lunes, 28 de julio de 2008

El silencio tenía un precio

163 millones de euros. Ése es el precio del silencio de UGT y CCOO ante la grave crisis económica que sufre España. El Consejo de Ministros del pasado 20 de junio aprobó seis acuerdos por los que autorizaba al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder subvenciones por dicho importe para planes de formación destinados, de manera prioritaria, a trabajadores ocupados. Intereconomía ha confirmado el dato la víspera de la sonada reunión del diálogo social que tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa.

48,9 millones de euros para la Fundación Laboral de la Construcción. 41 millones más para la Fundación del Metal. 26,8 millones para la Confederación Española de Comercio. Otros 16,3 millones destinados a la Unión General de Trabajadores; 16,3 a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y 14,1 millones para la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo, también de Comisiones.

En total 163, 3 millones de euros para tapar la boca de Cándido Méndez y José María Fidalgo, que repasando los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros el 20 de junio, ya se comprende algo mejor el más que criticable papel que los líderes de las dos centrales mayoritarias están desempeñando desde que estalló la crisis económica.

TRAS LA PRIMERA REUNIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

Vale que la concesión de esas subvenciones corresponde a peticiones cursadas por los dos sindicatos a finales de 2007, pero ¡qué casualidad que el Gobierno decida otorgarlas sólo dos días después de la primera reunión del diálogo social, celebrada el 18 de junio en la Moncloa! Aquel día, Méndez y Fidalgo, igual que los representantes de los empresarios, se negaron a firmar el documento que les entregaba Zapatero por considerar que estaba todavía demasiado crudo.

¿Será que las ayudas de 163 millones repartidas, por cierto, a partes iguales entre UGT y Comisiones, habrán dado cocina al texto? Porque mañana martes, sí que va a haber rúbrica…y se celebrará además como un gran acontecimiento. En cuanto a la manera elegida para callar a los interlocutores sociales, es pertinente recordar que el Tribunal de Cuentas ha denunciado en varias ocasiones irregularidades en la gestión de los fondos públicos dedicados a la formación de los trabajadores.

El caso más sonado se produjo hace seis años cuando el Tribunal obligó a un total de 14 organizaciones empresariales y sindicales a devolver más de 2 millones de euros al FORCEM por la fraudulenta aplicación de las ayudas recibidas entre 1996 y 1998.

La Nación

Más de 11.000 empresas han cerrado en lo que va de año

LAS DISOLUCIONES SE DISPARAN UN 22,8 POR CIENTO

La crisis económica está reduciendo el tamaño del mercado, lo que reduce la competencia y avanza nuevas subidas de los precios. En la primera mitad de este año más de 11.000 empresas han tenido que cerrar, dejando patente las dificultades por las que están pasando las empresas en plena crisis de liquidez y de desaceleración de la demanda interna. Este volumen de compañías disueltas ha crecido un 22,8 por ciento respecto al primer semestre de 2007.

Según revela un informe elaborado por la consultora Axesor, el número de sociedades mercantiles que se dieron de alta entre enero y junio de 2008 alcanzó las 63.195 empresas, un 24,2 por ciento menos que en el primer semestre del pasado año, cuando se crearon 83.452 empresas.

Sólo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto a las comunidades de La Rioja y Castilla-La Mancha, experimentaron una caída de las disoluciones de empresas durante el primer semestre del año, con porcentajes del 20, 10,6 y 7,8 por ciento, respectivamente.

El resto sufrieron un incremento de las bajas empresariales, con Murcia (52,4 por ciento) y Navarra (44,3 por ciento) a la cabeza.

Por su parte, todas las comunidades autónomas experimentaron un descenso en el número de constituciones de sociedades mercantiles en el primer semestre del año. Entre ellas, destacaron La Rioja (con una caída del 43,3 por ciento), seguida de Aragón (31,1 por ciento) y País Vasco (30,4 por ciento).

Libertad Digital

Un concejal independentista de ICV en Torredembarra se mofa de Extremadura

Como era de esperar, los políticos independentistas se están sumando al carro de la mofa y el odio a todo lo que sea español pero no catalán. Si hace unos días, por ejemplo, Felip Puig (CiU) manifestaba su repugnancia a la pronunciación del catalán de Montilla, ahora un concejal de ICV-EUiA -lo más parecido a Izquierda Unida en Cataluña- se mofa de Extremadura y compara a los ciudadanos de esa comunidad con los niños más necesitados del mundo: ‘Apadrina un niño extremeño por 1.000 euros al mes’.

Lluís Suñé Morales es concejal de ICV-EUiA, presentado bajo las siglas de ABG, que significa Alternativa Baix Gaià, en Torredembarra. Suñé es un conocido político independentista y defensor de los Países Catalanes, que se ha pronunciado recientemente en contra de la Corona y a favor de los jóvenes radicales que quemaron las imágenes del Rey hace unos meses.

Suñé, en su blog, en relación a las balanzas fiscales introduce un texto bajo la imagen en la que aparecen dos niños del Tercer Mundo representando a dos niños extremeños con el texto ‘SOS Extremadura Needs You!’. A continuación, y tras asegurar que el 8,7% del supuesto PIB de Cataluña no es suficiente, se incita a que se apadrine un niño extremeño por 1.000 euros al mes. Suñé añade en su blog que: ‘nos tendríamos que unir a la campaña que nos propone este cartel, para limpiar nuestra imagen de insolidarios’.

lavozdebarcelona.com

El Gobierno vasco gasta 200 millones al año en su política de inmersión lingüística

SÓLO UNA MINORIA LO UTILIZA HABITUALMENTE

El precio de la inmersión lingüística en el País Vasco asciende a los 200 millones de euros anuales. Según informa La Razón, un estudio del Instituto Vasco de Estadística informa que tan sólo un 11,5 por ciento de los habitantes de esta comunidad utiliza esta lengua habitualmente. Por su parte, El Mundo publica una encuesta en la que un 87,6 por ciento de los ciudadanos apoyan que se garantice por ley que se pueda estudiar en castellano en toda España.


El Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe continúa con su ingente labor de conseguir la inmersión ligüística en el País Vasco a través de importantes partidas presupuestarias. Si se suman todas las cantidades que el Gobierno de Vitoria ha invertido en la promoción del vascuence, la cifra asciende hasta los 200 millones de euros anuales.

Sin embargo, el uso del vasco sigue siendo bastante minoritaria en esta comunidad tal como refleja un estudio del Gobierno autonómico. El Instituto Vasco de Estadística refleja que tan sólo el 11,5 por ciento de los ciudadanos utilizan habitualmente el vascuence. En Guipúzcoa esta cifra llega al 25 por ciento de los ciudadanos pero tanto en Vizcaya como en Álava caen drásticamente hasta el 6 y el 3,7 por ciento.

Los ciudadanos quieren que se estudie en castellano

El diario El Mundo pública una encuesta realizada por Sigma-Dos de la que se desprende que un 87,6 por ciento de los españoles apoyan que se garantice por ley que se pueda estudiar en castellano en todas las comunidades autónomas mientras que tan sólo un 10,9 por ciento se opone a esta posibilidad.

Además, una mayoría de los encuestados asegura que los estudiantes que terminan ahora el bachillerato tienen menos conocimientos que los alumnos de hace treinta años. En este sentido, más de un 75 por ciento de los ciudadanos creen que en todas las Comunidades Autónomas debería estudiarse una misma historia de España.

Libertad Digital