España. ¿Qué hacer con las autonomías?. Por José García Domínguez

Mejor no obsesionarse, pues, y tratar en cambio de dotar de identidad gramática al Estado. Esto es, afírmese de una vez su carácter federal. Asunto que, por cierto, habría de enfurecer a los catalanistas.

Igual que las camisas a cuadros, las recurrentes proclamas sobre el "definitivo cierre" del estado autonómico constituyen otro clásico de la moda que también vuelve, más o menos, cada cuatro años, en su caso coincidiendo con los periodos de celo electoral. Así, como ordena la costumbre, asistimos estos días al preceptivo revival. Un déjà vu que tratándose del Partido Popular remite a un par de propósitos programáticos, a cual más vago. Por un lado, y tal como acaba de enunciar Cospedal, se postula una muy imprecisa reforma del Senado. Más brumosa aún, la incierta "reestructuración" de las competencias regionales sazona los desahogos mitineros de los principales dirigentes conservadores.

Algo que, en el fondo, responde a la necesidad de dar satisfacción retórica a una fantasía ingenua. A saber, la quimera según la cual un Estado recentralizado hubiese logrado evitar la efervescencia secesionista en Cataluña y el País Vasco. Como si fuera factible viajar en el tiempo hasta las vísperas de 1898 y reescribir la historia sentimental de España, extirpando el influjo disolvente de los micronacionalismos decimonónicos. Y es que, se acepte o no, con esa lacra apenas cabe la conllevancia, el orteguiano paliar los estragos más virulentos de una enfermedad crónica para la que no existe terapia conocida. Mejor no obsesionarse, pues, y tratar en cambio de dotar de identidad gramática al Estado. Esto es, afírmese de una vez su carácter federal. Asunto que, por cierto, habría de enfurecer a los catalanistas.

A fin de cuentas, desde Almirall y Prat de la Riba hasta Artur Mas, si alguna constante los ha retratado es el repudio del federalismo. Y con poderosas razones, conviene conceder. Al cabo, nada hay más ajeno a su afán particularista que el irrenunciable propósito igualitario que inspira las estructuras federales. Cierre efectivo del modelo, ese broche federal, para el que habría resultar determinante la cacareada reforma del Senado. Una reforma que ambicionara convertirlo en verdadero órgano de representación territorial. A imagen y semejanza del Bundesrat, transformándolo en un foro integrado de modo exclusivo por presidentes y consejeros autonómicos. Mutación que socavaría el siempre alicorto particularismo de la provincia, haciendo corresponsables de los intereses comunes de la nación a los poderes territoriales. ¿Algo que ver acaso con el proyecto de Génova?

Libertad Digital – Opinión

El capítulo de Salgado

El reto de atajar el déficit de las comunidades debe estar por encima de la lucha partidista.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, sugirió el pasado jueves que el objetivo de déficit público fijado para 2011 podría incumplirse por el lado de las comunidades autónomas. Aunque Salgado expresó en reiteradas ocasiones su confianza en que no se rebasaría el 6% del PIB previsto para el conjunto de las Administraciones, la afirmación sonaba a cláusula de estilo. La realidad incontestable es que siete comunidades han superado ya el límite del 1,3% que les corresponde, situando la media del conjunto de las autonomías a tan solo una décima de esa cifra cuando aún falta más de un trimestre para el cierre del ejercicio.

Las declaraciones de la vicepresidenta Salgado buscaron un difícil punto de equilibrio entre la confirmación anticipada de un incumplimiento del objetivo de déficit que tendría graves efectos sobre la deuda española y la advertencia a las comunidades autónomas de que las cosas van en serio para todos. Atrás quedaron los tiempos en los que los Gobiernos autónomos podían suponer que la exigencia de recortes se dirigía únicamente al Ejecutivo de Zapatero y afectaba en exclusiva al Estado central. Hoy las autonomías se encuentran en el punto de mira del mercado crediticio internacional en el que España ha de buscar financiación, por lo que no pueden desentenderse de sus deberes individuales sin incrementar las tensiones sobre la totalidad de la economía española.

Es un error interpretar la necesidad de que todas las Administraciones ofrezcan una respuesta conjunta a la situación económica que atraviesa el país como un nuevo disfraz del centralismo, dispuesto a utilizar la crisis como coartada. A estas alturas no se discute ya el nivel de la Administración del Estado sobre el que deben recaer los recortes, sino sobre la capacidad del Estado, en todos sus niveles, para que la diferencia entre los gastos e ingresos totales no exceda el 6%. Las reticencias políticas que ha generado la precipitada reforma de la Constitución entre las fuerzas nacionalistas, y de una parte de la izquierda, son legítimas y responden a un incuestionable fondo de razón, pero pertenecen a un debate distinto del que Salgado ha puesto encima de la mesa.

La proximidad de las elecciones generales se está convirtiendo en otro factor de distorsión para abordar el problema suscitado por Salgado, en la medida en que los nuevos dirigentes autonómicos, todos populares, necesitan transmitir una imagen de austeridad que no afecte a las expectativas de Mariano Rajoy. Obtendrán una falaz cuadratura del círculo si perseveran en la estrategia más electoralista que económica de inflar las cifras de ahorro que suponen las tímidas medidas que han anunciado. Pero la situación de las cuentas públicas no admite malabarismos. De la llamada a capítulo a las 12 comunidades con mayor déficit debería salir un plan y un mensaje concluyente. No para los mercados, sino para los ciudadanos, que ya han realizado esfuerzos de austeridad, de nuevo en riesgo de ser dilapidados.

El País – Editorial

La indisciplina fiscal de las autonomías

Los principales responsables del enorme despilfarro existente son los propios gestores autonómicos; pero el responsable subsidiario es el Gobierno de España.

En los últimos días, PP y PSOE, los dos partidos que representan a casi el 90% de los españoles, se unieron para emprender una reforma constitucional cuyo propósito era limitar el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. La urgencia con la que se tramitó venía justificada, según se nos decía, en que resultaba imprescindible que los inversores internacionales recuperaran la confianza en nuestra economía y un compromiso semejante en la Carta Magna contribuía decisivamente a ello.

Por supuesto, cuantas más garantías les ofrezcamos a nuestros acreedores, menores tipos de interés tenderán a exigirnos. El problema es que ahora mismo nuestra economía –mejor dicho, nuestro sector público– pierde día a día la credibilidad que pudiera restarle, pues el compromiso constitucional se ve diluido por el incumplimiento de otro compromiso más inminente: alcanzar el 6% de déficit para este año.

Si bien parece que, de momento, la Administración central está haciendo los deberes, las administraciones autonómicas lo están incumpliendo de manera flagrante. En los seis primeros meses del año, su déficit asciende al 1,2% del PIB, cuando para el conjunto del ejercicio tienen establecido un límite del 1,3%. Algunas comunidades, de hecho, incluso superan el 2%; es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares.

A la luz de semejantes cifras, se entenderá la urgencia de algunos planes de ajuste tan enérgicos como el de Cospedal, pese al rechazo con el que han sido recibidos por algunos socialistas como Rubalcaba o Salgado; al parecer, para el PSOE, no existe una situación de emergencia que justifique esas medidas u otras aún más drásticas.

Ahora bien, no olvidemos que corresponde al Gobierno central la tarea de forzar a que las autonomías cumplan con sus compromisos financieros. Sin duda, los principales responsables del enorme despilfarro existente son los propios gestores autonómicos; pero el responsable subsidiario es el Gobierno de España. Si hubiese empleado la misma diligencia en reformar la Constitución que en aplicarla para controlar los desmanes autonómicos, jamás habríamos llegado a esta situación.

Libertad Digital – Editorial

Autonomías. A los manirrotos de todos los partidos. Por Guillermo Dupuy

No se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos.

Está visto que el Tribunal Constitucional está decidido a que en la Generalidad de Cataluña no falte el papel higiénico. Cuando los gobernantes nacionalistas todavía no han acabado de gastar para esos menesteres la sentencia del Constitucional que tan escasamente recorta el estatuto soberanista catalán, o la sentencia del Supremo que pretendía que el castellano también pudiese ser lengua vehicular de la enseñanza, va nuestro Alto Tribunal y dicta una nueva sentencia que, rechazando un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2011, avala la facultad del Gobierno central de poner topes al gasto y al endeudamiento autonómico.

Que esta sentencia también está destinada a limpiar el trasero de los gobernantes autonómicos –no sólo los nacionalistas– es aun más evidente por cuanto ahora ni siquiera existe una Ley, sino un mero Plan de Estabilidad que simplemente informa de cuáles deberían ser los déficits autonómicos para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplieran con Bruselas. De nada sirve que el Constitucional reconozca al Estado su facultad para establecer topes de gasto de obligado cumplimiento a las autonomías, si luego el Gobierno no se atreve a ejercer esa facultad o a castigar a quien incumpla esos topes legales.

En este sentido, se supone que del Consejo de Política Fiscal y Financiera deberían haber salido unos topes que con carácter legal impidiesen a los gobiernos regionales proseguir su descontrolado déficit y endeudamiento. Pero lo que ha salido de esa bochornosa reunión –en realidad dedicada únicamente a ver cómo las autonomías devuelven lo que recibieron de más del Estado en 2009– es la oferta de Salgado de que acudan a un crédito con el ICO para pagar dicha deuda. Es decir, que se endeuden para pagar lo que deben. En cuanto a topes de gasto, nada de nada; sólo unas inconcretas "reglas de gasto" que los gobernantes autonómicos se seguirán dando a sí mismos y que les ha llevado a la mayoría de ellos a incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit autonómico contemplados en el Plan de Estabilidad.

Aunque haya ilustres analistas económicos que sostengan que, para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, lo cierto es que ya en 2010 el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas se pudo cumplir gracias al Estado central y a pesar del descontrol de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las Autonomías. Hoy mismo hemos sabido que el déficit de la Administración Central se ha reducido en un 18,9% hasta junio. Sin embargo, todo parece indicar que las autonomías, que gestionan las dos terceras partes del gasto público, van nuevamente a poner en riesgo los compromisos adquiridos con nuestros socios comunitarios.

Y es que no se trata de que los Ejecutivos regionales "se aprieten todavía más el cinturón". No, qué va. Lo que pretendemos algunos es que se lo pongan y no sigan gastando a calzón quitado como si la crisis económica no fuera con ellos. Han sido las autonomías, y no el Estado central, las que han seguido contratando funcionarios a mansalva. Así, su nivel de endeudamiento ha pasado de los ya preocupantes 63.000 millones de euros a comienzos de 2008 a los 121.000 millones en abril de este año.

No pretendo quitar responsabilidad de este clima de desbarajuste al Gobierno de Zapatero, ni poner sordina a los pufos ocultos con los que se han encontrado los nuevos gobernantes autonómicos del PP. Pero hay gobiernos que ya estaban en manos de los populares, como la Comunidad de Valencia o Murcia, o Ayuntamientos como el de Madrid, corresponsables de que la prima de deuda española se haya disparado. Mucho ojo, pues, que en esto del descontrol presupuestario hay socialistas en todos los partidos.

Libertad Digital - Opinión

Autonomías. Por el federalismo fiscal. Por Emilio J. González

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial..

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha demostrado, una vez más, que al Gobierno le importa un rábano el solucionar la grave crisis fiscal que vive la economía española. La reunión con los representantes de las autonomías era una ocasión de oro no sólo para acordar entre todos la forma de reducir el déficit público, sino también para establecer de forma racional qué competencias le corresponden a cada uno y cómo financiarlas. Sin embargo, el Ejecutivo se ha embarcado en lo peor que podía hacer, esto es, en una batalla de naturaleza electoralista contra las autonomías gobernadas por el PP, a las que pretende ahogar financieramente, e incluso llevar a la suspensión de pagos a alguna que hasta el pasado junio estuvo gobernada por los socialistas para culpar a los ‘populares’ de ello y tratar de desgastarlos más y más. Mientras tanto, en Moncloa y en Ferraz los del PSOE trazan planes sobre cómo invertir con fines electoralistas esos recursos que quieren que las comunidades autónomas devuelvan ya al Estado, con independencia de su situación de solvencia. Visto lo visto, no es de extrañar que, en unos momentos en los que el euro debería estar fortaleciéndose frente al dólar, a tenor de lo cerca que se encuentra Estados Unidos de la suspensión de pagos, esté sucediendo lo contrario. Y es que los mercados confían más en que Obama acabe por dar su brazo a torcer que en que Zapatero actúe por una vez con el mínimo de racionalidad que exigen las circunstancias de España y de la Unión Monetaria Europea.

Lo triste de todo este asunto es que el enfrentamiento político está ocultando los verdaderos males del modelo de descentralización territorial. Los políticos, por ejemplo, siguen sin entender que tienen recortar el gasto público en todos los niveles de la Administración, que es lo que debería estar debatiéndose en estos momentos. De la misma forma, debería estar sobre la mesa de negociaciones un nuevo modelo de distribución territorial de competencias, y de recursos para financiarlas, según los principios del federalismo fiscal, como qué gasto es necesario y cuál no –para cortar este último de raíz–, y qué nivel de la Administración es el más eficiente en la prestación de cada uno los servicios públicos. E igualmente sería necesario debatir la creación de un sistema de intervención del gasto en todas las administraciones, pero controlado por el Estado, que para eso es el que paga, con el fin de evitar el derroche y la corrupción a que nos tienen acostumbrados las autonomías y los ayuntamientos.

Y eso por no hablar de racionalizar el contenido de toda una serie de competencias –¿qué sentido tiene que cada autonomía tenga, como mínimo, una universidad pública cuando la demografía provoca que haya cada vez menos universitarios?– cuyo ejercicio sólo sirve para derrochar más y más recursos. A partir de ahí, quien quiera gastar más en embajadas, en universidades y demás cosas innecesarias, que suba los impuestos. Ese es el debate que tendría que estar produciéndose en estos momentos, no esa discusión electoralista sobre los pagos de las autonomías que no conducen más que a agravar nuestra situación fiscal y, con ella, la económica. Ahí está nuestra prima de riesgo en máximos y al alza para certificarlo.

Libertad Digital - Opinión

Devolver competencias. Por José Antonio Vera

Colea aún el pulso entre las autonomías y el Gobierno a propósito de la abultada deuda, el descontrol del déficit y el caos actual de las haciendas regionales. La situación es tan extrema, que hay quien plantea una reconducción de la estructura territorial del Estado para convertirlo en algo menos costoso y más racional. Dicen ya abiertamente algunos presidentes periféricos que son partidarios de devolver competencias al Estado, para que se gestionen de manera conjunta desde la Administración central. No me parece mala idea. Algo habrá que hacer en ese sentido, pues el actual modelo es costosísimo, disgregador, de tendencia confederal, fomenta un planteamiento de «taifas» que hace muy complicado tomar decisiones conjuntas, y pone claramente en peligro la unidad de mercado.

La devolución de competencias que plantea, por ejemplo, Ramón Luis Valcárcel desde Murcia, puede ser sin más una manera de mantenerle el pulso al Gobierno de Zapatero. Pero no tiene por qué ser una idea descabellada, sino todo lo contrario, siempre y cuando se haga de forma voluntaria. Hacer 17 servicios regionales de Salud, con 17 políticas de compra de medicamentos, gestión de centros, tarjetas sanitarias, sistemas informáticos y todo lo demás, no sólo es más caro desde el punto de vista de la gestión de compras, sino que además es caótico porque se fomenta la desigualdad en las prestaciones entre comunidades. Y lo mismo que en Sanidad sucede en Educación o en Justicia, materias donde la gestión con criterios mínimamente uniformes se echa en falta a diario.

Es verdad que una crisis económica como la actual es dura y sus consecuencias dolorosas para todos. Pero a veces las crisis son también oportunidades. Para poner orden. Para eliminar lo superfluo. Para reducir costes. Y esta mega-crisis que nos golpea podría ser adecuada para racionalizar un modelo territorial que hicimos deprisa en los convulsos años de la Transición y cuyos resultados son mejorables. Particularmente porque en España sólo había una reivindicación autonómica real en Cataluña y el País Vasco, y por razones incomprensibles decidimos darle el mismo nivel de autogobierno político a territorios que nunca plantearon esa necesidad. Ni Murcia ni Cantabria ni La Rioja tenían interés en una Sanidad o Educación propias. Hubiera servido perfectamente la descentralización administrativa con una estructura de decisiones jerarquizada, es decir, que garantizara al Estado la potestad última de decidir, algo que ahora es imposible.

El planteamiento de devolución de competencias que hacen hoy algunos gobiernos regionales del PP me parece acertado. ¿Para qué 17 defensores del Pueblo, tribunales de Cuentas o consejos del Poder Judicial? Sería más que razonable que las autonomías que quisieran se pudiesen poner de acuerdo para que determinados servicios se resolvieran conjuntamente desde un órgano común. Nos ahorraríamos dinero y no se rompería la unidad de mercado, ahora en peligro de verdad. Las autonomías que no quieran, que se queden con su actual estructura. Igual es una manera de diferenciar al País Vasco y Cataluña de las demás, algo nada descabellado, y que podría poner fin también al afán de vascos y catalanes por ser diferentes.

La Razón - Opinión

Crisis fiscal. El desastre autonómico. Por Agapito Maestre

Me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya.

Zapatero quiere convertir la victoria del PP en las elecciones del 22-M en una derrota para las próximas generales. Zapatero quiere ahogar económicamente a las comunidades del PP para que la gente vote a Rubalcaba. Quizá no lo consiga, pero, desde luego, pondrán en evidencia algunas contradicciones del PP que son relevantes para hacernos cargo de la inviabilidad del actual sistema autonómico. Y, sobre todo, ponen a Rajoy en la alternativa siguiente: o recentralización o independencia para Cataluña y País Vasco. El rollo del federalismo o de las autonomías ya no se la traga nadie con un poco de inteligencia política.

En efecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido un desastre, especialmente para las once comunidades gobernadas por el PP, porque el Gobierno quiere que esas administraciones devuelvan lo que deben a la Administración Central en el plazo señalado. Es terrible, incluso perversa, la actitud de Zapatero, porque no quiere negociar ni resolver un problema creado por él, cuando presupuestó en 2008 por encima de lo debido. Más aún, el maquiavelismo de Zapatero no es de recibo, porque cuenta con el poder de asfixiar a unas comunidades y salvar a otras. Todo eso es verdad, pero, en mi opinión, tampoco tienen un pase las reacciones de las comunidades del PP que amenazan con devolver algunas competencias al Gobierno.

Esa amenaza, después de treinta años de soportar un sistema infumable y podrido, es absolutamente inviable si no se plantea como una reforma completa del desastroso sistema autonómico. Tendría que hablar Rajoy con voz clara y contundente: o sigue apoyando este esperpento de Estado de las Autonomías o propone un nuevo modelo de Estado-nacional democrático que se enfrente, definitivamente, al asalto que han perpetrado los nacionalistas de la nación española en las tres últimas décadas. En otras palabras, es demagógica la reacción del PP, porque no se puede estar defendiendo, por un lado, el actual modelo de Estado de las Autonomías y, por otro lado, amenazar con salirse de él.

Porque soy de los pocos que, en España, vengo criticando este Estado de las Autonomías, especialmente su principal fracaso, a saber, la incapacidad de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos en un sistema democrático, me atrevo a decir ahora que Zapatero tiene razón cuando le reprocha a Rajoy que si no está de acuerdo con la "ley" de las Autonomías, que nos diga cuál es la suya. Sospecho que Rajoy, por desgracia, callará, es decir, se apuntará a la salida socialista, o peor, al silencio hasta que se independice, definitivamente, Cataluña y País Vasco. Eso es todo.

Libertad Digital - Opinión

Embrollo autonómico

Los mercados y los organismos internacionales observan con lupa las decisiones económicas del Gobierno y de las comunidades. El Pacto de Estabilidad delimita un escenario fiscal que compromete a las administraciones y del que cualquier descuelgue se traduce en desconfianza y en tensiones para nuestra deuda. Resultó decepcionante el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, lejos de encauzar la solución a las dificultades económicas de las regiones y de sellar un acuerdo global en torno a una regla de gasto, deparó un embrollo mayor del que existía y, sobre todo, envió un mensaje negativo al exterior. El Gobierno y las comunidades salieron del encuentro sin un acuerdo en aspectos clave como garantizar la liquidez a corto plazo y preservar la estabilidad de las cuentas públicas. Mariano Rajoy había planteado una fórmula razonable como era aplazar la devolución al Estado del dinero que anticipó a las regiones, pero el Gobierno se negó y propuso facilitar un crédito especial ICO a las comunidades para ese propósito. Esa iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana, porque crea un problema sobre otro al generar un nuevo endeudamiento a unas administraciones exhaustas. No existían razones de peso para descartar la propuesta del líder del PP porque ni afectaba al déficit ni a la deuda y ofrecía un margen de liquidez apreciable. El Ejecutivo sólo pudo oponerse por motivos políticos. La intransigencia de Salgado y su aparente falta de voluntad para alcanzar un acuerdo de mínimos sólo puede interpretarse en el marco de una estrategia de desgaste político para poner a los gobernantes del PP entre la espada y la pared sin capacidad de maniobra.

Aunque las comunidades autónomas ratificaron su compromiso con el objetivo de déficit, el Ejecutivo frustró un consenso en torno a una regla de gasto común. Sin una disciplina férrea y conjunta, es más probable que los números no cuadren y que se agudice el problema, algo que no preocupó al vicepresidente Chaves, que sí anduvo rápido para responsabilizar al PP de los futuros ajustes como si la desastrosa herencia recibida fuera inocua.
Algunos de los detalles del encuentro indican que el Gobierno tampoco cuidó las formas. La improvisación deparó escenas impropias de una cita de esa seriedad, como el reparto de sobres cerrados por parte del Gobierno a los consejeros con la cifra de financiación de la que podían disponer o que al nuevo responsable madrileño le dieran el sobre de Canarias.

Lo peor es que no se atisba una salida próxima y factible, y la situación tiende a empeorar con una mayor conflictividad. Lo ideal sería que el Gobierno liderara con las autonomías un acuerdo de mínimos para despejar el horizonte de incertidumbres y trasladar tranquilidad y certeza a los mercados, aunque Salgado tendrá que cambiar de actitud y no actuar como oposición del poder autonómico del PP. A medio y largo plazo es evidente que existe un fallo sistémico del Estado autonómico, que requiere una reforma profunda para reordenar los equilibrios, racionalizar sus funciones y garantizar su sostenibilidad. Será misión principal del próximo Gobierno.

La Razón - Editorial

Salida de emergencia

Las autonomías del PP aceptan el recurso al ICO, pero avivan el conflicto político de cara al público.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles ratificó las extrañas formas de hacer política que tiene el Partido Popular (PP). Durante la sesión parlamentaria matinal, el presidente del partido, Mariano Rajoy, había exigido que se aplazara a 10 años la devolución del exceso de dinero (nada menos que 18.736 millones en total) que han recibido las autonomías por error en el cálculo de los ingresos fiscales, que el Gobierno adelantara los fondos de competitividad y convergencia, y que las comunidades pudieran emitir deuda con el aval del Estado. Pero en el Consejo, donde es necesario presentar pruebas y argumentos, los presidentes autonómicos del PP bajaron el diapasón del conflicto. Es más, ratificaron dos principios importantes: el compromiso de moderar el déficit autonómico en el 1,3% del PIB y una regla que limite el gasto público de las comunidades en función del ciclo económico.

Y, con las reticencias de rigor, aprobaron el plan de Economía de acceder a créditos del ICO destinados a cubrir la deuda con sus proveedores. La solución no es perfecta, pero sirve para salir del paso. Apenas repercute en las obligaciones de las autonomías, pero contribuirá a aliviar la situación de las empresas suministradoras.

Pero, una vez terminado el Consejo, el PP volvió a llevar el debate político sobre las finanzas autonómicas adonde más le gusta, que es al estruendo mediático. El presidente gallego, Núñez Feijóo, adelantado de las reivindicaciones del PP, insistió en que la estabilidad es imposible si no se cumplen las exigencias de los Gobiernos populares. Está latente la amenaza de un colapso dirigido del sistema autonómico. Esto es política (tal como la entiende el PP), no un debate sobre cómo se mejora la gestión pública. El PP amontona inconvenientes (devolución de transferencias, a la que ya se ha negado el Gobierno, o peticiones financieras imposibles) para acorralar un poco más al Ejecutivo y encharcar el terreno de juego al candidato Rubalcaba.

El problema es que al equipo económico del Gobierno le asisten esta vez buenas razones. Lo que pretenden Rajoy y su corte autonómica es hacer responsable al Ejecutivo del desequilibrio de las cuentas de las comunidades y trasladar el peso del ajuste autonómico a la Hacienda pública. Pero, como explicó la vicepresidenta Salgado, las autonomías dispondrán de un margen adicional de gasto en 2012, mientras que el Gobierno tendrá que seguir ajustando sus cuentas. No hay razón objetiva para temer un colapso ni para demorar las devoluciones desde los cinco años actuales a 10. Si Hacienda aceptara la prórroga a un decenio, el PP y su abrumador peso autonómico reclamarían 15 o 20 años.

El estribillo del presidente del PP es que, puesto que el Gobierno se equivocó al calcular los ingresos, debe ahora resolver el problema. Rajoy no aprecia responsabilidades políticas en el desaguisado autonómico. Pero resulta que los dirigentes autonómicos se han aplicado durante decenios a una política de gasto próxima al despilfarro (baste citar las obras faraónicas en Galicia o en Valencia) fiados a una provisión de ingresos inagotables originados por la prosperidad económica basada en la burbuja inmobiliaria.

Es hora de aceptar los hechos. A las autonomías les espera un duro ajuste por delante y el TC ha dictaminado que el Gobierno tiene competencias en el control del gasto autonómico. Sobre ambos principios, el PP tendrá que decidir si quiere colaborar en la tarea de garantizar la solvencia de la deuda o si pretende seguir con la maniobra indigna de gritar que el Estado de las autonomías se hunde. Si se decide por lo primero, basta con que guarde silencio durante algunos meses y los Gobiernos autónomos que controla presenten a discusión en septiembre la regla de gasto para sus Administraciones.

El País - Editorial

El fiasco financiero del Estado autonómico

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías..

Desde que el PP arrasó en las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, parecía bastante claro que la táctica del PSOE de cara a las próximas generales iba a ser la de asfixiar financieramente a las autonomías. Si se les dificultaban los ingresos y se les forzaba a practicar un fuerte ajuste del gasto, el malestar ciudadano dejaría de concentrarse en Zapatero y, sobre todo, le permitiría a Rubalcaba sacar a pasear el dóberman de la derecha antisocial.

La intransigente postura del Ejecutivo socialista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles debe leerse desde esta óptica: después de que la Administración central se haya apretado el cinturón, les ha llegado el turno a las autonomías. No es que el razonamiento sea del todo incorrecto –pues, en efecto, el gasto autonómico sigue absolutamente desbocado–, pero el PSOE carece de legitimidad y de tiempo para abrir semejante debate.

A la postre, fue el Ejecutivo de Zapatero quien infló las previsiones de ingresos de 2008 y 2009 y quien abonó a las autonomías unos anticipos a cuenta que eran a todas luces excesivos, y fueron gobiernos socialistas quienes dejaron las despensas autonómicas llenas de deudas. Ahora, con déficits estructurales que se cifran en miles de millones de euros, no resulta muy factible que esas autonomías asuman a cinco años vista pagos extraordinarios de 23.000 millones de euros.

O, al menos, no resulta factible sin cambios de calado en nuestro Estado de las Autonomías. Es imprescindible definir –y cerrar– qué entes prestan qué servicios públicos para, posteriormente, proporcionarles los mecanismos de financiación necesarios. En ese momento, los gobiernos autonómicos que no deseen recortar el gasto, tendrán que subir sus impuestos; y quienes opten por mejorar su eficiencia sin esquilmar todavía más a los ciudadanos, podrán incluso rebajar los suyos. Pero la situación actual, en la que un nivel administrativo gasta y el otro recauda y reparte, es del todo insostenible.

No es momento para parches, y tanto el crédito extraordinario del ICO que ofrece el PSOE como la prórroga de la devolución de los anticipos que solicita el PP son eso: parches. Es hora de redefinir el Estado de las Autonomías, pero el PSOE, por motivos obvios, no quiere ni puede hacerlo. Veremos si el PP, en caso de que acceda al Gobierno central, está dispuesto a coger el toro por los cuernos.

Libertad Digital - Editorial

La deuda pone en cuestión el Estado de las Comunidades Autónomas. Por Antonio Casado

Pensado con parámetros políticos, insostenible con parámetros económicos en tiempos de vacas flacas. Vale para la UE y vale para nuestro Estado de las Autonomías. A la luz del mismo imperativo político: cargar con los pecados de otros, o encubrirlos, para salvar el conjunto. El paradigma económico también ha venido siendo el mismo durante la forja del llamado Estado del Bienestar: endeudamiento como herramienta política. E idéntica la tensión entre el deudor y el acreedor, que transfiere a los mercados el papel clásico de las democracias representativas: el de control-limitación del poder.

Ya sea Barack Obama reclamando un mayor umbral de gasto ante el Congreso norteamericano o Grecia rogando a sus socios europeos, y consiguiendo, toda clase de facilidades para ponerse al día. Con su telón de fondo inevitablemente político: la cohesión entre los ciudadanos y los territorios. Prestación de servicios al ciudadano viva donde viva. En Alemania, sin pedir prestado. O en Grecia, que gasta muchísimo más de lo que tiene, como California. Sin que se sepa en el segundo caso porque lo tapa una misma bandera (EE UU), mientras que es piedra de escándalo en el primero. Lo de Grecia no lo tapa la bandera azul de las estrellas (UE) al ser la unidad política (y fiscal) un simple esbozo, una vocación unitaria confesada pero no consumada.

En nombre de la descentralización y el reconocimiento de la diversidad territorial en España la Constitución de 1978 alumbró el Estado de las Autonomías. Y hoy, hoy mismo, a la vista de cómo vaya el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano de coordinación económica del gobierno central con los 15 gobiernos autonómicos de régimen no foral), sabremos si la bandera nacional tapa o no tapa los agujeros en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas.

«A la vista de cómo vaya el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sabremos si la bandera nacional tapa o no tapa los agujeros en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas.»

No solo eso. Sabremos también, o nos haremos una idea muy aproximada, si ha llegado el momento de revisar el modelo autonómico en nombre de la eficiencia y la racionalización del gasto público. En todo eso puede desembocar el temido choque de trenes entre el Gobierno de Zapatero, representado por los vicepresidentes Salgado (económica) y Chaves (político) y las Comunidades gobernadas por el PP, cuyos consejeros acuden a la reunión con una postura común consensuada ayer en una cumbre de presidentes autonómicos con su líder nacional, Mariano Rajoy.

El bloque de consejeros conservadores quiere facilidades para liquidar o mitigar la deuda contraída con la Administración central (liquidaciones por dineros públicos anticipados a cuenta en 2008 y 2009 que, en aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica, han resultado a devolver). Pedirán al Gobierno un aplazamiento a diez años para resolver sus problemas de liquidez. Y el Gobierno, que no anda sobrado de liquidez precisamente, ya ha dicho que nones por boca del secretario de Estado de Hacienda, López Carbajo. Porque necesita ingresos para alcanzar los techos de déficit público comprometidos (6% en 2011) y sobre todo, ay, porque quiere que las comunidades gobernadas por el PP (once de las quince de régimen no foral) asuman el coste político de las promesas incumplidas por falta de recursos.

El Confidencial - Opinión

Autonomías. La crisis institucional está servida. Por Emilio J. González

Para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos.

Gobierno y autonomías andan de nuevo a la gresca a cuenta tanto de los dineros de más que el Estado adelantó a los ejecutivos regionales como del reparto de la carga del saneamiento presupuestario que tiene que llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas españolas para superar la actual crisis fiscal. Y, como el enfrentamiento está servido, la prima de riesgo vuelve a subir.

Al Estado ahora le han entrado las prisas por empezar a registrar ingresos en las arcas de Hacienda, no tanto para poder cuadrar mejor sus cuentas –porque esas devoluciones que reclama a las autonomías no contabilizan a efectos de déficit público– cuanto para disponer de recursos con los que financiar las ocurrencias del nuevo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo ‘Paro’ Rubalcaba, a quien ahora no se le ha venido a la cabeza nada mejor que reeditar la política de los 400 euros como engañifa para 600.000 jóvenes que percibirían ese dinero en época electoral a cambio de seguir un curso de formación que, de paso les sacaría de las listas del paro y maquillaría las cifras de desempleo. Es decir, en tiempos de necesaria austeridad, el PSOE quiere recursos públicos para invertir en su candidato, con independencia de que ese sea un lujo que la economía española ahora no se puede permitir ni de lejos. No es de extrañar, por tanto, que las autonomías pongan el grito en el cielo y digan que necesitan más tiempo para devolver los dineros que adeudan a Hacienda.

El Gobierno, además, pretende que los Ejecutivos regionales se aprieten todavía más el cinturón, cosa que me parece muy bien porque de lo que se tienen que dar cuenta los políticos españoles de todo signo es de que la fiesta se ha acabado y de que ya no pueden, ni podrán, seguir gastando como antes, como si todo lo que le pasa a la economía española, y por ende a la recaudación fiscal, fuera poco menos que una tormenta pasajera cuando, en realidad, se trata de un problema estructural. Pero para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos, y tiene que seguir por aplicar la misma vara de medir a todos. No se puede permitir que a unas autonomías se les pretenda obligar a reducir más y más sus gastos mientras con Cataluña y Andalucía hay manga ancha en todo momento simplemente por los intereses electoralistas del PSOE. Si el Gobierno central no actúa de esta manera, el conflicto con las autonomías estará servido y entonces no habrá forma de rebajar la prima de riesgo, porque Zapatero volverá a demostrar que ni cuenta con la capacidad necesaria para gobernar este país en estos tiempos difíciles, ni tiene la menor intención de que el Estado central haga la parte de los deberes presupuestarios que le corresponde.

Libertad Digital - Opinión

No hay un duro. Por José Antonio Vera

La situación en las autonomías empieza a ser dramática. A la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se le escapó recientemente, en un arrebato de sinceridad ante Gallardón, que la realidad es que su Gobierno no tiene «un puto duro». Y es verdad. Las administraciones públicas, particularmente las regionales y locales, están en situación de semiquiebra, acuciadas por unas deudas que no pueden pagar y, en algunos casos, como Castilla-La Mancha, ni siquiera refinanciar. No hay un euro de verdad y la situación es extrema porque se dan situaciones, como Andalucía, donde los medicamentos no se pagan desde hace más de dos años, o como Castilla-La Mancha, que lleva tres meses sin liquidar a las farmacias, o Valencia, con empresas que están teniendo que cerrar porque la televisión autonómica acumula meses de demora en la actualización de sus compromisos. Las comunidades están arruinadas y los ayuntamientos también. Lo peor es que el problema no se solventa ya sólo con recortes. Los recortes en el gasto corriente son completamente necesarios porque habíamos hinchado la Administración con una compleja maraña burocrática en gran medida inservible, saturada de altos cargos y asesores, despachos y coches oficiales, edificios y empresas públicas ineficientes. Ha sido tal el descontrol, que nadie sabe a ciencia cierta el volumen real de lo adeudado. Cada vez que se hurga en un cajón aparecen facturas sin pagar, algunas hasta en pesetas. El Gobierno toledano de Barreda dijo que el montante de impagados por su Gobierno, en lo que va de año, ascendía a 700 millones de euros, pero una vez vistas las cuentas y analizadas de verdad, resulta que son 2.000 millones más.

Sinceramente creo que en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo no va a tener más remedio que buscar una fórmula para desbloquear esta situación de falta de tesorería que supone una amenaza real de suspensión de pagos. Pero abrir la mano significa incumplir la previsión de déficit para este año, y eso tendrá una repercusión inmediata en la imagen de España en los mercados.

La solución no es fácil, y en todo caso debería pasar siempre por un ajuste completo de gastos innecesarios. Pese a los últimos recortes, aún nuestras autonomías mantienen mucha incomprensible inversión en servicios improductivos, representación institucional, «acción exterior», televisiones gigantescas y otras camelancias innecesarias creadas a mayor gloria de los políticos.
Tendrán que recortar hasta quedarse con lo indispensable para gestionar bien, y en segundo lugar han de empezar a pagar lo que deben. La única manera de que nos dejen tranquilos los tiburones financieros es saneando las cuentas, volviendo a ponerlas como las tuvimos con Aznar. Si para pagar deudas hay que vender activos, que lo hagan. Tienen edificios, terrenos, locales, televisiones, empresas y mucho patrimonio que pueden colocar a quien esté dispuesto a adquirirlo. Ahora es difícil, pero no imposible. Sólo hay que ponerse manos a la obra. Y después, cuando hayamos conseguido equilibrar, no volvernos a endeudar a lo loco como se ha hecho en estos años de zapaterismo inconsciente.

La Razón - Opinión

Urgencias autonómicas

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen hoy la oportunidad de enviar un mensaje a los mercados internacionales de compromiso con la austeridad. Mientras se mantiene la presión sobre nuestra deuda soberana y se fuerza al Tesoro a elevar sustancialmente el tipo de interés a pagar, los inversores y los organismos internacionales estarán hoy muy pendientes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de sus resultados. Hay una obligación de dar una respuesta favorable a los ajustes en línea con el objetivo del 6% de déficit para el conjunto de las administraciones del Plan de Estabilidad, pero también de atender a las exhaustas arcas autonómicas para no poner en peligro el funcionamiento de los servicios públicos y el pago a los proveedores. El cambio político del 22-M ha permitido conocer el estado crítico de algunas administraciones dirigidas por los socialistas. Los déficits ocultos, las facturas impagadas, serán también protagonistas en el encuentro de hoy, porque condicionan la capacidad de los nuevos gobiernos para afrontar su día a día. La propuesta de sancionar la estafa política que supone la ocultación de la deuda y el derroche debe ser tenida en cuenta. El vicepresidente Chaves respondió ayer que «no se pueden sacar presuntas deudas para justificar recortes». Su actitud es de un cinismo insólito. Fue su Gobierno y él mismo los que hicieron la vista gorda ante los dispendios del PSOE.

El Consejo, que en principio debatirá la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación de 2012 para Sanidad, debe alcanzar un consenso por la estabilidad presupuestaria y lo que ello supone. En ese aspecto, Mariano Rajoy definió ayer un razonable marco de actuación que pasa por la ampliación del plazo para que los gobiernos devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado –19.000 millones–, lo que resolvería los problemas de liquidez sin afectar a la deuda ni al déficit público, y una apuesta por el equilibrio presupuestario, el recorte de los gastos corrientes y la transparencia con la deuda. Esas pautas generan confianza y son límites exigentes a la gestión de lo público.

A estas alturas parece complicado que todas las comunidades puedan cumplir con los objetivos de déficit, porque el volumen de números rojos es apabullante. El nuevo Gobierno extremeño, por ejemplo, anunció ayer que el desequilibrio contable duplicaba a 30 de junio lo estipulado por el Gobierno, el 1,3%. La posibilidad de que se incumpla el Pacto de Estabilidad es un hecho y eso tendrá un coste en los mercados, pero es preciso descontarlo cuanto antes y replicar con medidas creíbles y exigentes que generen solvencia. Las comunidades tienen que cortar y cortar hasta quedarse con lo indispensable. No existen milagros y el crédito internacional está agotado.
El próximo Gobierno estará obligado a afrontar una redefinición y revisión del estado autonómico que no puede descartar la recuperación de competencias ni nuevos mecanismos de supervisión estatal. Bajo los parámetros actuales se ha levantado un gigante con los pies de barro que amenaza la recuperación económica. El futuro pasa por un cambio profundo y racional.

La Razón - Editorial

Racionalizar

El déficit sanitario exige mejorar aún más la eficiencia y analizar cómo elevar los ingresos.

Los ingresos de las Administraciones públicas se han reducido de manera drástica debido a la crisis y políticos y expertos, como no podía ser de otra forma, dirigen su mirada hacia uno de los capítulos presupuestarios más voluminosos: la sanidad pública. Las comunidades autónomas, principales prestadoras del servicio, al que dedican el 35% de sus presupuestos, están especialmente afectadas por un déficit que aumenta mes tras mes. Tal situación ha generado un debate sembrado de minas. La primera de ellas versa sobre la propia sostenibilidad del sistema. La sanidad es un pilar básico del Estado de bienestar y la española en particular, universal y gratuita, es equitativa, de buena calidad y eficiente (si bien hay margen para optimizar los recursos).

La sanidad pública española es muy apreciada por los ciudadanos y es barata. Con relación al PIB (el 6,1%) está por debajo de la media de la OCDE y, por supuesto, de Estados Unidos y de los grandes países europeos. Las principales causas del aumento del déficit son el envejecimiento de la población, la carestía de las nuevas tecnologías y el abuso en la utilización de los recursos, pero también y de manera notable, el bajo nivel presupuestario, que aún tiene recorrido hasta equipararse a los países de nuestro entorno. De ahí que el expresidente Felipe González propusiera hace unas semanas elevar dicho presupuesto y, a cambio, eliminar instituciones de tan discutible utilidad como las diputaciones. Como era de esperar, algunos políticos, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, han recibido de buen grado la primera propuesta, pero han hecho oídos sordos a la segunda. Las diputaciones son órganos de poder, como lo son las televisiones autonómicas, que merman de manera importante las finanzas públicas.

No obstante, la mayoría de los Gobiernos autónomos, con el central al frente, ya están aplicando medidas de racionalización del gasto sanitario que están dando frutos. Las gestiones centralizadas de compras, aún en ciernes, y la reducción de la factura farmacéutica, imponiendo recortes de precios y subvencionando solo los más baratos, son algunas de las principales. Pero hay recorrido para mejorar la eficiencia con iniciativas aún pendientes, como la venta de fármacos en unidosis, y otras más complejas, como la de incentivar a los médicos con una mayor proporción de sueldo variable o una reorganización de servicios siempre difícil dado el inmovilismo sindical. Es más difícil de entender el cierre de quirófanos y centros de salud (al menos 40 este verano) acometido por Artur Mas en Cataluña, la amenaza de Esperanza Aguirre de reducir los servicios de restauración de los hospitales de Madrid o dejar sin cubrir sustituciones o bajas como hace José Antonio Griñán en Andalucía. Medidas de este tipo son todavía más incomprensibles cuando van acompañadas de reducciones o promesas de reducción de impuestos, como sucede en Asturias, además de en Cataluña y Madrid.

Elevar el presupuesto sanitario como propone González puede realizarse vía impuestos, pero también a través del copago. Italia va a introducir una modalidad de copago muy duro, junto al paquete de medidas de reducción del déficit público, que puede dejar fuera del sistema a los más necesitados. El copago ya existe en los fármacos, aunque aparentemente no ha sido un freno para que se disparase la factura. Aplicarlo al conjunto de las prestaciones sanitarias puede ser factible y recomendable si sirve precisamente para salvaguardar el sistema público sin mermar la equidad del propio sistema. Esto sería así si se impusieran pagos simbólicos, pero de fuerte efecto disuasorio, para reducir el número de visitas al médico por habitante, que es el más alto de Europa; un dato que es imprescindible tener en cuenta en el ya abierto camino racionalizador.

El País - Editorial

Cospedal. Quejas o política. Por Agapito Maestre

¿Quién sería el ingenuo de pensar que, después de casi treinta años en el gobierno regional, los socialistas iban a dejar limpia la comunidad?

María Dolores de Cospedal se queja de que Castilla-La Mancha está en bancarrota. En principio, la queja está más que justificada, es necesaria para que nadie se llame a engaño; incluso creo que es buenísimo quejarse de los engaños de los socialistas, si ello va acompañado de una pedagogía política rigurosa y estricta, o sea, a la queja y a la crítica tiene que seguirle el diagnóstico preciso y la solución imaginativa.

La presidenta de la región castellano-manchega tiene, sin duda alguna, la obligación moral de explicar todos los pufos de los socialistas, detenerse en el detalle de los gastos suntuosos y sinsentidos de Bono y Barreda, y, por supuesto, es perfectamente comprensible para sus electores que la señora de Cospedal juré en hebreo por el estado lamentable de las cuentas que le han dejado los socialistas. Pero todo eso, no se engañen los peperos, tiene un límite. Más aún, el trayecto de la queja en política, es decir, lamentarse del estado caótico en el que han dejado las cuentas los socialistas, es muy corto.

De hecho, ya son miles los ciudadanos que empiezan a decir que, precisamente, por eso han votado al PP. Los votantes no son ingenuos. Le han dado la mayoría al PP, porque ya intuían ese tipo de cosas. ¿Quién sería el ingenuo de pensar que, después de casi treinta años en el gobierno regional, los socialistas iban a dejar limpia la comunidad? Nadie, excepto la señora de Cospedal, por los aspavientos que está haciendo, pensaría bien de las cuentas que los socialistas. Lo normal es que hayan dejado la caja vacía y con teleraña.

Así las cosas, debería dejarse ya de lamentos la señora de Cospedal, y hacer un poco más de política. Para empezar debería ser un poco más rápida a la hora de contarnos su diagnóstico del estado de la comunidad y, sobre todo, darnos unas cuantas soluciones al margen de emitir deuda pública. Y sobre todo, insisto, debería hacer más política. No se esconda en su despacho. Salga y dialogue con todos los ciudadanos y todos los agentes sociales que se lo pidan. Saque también a sus consejeros a la calle. No sean cobardes; y, por supuesto, si no tienen dinero ni soluciones, intenten buscarlas en el foro público.

No estoy hablando en abstracto, sino conociendo muy bien algunos problemas concretos que tienen que abordar ya, si no quieren que muchos colectivos sociales, que les han votado el 22-M, se queden en casa en las generales. Por ejemplo, el colectivo de farmacéuticos de Castilla-La Mancha lleva no sé cuánto tiempo sin cobrar las recetas de la Seguridad Social, pero, a pesar de pedir insistentemente una reunión con la presidenta o con el consejero de Sanidad, nadie les contesta ni nadie les recibe. Nadie dice nada. Independientemente de la gravedad de este problema, e independientemente de que nadie acusará a este Ejecutivo de un problema creado por la anterior administración, los farmacéuticos castellano-manchegos tienen todo el derecho del mundo a quejarse de que tampoco la nueva administración del PP quiere oír hablar de sus problemas.

O sea, o el PP se "arremanga" y debate todos y cada uno de los problemas que encuentre a su paso o estará dando tiempo y, seguramente, votos al candidato Rubalcaba.

Libertad Digital - Opinión

Rajoy. El cambalache. Por José García Domínguez

Todo un presagio del implacable rigor y la férrea disciplina fiscal que el Partido Popular piensa imponer a las comunidades díscolas en cuanto se instale en el poder.

Mariano Rajoy, que ya empieza a desprender el suave aroma a BOE que tanto amansa a las fieras, se acaba de despachar con una verdad a medias a fin de sosegar a los mercados. Pues, como todos los políticos, el gallego también ignora que el único modo efectivo de contagiar tranquilidad al dinero consiste en permanecer tranquilo. De ahí esa liturgia recurrente, la de los dirigentes desfilando ante las cámaras de la televisión para avivar aún más el pánico financiero con sus compulsivos llamamientos a la calma. Así, fiel a la tradición, don Mariano corrió ayer a declarar que "España es un país solvente, pese a su Gobierno".

"Y a su Oposición", le faltó añadir. Repárese, si no, en el último cambalache vergonzante que acaban de maquinar PP y CiU en el Parlament. Me refiero, huelga decirlo, al apaño que, bendición de Génova mediante, habrá de permitir que la Generalidad ignore –un año más– el déficit máximo fijado a las autonomías. Y es que, merced a las muy generosas tragaderas del de Pontevedra, los catalanistas han vuelto a convertir en papel mojado lo que se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El célebre techo del 1,3 por ciento del PIB va a quedar entonces en mandato exclusivo para valencianos, murcianos, manchegos y demás gentes de mal vivir.

Por su parte, y con carácter exclusivo, Cataluña ha visto elevar al 1,8 ese muro infranqueable que constriñe el gasto del resto. Todo un presagio del implacable rigor y la férrea disciplina fiscal que el Partido Popular piensa imponer a las comunidades díscolas en cuanto se instale en el poder. En la Plaza de San Jaime deben estar temblando... de risa. Aunque no, por cierto, en las oficinas centrales de Moody’s, donde no se acaba de encontrar la gracia a las licencias periféricas de Rajoy. Por algo, su último boletín interno reza, lacónico: "el caso de Cataluña muestra que el Gobierno central no dispone de herramientas efectivas para forzar el cumplimiento presupuestario por parte de las comunidades autónomas". Pero acaso lo peor sea que tampoco dispondría de gobernantes prestos a hacerlo cumplir. Ni los hay hoy, ni parece que mañana los vaya a haber. Y las fieras, silentes.

Libertad Digital - Opinión

Autonomías. 121.420 millones de razones. Por Pablo Molina

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos.

El mayor error cometido por los políticos españoles en los últimos quinientos años ha sido, sin duda, la creación del Estado autonómico. Sin ningún precedente conocido en la historia de los procesos constitucionales, los trujamanes de la transición endilgaron a los españoles un aborto jurídico-político ante el que no tienen derecho a la disculpa, porque todos ellos, gente con experiencia acreditada, sabían de sobra la desgracia que hacían recaer en sus compatriotas con el Título VIII de la Nicolasa.

El Estado autonómico, que la casta política, con el Rey a la cabeza, sigue defendiendo como la mayor conquista de nuestra democracia, ha servido para exacerbar los delirios separatistas de las regiones con presencia de partidos nacionalistas, para provocar enfrentamientos entre regiones limítrofes, para fraccionar un mercado ya de por sí pequeño convirtiéndolo en una maraña de regulaciones que ahuyenta al inversor extranjero y para multiplicar por varios factores el gasto público que hemos de soportar los contribuyentes actuales y las dos generaciones siguientes como mínimo. Si este es el éxito del que todos debemos felicitarnos, qué considerará la casta gobernante un fracaso colectivo.

Convertidas en corralitos al servicio de los políticos periféricos más desvergonzados, ni siquiera tienen suficiente con los recursos que se les entrega anualmente gracias al esfuerzo de todos los españoles. No les basta. Por eso necesitan pedir prestado en nuestro nombre una cantidad monstruosa de dinero al exterior, que en estos momentos ya supone casi el 12 por ciento de la riqueza nacional.

121.420 millones de euros deben las autonomías de los cuales casi 35.000 millones corresponden a la comunidad catalana, que a pesar de la exclusividad tribal de que hace gala su clase dirigente no van a ser devueltos por los ciudadanos de tan noble región sino por todos los españoles que, además, hemos de soportar los insultos de los Carod de turno. Nos vacían el bolsillo, piden prestado a cargo de todos los españoles un dineral para colocar a los hermanos tontitos y al resto de la esquerrada y no sólo no están contentos sino que acusan a los que financiamos sus francachelas de oprimirlos una barbaridad. Desde luego porque ellos quieren, porque resulta dudoso que el día que declaren la independencia del estat catalá desde la plaza de San Jaime las lágrimas del resto de España lleguen a formar ni un riachuelo. Qué pena que les falten huevos para dar ese paso.

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos, convertidos en víctimas de un sistema territorial inasumible. Hay que acabar con todas ellas y enviar a los políticos autonómicos al paro, no sólo por dignidad nacional, que ya sería motivo de peso, sino por una mera cuestión de supervivencia. La de nuestros hijos.

Libertad Digital - Opinión

Deuda autonómica insostenible

Antes de llegar a medidas que entrañen un perjuicio directo a las economías familiares, las administraciones públicas están obligadas a sanear sus estructuras.

AL mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional mejoraba las previsiones de crecimiento en Europa para 2011 y 2012 y rebajaba medio punto porcentual las que el Gobierno de Zapatero ha presentado para la economía española, el Banco de España publicó ayer las cuentas de las administraciones públicas. Por primera vez, la deuda de las comunidades autónomas supera, de media, el 11 por ciento de su producto interior bruto. Este porcentaje queda matizado —pero no pierde su significado alarmante— en cuanto se analizan separadamente las situaciones de cada comunidad autónoma. De esta forma se comprueba que Valencia y Cataluña superan el 17 por ciento; y Baleares y Castilla-La Mancha, el 16 por ciento.

En el conjunto de todas las administraciones públicas, la deuda ha crecido hasta el 63,6 por ciento del PIB. Unida a la deuda privada, la situación de endeudamiento de España sigue siendo determinante para impedir la recuperación económica y obligará a replantearse seriamente y en profundidad la viabilidad del estado actual de los servicios y de las funciones públicas. De las crisis se dice que permiten salir de ellas con más fuerza. Lo que no se dice con tanta frecuencia es que este resultado sólo es posible si se toman las decisiones adecuadas y se asumen los sacrificios asociados a esas decisiones. Hay dos opciones. La primera es pensar que el dinero público, en efecto, no es de nadie y, por tanto, ilimitado. La quiebra está garantizada. La segunda es aceptar que de esta crisis España va a salir empobrecida y que habrá que ajustar los niveles de gasto y de prestaciones a este nuevo nivel de vida. No se trata de desmantelar el Estado de bienestar, como denuncia con hipocresía la izquierda. El Estado de bienestar —cuya financiación tiene mucho que ver con la deuda autonómica—, entendido como el que se sustenta por una constante aportación de dinero público, está técnicamente quebrado y se mantiene, por ejemplo, a costa de no pagar facturas a los proveedores. Se trata de hacerlo viable cambiando aquellas premisas que han sido arrasadas por la crisis, como el principio de «gratis total» para determinadas prestaciones.

Ahora bien, antes de llegar a medidas que entrañen un perjuicio directo a las economías familiares, las administraciones públicas están obligadas a sanear sus estructuras, depurándolas de todo cuanto no sea realmente imprescindible desde el punto de vista del servicio público. Televisiones autonómicas, sociedades públicas paralelas, contratación de asesores y gabinetes y subvenciones prescindibles son focos de endeudamiento contra los que hay que actuar con preferencia a cualquier decisión que traslade al ciudadano el más mínimo coste de los servicios públicos que reciba.

ABC - Editorial

Errores de Mas

La deriva propagandística en el debate sobre el déficit amenaza con perjudicar a Cataluña

Nada peor que politizar o hacer propaganda cuando se trata de algo tan serio como ajustar el déficit fiscal por exigencia europea. Eso es lo que está haciendo el nuevo Ejecutivo de la Generalitat encabezado por Artur Mas. Acompañado por una torpeza de Hacienda: la negativa a adelantar, en la forma tradicional, los recursos (1.450 millones) del Fondo de Competitividad, imprescindibles para que Cataluña haga su ajuste en condiciones.

El déficit presupuestario español no lo originan las autonomías, a las que se debe solo una pequeña parte, aunque creciente y descontrolada, y que ha sido subsanada en 2010 gracias al mayor ahorro del Estado. Y a la inversa, el objetivo de cerrar 2011 con un desbalance autonómico del 1,3% sobre el PIB no es un capricho de Madrid: es un tope acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que concurren todas las comunidades.

Administración central y comunidades autónomas deben ejecutar los sacrificios que a cada parte corresponden para cumplir con los compromisos libremente adoptados por España ante la Unión Europea. De lo contrario, quienes sufrirán serán todos los españoles sin distinción. Ahí está el ejemplo de Portugal.

El gobierno de Mas ha cometido tres errores en un asunto que merita prudencia y discreción, cuando los mercados todavía olfatean las debilidades financieras del Reino. El primero es un énfasis excesivo en el presunto desastre de la herencia recibida de su predecesor, el tripartito de izquierdas. Decir que "la caja está vacía", que no se podrán "pagar las nóminas" o que se induce a "maquillar" el presupuesto acaba revolviéndose contra quien lo formula. Los nacionalistas más que nadie deberían creer en la unidad y permanencia del Estado (en este caso, de la Generalitat, que también lo es), y no caer en frivolidades. Al cabo, Mas ha debido optar por una emisión de bonos a particulares, en unas condiciones ligeramente mejores que las del tripartito en otoño, gracias a que los mercados han mejorado su percepción, la de España.

El segundo error es el ruido, el desorden y la inequidad en el anuncio de los recortes presupuestarios. Si la Sanidad absorbe el 25% del gasto de la Generalitat, es lógico que deba quedar afectada. Ahora bien: ¿es acertado el cierre general de quirófanos por las tardes? ¿No sería mejor algo más de valentía con el copago? ¿Era justo este el momento para suprimir el impuesto de sucesiones, que beneficia a los más ricos y en nada contribuye al crecimiento ni al empleo?

El tercer error es desviar el debate sobre el recorte o alternativamente el incremento de impuestos hacia una renegociación financiera que adelanta el "pacto fiscal" prometido por Mas para 2012. Eso es también renegociar traspasos, como los edificios hospitalarios para poder aumentar la deuda. Las cortinas de humo nunca generan claridad. Y menos cuando coinciden con el clandestino voto por la independencia del presidente catalán en un referéndum alegal. O un camino o el otro.

El País - Editorial