sábado, 31 de julio de 2010

El «caso» Couso. Por Hermann Tertsch

Seamos claros. El caso Couso ha sido una manipulación de los sentimientos de la familia para la agitación del izquierdismo radical.

El juez Santiago Pedraz quiere que Obama le entregue a tres militares norteamericanos para juzgarlos por supuesto asesinato del cámara de Telecinco José Couso. Pide su busca y captura e ingreso en prisión para su extradición a Madrid. Y dicen nuestras televisiones socialistas que ahora con este presidente progresista en la Casa Blanca quizás pueda lograrse. Es decir, que Washington extradite a España a tres militares compatriotas para ser juzgado por la muerte de un reportero español que se hallaba en zona de combate. Cuanto más sectarios, más paletos y ridículos son algunos. Washington, que no ha repatriado a un periodista que fue voluntario a Irak, sino a muchos miles de soldados que fueron a cumplir con su deber, podría estar aburrido del caso. Jamás hará lo que le pide Pedraz. Con todo el respeto a la familia que tiene todo el derecho a enfocar su luto como quiera y buscar consuelo en lo que consideren justicia. Y comprensión para su reacción de sentirse «pletóricos» y «entusiasmados» por la decisión del juez. Seamos claros. El caso Couso ha sido una manipulación de los sentimientos de la familia para la agitación del izquierdismo radical.

Esta columna no me va a granjear amigos. Y sé que muchos seguirán manteniendo que los soldados norteamericanos, en un blindado en pleno combate urbano y atacados por los iraquíes, sólo pensaban en cómo matar a un periodista español de izquierdas. Que lo piensen unos adolescentes «antiimperialistas» es lógico. Que lo piense el juez es un disparate. Couso fue a una guerra en la que, como en todas, cualquiera puede morir. Como murieron Julio Anguita y Julio Fuentes. Ni en el caso de los dos citados o los periodistas muertos en los Balcanes se buscó otro culpable que la guerra. ¿Por qué? Porque las balas no eran norteamericanas. Dejémonos de majaderías.

ABC - Opinión

Cataluña. ¿Por qué los nacionalistas hacen lo que quieren?. Por Maite Nolla

Tal y como está la sociedad en Cataluña hoy en día, los nacionalistas ya tienen el terreno ganado por la abstención bestial, el abandono socialista y la automarginación del PP.

Porque gobiernan y cuando no gobiernan o gobiernan con otros, siguen teniendo mayoría. Y donde no tienen mayoría son decisivos. Así, mientras éstas sean las reglas que, como se suele decir, nos hemos dado, vayan haciéndose a la idea de que la cosa va a ir a peor, porque hace tiempo que rompieron la barrera psicológica, si es que alguna vez la tuvieron. Podemos tener la convicción de que los nacionalistas son minoría y que si el PSC sacara los resultados de las generales en las autonómicas la cosa sería diferente; o simplemente si el PSOE se presentara en Cataluña. También podemos reprochar que el PP a lo único que aspire sea a no perder los pocos escaños o los menos concejales que perdió en las anteriores elecciones, y que eran menos que los de otras anteriores y que les dé igual. Pero eso son conjeturas y opiniones, aunque basadas en indicios como el de la diputación de Lérida. Allí ERC gobierna con tres diputados porque los socialistas, que tienen más de diez, les han entregado el poder. Y cuando ERC gobierna, ¿qué es lo que hace? Pues quitar la bandera española de la fachada el día que se publica la sentencia del estatuto. Y saber que son una minoría que gobierna sin votos y sin diputados no les reprime lo más mínimo. Lo que les quiero decir es que lo que fomenta el independentismo no es recurrir al Constitucional, ni tampoco que se dicte una sentencia miedosa que se queda en una quinta parte de lo que debió ser. Lo que fomenta el independentismo es que el independentismo gobierne y apruebe normas cargadas con su ideario.

Respecto a la prohibición de las corridas de toros, es cierto que no es estrictamente un debate identitario, pero es que nada lo es. En el parlamento de Cataluña cuando se aprueba una regulación sobre algo tan poco identitario como la vivienda, le ponen la pegatina de "nacional" y ya lo es. Ni siquiera algo tan identitario como la lengua tendría por qué ser algo identitario. El catalán no es la lengua de los nacionalistas, el catalán es de todos los que lo hablamos, algo que no todos los nacionalistas pueden decir. Y prueba de que no siendo los toros una cuestión de identidad nacional los nacionalistas han querido prohibirlos más por lo español que por lo animal, es que han actuado como hacen con todo lo demás: con el rodillo. Tal y como está la sociedad en Cataluña hoy en día, los nacionalistas ya tienen el terreno ganado por la abstención bestial, el abandono socialista y la automarginación del PP. Así los nacionalistas no tendrían ninguna necesidad ni de prohibir los toros, ni de multar por rotular en castellano, ni de obligar al doblaje de películas; pero lo hacen. Y lo hacen porque pueden y porque les hemos dejado.

Libertad Digital - Opinión

Corbacho y la relatividad. Por M. Martín Ferrand

La fórmula Zapatero para enfrentarse a un problema socialmente angustioso solo satisface al PSOE.

LLAMARLE «reforma laboral» a lo que es, en el mejor de los casos, un abaratamiento del despido denota las manías de grandeza y el rechazo al conflicto que inspiran la política del Gobierno, se gasta José Luis Rodríguez Zapatero y nos perjudican a todos los demás. ¿Tiene alguna utilidad práctica, especialmente en lo que respecta a la creación de empleo, la norma que, con la abstención de CiU y PNV y la oposición conjunta de la izquierda y el PP, ya está camino del Senado y, si todo va bien, entrará en vigor cuando lleguen los turrones?

Cuando Albert Enstein publicó su Teoría General de la Relatividad fueron muy pocas la personas, incluso en los ámbitos de la ciencia, capaces de entender la formulación del sabio alemán. Un periodista londinense acudió en solicitud de ayuda al astrofísico británico Arthur Eddington, que acababa de publicar un trabajo sobre el asunto. ¿Es usted —le preguntó el colega— una de las tres únicas personas en el mundo capaces de entender la teoría de Einstein? Sir Eddington permaneció en silencio un largo rato y, después, le dijo a su entrevistador: «Perdóneme, pero estoy intentando pensar quién puede ser esa tercera persona». Si algún reportero contemporáneo se hubiera dirigido ayer a Celestino Corbacho, que sigue siendo ministro de Trabajo —¡palabra!—, para preguntarle si él es una de las tres personas capaces de interpretar el pensamiento que, al respecto, ilumina a Zapatero se hubiera repetido la escena anterior; pero el ex alcalde de Hospitalet hubiera modificado cuantitativamente la respuesta del inglés: ¿Quiénes son los otros dos?


Como la actualidad, bendita sea, tiende a resultar impertinente con sus protagonistas, el Instituto Nacional de Estadística, continuador en función y rigor del que hace más de siglo y medio fundo el general Ramón María Narváez, presentó ayer su trimestral y reveladora Encuesta de Población activa, la EPA. En junio, el número de parados ascendía en España a 4.654.500 personas: el 20,09 por ciento de la población activa. Más dramático todavía: el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro es de 1.308.300. Los números cantan y estremecen. A pesar de ser el país con más paro de toda Europa, la fórmula Zapatero para enfrentarse a un problema socialmente angustioso y económicamente dinamitador son los paños calientes y, como acaba de verse en el Congreso, solo satisface (?) al PSOE. Tampoco cuenta con la aprobación de los crecientemente insatisfechos «agentes sociales», la patronal del líder en situación concursal y los sindicatos que dicen ser representativos de quienes no les han elegido.

ABC - Opinión

¿Y por qué los bancos centrales no son sometidos a un ‘stress test’?. Por Carlos Sánchez

Un viejo chiste sostiene que la economía es la única ciencia -démosle el beneficio de la duda- en la que dos autores pueden recibir el mismo premio Nobel por decir justamente lo contrario. Esta aparente contradicción puede explicar que ahora sean los bancos centrales -cuya capacidad para prever el pasado es extraordinaria- quienes juzguen la solvencia de las entidades de crédito, como si no tuvieran nada que ver con la situación del sistema financiero. Como si su estrambótica política monetaria durante años hubiera sido ajena a lo que ha sucedido desde agosto de 2007.

Tirar de hemeroteca puede parecer de mal gusto en una situación como esta, pero no estará de más recordar que ya en abril de 2007 -meses antes del primer episodio grave de crisis- el Informe de Estabilidad Financiera del FMI advertía que de la mano de las hipotecas basura de EEUU se estaba larvando un incremento de los riesgos de crédito. Sostenía el FMI, y aquí está lo relevante, que el relajamiento de las normas crediticias (la función básica de un banco central al margen de la emisión de dinero) no se podía circunscribir a las hipotecas de alto riesgo, y que por lo tanto todo el sistema financiero pudiera estar contaminado de activos más falsos que un duro de madera, que se decía antes.


El Fondo Monetario Internacional daba una cifra escalofriante. En apenas un decenio (de 1995 a 2005) se había triplicado el flujo de inversiones transfronterizas. Hasta alcanzar una cifra verdaderamente espectacular: 7 billones de dólares, el 15% del PIB mundial. A pesar de eso, y como se sabe, las autoridades instrumentaron una política monetaria extraordinariamente laxa.

¿Y qué hicieron los bancos centrales europeos ante la nula aversión al riesgo por parte de los agentes económicos? Pues simplemente nada. Mirar hacia otro lado. Veamos el caso español. El Informe de Estabilidad Financiera publicado por el Banco de España en mayo de 2007 decía de manera cándida que “el sistema financiero internacional ha mostrado una notable capacidad de resistencia ante la concreción de episodios adversos”. El informe, al menos, reconocía “ciertos retos”, como los elevados desequilibrios globales, los riesgos geopolíticos y los derivados de potenciales variaciones en la percepción del nivel de riesgo, así como el creciente nivel de apalancamiento de los hedge funds y de las operaciones de private equity.

El vaticinio

Pelillos a la mar, venía a decir el banco central en otra parte del informe. Según el Banco de España, a mediados de 2007 la corrección bursátil, que ya por entonces comenzaba a sacar la patita, “no parece que vaya a afectar de forma significativa a las entidades de depósito españolas, dada su reducida exposición al riesgo de mercado {inmobiliario]”. Y en un ejercicio de economía-ficción aventuraba.

“A medio plazo (sic), dichas entidades continúan mostrando una muy elevada capacidad de generación de resultados y de recursos propios y, por tanto, de resistencia frente a perturbaciones inesperadas domésticas o internacionales. El escenario central”, continuaba “con una elevada probabilidad continúa siendo el de un cambio suave y progresivo de modelo de negocio desde el inmobiliario hacia otros segmentos, en consonancia con un escenario macroeconómico de desaceleración en el precio de la vivienda y en la actividad inmobiliaria en favor de la inversión en bienes de equipo y las exportaciones”. Vamos la arcadia feliz, que diría un clásico.

Sería un ejercicio de ventajismo político juzgar al Banco de España a la luz de lo sucedido posteriormente; pero lo que está fuera de toda duda es que desde 2007 se ha impuesto una política de paños calientes que sólo ha hecho demorar la salida de la crisis. Y en este sentido cabe interpretar los resultados de las célebres pruebas de esfuerzo, que vienen a decir que aquí no pasa nada. Ni en España ni en ningún otros país. Hasta la banca griega está a salvo del diluvio.

El economista Robert J. Shiller, recordaba recientemente unas declaraciones de Martin Čihák, del Fondo Monetario Internacional, quien en julio de 2007 informó de un hecho asombroso a la luz de la historia. De los 47 bancos centrales que publicaron aquel año informes sobre la estabilidad financiera, “prácticamente todos” ofrecieron una “evaluación en conjunto positiva de su sistema financiero nacional”. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Simplemente porque no tenían ningún incentivo a destripar los agujeros del sistema.

Un agujero económico

«La regulación macroprudencial debe hacerse a nivel supranacional, aún a costa de las soberanías nacionales. Las pruebas de stress hubieran sido creíbles si en lugar de hacerlas los bancos locales las hubieran realizado el BIS o el FMI.»

¿Qué hubiera ganado un banco central con airear ante el público las vergüenzas de algunas de sus entidades? Simplemente, nada. Incluso en la situación actual habrían perdido dinero ya que los bancos centrales –a través del BCE- son ahora quienes compra deuda pública de sus países, mientras que los gobiernos avalan sin cesar todos tipos de emisiones privadas (unos 64.000 millones de euros en el caso español). Una caída generalizada del valor de sus activos, por lo tanto,les provocaría un roto en sus cuentas de resultados (que también las tienen, aunque a menudo se olvide).

Es por esto por lo que la regulación macroprudencial debe hacerse a nivel supranacional, aún a costa de las soberanías nacionales. Las pruebas de stress hubieran sido creíbles si en lugar de hacerlas los bancos locales las hubieran realizado el BIS o el Fondo Monetario.

No es necesario recordar que el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) -el encargado de presentar los resultados a niveles europeo- únicamente es un órgano coordinador, pero con nula capacidad ejecutiva para ordenar una determinada metodología de análisis del riesgo.

Como dice los folletos informativos, es verdad que rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros, pero con ese acervo a sus espaldas no es fácil creer que las pruebas de esfuerzo se hayan hecho con criterios exigentes, sobre todo en cuanto a valoración del precio del los activos que tienen los bancos en sus balances.

¿Y por qué no? Simplemente por una problema de independencia de los órganos de gobierno de los bancos centrales, contaminados por el poder político hasta límites insoportables. Evidentemente no en todos los casos. Como es obvio, unos son más independientes que otros. El caso del Banco de España es de libro, y no sólo porque el gobernador Fernández Ordóñez haya hecho toda su carrera política de la mano del PSOE. El hecho de que en el Consejo de Gobierno del banco se sienten todavía la directora general del Tesoro y el vicepresidente de la CNMV, dos cargos de designación política, cercena su independencia.

Esta complacencia del poder político con la situación económica puede explicar la obsesión del regulador por culpar de la falta de crédito a la escasa demanda solvente. O dicho en roman paladino. Sostiene el gobernador -y lo volvió a repetir el pasado viernes- que no hay crédito simplemente porque quienes lo piden no ofrecen suficientes garantías a la banca. Si esto fuera verdad estaríamos ante un problema de notable envergadura. Todo el país está en la ruina, porque como señalan las estadísticas sobre concesión de créditos, estamos ante una caída vertiginosa de la financiación a familias y empresas. Y sin crédito, ya se sabe, difícilmente podrán sobrevivir las entidades, por muchas fusiones que se celebren.

Pero no sólo eso. Hasta las propias administraciones públicas estarían al borde la quiebra. Y para llegar a esta conclusión sólo hay que conocer el camino del Gólgota que está sufriendo el Gobierno catalán para obtener 2.000 millones de euros de los mercados. Si es verdad lo que dice el gobernador, la Generalitat forma parte de esa demanda de crédito no solvente, lo cual es verdaderamente preocupante. A eso se le llama algo muy parecido a default.

En realidad estamos ante una simple treta de esas que le gustan tanto al gobernador. No hay demanda solvente simplemente porque el valor de los activos -inmobiliarios y no inmobiliarios- es demasiado alto, por lo que hasta que no haya una caída generalizada de precios difícilmente se va a poder estabilizar el mercado. Puede parecer de Perogrullo, pero una sobrevaloración de activos -la génesis de la crisis actual en forma de burbuja- sólo puede compensarse con una caída generalizada de los precios, y cuanto antes asuman este axioma las autoridades económicas, más rápido se saldrá de la crisis. La banca española seguirá siendo solvente y la más guay del mundo mundial, pero los agentes económicos tendrán que emigrar para lograr un crédito.


El Confidencial - Opinión

La Tigresa. Por Alfonso Ussía

Idoya López Riaño, terrorista sanguinaria amén de putón desorejado, ha sido «acercada» a las provincias vascas. Mas que «acercada», instalada, porque su nuevo domicilio es la prisión alavesa de Nanclares de Oca. Otra homínida etarra, Inés del Río Prada, condenada a tres mil años de cárcel, también disfruta de la bondad de nuestro Gobierno. De Murcia ha sido trasladada a Dueñas, en Palencia. Así no tendrán que hacer tantos kilómetros sus familiares para visitar a su víbora. Ayer, de vuelta de Madrid a los verdes montañeses, pasé por Dueñas y me vino a la nariz un arreón, una pestilencia cochambrosa de coño con cianuro. Veintitrés muertes sobre sus espaldas, que no sobre su conciencia. Y lo mismo se puede decir de la otra, la «Tigresa», una bestia asesina con rostro de actriz de película española que nadie conoce y está ahí porque mantiene relaciones con el productor, el director, el actor de la ceja, el iluminador, el encargado del vestuario y el maquillador. Porque Idoya López Riaño, entre crimen y crimen, se cepilló a la mitad del Goyerri, e incluso a jóvenes guardias civiles que con posterioridad al fornicio, deseaba ardientemente asesinar. Le ponían los «chacurras», como llaman esos seres despreciables a los formidables y heroicos miembros de la Benemérita.

Los beneficios carcelarios de esta pareja de bestias no los entiende nadie, excepto el Gobierno. «Voces contra el terrorismo» y la AVT se muestran heridas y escandalizadas. El Partido Popular va a preguntar al Gobierno, y el PSOE, como siempre, mira hacia otro lado. No se trata de venganza, sino de justicia. Una y otra están empatadas a crímenes con un escalofriante resultado, 23-23. Lo que se mueva detrás de esta decisión gubernamental, es en principio, asqueroso. Inés del Río Prada e Idoya López Riaño tendrían que penar íntegramente sus condenas en la prisión más alejada de sus lugares de origen. Entre una y otra suman cuarenta y seis tragedias para cuarenta y seis familias. Una y otra podrían bailar una rítmica danza vasca saltando sobre cuarenta y seis tumbas. Zapatero llamó a Otegui «hombre de paz», y dispuso que uno de los más sanguinarios terroristas fuera puesto en libertad después de una huelga de hambre que le atemorizó. Zapatero es muy raro, y espero que se hayan dado cuenta de ello. Muy raro con sus simpatías y sus misericordias. De Juana Chaos anda por Irlanda, al amparo del IRA, y no alcanzo a vislumbrar la diferencia que se establece entre ese hijo de la gran puta y las dos asesinas beneficiadas –sobre todo la Tigresa–, en estos últimos días. ¿Se les busca el mismo destino que a De Juana?
No podrán, ni la una ni la otra, por mucha ayuda monetaria que reciban, montar el único negocio que entienden. Un puticlub de carretera. Tanto Idoya como Inés tienen ya más años que la viuda de Sabino Arana.

Las zorras están hechas unos zorros, y aquella belleza malvada de La Tigresa es hoy un canto a la consternación física. El homínido perverso se deteriora más por su maldad que por los años. Lo deseable es que se estropeen hasta que la Justicia, y no la Política, cumpla con su palabra y su condena. Lejos, muy lejos habrían de esperar esta pareja de serpientes la llegada de la libertad que no merecen. El acercamiento es un principio de libertad, y lo que ha motivado ese principio, carece de ellos. Huele mal. Nauseabundo. Este Gobierno sale de una pocilga para meterse en otra. De los toros a las zorras depredadoras. Han ganado las segundas.


La Razón - Opinión

Prohibición. ¿Sólo los toros?. Por Pablo Molina

Todas estas fechorías no sólo han sido consentidas, sino saludadas con aplausos por muchos de los que ahora se declaran ofendidísimos ante el hecho de que José Tomás no pueda cortar sus dos rabos habituales en la Monumental de Barcelona.

Ha resultado interesante leer y escuchar las agudas reflexiones de políticos, intelectuales y medios de comunicación acerca de la última andanada contra la libertad individual lanzada por el tripartito, es decir, por Zapatero, a cuenta de la fiesta de los toros.

Los calificativos han sido todo lo recios que permite el Código Penal, concluyendo prácticamente toda nuestra elite académica, mediática y política en que se trata de una injusticia intolerable que pone en peligro hasta las bases en que se sustenta la ex nación española.

Lo curioso es que toda esta oleada de indignación se haya producido por el hecho de prohibir en Cataluña un espectáculo en claro declive en aquella región al que sólo asiste una fracción marginal de sus habitantes. Se trata del mismo territorio en que la mitad de los ciudadanos no puede educar a sus hijos en su lengua materna, derecho reconocido hasta por la ONU (que ya es ponerse), en que la lengua común de todos los españoles está proscrita en el ámbito público, en que amenazan con multarte si llevas una bandera española en el vehículo con el que trabajas o en el que directamente te multan si no rotulas tu negocio en la lengua vernácula.


La comunidad autónoma que acaba de prohibir los toros es también la que cuenta con una clase dirigente declarada en rebeldía contra el ordenamiento jurídico español a cuenta del nuevo estatuto de autonomía, la misma región que en virtud de esa norma, inconstitucional a todas luces, somete a un vasallaje financiero al resto del país, expolia los recursos comunes a despecho de la solidaridad interterritorial y acaba con la igualdad de todos los españoles consagrada en la constitución.

Es, en fin, el mismo territorio al que un nefasto ex presidente del Gobierno, según el decadente periodista experto en conspiraciones republicanas "el mayor estadista español del siglo XX", y la actual ministra de Defensa han calificado de "nación sin Estado", sin que hasta el momento nadie (salvo esta casa) haya exigido la dimisión de la interfecta o su cese inmediato como ministra del Reino de España.

Todas estas fechorías no sólo han sido consentidas, sino saludadas con aplausos por muchos de los que ahora se declaran ofendidísimos ante el hecho de que José Tomás no pueda cortar sus dos rabos habituales en la Monumental de Barcelona, porque la "España plural" exige este catálogo infame de concesiones para no romper "el consenso". ¿Qué consenso? Desde luego a mí no me han preguntado. Que lo hagan. Que convoquen un referéndum para conocer la opinión de los que tenemos que financiar los caprichos del tripartito aguantando resignados y muy consensuadamente todos sus insultos, entre los cuales la prohibición taurina es tal vez el de menor entidad. Que lo convoquen mañana mismo. Muchos tenemos ya la respuesta preparada.


Libertad Digital - Opinión

Respeto a las víctimas

La falta de transparencia del Gobierno resulta inaceptable después de los graves perjuicios que causó en la confianza ciudadana con la negociación que mantuvo con ETA entre 2005 y 2007.

LA política penitenciaria ha sido un elemento esencial de la lucha antiterrorista, sobre todo la dispersión de presos etarras, que dificultaba las decisiones de la banda en su frente carcelario. La aproximación de presos al País Vasco se venía realizando en casos convenientes para esa política contra ETA y en beneficio de quienes, de forma inequívoca y pública, condenaban o rechazaban la violencia. Lo mismo sucedía con los beneficios penitenciarios y las progresiones de grado. Sin embargo, tras la ruptura de la tregua en 1999 y a partir del pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE, se acordó restringir estas medidas a favor de los presos que dieran muestras de arrepentimiento y resocialización. La reforma penal de 2003, que introdujo el cumplimiento íntegro de las condenas, también incluyó condiciones muy severas para los beneficios penitenciarios. Con estas premisas, es lógica la preocupación de las víctimas por las últimas decisiones que está tomando el Ministerio del Interior en relación con algunos presos etarras, a los que conceden beneficios penitenciarios o trasladan a cárceles del país Vasco. El caso de la sanguinaria Idoia López Riaño ha sido el detonante de todas las alarmas y ha provocado la creación por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de una «comisión de seguimiento» del tratamiento penitenciario que reciben los presos etarras.

La falta de transparencia del Gobierno en esta materia resulta inaceptable después de los graves perjuicios que causó en la confianza ciudadana con la negociación que mantuvo con ETA entre 2005 y 2007. El respeto a las víctimas, el cumplimiento de la ley y la derrota de ETA son las únicas prioridades que acepta la sociedad española. El Gobierno tiene la autoridad para tomar las decisiones que crea adecuadas, pero no serán éticas ni válidas si no respetan la dignidad de las víctimas.


ABC - Editorial

Balance en tonos grises

El balance del primer semestre del año del presidente del Gobierno coincidió ayer con los nuevos datos negativos del empleo en el segundo trimestre del año. De todos los aspectos de la política socialista, sin duda la destrucción acelerada de puestos de trabajo es el más negativo. Durante estos años, la gestión del presidente Rodríguez Zapatero ha sido incapaz de parar una sangría de importantes consecuencias económicas y sociales. La tendencia siguió su curso de abril a junio. El paro subió en 32.800 personas y situó la cifra total en los 4,6 millones, el 20,09 por ciento de la población activa, un nuevo récord en nuestro país. Otra consecuencia de este deterioro ininterrumpido del empleo es que ya hay 1,3 millones de hogares con todos sus miembros en paro. En los datos del Instituto Nacional de Estadística hay, sin embargo, un síntoma si se quiere esperanzador como es que la ocupación registró un fuerte aumento de 82.700 personas, aunque no logró absorber el aumento de la población activa. Es un indicio de que algo se mueve, aunque sea un clavo ardiendo al que aferrarse que no aliviará el horizonte laboral del país para los próximos meses. El presidente del Gobierno habló de «cifras inasumibles» lógicamente, y defendió la reforma laboral como «decisiva para evitar despidos», al tiempo que anunció una profunda reforma de las políticas activas de empleo para modernizar los servicios públicos y apoyar de forma directa a cada parado para que encuentre un puesto de trabajo. No podemos negar que las reformas han supuesto ligeros avances para un mercado laboral pétreo, pero el Gobierno cometió el error de quedarse corto, con intervenciones superficiales y parciales sin atacar la raíz de las rigideces que coartan la contratación. De ahí que Zapatero, salvo algún apoyo condicionado de los nacionalistas, no cuente con respaldo alguno para una reforma que debería aglutinar al menos al principal partido de la oposición.

Zapatero continúa por sexto año consecutivo instalado en la autocomplacencia, sea con una política ideologizada y de izquierdas, sea con otra de recortes sociales y de reformas impuestas desde Europa después de años dedicados a un incontrolado gasto público que liquidó la brillante herencia del PP. El presidente aseguró ayer que el Gobierno está prestando «un buen servicio al país», un titular que ha repetido ininterrumpidamente durante su Legislatura y media con los resultados conocidos de crisis económica, institucional y moral.

El presidente parece aferrado a la hoja de ruta impuesta por Bruselas: «Austeridad, reformas y cohesión social», la misma que el PP reclamaba desde hace tres años, pero con este Ejecutivo las certidumbres no existen. En cuanto a crisis de Gobierno, Zapatero aseguró que no está en la agenda, mientras que de la prohibición de los toros, anunció que respetará la decisión del Parlament para no politizar el asunto. Su prioridad es reconducir las relaciones con el nacionalismo catalán por lo que pueda pasar en el futuro, y en ese proyecto la merma de libertades queda en un segundo plano.

Hace meses defendimos que el tiempo de este Gobierno estaba agotado, su proyecto finiquitado y que la alternancia política era la única salida. Y los hechos han refrendado este criterio.


La Razón - Editorial

Un baño de realidad

La subida del paro en el segundo trimestre rompe las expectativas de crear empleo neto en 2010.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre ha derribado las expectativas del Gobierno sobre una pronta estabilización del mercado laboral. El paro ha aumentado en 32.800 personas entre abril y junio, estropeando así los descensos en el desempleo que registraron las oficinas del Ministerio de Trabajo durante los meses de mayo y junio; la tasa de paro ha crecido en cuatro centésimas, hasta el 20,09%; es necesario recalcar que la ocupación ha crecido (por primera vez desde 2008) en 82.700 personas, pero el aumento de la población activa en 115.000 ha extinguido cualquier posibilidad de crear empleo neto durante el periodo. Además, la buena noticia del aumento de la ocupación pierde fuerza si se advierte que se ha basado en la contratación temporal. El balance es malo; hay ya 4.645.000 parados en España y no se aprecia pulso laboral para crear empleo a corto plazo.

Es difícil templar la decepción que ha supuesto esta EPA. No solo el Gobierno, también los analistas económicos y laborales confiaban en que el segundo trimestre, con el viento de la temporalidad en la popa, registrara una caída del paro y algún signo, siquiera débil, de creación suficiente de puestos de trabajo como para reducir significativamente la tasa de desempleo.


La evolución del paro registrado en mayo y junio alimentaba esa esperanza, ya frustrada. Es un ejercicio inútil excusarse en el aumento de la población activa, porque ya se sabe que conforme vaya mejorando la percepción de la actividad económica, cederá el efecto desánimo y cada vez más personas querrán trabajar. El problema real no es estadístico sino económico. Por más voluntarismo con que se pretenda adornar el tímido crecimiento económico intertrimestral, es insuficiente para activar el mercado de trabajo. Y así se vuelve al diagnóstico enunciado con mucha antelación: la economía española tendrá que convivir con tasas muy elevadas de desempleo (en todo caso, superiores al 17%) al menos hasta el último trimestre de 2011.

Porque los perfiles del tercer y cuarto trimestre de 2010 son peores. Entre julio y diciembre se habrá perdido el impulso de la estacionalidad, los planes públicos de estímulo ya no existen y, lo que es peor, empezarán a sentirse los efectos de los ajustes del gasto público decididos por el Gobierno. Las empresas de construcción han sufrido el primer impacto del ajuste, y están cerrando obras (por tanto, también empleo) a gran velocidad. El hecho de que el 92% de la ocupación creada en el trimestre sea temporal hace temer que se destruirá fácilmente en el tercer y cuarto trimestre. Todo lo que queda de 2010 será malo en este terreno y no se puede confiar ya en que este año se cree empleo neto y baje significativamente el paro.

El presidente del Gobierno declaró ayer que una tasa tan elevada de paro es inasumible. Desgraciadamente, habrá que asumirla; la realidad no se niega con palabras, como ya debería saber. El primer paso para aceptarla sería reconocer que la reforma laboral en curso no tiene calado suficiente para favorecer la creación de puestos de trabajo y difícilmente evitará que haya más despidos. La única esperanza es que la reforma financiera permita que cajas y bancos restauren el caudal del crédito (para las empresas viables y solventes, desde luego) a muy corto plazo. Al Gobierno le queda todavía en la manga un as importante: modificar la negociación colectiva en el sentido de que las empresas, en caso de dificultad evidente y demostrable, puedan negociar directamente con sus trabajadores el cambio de empleo por salarios, sin los corsés de los convenios sectoriales y territoriales. A la vista del empeoramiento del mercado laboral, el presidente haría bien en mostrar la carta con cierta rapidez.


El País - Editorial

La casta política se encierra en su mundo

El PSOE continúa con su táctica de mentir de manera reiterada prometiendo que su confusa reforma laboral logrará volver a crear empleo o que las prebendas a los presos etarras nos acercarán a la paz.

Por mucho que los socialistas de todos los partidos se empeñen en hacernos creer que una sociedad es más avanzada, próspera y libre cuanto más sometida está a los criterios de la mayoría, lo cierto es que la experiencia demuestra una y otra vez que para lo único que sirve el crecimiento del Estado es para crear una casta política que vive a costa del resto de la ciudadanía y que tiene sus propios intereses y su propia agenda para mantenerse en el poder.

Pocas veces habremos tenido los españoles una ocasión más propicia que la actual para darnos cuenta de ello. Desde hace años, nuestra clase política se ha dedicado a desmontar nuestro estado de derecho y a hundir nuestra economía con tal de perpetuar sus privilegios. El PSOE fue el artífice de esta demolición cada vez menos controlada de las instituciones durante su primera legislatura: la aritmética parlamentaria bien valió el pacto con partidos antisistema como ERC o IU, e incluso con la banda terrorista ETA. Iniciada la crisis económica, su hipoteca con los sindicatos y con diversos grupos de presión –por ejemplo, el mal llamado "mundo de la cultura"– lo llevaron a sacrificar nuestra prosperidad manteniendo todo tipo de privilegios y dispendios varios que nuestra economía no se podía permitir.


Pero el problema de estos últimos años no ha sido tanto que el PSOE haya continuado maquinando a la sombra de todos los españoles, sino que el PP, la única oposición que quedaba en este país, también haya terminado por claudicar. Ya sea por el absurdo miedo arriolista de no "crispar" a la izquierda, ya sea porque buscan tender puentes con los mismos nacionalistas antiespañoles con los que ha estado pactando el PSOE o simplemente porque en el nuevo PP tiene más cabida el populismo que el liberalismo, asuntos clave como la inconstitucionalidad del Estatut, la nueva negociación soterrada con ETA o la insuficiencia de las reformas económicas no han sido denunciados por el PP o en todo caso lo han sido con muy poca fortuna.

Ayer se hicieron públicos los dramáticos datos de la Encuesta de Población Activa donde, entre otras escalofriantes cifras, conocimos que el 62% de los jóvenes menores de 20 años no encuentra trabajo. Al mismo tiempo, las víctimas de la Tigresa seguían mostrando su más que justificada indignación por los beneficios penitenciarios que le ha concedido Rubalcaba. Y, pese a ello (o precisamente por ello), el PSOE ha continuado con su táctica de mentir de manera reiterada prometiendo que su confusa reforma laboral logrará volver a crear empleo o que las prebendas a los presos etarras nos acercarán a la paz.

Pero el PP, con Rajoy a la cabeza, tampoco ofrece ninguna alternativa real a estos y otros enormes problemas de los españoles. La denuncia genérica de la desastrosa política económica del Gobierno no sirve de mucho si no va acompañada de propuestas liberalizadoras; y, desde luego, olvidarse "en un acto de partido" de dar apoyo y esperanza a las víctimas de ETA ante las nuevas maniobras socialistas no contribuye a crear una imagen de firmeza frente a las mismas.

Claramente sufrimos una crisis económica a la que se le ha sumado una crisis institucional y los políticos que nos han conducido a ambas parecen estar dedicándose a pescar en estas aguas revueltas. Lejos de buscar solucionar o no empeorar alguno de los gravísimos problemas de los españoles, se empeñan en intensificarlos o en no combatirlos para así alcanzar y mantenerse en el poder. Veremos cuánto más van a poder tensar la cuerda. Como ya advertía Lincoln, "no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo".


Libertad Digital - Editorial

Desempleo y desconfianza

En una economía de mercado no hay posibilidad de impulsar el crecimiento si las empresas no confían en un Gobierno que ha demostrado sobradamente su incapacidad.

EL paro continúa día tras día superando todos los límites imaginables. La última EPA contabiliza 4.645.500 personas sin empleo en el segundo trimestre, de manera que la tasa se sitúa en el 20,09 por ciento. Los resultados del INE desmienten rotundamente el falso optimismo gubernamental, que predicaba todavía en abril Rodríguez Zapatero. Se superan ya en un punto las previsiones para 2010 y desde hace un año más de medio millón de personas se han incorporado a esta situación dramática, ya que la frialdad de los datos no puede ocultar la tragedia humana, familiar e incluso moral que supone la falta de empleo. El nuevo récord negativo ni siquiera queda paliado por el aumento de contratos temporales o por la mejoría coyuntural en determinados sectores. En efecto, nada menos que 1.308. 300 hogares tienen a todos sus miembros en paro, 190.000 más que hace un año. Y eso en el día en que el Fondo Monetario Internacional alertó de «graves» desafíos económicos en nuestro país y consideró «decisivo» actuar con rapidez en las reformas.

En este contexto, la reforma laboral que promueve el Ejecutivo es una oportunidad perdida por su carácter ambiguo y contradictorio. Una vez más, Rodríguez Zapatero pretende salir del paso «como sea», pero la sociedad española sabe que la nueva ley no servirá para crear empleo ni para generar la confianza imprescindible en el ámbito socioeconómico. El PSOE pretende provocar debates artificiales para distraer la atención y favorecer sus maniobras oportunistas; sin embargo, los ciudadanos siguen abrumados por las consecuencias de una crisis que primero se ocultó de forma irresponsable y ahora intenta combatirse con medidas improvisadas y circunstanciales. Pero la retórica no puede ocultar los hechos que nos sitúan —al margen de operaciones de maquillaje estadístico— en casi cinco millones de parados reales. Una y otra vez el PSOE desperdicia la ocasión de afrontar la crisis con seriedad y realismo, porque solo busca apoyos para sobrevivir a base de continuas concesiones. España sufre una tasa de paro insoportable para una economía moderna y desarrollada. Por este camino, la próxima encuesta de población activa puede traer todavía peores noticias porque da la impresión de que el techo del desempleo no se alcanza nunca, entre otras cosas, porque en una economía de mercado no hay posibilidad de impulsar el crecimiento si las empresas no confían en un Gobierno que ha demostrado sobradamente su incapacidad.

ABC - Editorial

Zapatero haciendo equilibrios «Zapatero's balancing act»

Nationalists to the left of him, markets to the right, Spain’s prime minister is in a tricky spot.

HE WAS once considered a political magician, with a sleight of hand that distracted from his country’s problems. But now the circus skill needed by Spain’s Socialist prime minister, José Luis Rodríguez Zapatero, is that of a tightrope walker.

Summer holidays, Spain’s World Cup victory and positive-ish bank stress-test results have granted a lull in the storm that engulfed the country when bond markets turned their gaze from Greece to Iberia. But now Mr Zapatero must pull off a delicate balancing act if he is to stay in power until his second term formally ends in 2012. For the economy to survive, he must please the investors that lend Spain money. And for the government to survive, he must satisfy the Catalan and Basque nationalists who prop up his minority administration.


One false step and Spain risks falling back into the pit of uncertainty, with the most probable outcome early elections in spring. Mr Zapatero’s career, already damaged by his sluggish reaction to the economic woes that have pushed Spain’s unemployment rate up to almost 20%, would also crash. His Socialist Party already trails Mariano Rajoy’s conservative opposition People’s Party (PP) by 10% in the polls.

The first wobble for Mr Zapatero comes with the autumn budget debate. The arithmetic of Spain’s parliament, where the Socialists are seven seats short of a majority, and the decision of fairweather allies in left-wing and Catalan nationalist parties to withhold support, leaves the prime minister at the mercy of the six deputies of the Basque Nationalist Party (PNV).

Aware of its power, the PNV is playing tough. It has helped pass Mr Zapatero’s previous budgets, usually in return for regional investment. But as he is seeing through an austerity package that wipes out €15 billion of spending in two years, Mr Zapatero is hardly in a position to dish out pork. The PNV’s other demands, for more autonomy, may be even harder to meet. “We are ready to take part in political agreements as long as these involve full self-government,” says Josu Erkoreka, the PNV’s parliamentary leader.

This is not a call for independence, but for a range of incremental measures, varying from a right to field Basque sporting teams (at a time when most Spaniards would not look kindly upon the dismemberment of their beloved La Roja world champions) to powers over workforce training and referendums in two tiny enclaves the PNV claims should be Basque. Negotiations will be fraught.

The next wobble could come in October or November, when Catalans vote in regional elections (see article). The nationalist Convergence and Union (CiU) coalition is set to oust a Socialist-led coalition from power. That will call for adjustments to the political balance elsewhere, especially in Madrid.

CiU’s core supporters, anchored in small, family-owned businesses, are suffering as Mr Zapatero tussles with a budget deficit worth 11.2% of GDP and continuing slow growth. Mr Rajoy wants CiU, which is critical of Mr Zapatero’s lukewarm reforms, to help him oust the government. But Mr Zapatero needs CiU’s votes to pass his measures. Once the regional elections are out of the way, therefore, it will have a chance to play the two off against each other and push for further pension, labour and banking reforms. If Mr Zapatero will not go far enough, it knows that Mr Rajoy will.

There are signs that the Spanish prime minister has had a change of heart. In a revealing interview with El País on July 25th, Mr Zapatero admitted that the markets had taught him a lesson. He said that on May 9th he had a sleepless night waiting for the Nikkei to open as Europe’s finance ministers put together a deal to stave off a continent-wide sovereign-debt crisis; not the sort of comment one expects from a Socialist. He also pledged to adopt further reform measures if necessary. But no proposals are likely until after a general strike, on September 29th, called by Spain’s two largest trade unions, who are unhappy with Mr Zapatero’s new-found appetite for reform.

Like its Basque counterpart, however, CiU is likely to be tempted as much by a greater ration of self-government than by another tranche of economic reform. Over 425,000 people joined a rally in Barcelona on July 10th to protest against a constitutional-court decision to strike down some parts of the region’s 2006 autonomy charter and limit others. An unstable Zapatero government offers opportunities that the centralising PP would not. And political instability suits the Catalans: in the past they have got more when Madrid has had a minority government, says Salvador Giner, head of the Catalan Studies Institute.

But if the reform programme stalls and Spain flops back into recession, Catalan and Basque nationalists may abandon Mr Zapatero, making a 2011 election—and a PP government—likely. It is still unclear, however, what a government run by Mr Rajoy would do. The PP leader promises reform, but avoids going into detail. The glee with which his party recently announced it had stopped a rise in electricity charges has caused alarm. They are interventionists, says one glum energy sector executive.

Spaniards have grown used to Mr Zapatero’s showmanship. The first six months of this year, when Spain held the rotating presidency of the European Union, was supposed to be the moment when the prime minister could enjoy the limelight. He did not. If Mr Zapatero fails to pull off his balancing act this time, he may not get another chance.


The Economist

viernes, 30 de julio de 2010

Toros y prohibiciones. Por José María Carrascal

Si los toros tienen que acabarse, que se acaben de muerte natural, con el público no acudiendo a las plazas.

¿Y si esa prohibición de los toros que acaba de decretar el Parlamento catalán devolviera a la fiesta su viejo brillo? No me extrañaría. Lo prohibido tiene un atractivo irresistible, recuerden la manzana que nos costó el Paraíso, y si los catalanes iban a Perpiñán a ver películas eróticas, puede que vuelvan para ver corridas, aunque algunos las tendrán más cerca en Valencia o Zaragoza.
Los toros venían languideciendo en Cataluña —17 corridas este año en la Monumental de Barcelona frente a las cien que llegó a albergar en sus días de gloria—, y no sería la primera vez que unos legisladores demasiado ordenancistas cosecharan justo lo contrario de lo que pretendían.


Aunque, ¿qué es lo que realmente pretende proscribirse de Cataluña? Alegan que una forma de crueldad con los animales. Les creería si los nacionalistas hubieran mostrado igual sensibilidad para la crueldad con las personas, especialmente con las víctimas del terrorismo. ¿Recuerdan a Carod Rovira en Perpiñán, no a ver películas X, sino a algo aún más pornográfico? No creo que haya que ser muy malpensado para sospechar que se intenta desterrar de Cataluña la fiesta nacional española. Como intenta desterrarse cuanto huela a español, empezando por la ñ y terminando por los apellidos. Es una limpieza gramatical, que pronto pasará a las costumbres y terminará en las personas, como ha sucedido allí donde el nacionalismo ha logrado imponer su doctrina exclusivista y excluyente. Lo más curioso es que mientras España se abre, Cataluña, la comunidad española un día más abierta, se cierra; mientras España se pluraliza, Cataluña se restringe; mientras España tolera, Cataluña prohíbe; mientras España avanza, Cataluña retrocede, ya que las comunidades se caracterizan tanto o más por lo que prohíben que por lo que autorizan.

Aquel padre del liberalismo político que fue Voltaire dijo algo que viene a resumir el talante democrático: «No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defendería hasta la muerte su derecho a decirlo». A mí no me gustan los toros. Asistí hace sesenta años a una corrida y me aburrí soberanamente, por lo que no he vuelto. Puede que debiera haberlo hecho, para ver de encontrar lo que muchas personas que admiro definen como su magia. Pero me atraen más mil otras cosas, y la vida es corta. Ahora bien, hay algo que me gusta aún menos que los toros y es que se prohíban las corridas. Si los toros tienen que acabarse, que se acaben de muerte natural, con el público no acudiendo a las plazas, no por la prohibición dictada desde un parlamento, con fuertes connotaciones políticas y clara intención antiespañola.


ABC - Opinión

El test de estrés de ZP: Cataluña y presupuestos. Por José Antonio Zarzalejos

El Presidente del Gobierno tiene que pasar una ITV política similar a los stress test de las entidades financieras. Hasta el momento ha demostrado que en situaciones adversas sabe sobrevivir. Lo acreditó en el último debate sobre el estado de la Nación: en la más absoluta de las soledades parlamentarias no se da por aludido. Mientras, ha conseguido sacar adelante el techo de gasto para los Presupuestos Generales y las reformas para ajustar el déficit, la laboral y la de las Cajas. Ahora se prepara para afrontar la de las pensiones -que hábilmente ha diferido a la recepción de las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo-, que plantea problemas de viabilidad, y está encarando ya los dos episodios que pueden llevarle irremediablemente a segar la vida de esta legislatura u ofrecerle un balón de oxígeno: las elecciones catalanas y los Presupuestos Generales de 2011.

Parece bastante claro que la opción del PSC-PSOE para las autonómicas catalanas es la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Su artículo, a pachas con Felipe González, publicado el pasado lunes en El País (“Apuntes sobre Cataluña”) lanzando un mensaje muy medido a la opinión pública catalana, permite aventurar que la ministra tirará de la lista socialista por Barcelona, lo que lleva a pensar en una remodelación del Gobierno en uno o dos meses.


Chacón es la única líder del PSC que no se ha empantanado con el debate sobre el Estatuto y ha logrado mantenerse a una cierta distancia del “lío de socialistas” (Aznar dixit) en que se ha convertido la tramitación, aprobación e impugnación de la norma autonómica. Las claves del artículo al alimón con Felipe González están encapsuladas pero muy al alcance del entendimiento de los más catalanistas de los socialistas del PSC y, en concreto, de los maragallistas, que habrán encontrado en las expresión “Nación de naciones” -así entienden los firmante a España- evocaciones del impulsor del Estatuto, Pasqual Maragall, firme partidario de esta expresión política de “las Españas” pergeñado por el historiador y ensayista socialista Anselmo Carretero.

"Cueste lo que cueste"

Si, pese a todo, las perspectivas no son alentadoras en las elecciones catalanas -el tripartito se desplomará según las encuestas- la negociación de los Presupuestos tampoco será un camino de rosas. CiU no los votará; la izquierda de IU, ICV, ERC tampoco, y ¿el PNV? Es posible, pero no seguro, y en todo caso a cambio de contrapartidas que pueden resultar tan exorbitantes que dejen en ridículo a Patxi López en Vitoria y tocado del ala el entendimiento entre el PSE y el PP vasco. Los nacionalistas vascos se están haciendo de rogar, quieren mantener como sea su poder local y asegurarse su papel de administradores de la autonomía vasca aun desde la oposición. ¿Está Zapatero dispuesto a darles todo eso? Es posible. Si lo hace, sacará los Presupuestos con daños colaterales muy graves en Euskadi; si no lo hace, habrá que prorrogar los actuales presupuestos y adelantar las elecciones.

Vamos a observar al Presidente en la coyuntura más adversa de cuantas parecen posibles. Será en otoño con la economía sin despegar, con una derrota electoral en Cataluña y con una negociación de los Presupuestos dramática. Test de estrés para Zapatero y su Gobierno que pronto no será el actual sino otro. Y lo peor que es que relativizando como acostumbra, virado como suele, contradiciéndose como es habitual, hasta es posible que pase la prueba de resistencia después de que ya esté descontada su ausencia septembrina en Rodiezmo, testimonio de su alejamiento de los sindicatos.

Si hasta el rabo todo es toro, hasta el último minuto no hay que dar por vencido a un Zapatero que hará “cueste lo que cueste” y lo que “le cueste” por continuar en el poder. Mensaje preocupante para Mariano Rajoy y el PP por muchas que sean las encuestas a su favor. La opinión pública española es volátil y, en muchas ocasiones, imprevisible.


El Confidencial - Opinión

Toros. El motín de Montilla. Por Emilio Campmany

La opinión pública europea sabe hoy que los toros están prohibidos en Cataluña, pero no tiene ni idea de que allí no se puede estudiar en español, cosa insólita que hubiera llamado tanto o más su atención si previamente nos la hubiera llamado a nosotros.

No descubro nada nuevo si digo que esta España de nuestras entretelas es un país mágico. No hace tanto tiempo, Carlos III acometió un sinfín de reformas con la encomiable intención de conducir a nuestro pueblo hasta la modernidad. Una de ellas fue la liberalización del comercio de granos, que produjo un incremento brutal del precio del pan. La actividad reformadora también obligó a aumentar la presión fiscal y el descontento se extendió a todas las clases. Pero el español era un pueblo sumiso, que soportaba con estoicismo este abanico de reformas como podía haber soportado cualquier otro.

Y en esto va el marqués de Esquilache y ordena recortar las capas y que los anchos chambergos se recojan hasta convertirse en sombreros de tres picos. La disposición tenía la finalidad de evitar que los embozados se permitieran toda clase de crímenes sin poder ser reconocidos precisamente por eso, por ir embozados en sus largas capas y ocultos bajo las alas de sus sombreros. Y, sin que se sepa muy bien por qué, el adocenado pueblo español dijo que hasta ahí podíamos llegar y que no había nacido extranjero que le tocara la capa y el chambergo. El motín iniciado en Madrid se extendió a otras ciudades y, aunque pudo ser finalmente controlado, Carlos III no tuvo más remedio que devolver a Italia a su insensato ministro siciliano.


Podría ser que con lo de los toros en Cataluña pasara algo parecido. Allí está prohibido desde hace años estudiar en español, a pesar de ser la lengua materna de la mayoría de los catalanes, y nada ha ocurrido. Tan sólo ha habido protestas aisladas de padres coraje que se han dejado la piel y la de sus hijos tratando de llegar hasta la última instancia por ver si así despertaba la conciencia popular. Nada consiguieron. Y ahora va el Parlamento catalán y prohíbe la fiesta de los toros y se arma la marimorena, dentro y fuera de Cataluña. Es la primera vez que he visto imágenes en televisión de ciudadanos de Barcelona indignados por habérseles prohibido algo enfrentarse a los nacionalistas que llevan lustros imponiendo en las calles su ideario bajo la protección de la policía autonómica.

Me dirán que este asunto de los toros no sólo ha tenido repercusión en España sino también fuera de ella. Es verdad, pero eso ha sido porque dentro se ha organizado el revuelo que otras represiones no han producido. Si, cuando se prohibió enseñar en español en los colegios catalanes, los perjudicados por esa medida hubieran salido a las calles como hoy lo han hecho los defensores de los toros, la atención internacional también se habría disparado. De hecho, la opinión pública europea sabe hoy que los toros están prohibidos en Cataluña, pero no tiene ni idea de que allí no se puede estudiar en español, cosa insólita que hubiera llamado tanto o más su atención si previamente nos la hubiera llamado a nosotros.

No tengo excesivas esperanzas de que la prohibición de las corridas produzca en Cataluña una reacción generalizada contra la represión que esa comunidad sufre como la prohibición de la capa y el chambergo llevó en su día a la revuelta frente al reformismo absolutista. Pero esa rebeldía que la prohibición de la Fiesta ha provocado en algunos catalanes quizá se extienda a los muchos damnificados por la represión nacionalista que Cataluña va acumulando. Al fin, una tenue luz en la oscuridad.


Libertad Digital - Opinión

¡Multas, más multas!. Por M. Martín Ferrand

Produce cierto rubor que el Ministerio del Interior necesite la infracción de los conductores para sobrevivir.

PARECE ser que, en estos días en que unos van y otros vienen de vacaciones, los miembros de la Guardia Civil con responsabilidades de Tráfico mantienen una «huelga de bolígrafos caídos». Vigilan y actúan, previenen y socorren, pero no sancionan. La modernidad les quitó el sable que les dio el Duque de Ahumada, su fundador, y el disgusto laboral y la escasa retribución —por señalar, Alfredo Pérez Rubalcaba— les han privado de las ganas de echar mano al talonario de las denuncias y, con sentido de la disciplina y el deber, no desatienden su tarea, pero tienden a hacer la vista gorda y a perdonar a los infractores los puntos y los euros que merecen su negligencia o su temeridad. Durante el mes de junio de este año, con respecto al del año anterior, las multas han decaído en unas 4.000 al día. Idéntica funcionalidad, pero escasa rentabilidad recaudatoria.

El trabajo de un ministro de Interior es el más duro y difícil de todos cuantos integran las competencias del Gobierno y, entre las muchas miserias que debe asumir y soportar, no es la menor la escasez de recursos con las que le dota el Presupuesto. Aún así, no deja de producir un cierto rubor cívico que el Ministerio del Interior necesite la infracción de los conductores para sobrevivir con las multas y sanciones que puedan imponérseles. A tal punto llega el despropósito que Rubalcaba, la mejor de las cabezas del Gobierno de Zapatero, defiende con la serenidad y solvencia con que un profesor de Química les enseña a sus alumnos la Tabla de Mendeleyev, que la «productividad» de los agentes de la Guardia Civil puede y debe medirse y premiarse en función de las multas que impongan.

Se cuenta que Severiano Martínez Anido, en los años veinte, cuando ocupó el sillón en el que ahora se sienta Rubalcaba, llegó a tener un incidente verbal, de café, con César González Ruano porque éste se atrevió a decir que las chicas que Rafael de Penagos dibujaba para Blanco y Negro eran más delgadas y estilosas, más atractivas, que las de Robert Martínez Baldrich. Pintoresco suceso. Más todavía si se tiene en cuenta que Baldrich, que así se firmaba, era su hijo y su secretario en el Ministerio. Por ahí anda lo de Rubalcaba. La confusión entre el acto de multar y la actitud protectora y vigilante de la seguridad vial es de parecida envergadura a la rabieta de su lejano predecesor en el cargo. Incluso entendiendo la penuria presupuestaria a que nos ha llevado la torpeza del Gobierno en que se integra, es menospreciar a la Guardia Civil. Equipararla a los vigilantes de los aparcamientos de pago que tanto perturban la vida ciudadana.


ABC - Opinión

Supergómez. Por Alfonso Ussía

En alguna ocasión no he tratado a Gómez con la seriedad y el rigor que requiere su personalidad. Me refiero, claro está, a Tomás Gómez, el alto baranda del socialismo madrileño. Lo están acosando desde su propio partido. Se defiende con heroísmo. Ha revelado su secreto. Está hecho de cryptonita, la materia que debilitaba al mismo Superman. Por más que se empeñen Zapatero y Blanco, contra Supergómez no hay otra solución que el cañonazo a dos metros. Resiste como un héroe las embestidas de sus compañeros. Cosas de las encuestas. En el PSOE consideran que Gómez no tiene entidad para enfrentarse a Esperanza Aguirre. Ignoran el secreto de su cryptonita, y los votantes, es decir, los habitantes de la Comunidad de Madrid, también ignoran a Gómez. Se mantiene gracias a dos mujeres que suman muchos valores. Leire Pajín y Maru Menéndez. De la primera saben todos los españoles. De la segunda, sólo algunos madrileños. Es la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Discípula de Demóstenes y Castelar, cuando abre la boca tiemblan los escaños del Partido Popular. Además, tiene empaque y majestad en los andares, como Morante de la Puebla en chica.

De lo que se trata es de defender a Supergómez y hacerle sentir el cariño y el apoyo de los que nunca le vamos a votar. Por encima de las ideas vuelan las admiraciones. Para mí, que Supergómez, al que Zapatero tilda indirectamente de numantino, representa a las mil maravillas la figura heroica del Dos de Mayo rimada por Bernardo López García: «Siempre en lucha desigual,/ cantan tu invicta arrogancia,/ Sagunto, Cádiz, Numancia,/ Zaragoza y San Marcial». Párrafo estremecedor de la guerra anglo-zulú que nos regala el coronel Samuel Higgins en su obra «Los zulúes nos dieron por saco» (Hutchinson & Bros. Londres 1917). Dice así: «Se amontonaban los cuerpos sin vida de nuestros soldados en la planicie de Ulundi. Centenares de buitres dibujaban circunferencias carroñeras a poca altura. Ni un solo superviviente. Al menos, eso creíamos hasta que nos apercibimos de un leve movimiento bajo el corpachón del bravo sargento Strower. Fuimos hacia él, pero estaba muerto. También el cabo Losty, que yacía bajo Strower. Y asimismo el soldado Ferguson, aplastado por el cabo Losty. ¿Quién movía aquellos cuerpos heroicos y sin vida? No otro que el soldado Thomas Staff, a punto de fallecer asfixiado por el peso del cuerpo de sus compañeros. No tenía un rasguño. Era un resistente». Cuando leo este pasaje de «Los zulúes nos dieron por saco», después del lógico estremecimiento, se abre en mi pensamiento la figura de Tomás Gómez, el resistente, casualmente tocayo del soldado Staff. Hay hombres que nacen para morir por los demás, y otros cuyo único objetivo es sobrevivir aun en las circunstancias más adversas. Thomas Staff y Tomás Gómez son ejemplos cumbreros de esta segunda opción humana. A Supergómez le están haciendo la petaca desde el presidente del Gobierno al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid –también desconocido por los madrileños– pasando por Pepiño Blanco y la más alta nómina del socialismo. Pero Supergómez resiste como un titán, cobijado en su cueva de cryptonita y sustentado por su formidable inteligencia y facilidad de palabra.

Insisto en mi error. No me lo he tomado en serio y no he sabido valorar sus incuestionables virtudes políticas. Es un fenómeno social y un aglutinador de masas. Honestamente, no puedo asegurarle mi voto. Pero sí mi pasión. Pasión rebosante, por otro lado.


La Razón - Opinión

Toros. El apocalipsis de los tartufos. Por Cristina Losada

El PP ha estado más ausente que presente en la batalla contra la política disgregadora del nacionalismo y hasta ha sido cómplice de la erradicación de la lengua común, pero en defensa de las corridas de toros, ¡va a montar la de San Quintín!

Del Desastre del 98 se recuerda que los madrileños fueron a los toros tranquilamente mientras la escuadra española se hundía en Cuba, una actitud, la de los capitalinos, que ha dado lugar a interpretaciones erróneas. Hoy, examinada la prensa, no hay error de interpretación posible. Tras prohibirse las corridas de toros en Cataluña, se descubre un desastre que estaba ahí todo el tiempo. Desde hace décadas se denigra y persigue lo español –y el español– en Cataluña, y se acosa, agrede y excluye a los no catalanistas. Pero nada de eso, nada de lo que entraña vulneración de derechos y libertades fundamentales, ha provocado una indignación de un calibre similar a la que ha concitado la abolición de un espectáculo tradicional.

Véase la reacción del Partido Popular. Ha estado más ausente que presente en la batalla contra la política disgregadora del nacionalismo y hasta ha sido cómplice de la erradicación de la lengua común, pero en defensa de las corridas de toros, ¡va a montar la de San Quintín! Que me aspen si lo entiendo, que si lo entiendo aún me parece peor.


Ahora resulta que prohibir los toros es el atentado a los derechos y a la igualdad de los españoles más grave que vieron los siglos. La decisión del parlamento catalán es, desde luego, condenable, al igual que otras prohibiciones abusivas de los poderes públicos. Y se puede y se debe denunciar que, tras la bandera de la protección a los animales, se esconde el malencarado y cateto anti-españolismo de siempre. Pero, hombre, esta algarada, por los toros. Qué contraste con la suavidad, la mesura, el silencio con los que se han recibido tantos ataques de mayor importancia y peores consecuencias.

La protesta se ha teñido, además, del sesgo identitario que los nacionalistas cultivan, dándose a entender que España son los toros. Pues no. Ni es, por supuesto, un rasgo peculiar de Cataluña el desinterés y el rechazo crecientes hacia la tauromaquia, al contrario de lo que sugiere Artur Mas, erigido ahora en un San Francisco de Asís tan inverosímil como selectivo. Pero como nadie pone las cosas en su sitio, se apuntan un triunfo político. Cuentan con la ayuda inestimable de la torpeza o la deserción de los que están enfrente.


Libertad Digital - Opinión

Los toros y la física social. Por Ignacio Camacho

La lidia ha sido aniquilada en Cataluña porque sus defensores se han dejado amedrentar por la hegemonía soberanista.

CUANDO acaben de lamentarse por la prohibición de la fiesta, los taurinos catalanes podrían empezar a preguntarse qué han hecho para defenderla. No me refiero a la (relativa) movilización forzada de los últimos momentos del debate, cuando la decisión abolicionista ya estaba tomada de hecho por una élite política decidida a efectuar un gesto de soberanismo simbólico, sino a la larga desidia que ha permitido languidecer las corridas en Cataluña hasta dejarlas a punto para la puntilla política. Esa galbana apocada frente a la creciente hostilidad con que el nacionalismo señalaba a los toros como el emblema de un caduco españolismo cultural es lo que ha creado el clima para que la clase dirigente se sintiese autorizada a emprender la cruzada prohibicionista, a sabiendas de que con ella podía propinar un eficaz golpe propagandístico sin excesivos costes en la sociedad catalana. La resistencia interna ha sido mínima, como calculaban los soberanistas, a quienes la polémica española no ha hecho sino excitar en su designio publicitario; sabían que la atmósfera social propia estaba anestesiada por falta de articulación y de coraje.

El sector taurino y taurófilo catalán se ha dejado amedrentar o, como mínimo, arrastrar por la hegemonía identitaria. Ha buscado los apoyos fuera de Cataluña, arrinconándose a sí mismo en vez de plantar cara movilizando a la dirigencia civil y política de la autonomía. Ha permitido que el Partido Socialista se plegase a la corriente de dominancia nacionalista también en este punto, sin plantearle una presión que le obligase a dar la cara. Ha actuado, en fin, con complejo de inferioridad, en un ejemplo exacto del principal problema actual de la sociedad catalana, que es la mala conciencia y la sumisión pasiva ante el activismo soberanista, actitudes de las que el PSC del cordobés Montilla representa el perfecto correlato político. Se trata de una cuestión de física social, de ocupación de espacios; la lidia ha sido aniquilada porque sus defensores se habían dejado previamente desestructurar con un repliegue acomodaticio y la renuncia al ejercicio activo de la disidencia.

Ahora tendrán tiempo de meditar sobre ese encogimiento pusilánime, sobre esa indolencia cómplice, sobre esa merma autoprovocada de vitalidad civil que ha facilitado el golpe de gracia ante una opinión pública arredrada cuyos sectores más disconformes se limitan a menear la cabeza y susurrar en voz baja la inconveniencia de este disparate. Podrán hacerlo cuando vayan a Perpiñán o Nimes a ver corridas como antes iban a ver cine prohibido, o en la comodidad refrigerada del AVE de Zaragoza o de Madrid que les transportará camino de un exilio moral que no han sabido impedir sin ofrecer una oposición lo bastante vigorosa como para reconfortarles al menos en la previsible derrota.


ABC - Opinión

Independencia y credibilidad de los medios, bajo cero. Por Antonio Casado

Ayer me tocó hablar en los cursos de verano de El Escorial sobre “Credibilidad” e “Independencia” en los medios. Las dos grandes palancas del Periodismo para cumplir su función social, que consiste en la formación de una opinión pública sana y sin mando a distancia del Poder. Y dije que ambas están bajo cero. Sobre todo al conjugarlas en relación con las empresas dedicadas al negocio de la comunicación.

Si nos ceñimos exclusivamente a los comportamientos individuales, no es difícil encontrar casos de periodistas cargados de credibilidad e independencia, pero en un contexto en el que esos valores no cotizan o cotizan a la baja frente a imperativos políticos y comerciales. En realidad deberíamos decir únicamente comerciales, porque hasta lo político se ha convertido en una derivada del famoso poder invisible de los mercados, que a punto han estado de derribar al Gobierno de España durante las consabidas turbulencias de estos últimos meses.


Credibilidad e independencia, pues, son bienes de escasa circulación en el mercado de la comunicación. Nada que hacer a la hora de competir con los índices de audiencia, la facturación por publicidad o la caza del famoso. Simplemente porque, como queda dicho, los imperativos del mercado (cuentas de resultados) han desplazado a los del servicio público (conformar una opinión pública sana) en las relaciones de poder.

Exigencias de los mercados

A ese desalentador paisaje tiene que acomodarse todo, incluido el poder político. Y creo que algo tiene que ver con esto el reciente volantazo del Gobierno Zapatero, cuyo historial de izquierda quedó inesperadamente desmentido por los recortes a pensionistas, funcionarios, mujeres lactantes y pobres del Tercer Mundo. Si hasta los poderes públicos han de acomodarse a las exigencias de los mercados, imaginen el escaso recorrido que puede tener la independencia o la credibilidad de un periodista individualmente considerado que aún crea en la información como servicio público y no en las necesidades económicas de su empresa.

Como es lógico, dediqué un turno al elogio de un minifundio de independencia mediática llamado El Confidencial, donde todavía se vive la grandeza de este oficio y donde la cuenta de resultados nunca ha condicionado su vocación de servicio a la sociedad, no a los poderes políticos o económicos más o menos camuflados. Una excepción que confirma la regla en un panorama marcado por el tsunami neoliberal de los noventa en los medios de comunicación (privatizaciones, extranjerización del capital, concentraciones multimedia, desplazamiento del papel de lo público frente a los mercados, etc.).

Y respecto a mis lectores, una confesión de parte. También sobre la independencia, porque la credibilidad se otorga o se deniega desde fuera. Es el derecho de los lectores. La independencia, en cambio, es subjetiva. Sólo uno sabe en su fuero interno cuales son sus propios límites. Yo los reconozco en mis ideas, mis amigos y mis estados de ánimo. Comprendo que es muy difícil de teorizar eso pero tengo la obligación de sincerarme con ustedes. Al menos por haberme aguantado durante este curso que termina. Que pasen buenas vacaciones y hasta septiembre.


El Confidencial - Opinión

Transparencia en las cárceles

Desde el Ministerio del Interior se ha asegurado estos días que la política antiterrorista acordada con el principal grupo de la oposición permanece inalterable, y que las informaciones y consultas sobre cualquier decisión son una norma habitual, así como las comunicaciones con los colectivos de víctimas del terrorismo. Es la palabra del Gobierno. El problema surge cuando algo chirría en este complejo mecano que funcionaba como un reloj hasta hace unos días.
La prudencia de las asociaciones de víctimas ha sido ejemplar a pesar de todas esas informaciones sobre acercamientos de terroristas sanguinarios supuestamente arrepentidos e incluso sobre permisos y alguna excarcelación de etarras también presuntamente alejados de la disciplina de la banda. Nada se puede objetar a las reacciones discretas y medidas de unas personas que han demostrado su responsabilidad, y que siempre han evitado la palabra gruesa o el titular comprometedor. Cuando la AVT denunció ayer que «se siente engañada» por el Gobierno porque nadie los informó en la reunión del miércoles con Instituciones Penitenciarias de que hace tres semanas se había trasladado a la pistolera Idoia López Riaño, «La Tigresa», condenada por 23 asesinatos, a la prisión de Nanclares de Oca (Álava), entendemos que algo ha fallado. Interior ha asegurado que la etarra no disfruta de beneficio alguno, que continúa en primer grado y que sigue cumpliendo la pena impuesta, y que por esas razones no se comunicó novedad alguna. Es una explicación que, sin embargo, excluye el acercamiento al País Vasco y el supuesto arrepentimiento de una de las terroristas más sanguinarias de la historia de ETA. Y esos sí son cambios que merecían información.


En cualquier caso, hay, efectivamente, una sensación de inquietud y desconcierto crecientes entre las víctimas que el Gobierno debe reconducir de inmediato con una comunicación más fluida y transparente con las asociaciones. Tampoco tranquiliza que los sindicatos policiales hablen de «arrepentimiento interesado» de los terroristas. El Ministerio del Interior asegura que los etarras acercados –porque ésa es su condición y no otra, y como tales asesinaron, secuestraron o extorsionaron– se han arrepentido, han pedido perdón y han comenzado a cumplir con las indemnizaciones que tienen pendientes, pero el caso es que las incertidumbres rodean y condicionan ese acto colectivo de contrición, del que las principales afectadas, las víctimas del terrorismo, tampoco saben nada. Es cierto que el Ministerio mantiene un contacto fluido con el PP, lo que nos parece imprescindible, pero, a la vista de los resultados, es evidente que es preciso revisar las comunicaciones con las asociaciones de afectados.

Un objetivo de la pena es la recuperación del individuo, pero otros no menores son aportar seguridad y tranquilidad a la sociedad. El Gobierno dispone de información suficiente sobre lo que ocurre en la banda y en el colectivo de presos, y seguro que persigue que la derrota del terrorismo se produzca cuanto antes. Es nuestra obligación recordar que movimientos penitenciarios similares en otras épocas dieron resultados frustrantes, aunque deseamos que esta vez se acierte con una política arriesgada.


La Razón - Editorial

A mitad de camino

La reforma laboral aprobada ayer se aleja de la prometida renovación en el mercado de trabajo.

El texto del proyecto de reforma laboral que ayer aprobó la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso apenas mejora la redacción inicial que presentó el Gobierno. Es cierto que el PSOE y el PNV pactaron a última hora una enmienda que precisa las causas económicas del despido, de forma que aquellos con indemnización de 20 días podrán tramitarse cuando la empresa prevea una disminución persistente de los ingresos que ponga en riesgo su viabilidad o una previsión fundada de pérdidas; pero, al margen de esta clarificación parcial, el proyecto de ley de reforma que se envía al Senado sigue sin decidirse por una eliminación total de la dualidad del mercado de trabajo (tan solo incentiva un poco más los contratos con 33 días de indemnización por despido) y no entra en el cambio legal de la negociación colectiva, que se emprenderá en los próximos seis meses.

No se puede decir que la reforma sea un fracaso, pero este no es el cambio en profundidad que se sugirió como el complemento laboral necesario para aprovechar la recuperación económica en ciernes. La política de incentivos de los contratos fijos con derecho a 33 días de indemnización es un avance sobre la legislación anterior, pero no cierra la brecha entre asalariados con contratos fijos con despidos caros y un gran número de contratos rotatorios, con despido barato.


El endurecimiento de las normas contra el absentismo está bien, pero es un problema secundario en relación con los dos mencionados; lo mismo cabe decir de la propuesta de CiU de vincular en el futuro la prestación por paro a las políticas de empleo. Hay mejoras evidentes en aspectos periféricos y pocas en los sustanciales.

Porque la realidad laboral en España es que, con una tasa de paro que ronda el 20%, las empresas no pueden cambiar, mediante una negociación, salarios por despido, de forma que estén en condiciones de despedir a menos trabajadores a cambio de reducir el salario. El viejo paradigma de que la negociación se aproxime a las empresas todavía es solo un deseo lejano en el mercado español y no son pocos los economistas que explican la destrucción de empleo en los últimos tres años como una causa directa de esta inflexibilidad.

La percepción política tampoco es buena. El proyecto apenas se salvó por la abstención de PNV y CiU. Es discutible que la reforma laboral fuese prioritaria, o, al menos, tan perentoria como la financiera o el plan de austeridad pública. A nadie le hubiera extrañado que se encauzara políticamente (una vez fracasada la negociación entre sindicatos y empresarios) con más calma, con las expectativas de recuperación un poco más claras y con criterios más firmes. Pero una vez que el Gobierno aceptó que la solvencia financiera española mejoraría con una reforma laboral, la peor decisión es dejarla a medio camino, entre la irritación creciente de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Si el texto aprobado ayer no se mejora, será una oportunidad gastada en balde.


El País - Editorial

La chapuza laboral, resumida en una coma

La reforma se elaboró desde el principio de forma chapucera y sin precisar los cambios, algo imprescindible en un país donde los jueces de lo social toman partido en contra de la empresa por defecto.

Buena parte de los errores que se cometen al regular el mercado de trabajo parten de la idea equivocada de que se puede lograr el pleno empleo a base de leyes, algo que sólo es alcanzable si se nacionaliza por completo la economía, como en los regímenes comunistas. Pero en esos casos, por mucho que todo el mundo tenga empleo, ni se trabaja ni se crea riqueza. Como se decía en la Unión Soviética, "ellos hacen como que nos pagan y nosotros como que trabajamos".

Sólo cuando las leyes favorecen la producción, básicamente quitando obstáculos, los empresarios serán más proclives a invertir capital para, entre otras cosas, contratar personal y poder pagarles mayores salarios. Desgraciadamente, muchos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores españoles se encuentran en la legislación laboral, que convierte una contratación en algo más parecido a un matrimonio para toda la vida que en la relación contractual y profesional que es. Las leyes españolas son las principales responsables de que muchas empresas hayan fracasado y muchos empleos se hayan destruido o no se hayan llegado siquiera a crear... aparte de la enorme extensión del mercado negro, al margen de la ley, los mal llamados "derechos sociales" y el pago de impuestos.


Cuando esto se tiene claro, no sólo se entiende la necesidad de una reforma laboral, sino también qué es más urgente reformar. Además, las resistencias al cambio ni siquiera se sostienen en sus propias excusas. Allí donde la ley pone menos trabas a que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo en los términos del contrato, según la lógica socialista, éstos deberían vivir presas del pánico ante su supuesta inseguridad laboral. Pero resulta que España es el país de la OCDE donde más miedo tienen los trabajadores a perder su empleo, porque precisamente por la nula flexibilidad del mercado laboral saben que tendrán muy difícil encontrar otro. De modo que impedir estos cambios no mejorará nuestra seguridad.

La reforma laboral que ha salido este jueves de la negociación entre el PSOE y los partidos nacionalistas prácticamente no toca –al menos por ahora– uno de los defectos principales de nuestra legislación: la obligación de obedecer a lo que decidan nuestros supuestos representantes sindicales y empresariales, que puede ser exactamente lo contrario a lo que necesitan las empresas y trabajadores reales, de carne y hueso. Es decir, los convenios colectivos. Pero sí apuntaba en otra dirección: la reducción del precio del despido por la vía de convertir en objetivos aquellos que se produzcan porque la empresa va mal y debe reducir personal.

El problema es que la reforma se elaboró desde el principio de forma chapucera y sin precisar los cambios, algo imprescindible en un país donde los jueces de lo social toman partido en contra de la empresa por defecto, llegando en algunos casos a declarar improcedentes despidos en los que había agresiones o insultos por parte del trabajador. Así, indicar cuándo se consideraba que un despido era objetivo por causas económicas resultaba esencial para que este cambio en la regulación tuviera alguna consecuencia práctica. Se habló de que bastaría con acreditar pérdidas o una caída en los beneficios. Pero al final no ha sido así.

La nueva propuesta menciona tras la negociación entre PSOE y PNV que el despido será objetivo si se acredita "la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". La inclusión de esa última coma llevará a que muchos jueces decidan interpretar que las pérdidas no afectan a la viabilidad de la empresa o no le impiden mantener el volumen de empleo, anulando en buena medida la utilidad práctica de esta norma.

Esta penúltima chapuza parece demostrar que nuestros políticos son incapaces de legislar de una forma mínimamente competente. Si esta reforma no es clara, no servirá de mucho. Esperamos, por tanto, que el Senado mejore un texto clave para salir del hoyo en el que está nuestra economía.


Libertad Digital - Editorial