sábado, 2 de octubre de 2010

Toros. Sinde no es la solución. Por Maite Nolla

Entiendo que el sector no quiera hacer de esto una cuestión de izquierdas o derechas, pero en algún momento tendrán que tomar una decisión y conseguir un compromiso político serio.

Yo de toros no entiendo nada, para qué engañarles. Estoy en fase de aprendizaje. Si quieren que de toros les hablen con propiedad, sintonicen el programa que dirige en esta casa Elia Rodríguez. Además, en esRadio tenemos a Andrés Amorós. A mí, la afición a ir a los toros –aprecien el matiz– me viene de mi suegro, hasta hace poco vicepresidente de la peña taurina de Lérida. Sí, sí taurina y en Lérida. El caso es que uno de los actos de mayor relevancia que organiza la peña es una comida con previa suelta de vaquillas en una bonita plaza de toros, coqueta, diría yo, que hay en Tortosa. Luego, tengo que reconocerles que lo que más me gusta es el ambientillo, a falta de conocimientos sobre la lidia. Es mi primer artículo sobre la polémica taurina, con lo cual supongo que debo manifestar previamente que respeto mucho a los que no les gustan nada los toros. Entiendo a los que piensan que los toros no son un símbolo nacional y me fastidia que en otras cuestiones desde Madrid no se haya movido ni uno de los muchos dedos que han movido con los toros. Pero también considero que si los nacionalistas no creyeran que pueden vender la prohibición de los toros como la eliminación de un símbolo español en Cataluña, no lo hubieran hecho. Y para muestra, un correbous.

Hechas las presentaciones, creo que el grupo de toreros que acudió a entrevistarse con la ministra se equivoca. Que los toros pasen a ser competencia del ministerio de Cultura no soluciona el problema. La cuestión no es si la tauromaquia debe regularse en uno u otro ministerio, sino quién es el titular de la competencia: el Estado o las comunidades autónomas. Las competencias del Ministerio de Cultura son casi tan residuales como las del de Vivienda, y el grueso de las competencias sobre cultura lo gestionan las comunidades autónomas. Es decir, si la cuestión deja de estar regulada en Interior y pasa a Cultura, en Cataluña el parlamento podría tomar la misma decisión y volver a prohibir los toros. Lo importante es que el que tenga la competencia, dentro de cultura o en materia de orden público, sea el Estado, como con otras muchas cosas. Y eso no se resuelve con soluciones "administrativamente posibles", como ha dicho la ministra, sino con voluntad política de que el Estado retome por la vía legal esas competencias. Porque eso sí es jurídicamente posible, aunque sólo fuera derogando el decreto de traspasos. Igual que el Estado cedió la competencia, la recupera. Bastante más sencillo que lo otro.

Entiendo que el sector no quiera hacer de esto una cuestión de izquierdas o derechas, pero en algún momento tendrán que tomar una decisión y conseguir un compromiso político serio. Digo serio porque invitando a los toros a algunos políticos no se soluciona el problema. Ni consiguiendo que digan que sólo pactarán en Cataluña con los que revoquen la prohibición. Y es que a la señora Camacho le hemos oído decir de todo, pero condicionar un futuro pacto de gobierno en Cataluña a la cuestión taurina, supera la barrera del sonido, que diría Cándido. Máxime cuando no consta un llamamiento a llenar la Monumental por parte del PP, ni por parte de ningún otro partido.

No soy yo muy de loas –el halago debilita–, pero mucho mejor es la idea de la Defensora del Pueblo, la autentica revelación de la temporada, de interponer un recurso, pese a que del Constitucional nos podamos esperar lo peor. Desde luego, mejor que Sinde, que no es la solución.


Libertad Digital - Opinión

Los que se la juegan. Por Edurne Uriarte

La única que no se la juega en las primarias madrileñas de mañana es Esperanza Aguirre. Su triunfo en las autonómicas será igual de contundente sea quien sea el ganador. Incluso si se impusiera Gómez, su rival teóricamente más peligroso en estos momentos, el discurso de «Zapatero es mi líder» que Gómez se verá obligado a hacer infundirá a las autonómicas la misma dinámica que con Jiménez de candidata, la del voto de castigo al Gobierno socialista.

Quienes se la juegan de verdad, más allá de los propios contendientes, Gómez y Jiménez, son quienes han provocado estas primarias. El propio Zapatero, Blanco y Rubalcaba. No porque creyeran que la candidatura de Jiménez podía romper la mayoría absoluta de Aguirre, como se ha ocupado de repetir penosamente la candidata en las últimas semanas, sino por su propia batalla de poder. La del control de una federación como la madrileña, esencial para la próxima y obligada transición al postzapaterismo y que está en manos de un líder díscolo como Gómez.

La operación ha sido tan burda que el problema para Zapatero y sus dos aspirantes a la sucesión es que se ha enterado hasta el más despistado de los ciudadanos. De tal forma que los afiliados van a votar en esa clave, en la del control y poder en el Partido Socialista. Sabedores de que la elección de mañana no es entre dos posibles candidatos a una Comunidad de Madrid que ya dan por perdida, sino entre el zapaterismo y la alternativa al zapaterismo. Entre Zapatero, Blanco y Rubalcaba y los nuevos movimientos de renovación que preparan la sucesión del presidente y de su camarilla. Si gana Jiménez, Zapatero, Blanco y Rubalcaba se asegurarán una pieza esencial como Madrid para garantizar su propia continuidad al frente del PSOE tras la pérdida de La Moncloa. Si gana Gómez, habrán sido derrotados en la primera gran batalla del postzapaterismo.


ABC - Opinión

Izquierda. Lecciones de talante. Por Pablo Molina

Lo ocurrido en esa cafetería sevillana no es sólo la acción aislada de un exaltado. Es una prueba más de que los sectores "más dinámicos" de la izquierda son irrecuperables para la democracia y la libertad. Cuanto antes lo entendamos, mejor para todos.



Lo realmente sustantivo de la escena protagonizada en una cafetería de Sevilla por un progresista, suponemos de la rama sindical, es que no se trata de una acción aislada sino el tono habitual que los socialistas utilizan cuando deciden tomar las calles y, de paso, los negocios ajenos.

Unos proletarios concienciados de la subespecie okupa roban pantalones –de marca, por supuesto–, otros queman contenedores, algunos otros apalean a policías y viandantes y, en fin, los hay que subliman su frustración y su envidia con alaridos insultantes como el camarada sevillano, al que seguramente todos en su agrupación lo habrán felicitado efusivamente e invitado a unas rondas, agravando así las consecuencias previsibles de hábitos pocos saludables a los que el personaje parece tener cierta afición.

El energúmeno que agrede al hostelero sevillano por tener sintonizada esRadio lo hace porque sinceramente cree que esa emisora, que él odia profundamente por seguramente escucharla a diario, debería estar proscrita. Es normal por tanto, dentro de la locura sectaria de esos ambientes, el considerar a los oyentes de nuestra emisora enemigos de la humanidad a los que se puede vejar en público. Y eso si el marxista justiciero actúa sólo, porque, de ir acompañado por otros camaradas igual de comprometidos, la cosa podría haber desembocado en una ración de talante como las que hemos visto aplicar en las algaradas sindicales de esta semana.

La izquierda es totalitaria por definición o no es izquierda. Las libertades de los regímenes demoliberales tienen para los socialistas tan sólo un carácter instrumental que aceptan mientras les permitan ocupar el poder y mantener en silencio a los que se oponen a su dictado. En caso contrario, la izquierda se considera legitimada hasta para suspender las garantías constitucionales, como hemos visto en la fracasada intentona huelguista del pasado miércoles.

Lo ocurrido en esa cafetería sevillana no es sólo la acción aislada de un exaltado. Es una prueba más de que los sectores "más dinámicos" de la izquierda son irrecuperables para la democracia y la libertad. Cuanto antes lo entendamos, mejor para todos.


Libertad Digital - Opinión

Y también dos huevos duros. Por M. Martín Ferrand

Con cuatro millones y medio de parados, una promesa como la de Gómez es un desacato a la ciudadanía.

CONVENCIDA de que el PIB experimentará un crecimiento del 1,3 por ciento a lo largo de 2011 —¡ojalá!— o en brillante disimulo de su falta de convicción, allá ella, la vicepresidenta que interesa, Elena Salgado, llevó al Congreso el anteproyecto de la Ley más importante del año, la que marcará los gastos ciertos y los ingresos teóricos del Estado durante el próximo ejercicio. Son unos presupuestos duros y forzados por las circunstancias que, posiblemente, no admiten otros muy distintos. Reducen el gasto en un 11 por ciento y la inversión el 30 y, con toda probabilidad y como ha hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estos seis últimos años, se quedarán en un propósito de buenas intenciones. En España, el no cumplimiento de la Ley, especialmente la del Presupuesto, no suele ser perseguido con mucho rigor. Que se lo pregunten a los diputados del PNV que, en claro ejercicio de lo que parece un cohecho, se disponen a aprobar el proyecto del Gobierno.

Aunque no lo parezca por su arranque, estas líneas tienen la intención de referirse a las primarias que mañana, en Madrid, dilucidarán el candidato del PSOE para, en las próximas autonómicas, disputarle la presidencia a Esperanza Aguirre. El PSM, antes Federación Socialista de Madrid, vive fiestas en su coso. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, trata de hacer realidad los deseos y el dedazo de su jefe y maestro, Zapatero, mientras que el secretario general de la formación, Tomás Gómez, pretende sacar adelante la designación de lo que inicialmente fue una clamorosa mayoría de sus bases y es hoy un termómetro de la temperatura del PSOE.

En el ambiente presupuestario que se define más arriba, el candidato Gómez hace campaña entre los suyos y anuncia que si llega a sustituir a la actual presidenta en la Puerta del Sol su «principal apuesta será la educación». Eso está bien. La raíz de todos nuestros males nacionales se hunde en una educación que, con la ensoñación igualitaria, rebaja su calidad de curso en curso y parece haber abdicado de cualquier pretensión de rigor y excelencia. Para alcanzar su sueño educativo dice Gómez que las guarderías de Madrid serán gratuitas y que «todos los jóvenes en edad escolar» viajarán en verano al extranjero para aprender inglés. «Y también dos huevos duros», que dirían los Hermanos Marx en Una noche en la ópera. Con cuatro millones y medio de parados y cerca de dos millones de jóvenes que no son parados porque todavía no han conseguido su primer empleo una promesa como la de Gómez, imposible por su cuantía económica, no es demagogia. Es algo más grave, un desacato a la ciudadanía.


ABC - Opinión

Motín antidemocrático

El presidente ecuatoriano emerge victorioso de la rebelión policial, pero debilitado políticamente

El enfrentamiento a tiros entre las dos instituciones clave de la seguridad del Estado -ejército leal y policía amotinada- que ha tenido Quito por escenario ha debido trasladar mentalmente a muchos ecuatorianos a un turbulento pasado no lejano, el de un país con 10 presidentes en una década y los tres últimos depuestos en revueltas. La sorprendente estabilidad del Ecuador de Rafael Correa se quebró el miércoles. El presidente, víctima de una dramática peripecia durante horas, prácticamente televisada en directo, emerge indemne y victorioso de una rebelión policial por motivos económicos, con muertos y heridos. Pero su posición política es ahora más débil que antes de la mayor crisis de su mandato.

Protesta policial fuera de control o intento de golpe organizado, como Correa considera, el inadmisible atentado contra el sistema democrático, condenado desde los cuatro puntos cardinales, se produce en un marco de deterioro político y polarización crecientes. De él forma parte el enfrentamiento entre el presidente ecuatoriano, acusado de autoritarismo, y un Parlamento bloqueado y renuente a dar el visto bueno a sus reformas legislativas. El jefe del Estado amenaza con su disolución y gobernar por decreto hasta la celebración de elecciones, a lo que le autoriza la Constitución a su medida, aprobada triunfalmente hace dos años.


Los problemas del líder ecuatoriano, un izquierdista convencido, aunque un más que improbable líder revolucionario por su extracción social y su formación estadounidense, son básicamente económicos. Ecuador sufre especialmente la caída de los precios del petróleo -y el recorte de producción por las compañías foráneas, que se sienten amenazadas-, el descenso acusado de las remesas de sus dos millones de emigrantes y la falta de inversiones extranjeras. Se ha acabado, en consecuencia, la alegría en gastos sociales que, en la estela del chavismo venezolano, trajo consigo el boom del crudo y el impago, en 2008, de más de 3.000 millones de dólares de deuda, en aras del progresismo. Atemperado forzosamente su populismo, el presidente intenta pasar en el Congreso un programa de austeridad al que incluso se oponen en su propio partido. La poda de ingresos policiales, funcionariales en general, forma parte de él.

Es más que probable que Rafael Correa capee la crisis. Los ecuatorianos le siguen apoyando (aunque mucho menos que hace un año), el Ejército le ha demostrado lealtad durante las horas aciagas y la oposición es débil y fragmentaria. Pero resulta evidente que tendrá que negociar con sus adversarios e hilar mucho más fino en el trato con los decisivos generales, que ya le han pedido que renuncie a imponer los recortes que dispararon la sublevación. En cualquier caso, la luna de miel entre el socialista cristiano y sus compatriotas, a los que prometió una vida mucho mejor que la del fallido neoliberalismo, parece definitivamente acabada.


El País - Editorial

Ecuador: ¿de revuelta a autogolpe?

Habrá que estar preparados ante los inevitables intentos de Correa de afianzar su poder, como hiciera Chávez en 2002 dotándose de poderes extraordinarios tras el –ese sí– golpe de estado o mucho antes que ellos los nazis tras el incendio del Reichstag.

No es ningún secreto que el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, no sólo participa ideológicamente en el proyecto de Chávez de dominación totalitaria de Iberoamérica, sino que ha ido siguiendo el manual del gorila rojo. Tras triunfar en las elecciones con un mensaje populista y una campaña financiada en parte por las FARC, procedió a hacerse una Constitución a la medida para perpetuarse en el poder y así ir implantando poco a poco una tiranía de corte comunista.

La crisis actual nace de la cada vez más acuciante falta de fondos de los estados socialistas financiados con el petróleo. La fuente de poder de este socialismo del siglo XXI, además del miedo, es el reparto de una parte del oro negro venezolano. Y acuciado por esa falta de fondos, Correa cometió una ilegalidad que, además, era un error. Vetó, como corresponde según la Constitución que se hizo a sí mismo, una nueva ley, para después eliminar de la misma ciertos extras que recibían policías y militares, algo a lo que no tenía derecho.


Las protestas se sucedieron y Correa encendió aún más los ánimos acudiendo a donde se concentraban para poner a caer de un burro a los manifestantes. Poco después, mientras estaba en un hospital, éste fue cercado por un grupo de policías. En su interior, Correa ordenó la censura de todos los medios privados y, pese a que no existía ningún poder en el país –tampoco la Policía– que hubiera intentado quitarle el poder, procedió a denunciar que intentaban apartarle del poder. Naturalmente, Moratinos compró esa versión inmediatamente y procedió a condenar el "intento de golpe de estado en Ecuador". No fue tal.

Durante las horas que la Policía mantuvo retenido a Correa, el caos se apoderó de un país en el que se abandonó a los ciudadanos a su suerte, sin ningún tipo de orden público. La situación se mantuvo así durante horas, sin que los ecuatorianos recibieran más información que la propaganda de los medios afectos al régimen, con el presidente recibiendo a ministros que salían y entraban del hospital, hasta que finalmente el Ejército procedió a sacarlo del hospital donde se encontraba.

Naturalmente, ni la Policía ni ningún otro tiene derecho a mantener secuestrado a nadie, y muchos menos a un presidente, para forzarle a negociar. Pero eso no es un golpe de estado, pues no ha habido intento de hacerse con el poder, y desde luego no es ninguna maniobra por parte de la oposición de derrocarlo. Correa ha salido muy reforzado del episodio, y parece improbable que no aproveche la ocasión para aumentar aún más su poder y sojuzgar lo que quede de oposición y sociedad civil en Ecuador. Por de pronto ya ha anunciado la depuración de los cuerpos policiales y empezado a acusar al ex presidente Lucio Gutiérrez de instigar el episodio.

Lo primero que debemos celebrar todos es la restauración del orden, algo de lo que sin duda se alegran todos los ecuatorianos de bien, voten a quien voten. Pero también habrá que estar preparados ante los inevitables intentos de Correa de afianzar su poder, como hiciera Chávez en 2002 dotándose de poderes extraordinarios tras el –ese sí– golpe de estado o mucho antes que ellos los nazis tras el incendio del Reichstag. El "socialismo del siglo XXI" no ofrece nada realmente distinto al del XX: miseria y terror. La revuelta permitirá a Correa regalar con más prodigalidad ambas a los ecuatorianos.


Libertad Digital - Editorial

Zapatero vuelve sobre sí mismo

La posibilidad de retirar el plan de reforma de las pensiones es la enésima prueba de la contradicción y el oportunismo político del Gobierno socialista.

LA primera entrevista del presidente del Gobierno tras la huelga general, concedida a una emisora de radio pública, demostró que Zapatero sigue haciendo frente a la crisis económica y a su propia crisis política con argumentos oídos mil veces. No se mueve de sus ofertas de diálogo social, sin concretar en qué aspectos puede tener margen de maniobra, sobre todo si se refieren a la reforma de las pensiones y a la edad de jubilación. A este respecto, Zapatero debería de dejar de lanzar mensajes contradictorios y reconocer abiertamente que su Gobierno no tiene claro, 48 horas después del paro general, si se echará atrás con su propuesta estrella. La decisión del PSOE —como informa hoy ABC— de plantearse la retirada del documento presentado al Pacto de Toledo, en el que se preveía elevar la edad de jubilación de los 65 actuales a los 67 años, es la enésima prueba del grado de contradicción de un Ejecutivo sobrepasado por su propia impericia y que vive del regate en corto y del puro oportunismo. Cuando Bruselas y los organismos internacionales siguen tutelando la política económica española y su futuro depende no ya de engancharnos a la recuperación de los grandes Estados europeos, sino de evitar ser arrastrados por nuevas crisis «griegas» (Irlanda, Portugal). Zapatero sigue empeñado en lanzar al exterior mensajes confusos que solo pueden acarrear nuevos castigos de los mercados internacionales. Zapatero sabe que la supervivencia de su Gobierno, aunque la tenga arrendada al PNV, necesita tiempo, y quiere ganarlo generando la apariencia de expectativas; por eso volvió ayer a hablar de «un crecimiento sólido en dos años», defendiendo la corrección de las previsiones de su Gobierno para el 2011, pese a que no han pasado 72 horas desde que tuvo que aumentar la del desempleo para este mismo 2010.

El problema de este discurso es su falta de proyecto y el mensaje de resignación que transmite por fuerza de su inveracidad. Es el mensaje de los presupuestos generales del Estado para 2011, calificados por el Gobierno como los de la recuperación, aunque estén elaborados sobre una previsión de crecimiento prácticamente nulo del empleo. Las propuestas que en este sentido le hacía la oposición cuando aún estaba a tiempo de evitar cirugías drásticas eran despachadas con la condena de antipatriotismo. Por más que ahora se ponga al frente de la manifestación, Zapatero no puede eludir sus responsabilidades políticas.


ABC - Editorial