viernes, 31 de diciembre de 2010

Blázquez y ETA. Incuria episcopal. Por Salvador Ulayar

Ya estamos con la misma mandanga buenista que única y exclusivamente beneficia a los asesinos. No veo a Blázquez diciendo lo mismo de atracadores, pederastas, estafadores.

Monseñor Blázquez afirmó recientemente estar convencido de que la sociedad vasca y la sociedad española serán generosas con los terroristas etarras si "abandonan las armas".

Bien, con matices y lo que usted quiera, pero ya estamos con la misma mandanga buenista que única y exclusivamente beneficia a los asesinos. No le veo diciendo lo mismo de atracadores, pederastas, estafadores, etc. matizando, por ejemplo, que no es el mismo delito el de quien fuerza materialmente a la mujer violada y el del mamporrero que la sujeta. Es que a parecido punto llegaba monseñor Blázquez con los terroristas: "la justicia debe hacerse" pero "no es lo mismo uno que haya asesinado, que otro que haya informado", categorizando con verbo de entomólogo a los distintos miembros de la banda asesina. Podría interpretarse que la justicia debe hacerse según y cómo: justicia ad hoc, atroz injusticia. La justicia es o no es.

"Oye -dice el informante al terrorista ejecutor-, que entre las 19:00 y las 20:00 el objetivo suele llegar por su casa. Al entrar, o si se te despista la entrada cuando salga, sales de entre los árboles, te acercas y le pegas cinco tiros. Si le acompaña alguien, qué sé yo, su hijo pequeño... no te dará problemas y no tendrás que meterle. Tampoco la que ya será la viuda ni su hija, que saldrán en ese momento a llorar junto al cadáver del padre tirado sobre el charco de su sangre de españolazo fascista. Bueno, para ese momento tú ya habrás salido zumbando con el coche que habréis robado previamente." Y digo yo, ¿no será que hay que dejar al juez estas cosas y olvidarnos de especular públicamente?


¿De verdad tiene necesidad el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española de hablar de estas manidas repugnancias que no hacen otra cosa que colaborar con la campaña de imagen de los asesinos? ¿Tienen esos tipos de Batasuna/ETA un plus que los eleve por encima del resto de delincuentes? Imagino que no les reconoce ese plus, pero con sus declaraciones hincha el perro de manera lamentable. Mire, me gustaría escucharle decir que una vez derrotados y en la cárcel, serán como el resto de hijos de Dios presos por delitos tan graves. Ni más ni menos. Punto.

Monseñor Blázquez también se ocupa de recordar que su Obispado de Bilbao "fue de las primeras [instituciones] que exigió -¡gran arrojo!- la desaparición de ETA". ¿Hasta entonces no? ¿Hasta entonces no hubo institución que lo exigiera...? Hombre, por Dios. Y al tiempo tendría que reconocer que la Iglesia en el País Vasco tiene a sus espaldas lamentables y frecuentes episodios de cobardía y equidistancia (cuando no peor) en este asunto. Conocemos el percal. Justo es reconocer que algunos sí han dado la cara, pagando por ello alto precio en no pocos casos. Pero no ha sido la tónica general de los presbíteros de las diócesis del País Vasco precisamente. Los responsables de la Iglesia, pecadora como yo lo soy, deben mostrar sus luces, sin duda, pero sin dejar de abjurar de sus sombras.

Resumiendo: la ETA está en las últimas y no tienen justificación sus barbaridades. En consecuencia, en lugar de dejar que se termine su negra historia aplicando sin más ley y policía, monseñor Blázquez acompaña con sus declaraciones esta campaña de brazos tonta e incívicamente abiertos en la que nos ha instalado Zapatero desde 2004 con su buenismo corrosivo de la democracia. ¿En qué quedamos?


Libertad Digital - Opinión

Y nosotros, despreciándolo. Por José María Carrascal

Los españoles estamos locos al olvidarnos de uno de los escasísimos instrumentos universales que tenemos.

IBA a hablarles del recibo de la luz, pero lo dejo para el domingo, pues al abrir el New York Times esta mañana me encuentro con un artículo de Nicholas D. Kristof con el título, en nuestro idioma, de «Primero hay que aprender español», que también nos concierne, aunque para ello tenga que compartir con el columnista del NYTbuena parte de lo que ABC me pague por está mía, ya que voy a fusilar la suya excepto en el principio y final.

«Aunque soy un fervoroso partidario de que los niños norteamericanos aprendan chino —escribe Kristof, que habla ese idioma, como su esposa—, la lengua que va a ser necesaria para nosotros y tendrá más aplicaciones diarias será el español. Todo niño norteamericano debe aprender español ya desde la escuela elemental. El español tal vez no tenga tanto prestigio como el chino mandarín, pero está presente en la vida cotidiana de los Estados Unidos y lo estará cada vez más. Los hispanos representan hoy el 16 por ciento de nuestra población y se calcula que en el 2050 serán el 29 por ciento. Por otra parte, la integración económica de los Estados Unidos con Latinoamérica hace su idioma crucial en nuestra vida, como el hecho de que cada vez haya más norteamericanos que pasan allí sus vacaciones o se retiran en aquellos países debido a los menores costes. A mayor abundamiento, el español es bastante más fácil que el chino y quien lo sabe al terminar el bachillerato puede retenerlo por vida, mientras el mandarín exige por lo menos cuatro veces de más tiempo. El chino es una carrera. El español, un instrumento para la vida diaria, no importa la carrera que se elija, sea la de mecánico o la de presidente», termina Kristof, cuyas palabras quedaron rubricadas por el concierto de la filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, retransmitido anoche a todo el país por la única cadena semiestatal PBS, con un programa que iba desde Rossini a Agustín Lara y otros autores hispanos. El tenor peruano Juan Diego Flórez fue un digno acompañante de una noche que, sin la menor exageración, puede calificarse de triunfal.

¿Qué diría el periodista norteamericano si supiera que las autoridades catalanas están dispuestas, con el apoyo de los socialistas, a que sus niños aprendan la menor cantidad posible de español en la escuela y que en el resto de España es una de las disciplinas más olvidadas por una razón u otra? Imagino que diría que los españoles estamos locos, por no decir que somos tontos, al olvidarnos de uno de los escasísimos instrumentos universales que tenemos. Yo voy más allá: diría que no me extraña lo más mínimo lo que hemos retrocedido en todos los terrenos, los problemas económicos que tenemos y los gobernantes que elegimos.


ABC - Opinión

Zapatero y Rajoy. El año de la pulga. Por Emilio Campmany

Vivimos gobernados por políticos que no respetan las leyes, revestidos de privilegios económicos y legales, que no tienen empacho en tratarnos con el desprecio que no merecen ni los esclavos.

Zapatero y Rajoy han comparecido ante los medios casi simultáneamente para comunicar urbi et orbi cómo afrontan 2011. Éste será en China el año del conejo. Aquí en España podría ser el año del perro, naturalmente, del perro flaco, al que todo serán pulgas. Pero ya que todo serán pulgas, ¿por qué no inaugurar directamente el año de la pulga? De momento, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición ya se han vestido de tales. Jesús, qué sarta de vaguedades, generalidades, obviedades y sinsustancias. Nos han endilgado dos clases magistrales de hablar y no decir nada, dos conferencias vacías. La imagen que sugieren nuestros dos líderes, el que está al cargo y el que aspira a sustituirle, es la del campo yermo, la del páramo en el que apenas son visibles ellos como dos pulgas escandalosamente irrelevantes.

Y cuando han dicho algo inteligible lo han hecho para engañar. Zapatero ha dicho que su Gobierno ha sido el de las políticas sociales, siendo como es el suyo el que está demoliendo a base de despilfarro el Estado de bienestar. Y Rajoy, que apoyará al Gobierno en lo que convenga a España, cuando lo que ha hecho hasta ahora es votar las medidas populistas y despilfarradoras que adoptó Zapatero en los comienzos de la crisis y se le ha opuesto siempre a partir del momento en que empezó a tomar unas pocas de las muchas necesarias que nos van imponiendo desde fuera.


Es verdad que de Zapatero nada bueno podemos esperar ya. Y también lo es que cabe la posibilidad de que Rajoy, aunque ahora no lo parezca, sea un gobernante serio y haga todo lo que hay que hacer para superar las crisis económica y política que nos atenaza. Pero el que sea posible no lo hace probable.

Aznar no pudo con los sindicatos y tuvo que envainarse una tibia reforma laboral por no enfrentarse a ellos. ¿Creen que será Rajoy quien se atreva a hacerlo? Aznar no tuvo valor para meter en cintura a las comunidades autónomas díscolas. ¿Lo hará Rajoy ahora que algunos de sus Gobiernos, especialmente el de Cataluña, se colocan abiertamente al margen de la ley y la Constitución? Aznar no quiso acometer la reforma política más urgente que necesita España, más aun que la de la reforma de la organización territorial, que es la de la justicia para que ésta sea de una vez por todas un poder independiente. ¿Está Rajoy en la idea de acometerla y renunciar a influir en los jueces?

Vivimos gobernados por políticos que no respetan las leyes, revestidos de privilegios económicos y legales, que no tienen empacho en tratarnos con el desprecio que no merecen ni los esclavos, que reparten el dinero que nos esquilman con los impuestos entre sus amigos, parientes y compañeros de militancia en forma de subvenciones y empleos públicos. Y no rechistamos. A lo más que aspiramos es a ser uno de ellos y, si eso no fuera posible, a entrar en el afortunado club de los perceptores de alguna subvención.

Es triste reconocerlo, pero probablemente tengamos lo que nos merecemos, dos irrelevantes pulgas entre las que elegir. Mientras España se desangra por un oscuro sumidero, nuestros dos líderes no paran de largarnos banalidades. Y lo peor no es eso, lo peor es que los demás nos quedamos embobados escuchándolas. País.


Libertad Digital - Opinión

Pepiño. Por Hermann Tertsch

Ahora, quien todo lo ha ladrado quiere trato exquisito. Mientras no se disculpe Pepiño, Pepiño será por siempre Pepiño.

A Pepiño le molesta que le llamen Pepiño. Nos lo ha dejado muy claro. El excelentísimo señor ministro de Fomento considera ofensivo y ultrajante que alguien se refiera a él con ese cariñoso apelativo que en su tierra natal se utiliza para apelar a los José. Y tiene con ello un problema porque desde luego en Madrid todo el mundo le llama Pepiño. Tanto le molesta que le llamen así que hasta la organización del Partido Socialista ha creído necesario tomar cartas en el asunto. Y doña Elena Valenciano, solemne, ha anunciado que no tolerará que se llame Pepiño a Pepiño. Ya nos contará Elena —doña Elena es otra— cómo piensa impedirlo. Esa manía de decir que no tolerarán lo que no pueden impedir —a no ser que después del estado de alarma proclamen el estado de sitio— está muy arraigada entre los socialistas. En fin, que todos nos insisten en que a Pepiño hay que llamarlo don José, se supone. No sé si —gracias a las muy avanzadas mamarrachadas del nacionalismo gallego, siempre tan angustiado por imitar toda sandez de los nacionalismos vasco y catalán— existe ya una versión en gallego batúa de la canción de «los payasos de la tele» que rece algo así como «Ola, don Pepiño, ola don José». En todo caso, los dos hombres tan cabales y educados de la canción utilizaban el Pepito con la misma cortesía que el don José. Por desgracia para el ministro, en Madrid, don José así a secas sigue siendo don José Ortega y Gasset. Y es improbable que vaya a ser precisamente él llamado a sustituirle.

Lo cierto es que desde que llegó a Madrid, Pepiño ha hecho grandes avances en aspecto, urbanidad e ilustración. Probablemente sea el dirigente socialista que más y mejor ha utilizado el tiempo para pulirse. A él no le pasa como a ese personaje insólito que es la socialista Isabel López Chamosa, a la que casi no se le conoce una frase sin faltas de ortografía. Su continua agresión al idioma lo ha despachado como parte de su identidad proletaria, que asume a mucha honra. Así, la responsable socialista de lidiar con nuestras pensiones insulta a todos los obreros que saben leer y escribir. Y deja claro que las reglas ortográficas son un corsé burgués más que hay que despreciar. Esto no le pasa a Pepiño. Su origen será humilde, pero no le gusta que se le note tanto como a López Chamosa. Por eso hoy es el ministro mejor vestido, con unos trajes, tanto en corte como paño, dignos de un buen conde o un banquero de los de antes. Cierto, la dicción es más difícil de cambiar que el traje. Lo sabía Jorge VI. (Vayan a ver la maravillosa película de «El discurso del rey»). Pepiño se morirá diciendo «conceto» y «ojeto» y «trayeto», pero lo cierto es que pone las palabras en el lugar «correto». Ha aprendido mucho desde sus años de chico para todo en su agrupación socialista. Entonces le llamaban «Blanquito». Que no se queje, que con el «Pepiño» sale ganando. Después de lo dicho alguien puede sentirse tentado a cierta ternura hacia el personaje. Se puede evitar. Es fácil. Recuerden todos los insultos, las insidias y vilezas lanzadas por Pepiño durante años contra todo el que osara levantar la voz contra las tropelías del gobierno socialista. Ya en la oposición agitaba las campañas que tachaban de asesino a Aznar y a la mayoría parlamentaria. Fue el gran insultador hasta llegar a ministro. Ahora, quien todo lo ha ladrado quiere trato exquisito. Mientras no se disculpe Pepiño, Pepiño será por siempre Pepiño.

ABC - Opinión

‘Annus horribilis’ o por qué nadie le tira huevos a Zapatero. Por Antonio Casado

Hay cosas que, siendo sincero, me resultan inexplicables. No es que yo tenga un especial interés en que el presidente del Gobierno sea objeto de ninguna clase de acción violenta, Dios me libre. No se trata de eso, no entiendan mal las cosas, sino de que me resulta sorprendente que con la que está cayendo, que con lo que de dramático tiene la situación que atraviesa el país y, sobre todo, la que atraviesan cientos de miles de familias españolas, no se haya producido ninguna clase de reacción social, que no haya habido concentraciones en la puerta de Moncloa, o de Ferraz, de ciudadanos cabreados con un Ejecutivo que nos ha llevado a las peores cotas de empobrecimiento de nuestra historia reciente y que, sobre todo, nos ha hecho perder muchos años. Lo que estamos viviendo es extraordinariamente grave, y a veces tengo la sensación de que la gente lo asume con demasiada resignación, como si formara parte de nuestro karma y no hubiera nada que hacer para evitarlo. Pero esa no es nuestra cultura, nunca lo ha sido, y probablemente esa sea la peor de todas las consecuencias de estos años de complacencia y adormecimiento de la sociedad: hemos perdido por completo nuestra capacidad de reacción y con ella la iniciativa y esa voluntad emprendedora que nos caracterizaba como nación.
«De crisis anteriores hemos conseguido salir gracias a nuestra capacidad de reacción. Hemos sabido ser emprendedores, crear riqueza y poner ilusión en las cosas que nos rodean, en beneficio propio y de la toda la sociedad. En esta ocasión, es como si nos hubiéramos rendido, resignado a un destino aciago sin escapatoria.»
Estaba tentado de hacer el típico resumen de cómo estaba este país hace un año, que ya estaba bastante mal, por cierto, y cómo nos lo encontramos doce meses después. Este ha sido, sin duda, el peor año de nuestra vida, el más dramático, pero el que viene no promete ser mejor, sino más bien todo lo contrario. Pero dicho eso, permítanme que me detenga en una reflexión sobre lo que realmente me preocupa, que es cómo hemos caído en una especie de maldición que nos ha llevado a un desánimo colectivo que, probablemente, sea lo que en los próximos años nos impida salir de esta crisis como hubiéramos salido en otras circunstancias. Lo peor de todo lo que nos ha pasado, nos está pasando y nos va a pasar es que las generaciones futuras, nuestros hijos, además de ser más pobres que nosotros -cosa que nunca había ocurrido desde el final de la Guerra-, o se van fuera de este país o sus expectativas laborales y de mejora de su calidad de vida van a ser prácticamente nulas. Esta es, sin lugar a dudas, la herencia más diabólica y perniciosa que nos va a dejar Rodríguez Zapatero, y por la que deberíamos pedirle cuentas, ya no solo a él en las urnas, sino a todos los que han sido sus cómplices durante mucho tiempo. Este país, España, está sufriendo la crisis más agónica y profunda que hayamos imaginado nunca, porque es una crisis colectiva de desarme moral y hundimiento de nuestras expectativas en lo más profundo de nuestra propia existencia. Es como si todos hubiésemos caído, sin remisión, en una depresión aguda.

De crisis anteriores hemos conseguido salir gracias a nuestra capacidad de reacción. Hemos sabido ser emprendedores, crear riqueza y poner ilusión en las cosas que nos rodean, en beneficio propio y de la toda la sociedad. Esta vez, sin embargo, es como si nos hubiéramos rendido, resignado a un destino aciago sin escapatoria. Los jóvenes no esperan nada de sus mayores, si acaso aspiran a un triste puesto de trabajo algo por encima de esa mierda de salario mínimo que el jueves aprobó el Gobierno, o a sacar adelante una oposición a funcionario, y eso si en el futuro se convoca alguna. Los empresarios que se han visto obligados a cerrar sus empresas ya no tienen ninguna ilusión por volver a crear puertos de trabajo cuando la situación mejore, si es que lo hace algún día, y la probabilidad de que el país recupere aunque solo sea una parte del tejido industrial que ha perdido estos años es igual a cero. Las pocas empresas fuertes que se ven capaces de hacer negocio se han ido fuera, porque en España no hay posibilidad de obtener rentabilidad alguna y crear riqueza y empleo. Y los padres que queremos lo mejor para nuestros hijos sabemos que la única posibilidad de que puedan tener una vida mejor que la que se les ofrece en España es que se vayan fuera, y obviamente eso solo pueden hacerlo unos pocos.

Esta es la realidad, la tristísima y cierta realidad española, nos guste o no. Este es el balance, no ya de 2010, sino de casi siete años de Gobierno de Rodríguez Zapatero, y es tan profunda la apatía colectiva en la que nos ha sumido, que ni siquiera somos capaces de levantar la voz en forma de protesta. Pero, les seré sincero, deberíamos de hacerlo, porque es lo único que nos queda para recuperar aunque solo sea un poco de toda la dignidad que hemos perdido estos años como personas, como ciudadanos y como españoles.


El Confidencial - Opinión

Soluciones definitivas. Por M. Martín Ferrand

Terminamos un año difícil que es el prólogo de otro más difícil y, aún así, anda el Gobierno con filigranas embusteras.

TOMÁNDOLE prestada la ironía a Jules Renard, el antecedente francés de Ramón Gómez de la Serna, habría que apuntarle al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la conveniencia de que, alguna vez, diga la verdad. Así serían más verosímiles sus acostumbradas mentiras que suelen llevar, sobre la vergüenza de lo que no es cierto, el ridículo a que acostumbran sus portavoces. Terminamos un año difícil que, para nuestra desgracia, es el prólogo de otro más difícil y, aún así, anda el Gobierno con filigranas embusteras y, lo que es más grave y definitivo, sin atreverse a coger al toro por los cuernos y enfrentarse a los problemas sin más interés que el de solucionarlos. La obsesión electoral es la más grave y dañina de las corrupciones de un Gobierno.

Lo vemos claro en la última decisión impopular del zapaterismo activo, lo que se llama con mal nombre «el recibo de la luz». Lejos de encararse con el problema y de tratar de arreglarlo de un modo eficaz, lo que cabe esperar de un Gobierno, se andan con paños calientes, sin poner fin a una subvención al carbón nacional que no tiene más razón que el miedo a los sindicatos, sin zanjar las subvenciones innecesarias a la energía eólica y las, más que innecesarias, dolosas a la fotovoltaica. En suma, sin poner en el orden de la razón el desequilibrio en el que nos hemos instalado después de privatizar unas empresas sin liberalizar su marco y comercialización.


Puede decirse en descargo de Zapatero que el mal no es nuevo y que viene de lejos; pero, después de siete años de responsabilidad gubernamental, no es de recibo —aunque a él vaya a parar— que un ministro que ya desertó como jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y que —viene al caso— me debe una bombilla nos esconda un problema fundamental detrás de un chascarrillo, el del precio de un café, propio de un monologuista de tercera, ínfimo en la creación, escaso en el escenario y sin más público que el de sus íntimos y allegados.

El gran propósito político para 2011, gane quien gane en mayo o pueda ganar en 2012, debiera ser ir cerrando problemas con soluciones definitivas y sólidas. En ello deben colaborar, en su justa medida, los partidos de la oposición porque no tiene sentido que, desde que Francisco Franco inaugurara su primer pantano, sigamos hablando de la electricidad, sus usos, diversas aplicaciones y posibilidades y trucos tarifarios con los que suministrarla a los consumidores. Un problema resuelto es un futuro garantizado, aunque clamen en la calle quienes no quieren pagar el verdadero precio de las cosas y los servicios: los adoradores de la subvención.


ABC - Opinión

Cercanía política. Jimmy, Tony y Pepiño. Por Cristina Losada

La popularidad de un político requiere construir la ficción de la cercanía, de manera que se le llegue a considerar como uno más, como ese tipo próximo y simpático con el que se pueden tomar, cualquier día, unas cañas en un bar.

Hasta ayer ignoraba, entre tantas otras cosas, que Pepiño tuviera un sentido despectivo. Cierto que hay una letrilla popular gallega, que fue versionada por Juan Pardo, en la que de forma algo burlona se canta: "Ay Pepiño, adiós, ay Pepiño adiós, ay Pepiño por Dios non te vayas, quédate con nos, quédate con nos, non te vayas afogar na praia, como nos pasóu a nos". Más allá de esa canción, sin embargo, no sabía de nada sospechoso. Pero oída la exigencia –"que sea la última vez"– de la portavoz socialista, Elena Valenciano, estoy dispuesta a admitir que el hipocorístico en cuestión resulta irreverente, al menos, en un caso: cuando se utiliza para nombrar al ministro de Fomento. La jerarquía es la jerarquía, por muy socialistas que seamos. Y aun habría que congratularse de esa novedosa demanda de respeto en el trato que ha salido de Ferraz, si allí se aplicaran el cuento.

Mucho me temo, no obstante, que la tendencia contemporánea camina en sentido contrario a llamarle don José a un ministro. Mire a su alrededor Valenciano y verá que, en las democracias de nuestro tiempo, hasta los presidentes y los jefes de Estado insisten en ser Jimmy, Tony, Bill y, por regresar al terruño, Felipe. En su día, bien que promovió el PSOE que se conociera a su líder por el nombre de pila y, en efecto, lo logró. Pone uno González y, sin contexto, nadie sabe de quién se escribe. Pone uno Felipe y se capta a la primera. Son guiños al votante. La popularidad de un político requiere construir la ficción de la cercanía, de manera que se le llegue a considerar como uno más, como ese tipo próximo y simpático con el que se pueden tomar, cualquier día, unas cañas en un bar. Justo lo contrario de lo que pretendía, pongamos, un Luis XIV.

Esa familiaridad de llamarle a un presidente del Gobierno Felipe, Jaimito o Toñito –por galleguizar a Blair– se corresponde con un fenómeno más irritante, dado que afecta a personas que no extraen beneficio alguno de "popularizarse". Me refiero a la práctica extinción del "usted". En España, desde luego. Bancos, empresas de telefonía, compañías aéreas, comercios, tratan a sus clientes, de modo sistemático, de "tú". Y, a lo mejor, llevan razón. Pues ha venido a percibirse que el tuteo rejuvenece y como nadie quiere ser viejo, ¡quia!, todo el mundo ha de agradecer ese simbólico lifting. Es el signo de un culto social a la juventud que tiene repercusiones políticas. Se ha vuelto improbable, si no impensable, la elección de un presidente curtido por la edad. Escribe el historiador Barzun que "el hombre vulgar de aire juvenil y algo confundido es la figura grata a una sociedad democrática". El PSOE se enrabieta por lo de Pepiño, pero cuando encontró al candidato adecuado a ese perfil, le puso ZP. ¿Será respetuoso?


Libertad Digital - Opinión

Los años no tienen la culpa. Por Ignacio Camacho

España tiene un severo problema de dirigencia, una crisis política superpuesta a la crisis económica.

«Vendrán más años malos
y nos harán más ciegos»

(Rafael S. Ferlosio)

CUANDO acabó de pasar 2009 con su aciago equipaje de desempleo y recesión, el veinte diez apareció como un resquicio de esperanza. Hoy contemplamos el año que rinde como una demostración empírica de las funestas leyes de Murphy: toda situación negativa es susceptible de deteriorarse más, sobre todo si se aplican con eficacia las medidas necesarias para que empeore. En ese sentido hemos hecho de forma concienzuda los deberes, de tal manera que para el próximo ejercicio cabe esperar fracasos accesorios y nuevas calamidades; el tránsito de 2010 nos ha vacunado contra el optimismo.

La crisis ha mutado como un virus con cepas nuevas que atacan las cada vez más débiles defensas del sistema. Al desplome inmobiliario, la zozobra financiera y el estancamiento económico ha seguido un desajuste fiscal y un grave apuro de deuda pública que han situado al Estado al borde de la quiebra. La frívola minusvaloración política del carácter estructural de la recesión ha desembocado en un colapso; simplemente el Gobierno no comprendió el alcance de la situación que tenía delante y ha quedado desbordado por la crudeza de los hechos. Ahora que acaso la haya entendido carece de autoridad y de liderazgo para afrontarla. La opinión pública permanece instalada en un clima de pesimismo y de desconfianza una vez que se ha dado cuenta de que, además de las dificultades estructurales, el país tiene un severo problema de dirigencia.


Los años no son por sí mismos felices ni funestos, afortunados ni lúgubres; son como nosotros hacemos que sean. Si el 2011 se presenta sombrío es porque a los aprietos socioeconómicos se superpone en España una penosa crisis política que complica sobremanera el hallazgo de salidas viables. El escenario institucional está agrietado por el sectarismo, la clase dirigente permanece enrocada en un desencuentro estéril, el Gobierno ha perdido la autoridad moral y la sociedad civil no encuentra impulso. La estructura de liderazgo ha quedado resquebrajada después de siete años de parálisis funcional y amenaza con venirse abajo por simple efecto de atrofia. Falta pujanza social, eficacia administrativa, competitividad empresarial y generosidad política. Las instituciones se han desarrollado con una hipertrofia inversamente proporcional a su capacidad de respuesta. Y el tejido de dirección pública está desgastado, descosido, raído por la inercia de una mentalidad inadaptada a este tiempo de desafíos que obliga a una profunda revisión de conceptos, de estilos y de ideas.

El desengaño de 2010 y el halo pesimista que envuelve al 2011 no proceden de un signo astral adverso; son la consecuencia inexorable de un largo desfase de estructuras y organización que aboca a España a sufrimientos añadidos. Los años no tienen la culpa, excepto del tiempo que hemos pasado sin afrontarlos con coraje.


ABC - Opinión

Balance negativo

La experiencia confirma que la norma del presidente del Gobierno no es ceñirse a la realidad en sus balances, sino reinterpretar las circunstancias hasta transfigurar la situación. Cuesta trabajo encontrar en Rodríguez Zapatero un atisbo de autocrítica o la asunción de errores en la obra del Gobierno. Sus reflexiones sobre 2010 no fueron una excepción. Puso ayer especial énfasis en las políticas sociales y el «avance significativo» del Estado del Bienestar, así como el cumplimiento del compromiso de que 2010 sería el año de la recuperación. Los recortes sociales decididos para sostener el ajuste fiscal supusieron un volantazo en el discurso de la izquierda y, en buena medida, la más incómoda de las decisiones del presidente por lo que supuso de cambio radical en su trayectoria. Zapatero anunció que comparecerá en el Congreso con un informe que demuestre los supuestos progresos sociales de su mandato. El problema es que, más allá de las palabras, la realidad sostiene lo contrario. Hablar hoy de recuperación, con más paro y más deuda y una creciente valoración negativa de los españoles sobre la situación económica, no es lo que se espera del jefe del Ejecutivo. Zapatero ha sido el presidente que congeló las pensiones por primera vez, recortó el sueldo a los funcionarios, suprimió el cheque-bebé, subió los impuestos a las rentas más bajas, finiquitó el subsidio para los parados de larga duración y está a un paso de reducir considerablemente las jubilaciones, con la confirmación de que se trabajará hasta los 67 años. Y todo ello mientras fomentaba las alegrías y los dispendios de las administraciones y de lo público y daba rienda suelta al clientelismo y las subvenciones. No dudamos de que el PSOE dedicó ingentes partidas de los Presupuestos a gastos sociales, algunos cuestionados por innecesarios o contraindicados, pero el resultado ha sido negativo: somos más pobres. En concreto, la riqueza de las familias españolas se redujo un 6,1% entre 2005 y 2009, con Zapatero en La Moncloa. Que el presidente asegure que el panorama es mejor que en 2004 con los gobiernos de Aznar resulta un sarcasmo.

En lo positivo, Zapatero reiteró que «mantendrá» la política antiterrorista y proclamó su voluntad de sacar adelante una ley que evite las descargas ilegales y garantice la propiedad intelectual. Es de esperar que el Gobierno no repita los errores del pasado y sea capaz de articular un consenso político con urgencia para proteger los derechos de autor y castigar la delincuencia.

Mariano Rajoy hizo también balance y fue para describir un 2010 como «otro año perdido» por culpa de Zapatero. El tono constructivo de sus palabras y sus ofrecimientos al Gobierno para hablar en asuntos en los que es preciso el consenso son la enésima prueba de que la exigencia y la contundencia de la labor de oposición no están reñidas con la moderación y, sobre todo, con el sentido de Estado y la más alta responsabilidad que cabe exigir a un político. «El PP va a apoyar todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles», dijo Rajoy. La salida más conveniente a la encrucijada nacional que vivimos serían las elecciones, pero, como aseguró el presidente del PP, el objetivo debe ser que la factura que deje el PSOE «sea la menor posible».


La Razón - Editorial

Zapatero se ratifica

El presidente defiende las reformas económicas como la única vía para salir de la recesión.

Hace exactamente 12 meses, el presidente Zapatero, en su balance de fin de año, anunció para el mes de enero de 2010, con fechas concretas, la puesta en marcha de un paquete de medidas que debían engrasar la salida de la recesión. Citó, entre otras, la Ley de Economía Sostenible, la reforma laboral y la de las pensiones. Hoy, un año después, ninguna de esas apuestas se ha visto culminada, lo que da idea de las dificultades que España ha padecido, concretadas el pasado mes de mayo en el más severo plan de ajuste social jamás acometido por un Gobierno de nuestra joven democracia como consecuencia de las turbulencias que la crisis griega había provocado en los mercados. Todo el mundo coincidió en que aquel balance de Zapatero cerraba el "peor año de su mandato". No fue así. 2010 ha sido mucho peor.

Ayer, el presidente volvió a reflexionar sobre los retos que nos aguardan. En su discurso, incluyó una declaración explícita de que acabará la legislatura (aunque no precisó si él será el candidato del PSOE), algunas precisiones sobre la reforma de las pensiones que pretende el Gobierno (que se resumen en el diseño de un periodo transitorio hasta 2027 para prolongar la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años) y un acendrado énfasis reformista de la economía. Para Zapatero no hay dudas. El camino de las reformas, la protección social y el aumento de la productividad es el único rumbo posible para superar la recesión y devolver a la economía española a la senda de la creación de empleo neto, el gran objetivo de 2011.


El balance hecho por el presidente no es objetable a grandes rasgos. Es paradójico que mantenga las políticas sociales como seña de identidad de sus Gobiernos cuando acaba de congelar las pensiones para 2011 (salvo las mínimas, que subirán el 1%), pero es verdad que antes de que Europa y los acreedores de la deuda exigieran un ajuste drástico del gasto público el Gobierno se esforzó por estirar los límites de la protección social. Hoy, el Gobierno ha emprendido, aunque con retrasos, políticas económicas para salir del estancamiento, y ayer transmitió con claridad que no se apartará del camino. El rumbo es mantener el ajuste presupuestario para cumplir con los objetivos de reducción del déficit, terminar las reformas laboral y del sistema financiero y afianzar el sistema de pensiones.

Ahora bien, las reformas mencionadas sufren, en mayor o menor medida, retrasos que comprometen el objetivo de recuperación económica y ese desafío de crear empleo neto que el presidente quiere para el año próximo. La demora más perniciosa para el crecimiento económico es la que afecta a bancos y cajas. Porque sin liquidez y sin préstamos, las empresas no podrán invertir, ni crear empleo. La reforma laboral y de las pensiones son importantes para acelerar la reactivación (cuando se produzca) y para garantizar la solvencia del Estado, pero la que decidirá el ritmo inmediato de la recuperación económica es la financiera. Y en ese punto las perspectivas para 2011 no son buenas; pasarán trimestres antes de que cajas y bancos normalicen los flujos de los créditos.

El mensaje lanzado por Zapatero -"estas son las reformas que hay que hacer y hay que hacerlas ahora"- revela que está dispuesto a pagar los costes políticos de los recortes (incluidos los que se derivan de los aumentos de tarifas). El presidente sabe que no es lo mismo crecimiento intertrimestral que recuperación. En 2011 no la habrá, porque no se creará empleo neto. Todo sería más fácil si el PP se implicara en reducir la deuda y los déficits autonómicos; un respaldo de esa naturaleza contribuiría a bajar los costes de financiación de la economía española. Pero el PP no parece dispuesto a rendir ese servicio al país.


El País - Editorial

Las falsas esperanzas de PP y PSOE

Nada de esto necesita España: ni una oposición pusilánime, ni un Gobierno entre ignorante y malvado que nos ha abocado a la bancarrota.

Es costumbre que al termina un año se haga balance del ejercicio y se formulen los deseos para el curso próximo. En el caso de España, sin embargo, esta tradición bien podría tener efectos lacrimógenos. A la postre, 2010 ha sido el año en el que todos los graves desequilibrios económicos, políticos, sociales e institucionales que veníamos acumulando desde hacía tiempo se han precipitado en forma de crisis nacional; y lo peor de todo es que las perspectivas para 2011 no son, en absoluto, nada alentadoras.

Así, en los últimos doce meses hemos asistido a una bancarrota económica de facto, a un creciente desmantelamiento del Estado de derecho a favor de las plutocracias partitocráticas y nacionalistas y a un progresivo pero imparable incremento de la conflictividad social derivado en gran parte del desencanto con los organismos que deben hacer cumplir la ley.

Sin duda, la configuración de nuestro marco institucional requiere de muy intensas reformas para atajar todas las crisis que nos atenazan como nación. Zapatero, en su cansino arte por tratar de engañar a la ciudadanía, ha prometido una nueva ronda de liberalizaciones y reformas en los más variados ámbitos: pensiones, mercado laboral, energía... Pero por necesarias que pudieran ser –y son– todas ellas, el obstáculo esencial a nuestra normalización como democracia pasa por que nuestros políticos se niegan por principio –ideológico, electoral o de mercadotecnia– ora a aprobarlas ora a aplicarlas con la profundidad necesaria. Es decir, todas ellas se quedan en papel mojado.


Del Gobierno, como es obvio a la luz de su muy mendaz currículum vitae, no cabe esperar otra cosa. De hecho, ni cabe esperarla para 2011 ni cabía hacerlo en ninguno de los años que lo han precedido. El socialismo siempre ha sido profundamente liberticida y en las últimas dos legislaturas sólo ha actuado en correspondencia.

Caso distinto es, o debería de ser, el del PP. Presunto depositario del voto liberal-conservador, en estos momentos de tragedia nacional debería de posicionarse con claridad a favor de un programa reformista que flexibilizara nuestra economía y reforzara nuestra arquitectura institucional en torno a una idea sólida de España. Sin embargo, el estado de extrema podredumbre del Ejecutivo de Zapatero, unido al oportunismo arrioliano de Rajoy, ha propiciado que durante este año, más que en ningún otro si cabe, el PP haya renunciado a su labor de oposición a la espera de suceder al PSOE sin entrar en la arena política.

No obstante, o bien el PP ya ha renunciado desde un principio a sacar adelante las reformas que necesita nuestro país o bien confía en que, cuando llegue el momento de aplicarlas, obtendrá por generación espontánea el respaldo ciudadano a unas propuestas que ahora los propios populares o critican, o ningunean o ignoran.

No debería el PP, con todo, dormirse en los laureles. 2011 será el último curso político antes de las generales de 2012 –si es que se cumplen todos los plazos–, de modo que en un año podríamos ver al PP o al frente de un Ejecutivo tan inmovilista y suicida como el actual o al frente de otro que se olvida de todas sus admoniciones presentes para enmendarse la plana a sí mismo.

Nada de esto necesita España: ni una oposición pusilánime, ni un Gobierno entre ignorante y malvado que nos ha abocado a la bancarrota. Por desgracia, todo apunta a que en 2011 padeceremos las mismas lacras que en 2010, motivo por el cual el año nuevo no podrá ser mucho mejor que el año que concluye.


Libertad Digital - Editorial

Naufragio del PSOE en 2010

Zapatero cierra el año reincidiendo en los vicios de diagnóstico y comunicación que explican el descrédito acumulado por su Gobierno en estos años de errática gestión.

LA habitual comparecencia de Rodríguez Zapatero en fin de año ha servido para comprobar que el presidente del Gobierno comenzará 2011 con una estrategia política a la defensiva y un mensaje de optimismo para consumo electoral. Según Zapatero, su Gobierno «es el que más ha mejorado las políticas sociales» y ha cumplido «el objetivo de salir de la recesión». Lo primero es una confusión conceptual interesada que Zapatero tendrá que despejar concretando qué entiende por mejorar y por política social. Lo cierto es que se ha gastado mucho, lo que no es sinónimo de mejora —ahí está el informe PISA sobre la educación en España— ni de bienestar, porque se gasta más en desempleo, cuya tasa alcanza el 20 por ciento de la población activa. Lo segundo es, simplemente, propaganda: salir o no salir de la recesión depende de una décima. Zapatero no ha dicho lo que realmente importa: cuándo crecerá España lo suficiente para crear empleo. Zapatero cierra el año reincidiendo en los vicios de diagnóstico y comunicación que explican el descrédito acumulado por su Gobierno en estos años de errática gestión de la crisis, al que se han sumado otros episodios no menos decisivos para su desgaste político. La intervención de su política económica por parte de Bruselas y los organismos internacionales demostró en mayo que el Gobierno socialista había llegado tarde a todo: a reconocer la crisis, a evaluarla correctamente y a tomar medidas adecuadas. La descomposición de su imagen internacional aceleró la desconfianza interna en la capacidad colectiva del Ejecutivo para liderar la recuperación, agravando su falta de aptitud con contradicciones insólitas protagonizadas por el propio presidente del Gobierno y varios de sus ministros, que pasaban de negar una cosa —como el recorte drástico del gasto público— a aceptarla sin solución de continuidad.

También se arruinó el proyecto territorial de Zapatero, primero con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, y luego, con la derrota socialista en las autonómicas de Cataluña. Su aventurerismo confederal se topó con la Constitución y quedó al descubierto como lo que realmente era, una revisión ilegal del modelo constitucional de 1978. La combinación de crisis económica y fracaso político explica también que en 2010 el PSOE haya empezado a plantearse el relevo de Zapatero. Los comicios autonómicos están a cinco meses vista y muchos barones socialistas saben que ya no hay votos cautivos ni en Andalucía, ni en Extremadura, y que las expectativas del PP no descansan sólo en la abstención de la izquierda, sino también en el trasvase de votos desde las filas socialistas. El problema político de Zapatero en 2011 no será tanto la crisis como la ansiedad de su propio partido.


ABC - Editorial

jueves, 30 de diciembre de 2010

A un año de economía le sigue otro catalán. Por Fernando Fernández

El referéndum andaluz acabó con el hecho diferencial, conviene recordarlo ahora que muchos quieren resucitarlo.

SE nos va el año 2010 pero no se lleva la crisis económica, a pesar del optimismo gubernamental. La economía ha dominado este año, pero el que viene será el de la política, catalana por más señas. La crisis se ha llevado por delante al presidente de Gobierno, un cadáver político a la espera solo del mejor momento para anunciar su entierro formal, y probablemente también al Partido Socialista, que no supo desmarcarse y corregirle a tiempo. La distancia en la encuestas se antoja insalvable y Rubalcaba parece condenado, como Calvo Sotelo, a desempeñarse con dignidad y espléndida soledad mientras el partido se desangra y avanza hacia una estrepitosa derrota. Depende del discurrir económico, pero también y mucho de la voluntad de terceros, que en España son siempre los nacionalistas catalanes y vascos. De ellos depende el final de la legislatura y el comienzo de una recuperación económica impensable sin el shockde confianza de un cambio de gobierno.

El año que viene va a estar dominado por la cuestión catalana. Así lo han querido el calendario, la aritmética electoral y la voluntad de Zapatero. El concierto económico, o su equivalente pecuniario, es un imposible metafísico, por mucho que su gestión le haya sido encargada a un gran economista español. Lo es porque parte de un hecho político inexistente, la singularidad catalana. Y lo es también porque los números no cuadran ni pueden cuadrar sin cambiar el modelo de Estado. El referéndum andaluz acabó definitivamente con el hecho diferencial, conviene recordarlo ahora que muchos quieren resucitarlo. Los políticos de la Transición quisieron instaurar un sistema autonómico de dos niveles, pero el pueblo llano se rebeló y consiguió imponer su voluntad. Desde entonces Cataluña es una Comunidad más. Lo que consigue se extiende a otros como mancha de aceite. Esa es la causa última de su desencanto.

Puede ser una verdad muy incómoda para los que gustan de los derechos históricos, pero es un triunfo democrático irrenunciable para los que creemos en la Revolución Francesa y en una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Artur Mas puede pretender ignorarlo y aprovechar al máximo la debilidad de Zapatero para arrancar un nuevo pacto económico. No creo que el PSOE le deje ya al presidente, porque sería su acta de defunción como partido, pero incluso si así fuera sería flor de un día. Lo que tardaran Madrid o Valencia en exigir el mismo tratamiento y entonces, en frase afortunada de Solbes, veríamos que el sudoku no cuadra. CiU puede también ser más inteligente y aprovechar la necesidad de Rajoy de llegar al poder para forzarle la mano y arrancarle ese pacto económico. Es posible, no digo que no, pero las consecuencias serían fatales para un Partido Popular que es y seguirá siendo mayoritario en Madrid y Comunidad Valenciana. Tendría que generalizarlo inmediatamente a esas Comunidades si no quiere perder sus caladeros de votos. Empujado por esa dinámica confederal, su política sería difícil de distinguir de la de Zapatero, y provocaría la misma incertidumbre económica. Claro que Rajoy tendría otra posibilidad, cerrar definitivamente el Estado Autonómico en un pacto con los socialistas, que, empujados a la oposición, entre otras cosas, por sus delirios nacionalistas, podrían recuperar la cordura. El tiempo dirá, pero que nadie se haga ilusiones, Cataluña tendrá que seguir conllevándose ella misma y con el resto de España con una mezcla más inteligente de cariño y firmeza. Europa no está para muchas aventuras independistas cuando más del 50 por ciento de los alemanes querrían volver al marco.


ABC - Opinión

Acuerdo en el desacuerdo sobre la jubilación a los 67 años. Por Antonio Casado

Decía el otro día Rubalcaba que renunciar a que te entiendan es el fin de la política. Aplíquense el cuento los 38 representantes de la voluntad popular que ayer aprobaron las 21 recomendaciones (la cifra es de histórica resonancia en la memoria del socialismo español, dicho sea de paso), orientadas en este caso a la reforma del sistema público de pensiones, que viene a ser el espinazo del Estado del bienestar, seriamente amenazado por los acreedores de la economía española.

Lo aprobado en la comisión parlamentaria del llamado Pacto de Toledo no puede ser más ambiguo. Que lo compre quien lo entienda. Pero alguien tendrá que explicarlo. Se anuncia lo de ayer como el logro del consenso mayoritario de los diputados de la comisión. Así es si miramos el resultado de la votación: 36 síes y los dos 2 noes de la izquierda. Sin embargo, basta una primera lectura del documento, que irá al pleno del Congreso el 25 de enero, para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.


Por tanto, de consenso nada. El consenso se convierte en una recomendación más al Gobierno, junto a otras 20 apoyadas por el PSOE y por el PP, para que Zapatero deje la edad legal de jubilación como está, en los 65 años (la real, en 63). O en la censura mayoritaria a la congelación de las pensiones contributivas para 2011, que es una medida ya decidida por el Gobierno en su famoso tijeretazo de mayo.
«Basta una primera lectura del documento para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.»
De nuevo ataca el camuflaje semántico tan propio de la clase política. Lo cierto es que hay consenso para levantar acta de que el PP está en contra de subir la edad de jubilación. Y eso, aparte de desorientar a la opinión pública, es una mala noticia para la medida estrella de la reforma. No tiene sentido adoptar una medida de ese calado con la enemiga del principal partido de la oposición, salvo que sea un farol electoralista del PP y quiera desmarcarse ahora de una decisión que asumirá encantado cuando Mariano Rajoy esté en la Moncloa.

Es la hipótesis más probable. “Es bueno trabajar más allá de los 65 años”, decía Rajoy en septiembre de 2007. “El sistema de pensiones está condenado a la quiebra si cada vez trabajan menos personas en España y son más las que cobran pensiones”, decía el ex presidente, José María Aznar, en mayo de 2009.

Por lo tanto, lo previsible es que el Gobierno tire por la calle del medio el 28 de enero y fije la nueva edad de jubilación en los 67 años, con excepciones para oficios penosos y largos periodos de cotización. Así se hará en el proyecto de ley que ese día aprobará el Consejo de Ministros, en contra de la izquierda (IU, BNG, ERC) y del principal partido de la oposición al que, salvo cambio de posición en el pleno del 25 de enero, le estará adelantando el trabajo sucio si como, según parece, Rajoy conquista la Moncloa en mayo de 2012.

Da igual. “Cueste lo que cueste. Y nos cueste lo que nos cueste”, según esa doctrina de Zapatero que sirve para ganar la confianza de los mercados y perder la de los electores. En este caso, el palo por la prolongación de la vida activa del trabajador hasta los 67 años va a recaer en la quinta del 59 y siguientes. Con la oposición de la izquierda más izquierda y la derecha más derecha. Qué curioso.


El Confidencial - Opinión

Palabras envenenadas. Por Edurne Uriarte

Hace tiempo que me di por vencida en el debate sobre la presencia de terroristas en los medios de comunicación. La gran mayoría de medios y periodistas priman lo que consideran el valor de la información. Sean palabras de un terrorista o de un delincuente de cualquier otro tipo las que constituyan dicha información. Como las de Otegi en The Wall Street Journal y en tantos otros medios antes que en este.

En la práctica, y por muy bienintencionados que sean los medios en cuestión, ocurre que la invitación a un terrorista al salón de sus páginas produce casi siempre el mismo efecto que la invitación a una institución democrática. Que los legitiman. Que los humanizan. Que los dotan de respetabilidad. Este ha sido el problema de todas las negociaciones con ETA y lo vuelve a ser en esta que parece será la última negociación. Que la sociedad, léase medios de comunicación y tantas otras instancias, convierte a los terroristas en interlocutores políticos que exponen posiciones y exigen respuestas y medidas como si de cualquier movimiento social o grupo de presión democrático se trataran. Desaparecidos los asesinados y perseguidos en un pequeño y cuasi imperceptible apartado de «víctimas» que se gestiona entre el terrorista y su interlocutor como un trámite cualquiera más de la negociación.

Los medios extranjeros, con su tradicional ignorancia sobre la cuestión, lo empeoran, claro está, lo del «Grupo vasco» que titula WSJ, pero se trata de un problema generalizado. Y empieza y se desarrolla sobre todo entre nosotros, en España. Con el renovado interés y espacio que ofrecemos a los terroristas para que nos anuncien su magnánima renuncia a la violencia.

Y si es necesario, hasta condenarán la violencia, que decía Joseba Egibar sobre Batasuna en El Correo. Fíjese usted si son personas generosas y de buena voluntad. Sólo nos falta darles las gracias.


ABC - Editorial

Pensiones. Cómo salvar el socialismo. Por Emilio J. González

La comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo.

A estas alturas de la película ya sabemos muy bien que los políticos españoles viven encerrados en sus propias torres de marfil, completamente ajenos a la realidad de este país. Pero, en el caso de las pensiones, ya rizan el rizo y no sólo no quieren aceptar que el sistema público español es inviable, sino que, encima, se empeñan en pretender salvar la ‘utopía’ socialista, de izquierdas y de derechas, que lo ha condenado a muerte y que revela también los graves problemas de desempleo que tiene nuestro país. Me explico.

Como todos ustedes saben, nuestro sistema de pensiones se basa en el modelo de reparto, esto es, los ingresos por cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales. Ese sistema va bien mientras la pirámide de población tenga forma de pirámide, valga la redundancia, y fracasa en cuanto cae la natalidad y adquiere forma de rombo, que es lo que sucede en nuestro país. Vamos, que el sistema funciona si hay cada vez más gente pagando a quienes les llega el momento de recoger sus beneficios y quiebra en cuanto esto no es así. En el mundo financiero, a esto se le conoce como ‘esquema Ponzi’ y es lo que hacían Madoff, Gescartera, el Fórum Filatélico o Afinsa, con los resultados que todos ya conocen y con sus responsables en la cárcel o sentados en el banquillo. En el mundo de la previsión social se le llama sistema de reparto y aquí nadie paga por los platos rotos, sobre todo cuando se sabía desde hacía más de quince años que iba a ocurrir lo que ya está pasando, esto es, que el modelo es inviable y empobrece dramáticamente a los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que propone la comisión del Pacto de Toledo? Pues nada de liquidarlo, que sería lo lógico, y pedir cuentas a quienes nos han llevado a esta situación porque, al fin y al cabo, son los mismos partidos políticos que forman la susodicha comisión. Lo que propone es incrementar las cotizaciones sociales, ampliar el periodo de cómputo de la pensión e incentivar, porque no se atreven a recomendar, el retraso en la edad de jubilación. Es decir, trabajar más tiempo y pagar más para cobrar menos, todo con tal de mantener la ‘solidaridad’ del sistema.


La obsesión fundamental de las recomendaciones de la comisión es recaudar más y, para ello, entran en temas sociolaborales sin entender lo más mínimo acerca de los mismos y de cómo nuestra política socialista del mercado de trabajo explica los altos niveles de paro y, con ello, los problemas de la Seguridad Social. El documento, por ejemplo, critica las prejubilaciones, sin entrar en el problema de por qué las empresas optan por desprenderse de los trabajadores de más edad, en muchos casos para sustituirles por jóvenes, cuando tienen que abaratar sus costes laborales para poder sobrevivir. Y el problema sencillo de entender: estriba en esos pluses por antigüedad –trienios, sexenios y demás– que perciben los trabajadores de más edad debido al tiempo que llevan en la empresa y que, en muchos casos, su montante supera el salario base. Este es un sistema de retribución pernicioso por el cual se liga la misma no a la productividad, como sería lo lógico, sino al tiempo de permanencia en la empresa y al final se vuelve en contra de sus beneficiarios porque los manda a casa o los condena al paro. Si se quieren evitar las prejubilaciones, que tanto daño hacen al sistema de reparto, hay que acabar con este modelo de retribución salarial instaurado en los tiempos de Franco. La comisión del Pacto de Toledo no dice nada al respecto.

Lo mismo sucede en lo que se refiere a los jóvenes. La comisión insiste en la formación como vía para que puedan conseguir un empleo y, en cierto modo, tienen razón. Si aquí no nos empeñáramos en que todo el mundo tiene que ir a la universidad, con independencia de su valía, y limitáramos este derecho a quien de verdad tiene capacidad para ello, con independencia de sus circunstancias económicas, al tiempo que se dignifica y se potencia la formación profesional; si los planes de estudio se desideologizaran y se centraran en formar verdaderamente personas y en adecuarse a las necesidades de las empresas, además de promover las vocaciones empresariales, otro gallo nos cantaría. Pero también hay otra cuestión que explica que, en estos momentos, casi la mitad de los jóvenes españoles estén en paro y no es otra cosa que el salario de contratación que imponen los convenios colectivos sin tener en cuenta que una persona sin experiencia laboral y con una formación deficiente produce mucho menos que alguien con esa formación y experiencia que, dadas las actuales circunstancias, sólo puede aportar la empresa. Esto se arreglaría con contratos de aprendizaje, que impliquen salarios más bajos durante su vigencia, pero la comisión del Pacto de Toledo tampoco dice nada al respecto, porque aquí lo que importa es que todos seamos iguales, con independencia de lo que aporte cada cual al proceso productivo o de la retribución que obtenga por su participación en el mismo.

Para más inri, la comisión del Pacto de Toledo insiste en la promoción de la previsión social complementaria, esto es, que los trabajadores suscriban planes privados de pensiones para complementar la prestación pública cuando llegue el momento de la jubilación. Decir esto es decir que el sistema no da más de sí y que hay que ir hacia un modelo de capitalización –las cotizaciones individuales de hoy pagan la pensión individual de mañana– o, al menos, a uno mixto. O sea, reformar el sistema. Pues ya lo podían haber hecho hace quince años en vez de insistir en mantener el modelo de reparto a cualquier precio. Además, ¿de dónde van a salir esos recursos adicionales para contribuir a un plan privado de pensiones? Porque para una familia con, al menos, uno de sus miembros en paro eso es un lujo que no se puede permitir. Lo mismo que quien esté pagando una hipoteca a veinte, treinta o cuarenta años, que se les ve y se las desea para llegar a fin de mes. Y, encima, suben los impuestos, sube el recibo de la luz, sube el petróleo y, con él, subirán los alimentos y otros productos... pero los sueldos se quedan congelados o, peor aún, se recortan para que puedan sobrevivir las empresas y mantener los empleos que generan; o quien se ha ido al paro y tiene la suerte de encontrar un nuevo puesto de trabajo probablemente va a ganar menos que en su empleo anterior. ¿Cómo se puede ahorrar para un plan privado de pensiones en estas circunstancias? De ninguna manera. A esto es a lo que nos ha llevado la legislación de inspiración socialista que regula tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones, como la política antinuclear de ZP, como la política de intervención del suelo, como la política de gasto público de este país... Y la comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo, probablemente porque son diputados y a ellos ni los problemas salariales de los españoles ni los del futuro de su pensión les afectan.


Libertad Digital - Opinión

Cuatro pilares para un gobierno. Por M. Martín Ferrand

Los discursos del líder del PP siempre tienen mucho de desafío, como quien espera un próximo triunfo.

MARIANO Rajoy, como si fuera un personaje de Eduardo Marquina —que lo parece—, podría rematar sus intervenciones con un verso de En Flandes se ha puesto el sol: «España y yo somos así, señora». Los discursos del líder del PP siempre tienen algo de altaneros, como corresponde a los tímidos, y mucho de desafío, como quien espera un próximo triunfo que se va dilatando en el tiempo. Acaba de anunciar que, si gana las próximas legislativas, su Gobierno será «moderado, centrista, integrador y reformista». Es una expresión cabalística, más propia del Oráculo de Delfos que de un líder en edad, y necesidad, de merecer.

Eso de la «moderación» se usa mucho en las definiciones políticas al uso. En realidad es un invento socialdemócrata para distanciar su imagen del radicalismo típico del socialismo real y, en Europa, viene siendo un comodín dialéctico de la cristianodemocracia. O de lo que queda de ella. ¿Será ese el sentido «moderado» que Rajoy prepara para su Gobierno venidero?


Si hay algo políticamente inclasificable es el «centro», aunque todos lo usemos como el punto de equilibrio entre la izquierda rabiosa y la derecha rampante; pero, según se desplacen sus puntos de referencia, el centro se mueve como un diábolo por las cuerdas que le guían. El centro es un concepto que solo tiene diáfano su respeto por el Estado de bienestar, esa quimera a la que, por las buenas o por las malas, habrá que ir renunciando.

El deseo «integrador» le honra al líder de la gaviota. Una España compacta, integrada y respetuosa con todas sus peculiaridades personales y territoriales es tan deseable como difícil. Podría, mientras le llega el momento, ejercitarse con la integración dentro de su propia sigla para que ejemplos paradigmáticos, como el de Francisco Álvarez Cascos, no demuestren que el interés de los caciquillos locales se antepone a la voluntad de la mayoría y al éxito de la formación.

Además, «reformista». Tremenda palabra. José María Aznar, en el 93 y el 96, utilizó el concepto y prometió una regeneración democrática que tiró por la borda en el hotel Majestic. Antes, Miguel Roca fundó un partido —Partido Reformista Democrático—, del que fue candidato sin ser militante y no alcanzó, en toda España, los doscientos mil votos, ni un solo diputado, a pesar del despliegue de medios y de notables adheridos. Cuidado con el reformismo, que los tiempos demandan revolución.

Quizá debiera Rajoy revisar las cuatro patas sobre las que espera encaramarse a La Moncloa. Unas son demasiado abstractas y otras excesivamente concretas y, en su conjunto, escasamente diferenciales. Más programa y menos poesía.


ABC - Editorial

Pensiones de urgencia

El Gobierno fijó el 28 de enero como fecha tope para presentar su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. Con ese límite obligó al Pacto de Toledo a acelerar sus trabajos para contar en plazo con un documento sobre sus recomendaciones. Los grupos se quejaron de un «procedimiento de vértigo» forzado por las urgencias de un Ejecutivo apremiado por nuestros socios europeos y por la necesidad de calmar a los mercados. Y tienen razón. Las prisas del Gobierno han condicionado los trabajos y han dificultado un consenso, que finalmente no se ha dado por primera vez. La Comisión del Pacto aprobó ayer sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG. El documento, sin embargo, plasma también las desavenencias de fondo planteadas por los populares en asuntos fundamentales como la edad de jubilación. El texto tampoco cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado, y rechaza la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar «sin la consulta y el debate» previo del Pacto de Toledo.

El texto peca, por tanto, de una ambigüedad medida que dará al Gobierno un margen de maniobra para actuar en los aspectos más polémicos, lo que acentuó el escepticismo de los grupos sobre cómo se plasmarán las recomendaciones en el proyecto de ley. Estas dudas parecen más que justificadas porque el propio Rodríguez Zapatero ya anunció hace unos días que sacaría adelante la jubilación a los 67 años de forma progresiva y con «factores de flexibilidad razonables», aunque no existiera consenso. La impresión generalizada es que el Ejecutivo tiene su propuesta ya elaborada, con las directrices más o menos conocidas –jubilación a los 67 años y periodo de cálculo de 20 o 25 años– y que los postulados del Pacto de Toledo serán abordados casi como un trámite que cumplir. Otra prueba de cómo los socialistas son arrastrados por los acontecimientos y de que sus políticas son un mix de improvisaciones y urgencias, lo que ni genera confianza ni tampoco estabilidad.

España necesita cambios en su sistema de pensiones. El actual es insostenible. Una fórmula de reparto como la nuestra, sumada a una estructura demográfica condicionada por el envejecimiento acelerado de la población, depara una ecuación imposible y nos aboca a un colapso irremediable. Esa emergencia demanda altura de miras de los grupos políticos y perspectiva para legislar con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones. Por eso, el consenso ha resultado siempre imprescindible por encima de coyunturas y estrategias partidistas. Que Zapatero haya dejado transcurrir el tiempo para afrontar a contrarreloj un debate de tanta trascendencia ha sido una irresponsabilidad más. Que contemple sacar adelante la reforma sin el principal partido de la oposición será otro grave error. La impresión es que las prisas pueden llevar a la precipitación y ésta a los errores. Las pensiones no admiten parches, sino intervenciones con rigor y alcance. Y eso es lo que cabe exigir al Gobierno y a la oposición.


La Razón - Opinión

El Pacto de Toledo, el pacto de la irresponsabilidad

Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo-, no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento el retraso en la edad de jubilación que ahora no se atreven a recomendar en el Pacto de Toledo.

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha aprobado por mayoría sus recomendaciones para la "reforma" de las pensiones, con la oposición de ERC, IU, ICV y BNG. Estos partidos de izquierda han justificado su negativa a suscribir las recomendaciones del informe alegando que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma de las pensiones que desea sin incumplirlo.

El problema, sin embargo, está en que el texto es, efectivamente, tan sumamente ambiguo que el Gobierno podría incluso no hacer reforma alguna, también sin incumplirlo. Nos referimos, naturalmente, a una reforma encaminada a evitar –y no a adelantar– la quiebra del ineficiente y coactivo sistema público de pensiones que padecemos, que es a lo que se supone que iban dirigidas estas recomendaciones. Y lo decimos porque de las 21 que integran el informe de marras, las únicas que concretan y se comprometen a algo son las dirigidas a solicitar la ampliación de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años. Eso, por no hablar de las recomendaciones encaminadas a estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones.


Como ven, todas estas sugerencias, y otras que nos dejamos en el tintero, lejos de solucionar o de paliar el problema de nuestro sistema de pensiones, no vendrían sino a agravarlo. Y es que el problema no es otro que el hecho de que cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas), por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados.

Se supone que, ante este problema, las recomendaciones de reforma para hacer sostenible el ineficiente sistema público de reparto, al contrario de las señaladas, deberían de pasar por reducir la cuantía de las pensiones y por retrasar el momento de su percepción. A ello iban dirigidas, aun de manera insuficiente, las propuestas de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 15 a los últimos 20 años de vida laboral, o la de retrasar la edad de jubilación a los 67 años de edad.

Sin embargo, ninguna de estas dos medidas, o de naturaleza parecida, ha sido incluida en el informe que nos ocupa. La recomendación que más se aproxima a una de ellas es la que se muestra favorable a algo tan bochornosamente ambiguo como que el cómputo de la pensión "se modifique para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajo". ¿Y esto cómo se traduce o se cifra?

En cuanto, a lo del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, ni se mienta. A este respecto, y dentro del bochornoso espectáculo que ha vuelto a dar nuestra clase política en la Comisión del Pacto de Toledo, especialmente vergonzosa ha sido la actitud del PSOE: mientras Zapatero había anunciado una voluntad firme de aplazar la edad de jubilación "con todas sus consecuencias", este miércoles el grupo socialista lo ha rechazado. Su portavoz en la citada comisión ha tratado de justificar semejante espectáculo diciendo que "creemos que la edad legal de jubilación debería alargarse a los 67 años pero ponemos en valor, por encima de todo, el alcanzar un consenso aquí en el Pacto de Toledo".

El caso es que el retraso de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de las pensiones no es tanto una opción de Zapatero, como una exigencia tanto del propio sistema público de pensiones como de Bruselas. Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo– no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento lo que ahora no apoyan como recomendación en el Pacto de Toledo. Eso, o arriesgarse a que nuestros socios nos expulsen del euro, por no hablar de las consecuencias devastadoras que también tendría no hacerlo para el sistema de pensiones a un, cada vez más menguante, largo plazo.

Lo que queda patente, en cualquier caso, es la ilimitada irresponsabilidad de una clase política que no tiene más fijación que el cortoplacista cálculo electoral, sin importarle las devastadoras consecuencias que ello tenga incluso para el ineficiente y coactivo sistema de reparto por el que dice abogar.


Libertad Digital - Opinión

«Pensionazo» a la fuerza

El Gobierno apura ante su último año de mandato la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis.

LA Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer una serie de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones sin un consenso preciso y elaborado sobre los principales aspectos de este pilar del Estado de bienestar. La prolongación o no de la edad de jubilación y del cómputo de la vida laboral necesaria para cobrar una pensión discurre por el documento parlamentario envuelta en fórmulas muy genéricas, sin que finalmente se sepa a ciencia cierta cuál es la opción defendida por la Comisión. Las consideraciones generales sobre la conveniencia de reformar el sistema de pensiones dan al Gobierno el argumento suficiente para tener por cumplido el trámite del debate previo en este órgano y por concedido el aval para hacer lo que ya tiene decidido hacer el próximo 28 de enero: prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años, salvo las excepciones apropiadas a trabajos penosos, y ampliar el plazo mínimo de vida laboral para percibir pensión. El debate sobre estas cuestiones no tiene intriga alguna sobre cómo finalizará. De hecho, Zapatero ya anunció en Bruselas —donde se alecciona al Gobierno sobre su política económica— que la edad de jubilación aumentaría dos años. Por tanto, el loable esfuerzo de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo no se corresponde con la atención que va a prestar el Gobierno a sus recomendaciones. Y esta desafección es una mala noticia, porque las pensiones eran la única materia sobre la que existía realmente un pacto de Estado y así debería seguir siendo. El problema de este consenso blando alcanzado en la Comisión es que se produce pese a la coincidencia casi unánime de los grupos políticos sobre la inviabilidad financiera del sistema de pensiones en sus condiciones actuales. Una vez más, la falta de una agenda política hecha con rigor responsabiliza al Gobierno de que las medidas necesarias para salir de la crisis no se tomen a tiempo, de forma planificada y con el acuerdo político suficiente para comprometer también a los ciudadanos, a los que se les priva de un mensaje constructivo sobre la razón de los sacrificios.

El Gobierno apura así ante su último año de mandato efectivo la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis. Medidas inconexas que comenzaron siendo unos derroches de gasto público para terminar asaltando los bolsillos de los españoles y recortando el estado de bienestar como nunca antes en treinta años de democracia.


ABC - Editorial

miércoles, 29 de diciembre de 2010

Prensa de papel. Periodismo y democracia. Por Agapito Maestre

Una solución podría ser mimetizar a los grandes semanarios alemanes, pero creo que es más realista (sic) crear una prensa de elite, dirigida a los mejores.

Casimiro García-Abadillo, en El Mundo del lunes, meditaba con nostalgia sobre el futuro del viejo periodismo. Digo con nostalgia, porque resulta casi imposible distinguir el yo del periodista, del vicedirector de un periódico nacional importante, de la cuestión tratada que, al final, no es otra que la viabilidad del periodismo de papel en España. El análisis, no obstante, quiere ser objetivo; incluso se levanta acta de la desaparición reciente de una cadena de TV dedicada únicamente a la información, se cita un trabajo de Paul Starr sobre el oscuro futuro de la prensa de papel y, finalmente, da razón de un documento elaborado por el Nieman Jounalism Lab sobre la crisis del negocio periodístico.

Aunque García-Abadillo lo intenta una y otra vez, no consigue separar en su largo y sustancioso artículo su forma de pensar, que va a la cosa casi de modo directo, el fin del viejo periodismo, de su peripecia personal en el diario que sustenta su texto. Es como si tuviera la mosca detrás de la oreja. Es como si sintiera que el dueño de la cosa le apremia a vender más periódicos. Es como si alguien le moviera el suelo sobre el que vive un gran periodista. Las apelaciones de García-Abadillo al "gran futuro que tiene por delante la presa de papel" son, en mi opinión, más de orden sentimental que argumentativo.


La preocupación sobre la subsistencia del periodista prima sobre la calidad de la argumentación. Tanto es así que llega un momento que García-Abadillo reconoce que su gran "preocupación es por el periodismo, por una profesión que corre grandes riesgos en estos momentos de confusión, frivolidad y disparate". Hay en el artículo del amigo Casimiro mucha honradez, pero también más deseo que análisis, más corazón que razón; en mi opinión, sería mejor hacer propuestas concreta sobre cómo sacar adelante una prensa rigurosa escrita en papel que regodearnos en los deseos. He aquí la mía para no caer en lo criticado: una solución podría ser mimetizar a los grandes semanarios alemanes, pero creo que es más realista (sic) crear una prensa de elite, dirigida a los mejores, o sea optar por un periódico de muy alta calidad, tirada pequeña y publicidad muy cara.

Los equipos, naturalmente, tendrían que ser muy coherentes, es decir, no puede haber un periodista excelente haciendo crítica de cine y un obtuso encargado de la política nacional, o viceversa. Los profesionales tienen que estar muy bien pagados; y, por supuesto, el periódico no puede pasar de 32 páginas. Ahí tiene que estar contenido lo decisivo y determinante de un país. Tiene que ser, en fin, un periódico de excelentes para crear excelencia.


Libertad Digital - Opinión

La factura ecológica. Por Gabriel Albiac

Aquellos bucólicos ecologistas, tan monos ellos, vuelven a mi memoria cada vez que me llega la factura eléctrica.

SUS devotos lo llamaban «el rey Ludd», King Ludd. Puede que, en realidad, ni haya existido aquel legendario Ned (otros dicen que John) Ludd sobre cuya leyenda cristaliza, en el final del siglo XVIII, la primera investidura del santoral obrero que marca al naciente socialismo, antes de que Karl Marx haga añicos sus ensoñaciones. Existieron los ludditas, en todo caso. Fueron una expresión extrema de la desesperación que produce siempre ver desaparecer el mundo propio. Y no saber qué hacer con el que ya lo ha reemplazado. Soñar —o alucinar, no hay tanta diferencia— con invertir el giro despiadado de los relojes ha sido siempre uno de los más conmovedores anhelos humanos. Y el más trágico. Walter Benjamin, al final de su vida, le daba imagen grandiosa en el absurdo de los revolucionarios que disparan contra los relojes de las torres. Pero el tiempo es más despiadado que cualquier bala.

La idea de los ludditas, a partir sobre todo de 1811, era de una emotiva sencillez: las máquinas destruyen el bello saber hacer del artesano; destruyamos las máquinas. Lo hicieron. A lo largo de dos décadas, en los telares mecánicos cifraron ellos la huella de Satán contra los hombres. Nottingham, Lancashire y Yorkshire vivieron una guerra civil que dio al ejército británico más ocupación que las guerras napoleónicas. Del saldo deja melancólica cuenta Marx en la sección cuarta del libro I del Capital: «La destrucción masiva de máquinas en los distritos manufactureros ingleses durante los 15 primeros años del siglo XIX, a consecuencia de la explotación del telar a vapor, ofreció, bajo el nombre de movimiento luddita, al gobierno el pretexto para aplicar las medidas represivas más reaccionarias». Con las máquinas, los ludditas destruían la única posible fuente de supervivencia obrera.


Así nosotros. Nuestro mundo vive, desde el inicio de los setenta, en la certeza de que el petróleo no puede seguir siendo la base energética del planeta. Monopólico, caro, insuficiente, es una fuente de energía llamada a extinguirse, a la manera en que dejó de ser rentable el carbón. Y no existe más que una alternativa racional al petróleo: las centrales nucleares. A nuestro lado, Francia, que apostó por ellas, posee la electricidad más barata de Europa. Y no depende de nadie. Nosotros dependemos de Francia que nos vende esa electricidad nuclear, de la Argelia en permanente amenaza islamista y de la gangsteril Rusia de Putin, que nos venden gas y crudo, además, claro está, de la compartida dependencia mundial respecto de las atroces tiranías que controlan el petróleo del Golfo.

La peculiaridad es que aquí el desarrollo de las centrales nucleares lleva tres décadas paralizado. Desde que ETA consiguió, con el asesinato de Ryan y el cierre de Lemóniz, la mayor victoria de su historia, tal vez la única. Y nuestra mayor ruina.

Allá por los setenta les reíamos las gracias a aquellos bucólicos ecologistas, tan monos ellos, con sus florecillas y sus infantiles carteles de «¡Nuclear no!» Treinta años después, vuelven a mi memoria cada vez que me llega la factura eléctrica. No con una sonrisa. Dice el clásico que quien quiere hacer el ángel acaba haciendo el bestia. Y alguien paga. ¿Quién? Nosotros.


ABC - Opinión

Navegante. La elusiva propiedad intelectual. Por Daniel Rodríguez Herrera

Resulta ingenuo pensar que eso vaya a cambiar por más leyes que se aprueben, a no ser que se destruya la red y se convierta en otra cosa, un paso que seguramente muchos gobiernos desearían dar, pero que parece difícil que se atrevan a tomar.

En la raíz de la Ley Sinde y todo el debate que ha generado está la lucha por los derechos civiles, que incluyen un proceso justo, sí, pero principalmente sobre el discutido y discutible derecho a la propiedad... intelectual. No deja de ser gracioso que algunos de los artistas que más rojos se proclaman y más dispuestos están a discutir el derecho a la propiedad luego aseguren, sin embargo, que se les está robando el pan de sus hijos mediante descargas por internet.

La mayor parte de nosotros, en cambio, tiene claro que robar es robar, y que coger cosas del supermercado sin pagarlas está mal. En cambio, no tenemos tan claro que sea un crimen descargar pelis o canciones de internet. Cuando cogemos algo de una tienda o se lo quitamos a alguien, ese objeto deja de estar ahí: su dueño no podrá hacer ya uso de él. Si acudimos al médico y nos vamos sin pagar, el tiempo que éste ha empleado en nosotros no lo podrá recuperar jamás. En cambio, nadie deja de tener la canción que nos bajamos de la red.

Con esto no quiero decir necesariamente que no exista derecho a la propiedad intelectual de las obras artísticas o las invenciones; simplemente hay que entender que es de una naturaleza esencialmente distinta al derecho de propiedad, digamos, tradicional. De ahí que sean tan ridículos esos anuncios del tipo "no robarías un coche, no atracarías un banco, pero eres tan joputa que te descargas pelis". Pues no, chico, aunque pienses que está mal bajarse cosas, nadie cree que un tipo sea mala persona por hacerlo, a no ser que tengas intereses propios en el asunto, claro.


El derecho de propiedad se puede estudiar como los derechos de uso y exclusión sobre un bien que poseamos. Es decir, que podemos usarlo como queramos y que además podemos impedir a otros que lo usen. El problema con se han encontrado en el nuevo siglo las diversas industrias del entretenimiento es que están perdiendo esa capacidad de excluir a quien no pague, porque para eso está esa biblioteca universal que es internet. Y resulta ingenuo pensar que eso vaya a cambiar por más leyes que se aprueben, a no ser que se destruya la red y se convierta en otra cosa, un paso que seguramente muchos gobiernos desearían dar, pero que parece difícil que se atrevan a tomar.

No obstante, el problema al que se enfrentan las industrias no es nuevo. Existen muchos otros bienes y servicios que padecen del mismo problema y cuyos productores han buscado soluciones. Por ejemplo, la televisión. ¿Paga usted por ver Gran Hermano? No, lo hacen sus anunciantes. Y una vez que está en las ondas lo puede ver cualquiera, y Telecinco no podría hacer nada por evitarlo aunque quisiera. La diferencia estriba en que no se comercializa del modo habitual, pagando un precio fijo a cambio de un bien o servicio concreto, sino por otras vías menos directas.

Yo estoy suscrito a Spotify porque me merece la pena, la verdad. Sé que no tiene un catálogo universal y cuanto más lo uso más música echo en falta, pero cumple con la mayoría de mis necesidades por cinco euros al mes. Seguramente si me ofrecieran buenos precios por servicios parecidos o de alquiler o de descargas de pago a precios bajos me apuntaría por la comodidad que supone. No sería el único.

Del mismo modo que para prosperar hay que respetar la propiedad, para ser un país puntero posiblemente haya que respetar la propiedad intelectual. Parece claro que todos tenemos claro que algunos derechos de este tipo existen, como el del reconocimiento a que una obra o un descubrimiento es tuyo y no del vecino que lo ha cogido y le ha plantado su nombre. Pero saber hasta dónde llegan será una de las grandes discusiones de este siglo y, la verdad, no me siento capaz de llegar a una conclusión. Espero que sepan perdonarme.


Libertad Digital - Opinión