quienes nos empujaron al abismo. Porque nunca quisimos arrebatarle su pensión a nadie, sólo pretendimos conservar la nuestra. Ahora no tenemos ni eso. A ver cuánto tardan nuestros políticos en babear ante los fondos privados de pensiones: Argentina ya ha marcado el camino (también) en eso.


Libertad Digital - Opinión

El Gobierno roba a los pensionistas. Por Pablo Molina

El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano.

El sistema público de pensiones es un latrocinio oficial que justifica sobradamente la necesidad de destruir el llamado Estado del bienestar. La culpa la tienen, en primer lugar, los beneficiarios del sistema, que a estas alturas siguen siendo incapaces de exigir a los políticos el derecho a manejar sus propias finanzas para utilizar el dinero aportado durante su vida laboral en la forma que estimen oportuno una vez alcanzada la edad de jubilación.

No se dan cuenta de que el Estado les roba y que, cuando ya no son útiles para la actividad productiva, les sigue manipulando con abundantes dosis de demagogia en función de los cálculos electorales del partido en el poder.


El Gobierno no concede ninguna pensión. Por el contrario, lo que hace es robar la mayor parte de lo acumulado por el beneficiario a lo largo de su vida para dejarle unas migajas que, encima, raciona a su antojo decidiendo a qué edad puede o no dejar de trabajar y cuánto debe percibir hasta su muerte.

Sólo hay que hacer unos cálculos sencillos para percibir las dimensiones del desfalco. Considerando una pequeña aportación mensual de 80 euros a la Seguridad Social, una persona que haya trabajado toda su vida, por modesto que haya sido su empleo, ha acumulado a los sesenta y cinco años del orden de cuatrocientos mil euros (a un interés compuesto del 5%, descontada la inflación, que es también una tasa más que razonable en una inversión a largo plazo). Ese capital acumulado le permitiría cobrar una pensión de mil quinientos euros hasta los noventa años, y eso en caso de que no quisiera rescatar el total del dinero ahorrado. Pues bien, la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados perciben menos de la mitad de ese dinero y, además, tienen que vivir con la zozobra constante de no saber qué van a cobrar al año siguiente o si va a haber dinero suficiente en la caja del Estado para pagarles esa miseria.

El llamado Estado del bienestar es una estafa monumental y el sistema público de pensiones el mecanismo más injusto e insolidario que jamás ha concebido el ser humano. Por eso hay que criticar a Corbacho y enviar a este Gobierno al lugar que recomendó en su día el secretario general de la UGT madrileña, pero sin olvidar que el verdadero enemigo de los jubilados es el actual sistema de previsión social. Y si preferimos seguir concediendo a los políticos el poder de decidir sobre nuestra ancianidad, entonces no nos quejemos. A trabajar hasta los ochenta años para el Gobierno y punto en boca.


Libertad Digital - Editorial

El retiro de Pizarro. Por M. Martín Ferrand

ENTRE la España que describe Próspero Mérimée en Carmen y la que retrata Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas hay un punto en común: el pintoresquismo y, como dice Baura, España, que tiende a ser dramática, puede resultar trágica o cómica, pero nunca pintoresca. Seguramente, para quienes la amamos en su integridad y vemos en su pasado nuestro principal patrimonio personal, España es hoy un proyecto quimérico de futuro. Una torpe interpretación de la Constitución trata de convertir en federal lo que siempre fue unitario y eso es tan estéril como la piedra filosofal de los alquimistas medievales. A mayor abundamiento, el esplendor esperanzado de la Transición ha decaído en una partitocracia ridícula en la que dos jefes de fila, por sí y ante sí, establecen los nombres del Legislativo, se turnan en el diseño del Ejecutivo y chalanean la nómina del Judicial. Una gigantesca chapuza... nada pintoresca.

Desde una neutralidad arcangélica sería difícil establecer quién, Zapatero o Rajoy, sirve peor, con más desacierto y menor provecho, a la fortaleza del Estado y el bienestar de la Nación. Esa bipolaridad oligárquica tiene secuestrado el talento y proscrita la excelencia. Manuel Pizarro, que hace honor a la tradición de su apellido, parece haberlo descubierto y ayer anunció su retirada del Parlamento. El hecho de que alguien como Pizarro, una de las mejores cabezas de la política española, inequívocamente liberal y tras el éxito de una brillante carrera personal, en un momento biográfico idóneo para la dedicación al trabajo político decida no participar, quedarse en casa, debiera impulsar la reflexión de sus compañeros de partido. Si Pizarro no es capaz de asumir al PP, o viceversa, estamos ante el síntoma de una grave enfermedad.

Mérimée, profesional de la historia del arte, recorrió los caminos hispanos del gótico y el románico con vocación de estudio. Hemingway, profesional del periodismo, patrulló el país en busca de una crónica. El primero fue amigo de Eugenia de Montijo y el segundo de Antonio Ordóñez. De ahí que se quedaran en la anécdota pintoresca. El drama se mastica en la rutina cotidiana mejor que en la peripecia aventurera. Por eso Pizarro se va a su casa. Teruel gana un vecino, España pierde un diputado cabal y el PP enseña las vergüenzas de su vocación funcionarial y escasa, su rechazo a los mejores en aras de la obediencia conventual.


ABC - Opinión

Cambio de orientación

El Gobierno reforma las pensiones y recorta el gasto para marcar distancias con la crisis griega.

El Gobierno adoptó ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientación de la política económica aplicada desde que se declaró el estado de crisis financiera internacional y de profunda recesión económica nacional. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, completada además con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación. Es evidente que esta propuesta, rechazada de plano por los sindicatos, pretende consolidar el sistema de pensiones, que en el futuro puede verse arruinado por un mercado laboral en el que los cotizantes empiezan a trabajar cada vez más tarde, se jubilan a edades cada vez más tempranas y, además, tienen una esperanza de vida mayor. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto público de 50.000 millones en tres años que, según la vicepresidenta Elena Salgado, respetará el gasto social y las inversiones en I+D.


Ambas medidas suponen un viraje en la política económica por varias razones sobre las que merece la pena reflexionar. El Gobierno da a entender que el periodo de combate de la recesión a través de fuertes estímulos económicos debe dejar paso paulatinamente a un programa de sostenibilidad financiera del Estado, gravemente socavada por el oneroso coste de la recesión. Los términos de esa amenaza contra las finanzas públicas se conocieron ayer. El déficit público se ha disparado hasta el 11,4%, dos puntos por encima de la previsión del Gobierno. Este descontrol puede provocar dificultades de financiación o refinanciación de la deuda. Hay advertencias bien recientes, injustas pero notorias, de las agencias de calificación de riesgos. No es casual que la prima de riesgo español esté rozando ya los 100 puntos básicos.

La crisis prolongada del mercado laboral presiona intensamente sobre las finanzas públicas. La EPA del último trimestre de 2009 confirmó que el año pasado se destruyeron 1.210.800 puestos de trabajo, el número de parados aumentó en 1.118.600 personas y el paro total afecta ya a 4.326.500 personas. No hay expectativas de una reducción significativa del desempleo en los próximos tres años y, por tanto, el coste económico y social de esta crisis -ya hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro- será muy elevado. La programación pública debe prepararse para pagar los costes sociales de tasas de paro superiores al 11% al menos durante los próximos ocho años.

Por tanto, el plan de recorte del gasto y la propuesta de reforma de las pensiones intentan convencer a los mercados de inversión, los que deben juzgar la calidad de la deuda española, de que el Gobierno hará cuanto esté en su mano para que España no sufra de los mismos males que Grecia.

Pero una cosa es que el viraje sea correcto -y es correcto-, si se mantienen las redes de protección social, y otra muy distinta que sea creíble. La propuesta de los 67 años inicia un saludable debate sobre las condiciones para reforzar el sistema, pero exige además elevar de forma significativa el periodo de cálculo de pensiones y depende de un acuerdo difícil con los agentes sociales. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilación choca con la dinámica de las empresas, que prefieren rotaciones más rápidas para abaratar los costes. En el caso del plan de austeridad, el juicio queda en suspenso hasta que se conozca el plan de reestructuración del gasto público. Hoy, sólo es una declaración de intenciones -loable, en efecto-. Que sería más creíble si el Gobierno hubiese propuesto la supresión de funciones y funcionarios de las administraciones públicas, una congelación total de los salarios públicos y la suspensión hasta tiempos mejores de ayudas sociales que no son tales, como los cheques-bebé.


El País - Editorial

Un volantazo que deja aislado a Zapatero

LOS SINDICATOS y todas las fuerzas políticas, excepto el PSOE, rechazaron ayer el retraso de la jubilación a los 67 años y las demás propuestas del Gobierno para recortar el gasto en pensiones. El PP incidió en que estas medidas mermarían «derechos adquiridos», mientras que UGT y CCOO pidieron al Parlamento que no las apruebe. Sólo la CEOE del cuestionado Díaz Ferrán respalda a Zapatero.

El Gobierno se ha quedado casi solo en la reforma que aprobó ayer sobre el sistema de pensiones, que, además de retrasar en dos años la jubilación, alarga el periodo de computo de la cuantía, establece limitaciones en las pensiones de viudedad, restringe al máximo las prejubilaciones y sube las cotizaciones a los autonómos.

Jamás se había aprobado una reforma de las pensiones de esta envergadura en el periodo de la democracia, por lo que sorprende que el Gobierno se haya embarcado en este proyecto sin el consenso ni de la oposición ni de los sindicatos.


Ayer decíamos que la reforma va en la dirección correcta, pero también subrayábamos el brusco volantazo del Gobierno, que se ha cansado de repetir durante casi seis años que no recortaría las prestaciones sociales. ¿Y el pensionazo, expresión acuñada por IU, qué es?

La única forma de abordar con garantías de éxito una iniciativa como ésta era dentro de un gran pacto de Estado, en el que los sindicatos hubieran aceptado la amarga medicina a cambio de otras contrapartidas y en un marco de sacrificios para todos. Pero Zapatero siempre se ha negado a pactar con el PP, alegando -menuda ironía- que era imposible por razones «ideológicas».

Zapatero confiaba en salir de la crisis sin necesidad de ajustes traumáticos pero la realidad es que la economía se ha seguido deteriorando, mientras se encendían todas las luces rojas de alarma, entre ellas, la amenaza de revisar la solvencia de las emisiones de deuda pública y el deterioro de la imagen de España en el escenario internacional.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de ayer corroboran que nuestro país se sigue deslizando por una fuerte pendiente hacia abajo. El paro subió 1,1 millones de personas el año pasado, situándose en el 18,8% de la población activa. Por primera vez, el Gobierno reconoció que puede superar el 20% este año, mientras hay ya 4,3 millones de personas en situación de desempleo.

Las cuentas públicas no van nada mejor porque Elena Salgado elevó ayer el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 11,4% del PIB en 2009, una cifra que contrasta brutalmente con el 1,9% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. La ministra confirmó que el Gobierno va a recortar el gasto en 50.000 millones de euros en el periodo 2010-2013, pero su inconcreción lo hace poco verosímil.

Ante este cúmulo de adversidades, Zapatero se ha visto obligado a rectificar y adoptar medidas que hace tan sólo unas semanas hubieran sido impensables. El problema es la falta de credibilidad de Elena Salgado y sus colaboradores para llevar a cabo esta rectificación tras los gravísimos errores cometidos. Probablemente, el presidente debería optar por un nuevo equipo para acometer estas nuevas tareas.

El giro de Zapatero ha roto la estrategia de alianzas del Gobierno, que se ha quedado más solo que nunca: IU le ha dado un fuerte portazo, CiU ha tomado distancia en función de sus intereses electorales, el PNV ha dicho que no le va apoyar en este ajuste y el PP ha aprovechado la ocasión para debilitar a su adversario. El Gobierno carece, en estos momentos, de respaldo para sacar adelante la reforma de las pensiones en el Parlamento y, lo que es peor, no tiene margen para maniobrar ya que, en lugar de ofrecer dinero, va a verse obligado a recortar.


El Mundo - Editorial

Trabajar más, cobrar menos

Todo está sucediendo tal y como era de esperar: el sistema público de pensiones nos lleva a trabajar más para cobrar menos. Ese debe ser el paradigma de derechos sociales por los que tantos golpes en el pecho están acostumbrados a darse los socialistas.

Allá por 2008, hace apenas dos años, el PSOE entraba en campaña electoral con un llamativo eslogan: "La octava potencia económica, la primera en derechos sociales". Más adelante, y tras el baño de realismo que significó el reconocimiento de la existencia de una crisis, rebajaron un poco sus triunfales expectativas y prometieron tan sólo que la salida de la crisis no acarrearía un recorte de los mal llamados "derechos sociales".


Con este absurdo pretexto, criminalizaron a todos aquellos políticos, economistas y ciudadanos en general que primero alertaron sobre la llegada de una crisis y más tarde propusieron recetas que diferían radicalmente de las implementadas por el Gobierno. Así, se bloqueó cualquier reforma laboral que aliviara la acelerada destrucción de empleo, delegándosela primero al imposible acuerdo entre sindicatos y patronal y congelándola después en medio de la demagogia más extrema.

Consecuencia de esta obcecación socialista, en los últimos años se han destruido más de dos millones y medio de empleos, disparando el déficit público hasta unas tasas pocas veces vistas en nuestra historia y acelerando las contradicciones internas de uno de esos pilares de un Estado de bienestar en el que cada vez se generaliza más el malestar: el sistema público de pensiones.

La Seguridad Social se basa, como es sobradamente conocido, en un sistema de reparto por el cual los jubilados actuales perciben sus pensiones no con cargo a lo que fueron contribuyendo a lo largo de su vida laboral, sino de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Se trata de una organización piramidal que está condenada a desmoronarse en algún momento –esto es, o a incrementar las cotizaciones que han de pagar los trabajadores o a reducir las pensiones que perciben los pensionistas– y que por tanto no puede asegurar de manera sostenible el bienestar de las clases trabajadoras (pese al mito de que son la máxima expresión de la "solidaridad intergeneracional").

Muchos y diversos economistas de todos los signos –algunos de los cuales incluso terminaron integrando el Gobierno de Zapatero tras renegar de sus ideas– vienen advirtiendo desde hace varias décadas de estos riesgos, agravados especialmente en España por una evolución demográfica caracterizada por el fuerte ritmo de envejecimiento poblacional.

El PSOE nunca dudó en atribuir a la derecha el fantasma de querer despojar a los jubilados de sus pensiones, azuzando un pánico infundado mediante el que cosechar votos. Es poco probable que el PP en algún momento se haya planteado seriamente la posibilidad de transitar hacia un sistema de capitalización –donde el patrimonio de los asalariados crece de manera exponencial hasta el momento en que deciden jubilarse–, pero en cualquier caso ninguno de los planes que estudian cómo implementar este cambio contemplan la posibilidad de despojar de sus derechos ya devengados a los pensionistas. Más bien se trata de ir desmontando el sistema poco a poco, evitando que nuevos trabajadores pasen a integrar este timo piramidal.

Pero lo cierto es que quien ha terminado por rebajar las pensiones (al incrementar el período de cálculo de las mismas hasta toda la vida laboral) y por retrasar su cobro han sido los propios socialistas que hasta hace poco insultaban a quienes pronosticaban –incluso dentro de sus filas, como ilustra el caso del socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez– que tal escenario devendría inevitable debido a las desnortadas políticas económicas que estaba siguiendo el PSOE.

Y es que no conviene olvidar que a este punto hemos llegado por la negativa estructural de los socialistas a sustituir el actual sistema de reparto por uno de capitalización y por su oposición coyuntural a reformar el mercado laboral.

Al final todo está sucediendo tal y como era de esperar: el sistema público de pensiones nos lleva a trabajar más para cobrar menos. Ese debe ser el paradigma de derechos sociales por los que tantos golpes en el pecho están acostumbrados a darse los socialistas.


Libertad Digital - Editorial

La crisis supera al Gobierno

LA revisión del sistema de pensiones era un obligación que antes o después tendría que abordar el Gobierno, cualquiera que fuera el partido que lo ocupara. Se trata de una necesidad estructural del Estado de Bienestar, precisamente para mantenerlo y adaptarlo ante el cambio sustancial que ya se está produciendo en la configuración demográfica de España. Sin embargo, la tardanza del Gobierno socialista en asumir esta responsabilidad ha convertido la necesidad en urgencia, porque no sólo ya es una realidad el envejecimiento de la sociedad española, sino también el agotamiento de los fondos públicos para asumir a largo plazo todo el conjunto de prestaciones sociales comprometidas por el Gobierno en tiempo de bonanza. Las soflamas de Rodiezmo han quedado superadas por una realidad que era bien visible para quien quisiera verla. Los datos económicos de los últimos días terminan de explicar las razones por las que Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a aprobar unas medidas de reforma de las pensiones que contradicen aspectos nucleares de su discurso social. Habrá que trabajar más años para cobrar la pensión, porque cada vez hay más pensionistas y, como dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística, menos trabajadores y más desempleados. Con una tasa de paro de 18,83 por ciento, más de 4.300.000 parados, un déficit de las administraciones públicas que llega al 11,4 del Producto Interior Bruto, unas previsiones tan pesimistas que anulan 2010 como el año de la recuperación y con la desconfianza de nuestros socios europeos, es imposible pensar que sólo con subsidios, más impuestos y buenas palabras se podrá salir de la crisis.


Nada va a ser igual cuando la crisis acabe. La inmigración ya no cubre las carencias demográficas de la sociedad española y la tasa de paro se mantendrá constante en porcentajes altos durante varios años porque no habrá crecimiento suficiente para generar empleo. Al final, el socialismo español ha tenido que asumir que los hechos son más tozudos que el optimismo antropológico de Zapatero. Ayer, el Consejo de Ministros «tocó» el Estado de Bienestar para endurecer progresivamente el acceso a las pensiones. Lo principal es que se aumentará la edad de jubilación hasta los 67 años y se ampliarán los años de vida laboral para calcular la pensión. No bastarán con estas medidas, aunque supongan un primer paso necesario, porque el problema de las pensiones no es sólo su coste. El mercado laboral está en quiebra: mantiene en el paro a más del 40 por ciento de los jóvenes, cuyas expectativas laborales se reducirán con la ampliación de la edad de jubilación si esta medida no es flexible en la identificación de trabajos que sí pueden desempeñarse hasta los 67 años. Otros son impensables hasta esta edad. Al mismo tiempo es necesario actuar contra las prejubilaciones, una contradicción insalvable con la decisión de ampliar la vida laboral y una brecha por la que el mercado pierde talento y experiencia. Está bien que el Gobierno quiera que el trabajador tarde más tiempo en salir del mercado laboral, pero tiene que tomar medidas para lograr que entren en él los que están fuera. Por ahora, ha tenido que aceptar -como le pedían expertos, autoridades y el PP, no sin ser replicados de manera insultante en muchos casos- que el sistema actual de pensiones es inviable. Le faltan más rectificaciones en el mercado laboral, la función pública y el sistema de impuestos. Ha llegado tarde a las pensiones y no puede permitirse llegar más tarde al resto.


ABC - Editorial

viernes, 29 de enero de 2010

Zapatero en Davos. Por M. Martín Ferrand

UN sapo en el desayuno es un complemento alimenticio que conviene a los profesionales del poder, a quienes viven más expuestos a los efectos demoledores del halago que a la vivificante dicha fría de la crítica implacable. José Luis Rodríguez Zapatero habrá tenido hoy la oportunidad de desayunarse con uno bien grande, viscoso y repugnante. En Davos, la ciudad más alta de Europa, el Foro Económico Mundial se los sirve junto con las tostadas y el café con leche a quienes, con responsabilidades de Gobierno, no brillan por sus resultados y España, para nuestra pena, es uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse la Unión Europea, precisamente durante el turno figurón que le corresponde al presidente del Gobierno de España, y toda una amenaza para el futuro del euro, la moneda con la que se grapa la todavía no encuadernada realidad común del Viejo Continente.

Zapatero, siempre a contrapié, como los más torpes de cada gimnasio, no puede llegar a entender la sabia propuesta de Nicolás Sarkozy -«refundar la moralidad del capitalismo»- porque los tres conceptos que se funden en tal formulación contradicen los vectores de acción y fuerza en los que se ha instalado el líder socialista español. No hay nada que refundar para un inventor de la Historia que niega los cimientos morales de occidente y que, por fanatismo socialdemócrata, no puede comulgar con el capitalismo, sin el que no hay solución económica en una privilegiada eurozona bendecida por el Estado de Bienestar.

Cuando, hace diez años, José María Aznar asistió al Foro de Davos pudo hacerlo sacando pecho, orgulloso del ritmo y recuperación de la economía española alcanzado en su primera legislatura presidencial; pero Zapatero, ahora, ha tenido que asistir ante tan singular congregación con las orejas gachas y mirando al infinito para no cruzar la mirada con personajes que, como Nouriel Roubini, han descubierto y anunciado el peligro que España significa para la entereza y continuidad del euro y lo que la moneda común significa. Edipo, ciego y desterrado, llegó a Colono para que Sófocles pudiera escribir Edipo en Colono, y Zapatero, prepotente y convencido, incapaz para la autocrítica y la acción reparadora que España precisa y la economía exige, se ha ido a Davos para hacerse una foto y conseguir que la propaganda consiga lo que la iniciativa gubernamental no acomete. Otro imposible metafísico.


ABC - Opinión

Obama ante la democracia. Por Raúl Vilas

Nada más patético que el progre ibérico dando lecciones de democracia a los USA. Se ponen estupendos –¡cómo les gusta!– para despotricar de los yanquis. Lo más triste es que se lo creen.

Alexis de Tocqueville se salvó de milagro de la guillotina. Su familia aristócrata sufrió la brutal represión institucionalizada por los revolucionarios franceses. Si hubiese nacido unos años antes, Robespierre le habría segado el pescuezo. Uno más. Por fortuna no fue así. Ya como magistrado, en 1831 viajó a EEUU para estudiar su sistema penitenciario, se quedó prendado de una sociedad, esta sí, democrática, que es mucho más que elegir cada cuatro al Gobierno de turno. No deja de ser paradójico: Tocqueville fue a conocer las cárceles y descubrió la libertad. Lo puso negro sobre blanco en su imprescindible La democracia en América, tan vigente hoy como entonces. Hay quien ve con asombro que sólo en un año la popularidad de Obama haya caído en picado. Seguro que no ha leído a Tocqueville.


A este gran liberal francés le impactó el triunfo de una revolución, la americana, que alumbró una Nación mucho más libre que la francesa, con la cabeza de todos sus ciudadanos en su sitio, sobre los hombros. Zapatero no tiene guillotina, tampoco más escrúpulos que los revolucionarios franceses, pero el contraste entre ambos lados del charco no ha cambiado mucho. No corta cabezas nuestro Gobierno, pero colabora con una banda terrorista que las revienta cada vez que puede y aquí no pasa nada.

Nada más patético que el progre ibérico dando lecciones de democracia a los USA. Se ponen estupendos –¡cómo les gusta!– para despotricar de los yanquis. Lo más triste es que se lo creen. En estos casos hasta dan penita, tan cándidos, tan burros. Piensan que esta cosa de aquí es mucho más democrática, pero muxo, muxo. Y, claro, lo dicen.

Esta cosa de aquí es, siendo benévolo, una partitocracia. Ni impera la ley, ni la justicia es independiente, ni prensa libre –salvo honrosas excepciones–, ni un sistema representativo digno de tal nombre, ni, mucho menos, una sociedad civil, siempre y cuando no llamemos así a los rebaños ávidos de gambas.
Son estas premisas, que sí están presentes en la sociedad estadounidense, las que explican que un año de mala gestión haya transformado el entusiasmo que aupó a Obama a la presidencia en desconfianza. Por mala gestión y en un año, no por corrupción galopante, crimen de Estado, empobrecimiento desbocado... Quince años se tiró Felipe González en Moncloa y Zapatero, si Sonsoles no lo evita, ni se sabe. Pero es que nosotros sí semos democráticos, semos los mejores.


Libertad Digital - Opinión

Realismo en la Casa Blanca. Por José María Carrascal

LOS norteamericanos son una extraña mezcla de realismo e idealismo, que hace difícil gobernarlos, pues exigen ambas cualidades a sus gobernantes. Barack Obama aprobó como candidato en idealismo, pero, como presidente, ha suspendido en realismo. Al iniciar su segundo año de mandato, trata de salvar la prueba. ¿Cómo? Pues de la forma más sencilla: dejándose de grandes planes globales y nacionales, para concentrarse en las necesidades más inmediatas de sus compatriotas. O, si lo quieren sin rodeos, gobernando para la mayoría, no para la minoría. Ello va a traerle críticas de la izquierda y muy posiblemente no va a granjearle el aplauso de la derecha, que le odia. Pero él piensa en el ciudadano medio, en ese norteamericano que sufre la recesión y está pagando las guerras en el exterior, los pillajes de los banqueros, los despilfarros de los políticos, y ha decidido ponerse a su lado.

Ya hubo un aroma de ese nuevo realismo al recibir el Premio Nóbel de la Paz, donde anunció que hay guerras que deben librarse, pero no, como hasta ahora, para extender la democracia a países no interesados en ella, sino para defenderse de los ataques que desde allí vengan. Lo mismo, con los banqueros. Lo peor de los banqueros no son esos escandalosos sobresueldos que vuelven a asignarse, después de haber provocado la mayor crisis financiera en tres cuartos de siglo. Lo peor es que vuelven a las andadas, empaquetando productos dudosos y tratando de colocarlos entre sus clientes, con lo que podemos tener otro descalabro. Hay que atarles corto, porque esa gente parece no haber aprendido y el ciudadano medio, que ha pagado su salvación con dinero público, está muy cabreado con ellos. En cuanto a la política nacional, ¿cuáles son las mayores preocupaciones del norteamericano hoy? ¿La reforma sanitaria? No. El 85 por ciento de los norteamericanos tienen ya seguro médico. Lo que preocupa a la mayoría es la recesión, el paro, el déficit. ¿Y cómo se abordan la recesión, el paro, el déficit? Pues movilizando la economía norteamericana con más productividad, con más iniciativa, con más estímulos en los puntos precisos y más recortes del gasto público en aquellos otros donde se está derrochando.

Durante su primer año de mandato, Obama ha mirado demasiado a los políticos y demasiado poco a la «mayoría silenciosa» de sus compatriotas. Con el resultado de haber perdido buena parte de la confianza de estos. En el segundo, trata de recuperarla. ¿Lo conseguirá? Depende de que recuerde que ya no es el candidato a la presidencia, sino el presidente. Como tal, tiene que vender hechos, no palabras, por hermosas que sean. «¡Es el realismo, idiota, el realismo!», podría gritar Obama a sus ayudantes.

Lo importante es que lo practique él.


ABC - Opinión

La doctrina Pedreira. Por Emilio Campmany

El art. 24 de la Constitución dice que todos sin excepción tienen derecho a la defensa y el derecho a la defensa incluye el secreto de las comunicaciones con el propio abogado. Y una norma genérica como la que alega Pedreira no puede derogarlo.

Según Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en la Audiencia Provincial de Madrid, un juez instructor pude ordenar la intervención de las conversaciones de un imputado con su abogado. Esto es precisamente lo que hizo el juez Garzón cuando fue instructor de la causa. Don Baltasar lo hizo en base al artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que lo que hace es prohibirlas, salvo casos de terrorismo. Es obvio que tal artículo no autoriza las escuchas practicadas porque Gürtel no es un caso de terrorismo. Por eso, Pedreira, para salvar la instrucción, adivina que donde en realidad quería fundarse Garzón es en el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza en general los pinchazos sin establecer ninguna prohibición para las comunicaciones entre acusados y abogados. No explica Pedreira por qué, al resolver la contradicción entre las dos normas, lo hace en favor de la norma general y no de la especial, como debe hacerse.


Además, la resolución de un recurso no puede basarse en normas distintas de las aplicadas en el auto recurrido. De hacerse así, como hace Pedreira, condena al recurrente a la indefensión, ya que un recurso sólo puede combatir la fundamentación alegada y no cualquier otra que el que ha de resolver pueda imaginar y que sólo se conocerá cuando se resuelva el recurso. A lo más que podría haber llegado Pedreira es a decir que la intervención habría sido legal si se hubiera fundado en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que, al basarse en el 51.2 de la Ley General Penitenciaria, es nula.

Pero tengamos manga ancha con Pedreira y aceptemos que se puede resolver contra el recurrente fundándose en preceptos diferentes de los que empleó el auto recurrido. La cuestión es si una norma general autoriza la intervención de las comunicaciones entre los acusados y sus abogados, ¿por qué la Ley General Penitenciaria se toma la molestia de decir: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor (...) no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo"? Porque el artículo 24 de la Constitución dice que todos sin excepción tienen derecho a la defensa y el derecho a la defensa incluye el secreto de las comunicaciones con el propio abogado. Y una norma genérica como la que alega Pedreira no puede derogar un derecho constitucional. Tanto es así, que, para poder hacerlo en los casos de terrorismo, hubo que redactar una norma como el artículo transcrito.

Donde finalmente Pedreira se estrella es cuando dice: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en los despachos profesionales, pueden de forma motivada acordarse las intervenciones de comunicaciones". El juez olvida que lo que se está preservando no es ningún privilegio de los abogados, sino el derecho a la defensa de los ciudadanos. Una cosa es que se puedan intervenir las conversaciones o registrar el despacho de un abogado cuando es acusado de un delito y otra cosa muy diferente es que pueda hacerse cuando el acusado no es él, sino uno de sus clientes.

¿Por qué nace la doctrina Pedreira? Porque sin ella Gürtel se viene abajo. Son tantos los intereses alrededor del caso, que el mismo Colegio de Abogados de Madrid ha olvidado la irritación que le produjo enterarse del pinchazo de las conversaciones de sus colegiados con sus clientes. Mal asunto.


bertad Digital - Opinión

Ser y no ser Obama. Por Ignacio Camacho

POCA falta hacía que Elena Salgado proclamase en Davos que ella no es Obama; las diferencias saltan a la vista y no proceden sólo del sexo o el color de la piel. Tampoco Zapatero es Obama, aunque él trate de asimilarse al presidente americano y se le pegue en las fotos a ver si recibe una transfusión de carisma. Pero no, definitivamente no es Obama. Ni se le parece.

Porque Obama, aunque ande mermado de atractivos por el rápido desgaste del poder y por la sobredimensión de sus expectativas, tiene y conserva una formidable capacidad de liderazgo. Obama emprende reformas estructurales para luchar contra la crisis, aunque se equivoque o encalle con alguna de ellas, y cruza el pasillo simbólico de la ideología para buscar el apoyo de los independientes y de los adversarios políticos. Obama congela el gasto público para frenar el déficit. Obama llama guerra a la guerra y la defiende como un mal necesario para alcanzar la paz. Obama parte de una formación intelectual y jurídica de élite. Obama habla con una convicción contundente que proclama principios sin perderse en la retórica de las tautologías y las obviedades. Obama predica la ética del esfuerzo y enaltece el espíritu de sacrificio. Obama respeta la religión de sus conciudadanos y comparte con ellos sus ritos y simbologías. Obama nunca diría que su nación es un concepto discutido y discutible.


Para parecerse a Obama es menester algo más que apostura física y voz grata, y hacer algo más que vestir camisas blancas de puños elegantes. Hay que tener determinación y coraje para afrontar los problemas de un país y anteponer los objetivos comunes al sectarismo de partido. Hay que ser consciente de que el Gobierno es para todos los ciudadanos y no sólo para los propios votantes. Hay que disponer de una visión estratégica que trascienda el oportunismo táctico. Hay que huir de la mentira como instrumento de política cotidiana. Hay que abordar la amarga realidad de frente y sin pintarla de colores ni negarla.

Es cierto que algunos de los defectos de Obama son similares a los de Zapatero: su tendencia a la abstracción y a la oquedad, su gestualidad algo vagorosa, esa impresión que empieza a transmitir de cierta impostura en el personaje y una querencia, hasta ahora bien sujeta, al impulso demagógico. Pero cuando se elige un modelo es para imitar sus virtudes; si no, lo que queda es un vacuo remedo de superficialidad desnuda, de frívola apariencia emulativa. Y además se nota el embeleco.

A nuestro presidente se le ve el cartón del sucedáneo cuando se arrima a Obama o corre a rezar -¡a rezar!- junto a él en busca de una transferencia de prestigio; a su lado, su discurso parece la psicofonía de un alma en pena y su estampa, la ecografía borrosa de un liderazgo. No, no hace falta que Salgado ni nadie lo aclare; todo el mundo sabe quién es Obama y quién trata en vano de parecerlo.


ABC - Opinión

Aguirre aún espera que Cobo se retracte. Por José Cavero

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha tardado unas pocas horas en reaccionar a la decisión de su partido de privar de militancia en el PP, durante un año, a su enemigo declarado Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, que hace algunos meses, en declaraciones a El País, calificó de "vomitiva" la actuación de Aguirre sobre la designación de Rato como presidente de Caja Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta región, Esperanza Aguirre, aseguró que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que la criticó con dureza, "ha tenido tiempo para retractarse y no lo ha hecho".

En declaraciones a "su propia cadena", Telemadrid, Aguirre se refería al planteamiento de los instructores del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP de sancionar a Cobo con un año de suspensión de militancia, después de que éste dijera que le parecía "de vómito" y de "ausente de vergüenza" la actitud de Aguirre en el conflicto entre comunidad y ayuntamiento por el control de Caja Madrid. Para la presidenta regional, se trata sólo de una propuesta de los instructores de los expedientes, ya que el "Comité Nacional de Conflictos no se ha reunido todavía". "Lo que conviene decir -añadió Aguirre- es que los órganos del partido funcionan, que se está cumpliendo con la legalidad y que hasta que no se produzca una sanción, que no se ha producido todavía, no haré ninguna otra valoración", dijo Aguirre.

Precisamente, Caja Madrid celebra esta misma tarde una asamblea en la que, previsiblemente, Rodrigo Rato será elegido presidente. Y sobre este particular, Aguirre ha señalado: "Es muy positivo el que haya una lista única en la que todas las instituciones que estamos representadas en la Caja nos hayamos puestos de acuerdo y que esa lista la encabece Rodrigo Rato". Abortó algunas otras cuestiones de actualidad, como la reforma de la Ley del Menor, al hilo de casos como el de Marta del Castillo o Sandra Palo. La dirigente popular ha afirmado que es un tema "muy complejo. Es verdad que (a los menores delincuentes) no se les puede tratar como a un adulto, pero no es menos verdad que la sociedad tenga que protegerse ante este tipo de actitudes". "Ahí es donde las Administraciones Públicas y las personas que hemos sido elegidas por los ciudadanos tenemos la obligación de cambiar las leyes. Casos como éstos, revelan a la sociedad española que debemos abrir el debate de la cadena perpetua. Bien es verdad que revisable, pero que no se puedan reducir la pena a una máxima", ha agregado.

Por lo que se refiere a la sanción contra Manuel Cobo, Esperanza Aguirre hubiera aspirado a dos cosas: que Ruiz Gallardón lo destituyera de alguna de sus competencias de vicealcalde, como la de portavoz, y que la sanción le impidiera presentarse como candidato en las elecciones del año que viene. Y, por supuesto, que Manuel Cobo se rindiera a sus pies y le pidiera perdón públicamente. Telemadrid hubiera retransmitido la escena docenas de veces...


Periodista Digital - Opinión

Delincuencia televisiva. Por Cristina Losada

Se ha convertido en ortodoxia cultural la quimera progresista según la cual fue la sociedad, y no El Rafita y sus colegas, quien secuestró, violó, torturó y asesinó a Sandra Palo. De ahí que se victimice a los criminales y se criminalice a las víctimas.

Pronto, la administración de Justicia será reemplazada por un sistema más sencillo. El engorroso procedimiento judicial se dilucidará del mismo modo que la elección de candidatos a Eurovisión. En un plató televisivo depondrán, por riguroso turno, los presuntos delincuentes y sus víctimas, y los espectadores pronunciarán sentencia vía sms. Tal es la espantosa visión que he tenido al hilo de la entrevista de Telecinco a uno de los asesinos de Sandra Palo. Presentado en su hogar, pobre y "desestructurado", el criminal explicaba cuán dura es su vida, se declaraba inocente y pedía perdón. Una víctima de las injusticias sociales, que para más se arrepiente. Natural que, conmovido por el testimonio, Pedro Piqueras señalara la falta de generosidad de la otra parte: "pero la madre no parece muy inclinada a perdonar". No hay duda de cuál es el veredicto televisivo.


En tiempos, la canallada periodística consistía en acudir a la casa de la víctima de asesinato y arrancar unas lágrimas de la madre, instante que se aprovechaba para la fotografía. Eso sería hoy juego de niños. La deontología de nuestros días prescribe ir a casa del criminal, ablandarlo con zalemas y algo más consistente, y escuchar con ternura y afecto cuanto quiera comunicar al mundo. Sin forzarlo, que el pobre ya lleva encima lo que lleva. Todo con tal de levantar unos puntos de share. Pero el indecente episodio representa algo más, por sintomático. Se ha convertido en ortodoxia cultural la quimera progresista según la cual fue la sociedad, y no El Rafita y sus colegas, quien secuestró, violó, torturó y asesinó a Sandra Palo. De ahí que se victimice a los criminales y se criminalice a las víctimas.

De aquella subcultura de los sesenta que llegaría a ver en los delincuentes a una disidencia frente un orden social alienante y criminal, él sí, destilan las creencias que se han vuelto dominantes. Hay una fascinación secreta, y no tan secreta, por la violencia criminal y una desorientación moral que impulsa a exculpar y hasta a identificarse con quienes la practican. La elevación de El Rafita al Olimpo televisivo merecería, en países con una sociedad civil, las únicas sanciones que el negocio entiende: la pérdida de publicidad y audiencia. Me temo que no caerá esa breva.


Libertad Digital - Opinión

Un Obama diferente

UN año después de su histórica toma de posesión, el mundo no ha cambiado tanto como se pensó entonces. El Barack Obama que ha comparecido ante el Congreso norteamericano, sin embargo, ya está muy lejos de aquel candidato que despertó una ola de entusiasmo planetario y que ahora ha tenido que reconocer sus limitaciones. No ha logrado prácticamente nada de lo que se comprometió a cumplir en su primer año y por eso en el discurso ha intentado volver a conectar los restos de su agenda de reformas, que después de un baño de realismo se le han ido quedando desperdigados en medio de un panorama político mucho más desfavorable. Obama es consciente del aumento de la desafección que se ha producido durante este último año en una buena parte del electorado que le llevó con entusiasmo a la Casa Blanca y de las consecuencias que esto puede tener en las elecciones legislativas parciales de noviembre.

El presidente ha pasado un año muy difícil, pero el que le espera no será seguramente más fácil. En el interior del país, la solución a la crisis financiera está apenas empezando a perfilarse, la reforma de la sanidad se ha quedado comprometida por la pérdida de la mayoría cualificada en el Senado y en el exterior la lista de problemas graves (la guerra de Afganistán, la amenaza nuclear de Irán, el conflicto de Oriente Medio) está lejos de reducirse. Sabe que los que él creía que eran enemigos de su antecesor no renuncian a combatir a los ideales que representa Estados Unidos y que las amenazas que pesan sobre Occidente no han disminuido.

Sus imprecaciones contra la atmósfera de los políticos de Washington han sido la parte más enérgica del discurso y eso hizo que sonasen como un pretexto para justificar sus tropiezos, en un tono en cierto modo populista. La tentación de seguir por ese camino sería la peor opción para el resto de su mandato, porque confirmaría la desafección de la clase media norteamericana, que hace un año vio en él la solución de sus problemas y en ese caso podría empezar a identificarlo con la causa de sus dificultades. Si quiere recuperar el consenso no tiene más remedio que seguir flexibilizando su discurso.


ABC - Editorial

La juez y un juguete roto llamado Arnaldo Otegi . Por Antonio Casado

Millones de españoles se han sentido identificados con la reacción de la magistrada ante un reo llamado Arnaldo Otegi. Ellos hubieran hecho lo mismo. Por eso aplauden a la juez Ángela Murillo, presidenta del tribunal que juzga por enaltecimiento del terrorismo a quien fuera cómplice del Gobierno Zapatero en el último intento de negociar el final de ETA. La vista se reanuda hoy, después de que ayer se proyectase un video en euskera del que “la sala no ha entendido ni papa”, dijo su señoría.

Las pantallas de la tele y de miles de ordenadores personales han propagado estos dos últimos días el gesto despectivo de la presidenta del tribunal mientras exclamaba: “Por mí, como si quiere beber vino”. Eso dijo cuando la abogada de Otegi, Jone Goricelaia, le pidió licencia para que su defendido pudiera beber agua porque “está en huelga de hambre”.

En la repetición de las mejores jugadas, el desparpajo de su señoría reapareció por segunda vez en la sala. Fue al hacerle la pregunta ritual al veterano dirigente de Batasuna: “¿Condena usted la violencia de ETA?”. Como Otegi se negara a responder (“No voy a responder a esa pregunta”, dijo), Ángela Murillo apostilló en el mismo tono coloquial utilizado en el lance anterior: “Ya lo sabía”.

Algunas críticas podrían hacerse al comportamiento de la jueza. Y se han hecho, desde ciertas asociaciones profesionales por las “formas” y algunas “expresiones desafortunadas”. Seguramente con razón. El tono de sus comentarios no fue el más adecuado en una sala de juicios. Pero ahí va a quedar la cosa. Si se lo reprochan será con la boca pequeña. Porque a estas alturas nadie está dispuesto a permitirse nada que pueda atenuar la chulería que los etarras y sus amigos políticos cuando comparecen ante los tribunales, debidamente concertados con sus abogados de plantilla.

De todos modos, como tantas veces ocurre, la categoría queda camuflada en el episodio de una juez poco cautiva de las formalidades. La identificación de la inmensa mayoría de los españoles con la actitud de Ángela Murillo alumbra una buena noticia: ya nos da igual que Otegi y los presos de ETA estén en huelga de hambre y ya nos da igual que Otegi condene o deje de condenar a ETA. “Ya lo sabíamos”, podíamos haberle dicho todos a coro cuando se negó a responder ante el tribunal, pero acompañando el mismo gesto de aburrimiento que apareció en la cara de su señoría.

La doble secuencia de lo ocurrido el miércoles en la Audiencia Nacional se reprodujo ayer hasta la saciedad en las teles y en los ordenadores. Ha servido para hacer unas risas. Pero el salto de la anécdota a la categoría es esa buena noticia: la general indiferencia de la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación por las manifestaciones del dirigente de la llamada izquierda abertzale. En otro momento hubiera desembalsado ríos de tinta. Ahora, que Otegi lleve unos meses en la cárcel, que al parecer él su gente están en huelga de hambre o que no condene la violencia terrorista, nos deja fríos a todos.

Tantos amagos de desmarque de ETA para luego acabar apuntándose a una enésima movilización de presos. Quien le ha visto y quien le ve. Un juguete roto que, ante una juez poco complaciente y una sala semivacía, ha machacado el clavo de la “solución-pacífica-al-conflicto-que-pasaría-por-el-reconocimiento-al-derecho-de-autodeterminación-la-liberación-de presos-políticos-y-el-reconocimiento-de-la-identidad-nacional”. Qué pesadez.


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