Touriño propone "importar" médicos extranjeros para cubrir las vacantes

El Consello de la Xunta aprobó ayer dos nuevas ofertas públicas de empleo en la sanidad pública para cubrir 687 plazas en situación de interinidad, 585 de ellas correspondientes a médicos especialistas. Pero la sanidad gallega tiene un problema de personal, como reconoció ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que es la falta de médicos para cubrir determinadas especialidades, como pediatría, anestesista o matrona, por lo que abogó por "importar" facultativos de otros países de fuera de la UE y por "flexibilizar" los requisitos de incorporación de estos profesionales a la sanidad española.

Touriño comentó que la escasez de personal para atender determinadas especialidades médicas es un problema estructural de toda la UE, debido a que fallaron las previsiones: aumenta la demanda de servicios sanitarios y el envejecimiento de la población, pero se mantiene estable el número de médicos que son formados cada año. Por ello, el presidente de la Xunta reclama una revisión del sistema, orientada a la formación de más facultativos, y esta demanda se la trasladará la próxima semana a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, con quien compartirá un desayuno de trabajo.
Pero mientras no se modifique el sistema, la salida para cubrir especialidades como pediatría o anestesista es "reclutando" médicos extranjeros y ofreciendo para ello facilidades desde la Administración del Estado.
"Una medida a tomar podría ser el favorecer la entrada de profesionales de otros países, pero no de la UE donde el problema es más grave, y para eso hay que flexibilizar seguramente los requisitos para que no sean barreras infranqueables", comentó Touriño tras el Consello de la Xunta.
La solución de este problema, según comentó, pasa por la revisión del sistema nacional en su conjunto y debe abordarse desde las propias facultades de Medicina, con la revisión de los números clausus -límite de alumnos admitidos por curso-, hasta la "regulación" de la profesión en sí misma.
Problema común
Así, el presidente de la Xunta incidió en que la situación actual "está afectando" a los ciudadanos de la toda la Unión Europa, si bien puntualizó que en España, junto con Italia, lo padece en menor grado "en comparación con otros países del espacio europeo, que presentan problemas más agudos".
No obstante, asumió que la decisión requiere de un trabajo de expertos, puesto que las carencias no corresponden a un hospital en concreto, sino que es un "problema de fondo" que, según anunció, abordará con la ministra de Sanidad.
Sin embargo, desde hace algunos años numerosos médicos y enfermeros abandonan Galicia para acudir a trabajar, sobre todo, a Portugal y a Reino Unido, donde las condiciones salarias son mejores. De hecho, aunque no se ha materializado aún de ninguna forma, la Consellería de Sanidade había anunciado, como medida para reforzar la atención sanitaria en Galicia, su interés en captar a estos profesionales que habían emigrado.
En el ámbito de las obras públicas, Pérez Touriño proclamó la "apertura de una nueva etapa" en Galicia, basada en "garantías de calidad", en lugar de la "prisa electoral". "No cometeremos ese error: la obra bien hecha y menos preocupación por la coyuntura electoral", comentó.
Preguntado por los daños en carreteras de la comunidad ejecutadas por la Administración del Partido Popular, como la vía rápida de O Salnés o el corredor de O Morrazo, el presidente de la Xunta optó por "transmitir un mensaje de confianza" para no generar inseguridad, pero aclaró que el Gobierno gallego promoverá "una nueva etapa en la gestión de la obra pública".

X.A.Taboada (Faro de Vigo) (22/XII/06)
C´s#: ¿De dónde es la ministra de Sanidad, Elena Salgado?.....de......Galicia..... Síiiiii.

Ernest Maragall reconoce que niños catalanes no dominan el castellano

El consejero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, reconoció ayer que existen zonas de Cataluña en las que los escolares tienen problemas para expresarse correctamente en castellano. Aunque advirtió de que se trata de hechos muy puntuales, Maragall defendió que el decreto del castellano -aprobado por el Gobierno, para que todos los planes de estudios incluyan un mínimo de tres horas de castellano a la semana, algo que no cumple el actual plan de estudios catalán- servirá para paliar esos efectos nocivos de la inmersión lingüística que rige la educación en Cataluña.

Pese a todo, el consejero de Educación insistió en que el Ejecutivo catalán está a la espera del dictamen jurídico para decidir si recurre el decreto del Gobierno por invasión de competencias, extremo que CiU niega. Ernest Maragall señaló, además, que el catalán «habrá aumentado el curso que viene más que el castellano o el inglés» gracias al aumento del horario escolar y apuntó que el catalán «no sólo seguirá teniendo carácter de lengua vehicular central, sino que tendrá además el carácter de presencia perfectamente dominante, como debe ser».
Maragall hizo esta afirmación en respuesta a una interpelación de la diputada de CiU Irene Rigau, quien aseguró que esa tercera hora de catalán «acaba con el modelo» de Educación y hará imposible el aprendizaje del catalán entre los niños inmigrantes.
Cerrar Política Lingüística
La ex consellera convergente recriminó además al vicepresidente de la Generalitat, el líder republicano Josep Lluís Carod-Rovira, que se haya propuesto «despolitizar» el debate de la lengua y le animó a que, en tal caso, «cierre la Secretaría de Política Lingüística», que depende de su Departamento.
Tras el frenazo de Maragall a las presiones nacionalistas, el presidente de la Generalitat, José Montilla, insistió, sin embargo, en que el catatán sigue siendo «la lengua que está en minoría» en Cataluña, en respuesta a una interpelación del líder de Ciutadans (C´s), Albert Rivera, quien le había reclamado que abanderara la defensa del castellano.
«Espero que tenga el mismo interés por la lengua propia de Cataluña, no olvide que es la lengua que está en minoría», le espetó Montilla, después de que Rivera le señalara que «no es ningún delito que las matemáticas se hagan en castellano, como se ha dicho en esta Cámara».
Las «juanis»
El líder de C´s reclamó además a Montilla que su Administración se dirija tanto en catalán como en castellano a los ciudadanos durante todo el año, «no sólo en elecciones», y que el castellano sea también lengua vehícular de la enseñanza en esta Comunidad. Rivera se refirió a una interpelación anterior sobre política lingüística, realizada por la escritora Maria Merc_ Roca -del Grupo de ERC- en la que aseguró que «las juanis» también pueden adaptar el catalán «a su argot».
Aunque la máxima tensión se vivió, sin duda, cuando el interpelado por Ciutadans fue Carod-Rovira. El diputado José Domingo preguntó al vicepresidente por sanciones a compañías aéreas por usos lingüísticos y le recordó que el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells (PSC), ve mejor «persuadir que sancionar». «¿Por qué tiene miedo a la libertad?», llegó a preguntar Domingo a Carod.
El vicepresidente destacó que «no hay ninguna empresa sancionada por el uso de la lengua castellana», sino por la ausencia del catalán y añadió que «respecto al aeropuerto de Barcelona, lo que sí hay es cola para venir, no para irse».

(ABC.es)

El Gobierno destina 48 millones de euros a combatir la violencia de género

El Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (2007-2008) y un Catálogo de Medidas urgentes, que incluye la puesta en marcha de 42 juzgados exclusivos y la incorporación de 222 nuevos agentes efectivos policiales y de la Guardia Civil.

El Ejecutivo destinará 47,7 millones de euros, de los que 14.687.660 euros irán destinados al Plan y 33.111.373 se invierten en la puesta en marcha de este 'plan de choque' de medidas urgentes. Éste incluye cuatro grandes objetivos, tales como aumentar la atención y sensibilización, reforzar los mecanismos judiciales y de protección judicial, mejorar la coordinación de todos los cuerpos profesionales que se dedican a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y los recursos de todas las administraciones y conseguir la máxima inhibición de los maltratadotes y agresores.
Más juzgados
Entre las acciones que se prevén para optimizar la protección y atención de las victimas de violencia de género, se encuentra la puesta en marcha de 42 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y la incorporación de 42 nuevos fiscales especializados más, lo que va a suponer una inversión de casi 11 millones de euros. Además, se va a fortalecer el turno de oficio asegurando la asistencia inmediata 24 horas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que las nuevas medidas se centran en reforzar la seguridad de las víctimas, el aumento de la protección judicial y el fomento de la sensibilización de la sociedad en torno a este tema.
Se trata de un "esfuerzo extraordinario" para que la ley integral contra la violencia de género "pase de los despachos a las calles, de los objetivos a los resultados y del temor a la seguridad de las víctimas", ha agregado la portavoz del Gobierno.

Las Provincias (21/XII/06)

La encrucijada del copago

El PSOE se encuentra en una encrucijada porque, después de más de un año y medio de trabajo, el Grupo de Análisis del Gasto Sanitario ha concluido el informe que se le encargó. En él se advierte de que el dinero para sanidad se encuentra "algo por debajo de lo que destinan los países del entorno", lo que no supone un obstáculo para recomendar, a la vista del ritmo de crecimiento que está experimentando el gasto, la puesta en marcha de medidas que vayan dirigidas a mejorar la eficiencia y la racionalización tanto en el medio como en el largo plazo

En política sanitaria, todos los caminos deberían conducir inexorablemente al incremento del copago ciudadano de los servicios asistenciales que se ofertan. En 1996 y, sobre todo, 1997, el PP intentó impulsar la polémica medida en el ámbito de los medicamentos bajo el paraguas de la subcomisión del Congreso que iba a reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en España. Al final, las reticencias del PSOE a secundarle, sus propios complejos y la errática marcha de la subcomisión impidieron su puesta en marcha, con una consecuencia perceptible para todos los agentes del sector: desde entonces hasta ahora, los diferentes gobiernos no han hecho más que contener el crecimiento de la factura pública en medicinas mediante la aplicación de recortes de beneficios a tres de las cuatro patas implicadas en la misma: distribuidores, farmacéuticos y laboratorios. En estos momentos, el partido que se encuentra en la encrucijada es el PSOE, aunque la escasa popularidad de la iniciativa y el poco tiempo que resta para que termine la legislatura provocarán que el debate se aplace, por lo menos, hasta finales de 2008, si lo permiten los juegos parlamentarios y la existencia de mayorías holgadas tras los comicios.

Es ahora el PSOE el que se encuentra en la encrucijada porque, después de más de un año y medio de trabajo, el llamado Grupo de Análisis del Gasto Sanitario, auspiciado por los ministerios de Presidencia, Economía, y Sanidad, a raíz de la celebración, en 2004, de la Conferencia de Presidentes destinada a abordar entre otras cuestiones el déficit de la financiación sanitaria, ha concluido ya el informe que se le encargó. En él, se revisa de forma exhaustiva el gasto sanitario público registrado durante 1999-2003, y se advierte de que el dinero para sanidad se encuentra "algo por debajo de lo que destinan los países del entorno", lo que no constituye un obstáculo para recomendar, a la vista del ritmo de crecimiento que está experimentando el gasto, la puesta en marcha de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y la racionalización tanto en el medio como en el largo plazo. En línea con las conclusiones a las que también ha llegado el Consejo Económico y Social (CES), los expertos del Gobierno proponen que los usuarios asuman parte del coste de la asistencia que reciben, "porque siempre gastan más de lo necesario", y recuerdan que en España sólo existe copago en los medicamentos, mientras en algunos países de Europa los ciudadanos pagan diez euros al trimestre por la visita al especialista, un euro por los procesos ambulatorios, y la hostelería hospitalaria a partir del quinto día de estancia en el centro.

Los expertos sostienen que un copago de este tipo no serviría para aumentar la financiación sanitaria, sino para "racionalizar la demanda", y apuntan que su puesta en marcha debería aplicarse sólo en ciertas prestaciones, en función de características como la condición de salud del paciente y su nivel de renta. En la parcela puramente farmacéutica, los miembros del Grupo de Trabajo alertan del fuerte incremento que está experimentando el número de recetas fruto del aumento de la población protegida y de las políticas de prevención de enfermedades en personas con factores de riesgo.

Se trata, pues, de un análisis que confirma las tendencias detectadas por numerosos paneles de expertos y que traslada al Ejecutivo —principalmente a los ministerios de Economía y de Sanidad— la patata caliente de una decisión que todos los gobiernos han rehuido desde la emisión del informe Abril: la contención del gasto pasa por aplicar nuevos recortes al sector, o por involucrar en mayor medida a los ciudadanos en el pago de los servicios médicos. Como la primera opción ya ha sido ampliamente explotada, la segunda cobra fuerza, y tendrá que ser el Gobierno que resulte triunfador en las próximas elecciones el que reabra el debate a partir de 2008. Los datos confirman que ya no caben más dilaciones.

Sergio Alonso (El Global.net) (22/XII/06)