jueves, 24 de marzo de 2011

Crisis. Infraestructuras, autonomías y la desvertebración de España. Por Emilio J. González

El problema de las infraestructuras es de politización, de no querer entender que España es y debe ser una, que no está compuesta de diecisiete territorios unidos entre sí de forma artificial.

Las infraestructuras en España son un claro ejemplo, uno más, del daño que hace la politización de todo lo habido y por haber, ya sea por parte de las comunidades autónomas, ya por el sectarismo de que hace gala el zapaterismo desde que llegó al poder.

Un plan de infraestructuras tiene que responder a unos criterios lógicos en el que, como en el caso de España, deben entremezclarse consideraciones de naturaleza económica con otras más propias de vertebración del territorio, algo de especial importancia en un país como el nuestro. A esta filosofía respondía el plan que diseñó el Gobierno de José María Aznar para aprovechar la tan abundante como generosa financiación comunitaria de que se benefició España entre 2000 y 2006. Porque las obras iniciadas tenían una doble finalidad. Por un lado, se trataba de conectar a España con los mercados europeos; por otro, de integrar un territorio disperso y un país con tendencia a la desvertebración debido a los nacionalismos de todo tipo. De hecho, el plan de infraestructuras del Gobierno Aznar se enmarcaba no sólo dentro de una estrategia de desarrollo económico sino también, y sobre todo, de fortalecimiento de la idea de España. De ahí que, por ejemplo, se apostará inicialmente por una estructura radial, ya que, a través de ella, se conectaban norte y sur, este y oeste, pero pasando siempre por Madrid, que debe ejercer como centro de gravedad y nexo de unión de lo que tiende a disgregarse a causa de los nacionalismos. Pensemos, por ejemplo, en la oposición de ETA a la famosa ‘Y’ vasca del ferrocarril de alta velocidad. La banda terrorista sabía muy bien que ese proyecto significaba integrar San Sebastián y Bilbao con Madrid y, a partir de ahí, crear lazos económicos, sociales, culturales y personales que hacían más difícil cualquier proyecto independentista. Además, en un país con la forma y las características geográficas del nuestro, la radialidad tiene todo su sentido en términos económicos para, una vez desarrollada la misma, pasar a completarla, en una segunda fase, con una estructura de red entre aquellos puntos en que sea tan necesaria como viable.

Por desgracia, en plena ejecución de este plan vertebrador se produjo el cambio de Gobierno y llegó a La Moncloa un Zapatero con ideas contrarias y dispuesto a rendirse a la menor al catalanismo más furibundo, pensando que, de esta forma, pasaría a la Historia como el presidente que resolvió de una vez por todas la cuestión catalana. Y los catalanes del tripartito no querían un diseño radial de las infraestructuras, sino uno de red que beneficiara más a Cataluña y sus intereses, en contra de los más generales del país, y Zapatero concedió a través de la revisión del plan que hizo Magdalena Álvarez en los años en que estuvo al frente del Ministerio de Fomento. La política, por tanto, empezó a imponerse a la lógica. Y lo mismo ocurrió después cuando se paralizaron proyectos que, por las circunstancias geográficas, beneficiaban a las comunidades autónomas del PP para pasar a primar aquellos otros que favorecieran a las autonomías gobernadas por los socialistas o que éstos pudieran utilizar como parte de su propaganda electoral, véase los innecesarios aeropuertos de León, la tierra natal de ZP, o Castilla-La Mancha, un feudo histórico del socialismo español.

Las autonomías, por supuesto, también tienen su parte de culpa. Y es que en vez de contemplar los proyectos de infraestructuras como elementos de política nacional integradora y vertebradora, los políticos regionales han encontrado en los mismos un nuevo motivo para competir unos con otros para ver quien consigue las mejores infraestructuras. Y si la lógica dicta que una región se tiene que beneficiar de un plan, los de al lado quieren también lo mismo para no sentirse marginados o agraviados, por mucho que carezca de sentido, al menos en una primera etapa, el extender hasta determinados territorios las autopistas o los ferrocarriles de alta velocidad.

En este sentido, es especialmente criticable la actitud mantenida por la Generalitat de Cataluña, que quiere lo mejor de lo mejor para su territorio, sin pararse a pensar si es necesario o no. Además, desde Cataluña siempre se mira hacia Madrid sin ver que el proceso de modernización de sus infraestructuras se ha financiado, sobre todo, con recursos de la propia Comunidad de Madrid, cosa que ni hace, ni ha hecho, una Cataluña que, a pesar de ser la región con el gasto público por habitante más alto de España, no ha invertido en su territorio, sino que ha dedicado sus ingentes recursos a promover el nacionalismo en todos sus aspectos y pretende que, con el nuevo Estatut, el resto de España les pague lo que ellos no están dispuestos a financiar a través de las inversiones del Estado.

El problema de las infraestructuras, por tanto, es de politización, de no querer entender que España es y debe ser una, que no está compuesta de diecisiete territorios unidos entre sí de forma artificial. Todo esto, al final, no es más que otro ejemplo al que nos ha llevado un Estado de las autonomías tan mal concebido como desarrollado, en el que en lugar de primar los intereses nacionales, lo hacen los de todos y cada uno de los reinos de taifas particulares. Así no vamos a ninguna parte, y menos aún si las infraestructuras se convierten también en arma electoral de quien detenta el poder en el Estado, para castigar a unos y premiar a otros con el fin de tratar de cosechar votos.


Libertad Digital - Opinión

Armada y peligrosa. Por Rafael Martínez Simancas

No vamos a por Gadafi y no estamos en un conflicto bélico sino en una «misión», según dice Trinidad Jiménez. La ministra puntualiza que no es exactamente una guerra, lo cual nos lleva a la siguiente paradoja: quizá tampoco ella sea una ministra. No parece que las cualidades del conde de Metternich se hayan reencarnado en nuestra titular de Exteriores que pretende hacernos creer que lanzar pepinos contra la residencia de Gadafi es parte de ver la vida en clave happy-flower. Lo siguiente será intentarnos convencer de que nuestros F-18 no van artillados sino que portan misiles con el virus de la paz, (cárguese la suerte en la zeta al leer la palabra tal y como le gusta hacer al presidente del Gobierno).

En cuanto se acaben las operaciones en suelo Libio ya sabemos quién será la primera ministra de Exteriores en tomar el té en la jaima del sátrapa. Es la ventaja de hacer política internacional sin complejos: igual te apuntas a una coalición multilingüe para asuntos bélicos que te desmarcas por peteneras.


Si realmente estamos de «misiones» en Libia habrá que concluir que se nos ha ido la mano en llevarles el ejemplo a tortazos. No son unas misiones muy recomendables estas de las que presume Jiménez para captar vocaciones tardías. Y todo este ejercicio de perífrasis en el alambre es para evitar referencias con Irak, y hasta es posible que para tapar la mala conciencia del presidente del Gobierno que se ve inmerso en una operación de guerra junto a los Estados Unidos (a estas alturas se pregunta por qué se quedó sentado al paso de aquella bandera). Igual que fue al té de la oración acabará en West Point en un juramento de bandera para adultos.

Jiménez y Zapatero no quieren atrapar a Gadafi sino bajarle la pensión como a todo el mundo. Pues haber empezado por ahí y nos habríamos ahorrado unos euros en el despliegue.


ABC - Opinión

Libia. El buenismo va a la guerra. Por Cristina Losada

Al no haber nadie dispuesto a hacer lo de Irak, y menos que nadie Obama, la cuestión estriba en si era mejor no hacer nada, aunque padecieran con ello los nobílisimos sentimientos humanitarios.

El columnista George Will ha observado, a propósito de Libia, que la derecha norteamericana desconfía siempre de la intervención del Gobierno, salvo en política exterior. Quienes dudan, y con buenos motivos, de la capacidad gubernamental para lograr los efectos deseados, suelen apoyar el grado más alto de intervención imaginable, la que se realiza mediante el uso de la fuerza militar. Cabe alegar, frente a Will, que la sociedad y el mercado no pueden resolver todos los conflictos ni acabar con todos los desafueros, y que a Gadafi o se le frena a tiros o no hay manera. Y ya veremos. Veremos si esta guerra a medias, que se libra con medios y objetivos limitados, consigue detener al coronel. Ya puestos, más hubiera valido emplearse a fondo a fin de no correr tal riesgo. A menos que la comunidad internacional pretenda proclamar, llegado el triste final, quehizo cuanto estaba en su mano para evitar la tragedia y ¡qué se le va a hacer!

La doctrina que ha conferido sustento a la intervención en Libia es la "responsabilidad de proteger", conocida como R2P. No confundir con R2-D2, el pequeño y simpático robot de la Guerra de las Galaxias, aunque la R2P sea igualmente pequeña y simpática, como todo genuino producto del buenismo progresista. Desde la estricta razón humanitaria, arde en deseos de hacer el bien, pero procura molestar poco al mal, de manera que no persigue el derrocamiento de Gadafi. Claro que no. Ese trabajo sucio se lo dejamos a los anárquicos y mal armados grupos que se refugian en Bengazi y se entretienen en gastar munición con alegres disparos al aire. Así, le damos al coronel las opciones de seguir aplastando la rebelión por tierra, mantener el control de una parte de Libia o sufrir una súbita conversión a la democracia, que es el milagro por el que reza muy laicamente el buenista de pro. Pero, por encima de todo, no hacemos lo de Irak.

Al no haber nadie dispuesto a hacer lo de Irak, y menos que nadie Obama, la cuestión estriba en si era mejor no hacer nada, aunque padecieran con ello los nobílisimos sentimientos humanitarios. Pero los dirigentes políticos de ningún modo han querido infligir ese sufrimiento a su electorado cuando se lo pueden ahorrar a un coste relativamente módico. Igual Zapatero, que fue tan sensible al clima emocional ante la guerra de Irak como lo es ahora ante la libia. Al presidente, esta operación de R2P le viene, en realidad, a la medida. Responde al sentimiento y sirve para tranquilizar conciencias de forma preventiva. Que resulte o no, sólo importa al siempre descontento aguafiestas realista.


Libertad Digital - Opinión

Que no se vaya ahora, por coherencia. Por Fernando Fernández

Zapatero debe andar meditando cuán efímera es la fortuna ahora que su proverbial baraka se ha convertido en gafe.

LA decisión de ir a la guerra se ha llevado la última identidad que le quedaba al presidente. Sus ansias infinitas de paz se demuestran ahora pura táctica electoral y son notables los desvelos de sus hagiógrafos por distinguir Libia de Irak. Tienen razón, hay dos diferencias fundamentales: la reacción del principal partido de la oposición renunciando a hacer populismo electoralista con la política exterior y de seguridad, y la reacción de Francia, que esta vez se ha puesto al frente de la manifestación belicista por las mismas razones económicas y de política interna por las que antes se opuso. El presidente Zapatero debe andar meditando cuán efímera es la fortuna ahora que su proverbial baraka se ha convertido en gafe y hasta los suyos le consideran un apestado. Sin embargo, en estos momentos no puede anunciar su marcha a plazos. Sería una inmensa irresponsabilidad aumentar el vacío de poder en un país en guerra.

Idea de permanencia que se refuerza con la situación económica. Si todo el argumentario oficial para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas al inicio de la conversión de Zapatero fue evitar un rescate europeo, esta misma tesis debería aplicarse ahora. Cierto que el diferencial de la deuda española ha bajado y hemos conseguido un relativo grado de independencia de Portugal, Irlanda y Grecia. Pero no es menos cierto que la crisis portuguesa va a repercutir necesariamente en España, en una intensidad desconocida pero no menor, por razones reales que van más allá del contagio psicológico; no en vano entidades españolas son las principales tenedoras de deuda del país vecino. Lo mismo puede decirse del déficit público, cada día que pasan aumentan las dudas sobre los resultados presupuestarios de Comunidades Autónomas y crecen los analistas que anticipan una revisión al alza de la cifras después de las elecciones autonómicas, tal y como sucedió en Cataluña. Con los mismos efectos sobre la dificultad para financiar la deuda que ya solo puede colocarse en bancos nacionales a precios que descuentan un considerable riesgo de impago. Y qué decir de la recapitalización de las Cajas, un proceso en marcha lleno de interrogantes y sujeto a un supuesto interés internacional que se desvanece con los criterios anunciados para los stress testseuropeos, porque ¿quién quiere salir mal en la foto por haber comprado una Caja?

En definitiva, que el presidente Zapatero tiene que elegir. Y es del Partido Socialista de quien depende en última instancia la decisión; no validemos la deriva presidencialista como si fuese obligada. Tiene dos opciones: mantener el relato de la responsabilidad y la inmolación que ha comprado sorprendentemente un buen número de españoles —y los dos partidos nacionalistas que le han ayudado a sobrevivir— y arriesgarse a un batacazo porque los electores conviertan las elecciones locales en un plebiscito de Zapatero; o soltar lastre, minimizar las pérdidas, abjurar del secretario general como una mancha irrelevante en una larga trayectoria de responsabilidad y buen gobierno, y salir a competir a pecho descubierto. El problema de esta segunda alternativa es que se quedan sin épica de sacrificio que vender a la población, sin más argumento que el puro cálculo electoral. Y no está el país para rácanos cuenta votos. Esta opción conduce inexorablemente al adelanto electoral. Por eso el presidente se va a quedar. Por eso y porque ya ha quemado a sus dos supuestos sucesores, que bueno es el chico para las peleas internas.


ABC - Opinión

Libia. La cruzada de los filántropos. Por José García Domínguez

Los muertos de Zapatero serán inhumados con el auxilio espiritual de la resolución 1.973; esto es, partirán hacia el otro mundo con todos los papeles en regla. De la ley a la ley, que diría Torcuato.

El derecho internacional, esa broma cínica, es un inexcusable imperativo moral cuyo enunciado establecen, entre otros benefactores de la humanidad, el politburó del Partido Comunista Chino y, en sus ratos libres, cuando no anda ocupado en invadir Georgia o asolar Chechenia, Vladimir Putin. He ahí, imponente, la suprema legitimidad a la que se aferra a estas horas el cacumen socialdemócrata para convencer a sus proles, la sufrida infantería, de que los cadáveres libios nada tendrán que ver con los iraquíes. Y es que los muertos de Zapatero serán inhumados con el auxilio espiritual de la resolución 1.973; esto es, partirán hacia el otro mundo con todos los papeles en regla. De la ley a la ley, que diría Torcuato.

Por lo demás, y también a diferencia de aquella guerra, en esta cruzada filantrópica se tendrán en cuenta los últimos avances en la división internacional del trabajo. Así, al tiempo que bombardeemos a Gadafi por ver de favorecer a la oposición dizque democrática, Arabia Saudita, nuestro fiel amigo y aliado, acabará de invadir Bahréin con los tanques a fin de aplastar con pareja saña a sus iguales, los demócratas domésticos. Asunto que simplificará las cosas a cuantos, a izquierda y derecha, quieren dirigir la vista hacia otro lado: ya solo les restará la opción mirar al suelo, acaso con algún sonrojo. Al respecto, y en contraste con las delicadas damiselas europeas, los muslimes no creen en las guerras de Gila.

Saben que el terreno del enemigo no se ocupa por teléfono, ni tampoco con espectaculares ataques aéreos, a la postre inanes. Saben que hay que pisar el fango. Siempre. Lo saben ellos. Y lo sabe Gadafi. Igual, por cierto, que sabe de esa pulsión histérica que se apodera de las audiencias occidentales al chocar la menor mota de sangre contra las relucientes pantallas de sus televisores de plasma. Cuestión para nada baladí que convierte al tiempo en el mejor aliado del coronel. Ya lo dijo Cela: "El que resiste, gana". Y si esta vez los marines no se aprestan a poner lo que hay que poner, la lánguida Europa devendrá incapaz de aguantar el órdago. Aunque sí le cabría empeorar las cosas. Sin ir más lejos, ayudando a seccionar una nación en dos Estados. Deshacer Yugoslavias, nuestra gran especialidad.


Libertad Digital - Opinión

Gente de cercanías. Por M. Martín Ferrand

En el Congreso, como si no hubiere asuntos de mayor enjundia y urgencia, se dedicaron a dar la vara con el uso de sus idiomas regionales.

POR alguna razón que se me escapa, y a la que posiblemente no sea ajena la condición dominicana de su madre, Alejandro Dumas, tan genial como atrabiliario, tenía en baja consideración las cosas y los hombres de España. En su monumental Diccionario Gastronómico nuestra cocina queda mal parada y de nosotros decía que somos «gente de cercanías». Es una torpe generalización si se consideran los personajes españoles que han ensanchado el mundo para descubrirlo, conquistarlo, catequizarlo o, en contradicción con el padre de Los tres mosqueteros, acercarlo a Madrid y hacerlo propio; pero, en líneas generales, es cierto. Tenemos la costumbre de mirarnos el ombligo y despreciar, sin verlos, los ombligos ajenos. Es el caso de Montserrat Surroca, Aitor Esteban y Joan Tardà, tres padres de la patria española, que no han conseguido desprenderse el pelo de sus respectivas dehesas. Gente de cercanías.

En el Congreso, como si no hubiere asuntos de mayor enjundia y urgencia, se dedicaron a dar la vara con el uso de sus idiomas regionales —idiomas españoles— y, en desacato al castellano y a la Ley vigente, se soltaron parrafadas más propias de los Parlamentos catalán y vasco, incluso del Senado, que de la Cámara en la que debieran ejercer la función representativa de todos los españoles. José Bono, pastelero mayor, les dejó explayarse y consintió un desmán menor, pero significativo por lo que tiene de ignorancia sobre el sentido del gran escenario legislativo nacional. «No quiero, dijo Bono, que pueda decirse que aquí (...) se limita la libertad de nadie». ¿Incluso cuando esa libertad quebranta la Ley e irrumpe en las libertades de los demás?

No es cosa de arrimarle la lupa a los lagartos, como hacía Baura, para ver en ellos al dragón; pero bien pudiera servirles de lección a los citados diputados el entendimiento más universal y menos pueblerino que hoy se lleva por el mundo. La semana pasada nos visitó Mischa Maisky, discípulo predilecto de Rostropovich y, posiblemente, el más notable violonchelista del momento. Maisky, israelí de origen, es teutón de nacimiento, estudió en Moscú y, como él se define, «toco un chelo italiano, con arcos franceses y alemanes, cuerdas austriacas, mi hija nació en Francia, mi hijo mayor en Bélgica, el mediano en Italia y el pequeño en Suiza; conduzco un coche japonés, llevo un reloj suizo, un collar indio y me siento como en casa en cualquier lugar en que la gente disfrute la música clásica». Si Maisky fuera de cercanías, como le parecimos a Dumas y lo son algunos de nuestros diputados, no hubiera sacado los pies del Báltico y sus conciertos serían de ocarina.


ABC - Opinión

Portugal agudiza la crisis

La crisis europea sufrió ayer un nuevo revés que puede abocar a la Unión a otro escenario de turbulencias similar a los que se dieron con los rescates de Grecia e Irlanda durante 2010. El Parlamento de Portugal vetó ayer el plan de austeridad del Gobierno socialista de José Socrates después de ser rechazado por toda la oposición. El Partido Social Demócrata, la principal fuerza alternativa, argumentó que el programa no había sido consultado con los grupos antes de ser presentado en Bruselas y que imponía nuevos sacrificios a la sociedad que revelan la incapacidad del Gobierno socialista para sacar al país de la situación actual. El revés parlamentario se convirtió de facto en una moción de censura, que empuja al país a un escenario de interinidad y de adelanto electoral. El propósito del cuarto plan de austeridad en un año era calmar a los mercados y a los organismos internacionales. Recogía un recorte del 5% de las pensiones superiores a 1.500 euros, la congelación salarial de los funcionarios y una reducción de costes en la Sanidad y en la Educación, así como actuaciones en el mercado laboral. Con estos ajustes se pretendía lograr un recorte adicional del 0,8% del PIB para cumplir con el objetivo de déficit de 2011, situado en el 4,6%. Sin embargo, la crisis política coloca a la economía lusa muy próxima al rescate. De entrada, los mercados enviaron ayer y anteayer sucesivos mensajes de desconfianza. La prima de riesgo de la deuda portuguesa a diez años respecto al bono alemán llegó a alcanzar los 459 puntos básicos, con una rentabilidad del 7,798%, por encima del nivel en el que Grecia e Irlanda solicitaron la asistencia europea. La economía portuguesa tiene graves problemas que alimentan las dudas sobre hasta qué punto es sostenible el precio actual de la financiación de su deuda. El principal obstáculo para la recuperación de la economía es la baja productividad y el horizonte es de escaso crecimiento para los próximos años. En este contexto, Portugal no podrá salir adelante sin una agenda de reformas estructurales fuertes que fomente un aumento de la flexibilidad en los sectores más regulados, especialmente en el mercado de trabajo. Hay que crear las condiciones para que la inversión aumente, porque sin ella no habrá crecimiento ni se reducirá una deuda pública que podría alcanzar el 100% en 2014. Hay que tener presente para valorar las dificultades que los inversores internacionales han salido en gran medida del país. El efecto contagio es preocupante para España, que es la nación europea con mayor exposición a Portugal. Nuestra banca tiene cerca de 76.900 millones de euros en activos lusos, lo que justifica la inquietud por los acontecimientos portugueses. En estas circunstancias, el rescate puede ser interpretado como el mal menor para un Portugal sin liderazgo político e inmerso en un laberinto financiero y en un torbellino de incertidumbres. Cuatro planes de ajuste en un año describen un callejón sin otra salida que una alternancia política que recupere la confianza. Para nuestro país, la estabilidad del vecino es imprescindible, y el Gobierno hará bien en defender una salida europea para Portugal.

La Razón - Editorial

Nuevo factor de riesgo

La dimisión de Sócrates agrava las urgencias del euro y empuja hacia la intervención de Portugal.

La estabilidad de la eurozona cuenta desde ayer con un nuevo y grave factor de riesgo. El primer ministro José Sócrates presentó su renuncia al presidente de la República Cavaco Silva después de que el Parlamento rechazara el plan de austeridad, denominado Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC), presentado por el Gobierno para su aprobación. Plan que, por cierto, contaba con todos los pronunciamientos favorables de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Si la única salida son las elecciones, la solución más favorable para Portugal sería que el próximo Gobierno que salga de las urnas cuente con una amplia mayoría que respalde el plan de ajuste del déficit que exigen Bruselas y los mercados. El principal partido de la oposición, el PSD de Pedro Passos Coelho, ya ha anunciado su disposición a cumplir el PEC. Pero mientras llegan los comicios, la situación de Portugal será insostenible. Ayer, el diferencial de las obligaciones del Tesoro a cinco años supera ya el 8% y a 10 años llegaban ya al 7,63%.

En estas condiciones, lo más probable es que las autoridades portuguesas tengan que solicitar un plan de rescate, similar a los que ya han experimentado Grecia e Irlanda. Portugal está sumido en una recesión y está siendo castigado sistemáticamente por los inversores, debido a las dudas persistentes sobre la solvencia de sus finanzas públicas. Tales dudas no están respaldadas por el comportamiento político del Gobierno, dispuesto a los ajustes presupuestarios obligados. Pero los analistas y las agencias de rating han jugado a la profecía que se autocumple. Con el pretexto de que su bajo crecimiento le impediría aumentar los ingresos públicos, ajustar los gastos y devolver la deuda, casi todos los análisis económicos inducían a no invertir en activos lusos. Al final, la inestabilidad política y la persistencia de los recelos de los mercados ha situado al país al borde de la intervención y a la zona euro en una nueva etapa de turbulencias financieras.


Ante una situación tan grave como la de Portugal, resulta imperativo que la cumbre europea que empieza hoy reaccione con rapidez. En primer lugar, debería resolver cuanto antes los detalles de la ampliación del Fondo de Rescate, con el fin de que tenga una capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros. La situación óptima sería que los cambios se aprobaran con rapidez para que Portugal estuviese en disposición de acogerse a ellos. En este sentido, cualquier retraso en los acuerdos sería preocupante.

El Gobierno español ha reaccionado con demasiado optimismo al asegurar que la crisis de Portugal no afectará a España. El matiz obligado es que no debería afectar en función de las decisiones políticas adoptadas y de los fundamentales económicos y financieros de la economía española. Pero una intervención de Portugal provocaría una nueva espiral de causas de sospecha. Por ejemplo, la deuda portuguesa en poder de la banca española. Y se reiniciaría el modelo de las profecías de los analistas que tienden a autocumplirse.


El País - Editorial

El inmovilismo que hace inevitable el rescate

Zapatero dice pero no hace, y ni siquiera ahora, cuando sus perspectivas electorales son nulas, es incapaz de llevar a cabo auténticos planes de austeridad y de reforma que, no por impopulares, dejan de ser ineludibles para nuestra recuperación económica.

El primer ministro luso, José Sócrates, ha presentado su dimisión, tal y como dijo que haría en el caso de que su último plan de austeridad fuera rechazado por el parlamento, lo que finalmente ha sucedido en la tarde de este miércoles. Lo que ofrece pocas dudas es que el rechazo a este plan de reducción del déficit –el cuarto presentado en los últimos doce meses–, además de provocar un adelanto electoral, va a reducir las pocas posibilidades que ya tenía Portugal de evitar su rescate por parte de la UE y el FMI en unos momentos en el que el rendimiento de los bonos lusos a cinco años acaba de superar la insostenible cuota del ocho por ciento.

A pesar de ser la última oportunidad que tenían los portugueses de evitar la intervención internacional, la oposición en bloque, tanto conservadores como marxistas, ha votado irresponsablemente en contra de este nuevo paquete de medidas de ajuste apelando a su excesivo "coste social". Este último plan de austeridad contemplaba, ciertamente, un recorte del cinco por ciento de media en las pensiones superiores a 1.500 euros, a lo que hay que añadir la congelación de sueldos públicos y del índice que se utiliza para calcular impuestos, pensiones y prestaciones sociales que ya aparecía en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento presentado el pasado viernes. Entre las medidas orientadas a reducir el gasto, también estaban la reducción de costes en el sistema de salud, la "racionalización" de la red educativa, los recortes en beneficios sociales no contributivos, la revisión de indemnizaciones e inversiones en las empresas públicas y la disminución de las transferencias del Estado a las diferentes regiones en que se divide el país.


Con todo, no es menos cierto que Portugal, gracias a la irresponsable política de dinero barato orquestada por el Banco Central Europeo, se había acostumbrado a vivir muy por encima de sus posibilidades, y que ahora ya no tiene forma de seguir huyendo de una realidad que le reclama el pago de sus facturas.

Teniendo en cuenta que la exposición española a la deuda pública y privada portuguesa roza la friolera de los 80.000 millones de euros (es decir, el 8 y pico por ciento de todo nuestro PIB y el 35% de todo el crédito internacional luso), la crisis del país vecino no viene si no a hacer todavía más inevitables, si cabe, las reformas que el Gobierno de Zapatero todavía se niega a tomar. Tras los "simulacros" de reforma que nos ha presentado en el ámbito del mercado laboral y en el de la reducción del gasto, se supone que Zapatero había adquirido ante Alemania y el resto de socios europeos el compromiso de una auténtica reforma que ligara los salarios a la productividad, así como un plan para limitar por ley el descontrolado déficit de las autonomías. Ese compromiso, en caso de llegara a materializarse, debería contar con el respaldo del PP, salvo que el principal partido de la oposición en España quisiera seguir el demagógico e irresponsable ejemplo de la oposición en Portugal.

Con todo, está visto que Zapatero dice pero no hace, y que ni siquiera ahora, cuando sus perspectivas electorales son nulas, es incapaz de llevar a cabo auténticos planes de austeridad y de reforma que, no por impopulares, dejan de ser ineludibles para nuestra recuperación económica. Sócrates, aunque haya sido tarde, al menos ha querido irse haciendo lo que debía. Aqui, con Zapatero, ni eso.


Libertad Digital - Editorial

Sortu, en manos del TC

Se han respetado las garantías constitucionales y la decisión ha sido tomada por un órgano judicial independiente.

LA Sala del 61 del Tribunal Supremo decidió a última hora de ayer no permitir la inscripción de Sortu como partido político, tal y como habían solicitado la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, para los cuales esta formación no era más que continuación de la ilegalizada Batasuna. Los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil aportaron los elementos de prueba esenciales que han permitido a una amplia mayoría de magistrados ilegalizar Sortu. Esta decisión judicial se ha tomado al término del proceso previsto por la Ley de Partidos Políticos, en el que han sido oídos los abogados de Sortu, quienes han podido participar en las pruebas practicadas ante la Sala. Se han respetado las garantías constitucionales y la decisión ha sido tomada por un órgano judicial independiente. El Estado de Derecho se ha desenvuelto en su mejor expresión. Ahora, la batalla legal se trasladará al Tribunal Constitucional, ante el que los abogados de Sortu harán valer los tres votos discrepantes emitidos al auto de la Sala del 61. Discrepancias de naturaleza jurídica, sin duda, y poco numerosas, pero que también reflejan la confusión política provocada —quizá intencionadamente para producir esta división judicial— por los mensajes contradictorios del Gobierno y de los socialistas vascos sobre Sortu. El discurso equívoco del PSOE y del Ejecutivo ha empañado la claridad de objetivos del Estado frente a esta nueva máscara etarra. Es la primera vez que la Sala del 61 no aplica la Ley de Partidos de manera unánime.

Por esto será más relevante que nunca la intervención del TC, con una mayoría «progresista» reforzada, que tendrá que revisar una resolución no unánime del Supremo. Además, es evidente que los Estatutos de Sortu simularon una adaptación más o menos formal a la doctrina del TC sobre el «contraindicio» del rechazo a la violencia. Pero lo que se ha juzgado no es el valor de un papel, sino la realidad de Sortu como herramienta de ETA. Sin duda, Fiscalía y Abogacía del Estado habrán de esmerarse para conseguir la ratificación del TC a la decisión del Supremo. Pero tanto o más necesario es que los locuaces heraldos socialistas de la nueva marca etarra dejen de sembrar la discordia entre los demócratas y cierren filas ante lo que puede ser el tramo final de ETA. Que será mucho más rápido si Sortu no entra en un solo ayuntamiento vasco. Los plazos procesales impedirán a Sortu estar en las elecciones del 22 de mayo, pero hace falta mucha más convicción política por parte de los socialistas.

ABC - Editorial