miércoles, 31 de agosto de 2011

Muy mal. Por Toni Bolaño

Muy mal deben estar las cosas para que la política española nos regale una inédita foto de unidad entre PP y PSOE para reformar la Constitución. Muy mal deben estar las cosas para que Rajoy se moje. Muy mal deben estar las cosas para que este pacto llegue, en un abrir y cerrar de ojos, a tres meses de las elecciones.
Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le dé a Rajoy los argumentos y la justificación para aplicar recortes cuando llegue, si llega, al Gobierno. Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le haga este regalo envenenado a Rubalcaba en puertas del 20-N y que éste lo acepte como mal menor.

Muy mal deben estar las cosas cuando cedemos soberanía sin apenas debate. Muy mal deben estar las cosas cuando los partidos nacionalistas se limitan a hacer aspavientos ante la iniciativa de socialistas y populares pero su griterío no va más allá.

Muy mal deben estar las cosas cuando sindicatos y empresarios están dispuestos a prolongar la contención salarial por varios años. Muy mal deben estar las cosas cuando se acepta que se alargue la temporalidad de los contratos porque se piensa que más vale un empleo precario que un parado.

Dicen que todo se hace por el bien del país, pero el bien del país lo pagarán los ciudadanos rascándose, todavía más, su esquilmado bolsillo. Lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. Todavía queda por venir «el tío Paco con las rebajas» en forma de Ley Orgánica. Lo dicho, muy mal deben estar las cosas para llegar hasta aquí en el enésimo intento de calmar la codicia de los mercados.


La Razón –Opinión

Rajoy. En confianza. Por Agapito Maestre

Si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa?

He leído que Rajoy ha escrito su biografía. El título es En Confianza. Poner la palabra "confianza" con mayúscula en ese título es un error gramatical del editor, y quizá del autor, un poco bobalicón, absurdo, que pudiera hacer al lector entrar en desconfianza sobre un libro de campaña electoral. Pero, más allá de saltarse la regla ortográfica, no creo que el género literario elegido por Rajoy sea el más oportuno ni el contenido, los datos más o menos personales del biografiado, el más inteligente, sobre todo si tenemos en cuenta que El PP, según todas las encuestas, estudios y opiniones que he consultado, arrasará al PSOE el día 20-N.

A la altura de esta legislatura, y después de presentarse como candidato a dos elecciones generales, Rajoy no necesita crearse una "nueva" imagen. Es algo ocioso. Sobra. Hace tiempo que la tiene y, por cierto, muy bien construida con la ayuda de su oponente principal en las dos últimas legislaturas; Rajoy es la otra cara, por suerte para él, de la política calamitosa de Zapatero. Rajoy es el lado positivo de la política que esperan los españoles. Lo único que quieren de él los españoles es que haga con decencia lo que el otro ha hecho rematadamente mal. ¿Quién pondrán en duda a estas alturas que Rajoy es una buena persona? Pocos. Quizá nadie se preocupe por tal asunto, mientras que serán muchos a los que les gustaría saber de forma más detallada cuál es su programa. Algo que en una biografía difícilmente hallarán.

Creo que Rajoy se equivoca al publicar su biografía, entre otros motivos, porque falta el capítulo más interesante para el lector de libros biográficos. Y si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa? Ese capítulo, obviamente, aún no está escrito, porque Rajoy aún no lo ha vivido. Difícilmente puede contarse en una biografía lo que no se ha experimentado. En verdad, creo que el capítulo más interesante de la vida de Rajoy será su paso por la presidencia del gobierno de España. Por eso decía que el género literario, la biografía era inoportuno, cuando la gente en una campaña electoral lo que demanda es un programa claro y conciso sobre las alternativas al socialismo de Zapatero. En fin, la confianza, ganarla o perderla, es más una cuestión de ejercicio que de origen. Tengo la sensación de que este ejercicio de Rajoy era prescindible; o peor, sospecho que la publicación de este libro ayudará más al editor que al autor, a pesar de lo que digan los mercachifles que asesoran a Rajoy en esta campaña electoral.


Libertad Digital –Opinión

¿Será capaz Rajoy de hacer las reformas que hacen falta? Por Federico Quevedo

Para subir al Monasterio de Armenteira, en la comarca de Ribadumia, provincia de Pontevedra, se puede utilizar el coche por carretera -o la bici-, o se puede subir andando por la llamada Ruta de los Molinos. Son cinco kilómetros de una belleza considerable, en plena naturaleza, franqueando un río que a su vez alimenta con sus aguas las piedras de viejos molinos, algunos restaurados y todos en desuso, que se confunden con el paisaje.

El descubrimiento de esta ruta y su aprovechamiento hay que reconocérselo a la Diputación de Pontevedra, porque merece mucho la pena hacer el recorrido. Bien lo sabe Mariano Rajoy, que lo hace una y hasta dos veces al día acompañado de algún amigo con el que luego toma un café en la única taberna que da cobertura al caminante que llega al Monasterio de Armenteira, herencia románica que los monjes abandonaron hace siglos y que fue recuperado para su disfrute por un hijo de Valle Inclán, quien consiguió también que la Iglesia designara una orden de religiosas para habitarlo de nuevo. La subida, puedo asegurarlo, es maravillosa, y contribuye a la paz interior como pocas cosas lo hacen.


No es que Mariano Rajoy necesite mucha, no lo sé, pero dado que a lo que se enfrenta a partir de este final de verano es de una envergadura notable, supongo que no le habrán venido nada mal esos largos paseos por la Ruta de los Molinos, para aclarar ideas y dar firmeza a sus convicciones. Siempre le he escuchado decir que sabe qué tiene que hacer, y que lo va a hacer cueste lo que cueste... Es satisfactorio oírlo, porque no todos los políticos actúan así: todavía recuerdo cómo el PP utilizó en su provecho el escándalo del ático de José Blanco en Villa PSOE, en la Illa de Arousa, y cuando ganó las elecciones Feijóo y pudo corregir las ilegalidades que allí se cometieron, si te he visto ni me acuerdo.

El PP es muy de eso, de dejarse llevar por el qué dirán, por lo políticamente correcto... Ayer mismo, Cristóbal Montoro y Esteban González Pons volvieron a insistir en una idea muy interesante, la de penar por ley las irresponsabilidades en la gestión de los dineros que salen de los impuestos de los ciudadanos, como por ejemplo eso de dejar cientos de facturas de proveedores sin pagar, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha.
«Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78, para garantizar la transparencia en la gestión pública o para castigar comportamientos que deberían tener como consecuencia la inhabilitación.»
La sociedad reclama que los políticos actúen de otra manera, que sean transparentes, que sean honrados en la gestión de sus impuestos, y que si no lo hacen -y eso además contribuye a empeorar la situación económica de los ciudadanos- se les pueda castigar, y es algo en lo que parece que existe un amplio acuerdo social pero, ¿será capaz el PP, será capaz Rajoy, de hacerlo si gobierna?

Yo espero que sí, que en ese "yo sé lo que hay que hacer" que tanto repite se encuentren este tipo de reformas porque, no nos engañemos, cuando el PP llegue al poder no va a bastar con medidas de carácter puramente económico, por más que estas sean imprescindibles, sino que va a tener que afrontar reformas de mucho calado para sanear un sector público que desde todos los puntos de vista se encuentra muy deteriorado. Hacer gestos como el de recortar ministerios y reducir los gastos generales de la Administración, siendo necesarios, no deja de ser un recurso a lo más inmediato y a lo más visible y, si me apuran, fácil.

Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78 y que necesita una profunda reforma, para garantizar la transparencia en la gestión pública, para castigar comportamientos que aun no siendo delictivos sí deberían tener como consecuencia la inhabilitación, para garantizar la independencia de los poderes políticos, para mejorar la relación de la clase dirigente con los ciudadanos, para corregir los fallos del sistema electoral.

Todas estas cosas son la que la sociedad reclama, y me consta que Rajoy lo sabe y que en la paz de su corto retiro gallego ha tenido la ocasión de reflexionar sobre ello y de comentarlo con personas de su entorno que, si bien no están en la política activa, gozan de una notable consideración por su parte por su sentido común y sensatez. A Rajoy le gusta escuchar... Otra cosa es que, llegado el momento, haga de verdad lo que debe hacer, pero esa es la oportunidad que le van a dar los ciudadanos el 20 de noviembre, y en su mano está saber aprovecharla.


El Confidencial –Opinión

Candidato tocado. Por José Antonio Vera

No está teniendo suerte Rubalcaba. Las encuestas de verdad, no las oficiales, le dan menos de 120 escaños, la peor cifra del PSOE en toda su historia. Su imagen no es precisamente arrolladora, su discurso difícilmente separable al de estos años de desastre económico, y además no para de sufrir reveses en su estrategia electoral.

La baza de Eta, particularmente trabajada mientras estuvo en Interior, se le ha retorcido porque el precio que pagamos por la tregua temporal es el de tener a unos proetarras fortalecidos, con la calle tomada, controlando las instituciones, con dinero sobrado, que han llevado al País Vasco otra vez el ambiente borroko de años atrás.

La baza personal es casi inexistente. Carece el candidato de tirón de ningún tipo, no conecta con la gente de la calle y casi todo el mundo le ve como lo que en realidad ha sido: un peón destacado de Zapatero, co-responsable de sus políticas, actor en primera persona y cerebro de muchas de las operaciones fracasadas del actual Gobierno.


La baza de la izquierda, en fin, también se le está desarmando, y prueba de ello son las manifestaciones convocadas contra la decisión de reformar la Constitución para introducir la obligación de no incurrir en déficit y poner tope a la deuda. Difícilmente va a poder superar Rubalcaba el último empellón de Zapatero, que le ha devuelto así el golpe de las primarias. El todavía presidente, consciente de las presiones a que le sometió su ex vice, tiene más interés en quedar bien ante la historia que en ayudar a Alfredo a cosechar un buen resultado electoral. De ahí esta reforma impuesta al partido y al propio candidato, que no ha tenido más remedio que digerir pese a estar en contra, para luego travestirse de abanderado de la misma.

Difícil papeleta. Nadie se cree que ésta sea su «reforma», y nadie olvida como atacó a Rajoy cuando éste la propuso hace meses. Ataque con choteo. A Rubalcaba le va gastar como a casi todos los socialistas, y esto de que le obliguen a hacer presupuestos equilibrados le molesta sobremanera.

Extraño enfado estos días el de la izquierda. Bajo mi punto de vista, se trata de un error de planteamiento. El rigor en las cuentas públicas no debería ser una cosa de izquierdas o derechas. Las administraciones pueden invertir lo que tienen, pero no endeudarse sin ton ni son, a lo loco, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago que igual no pueden cumplir. Lo dijo ayer bien claro Soraya Sáenz de Santamaría en las Cortes: «A partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no es una opción; es una obligación». No incurrir en déficit debería estar en el «abc» de cualquier gobernante, sea del partido que sea. Por eso es tan importante esta modificación constitucional a la que Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse tarde y a regañadientes.

El candidato socialista no pasa por un momento extraordinario. Se le va gente de relieve como Bono, Guerra, Salgado y Sebastián, y se queda con lo más corriente del partido. ¿Por qué será?


La Razón –Opinión

Reforma. Disciplina presupuestaria a la española. Por Leonardo Ravier

Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica.

El 23 de agosto el presidente de Gobierno anunciaba, dentro de sus improvisadas y tardías medidas anticrisis, la necesidad de trasladar la disciplina presupuestaria de limitación del déficit público a la Carta Magna del Estado.

La idea, que ha generado división y malestar dentro del seno del PSOE y aceptación dentro del PP, en principio suena bien. Al menos habría una cláusula, dentro del título VII (y muy probablemente entre los artículos 134 y 136), que contrarrestaría la visión estatista de la economía que la constitución española promueve.

Sin embargo, y a expensas de que la reforma en términos relativos y aislados está bien encaminada, me temo que nos encontramos ante una medida insuficiente, probablemente inocua, y previsiblemente perniciosa.

Existen varias razones para dicha afirmación. En primer lugar la medida no se aplicará hasta el 2018-2020. En segundo lugar, desconocemos el tope de déficit que se incorporaría, aunque ya se está especulando que no llegará al techo alemán del 0,35%. Tercero, bajo la categoría de "déficit estructural" pretenden incorporar una reforma "flexible y equilibrada", que les permita modificar el desajuste presupuestario anualmente (o lo que es lo mismo, según le convenga o así lo requiera el Estado de bienestar). Y cuarto, se añadirán cláusulas excepcionales (que aún desconocemos y que serán claves), porque según Elena Salgado otra cosa sería "atarse las manos" y "no poder estimular la economía". ¿Y a esto llamamos disciplina?


Pero no sólo existe un problema evidente de criterio y sentido común a la hora de elaborar una reforma constitucional que realmente impida al Gobierno endeudarse a costa del ciudadano y generar déficit deliberadamente, sino que también existe un motivo dudoso, y unas previsibles consecuencias perniciosas.

El motivo es la creación de un "verdadero Gobierno económico para la UE" que está empujando a que éste cambio se produzca en 17 países de la zona euro. Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica en Bruselas que bajo el mismo fondo estatista podría poner en mayor peligro el verdadero bienestar social de los ciudadanos españoles.

Y las consecuencias perniciosas porque ante esta nueva medida de tope constitucional al déficit, y supuestamente a la deuda pública, ya se está especulando en generar mayor presión impositiva alegando, por ejemplo, que el 35% español del impuesto de sociedades es muy bajo frente al 45% alemán. En pocas palabras, si se corta el gasto con topes a las deudas públicas, el Estado no tendrá inconvenientes en seguir gastando pero ahora a costa directa de empresas y ciudadanos. De ahí que una "disciplina presupuestaria" de limitación del déficit público tal como se pretende incorporar en la Carta Magna sea coja y perniciosa si no va acompañada, por ejemplo, de un tope tributario que realmente exija al Gobierno "apretar su cinturón" y no el de la sociedad española.


Libertad Digital –Opinión

La reforma constitucional. Por José Luis Gómez

La chapuza de la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP no es solo de fondo. También puede serlo de forma. Veamos dos escenarios controvertidos en el nuevo artículo de la Constitución que recogerá la obligación de que tanto la Administración central como las comunidades autónomas estén sujetas a los criterios de convergencia de la Unión Europea. Traducido: comprometidas a limitar el gasto público.

Primero: no parece muy correcto hablar del Estado y las comunidades autónomas, ya que éstas también son Estado, según la propia Constitución. En el lenguaje político y periodístico se confunde a menudo Estado con Gobierno central o Administración general del Estado, pero en una constitución no deberían deslizarse imprecisiones así. La Real Academia Española lo dice bien claro: el Estado es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.

Segundo: ¿A qué Unión Europea se refieren? Lo normal sería que, como se habló en su día, la Constitución recogiese primero una referencia al tratado de la UE, de modo que después tuviese pleno sentido el artículo que se va a introducir. La Constitución es anterior a la existencia de las comunidades autónomas, que ni siquiera están mencionadas en la Carta Magna, y mucho más anterior aún a la entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE). La primera y hasta ahora única reforma constitucional solo había consistido en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Sucedió en 1992, una vez firmado en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Con posterioridad, el PSOE promovió reformar la Constitución en cuatro aspectos que siguen aparcados: la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y la mención al Tratado Europeo.

Hasta ahora se decía que la tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloqueaban las propuestas para modificar el texto constitucional de 1978. Visto lo "fácil" que ha sido constitucionalizar nada menos que un criterio de política neoliberal, ¿qué se dirá a partir de ahora?


Periodista Digital –Opinión

El conejo. Por Alfonso Ussía

Han entrado en veinte de sus madrigueras y todavía no lo han trincado. Me refiero a Gadafi, o mejor aún –gracias, Daniel Pipes–, a Mu’amar al Qadhdhafi, que después de 42 años de imponer su tiranía en Libia, se mueve de escondite en escondite. Se lee que los presumibles «rebeldes» han vencido. No es así. Los «rebeldes» le habrían durado a Gadafi tres cuartos de hora. Los que han triunfado han sido los europeos y la OTAN. Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ha pronunciado una frase bastante divertida: «La meta de Alemania y Francia ha sido la misma: devolver a los libios la libertad». Queda bien, superada la sonrisa. Pero no hay que ser tan hipócrita. A Juppé, a los franceses y a los alemanes, la libertad –por ahora, quimera inalcanzable– de los libios, les importa un pimiento. Y sus vidas. Han estado negociando con Gadafi durante cuatro décadas. También nosotros, los españoles, que lo hemos recibido con los brazos abiertos, comprado su petróleo y vendido nuestras armas. La libertad de los libios se la pasan los franceses y los alemanes por donde ellos acostumbran a pasarse las cosas. La meta de Alemania y Francia ha sido la misma. El petróleo. Los llamados «rebeldes» –que todavía ignoramos quiénes son, hacia dónde van y qué pretenden–, han garantizado las ventajas comerciales a las naciones occidentales que han intervenido en Libia. España, modestamente, está entre ellas, pero no apuesto por una tajada considerable en el reparto del botín.

A Gadafi lo encontrarán, hoy, mañana o en quince días. Y los europeos mirarán hacia otro lado. No lo llevarán ante el Tribunal Internacional. Se lo dejarán a los llamados «rebeldes» para que lo ejecuten. Muerto el perro se acabó la rabia. Eso creen. En Libia se librarán de un asesino, pero esa liberación no traerá la libertad. Otra tiranía sucederá a la de Gadafi, en un principio más vigilada, y al cabo del tiempo tan dura y ladrona como la del conejo escondido. Mientras el nuevo Gobierno libio garantice el cumplimiento del pacto comercial, Francia, Alemania, España, Italia y los Estados Unidos mantendrán su amistad y apoyo. El día que falte un barril de petróleo, los europeos y americanos buscaremos la menor excusa para apoyar a otros rebeldes con el fin de terminar con los rebeldes de ahora, que dejarían de serlo inmediatamente.

Para mí, y lamento mucho pensarlo y atreviéndome a escribirlo, que libertad y Korán son incompatibles. Libertad y medievo, no son adaptables. Libertad y miseria no pueden sostenerse. En las naciones árabes y musulmanas, más de la mitad de sus ingresos se reparten entre unos pocos, un cuarto entre unos poquitos más, y el resto entre centenares de millones de personas.
Eso lo sabemos los europeos y los americanos, y siempre nos ha parecido aceptable por la lejanía, aunque en Marruecos tengamos los españoles una cercanía peligrosa. La derrota del Gadafi, el gran criminal histriónico, no significa la victoria de la libertad. Se trata de otro triunfo. El del petróleo asegurado y a buen precio. Lo de Juppé es una vaina. Con Siria no hemos sido tan escrupulosos, y el dictador sirio es tan asesino como Gadafi. La valoración de la importancia de los conflictos y las intervenciones la establece la seguridad del abastecimiento del crudo. Si mañana, en los territorios gobernados por los palestinos y los terroristas de Hamas se hallara una buena bolsa de petróleo, Israel, a pesar de su poder y de ser la única democracia en Oriente Medio, haría bien en temblar. Diría Juppé: «Para Francia y Alemania la meta es devolver la libertad a los palestinos de Hamas». Lo de siempre. Europa, esa gran puta. Caerá el conejo.


La Razón – Opinión

PP y PSOE. Que devuelvan el dinero. Por Pablo Molina

Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos.

En un gesto inédito del que las dos protagonistas seguramente se sienten muy orgullosas, las responsables de las campañas electorales del PP y PSOE han decidido que no van a ensuciar las ciudades y pueblos de España hasta que no comience la campaña electoral. Ejemplo de austeridad en medio de la recesión económica, le llaman a esto. Modelo de desvergüenza en tiempos de recesión moral, sería una definición más precisa.

Los partidos políticos deberían financiar sus actividades de proselitismo con los fondos de sus afiliados y donantes voluntarios, pero como en España ninguna organización vive de las aportaciones de sus miembros no iban a ser precisamente los inventores del latrocinio los que dieran ejemplo, ni siquiera en medio de la devastación económica actual de la que ellos precisamente son los primeros responsables.

Ana y Elena, Mato y Valenciano, han asegurado que sus partidos van a gastar algo menos en la campaña de las próximas elecciones generales y seguramente no se explican aún cómo las colas de ciudadanos agradecidos por el gesto no dan varias vueltas a la manzana.


Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos. Porque si es cierto que quieren dar un ejemplo de austeridad, lo oportuno sería reintegrar a las arcas públicas el dinero que no van a derrochar en esa pre-campaña, pero, de nuevo, aquí nadie devuelve un euro al estado y mucho menos los partidos políticos, organizadores del saqueo ciudadano del que vive tanto parásito.

Ni Ana ni Elena, ni Mato ni Valenciano, tienen pensado devolvernos la parte que no van a gastar en propaganda electoral, sencillamente porque ya tienen pensado de qué otra forma se la van a pulir, pero eso sí, a nuestra salud (democrática). No habrá carteles antes del 4 de noviembre, pero a partir de esa fecha habrá el doble para compensar, con lo que los partidos se pulirán todo el dinero que reciben del presupuesto además del que reciban a través de unos préstamos bancarios que, ocioso es decirlo, no tienen pensado devolver.

Es como si te atracan por la calle y el delincuente, perdón "la víctima de la sociedad", te dice que por razones de austeridad ha decidido que no todo se lo va a gastar en vicios. Aunque bien mirado, lo de Ana Mato y Elena Valenciano es aún peor. Ellas encima quieren que les demos las gracias.


Libertad Digital –Opinión

Pacto por la confianza

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tramitar la reforma constitucional que garantiza la disciplina presupuestaria por una amplísima mayoría de 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, y con un gesto inédito de protesta en la Cámara por parte de los diez parlamentarios de CiU, que se negaron a participar en la votación. El pacto entre socialistas y populares funcionó a la perfección y los portavoces de ambos grupos desgranaron un argumentario convincente y contundente sobre las razones y la urgencia de una medida de ese calado. El socialista José Antonio Alonso, en un tono frío, eso sí, hizo hincapié en que era la mejor manera de «despejar incertidumbres» en un contexto internacional tan adverso.

Especialmente acertada fue la intervención de la popular Soraya Sáenz de Santamaría en defensa del equilibrio financiero y de una reforma que permite que «a partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no sea una opción; sea una obligación». Ésta es una clave fundamental para comprender y asumir de dónde venimos y hacia dónde debemos ir en la gestión de lo público. Pero además la portavoz popular incidió en otro propósito prioritario de esta modificación como es el de «restituir la confianza» en la economía española, imprescindible para asomarse al menos a un escenario de recuperación.


En ese aspecto, es importante destacar que la Comisión Europea reiteró ayer que limitar el déficit en la Constitución tendrá efectos inmediatos para reforzar la credibilidad española. Más aún si se tiene en cuenta que este gran acuerdo nacional está avalado por el Banco Central Europeo, que lo estableció como condición para comprar bonos españoles y tranquilizar a los mercados, lo que fue negado en su momento por el Gobierno, como ayer adelantó LA RAZÓN.

Aunque el respaldo a limitar el déficit en la Carta Magna concita a una inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, es bueno que socialistas y populares hayan manifestado su voluntad de ampliar ese consenso abrumador. En este punto, llamó la atención la actitud de los nacionalistas alineados con la izquierda en una directriz central de política económica, y con argumentos tan sonoros como que PP y PSOE habían hecho «añicos» el consenso constitucional. Sólo cabe encuadrar esa sobreactuación en una estrategia electoral. En cuanto a la previsible intención del PNV de forzar un debate sobre el derecho a decidir, es un despropósito por parte de un partido que parece competir en radicalidad con Bildu.

Para España, el consenso entre los dos principales partidos en política económica es un valor añadido. Rajoy, con sentido de Estado y responsabilidad, está dispuesto a acuerdos con el Gobierno en estos tres meses hasta las elecciones. Sería óptimo para la confianza y la imagen del país, lastradas por los parches, las improvisaciones y las ocurrencias del Ejecutivo. Veremos si el candidato socialista piensa en el interés general o en el suyo propio.


La Razón – Editorial

Equilibrar la balanza

Elevar la carga fiscal a los que más tienen es una manera de distribuir el coste de la crisis.

La crisis económica está resultando ser el revulsivo más eficaz para movilizar la vocación reformista de algunos Gobiernos. Desde luego, de su afán por revisar aspectos fundamentales en las finanzas públicas. Es el escrutinio, no siempre racional y eficiente, de los mercados financieros el que se sobrepone a los programas de los partidos políticos, gobiernen o no.

En apenas una semana el Gobierno español y el principal partido de la oposición han superado el tradicional desencuentro para convenir una reforma de la Constitución sin precedentes en la que inscribir una importante limitación al déficit de todas las Administraciones. Es probable que el Ejecutivo acabe importando igualmente otras iniciativas tendentes a elevar la carga fiscal que soportan las personas con mayor renta y riqueza. Si así lo hiciera, este histórico verano también dejaría como legado una alteración significativa de la estructura impositiva, aportado por el mismo Gobierno que no hace tanto reducía la presión fiscal sobre las rentas y eliminaba el impuesto sobre el patrimonio con la explicación, correcta, de que se centraba sobre todo en las clases medias.


En la valoración de iniciativas tendentes a elevar la presión fiscal de los más ricos no es fácil sustraerse a esa suerte de precipitación que está orientando decisiones fundamentales de política económica. Esta, en todo caso, sería oportuna. La razón de ese aumento de las cargas fiscales a los que más tienen no debería ampararse en esa inusual, aunque inteligente, propuesta de algunas grandes fortunas estadounidenses, francesas o alemanas. En España no se ha producido, a pesar de la sugerencia que les hacía a los ricos españoles el popular González Pons. Sin embargo, existen fundamentos para llevar a cabo esa imposición adicional en un país donde la distribución de la renta y de la riqueza es mucho más desigual que en el promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea. Una razón adicional no menos relevante es que la economía española dispone de un grado de desarrollo, de modernización y de capital público muy inferior a aquellas otras en las que todavía el sistema tributario es más progresivo que el nuestro. También encuentra justificación esa contribución de las rentas más elevadas en el hecho de que la distribución de costes de esta crisis y, en todo caso, las posibilidades de superación de sus efectos, son muy desiguales en España. La excepcional tasa de paro alcanzada, y las muy serias dificultades para reducirla en el corto plazo, habla por sí sola.

Sería muy razonable que la misma diligencia con que se acuerdan restricciones presupuestarias, que seguirán afectando a los gastos sociales y de inversión pública, se aplicara a la elevación de la fiscalidad a las fortunas y a las transacciones financieras. Una revisión de la distribución de las cargas impositivas no debe impedir en todo caso la mejora de la eficacia en la persecución de las distintas formas de fraude y ocultación, en la que España también ocupa una posición destacada.


El País – Editorial

Los nacionalistas no son imprescindibles

Es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución no es ni mucho menos imprescindible.

Por desgracia para las libertades de todos los españoles, nuestra Constitución hace mucho tiempo que dejó de ser respetada por la mayoría de nuestros partidos políticos. Un texto que pretendía colocar límites a la expansión del Estado se convirtió en papel mojado que en nada la frenaba.

Los principales responsables de esta labor de demolición controlada del Estado de Derecho han sido fundamentalmente el PSOE y los partidos nacionalistas. El primero por socavar la separación de poderes, acabar con la independencia de aquellas instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento y sometimiento a la Carta Magna, y por ceder a las pretensiones centrífugas de los nacionalistas. Y los segundos, por atacar continuamente la idea de la unidad nacional, base indispensable de todo el edificio constitucional: sin unidad nacional no existe pueblo soberano y sin pueblo soberano no puede haber Constitución.

Pero, pese a su continuad deslealtad hacia España y hacia su Estado de Derechos, los socialistas han tenido que rendirse a Bruselas e incorporar en el articulado de nuestra Carta Magna una limitación constitucional al déficit. Ya hemos tenido ocasión de criticarla por su laxitud a la hora de lograr su presunto objetivo: controlar el desequilibrio presupuestario. Pero también hemos constatado la inconsistencia de las críticas que se le lanzan desde la extrema izquierda.


No menos absurdas son, por su parte, las críticas procedentes desde la bancada nacionalista. Ya de entrada es contradictorio que quienes incumplen sistemáticamente partes muchísimo más relevantes de la Constitución y quienes ni siquiera reconocen su legitimidad pretendan ser parte indispensable a la hora de reformarla. Pero, además, sus ataques al nuevo artículo 135 –referentes a que limitará la discrecionalidad de los gobiernos autonómicos– son improcedentes: primero, porque la Constitución ya dispone, sin necesidad de ningún cambio, de suficientes preceptos como para justificar la intervención de la Administración central en los presupuestos autonómicos; y segundo, porque aun cuando no los contuviera, sería esencial que lo hiciera: un Estado no puede mantenerse solvente si algunas de sus partes tienen barra libre para el despilfarro.

Al final, es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que, por tanto, no es ni mucho menos imprescindible la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución. Esperemos que a éste le sigan otros cambios fundamentales: empezando por la delimitación del Estado de las Autonomías y la devolución al Gobierno central de numerosas competencias.


Libertad Digital – Editorial

martes, 30 de agosto de 2011

Reforma. ¿Por qué el socialismo no quiere límites al déficit? Por Ignacio Moncada

Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.

En estos minutos de la basura del zapaterismo, el aún presidente del Gobierno está corriendo en dirección contraria a la que ha venido corriendo durante los pasados ocho años. Lo más curioso es que, cuando le preguntan, responde que lo hace por responsabilidad. Que lo hace por España. Sus asesores le habrán aconsejado que repita esa coletilla creyendo que le da dimensión de hombre de Estado. Sin embargo, no contaron con una duda que asalta a quien escucha el comentario: si ahora hace esto por el bien de España, ¿por qué antes hacía lo contrario?

La reforma constitucional para incluir un límite al déficit público en la más alta instancia legislativa ha sido un duro golpe para las aspiraciones socialistas en las próximas generales. Es como si Zapatero, inconscientemente, hubiera plantado explosivos en los pilares del PSOE. Ahora se ha desatado la carrera por desactivarlos antes de que el partido sea demolido. Es por eso que, como cuenta El País, una vez que Rajoy y Zapatero habían pactado incluir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, Rubalcaba bloqueó la negociación diciendo: "No quiero ni una cifra en la Constitución". Y sólo ha decidido apoyar la reforma una vez que el límite constitucional al déficit no incluye dicho límite. Es decir, cuando esa reforma ha dejado de tener sentido.


Dicen que no hay mayor arma de destrucción política que la división interna. Esta sombra sobrevuela actualmente el PSOE. A las lamentables perspectivas electorales y al cambio de discurso dado por el Gobierno al comprobar que estábamos al borde de la suspensión de pagos, se le suma ésta última iniciativa. Sobre el papel, a los ojos de cualquier ciudadano de a pie, la propuesta es razonable: tras ver que una mala gestión de las cuentas públicas ha provocado una gigantesca crisis sobre la economía española, tiene sentido enmendar el error y tratar asegurar legalmente que nadie pueda volver a incurrir en un despilfarro tan dañino. Entonces, ¿por qué el socialismo, incluidos partidos, sindicatos y candidato a la presidencia, se ha revuelto con tanta virulencia ante la reforma? ¿Por qué Rubalcaba dijo que "es una barbaridad"?

Sencillamente porque piensan que lo han hecho bien. Creen que durante una crisis económica, en la que lo que hay que hacer es reducir la deuda contraída durante la expansión crediticia y reestructurar los factores productivos, lo que debe hacer el Estado es gastar cuanto más dinero mejor. Que da igual en qué. Lo importante es que los políticos sigan teniendo el inmenso poder de gastar el dinero de los demás en lo que quieran y sin límite, llevando a un país hasta la suspensión de pagos si hace falta. Y que es así como se sale de la crisis. Da igual que tengamos que ser rescatados, pues entonces dirán que no se ha gastado suficiente. Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.


Libertad Digital – Opinión

Salarios. No al pacto de rentas. Por Emilio J. González

El problema no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como no podía ser menos teniendo en cuenta su militancia en la UGT, acaba de sumarse a las tesis de los sindicatos acerca de un gran pacto de rentas, que suponga también la moderación de los beneficios empresariales y la reducción de los márgenes de distribución. Defender semejante propuesta es no entender nada de la naturaleza de esta crisis ni saber una palabra de economía.

Tal y como están las cosas en estos momentos, las empresas no tienen más remedio que bajar precios si quieren vender algo porque todavía continúa el desplome de la demanda interna. Es la crisis, en sí misma, la que está moderando los beneficios sin necesidad de pacto alguno, cuando no llevando a pérdidas a muchas empresas. Si a ello se añade que la economía española necesita ganar competitividad, reduciendo los precios en torno a un 30%, las presiones a la baja sobre los beneficios son más que evidentes. ¿Qué ocurre? Pues que, en este contexto deflacionista, para que muchas empresas puedan sobrevivir necesitan reducir sus costes drásticamente. Si tenemos en cuenta que el Gobierno, con su absurda política energética, ha disparado el coste de la energía, no queda más remedio que la gran carga del ajuste venga del lado de los costes laborales, bien mediante despidos, bien, si se quiere evitar dejar a más gente sin trabajo, mediante la moderación salarial o, incluso, mediante bajadas de salarios. Además, si los precios bajan, los trabajadores no tendrán por qué perder poder adquisitivo. Ahora, hay que permitir que los precios se puedan ajustar a la crisis, empezando por la moderación salarial y siguiendo por el precio de la vivienda, que sigue sin ajustarse porque los políticos lo mantienen artificialmente alto.


El problema, en contra de lo que dicen los sindicatos, no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina. El problema es, también, pensar que parte de los beneficios se tienen que destinar a inversión cuando en estos momentos sobra capacidad productiva ante la falta de demanda tanto nacional como internacional. Pedir que parte de ellos se destine a crear empleo es sobrecargar a las empresas con más costes cuando lo que tienen que hacer es recuperar competitividad. Y en cuanto a los márgenes de distribución, lo que hay que hacer es introducir más competencia en todos los estadios del sector para que dichos márgenes se moderen.

Todo esto significa permitir que funcionen los mecanismos de ajuste de una economía de mercado. El resto es crear más problemas que los que se pretende resolver.


Libertad Digital – Opinión

Los líos del PSOE. Por Carmen Gurruchaga

El PSOE sigue sin cerrar el debate interno surgido por la discrepancia de algunos de sus dirigentes con el acuerdo pactado entre los dos grandes partidos para reformar la Constitución y limitar el déficit. Zapatero y Rubalcaba lo defendieron ante la Comisión Ejecutiva Federal y como gran argumento, el presidente echó mano de una perogrullada: es imprescindible para España tener sus cuentas públicas saneadas y estabilizadas. Parece que convenció a todos los presentes y ahora quedan por atraer a esa tesis diputados y senadores. Seguro que al final la votan favorablemente, aunque lo hagan a regañadientes. Pero éste no es el único lío que tiene este partido. De hecho, el candidato está teniendo algunos problemas con la confección de las listas, pues hay nombres conocidos que han renunciado a ir en las mismas: la ministra Elena Salgado, el ministro Sebastián y Carmen Calvo, entre otros. Y falta la tradicional bronca entre las distintas sensibilidades de la federación madrileña. De momento, ya ha cuestionado a Elena Valenciano, designada por Rubalcaba como «número dos» por Madrid. Mientras tanto, los «populares» llevan una existencia más tranquila, dedicados a preparar la campaña electoral. Ayer, Ana Mato dirigió la reunión del comité de estrategia en el que se abordaron los mensajes de campaña y la agenda del PP. Esta formación política lleva en su ADN la defensa del principio de disciplina presupuestaria y control del gasto. Es más, se trata de una propuesta de Rajoy realizada en el Parlamento hace poco más de un año y que fue ridiculizada por el PSOE. Pero el último que ríe es el que mejor.

La Razón – Opinión

El balance. La gran farsa constitucional. Por Manuel Llamas

Lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal.

Al fin PSOE y PP han alcanzado un gran pacto de Estado para limitar el déficit por vía constitucional. Muchos se han alegrado de tal hazaña e insisten en que éste es el camino correcto para sacar al país del atolladero. Pues lo siento, pero ni una cosa ni otra. El consenso político tan sólo es positivo si sirve para poner en marcha las reformas económicas precisas para potenciar el crecimiento y reinstaurar la cordura en las cuentas públicas. Y el problema aquí, sin embargo, es que ambas formaciones han pactado un cambio constitucional para que todo siga igual.

En este sentido, populares y socialistas han desempeñado una vergonzosa y lamentable función teatral, consistente en alabar las bondades de una reforma inexistente. Se trata, por tanto, de un fraude político, un patético engaño electoral coordinado entre Génova y Ferraz derivado de la profunda hipocresía que ambos profesan. Y si no observen las siguientes declaraciones:

Mariano Rajoy, líder del PP: el objetivo del pacto es que las administraciones públicas "no gasten lo que no tienen".


Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo Popular: "Queremos lograr que todos los responsables públicos estén sujetos a la austeridad; que no se traslade a las generaciones futuras los excesos y la mala gestión de las cuentas publicas; ahora la austeridad y la responsabilidad se convierte [...] en una obligación".

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno: el pacto establece "unos límites razonables" de deuda, "unas finanzas estables" y una "deuda pagable".

Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE: "La Constitución recogerá el principio de estabilidad presupuestaria a largo plazo para que España no incurra en un endeudamiento que acabe hipotecando gravemente nuestro futuro; esta ley va a garantizar, en todo caso, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos".

La mayoría de la gente sigue pensando que los dos grandes partidos políticos han acordado una especie de techo presupuestario, por el cual el déficit público en ningún caso superará el 0,4% a partir de 2020 y la deuda no sobrepasará el 60% del PIB. Nada más lejos de la realidad. El único tope que se impone es sobre el "déficit estructural", es decir, el descuadre fiscal que registraría España en situación de pleno empleo. Dicho de otro modo, el pacto PSOE-PP tan sólo se refiere a una parte del déficit, ya que deja al margen los denominados "estabilizadores automáticos" –la natural caída de ingresos y aumento de gastos que se produce como consecuencia de una crisis–.

Si a ello añadimos que, según el texto acordado, "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia [en donde cabe casi todo]", el resultado es que España volvería a registrar un déficit superior al 10% del PIB en caso de que la citada reforma hubiera entrado en vigor en 2007.

De este modo, lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal. Y es que los políticos seguirán gozando de manga ancha para disparar el déficit, tal y como ha acontecido estos últimos años, convirtiendo así la tan cacareada reforma en una gran farsa constitucional.


Libertad Digital – Opinión

Moción de autocensura. Por José Antonio Álvarez Gundín

Hay algo aún más aburrido que ver en diferido un partido de fútbol con empate a cero y es un debate parlamentario en el que PP y PSOE están de acuerdo en todo. Sin embargo, el riesgo que corre hoy el Congreso no es hastiar a los tendidos con una sesión versallesca, sino defraudar a los perplejos y darles munición a quienes gritan por las esquinas eso de «no nos representan». Es probable que tengan razón los dos grandes partidos cuando desestiman el referéndum para revalidar una reforma de la Constitución que no toca directamente derechos fundamentales, sino que alude genéricamente al control del déficit. Pero tienen que explicarlo con claridad y, si entra en el sueldo, ser sinceros con sus errores, que son muchos y muy graves. Porque esta reforma es, antes que nada, el reconocimiento paladino de un gran fracaso de la clase política: el de no haber manejado con responsabilidad, honradez y previsión los dineros públicos. Lo mismo desde el Gobierno de la nación que desde los gabinetes autonómicos y las alcaldías. Todos ellos dispararon con pólvora del rey, gastaron como cigarras e hipotecaron las tres próximas generaciones con pasmosa frivolidad. Espoleados por el «principio» económico «El dinero público no es de nadie», acuñado por la mente maravillosa de Carmen Calvo, a la sazón ministra de Cultura, se lanzaron sobre el botín con hambre atrasada y se carcajearon de Aznar, que como castellano viejo presumía de déficit cero y de techo de gasto. Una de las pancartas más inteligentes que este domingo pasearon los «indignados» de Barcelona decía así: «¿Cómo le explicarás a tus hijos que perdiste lo que ganaron tus padres luchando?» No se puede expresar mejor la incompetencia de unos gobernantes que en estos ocho años han despilfarrado una década de bonanza como no se recordaba en España. Si nuestros socios europeos han obligado a reformar la Constitución no es porque quieran recortarnos el Estado de Bienestar: es que no se fían de nuestros dirigentes como gestores de las arcas públicas. Por eso, sería signo de decencia y dignidad que Sus Señorías entonaran hoy en el Congreso el «mea culpa» y admitieran que el retoque constitucional es la primera moción de autocensura en la historia de nuestra democracia. De ahí que los del 15-M sigan en la inopia cuando exigen un referéndum como coartada para rechazar la reforma, pues deberían apoyarla por tratarse de un acto de legítima defensa de los ciudadanos frente a gobernantes irresponsables y vanos que estiraron más la mano que la manga.

La Razón – Opinión

Indignados. ¡Viva la dictadura de los mercados! Por Juan Ramón Rallo

Los lunes se levantan enérgicos en contra de que un Estado deficitario se endeude en los mercados, mientras que los martes salen a la calle para oponerse a que el Estado renuncie al déficit y deje de depender de esos mercados.

Clamaban hace apenas unas semanas los sindicatos, los indignados y demás grupos de extrema izquierda que resultaba del todo punto inadmisible que España sucumbiera a la dictadura de los mercados. ¿Qué era eso de que los ahorradores le exigieran al Estado unos tipos de interés crecientes para prestarle unos fondos que deseaba despilfarrar y que le iban resultando cada vez más complicados de devolver? Es lo que tenía gastar más de lo que uno ingresa: que ha de pedir prestada la diferencia. Y si uno pide prestado, pues depende del que le tiene que prestar.

Pero hete aquí que quienes bramaban contra nuestra inaceptable sumisión a los mercados protestan ahora también contra la limitación constitucional del déficit público. Y no porque haya sido un fraude consensuado por nuestra partitocracia que en nada restringirá la imprudencia financiera de nuestros mandatarios, sino porque la hinchada indignada dice estar convencida de que la norma se cumplirá a pies juntillas y nuestros políticos abandonarán su insana costumbre de cargar sus desproporcionados gastos sobre las espaldas de las generaciones venideras.


Vamos, que los indignados se manifiestan ahora en contra de que nuestros políticos busquen reducir la excesiva dependencia de la Administración Pública de los mercados. Los lunes se levantan enérgicos en contra de que un Estado deficitario se endeude en los mercados (y, dependa, por consiguiente de esos mercados), mientras que los martes salen a la calle para oponerse a que el Estado renuncie al déficit (y, por tanto, deje de depender de los mercados).

No hay quien les entienda. Bueno, en realidad sí: se les entiende todo demasiado bien. La izquierda, como corriente ideológica, busca incrementar todo lo posible el peso del Estado sobre nuestras vidas, esto es, que la cantidad de recursos que controle y maneje el Gobierno sea cada vez mayor. A su vez, estos lobbys de izquierda aspiran a que ese Estado hipertrofiado les otorgue una importante asignación monetaria que les permita vivir de la sopa boba, esto es, sin prestar ningún servicio que los consumidores valoren y por el que estén dispuestos a pagar voluntariamente. Todo cabe dentro de esa elástica categoría de "derechos sociales", que no es más que una excusa para arrebatarles la riqueza a los individuos y empresas que la producen para transferírsela a quienes ni lo hacen ni tienen la más mínima intención de hacerlo.

Por supuesto, en teoría la limitación del déficit no impide que el Estado siga creciendo y que estos grupos sigan mamando de la teta pública, pues el presupuesto puede cuadrarse incrementando los impuestos. Pero, en la práctica, toda la izquierda es consciente de que, en Occidente, la tributación ya se encuentra en unos niveles prácticamente confiscatorios, por lo que queda poco margen para trasquilar la oveja sin arrancarle la piel. Es mucho más sencillo endeudarse, gastar con cargo a los ingresos tributarios futuros... y el que venga detrás que arree.

Pero bueno, que no se preocupe nuestra izquierda. Si el Estado deja de endeudarse no será por el nuevo artículo 135 de la Constitución, sino porque esos despóticos mercados de los que no quieren depender nos habrán cerrado definitivamente el grifo. Y entonces sí, los déficits desparecerán por necesidad y los privilegios de la casta política y de los grupos de presión adyacentes (sindicatos e indignados) sólo podrán mantenerse sangrando todavía más a la muy sufrida clase media española. Ya no dependeremos de los mercados y la nomenclatura y sus apparatchiks podrán vivir a cuerpo de rey parasitando a la empobrecida sociedad española. Solidaridad, lo llaman.


Libertad Digital – Opinión

A tres meses del Gobierno

El Partido Popular arrancó ayer un curso político que acabará en las elecciones generales del 20-N con grandes probabilidades de que los españoles le otorguen la responsabilidad de formar Gobierno. El comité de dirección del PP, presidido por Mariano Rajoy, definió ayer las líneas fundamentales de su política en estos tres meses que restan para la cita con las urnas. Fue un encuentro con propuestas en positivo y propio de una formación que sabe que en un plazo breve asumirá una importante responsabilidad al frente de un país que atraviesa una situación difícil.

Rajoy estableció que la prioridad del PP será la economía. No perderse en debates estériles y tangenciales que no responden al interés general nos parece una actitud acertada. La opinión pública espera que el PP se mantenga en esa primera línea con soluciones económicas, como ha sido su trayectoria en esta legislatura, y con la voluntad de sumar esfuerzos. En este sentido, resulta especialmente encomiable la voluntad de la dirección del PP de colaborar con el Gobierno en estos tres meses en la línea de la reforma de la Constitución que impone el límite de déficit y una disciplina presupuestaria. Los populares incidieron, y con razón, en la trascendencia política del compromiso que ha generado una importante corriente de apoyo tanto dentro como fuera de nuestro país. En este punto, conviene reiterar que esa modificación constitucional fue propuesta hace un año por Rajoy y que fue rechazada por el Gobierno. Pero más allá de pasados desencuentros, que el PP y el PSOE sean capaces de articular iniciativas conjuntas limita las incertidumbres y genera confianza.


En esa trayectoria de rigor y seriedad, los populares han insistido en defender la idea de un plan global para la economía que incluya una reforma fiscal general. Ésta ha sido su respuesta al demagógico discurso del candidato socialista sobre la creación de un impuesto para ricos y la intención del Gobierno de recuperar el Impuesto de Patrimonio, que él mismo derogó en 2008, entre otras ocurrencias e improvisaciones.

El PP dejó ayer en evidencia las contradicciones del PSOE en materia fiscal al insistir en que sus políticas han gravado, sobre todo, a las clases medias. Las subidas de impuestos, como la que defienden los socialistas, responden a una estrategia equivocada y más todavía en un país en crisis. El PP apuesta por la bajada de la presión fiscal como una forma de estimular la actividad económica y de aumentar así la recaudación. Es una fórmula avalada por los gobiernos de Aznar. El otro gran objetivo de una política que persiga el equilibrio debe ser reducir el déficit estructural. Los socialistas han practicado lo contrario: gasto público, déficit y subida de impuestos para paliar los números rojos. El resultado ha sido el escenario actual, con asfixia de las arcas públicas y colapso de la demanda interna y, por tanto, de la actividad.

Por tanto, Rajoy arranca el curso como la alternativa sólida y fiable para una gran mayoría de españoles, y con la convicción general de que sabrá responder al gran desafío que le espera.


La Razón – Editorial

Una iniciativa peligrosa

Un referéndum sería un factor adicional de incertidumbre que penalizaría los mercados.

El Congreso de los Diputados decide hoy sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución, que se vota el viernes. Entre el anuncio por parte de Zapatero de la propuesta, previamente consensuada con Rajoy, y la sesión de hoy se han producido dos hechos que añaden ruido innecesario a la medida: el surgimiento de voces que reclaman aprovechar la reforma para introducir otras modificaciones en la Carta Magna; y la petición de que, en todo caso, la decisión sea sometida a referéndum.

Ambos planteamientos van en sentido contrario al objetivo más inmediato de la reforma: constitucionalizar el compromiso de equilibrio presupuestario como garantía reforzada ante los inversores internacionales. La vicepresidenta del Gobierno catalán plantea que, "puestos a fijar topes, se acote la solidaridad de Cataluña con el resto de España"; el principal partido del País Vasco, el PNV, anuncia que aprovechará el viaje para introducir el derecho de autodeterminación, y los nacionalistas canarios para que se reconozca su singularidad insular. Lo que transmiten esas salidas en tromba es falta de seriedad de los responsables políticos. Sobre todo porque banalizan la reforma misma y el objetivo que persigue.


Agravan también la tacha de improvisación con que ciertamente nació la iniciativa. Especialmente si se añade la incertidumbre asociada a la demanda de referéndum, que la reforma no requiere pero es posible celebrar si consigue el aval de al menos el 10% de las Cámaras. Ese porcentaje se alcanzaría en el Congreso si recibe el apoyo de 35 diputados. PSOE y PP suman 323, por lo que el resto, 27 diputados, no alcanza el mínimo. A no ser que haya fuga de votos en alguno de los dos partidos, lo que no es del todo imposible en el PSOE.

Las voces críticas surgidas en su interior contra la iniciativa cuentan con argumentos defendibles, pero también lo son las de signo contrario, dadas las condiciones especialísimas en que se ha planteado, en respuesta a exigencias exteriores difícilmente soslayables. Lo que no tendría sentido es convertir el debate sobre el contenido de la reforma consensuada entre los dos principales partidos en una pugna por el referéndum. Si llegase a celebrarse -con el despliegue y el gasto correspondiente- la participación sería probablemente muy escasa, lo que añadiría incertidumbre al desenlace. Pero ¿cómo evitar que la mera posibilidad de su celebración sea considerada por esos mercados tan sensibles a lo imprevisto un factor añadido de riesgo que penalice nuestra deuda soberana?

El sistema acordado, que remite a una ley orgánica el desarrollo de los principios plasmados en la reforma, permitirá afinar los aspectos más polémicos de la misma, como la distribución de los límites de déficit y deuda entre las diferentes Administraciones, los supuestos excepcionales en que podrán superarse esos límites y las sanciones en caso de incumplimiento: una ley orgánica, lo que posibilitará la deliberación sosegada y las matizaciones que un referéndum no permite.


El País – Editorial

Movilizaciones a favor del despilfarro

Si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero.

Pese a que Rubalcaba se haya salido con la suya y haya conseguido aguar lo que podría haber sido una gran reforma constitucional, la movilización de la extrema izquierda, tanto sindicatos como indignados, no resulta ni mucho menos de recibo en estos momentos de crisis económica. La izquierda no sólo yerra en el fondo de la cuestión, sino también en las formas.

Se equivoca en el fondo porque insiste en reclamar dos objetivos incompatibles: que no dependamos de los mercados (y por tanto que no tengamos que colocar nuestra en el mercado) y que no dejemos de endeudarnos (y por tanto que sigamos dependiendo de los mercados a la hora de colocar nuestros bonos). Lo ideal, por supuesto, sería que nuestros políticos no gastaran más de lo que ingresan, pero amplios sectores de la izquierda prefieren la prodigalidad a la austeridad, sobre todo cuando el despilfarro lo pueden cargar, mediante la deuda, a la cuenta corriente de nuestros hijos y nietos.


Pero sindicatos e indignados yerran también en las formas. En unos momentos en los que los inversores extranjeros observan con extrema desconfianza no sólo nuestra capacidad para devolverles el dinero sino también nuestra determinación para hacerlo, estas manifestaciones que promueve la izquierda para el próximo día 6 de septiembre sólo conseguirán acercar a nuestro país, dentro del imaginario de los ahorradores internacionales, a las algaradas callejeras que se han vivido en Grecia durante los últimos meses.

No, si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero. De salir a la calle, deberíamos hacerlo para exigir que nuestros políticos sean lo suficientemente diligentes como para honrar hasta el último céntimo de sus deudas y para reforzar nuestra credibilidad como país. La alternativa izquierdista de acabar de hundirla no puede ser más ruinosa.


Libertad Digital – Editorial

lunes, 29 de agosto de 2011

Reforma. ¿Consenso o cambalache constitucional? Por Agapito Maestre

Desasosiego político provoca que un paquete de reformas, no entro ahora en valorar su calado, se hayan pactado por los dos grandes partidos en tan poco tiempo sin apenas ser explicadas ni debatidas en la sociedad y en el Parlamento.

Contrasta el alto nivel de satisfacción que reflejan las elites del PSOE y el PP por el consenso obtenido para alcanzar el equilibrio presupuestario con el rigor crítico, e incluso de acerado sarcasmo, con el que se están analizando las medidas. El diálogo y el consiguiente acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP fueron, al principio, muy bien recibidos por los ciudadanos en general y por los medios de comunicación en particular. Pero, al poco tiempo, casi a las 48 horas, de ser conocidos los procedimientos y los contenidos del paquete de las reformas, especialmente la referida al cambio constitucional, se ha producido una reacción crítica virulenta no sólo por una parte de la opinión pública reflejada en los medios de comunicación, sino también por un buen puñado de especialistas en cuestiones económicas y también en Derecho Constitucional.

Es como si se hubiera pasado de una actitud de entusiasmo por el consenso entre PP y PSOE, después de no sé cuánto tiempo sin hablarse ni mirarse el Gobierno y la Oposición, al derrotismo de quien ya ha empezado a ver en ese acuerdo un cambalache entre las elites políticas para engañar a los mercados y, de paso, a los países de vanguardia de la UE. Sin militar entre las filas de los entusiastas y, por supuesto, lejos de quienes no quieren analizar el potencial altamente simbólico, decisivo siempre en las democracias, que tiene este consenso para la política española, quiero creer que es necesario pasar por una etapa intermedia de cierto desasosiego intelectual y político.


Desasosiego intelectual, sin duda alguna, produce el procedimiento elegido para controlar el déficit estructural del Estado y, sobre todo, de las Autonomías a través de una reforma de la Constitución a mata caballo y, seguramente, sin haber sido explicada con la pedagogía suficiente a los ciudadanos; por no hablar, naturalmente, de quienes cuestionan la legalidad de la reforma sin pasar por la vía del referéndum. La búsqueda del equilibrio de los presupuestos a través de una cláusula constitucional no deja de resultar un procedimiento alambicado, por decirlo suavemente, que más parece querer ocultar algo que dar satisfacción a una exigencia de la UE.

Desasosiego político provoca que un paquete de reformas, no entro ahora en valorar su calado, se hayan pactado por los dos grandes partidos en tan poco tiempo sin apenas ser explicadas ni debatidas en la sociedad y en el Parlamento, en fin, sin política de verdad. Es como si unos, los del PP, quisieran exagerar su alto espíritu de consenso para el presente y el futuro; y los otros, los del PSOE, tapar algunos agujeros importantes después de los boquetes terribles que han hecho en la hacienda pública. En fin, el alambicado y aparatoso procedimiento elegido para fijar un límite al déficit estructural mueve a la sospecha y al desasosiego político e intelectual, sobre todo si se tiene en cuenta que los acuerdos alcanzados entre el PP y el PSOE son menos exigentes que la Ley de Estabilidad de 2001 y la reforma de 2006.


Libertad Digital – Opinión

Todo es posible. Por Enrique López

Vivimos tiempos muy extraños y aunque desde una perspectiva histórica esta frase ha servido para explicar múltiples sucesos, lo que sí es cierto es que desde la perspectiva que da una vida, en estos momentos asistimos a sucesos que por más explicación que tengan no dejan de sorprender. La situación económica está marcando muchos de estos sucesos, y lo imposible se convierte en posible; sólo hace falta leer los periódicos de los últimos días para ver cómo la situación económica ha forzado un consenso constitucional tan inimaginable como necesario en España, y que ojalá en un tiempo no muy lejano, pueda ser extendido a otros extremos. No voy a entrar en el contenido de la reforma, pero si bien de la necesidad dicen que se hace virtud, sería bueno ante otros problemas, no llegar a situaciones límites. Por otro lado, hemos asistido a la actuación económica concertada en Europa de mayor calado en los últimos tiempos y ello para tranquilizar los mercados bursátiles en ayuda de las economías nacionales que estaban viéndose asediadas desde los propios mercados y por la actuación de los mismos. Hace más de un año, escribía en esta misma Tribuna que «Soluciones hay, y no se trata de penalizar, ni inventarse fiscalías europeas ad hoc, sino de identificar y regular las ventas ‘‘en corto’’ (short selling), operaciones de venta en descubierto concertadas en el mercado de contado con títulos obtenidos en préstamo durante la misma sesión de negociación» y que «se deben regular las denominadas ventas a crédito, en las que las entidades financieras se encargan de prestar los valores que el cliente quiera para, a continuación, venderlos al precio del día». Lo primero es difícil de mantener de forma permanente porque iría contra la esencia del propio mercado de valores y lo segundo, difícil de controlar, pero no cabe duda de que soluciones que hace poco tiempo se consideraban imposibles, hoy se hacen necesarias. Aun así, no debemos olvidar que se está ante cirugía de urgencia, debiéndose analizar lo que está pasando y por qué, para así tomar decisiones de futuro. Gran parte del problema económico mundial, y del cual es tributaria nuestra economía, se centra en lo que los expertos llaman la dominación de la industria por las finanzas, esto es, los mercados financieros han sometido a la industria, manufactura, servicios, etc., como un designio de economía global. Pero el problema real es que no sólo la economía financiera conduce a la economía real, la productiva, sino que además lo hace con total desprecio de la misma, hasta el punto de que el mercado tiene que defenderse de sí mismo, esto es, se tiene que comprar deuda soberana y privada, para preservar el normal funcionamiento del propio mercado, y ello contra sus propias actuaciones. ¡Qué paradoja, utilizar el mercado para defenderse del mismo mercado! A esto ha conducido el exceso de deuda por el temerario apalancamiento de la misma permitido en la últimas décadas, lo cual ha aumentado la inversión no productiva y el consumo, y no sobre la base de riqueza, sino de crédito. Esto requiere más deuda para pagar este crédito, y así se genera un círculo vicioso donde deja de ser prioritaria la actividad productiva, y al final es difícil distinguir quién debe a quién y cuánto. A esto se le debe añadir la oscuridad que se ha instalado en muchas operaciones, donde el riesgo aparece totalmente camuflado, desaprendiendo una de las máximas del mercado financiero: el conocimiento del riesgo. Todo ello ha producido una quiebra de confianza, fiducia, algo necesario en un mercado en el que todo se tituliza y vale al margen de su valor real. Recuperar la confianza perdida no es gratis ni se genera por Ley; se requiere diseñar instrumentos que la otorguen y soporten. Cuando un ciudadano realiza un pago con su tarjeta de crédito, confía en él porque les firma un documento abierto con la tarjeta de crédito, y no porque suelte un discurso acerca de lo honorable y buena que pueda ser su persona. Y el comerciante confía en un instrumento que al instante les dice que cuenta con crédito disponible, y este sistema es confiable porque el banco emisor posee información exacta acerca de su disponibilidad y capacidad de pago. Los gobiernos e instituciones deben diseñar mecanismos para restablecer la fiducia con instrumentos que evalúen a los agentes financieros que elaboran la información y transparencia necesaria, y un esquema de regulación que otorgue garantías de que la codicia de algunos operadores financieros no volverá a aparecer en los mercados. Al final no podemos olvidar que tras los mercados hay personas, con sus valores y sus miserias. Hay que apostar por la economía productiva, y ésta es la que debe determinar la financiera y no al revés. Esto requiere instrumentos regulatorios, pero también un rearme de valores y principios. En estos momentos todo es posible.

La Razón – Opinión

La dignidad de Cataluña. Por José Carlos Rodríguez

Todo lo cual crea ciertas expectativas. ¿Quién será este héroe de la política catalana? Pues el poseedor de estas palabras: "las oleadas migratorias son un plan para descatalanizar Cataluña".

Ha muerto Heribert Barrera. El lector no avisado debe saber que Barrera fue consejero de la Generalidad de Cataluña durante la Guerra Civil y que fue el primer presidente del Parlamento catalán tras la instauración de la democracia en la Transición. Entre una y otra ocupación media una notable carrera de científico y profesor.

Si estos datos le dejan frío al lector, oiga las palabras que se han volcado sobre su reciente cadáver. Jordi Pujol ha dicho que "merece el agradecimiento y el recuerdo entrañable del pueblo de Cataluña" pues "fue un defensor de los derechos y de la dignidad de Cataluña". Claro, esto ya es otra cosa. Es, en concreto, la dignidad de Cataluña, nada menos. El también muy honorable Artur Mas también ha destacado su coherencia y lo ha propuesto como ejemplo para la juventud. Un millón y medio de peregrinos de la JMJ, al fin y al cabo, pueden estar equivocados sobre qué ejemplo deben seguir. Reagrupament lamenta que con él se ha perdido "un patriota de alta calidad intelectual y humana".


Todo lo cual crea ciertas expectativas. ¿Quién será este héroe de la política catalana? Pues el poseedor de estas palabras: "las oleadas migratorias son un plan para descatalanizar Cataluña". A él le gustaría "una Cataluña como la de la República". Es decir, ¿una Cataluña democrática?, no, "sin inmigrantes". Pues "es más importante salvar Cataluña que la democracia", con sus incómodas y cabe pensar que anticatalanas salvaguardas de los derechos individuales. Como el de emigrar o educar en español. Pero su pensamiento, para desmentir su apellido, carece de fronteras y llega a cruzar el continente: "En América los negros tienen un coeficiente intelectual inferior a los blancos", lo cual agitado en la coctelera de su pensamiento con que "se debería esterilizar a los débiles mentales de origen genético" produce vértigo. Es normal, dada la altura de la calidad intelectual y humana de Barrera. En ese esquema de valores entra como un guante (me los pongo para colocar aquí la cita), esta declaración: "Me merece más respeto un asesino de ETA que un delincuente común, puesto que el etarra mata por convicciones nobles, no por dinero". Es la "política sin eufemismos" que ha alabado otro dirigente catalanista.

Sin duda fue "fiel a sus principios, honesto, íntegro y nada demagógico", como ha dicho el propio Pujol. ¿Qué Cataluña oficial es esta que encumbra a un racista xenófobo partidario de la eugenesia? La que encarna, cabe pensar, la dignidad de Cataluña.


Libertad Digital – Opinión

El Estado contracultural. Por José María Marco

Hace veinte años, en 1991, Marc Fumaroli, profesor y ensayista francés, publicó una obra que se ha convertido en un clásico. Se titulaba «El Estado cultural», y existe una edición española, muy recomendable. Fumaroli describía cómo el Estado francés había hecho de la Cultura una de sus principales instancias de legitimación. El resultado es que la política cultural se había convertido en la economía política del ocio colectivo y la política cultural, en la promoción de los motivos de distracción.


El análisis de Fumaroli era impecable y, como tantas otras veces, no tuvo ninguna repercusión. En España las cosas han seguido un camino parecido porque, como en tantas ocasiones, copiamos el modelo francés sin pararnos a pensar si era lo más conveniente. Aunque en estos veinte años se ha avanzado mucho en recuperación y mejora del patrimonio, también se han llevado hasta su extremo algunos de los vicios denunciados en 1991. Entonces se pudo hablar de la cultura como religión sustitutiva. Hoy ya nadie se cree eso y la cultura, la cultura tal como se concibe en los despachos oficiales, se ha convertido, en buena medida, en un instrumento de marketing. Gestionado con prudencia para no perjudicar las obras, esto puede tener efectos positivos, aunque conviene recordar de vez en cuando que la catedral de Toledo, por ejemplo, no es Disneyworld.


Tal vez sería necesario, en cambio, rectificar algunas derivas. Uno de ellos es el gigantesco gasto en cultura que, tal y como había anunciado Fumaroli, no ha servido para dar continuidad al legado recibido. A pesar de las cantidades derrochadas, del personal comprometido y de las decenas de «contenedores culturales» levantados por toda España, hoy los niños españoles no pueden asistir a una función decente de nuestros clásicos, no hay una programación consistente de zarzuela y lo que debería ser un buque insignia, como el Teatro Real, está dedicado a luchar contra el repertorio y la música española. En tiempos de crisis, cuando no hay dinero para pagar las medicinas ni los servicios de sanidad, será necesario pensar lo que es imprescindible y lo que no lo es. Mucho más en la nueva sociedad, en la que el sueño del Estado omnipotente se habrá desvanecido.


Además, en nombre de la modernidad y la libertad artística, la cultura oficial ha asumido un proyecto que tiene sus raíces más hondas en la contracultura de los años setenta. La cultura oficial está en la vanguardia de un proyecto militante destinado a emanciparnos de nuestras cadenas y liberarnos de nuestro pasado, en particular de nuestro pasado de españoles: a hacernos más ignorantes y más zafios, en dos palabras. Uno de los focos más activos de los ocupas indignados en Madrid es un antiguo edificio de Tabacalera cedido por el Ministerio de Cultura a un grupo de parásitos que lo ha bautizado como Centro Social Autogestionado. Así tantas cosas. Sería de agradecer que los próximos responsables de Cultura pensaran con seriedad en su cometido y empezaran, aunque fuera poco a poco, a librar a su departamento del activismo contracultural.


La Razón – Opinión

Reforma constitucional. La pintan calva. Por Emilio Campmany

Total que, con un poco de suerte, los nacionalistas se oponen a la reforma constitucional y demuestran que se puede hacer sin su consentimiento y aquí no pasa nada.

Esta reforma constitucional express, además de ser una propuesta tontiloca y acelerada, es inútil porque todo lo fía a un desarrollo legislativo con el horizonte puesto en 2020. Nadie explica por qué, si el límite es para 2020 y sólo si para entonces se dan determinadas circunstancias, hay que hacer la reforma en 15 días y no se puede esperar a la próxima legislatura a darle un par de vueltas al texto.

Y, sin embargo, una cosa buena va a tener esta reforma. Fuera perciben el nuestro como un país federal donde la Administración central es incapaz de disciplinar el despilfarro de los estados federados. La reforma trata de convencer a los mercados de que eso se ha acabado. Y para que esta percepción llegue a sus destinatarios lo mejor sería que los partidos nacionalistas votaran en contra. Probablemente lo harán, porque el texto está dirigido sin duda a limitar los poderes de las comunidades autónomas. Ojalá sea así. Con ello no sólo le habremos dado a los mercados lo que los mercados quieren, sino que además habremos demostrado que en España es posible reformar la Constitución sin el voto favorable de los nacionalistas sin que pase nada. Y así se habrá sentado un importante precedente para afrontar las muchas reformas que a nuestro Estado convienen sin necesidad de que los dichosos nacionalistas las tengan que bendecir.


Se dirá que el consenso de los nacionalistas es necesario porque fue con ese consenso con el que se redactó la Constitución de 1978. Pero no es así. No hay que olvidar que el PNV no aprobó la Constitución de 1978 para poder seguir recogiendo las nueces del árbol que agitaba ETA. Y hay que recordar que CiU viene ciscándose en la Constitución casi desde que entró en vigor ya que algunos de sus preceptos más importantes no rigen en Cataluña y porque la reforma de su estatuto implica un cambio por la puerta de atrás de la propia Constitución sin contar con otros españoles que no fueran los catalanes. Que los socialistas fomentaran tal atropello no excusa a los nacionalistas de haberlo perpetrado.

Total que, con un poco de suerte, los nacionalistas se oponen a la reforma constitucional y demuestran que se puede hacer sin su consentimiento y aquí no pasa nada. Lo que, con otra dosis de suerte, convencerá a nuestros políticos nacionales de que se pueden hacer más cosas, que son muchas las que conviene hacer, sin ese consentimiento. Que Urkullu y Duran i Lleida sigan poniendo el grito en el cielo, que suena a música celestial porque a PSOE y PP no les queda otra que terminar lo que han empezado, y PNV y CiU tendrán que subirse al carro o clamar en el desierto, que de las dos formas quedará demostrada su inanidad. El caso es que por una vez con Zapatero, y sin que sirva de precedente, no hay mal que por bien no venga. Menos da una piedra.


Libertad Digital – Opinión

En caída libre con Rubalcaba

A casi tres meses de las elecciones generales, la tendencia de intención de voto persiste y la distancia entre el PP y el PSOE es cada vez mayor. Definitivamente, la encuesta de NC Report que LA RAZÓN publica hoy confirma que el «efecto Rubalcaba» se ha diluido aceleradamente y que no ha logrado invertir la secuencia negativa de su partido. Los resultados son concluyentes y la comparación con la serie histórica alimenta el pesimismo generalizado que los dirigentes del PSOE manifiestan de puertas para adentro. Si se celebraran hoy los comicios generales, Pérez Rubalcaba obtendría un resultado aún peor que el de Joaquín Almunia y se quedaría con una representación similar a la de 1977 y 1979. Según el sondeo, el partido en el Gobierno alcanzaría de 117 a 119 escaños, por debajo de los 125 que logró el hoy comisario europeo. Para darse cuenta de la magnitud del descalabro basta con detallar que los socialistas pierden 3,9 millones de votos desde las últimas generales.

Enfrente, Mariano Rajoy se mantiene muy por encima del límite de la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 diputados, y lograría de 182 a 185 diputados. La alternativa política de Rajoy concita la confianza de una muy importante mayoría de españoles, más de 11,1 millones. El crédito del líder del PP es inversamente proporcional al que provoca el proyecto socialista del candidato y exvicepresidente. La diferencia en número de votos a favor de los populares –3,7 millones– no admite otra interpretación. Como tampoco la valoración de los líderes por parte de los españoles, en la que Rajoy mejora a Pérez Rubalcaba.


La radiografía electoral no arroja un solo elemento que permita presagiar una variación sustancial en el escenario político. Hablamos de 30 meses consecutivos de ventaja popular y 15,7 puntos de distancia a tres meses de las elecciones. En ese panorama, resulta especialmente significativo el voto de los jóvenes. Pérez Rubalcaba ha volcado su proyecto electoral hacia una izquierda radical, con guiños constantes a los «indignados», y planes de contingencia sobre el empleo juvenil. Pero los nuevos votantes tampoco confían en un político que formó parte del Gobierno que dejará una España con casi la mitad de los jóvenes sin trabajo. La encuesta refleja que el 46,3% de los nuevos electores apoyará al PP, mientras que sólo el 22,8% respaldará al PSOE. Además, el voto mayoritario a Rajoy se repite en todos los tramos de edad.

Pérez Rubalcaba no ha convencido porque no podía hacerlo. Su responsabilidad en el Gobierno del fracaso económico y la injusticia social es imposible de pasar por alto para un electorado hastiado de los socialistas y de la crisis. Y por si fuera poco, la división interna en el PSOE sobre la reforma constitucional ha evidenciado la falta de entereza y de credibilidad de su proyecto.
Los españoles quieren el cambio que representa Rajoy. Confían en su seriedad, capacidad y experiencia para emprender las reformas estructurales e institucionales necesarias. España ha perdido demasiado tiempo, pero esperemos que en estos tres meses el Gobierno sea capaz de mantener un entendimiento con el PP como el que ha presidido la modificación de la Carta Magna.


La Razón – Editorial