sábado, 19 de febrero de 2011

ERE que ERE. Por Tomás Cuesta

De lo que se trata es de que los tratantes hagan las maletas y alguien consiga cerrar con siete llaves el despacho de Juan Guerra.

Al cabo de tres décadas de socialismo a ultranza, de tente mientras cobras, de come y calla a espuertas, el escándalo, en Andalucía, es un «déjà vu» perpetuo, y la corrupción, ya sea al por mayor o al menudeo, es un fin en sí misma y no únicamente un medio. No es una anomalía sistemática, sino que constituye la esencia de un sistema en el que los ideales se acomodan a las fluctuaciones de los intereses y en el que no hay mejor industria para forjarse un porvenir que la que se desarrolla en el terreno del conocimiento. Salir de pobre es cosa de conocer amigos con aldabas (miel sobre hojuelas si, además, son parientes) en un régimen de partido único —o unánime, lo que prefieran— que ha transformado la política en el monocultivo del trinque y el saqueo, del trile y los tejemanejes, del bandolerismo y de la picaresca.

Así, prácticas como la de los falsos EREs no sólo están bien vistas sino que son la versión 2.0 del PER, una sutileza administrativa capaz de convertir al abuelo de Víctor Manuel en un picador de Huelva y transformar la mamandurria en un acto modélico de generosidad munífica con la famélica legión y los desheredados de la tierra. El viejo desempeño de encalar la miseria y blanquear, de paso, haciendas y conciencias.


Desde que el clan de la tortilla le dio la vuelta a la ídem, los despachos de los hermanos socialistas son la ventanilla única del poder y la pasta, los aposentos de esta especie de alternativa al señorito cuyos títulos nobiliarios son los carnés del PSOE y la UGT. Los políticos han ocupado los casinos de los viejos terratenientes. La finca es ahora toda Andalucía y el AVE Santa Justa/Atocha, un corredor de influencias, una línea en la que los palmeros de Chaves, Griñán y Zarrías pegan sus pelotazos y distribuyen el juego a golpe de «blackberry» con saldo ilimitado. Ahí y así, una comisión de investigación sobre el fondo de reptiles es una notable estupidez, puesto que su ámbito indagatorio no sería el de un caso excepcional sino el de la normalidad pura y dura. Setecientos millones después, la conclusión de los comisionados sería idéntica a la de los comisionistas: sin novedad en el frente, nada nuevo por estos pagos, todo bajo control.

El clientelismo es una seña de identidad de la política andaluza en la que los caciques del área son los patriarcas del socialismo, cuyo visto bueno se antoja imprescindible para el éxito de cualquier empresa, incluidas las del registro mercantil. Concesión es sinónimo de comisión; subvención, de votos, y vivir del paro equivale a una carrera creativa en la administración, un «way of life» que, sustanciado en las urnas, alumbra un carnaval de charanga y papeleta. En el laberinto del toma que toma, del dale que dale y del ERE que ERE, la alternancia no es uno de los resortes de la convivencia, sino una forma de relacionarse que pasa por el mantenimiento de la barra libre y la tapa a juego. En la Andalucía de los fondos de reptiles, las simas de sapos y los abismos de culebras, salir del armario exige dejar de vivir del cuento y desterrar el cuánto («Y yo, ¿cuánto me llevo?»).

O sea, que de lo que se trata es de que los tratantes hagan las maletas y alguien consiga, al fin, cerrar con siete llaves no el sepulcro del Cid, sino el despacho de Juan Guerra.


ABC - Opinión

Hípica. Bono no quiere mileuristas. Por Pablo Molina

Ochocientos euros mensuales, que es lo que Bono pagaba de salario medio en 2009, no es precisamente un sueldazo, sobre todo si para ganarlo hay que pasar varias horas diarias recogiendo boñigas.

Uno de los aspectos más interesantes de la actividad empresarial de la familia Bono es que nos permite comprobar hasta qué punto un patrono socialista cumple con las exigencias éticas que reclama al resto de propietarios de empresas más o menos importantes. Nos referimos en este caso a los sueldos que el presidente del Congreso, católico devoto y socialista practicante, paga a los empleados de su empresa, por cierto, dedicada a una actividad tan proletaria como la hípica que, como todo el mundo sabe, es la practicada mayoritariamente por los obreros que votan al PSOE.

Sea como fuere, esta semana hemos conocido los ciudadanos que pagamos su sueldo y sus caballos los datos de explotación de la empresa equina del señor Bono, en los que se detallan los costes salariales por diversos conceptos y el número de empleados de cada ejercicio.


Pues bien, si deducimos del coste salarial total la parte de seguridad social que paga el ex presidente manchego por cada trabajador y repartimos el resultado en catorce pagas, tras deducir los porcentajes correspondientes de IRPF y la cotización de la Seguridad Social del operario tenemos que la empresa de la familia Bono pagó estos sueldos mensuales netos a los obreros que tienen el alto honor de prestarles sus servicios

Año 2006: 778,51 Euros
Año 2007: 977,53 Euros
Año 2008: 840, 87 Euros
Año 2009: 795, 36 Euros

Obsérvese que sólo en 2007 estuvo a punto José Bono de tener empleados mileuristas, tentación que fue rápidamente sofocada con intensas reducciones salariales en los dos años siguientes, suponemos que para contribuir a mejorar la competitividad de nuestra economía en gesto que sin duda le habrá agradecido el presidente ZP.

Ochocientos euros mensuales, que es lo que Bono pagaba de salario medio en 2009, no es precisamente un sueldazo, sobre todo si para ganarlo hay que pasar varias horas diarias recogiendo boñigas. El sentimiento de estupor debe acrecentarse con el hecho de que el jefe es uno de los políticos millonarios de izquierdas –valga la redundancia– más caracterizados por su propensión a impartir doctrina de todo tipo, incluida la teológica por su trato asiduo con algún cardenal de la curia vaticana que, con toda seguridad, todavía no ha tenido tiempo de explicarle a su hijo en la fe las severísimas advertencias que la Biblia lanza contra los patronos que no tratan adecuadamente a sus empleados. ¡Mira que si los curas progresistas que tanto le gustan están equivocados y resulta que el infierno sí existe!


Libertad Digital - Opinión

Intangible innegociable. Por Hermann Tertsch

Bahréin y Libia son dos países ricos en los que el poder compraba la sumisión a los súbditos. Lo que ahora exigen no se compra.

Los acontecimientos se precipitan. No sabemos aún cuántos muertos hubo ayer en Bahréin o en Libia. Y ocioso aventurar cuántos habrá. Claro está ya que la legitimidad que sustentaba la autoridad en estos dos países tan distintos quedó ayer hecha añicos y sumida en sangre.

Puede ser cierto que el Rey de Bahréin no quería recurrir a la fuerza. Que fue su tío, el primer ministro, el que creyó poder restablecer la autoridad a sangre y fuego. Da igual, porque es ya probable que los dos miembros de la familia real Al Jalifa, que gobierna Bahréin desde finales del siglo XVIII, acaben de dirimir sus diferencias en un exilio lejano.

Y Muamar Gadafi, el implacable sátrapa bufón de Libia, puede estar a punto de tener que buscar un parque muy remoto para instalar sus jaimas. Era demasiado pedir tanto a unos como al otro, que lleva 41 años en el poder, que entendieran las claves del momento. Que fueran ellos capaces de poner patas arriba sus regímenes para gobernar de forma totalmente opuesta a como lo han hecho.

Les va a resultar muy difícil a todos los caudillos, ayatolás y reyes de la región, incluido nuestro vecino Mohammed VI, adaptarse a la nueva situación con la velocidad que exige el trepidante ritmo de los hechos. Lo que podía haber dado una tregua a alguno hace unos días, puede ser inútil mañana.

Y salvo en Irán, y sólo por el momento, da la impresión de que el terror y la fuerza ya no serán suficiente. Bahréin y Libia son dos países ricos en los que el poder compraba la sumisión a los súbditos. Lo que ahora exigen no se compra. Es un intangible innegociable. Llámese dignidad de la nación, derechos del individuo, honor de la persona, libertad en suma.


ABC - Opinión

ERE andaluces. El silencio sepulcral de los sindicatos. Por Emilio J. González

Lo único que les preocupa a las centrales sindicales es la cuestión de los dineros y no la defensa de los derechos de los trabajadores, que debería ser lo primero para ellas.

¿Por qué se callan los sindicatos ante el escándalo del fondo de reptiles de Andalucía? En cualquier país mínimamente serio y, sobre todo, con un problema con el sistema de pensiones como el nuestro, los autodenominados representantes de los trabajadores ya habrían montado un verdadero escándalo por lo que, a todas luces, constituye una estafa articulada con premeditación y alevosía al sistema de protección social. Sin embargo, en todo este asunto a UGT y CCOO obreras ni se les oye, de la misma forma que guardan silencio ante otros escándalos que se están produciendo en Andalucía, por ejemplo, la conversión por decreto de los contratados laborales en funcionarios, o van a remolque, pero con desgana, de las iniciativas que otros sindicatos, mucho más conscientes de los derechos de aquellos a quienes representan, están tomando. ¿A qué están jugando, pues, las agrupaciones lideradas por Méndez y Toxo? Mucho me temo que la respuesta tenga que ver con razones ideológicas pero, especialmente, con intereses pecuniarios.

A nuestros sindicatos oficiales les cuesta criticar a los gobiernos de izquierda por una simple cuestión de simpatía y afinidad ideológica. Hagan lo que hagan, UGT y CCOO guardan silencio porque, en última instancia, no dejan de ser brazos sociales de los partidos políticos que están detrás de ellos. Si hubiera sido el PP quien hubiera protagonizado el escándalo del fondo de reptiles, a esta alturas ya habrían puesto el grito en el cielo, habrían convocado huelgas y manifestaciones y no pararían hasta cobrarse las cabezas, todas, de los responsables de semejante estafa a los trabajadores de este país. Sin embargo, como en la Junta de Andalucía mandan los socialistas, el silencio de las centrales sindicales es sepulcral. Por lo visto, para ellos, todo lo que pueda hacer un político de izquierdas, por malo que sea, es disculpable mientras que cuando gobierna un político de derechas cualquier cosa vale con tal de echarse a la calle para tratar de desgastarle y hacerle caer. Así se explica las que le han montado a Esperanza Aguirre en Madrid, en la sanidad o el metro, por ejemplo, o la que han liado contra el Gobierno regional de Murcia. En Andalucía, sin embargo, prefieren mirar hacia otro lado, tal vez porque son conscientes de que, por primera vez desde que se celebraron elecciones autonómicas allí, el PSOE puede perder el poder en el más tradicional de sus feudos y en donde, a base de utilizar los recursos públicos para comprar votos y generar estómagos agradecidos, ha conseguido mantenerse ininterrumpidamente en el Gobierno durante más de treinta años.

Si los del PP consiguen desalojar a los socialistas de la Junta de Andalucía, los sindicatos, desde luego, van a notarlo porque podría cerrárseles una de las fuentes más importantes de obtención de recursos y porque, a fin de cuentas, Andalucía representa un granero de votos muy importante para los socialistas que, si no los controlan, pueden tener muchos problemas en unas elecciones generales. Y UGT y CCOO, que sueñan con la consolidación a perpetuidad de la izquierda en el poder en nuestro país, no quieren que eso ocurra. Si a ello se une que, en toda esta trama, también hay algunas personas procedentes de los sindicatos, como el ex UGT José Aureliano Recio, el socio de Carlos Solchaga en el despacho Solchaga, Recio y Asociados, que intermedió para conseguir esas ayudas con las que se han pagado jubilaciones ilegales, la primera parte de la respuesta está completa.

Nuestros sindicatos oficiales, además, están ahora ‘distraídos’ con otras cosas que afectan directamente a sus intereses pecuniarios y, por lo visto, eso no les deja tiempo para atender convenientemente a aquello a lo que, en teoría, deberían dedicarse. Pero en lugar de echarse a la calle a pedir todas las cabezas que haya que cortar en el feo asunto del fondo de reptiles de Andalucía, están más preocupados con otras cuestiones como, por ejemplo, los dineros que se van a llevar de los cursos que los parados van a tener que seguir por imperativo del Gobierno, o de llevar a los tribunales la privatización de las cajas de ahorros –la única forma de salvarlas, dado que en las arcas de Hacienda no hay un euro para poner en ellas– con el fin de evitar perder los puestos con que cuentan en los distintos consejos de administración y asambleas generales de estas entidades crediticias. Algo que para ellos es muy importante porque hay muchos sindicalistas que viven, y muy bien, de estas cosas y porque su presencia en los órganos de gobierno de las cajas les ha garantizado hasta ahora financiación ‘sin problemas’.

Vamos, que lo único que les preocupa a las centrales sindicales es la cuestión de los dineros y no la defensa de los derechos de los trabajadores, que debería ser lo primero para ellas. Y digo yo, ¿para qué diantres quieren tantos recursos? ¿Qué hacen con ellos? Porque, que yo sepa, no tienen cajas de resistencia para pagar a los huelguistas en caso de paro laboral, al menos a los que no son representantes del sindicato en los comités de empresa. ¿Por qué, entonces, se preocupan tanto por conseguir más y más dinero? Así no es de extrañar que guarden el silencio más absoluto ante los escándalos y desmanes de quienes les llenan los bolsillos con tanta generosidad.


Libertad Digital - Opinión

El túnel del tiempo. Por M. Martín Ferrand

No es ajena a la situación de la Nueva Rumasa la situación crítica del sectorfinanciero nacional.

LA imagen de José María Ruiz-Mateos en la primera página de los diarios españoles es volver a vivir lo ya vivido. Algo que forma parte de las costumbres españolas, de las que arranca la inevitable fatiga de ser español. La semana que viene se cumplen 28 años desde que el Estado español, con Felipe González en la presidencia del Gobierno y Miguel Boyer en el Ministerio de Economía y Hacienda, por el expeditivo procedimiento de un decreto-ley, expropió Rumasa, el conglomerado de empresas del piadoso empresario jerezano. Fue un atropello jurídico que, al margen de las razones económicas que pudieron motivarlo, necesitó el aval del Tribunal Constitucional y el suicidio profesional de su primer presidente, Manuel García Pelayo. La entonces naciente Antena 3 de Radio retransmitió en directo la entrada y ocupación de las oficinas centrales de Rumasa, en la Plaza de Colón, en Madrid, de fuerzas del orden armadas hasta los dientes. Un aviso a navegantes y una exhibición de fuerza del felipismo que, después, con la privatización de lo incautado, inauguró un gran periodo de sospechas de corrupción y enriquecimiento inexplicables y, lo que es peor, inexplicadas.

Como en la vieja serie de televisión de los sesenta, El túnel del tiempo, volveremos a vivir lo vivido. Ahora con un diferente protagonismo del Estado que, como consecuencia de sentencias firmes y no ejecutadas, le debe a Ruiz-Mateos unos cuantos miles de millones. Es difícil tomarse en serio a un empresario que, para defender sus intereses, está dispuesto a convertirse en Superman y a pretender darle un capón a su demonio particular; pero también lo es que, a pesar de las advertencias de la CNMV, el redivivo emprendedor, haya conseguido, sin más artimaña que una oferta publicitaria, captar capital entre los inversores nacionales.

No es ajena a la situación de la Nueva Rumasa la situación crítica del sector financiero nacional. Ruiz-Mateos no encuentra la financiación que consiguen sus equivalentes en los países de la UE. La mitad de ese problema, las Cajas de Ahorros, tienen una responsabilidad en el caso. Han distraído el ahorro de los españoles en operaciones sospechosas, aeropuertos sin aviones e industrias sin futuro, a más de en ladrillos, sin atender el interés de sus impositores y el bien de la Nación. Han gastado en salvas y supuestas obras sociales lo que hoy se les priva a los únicos que crean y pueden crear empleo y, lo que es más grave y desmoralizador, siguen a su frente, convirtiéndolas en bancos —¡qué San Carlos Borromeo nos asista!—, los mismos que engendraron la catástrofe. Volverán las oscuras golondrinas...


ABC - Opinión

Sin Gobierno. Por Alfonso Ussía

Bélgica es un país nublado. «Le plat pays» de Jacques Brel, que como todo belga valón que destaca, se lo adjudican los franceses. Bélgica es un reino, y gracias a la Corona, se mantiene unida. Los flamencos no quieren mezclarse con los valones, y al revés. En Bélgica se come muy bien, y sus chocolates nada tienen que envidiar a los holandeses. Y Bélgica es uno de los puntos neurálgicos de la Comunidad Europea. En Bruselas, el problema de los valones y los flamencos no inquieta porque la abundancia de funcionarios de todos los países y regiones de Europa ha sepultado la enemistad local. Que Bélgica es una nación admirable lo demuestran sus 251 días sin Gobierno. Desde que el Primer Ministro Yves Leterme –valón–, presentó al Rey Alberto su dimisión el 26 de abril de 2010, Bélgica no tiene Gobierno. Y prospera.

Bélgica no es Islandia. Tiene problemas y dos corazones. Flamencos y francófonos mantienen una rivalidad constante desde la fundación de Bélgica como nación. Tiene la garantía de la Corona, la institución que une y reúne a unos y a otros. Es una nación pujante, con una poderosa inmigración. Sus retos y su convivencia son los mismos que los de todos los grandes Estados de Europa. Pero pueden sobrevivir, mantenerse en el orden y crecer económicamente sin Gobierno. En Francia se ríen de los belgas, y me temo que con grave injusticia. Francia sin Gobierno se convertiría en un caos. Bélgica mantiene su vigor sin gobernantes con toda naturalidad.


Una España sin Gobierno, incluso sin Gobierno socialista, es impensable. Se haría añicos en unos pocos días. El Escorial se independizaría de San Lorenzo en menos de una semana, y Elda de Petrel, y Vilanova de La Geltrú. Pero sería una experiencia interesante. Una nación con tres mil naciones sólo unida por la Corona, Las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y «El Corte Inglés». La Policía Nacional se disolvería en beneficio de las policías locales. Impuestos al gusto del contribuyente, lo cual significaría un cambio importante en nuestra calidad de vida. Mejor tres mil Haciendas pícaras que una resueltamente ladrona, como la que sufrimos. Y tres mil parlamentos, tres mil federaciones de fútbol y tres mil representantes españoles en la Liga de Campeones, que pasaría a celebrarse cada diez años para dar tiempo a que se eliminaran nuestros equipos entre sí. ¿Que en Alcorcón se prohíbe fumar y en Móstoles se permite? Pues a comer en Móstoles. ¿Que en Alcobendas se autoriza aparcar en doble fila y en San Sebastián de los Reyes se sanciona? Todos los coches en Alcobendas. Porque eso es lo que haríamos los españoles si no tuviésemos un Gobierno, y vuelvo a repetirlo, hasta un malísimo Gobierno como el que ahora padecemos. De ahí que la admiración por Bélgica y los belgas sea, más que justificada, obligatoria.

Una sociedad que funciona sin que nadie la gobierne, es una sociedad civilizada y admirable. Bélgica ha inventado el anarquismo conservador, lo cual habrá molestado sobremanera a los confundidos recalcitrantes. En los 251 días que Bélgica ha funcionado sin Gobierno, ha crecido proporcionalmente lo mismo que España ha menguado con el Gobierno de Rodríguez. Ello significa, y se ha demostrado, que el vacío de poder es mucho más beneficioso para una nación moderna que el poder en manos de Rodríguez.

Si no fuera porque en Bélgica un día soleado forma parte del milagro, no sería una bobada instalarse en «le plat pays» de Jacques Brel, ejemplo de civismo y tolerancia.


La Razón - Opinión

PSOE. Corrupción a peso. Por Maite Nolla

Te piden la dimisión de Rubalcaba por lo del Faisán, igual que te piden la de Chaves por lo de Matsa o la de quien sea por los ERE o la de Bono por sus caballos y sus ositos; cuando, evidentemente no son lo mismo.

Después de las declaraciones de María Dolores de Cospedal pidiendo la dimisión de Rubalcaba por el asunto del bar Faisán, pensaba yo que el PP iba a dejar de lado su indolencia de serie e iba a colocar este asunto entre sus prioridades. Pero la virtud les ha durado menos de una semana. Ni siquiera les ha servido de impulso el hecho de que el ministro del Interior en dos ocasiones haya acusado públicamente al partido de Miguel Ángel Blanco de no querer ver el final del terrorismo. Para el PP el asunto del Faisán es competencia exclusiva de Gil Lázaro y poco más. Pensar que Rajoy pueda preguntar por esto no ya a Rubalcaba, sino a Zapatero, es no conocer al personal, aunque, como les digo, el arranque de genio de la secretaria general del PP podía dar a entender otra cosa. Pero, en fin, en un desayuno de estos tan de moda, entre zumo y zumo y con un conato de agresión a una de las reporteras de La Sexta por parte de los guardaespaldas de Rajoy, Trillo ya ha dicho que de pedir la dimisión del ministro, nada.

La cuestión es saber entonces qué quisieron decir Cospedal o Soraya cuando esta semana parecía que iban en la dirección contraria a Trillo; eso sí, ante la prensa y no en el Congreso –en el ruedo, quiero decir–. Pues la verdad es que me da la sensación de que ellas calculan el valor de la corrupción como se calcula el de la chatarra: a peso. Es decir, te piden la dimisión de Rubalcaba por lo del Faisán, igual que te piden la de Chaves por lo de Matsa o la de quien sea por los ERE o la de Bono por sus caballos y sus ositos; cuando, evidentemente no son lo mismo. Parece que su única voluntad es la de acumular casos en el otro lado para poderlos compensar con el Gürtel o con los trajes de Camps o con lo de Baleares. Pueden pensar ustedes que siempre es mejor eso que el mantón de silencio que se impone en Cataluña; de acuerdo. Pero mezclar las cosas y los casos lo único que provoca es que se banalicen. Es cierto que en eso la generación de políticos del PP y del PSOE que nos gobiernan y que nos gobernarán es experta. Las palabras ya no valen nada puestas en boca de nuestros políticos de primera fila. Pero no es lo mismo avisar a la ETA de que viene la policía que agraciar con una ayudita a una empresa en la que trabaja tu niña.

Libertad Digital - Opinión

La agonía. Por Ignacio Camacho

El «síndrome del pato cojo» ya no es más que un deformado espejo de la agonía política de este mandato.

ESTO no aguanta; la precariedad del Gobierno para terminar la legislatura se empieza a volver asfixiante. Zapatero parece decidido a apurar el mandato por el prurito personal de no admitir el fracaso y porque «los mercados» —léase la señora Merkel— pueden haberle desaconsejado el adelanto de elecciones para no detener el ritmo de reformas, pero en la propia izquierda está creciendo la sensación de que la actual escena no da más de sí. «Mientras más tarde peor», confesaba esta semana en privado un exalto cargo socialista; «incluso desde el punto de vista del partido, sería mejor que el PP cargara con el coste de impopularidad de las medidas de ajuste». La entrevista del presidente con Bono abrió el miércoles el abanico de las especulaciones, no tanto sobre un eventual tanteo de sucesión como sobre una disolución anticipada. La sensación general es que la continuidad sólo beneficia a los nacionalistas, que van a exprimir al Gobierno a cambio de hacer de costaleros en el calendario legislativo pendiente.

El silencio y la ambigüedad de Zapatero, empeñado en no dar pistas según el patrón clásico del síndrome monclovita, ha empezado a sembrar el desconcierto. El mismo Rubalcaba da muestras de desagrado ante su papel de báculo presidencial que va quemando sus expectativas sucesorias mientras el «caso Faisán» lo achicharra poco a poco. Quizá sea el copresidente el único que al menos atisbe parte de los designios del líder, en la medida en que pueda compartir el otro gran objetivo pendiente del zapaterismo: el Proceso de Paz 2.0, es decir, el presunto final de ETA. Lejos de este arcano, el resto de los felipistas empieza a urgir al menos el anuncio de la retirada, amagando, como el propio González, con no permitir una hipotética tercera candidatura. Los barones autonómicos, acorralados en las encuestas, sueñan con una coincidencia de elecciones generales, municipales y autonómicas, o al menos con llegar a estas últimas con el horizonte del relevo despejado. «No hace falta que proponga ya al sucesor; basta con que diga que no se va a volver a presentar», se desesperan. Sin embargo el presidente mantiene el hieratismo de una esfinge, complacido en el manejo de los tiempos y la capacidad de sorpresa, que es quizá ya lo único que le queda. El Gobierno ha hecho planes para otoño con las cajas de ahorro, pero la primavera promete aprietos financieros graves ante los que el fantasma de la intervención europea no se ha disipado.

La sociedad, que se expresa en los sondeos, ha asumido ya la alternancia como inevitable: un 70 por 100 largo está convencido de que ganará el PP. Y la izquierda más responsable reflexiona sobre el tamaño de la derrota, que es esencial para su futuro. Pero el presidente quizá ya sólo se mire en la posteridad, preso del temible «síndrome del pato cojo» que no es más que un deformado espejo de la agonía política.


ABC - Opinión

Profesionalizar las cajas

El Gobierno ha concedido un balón de oxígeno al sector financiero con su decisión de ampliar seis meses el plazo máximo de salida a bolsa de las cajas de ahorros y para su recapitalización en los mercados financieros. El Ejecutivo, que aprobó el decreto-ley para reforzar la solvencia, credibilidad y sostenibilidad del sector, atendió a uno de los requerimientos principales de las cajas, que habían reclamado más tiempo del contemplado por el Gobierno para afrontar las exigencias de capitalización. En cuanto a esas exigencias, el decreto establece un mínimo de capital principal del 8% y del 10% para aquellas entidades que no coticen, superen el 20% de financiación mayorista y no hayan colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros. Se tendrán que cumplir estas condiciones en septiembre de este año como regla general, aunque, y ésta es la novedad, el Banco de España podrá prorrogar de forma excepcional el periodo para salir a bolsa hasta el primer trimestre de 2012. Si no lo lograran con participación privada, la norma, como ya era conocido, contempla la nacionalización de las entidades con la aportación de capital público del FROB.

El propósito principal es, según el Gobierno, recuperar la confianza de los mercados en la economía española, aunque para ello se presione a las entidades con requisitos de capital muy por encima de los exigidos a sus colegas europeos y los previstos en Basilea III, lo que condicionará su capacidad de competir. Cómo puedan afectar también las exigencias de capital al crédito en España es un dato esencial que el Ejecutivo parece haber relativizado con su decisión de calmar a los mercados como sea, pero que tendrá sus efectos.

Es positivo que se hayan atendido las peticiones de las cajas de contar con más tiempo, pero no compartimos el planteamiento que emana del decreto de una suerte de tabla rasa en la gestión pasada de estas entidades a costa del erario público y sin que el Banco de España entre a fondo en la inspección de lo que ocurrió al menos en aquellas a las que habrá que salvar con la nacionalización.

Nos parece también preocupante que el control político actual –comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otros– en la gestión de esas entidades sea reemplazado por el control del Gobierno vía FROB, lo que abre un horizonte de injerencia poco tranquilizador .

El Gobierno no ha contado con el PP, si bien Mariano Rajoy anunció ayer con sensatez su disposición a dialogar la convalidación del decreto. Que una reforma de este calado no cuente con el consenso de los grandes partidos enviará un nocivo mensaje a los mercados.

El Gobierno se ha movido en la improvisación y en la duda con tres reformas de las cajas hasta hoy, resultado de una rectificación sobre otra rectificación. Pero más allá de esa política errática, el futuro del sistema financiero pasa por que esas entidades tengan una gestión y un control absolutamente profesionales, o lo que es igual, por su despolitización total, y por que compitan en igualdad de condiciones con los bancos. Cualquier otro desenlace tras todas estas intervenciones gubernamentales resultará fallido, por lo que cabe esperar que nadie se aparte de ese objetivo final.


La Razón - Editorial

Más tiempo de encaje

El decreto sobre las cajas amplía el plazo para la necesaria recapitalización del sector.

El decreto ley aprobado ayer por el Gobierno para concretar su estrategia de bancarizar las cajas ha introducido elementos de flexibilidad respecto del planteamiento inicial: sean bienvenidos. Los principales suavizan la aspereza en la exigencia de mayor solvencia; sin desmentir la reforma, se hace más transitable su calendario. Así, por un lado se otorga una ampliación del plazo, de hasta un semestre en condiciones excepcionales (hasta marzo de 2012), para la incorporación de capital privado por la vía de la salida a Bolsa a las cajas que se transmuten en bancos. Y por otro se interpreta de forma imaginativa el acuerdo de Basilea III, al considerar como capital básico tanto los recursos que inyecte el sector público a través del FROB, como las obligaciones necesariamente convertibles en acciones, algo que si no va contra la letra de ese pacto internacional, desde luego que algo retuerce su espíritu.

Pese a su heterodoxia, esos cambios eran necesarios. Pero al cabo demuestran que la precipitación, aunque sea forzada por las asechanzas de los mercados de deuda soberana, nunca es buena consejera. Y, menos aún, si se suma a una previa reacción tardía. Ambas pulsiones contradictorias se han conjurado frívolamente con ocasión de la reforma de unas entidades que suponen nada menos que la mitad del sistema financiero.


En efecto, los defectos de las cajas se sabían desde hace años, especialmente por el organismo regulador; el Banco de España conocía el alcance de la morosidad y la enorme cuantía de los créditos dudosos, sobre todo en la promoción y en la construcción inmobiliaria; los enjuagues políticos en algunas entidades eran secretos de polichinela. ¿Por qué se esperó a regular las fusiones frías o la posible bancarización hasta el pasado verano?

Plantéese la incógnita desde una óptica menos regulatoria y más pragmática: ¿de verdad se necesitaban nuevos decretos leyes? Los poderes de la supervisión y de orientación general del banco emisor, de haberse utilizado en el momento preciso, eran ya lo bastante potentes. A las entidades derrochadoras, que concentraban sus riesgos en un sector o un grupo de empresas, que repartían bonus como si derramasen agua bendita (caso Caja Madrid), o que extendían avales a ex dirigentes políticos incursos en presunta corrupción (Bancaja en el caso Matas) les habría bastado un aviso conminatorio individualizado.

El camino elegido, una nueva normativa, exhibe la ventaja de la ejemplaridad pública ante los mercados internacionales, algo muy necesario. Pero al mismo tiempo adolece del defecto de imponer exigencias equivalentes a entidades cuyas conductas han sido muy distintas. Y desde el punto de vista de la economía real aflora algo tan grave o más: los nuevos estándares de solvencia amenazan con repercutir en lo inmediato en una mayor restricción del crédito, dificultando, pues, la recuperación tras la crisis.


El País - Editorial

Sin dinero, se acaban los "derechos sociales"

Una vez hemos descubierto que el rey está desnudo y que las prestaciones de desempleo no son un derecho sino una renta que financia coactivamente cada trabajador de su bolsillo, no hay motivo alguno para que no se proceda a su privatización.

Decía Margaret Thatcher con toda la razón del mundo que el socialismo deja de funcionar cuando se termina el dinero. En España, durante los últimos años, hemos podido comprobar perfectamente la validez de esta máxima. Al cabo, durante décadas nuestros socialistas de izquierdas y de derechas nos inundaron con la propaganda de que los españoles éramos acreedores de una serie de "derechos sociales" que, por supuesto, sólo nos los podían garantizar los políticos a través de incrementos de los impuestos y del gasto público. Tan pronto como el dinero ha dejado de entrar en grandes cantidades en el erario público, los derechos sociales se han desvanecido. Así pasó con el cheque bebé, las pensiones dignas, la vivienda de protección oficial y, ahora, con el subsidio de desempleo.

Los liberales siempre hemos visto con desconfianza un subsidio generalizado al paro, por cuanto todo lo que el Estado subvenciona tiende a multiplicarse (en este caso, la situación de desempleo). Además, estaba el hecho nada desdeñable de que, como todos los derechos sociales, el de la prestación de desempleo era sufragado mes a mes por el sangrado tributario de las nóminas de los trabajadores a quienes presuntamente se buscaba proteger. Si una persona desea percibir una renta en caso de perder su empleo, no necesita que el Estado le detraiga mes a mes un porcentaje de su nómina: basta con que ahorre esos importes o que contrate un seguro privado contra el desempleo como los que existen en media Europa.


Ahora, sin embargo, comprobamos la auténtica naturaleza de ese supuesto "derecho social". En cuanto han comenzado a escasear los ingresos fiscales, el Ministerio de Trabajo ha comenzado a restringir las condiciones para percibir la ayuda. Así, aun cuando el régimen de sanciones se mantiene intacto, el Gobierno socialista ha ampliado enormemente las causas de sanción y consecuente pérdida del subsidio.

No se trata, obviamente, de que estemos en contra de que se introduzca un poco de racionalidad en el reparto de subsidios de desempleo y de que se aproxime su gestión a como muy posiblemente lo haría una empresa privada (esto es, que un desempleado no pueda seguir cobrando el subsidio si de manera persistente declina ofertas de trabajo). El problema es que, una vez hemos descubierto que el rey está desnudo y que las prestaciones de desempleo no son un derecho sino una renta que financia coactivamente cada trabajador de su bolsillo, no hay motivo alguno para que no se proceda a su privatización: esto es, a que nos bajen los impuestos para que podamos ahorrar de cara a una eventual situación de paro o, si lo deseamos, contratar un seguro contra el desempleo. Lo último que necesitamos es que los socialistas sigan mangoneando de manera innecesaria con nuestro dinero; ya vemos las nefastas consecuencias que conlleva.


Libertad Digital - Editorial

Las cajas, idas y venidas

Es importante que la inseguridad generada sobre el nuevo régimen legal de las Cajas se compense con una gestión política transparente.

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que reforma integralmente el sistema de cajas de ahorros en España, poniendo fin a unas instituciones que han tenido una larga e intensa presencia tradicional en la vida social de nuestro país. La intromisión de los intereses políticos en la gestión de estas entidades y su utilización como fondo de maniobra para los caprichos de gobiernos autonómicos han devaluado, al margen de otros motivos, una función social que ahora es justo recordar, precisamente cuando el futuro al que las cajas están abocadas es el de su reconversión en entidades bancarias, bien porque sean capaces de transformarse, bien porque sean compradas por otros bancos. Es evidente que las cajas de ahorros tenían que ser sometidas a una profunda revisión. Su excesiva dependencia de decisiones políticas y su exposición a la crisis inmobiliaria no permitían dejar las cosas como estaban. Con este punto de partida que concitaba el acuerdo general, el Gobierno ha sometido esta reforma, una decisión tan trascendente para la confianza en el mercado financiero español, a vaivenes y cambios de dirección en los mensajes sobre las condiciones del capital básico que se les exigiría, en los plazos para el cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización o en las vías de entrada del Estado a través del FROB o de cualquiera de los bancos actuales, ya preparados para la tanda de compras de cajas que puede avecinarse.

Finalmente, el Gobierno ha cedido en una cuestión que parecía inexcusable y va a prolongar hasta marzo de 2012 el plazo para que las cajas puedan cotizar en Bolsa. Sin embargo, las cajas tendrán hasta el 30 de septiembre de este año para consolidar un capital básico del 8 por ciento, que será del 10 por ciento si a esa fecha no cuentan con más del 20 por ciento de su capital en manos privadas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria entrará en las cajas que no cumplan este requisito, lo que supondrá su puesta en manos de un banco en el plazo de tres meses. Ahora, es importante que la inseguridad generada en estas semanas sobre el nuevo régimen legal de las cajas de ahorros se compense con una gestión política transparente y orientada a las finalidades que interesan, que no son otras que fortalecer el sistema bancario y facilitar el movimiento del crédito a familias y empresas, sin lo cual es ilusorio pretender una recuperación significativa y sostenida de la actividad económica.

ABC - Editorial