lunes, 6 de septiembre de 2010

ETA en su callejón

La banda trata de sondear con una declaración ambigua la posibilidad de una negociación política.

"ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas", dice la declaración difundida ayer por la banda. No dice que declara una tregua, pero se supone que si está en ella hace meses, seguirá estándolo hasta nuevo aviso. Por tanto, hay tregua, aunque tampoco dice que sea permanente, como sí dijo (y no cumplió) en la de 2006, o indefinida, como en la de Lizarra. Y limita el alto el fuego a acciones "ofensivas", una cautela que otras veces ha significado que se reserva el derecho a realizar acciones "defensivas" (como asesinar a un gendarme en el curso de un atraco a mano armada).

El anuncio de alto el fuego figura inmediatamente detrás de un párrafo en el que ETA muestra su disponibilidad para "acordar" con el Gobierno "los mínimos democráticos para emprender el proceso democrático". Esa expresión, proceso democrático, es la que viene utilizando ETA desde finales de los ochenta como contraposición a la de "proceso de paz". Y su significado es, según explicaba en su boletín Zutabe número 110, el de un "tránsito" del actual marco político "impuesto" a uno "basado en la autodeterminación y la territorialidad": los dos ejes de su programa. ETA plantea, por tanto, que el Gobierno negocie y acuerde con ella las reivindicaciones en nombre de las cuales ha asesinado a 828 personas.


También Batasuna habla de proceso democrático como alternativo a proceso de paz. Pero así como los de Otegi han acabado sosteniendo que el primer paso tiene que ser la tregua permanente y verificable de ETA, como les ha aconsejado el mediador Brian Currin, la banda evita cualquier compromiso temporal y condiciona la aceptación de la verificación internacional a la apertura de una negociación con el Gobierno central, según fuentes nacionalistas.

Que ETA acceda a hablar de alto el fuego es, con todo, una muestra de que sus jefes son sensibles a las presiones de los de Batasuna y los mediadores internacionales en favor de un cese de la violencia que les permita participar en las elecciones. Con su ambigua declaración, ETA pretende seguramente sondear la capacidad de resistencia del Gobierno, los partidos y la opinión pública. Si percibe alguna disponibilidad a ceder o al menos a negociar, o síntomas de división al respecto, considerará ganada la partida. Se demostrará la utilidad política de la lucha armada, y hará ver a Otegi y compañía quién manda en la izquierda abertzale.

La contradicción entre el interés de Batasuna en participar en las elecciones y el de ETA en que sigan mandando las pistolas, latente ya en el momento de ruptura de la tregua, ha aflorado tiempo después por las siguientes razones: la firmeza judicial contra el brazo político, avalada en términos inequívocos por Estrasburgo; la eficacia policial contra ETA; la negativa a negociar compartida por Gobierno y oposición; la desconfianza hacia ese mundo de un PNV escarmentado.

Los de Otegi saben que sin retirada de ETA seguirán marginados de la vida política institucional, y los de ETA que sin brazo político se quedarán sin pueblo al que salvar. Resta hacer comprender a Batasuna que en ningún caso, diga lo que diga ETA, va a haber un final con negociación de contrapartidas políticas. Si ETA no ha atentado en España en un año no es principalmente por sus debilidades organizativas, sino por esa posibilidad de ruptura. Pero si Rubalcaba hubiera oído los cantos de sirena de quienes le invitaban a reanudar la negociación cuanto antes, no se hubiera producido esa evolución de los jefes de Batasuna. Razón de más para que el Gobierno no modifique su estrategia.


El País - Editorial

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