Cuando piensa la oposición. Por M. Martín Ferrand

Tras la reunión, nos informó Rajoy que la crisis es grave. Para llegar a tan liviana conclusión, Toledo está demasiado lejos.

ENSEÑABA Sócrates, y así nos lo transmitió Platón, que el mayor de todos los misterios es el hombre. Y eso que el ateniense no conoció a Mariano Rajoy. El líder del PP se encerró un par de días con los grandes capitanes de su tropa política en el Parador de Toledo, un cigarral que se alquila por noches, y, tras el encuentro, estamos en donde estábamos en lo que al conocimiento del partido y sus proyectos respecta. Nos ha quedado, eso sí, una hermosa fotografía de recuerdo en la que el presidente del PP y sus ocho grandes lugartenientes aparecen delante de lo que podría ser una vista general de la ciudad o un cuadro de Benjamín Palencia, de cuando la Escuela de Vallecas andaba en mantillas.

Tras la reunión, nos informó Rajoy que la crisis que padecemos es grave. Para llegar a tan liviana conclusión, Toledo está demasiado lejos. Podrían haberse reunido en la calle Argensola, que les cae enfrente de Génova, y se hubieran ahorrado el viaje, la pernocta y el desayuno. Lo más notable del encuentro, según los voceros de guardia en el PP, son las cincuenta medidas anticrisis que, dicen, a lo largo de los próximos meses irán presentando en el Congreso y en el Senado para mostrarle al Gobierno una camino con el que «crear empleo y aumentar la renta de los españoles». ¿No sería más eficaz y provechoso, sin dejar que el tiempo insista en sus efectos devastadores, presentar ahora, a modo de programa electoral anticipado, ese medio centenar de ideas mágicas? Tal y como nos lo cuentan, ese catálogo de proyectos que el PP dice tener suena a canción infantil de guardería: «Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra me mantiene toda la semana».

Lo más concreto que se deduce del cónclave toledano del PP es el anuncio de Rajoy de una iniciativa parlamentaria para que cada comunidad «tenga otras formas para gestionar sus televisiones autonómicas». La formulación es jeroglífica; pero podría querer decir, en traducción libre del rajoyano, que es partidario de privatizar las televisiones autonómicas. En su día ya dijeron eso mismo Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y el resultado fue el incremento de los costes y del número de canales públicos en Madrid y Valencia. Los despilfarros y las ruinas no son privatizables. Lo que, desgraciadamente, establecen nuestras costumbres es que, por los más diversos y tramposos procedimientos, termine siendo el Estado, a través de cualquiera de sus Administraciones, quien se quede con las ruinas privadas. Lo inútil, costoso y pernicioso es mejor erradicarlo que transformarlo.

ABC - Opinión

Separatistas. Por Alfonso Ussía

Hasta mi otoño vital no supe que El Escorial y San Lorenzo del Escorial son dos municipios. Por el muro que da al sur del Monasterio se establece la frontera. Y no se llevan bien los de arriba con los de abajo. Creo recordar que los de abajo son los del Escorial a secas y los de arriba los de San Lorenzo del Escorial. Podría ser lo contrario perfectamente, porque cuando me lo revelaron se me puso la cabeza como un bombo. Sucede lo mismo, más o menos, con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y con Elda y Petrel, y con Pasajes de San Juan, Pasajes de San Pedro y Pasajes Ancho, que hay tres Pasajes, manda narices.

Años atrás viajé con Antonio Mingote de Madrid a Villafranca del Bierzo, donde participábamos en el programa «Protagonistas» de Luis Del Olmo. En el kilómetro 38, altura de Villalba, se leía en un cartel: «Madrid independiente». Le faltaba un guión para anunciar un partido de fútbol internacional, el Madrid-Independiente, pero el objetivo era otro. Superado San Rafael, ascenso hacia El Espinar, un segundo mensaje: «Castilla Comunera. Independencia». Sin apercibirnos de ello habíamos salido del Estado de Madrid y nos hallábamos en el Estado de Castilla de los Comuneros, que eran Padilla, Juan Bravo y Maldonado, tres calles muy elegantes de la Milla de Oro de Madrid.

Al fin, La Bañeza. Un nuevo aviso. «León, independiente de Castilla». La nueva nación se presentaba fría y formidable en sus paisajes, transición de la meseta a la bóveda boscosa del norte. Desnudos los robles, los castaños y las hayas, y los ríos, fuertes y tronantes. El Manzanal abajo, Ponferrada, la cuna de Luis Del Olmo y el origen de la ruina de mi familia. Las minas. Gracias a ella me divierto escribiendo. Ponferrada no mostró pretensión alguna de independencia, pero en Villafranca, con el castillo de los Álvarez de Toledo y la calle del Agua, nos fijamos en un nuevo mensaje escrito con grandes letras en una piedra. «Villafranca, independiente de León». En apenas quinientos kilómetros, cuatro gritos de independencia.

Existen centenares de localidades en España, que por su desarrollo y expansión, se han unido a los pueblos vecinos. Lo lógico sería unirlas en un mismo ayuntamiento. Pero en todas ellas me aseguran que si alguien se atreve a proponerlo, no sólo pierde las elecciones, sino que lo empluman. Guecho es un municipio, pero los de Neguri no se consideran de Las Arenas, y menos aún, los de Las Arenas y Neguri aceptan ser equiparados con los habitantes de Algorta. En España, somos nacionalistas de aldea, de horizontes de diez metros, separatistas de comedia bufa. No alcanzo a comprender –beneficios económicos aparte–, las ventajas de los nacionalismos, pero si un hijo del Escorial no se considera hermano de un vecino de San Lorenzo del Escorial, no podemos quejarnos de que existan tarambanas y charranes como Carod, Puigcercós, Laporta, Urkullu, Arzallus y Anasagasti. Es cierto, que ante una amenaza grave, los del Escorial y los de San Lorenzo, los de Elda y los de Petrel, y los de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se unirían. Pero sólo mientras la amenaza permaneciera. La España invertebrada de don José Ortega y Gasset tiene enferma la médula espinal desde los pueblos y las pequeñas localidades. Lo de Cataluña y las Vascongadas es más profundo, por cuanto impera el folclore y el lenguaje diferente. Nada sucederá porque fuera de España se les acabaría el chollo y las lágrimas victimistas. Lo grave es que seamos separatistas respecto a quienes compartimos el mismo rinconcito de aire.

La Razón - Editorial

Crisis por descarte. Por Ignacio Camacho

Corbacho ha servido de mero adorno obrerista en un Gabinete sin pulso en el que todo el mundo lo ninguneaba.

CELESTINO Corbacho es una excelente persona pero no ha sido un buen ministro. Hombre sensato y moderado, aunque de escasa formación, ha servido de mero adorno obrerista en un Gabinete en el que nadie le hacía caso, y menos que nadie el presidente que lo nombró cuando aún se negaba a admitir la crisis y prometía pleno empleo. Ser ministro de Trabajo en una recesión es como ser enfermero en medio de una epidemia, pero Corbacho no ha podido ni siquiera aplicar cuidados paliativos a un mercado laboral desangrado por la hemorragia del paro. Simplemente no le han dejado tocar bola; lo desautorizaban por la mañana, por la tarde y por la noche, lo ninguneaban desde Economía, Industria y hasta Fomento, y lo ignoraban los estrategas de Moncloa. Zapatero lo eligió pensando en otra cosa: quería enderezar su propio error en política migratoria, cuyas consecuencias descargó cínicamente sobre un Jesús Caldera que no había hecho sino obedecerle. Ahora lo deja caer porque la huelga general necesitará alguna víctima propiciatoria (Aparicio lo fue en la de Aznar, en el mismo puesto) y porque le puede venir bien para llamar al voto de los trabajadores en el cinturón de Barcelona. Corbacho estaba incómodo, aburrido y desplazado. No pintaba nada, pero eso también le ocurre a la mayoría de los miembros de este Gobierno exánime.

Un Gobierno que Zapatero va a cambiar según sus necesidades electorales, a base de descartes, lo que augura otra nueva componenda en vez del equipo sólido del que necesita rodearse. Saldrá Trini Jiménez si gana en Madrid y acaso Moratinos si encuentra un mapa de Córdoba en el que aprenderse sus barrios para tratar de ser alcalde. De las mil razones objetivas que tiene para abordar una remodelación urgente y profunda, el presidente elige la más sectaria, mezclando los intereses nacionales y los partidistas como las piezas de un mecano; exactamente la actitud que las consignas socialistas reprochan de continuo al PP. Como táctica para disimular el fracaso de este Gabinete cataléptico no va a funcionar: al final tendrán que salir más ministros porque la mayoría ya son zombies que ni se coordinan ni se hablan ni se escuchan. El manejo de los tiempos presidenciales esta vez ha sido desastroso, y el retraso en los cambios amenaza con dejar sin margen de maniobra a los nuevos.

Aunque es probable que acabe de líder de la oposición catalana tras la previsible marcha de Montilla, Corbacho va a ser el primer ministro que abandone su puesto para ir de relleno en una lista autonómica; hasta ahora todos los que han transitado ese camino —de Chaves, que lo hizo de ida y vuelta, a Mayor Oreja o López Aguilar— eran al menos cabezas de cartel. Como la política es muy ancha y siempre acaba encontrando acomodo confortable a los desalojados, el criterio podría resultar beneficioso si fuese extensivo hasta la propia cúpula: quizá León se esté perdiendo un magnífico alcalde.

ABC - Opinión

PSOE. La dimensión penitencial de la marca ZP. Por Pablo Molina

Votar al PSOE de Zapatero es un acto de mal gusto, una excentricidad que sólo pueden permitirse hacer pública a día de hoy los directivos de las ONGs "progresistas" y algunos profesores universitarios.

En función de los merecimientos acreditados por Zapatero desde que llegó al poder, y especialmente en la presente legislatura, sorprende que el PSOE no esté situado en las encuestas en la zona residual donde campan agrupaciones pintorescas como el Partido Contra el Maltrato Animal, los Socialistas Cristianos Internacionalistas o el CDS.

Su resistencia al desplome sólo se explica por la tendencia natural de una parte del electorado a votar al partido que está en el poder, aunque su decisión agrave todavía más la situación personal del afectado. El simpatizante del PSOE es, a estos efectos, el único que vota con rigor estajanovista en contra de sus propios intereses, especialmente si pertenece a la llamada "clase obrera", que es la que más sufre los rigores del socialismo cuando llega al poder, de ahí que Zapatero todavía mantenga alguna esperanza de que el batacazo previsto para mayo del año próximo no sea definitivo.

El continuo baile de ministros en torno a las listas electorales autonómicas en las regiones donde el PSOE puede sellar su destino de cara a las nacionales del año siguiente parece ser la única estrategia con que cuenta Zapatero para detener la sangría de votos que todas las encuestas le auguran. El todavía presidente se empecina en no ver que es él la principal razón de que las perspectivas electorales de su partido sean tan desastrosas incluso en los comicios municipales, donde lo que se ventila tiene muy poco que ver con los grandes asuntos nacionales.

Votar al PSOE de Zapatero es un acto de mal gusto, una excentricidad que sólo pueden permitirse hacer pública a día de hoy los directivos de las ONGs "progresistas" y algunos profesores universitarios, siempre que pertenezcan a un centro público en la rama de humanidades.

ZP es un activo tóxico al que no quieren ver ni en póster los distintos candidatos autonómicos y municipales, lo que viene a recordarnos la etapa final del felipismo. En los estertores del felipato, en efecto, había candidatos a alcalde del PSOE que hacían figurar en el merchandising electoral únicamente su nombre junto al puño y la rosa. "Vota a Juán Pérez" al lado de un puño encapullado era la propaganda electoral en muchos lugares de España, sin la menor referencia a las siglas del partido en cuyas listas se presentaba el candidato, no sea que al elector le vinieran a la mente Roldán, Filesa o Juan Guerra.

No sabemos todavía cómo van a reaccionar las agrupaciones socialistas para quitarse de encima el baldón de la marca ZP, pero penitencias como esa son siempre algo digno de verse. Y en lo que a mí respecta, también de disfrutarse. Quedan todos invitados.

Libertad Digital - Opinión

La paz sigue muy lejos

TENIENDO en cuenta la larga historia del conflicto israelo-palestino y todos los intentos de negociación en las últimas décadas, que se mantengan conversaciones directas entre Mahmud Abbas y Benjamin Netanyahu ha de considerarse como un elemento positivo. Pero precisamente porque son bien conocidos los resultados de otros intentos precedentes de buscar una solución pacífica al conflicto, se comprende la sensación de desconfianza y escepticismo que prevalece en todo Oriente Próximo. Las posiciones en las cuestiones más espinosas de cualquier negociación —asentamientos, capitalidad de Jerusalén, seguridad mutua, etc.— son tan conocidas a través de la larga historia del conflicto, que se hace muy difícil imaginar cómo pueden ponerse de acuerdo cuando queda tan poco margen de maniobra para que ninguna de las dos partes pueda ceder o aceptar un acuerdo pasando por encima de tanta línea roja.

Y por si la propia complejidad de las negociaciones no fuera suficiente, se sabe que hay muchos adversarios de la paz que no estaban invitados en Washington y que aprovecharán cualquier oportunidad para hacer saltar por los aires todo el proceso, como ha sucedido también con anterioridad. De modo que lo más razonable en este caso es seguir alentando al primer ministro israelí y al presidente de la Autoridad Nacional palestina a que mantengan esa predisposición al diálogo, que es algo ya de por sí mejor que las habituales relaciones tormentosas, y que ambos traten al menos de neutralizar a las fuerzas que prefieren la continuidad del conflicto y que esperan agazapadas para boicotearlo. No hay ninguna garantía de que el proceso vaya a funcionar, pero esto es preferible a cualquier otra alternativa conocida.

ABC - Editorial

Encrucijada educativa

El curso escolar comienza con un récord de alumnos matriculados en el conjunto de las enseñanzas no universitarias y también con obstáculos importantes que salvar. No será un año rutinario, porque está condicionado por dos circunstancias tan poco anecdóticas como la crisis económica y los procesos electorales que esperan a la vuelta de la esquina. El efecto contagio convulsionará, se quiera o no, el desarrollo del curso y las posibles mejoras de un sistema necesitado de cambios y huérfano de la voluntad política para acometerlos.

El frustrado Pacto por la Educación fue una oportunidad perdida para enterrar un modelo heredado de la LOGSE, que condujo a España a una pendiente de retroceso en la formación de nuestros escolares. La buena voluntad y la capacidad para el diálogo del ministro Ángel Gabilondo no fueron suficientes para entender y concretar que España necesita acabar con un sistema adoctrinador e ideológico y no maquillarlo. Una legislación cuyos frutos han sido un 30% de abandono escolar, el doble de la Unión Europea, y que nuestro país ocupe el puesto 32 en la clasificación mundial de Educación, no puede cimentar el futuro, si se pretende que alcancemos el nivel de los países de nuestro entorno.

Es cierto que, a falta de ese Pacto, Gabilondo rescató aspectos puntuales del mismo para ser negociados con las comunidades, y que preservan los objetivos de la educación para la próxima década. Ese Plan de Acción gravita en torno a cinco propósitos: mejorar el rendimiento escolar, modernizar el sistema educativo, un plan estratégico de Formación Profesional, información y evaluación como factores para mejorar la calidad de la educación y el profesorado. El Ministerio se topará con la falta de presupuesto y con una coyuntura electoral que deja a los gobiernos regionales en una situación de interinidad. Por no hablar de que el Plan parece más un catálogo de parches bienintencionados que la intervención global y compacta que se necesita.

En cualquier caso, ese complejo panorama nos aboca a un año escolar para muchos casi perdido. Lo cierto es que, sin dinero y con las administraciones con la mente puesta en las urnas, las dificultades serán extraordinarias. Ese carácter de provisionalidad que lo impregna alimenta la resignación de un colectivo que necesita más estímulos y respuestas y menos incertidumbres.

Los gobiernos socialistas han fomentado históricamente una educación donde la cultura del esfuerzo y de la exigencia no ha existido y donde se ha pretendido minimizar el papel de los padres y del ámbito familiar en la tarea educativa, con injerencias crecientes del poder político. La crisis de valores y de principios que sufre la sociedad ha alcanzado las aulas porque ha encontrado un caldo de cultivo favorable. En este extremo, el nuevo curso escolar ofrece más de lo mismo, además de la decepción de que el Gobierno haya sido capaz de interiorizar que nos jugamos el futuro en la encrucijada educativa.

La Razón - Editorial

Recambio sin cambio

Moncloa rechaza la oportunidad de remodelar el Gobierno para reforzar su autoridad y coherencia

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sorprendió ayer descartando que vaya a haber remodelación del Gobierno con motivo de la salida del mismo del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se había dado por supuesto que sería la ocasión que necesitaba Zapatero para abordar un cambio más amplio en la composición del Ejecutivo. El argumento de Fernández de la Vega para descartar esa posibilidad fue que el "único objetivo del Gobierno es trabajar por la recuperación económica", pero se supone que ese sería también el objetivo de la remodelación.

La sorpresa fue reforzada por la afirmación de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de que no se plantea abandonar esa responsabilidad ministerial si es elegida (en las primarias) candidata por el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Según De la Vega, la salida de Corbacho tiene que ver "con el proceso electoral de Cataluña", lo que sugiere una cierta incompatibilidad entre ambos desempeños. Pero esto no encaja con lo dicho por Jiménez, que incluso citó antecedentes de ministros (Piqué, López Aguilar) que siguieron siéndolo tras ser designados candidatos, y solo en vísperas de las elecciones dejaron el puesto.

Al margen de si la iniciativa de la salida de Corbacho fue suya o sugerida por Zapatero (las fuentes divergen al respecto), el hecho tiene una doble dimensión, según desde donde se observe. Desde el punto de vista del Gobierno, sería una oportunidad para plantear un cambio acorde con el giro político de Zapatero en respuesta a las urgencias de la crisis. Descartada por razones atendibles la presentación de la cuestión de confianza, una remodelación ministerial daría solidez al giro. Especialmente, si los concretos cambios que se efectúen responden a criterios de competencia y eficacia y no tanto a motivaciones de imagen o a compromisos de cuotas diversas, como ha sido costumbre.

Vista desde Cataluña, la recuperación de Corbacho respondería al interés del PSC por movilizar el voto socialista clásico, esencialmente el del cinturón industrial de Barcelona, tras dos legislaturas presididas por el debate del Estatuto y sus derivaciones polémicas, y en las que han aparecido síntomas de desafección de un sector del electorado que vota en las generales y se abstiene en las autonómicas.

Los presidentes de Gobierno suelen ser reticentes a cambiar sus Gobiernos porque hacerlo supone reconocer un cierto error en los nombramientos. A esa razón implícita, Zapatero ha añadido otra, explícita, que tiene fundamento. La de que en momentos de zozobra, cambiar de colaboradores retrasa la toma de decisiones; al menos el tiempo necesario para que los nuevos se pongan al día. Esto puede remediarse en parte recurriendo a personal técnico con experiencia para los segundos niveles. Y en todo caso la remodelación sería también la ocasión para reforzar una coherencia entre los ministros que en los últimos meses brilla por su ausencia.

El País - Editorial

Ahora, a por la obesidad

La Ley de Seguridad Alimentaria no es más que un nuevo asalto a nuestras libertades; un pasito más hacia la voladura de todos los diques de contención del intervencionismo estatal.

Es bien sabido que el principal objetivo de este Gobierno no es el bienestar general de los españoles, sino adaptar la sociedad a su particular molde ideológico. Lo que busca es regular al máximo la vida de los ciudadanos y convertirlos en meros apéndices del Gran Estado. El tabaco, el vino, la Iglesia, el aborto, la memoria histórica o las personas dependientes han sido hasta la fecha algunos de sus objetivos. Ahora, en plena campaña para las primarias del PSM, Trinidad Jiménez ha presentado la Ley de Seguridad Alimentaria con un objetivo muy claro: influir y determinar nuestros hábitos alimenticios

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno podrá controlar qué alimentos y bebidas se dispensan en los colegios y podrá sancionar todas aquellas conductas que considere discriminatorias por razón de obesidad. Es decir, por un lado el Ejecutivo trata de poner coactivamente a dieta a niños y a jóvenes en los colegios y, por otro, prohíbe que se pueda practicar uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para manifestar de manera pacífica aquellas conductas que le desagradan –la discriminación.

Sin embargo, la cuestión de fondo es cómo ha sido posible que lleguemos a esta situación en la que el Estado se cree legitimado para inmiscuirse en las cuestiones más básicas de nuestra vida. Nadie duda de que la obesidad en ocasiones puede ser un problema, pero, en primer lugar, le corresponde a la propia persona determinar si es un problema que le merece la pena corregir y, segundo, en caso de que así fuera debería ser ella (y sus familiares, amigos y otros individuos a quienes pueda pedir ayuda) quienes lo solucionen.

La función tradicional del Estado era simple y llanamente evitar que los individuos se agredieran entre sí. Las actividades que pacíficamente acordaran las personas o aquellas otras que cada cual realizara dentro de su propiedad privada sin afectar al resto de ciudadanos, se consideraban ajenas al imperium estatal.

No obstante, durante las últimas décadas los Estados occidentales han ido asumiendo cada vez más parcelas de control sobre nuestras vidas. Han llegado al extremo de perseguir las conductas de aquellos individuos que sólo se "perjudican" (si es que cabe calificarlo de este modo) a sí mismos. Son los llamados "crímenes sin víctima", en los que el Gobierno sanciona y persigue conductas pacíficas en aras de lograr un objetivo más elevado. En nuestro caso, ese objetivo más elevado es el credo socialista; en concreto el credo de Zapatero, según el cual la sociedad no es más que un conjunto de arcilla moldeable según los estándares de lo políticamente correcto.

El riesgo de este tipo de políticas, más allá de los recortes de libertad de los directamente afectados o del recurso cada vez más frecuente a la vía judicial para resolver problemas sociales, es doble. A corto plazo, las personas se van volviendo menos autónomas y más dependientes de lo que el Gobierno establezca en cada momento qué es bueno y qué es malo; la responsabilidad individual se diluye y el exceso de confianza en los políticos puede conducir a los ciudadanos a seguir acríticamente fines poco recomendables (en Estados Unidos, por ejemplo, existe un enconado debate sobre si la pirámide alimenticia que desde hace décadas promociona su gobierno promueve, o no, dietas poco saludables). A largo plazo, se trata de un nuevo asalto a nuestras libertades; un pasito más hacia la voladura de todos los diques de contención del intervencionismo estatal.

Aun cuando esta ley fuera una mera campaña de propaganda electoral de Trinidad Jiménez sufragada por el erario público, sus efectos a largo plazo sobre nuestra calidad democrática e institucional deberían inquietarnos. Conociendo el sectarismo ideológico del personaje que preside el Ejecutivo (y de cuantos pueden sucederle en el cargo), deberíamos preocuparnos seriamente.

Libertad Digital - Editorial

Crisis de gobierno

Estamos en presencia de otra maniobra oportunista que confunde al Estado con el partido y transmite la impresión de un Ejecutivo que ha perdido por completo el rumbo.

EN una democracia moderna resulta inaceptable la confusión entre el interés general del Estado y el interés particular del partido gobernante. Sin embargo, Rodríguez Zapatero no tiene pudor a la hora de cruzar ese límite infranqueable que separa las instituciones públicas de las coyunturas partidistas. Así lo demuestran una vez más los movimientos de piezas en el seno del Gobierno al servicio de las candidaturas del PSOE en las próximas elecciones autonómicas. Al caso ya conocido de Madrid, con Trinidad Jiménez y el propio Jaime Lissavetzky, se suma ahora la situación de Celestino Corbacho, a quien Rodríguez Zapatero envía de regreso a Cataluña para reforzar en lo posible las expectativas a la baja del PSC. El titular de Trabajo queda así en una situación de interinidad con vistas a la huelga general prevista para el día 29, aunque los planes del presidente no se ven alterados por esta evidente pérdida de peso político del ministro ante los líderes sindicales. Bien es verdad que Corbacho es una de las muchas piezas ya amortizadas en ese proceso de deterioro sin remedio al que Rodríguez Zapatero somete a un equipo incoherente y desbordado por las circunstancias. Es probable también que Corbacho prefiera volver a la política catalana después de una etapa marcada por fuertes recortes a las prestaciones sociales, difíciles de asumir para un dirigente de su perfil. Sea como fuere, el presidente coloca a cada uno según le conviene en cada momento y considera el Consejo de Ministros como un elemento más en el tablero de sus objetivos a corto plazo.

Por esta vía indirecta, Rodríguez Zapatero opta por una falsa solución al dilema entre mantener sin cambios a un equipo que no funciona y abrir una genuina crisis de Gobierno para buscar el impulso político que le permita afrontar con alguna posibilidad de supervivencia el periodo convulso que se avecina. Sin embargo, este camino no conduce a ningún sitio porque poco o nada cabe esperar del ministro que se incorpore sobre la marcha para sustituir a Corbacho. Lo mismo ocurrirá en Sanidad, si es que Tomás Gómez no altera los planes de Ferraz para la candidatura de Madrid. Tal como van las encuestas en Cataluña, tampoco parece que el ex presidente de la Diputación de Barcelona pueda obrar el milagro de evitar la derrota más que probable del PSC. Así las cosas, estamos en presencia de otra maniobra oportunista que confunde al Estado con el partido y transmite la impresión de un Ejecutivo que ha perdido por completo el rumbo.

ABC - Editorial

Simpáticos y antipáticos. Por José María Carrascal

La política, sobre todo la internacional, no se mueve por ideologías ni sentimientos sino por intereses.

HAY dos clases de políticos, como de personas, los simpáticos y los antipáticos. Entre las personas, siempre preferiremos las simpáticas. Entre los políticos, dan mucho mejor resultado los antipáticos. El político simpático es aquél que cede, transige, se aviene y amolda, lo que en cuestiones trascendentes lleva al desastre, no sólo suyo, sido de aquellos a quien representa. Mientras el político antipático ni cede, ni transige, ni se amolda, no importándole lo que piensan de él con tal de conseguir lo que busca. El modelo de político antipático es Aznar. El de simpático, Zapatero.

Vienen estas reflexiones a propósito de las Memorias de Tony Blair, recién publicadas. Pese a ser socialista como él, a Zapatero le dedica sólo una frase, con aire de cumplido, de compromiso: «líder inteligente». A Aznar, en cambio, le dedica página y media, en las que muestra su admiración por su «dureza como negociador». Como ejemplo pone el que les contaba ayer en ABC Marcelo Justo desde Londres: las negociadores para el Tratado de Amsterdam, en 1997, en las que Aznar exigía que España fuese considerada un «país grande entre los grandes europeos». Tanto Kohl como Chirac, los dos pesos pesados de la Unión Europea, querían dejarla en un rango inferior. Blair trató de mediar, pero Aznar se levantó para decir que «había expuesto sus condiciones y se iba al cuarto de al lado a fumarse un puro mientras decidían si las aceptaban o no». Cuando el premier inglés fue a pedirle flexibilidad invocando la decepción general, se lo encontró, en efecto, fumando y mostrándole los muchos puros que le quedaban todavía. Se ve que por entonces la moda antitabaco no había alcanzado las dimensiones de hoy. En cualquier caso, fueron los demás quienes tuvieron que transigir. Nada de extraño que en las negociaciones de Niza consiguientes España lograra un estatuto casi igual al de las grandes potencias del continente. Estatuto que ha ido perdiendo desde entonces, hasta encontrarse en el pelotón de los torpes europeo.

Y es que la política, sobre todo la internacional, no se mueve por ideologías ni sentimientos, sino por intereses. Los ingleses lo han hecho consigna de su política exterior: «No tenemos amigos, tenemos intereses nacionales». Ya lo había dicho Quevedo hace cuatrocientos años: «De los adversarios, no queremos la alabanza, sino la victoria». Un estadista no se mide por lo que le quieran, sobre todo en el extranjero, sino por lo que le respetan, y el que aspira a ser querido, suele acabar compadecido y despreciado. No sólo él, sino también su país y su pueblo. Pero vayan ustedes con esto a nuestro Maquiavelo de la Moncloa.

ABC - Opinión

Aznar. Sé práctico, hazte socialista. Por Emilio Campmany

En el fondo de las críticas de El Mundo, está la convicción de que el PP no puede ganar unas elecciones generales con sus ideas y que sólo podrá hacerlo si participa del grueso del corpus ideológico del PSOE. Valiente victoria sería esa.

Aznar se ha ido a Israel a poner de chupa de dómine a Obama, algo intolerable más que nada porque, revelándose tan conservador, pone en peligro la victoria de su partido en 2012. No son las críticas de El País o de Público, sino las de El Mundo.

De momento, vaya por delante que la opinión que Aznar tiene de la política del presidente de los Estados Unidos me parece injusta. Porque, sin ser para tirar cohetes, lo cierto es que es muy parecida a la del último Bush. Es verdad que anunciar con años de antelación la retirada de tropas sólo sirve para animar a talibanes y terroristas a resistir en Afganistán e Irak. También lo es que ha renunciado a impedir que Irán logre poseer la bomba atómica. Pero no lo es menos que, en Afganistán, Obama sigue esforzándose por lograr que el país tenga un régimen que no dé cobijo a los terroristas de Al Qaeda y que en Irak continúa luchando para que suníes y chiíes lleguen a un acuerdo, puedan avanzar en su incipiente democracia y los atentados terroristas disminuyan poco a poco. En Irán, nada definitivo se ha perdido y, por último, el ex senador de Illinois todavía no se ha atrevido a poner a disposición de los tribunales civiles a ninguno de los terroristas presos en Guantánamo, evitando el riesgo de que sean liberados en territorio norteamericano y se conviertan en una amenaza para sus conciudadanos.

Pero el caso es que, con razón o sin ella, a Aznar no le gusta la política de Obama y tiene todo el derecho del mundo a decirlo, defenderlo y argumentarlo allí donde le parezca. Si esa opinión expresada libremente resulta ser más o menos conservadora, tal y como se queja el editorialista de El Mundo, nada hay de sorprendente en ello. Lo sorprendente sería que Aznar expresara una opinión de corte socialista, izquierdista o como quieran sus enemigos que sea.

En el fondo de estas críticas, está la convicción de que el PP no puede ganar unas elecciones generales con sus ideas y que sólo podrá hacerlo si participa del grueso del corpus ideológico del PSOE. Valiente victoria sería esa. Y qué tendría que hacer luego, ¿desenvolver su programa conservador cuidadosamente ocultado a los electores o aplicar el de los socialistas tras aguarlo y descafeinarlo cuanto se pueda para que no sea tan dañino como lo es cuando nos lo arrea el PSOE a las bravas sin anestesia ni nada?

Tony Blair ha desvelado que Aznar le confesó que apoyaba la invasión de Irak a pesar de que sólo era respaldada por el 4% de los españoles. Eso da pie a más críticas a la terquedad de Aznar y a su falta de conexión con los anhelos del pueblo español. Pero, ¿cómo podía evitar Aznar estar a favor de la invasión si realmente lo estaba? Lo que se le ha de criticar es no haber sabido (ni querido) exponer cuáles eran sus razones, que las tenía y eran de mucho peso, ni haberse esforzado por convencer a los españoles de lo necesario de aquella guerra. Pero, aunque lo hubiera intentado y hubiera fracasado, habría seguido teniendo el derecho y la obligación de hacer lo que creyera mejor para su pueblo. En eso consiste la política, y no en hacer lo que las encuestas mandan, que es lo que hacen nuestros políticos y que, por eso, cada vez son más despreciados por sus conciudadanos.

Libertad Digital - Opinión

Efectos del pluriempleo. Por M. Martín Ferrand

María Dolores de Cospedal tiende a confundirnos debido a la multifunción a la que está sometida.

LA disgregación autonómica, una de las notas diferenciales de la España actual, propicia la contradicción constante entre los líderes de un mismo partido, según sea el escenario de sus actuaciones, e incluso promueve, con más frecuencia de la que la seriedad aconseja, que un líder se contradiga a sí mismo en sucesivas apariciones públicas. Por ejemplo, la muy pluriempleada y cabal María Dolores de Cospedal es persona de formación sólida y criterios firmes que, a diferencia con muchos de los de su misma dedicación, acostumbra a decir lo que piensa después de haberlo pensado. Aún así, la multifunción a la que está sometida tiende a confundirla y a confundirnos. En su condición de presidenta del PP de Castilla-La Mancha y aspirante a la sucesión del socialista José María Barreda en la presidencia de la Comunidad, le reprochó a su antagonista regional, en el curso del último pleno de las Cortes, en Toledo, el mal uso, propagandista y despilfarrador, de la CMT, la televisión autonómica a la que llaman «La Nuestra» sin que quede previamente establecido a quién se refiere el pronombre posesivo y quepa la sospecha permanente de que sea, según la mala costumbre establecida en las televisiones públicas españolas, del titular del Ejecutivo.

En su condición de secretaria general del PP, Cospedal no suele expresarse sobre la televisión pública; pero, dado su nivel intelectual y ético, su valoración de las televisiones autonómicas de Madrid y Valencia, las dos principales de las que gestiona el PP, no puede ser muy distinta de la que ha emitido sobre la de su circunscripción regional. ¿Debiera Cospedal, en aras de la rectitud de pensamiento, reclamarle a las televisiones de Esperanza Aguirre y Francisco Camps lo que le exige a la de Barreda?

No es raro, a la vista de este ejemplo, menor entre las contradicciones a que conduce el pluriempleo político, que tome cuerpo la idea de la dimisión de Cospedal para concentrarse en el trabajo electoral de Castilla-La Mancha. Sería una pérdida notable para el PP en su dimensión nacional y un refuerzo definitivo para sus opciones presidenciales en las autonómicas del próximo mayo; pero, ¿estará el indeciso Rajoy en condiciones de evitar la sede vacante en la Secretaría General del PP? No es fácil el relevo de Cospedal y, como asegura Baura, todos somos sustituibles con la única condición de ser sustituídos. El sustituidor que la sustituya, con o sin encuestas de Pedro Arriola, buen sustituidor será. En lo que a las televisiones públicas respecta —más de 3.000 millones de despilfarro anual— lo sensato sería cerrarlas. Sin más.

ABC - Opinión

Basagoiti. Patriotismo ya no queda. Por Cristina Losada

El interés general de Rajoy prescribe que encallen los Presupuestos para forzar una convocatoria electoral. Pero, ¿qué hará para impedir que se entiendan Zapatero y los jeltzales? Podrá criticar las cesiones, pero ¿las retirará si llega al Gobierno?

Antonio Basagoiti tuvo una idea que merecía reflexión. A fin de evitar que el presidente pague religiosamente el peaje nacionalista en la aduana de los Presupuestos, se le ocurrió que seis diputados del PP –el mismo número del que dispone el PNV– podían abstenerse en la votación de las cuentas y permitir, con ese mutis, su aprobación. La propuesta sólo fue tomada en serio por los discípulos del orate Arana y únicamente, como es su estilo, para amenazar a los de Génova: ni lo penséis o ya os podéis despedir de disfrutar de nuestra benevolencia, ésa que tanta falta os va a hacer. Así ha venido funcionando la relación del nacionalismo y los dos grandes partidos, y así proseguirá si nadie lo remedia. Y voluntarios no se ven.

Me dirán que Basagoiti miraba por lo suyo, que es conservar un pacto que le confiere un papel clave en la gobernación del País Vasco. Pero, ¿quién no mira en éste, y en cualquier negocio, por su interés? La cuestión será dilucidar cuál de las particulares conveniencias en disputa pasa el filtro del interés común. Desde el trago del ajuste, Zapatero ha introducido el concepto en su retórica y, naturalmente, siempre coincide lo que necesita este país con lo que necesita él. El interés general del presidente dicta que han de salir los Presupuestos; ergo, la salvación de España está en manos del PNV, que ascendido a socio imprescindible, prepara una factura de quitar el hipo. A López también. Sea cual sea el desenlace, se refuerza la percepción que nutre de clientela a los nacionalistas: son los mejores conseguidores, los más duchos cazarecompensas; y cuantos más hostiles a la Nación, mayores son la pieza y el botín que traen de vuelta a casa.

La idea de los seis ausentes no habrá despertado a Rajoy de sus dulces sueños. Su interés general prescribe que encallen los Presupuestos para forzar una convocatoria electoral. Pero, ¿qué hará para impedir que se entiendan Zapatero y los jeltzales? ¿Subir la oferta? Podrá, cierto, criticar las cesiones, pero ¿las retirará si llega al Gobierno? Aquí, sin excepción, ha mandado santa Rita y lo que unos dan, los otros no lo quitan. Entretanto, cuélguese el cartel habitual, pero con letras más grandes: "Patriotismo ya no queda". Es una antigualla, la pobre, huérfana de demanda.

Libertad Digital - Opinión

La magdalena. Por Ignacio Camacho

El «deber» de Camps consiste en concurrir a las elecciones y ganarlas… o retirarse si acaba imputado antes.

EN las charlas intervenidas de los corruptos, que parecen hablar como temiendo ser escuchados, suele haber un argot muy primario, casi ingenuo, de alusiones veladas y eufemismos simulatorios. Bueno, no siempre: yo he leído prístinas transcripciones de mangantes andaluces que hablaban de «pegarse una jartá de marisco» (sic), de que a cierto fulano «le gusta el cazo» o de que «hay diez mil, ¿entre cuatro a cuánto cabemos?». Pero cuando la trama está un poco mejor organizada, cuando los delincuentes se consideran parte de un mundillo más selecto o son conscientes de la posibilidad de «acabar en los tebeos», emplean un código de encubrimiento que deben considerar blindado a posibles interferencias indiscretas cuando, en realidad, se trata de metáforas tan candorosas que sólo sirven para provocar, al abrirse el secreto de los sumarios, la rechifla de la opinión pública. Así, los intermediarios del caso Ollero se referían a Dragados y Construcciones (DYC) como «el whisky», al constructor Del Pino como «el árbol» y al propio Ollero como «Cacerolo»; y ahora sabemos que los conseguidores de la Gürtel, una mezcla de gente pija aficionada a los coches de lujo y nuevos ricos del cemento y la basura, hablaban de «Barcelona» para aludir a la contabilidad opaca (dinero B) o mencionaban como «la magdalena» a un tal Ortiz, empresario alicantino que lo mismo pagaba (presuntamente) facturas del Partido Popular que se jactaba de comprar otra clase de partidos en su condición de accionista de un equipo de fútbol. Al final, cuando efectivamente salen «en los tebeos» esos turbios trajines de pringue política, lo que queda es una sensación cándida y torpona de culpabilidad consciente, patente en el rudimentario disimulo de esas claves tan obvias, tan elementales, tan evidentes como la propia mangancia que tratan de encubrir con un lenguaje de cripticismo infantil y jeroglíficos de parvulario.

Esa espesa y ya rancia magdalena de Gürtel se le puede acabar atragantando a Francisco Camps en su intento de repetir como candidato a la presidencia valenciana. El visto bueno de Rajoy lleva una cláusula condicional implícita que su cónsul González Pons trasladó este verano al interesado bajo una referencia pública: «Esperamos que cumplas con tu deber», le dijo al todavía Honorable ante la cúpula regional del partido. Es simple: el deber de Camps consiste en concurrir a las elecciones y ganarlas… o retirarse si acaba imputado antes de que se celebren. En pocos casos de corrupción puede sentirse el PP tan políticamente tranquilo; ante un PSOE en descomposición, las encuestas le garantizan la victoria en Valencia con cualquier aspirante y tiene recambios solventes y a salvo de toda sospecha. Con esa magdalena en su despensa, Camps sabe que en cualquier momento se la puede tener que maltragar en el desayuno.

ABC - Opinión

La expansión del Islam radical. Por Rogelio Alonso

«Las garantías que los sistemas democráticos ofrecen constituyen a su vez elementos de vulnerabilidad de los que los extremistas intentan abusar».

La preocupación de expertos antiterroristas por las intenciones de crear una televisión en Madrid para difundir el radicalismo islámico, noticia recogida en diversos medios, revela los intereses expansionistas de una desestabilizadora y fundamentalista interpretación del islam que numerosos actores en España vienen desarrollando. La materialización de semejante proyecto tendría graves implicaciones para la correcta integración de la amplia comunidad musulmana en nuestro país y para el desarrollo de marcos justificativos de violencia terrorista. Aunque la radicalización violenta sigue siendo un fenómeno minoritario en España, sería irresponsable subestimar la expansión que el radicalismo islamista está experimentando. Tampoco conviene olvidar que la planificación de actividades terroristas no ha cesado desde el 11 M, si bien los éxitos policiales han frustrado planes instigados por conductas violentas como las que el extremismo islamista intenta consolidar en la población musulmana.

La eficacia antiterrorista al contener la amenaza terrorista no debe generar autocomplacencia, al ser innegable que numerosos actores trabajan activamente para difundir idearios con los que inspirar a nuevos radicales interesados, no solo en la práctica del terrorismo, sino también en la desestabilización que una inadecuada integración social provocaría. La acción preventiva en este segundo terreno resulta particularmente complicada, ya que a menudo obliga a intervenciones sobre ámbitos legales y en áreas de gran sensibilidad. Por ejemplo, la lógica y necesaria denegación de una concesión de licencia para el peligroso proyecto de una televisión desde la que difundir el radicalismo puede ser criticada por algunas voces como un ataque a la libertad religiosa y de expresión. Pero el temor a una posible polémica no debe inhibir acciones preventivas cuando estas son requeridas. Las garantías que los sistemas democráticos ofrecen constituyen a su vez elementos de vulnerabilidad de los que los extremistas intentan abusar. Por ello la defensa de la democracia exige delimitar una frontera entre posicionamientos radicales pero aceptables y un extremismo político o religioso intolerable que se aprovecha de la amplia protección de libertades que los regímenes democráticos garantizan. De ahí que la imprescindible intervención contra el islamismo radical sea susceptible de generar conflictos que los radicales desean explotar para dificultar la aceptación de normas y valores comunes en los que una óptima integración debe sustentarse. En ese mismo plano pueden incluirse las actividades de algunas asociaciones consideradas legales en nuestro país que, sin embargo, favorecen la creación de ambientes facilitadores para la radicalización violenta.

La corriente salafista, el Tabligh, Justicia y Caridad, o Hizb ut-Tahrir han sido definidas como «puertas de entrada» hacia la radicalización violenta al constituir entornos de socialización susceptibles de ser instrumentalizados por las radicales. Las condenas a la violencia que sus líderes articulan en público son complementadas con la defensa de principios fundamentalistas que revelan ambivalencia frente al terrorismo, lindando a veces con el radicalismo violento. Así, pese a su rechazo verbal del terrorismo yihadista, estas asociaciones se convierten en algunos casos en vehículos facilitadores para la inmersión en idearios radicales que pueden evolucionar hacia una radicalización violenta y la integración en células terroristas. En otros casos la progresión no alcanza esos niveles, obstaculizando sin embargo la integración social de sus simpatizantes, adoctrinados en idearios sustentados en la incompatibilidad del islam con el orden constitucional.

La experiencia antiterrorista confirma que estas corrientes actúan como introducción a la radicalización violenta al erigirse en focos de magnetismo que aportan una importante fuente de captación de adeptos. Lo consiguen proporcionando una cultura radical, convirtiéndose en núcleo de aprendizaje de una ideología receptiva a planteamientos violentos. En esos escenarios se desarrollan discursos comprensivos con el extremismo que coadyuvan a la radicalización violenta, pudiendo transformarse por tanto en antesalas del yihadismo. Aportan asimismo una narrativa histórica compartida y una red social en la que sus integrantes encuentran apoyo y recursos en aquellos casos en los que su radicalización progresa hasta la justificación y disposición para perpetrar atentados. Al hacer frente a esta problemática las autoridades están obligadas a mantener un delicado equilibrio: deben evitar respuestas desproporcionadas de perjudiciales consecuencias, conscientes también de los negativos efectos que acarrea cierta permisividad hacia entidades que preconizan postulados radicales como la instauración de un estado islámico mundial o la defensa de la violencia en contextos como Israel, Afganistán o Irak. Decisiva resulta además la correcta identificación de adecuados interlocutores dentro de la comunidad musulmana con los que prevenir la radicalización, debiendo ser estos actores «no radicales» a diferencia de supuestos «moderados» más bien interesados en la reproducción de una ambigüedad narrativa encaminada a la deslegitimación de valores cívicos no violentos. Los precedentes demuestran cuán contraproducente puede ser la credibilidad que determinados representantes comunitarios adquieren, alimentada por las autoridades tras una errónea definición de objetivos y planteamientos, ya que bajo una apariencia moderada encubren un peligroso radicalismo.

La permisividad hacia ciertas figuras consideradas como «moderadas» dentro del radicalismo ha resultado dañina al debilitar a auténticos «no radicales». Ilustrativa resulta la decisión adoptada por las autoridades británicas en 2009 al romper la interlocución oficial con el Consejo Musulmán Británico después de que uno de sus dirigentes respaldara la llamada de Hamás a atacar tropas extranjeras que impidieran el envío de armas a Gaza. La complejidad que la prevención de la radicalización entraña ha llevado a distintos servicios de inteligencia a apostar por el fortalecimiento de determinados interlocutores confiando en que esa relación favorecería la legitimación de agendas gubernamentales ante la comunidad musulmana. Sin embargo, en el medio y largo plazo han contribuido a difuminar la nítida e innegociable oposición frente al terrorismo que reclama la prevención de la radicalización para evitar la más mínima legitimación de conductas violentas y desestabilizadoras.

Este es el contexto en el que se plantea la creación en España de una televisión para propagar una doctrina radical del islam. Su puesta en marcha permitiría la utilización de un influyente medio de comunicación para el adoctrinamiento en una ideología exclusivista, manipulando emociones mediante la interrelación de agravios locales —entre otros, la prohibición del burka y el niqab— con referentes de solidaridad en un ámbito global. De ese modo avanzarían los radicales en su objetivo de dificultar la integración de los musulmanes en nuestro país, aislándoles de una cultura asentada en el respeto a un conjunto de valores políticos y cívicos incompatibles con una interpretación fundamentalista del islam basada en la politización e imposición de sus dogmas religiosos. La credibilidad que el medio televisivo consigue en las audiencias favorecería la amplificación de una mentalidad victimista reproducida desde algunos sectores musulmanes al surgir tensiones con el potencial de alterar la cohesión social. «Nos sentimos perseguidos», aducen algunos musulmanes cuando la normal aplicación de la legalidad choca con radicales creencias religiosas y visiones del mundo que entorpecen la integración del islam en España.

Así pues, la ausencia de éxitos terroristas por parte del yihadismo no debe hacernos minusvalorar la complejidad de un desafío como el que plantea la progresiva islamización ansiada por numerosos radicales, ni sus negativas consecuencias para una pacífica integración y su relación con futuras expresiones de violencia.

Rogelio Alonso es Profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

ABC - Opinión

Apoyando a los Castro

La actitud del Gobierno socialista hacia los que reclaman pacíficamente el respeto a los derechos humanos en Cuba ha sido el desprecio más absoluto.

LA visita oficial a La Habana de una delegación de alto nivel del PSOE constituye un gesto de apoyo a la dictadura castrista y a los esfuerzos del Gobierno de Rodríguez Zapatero para avalar la normalización de sus relaciones con la Unión Europea. Aunque intenten vestirlas con un barniz humanitario, las gestiones de Leire Pajín y de Elena Valenciano benefician sobre todo al régimen totalitario, que no ha hecho la menor concesión para mejorar la vida y la libertad de los cubanos, excepto enviar al destierro forzoso a personas que jamás debieron ser encarceladas. Para ayudar a los demócratas habría sido necesario al menos hablar con algunos de ellos, para preguntarles —siquiera por cortesía— su opinión sobre lo que el Gobierno español dice que está haciendo para favorecer la evolución política en la isla. Lamentablemente, desde que el Gobierno socialista expulsó a los disidentes de las recepciones diplomáticas en la embajada de España, su actitud hacia los que reclaman pacíficamente el respeto a los derechos humanos en Cuba ha sido el desprecio más absoluto. No hay ninguna justificación diplomática o política para esta negativa a mantener un contacto con la oposición cubana.

Por ello, los elogios de la delegación socialista al papel de la Iglesia en las negociaciones con la dictadura suenan como un pretexto instrumental para no tener que reconocer que en Cuba sigue habiendo una dictadura que no ha aflojado ni un milímetro las cadenas con las que aplasta a sus ciudadanos. En cuanto a los disidentes que siguen llegando a España, no se les puede negar nuestro apoyo y solidaridad. Al menos, que a aquellos que ahora están con nosotros no les escatimen el reconocimiento como hacen con los que siguen en Cuba.

ABC - Editorial

Opacidad en Defensa

La realidad es terca y no se presta a maquillajes o subterfugios lingüísticos para enmascarar la verdad y eso parece que es lo que está haciendo el Ministerio de Defensa con respecto a la situación de las tropas desplegadas en Afganistán, inmersas en una guerra y no en un «escenario de guerra» como se empeña en describir la situación Carme Chacón. Y no es cuestión de percepciones o de interpretaciones, sino de hechos. Según ha podido saber LA RAZÓN, el mismo día en el que murieron dos guardias civiles y su traductor en un ataque talibán, hubo otros dos a los puestos avanzados de las tropas españolas en Sang Atesh y Muqur. Estos enfrentamientos no son una excepción. Según fuentes militares, se suceden entre tres y ocho ataques diarios. Hay otro dato aun más inquietante con respecto a la labor que en realidad realizan nuestras tropas: si hace un año y medio por cada soldado que realizaba labores de reconstrucción había uno destinado al combate, ahora por cada uno que reconstruye hay cuatro que se dedican a combatir, por lo que es fácil deducir que la situación ha empeorado en los últimos dieciocho meses. Cuanto menos sorprende la peculiar política informativa de Defensa, que nunca da a conocer ni a la opinión pública ni a los propios militares la existencia de estos ataques si no hay heridos o muertos. Sólo sería entendible esa opacidad si, al difundir estos hechos, se pusiese aún más en peligro a las tropas desplegadas en la zona, algo poco probable. La información, tanto por defecto como por exceso, nunca es una buena estrategia, ya que da lugar a especulaciones, lo que es mucho más pernicioso.

Lo cierto es que este Gobierno parece estar más presto a ejercer la fluidez informativa en asuntos de menor relevancia para los españoles. Incluso, en ocasiones, se ha mostrado más que interesado en abrir debates estériles que actuaban certeramente como una cortina de humo para no abordar los problemas que de verdad nos interesan y preocupan. Ocurrió con la crisis económica y, según la información que hoy publica este periódico, también sucede con algunos temas que a Defensa le interesa que no se divulguen. Sobran los ejemplos. Mientras el departamento de Carme Chacón ofrece todo tipo de detalles, sin vulnerar la seguridad de nuestros soldados, sobre las labores de reconstrucción que desarrollan nuestras tropas en Afganistán, es más reticente en dar a conocer cualquier tipo de ataque. Parece que Defensa está más interesada en que cale entre los españoles el mensaje de que nuestras tropas están exclusivamente en misión de paz, aunque lo cierto es que están inmersos en una lucha contra los talibán. Esta ocultación además tiene otra consecuencia que merece la pena que el Ejecutivo tome en consideración: que se omitan sistemáticamente estos ataques sin víctimas puede ser percibido por nuestras Fuerzas Armadas como una falta de respeto al trabajo que diariamente, y en ocasiones a cambio de un alto precio en vidas humanas, desarrollan en la zona. Por tanto sería deseable que Defensa opte a partir de ahora por una política informativa más transparente sin, insistimos y en ese sentido no cabe reprochar nada al departamento de Chacón, poner en riesgo la seguridad sobre el terreno de nuestros soldados.

La Razón - Editorial

Ventana para la paz

Frente al escepticismo y a sus muchos enemigos, arrancan las conversaciones palestino-israelíes.

Israelíes y palestinos negocian por enésima vez la salida al conflicto que les viene enfrentando casi desde hace un siglo por la soberanía de la misma tierra. Desde la Conferencia de Madrid, en 1991, todos los presidentes norteamericanos han intentado, cada uno a su manera, sentar a las dos partes hasta alcanzar la paz, sin que ninguno haya llegado a coronar sus esfuerzos con el éxito. Quien más cerca estuvo fue Bill Clinton, en los últimos meses de su mandato, pero sus intentos fueron desbaratados por la segunda Intifada.

De los avances realizados al final de su presidencia con un Gobierno laborista en Israel salen los llamados parámetros de Clinton, que incluyen la constitución de un Estado palestino y constituyen un legado imprescindible para quien quiera alcanzar la paz. Aunque Bush fracasó con su cumbre de Annapolis, un año antes de abandonar la Casa Blanca, hay que reconocer que su visión de los dos Estados conviviendo en paz y seguridad uno al lado del otro ha contribuido a que la opinión pública más conservadora, incluida la de Israel, asuma finalmente algo que no siempre se venía aceptando como es el derecho de los palestinos a un Estado propio.

Esta es la hora de Obama, cuya idea sobre el proceso de paz es el eje de una amplia estrategia de conjunto para la región que incluye la retirada de Irak, la contención del Irán nuclear y el desenmarañamiento de la rebelión talibán entre Afganistán y Pakistán, donde Al Qaeda mantiene sus cuarteles de invierno.

El desafío es probablemente excesivo, aunque Obama lo haya situado en lo más alto de sus preferencias. Cuenta ya con el boicot de los extremistas de uno y otro lado y con el escepticismo de la mayoría tras tantos fracasos. También con dificultades de toda índole: los actos de terrorismo contra los colonos, el bloqueo de Gaza, la continuación de los asentamientos, la división del campo palestino o la fragmentación política israelí, entre muchos otros. Sin olvidar las dificultades de Obama con su opinión pública conservadora, resentida por los fracasos de Bush y sus neocons y dispuesta a atizar el choque de civilizaciones antes que entregar un éxito a un presidente demócrata.

Es también lamentable la escasa visibilidad de los europeos en la conferencia inaugural. Solo han contado dos de los mayores socios de Bush en su guerra preventiva: Tony Blair, convertido en representante de la UE por desistimiento de los Veintisiete; y Aznar, con sus pullas contra Obama, al que acusa de favoritismo con los países islámicos, en sintonía con la extrema derecha norteamericana.

A pesar de esas dificultades, la necesidad ha abierto de nuevo una ventana para la paz. Las intervenciones del primer día, incluidas las de Netanyahu y de Abbas, y el plan de trabajo presentado por el experto y exitoso negociador que es George Mitchell, permiten esperar que esta vez no vuelva a cerrarse sangrienta y bruscamente como ha venido sucediendo en todas las ocasiones anteriores.

El País - Editorial

Negociaciones frente a la "paz económica"

Israel ha optado por avanzar donde ha visto que se puede avanzar, y por más parciales que sean las mejoras económicas para alcanzar una solución, sin duda han logrado que la situación haya progresado notablemente.

En el año 2000, el Gobierno israelí liderado por Ehud Barak ofreció a los palestinos la práctica totalidad de sus exigencias a cambio de la paz. Eran concesiones con las que buena parte de su propio pueblo estaba en desacuerdo; a su entender iban demasiado lejos. Pero el Premio Nobel de la Paz Yasir Arafat la rechazó y montó su última guerra: la Segunda Intifada, que se llevó la vida de miles de personas, incluyendo unos 1.000 civiles israelís.

Desilusionados con la vía negociadora, Israel optó por tomar el toro por los cuernos y decidió desengancharse por su cuenta de los palestinos, construyendo una barrera de seguridad en Cisjordania y abandonando Gaza en 2005. Los activistas autodenominados propalestinos siempre habían culpado a la ocupación de la violencia que sufría Israel, pero sólo quien no quiere ver podría seguir manteniendo la misma conclusión después de la retirada de Gaza. Hamás ocupó el poder en la Franja y desde entonces se ha dedicado a aterrorizar las poblaciones más cercanas a base de misiles.

Los israelíes, en definitiva, están bastante desengañados tanto con las negociaciones como con las retiradas unilaterales. Por su parte, Abbas tiene poco que ofrecer, dado que no controla Gaza. Además, tanto Israel como Cisjordania están prosperando y viviendo un momento dulce, situación que muchos creen que sólo podría empeorar con un cambio en el statu quo. De modo que el proceso de paz recién iniciado no parece tener muchas perspectivas de fructificar, ni tampoco parece que las consecuencias de un fracaso fueran tan graves como las de Camp David.

Lo único seguro es que para la casi totalidad de la prensa española el culpable de los fracasos del diálogo será Israel y los padres de los éxitos serán los palestinos. No hay más que contemplar el lamentable enfoque de los últimos días, en los que los asesinatos terroristas parecen tener menos importancia que los asentamientos.

Netanyahu llegó al poder con el proyecto de alcanzar la "paz económica", la idea de que según prospere la sociedad palestina, menos interés tendrá en el enfrentamiento y más en la convivencia. Ha dado muchos pasos en esa dirección, incluyendo la eliminación de la mayoría de los puntos de control que reforzaban la seguridad pero perjudicaban la economía. Sin embargo, es cierto que en 1987, cuando estalló la primera intifada, esa "paz económica" ya se había alcanzado. No obstante, la opinión pública en Israel ha cambiado mucho desde entonces, y con un interlocutor moderado por la prosperidad estaría más que dispuesta a apoyar una retirada y la creación de un Estado palestino en Cisjordania.

Este plan es un hilo frágil que puede romperse en cualquier momento, pero que aún así cuenta con mejores perspectivas que las conversaciones que Obama ha forzado entre Abbas y Netanyahu. Sigue demasiado viva la ilusión de solucionar todos los problemas de un plumazo, mediante una sola negociación exitosa. Israel, en cambio, ha optado por avanzar donde ha visto que se puede avanzar, y por más parciales que sean las mejoras económicas para alcanzar una solución, sin duda han logrado que la situación haya progresado notablemente. Las negociaciones tendrán éxito si y sólo si no intentan abarcarlo todo y se limitan a llegar a acuerdos allí donde pueda hacerse. Desgraciadamente, es dudoso que Obama, ansioso por pasar a la historia como muñidor de la paz en Oriente Medio, se conforme con eso.

Libertad Digital - Editorial

Desempleo crónico

La recuperación solo podrá considerarse como tal cuando ni uno solo de nuestros compatriotas se añada a la lista en la que han caído en agosto 61.803 personas más. Nunca antes.

PUEDEN discutir los economistas si la cifra de 61.083 nuevos desempleados en agosto es mala, menos mala o buena, que de todo hay. Pueden los políticos utilizar los argumentos que les brinden los economistas como mejor convengan. Así, es posible que cada uno descanse con la satisfacción del deber cumplido. Justo lo que no pueden hacer las 61.083 personas añadidas en la lista de agosto. Al éxito se le presentan muchos padres. Al fracaso no. Sin embargo, la ciencia, que nunca es concluyente sobre el éxito, sí lo es con el fracaso, que utiliza para refutar hipótesis. La del Gobierno es que las cosas van mejor, que abandonamos la recesión e incluso que llegamos a crear empleo neto. Pero resulta que en agosto del año pasado trabajaban 285.000 personas más, y en agosto de 2008, 1.420.000 personas más que ahora. ¿Puede hablar de éxito un Gobierno que hace dos años se presentó a sus electores con el mensaje «Por el pleno empleo»? ¿Pueden quizá las centrales sindicales justificar el apoyo que han venido dando a un modelo que ha llevado en solo dos años a 1.720.000 personas a perder su trabajo? ¿Cuál es el modelo que propone el Gobierno para devolver el empleo a quienes lo han perdido? ¿Y qué ocurre con los que hay que añadir para llegar hasta los más de 4,6 millones de personas que según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre declaran que buscan trabajo? Dirán los economistas que hemos de celebrar la salida técnica de la recesión por haber crecido unas pocas décimas nuestro PIB. Pero si les preguntamos, también nos dirán que la recesión real viene dada por aquella situación en la que cada vez son menos los que trabajan y más los dependientes. Ese es el caso español. Un claro ejemplo de fracaso. ¿Acaso no hay que reformarlo? ¿Cuál ha de ser el objetivo? ¿Y qué proponen las centrales sindicales?

Una de las pocas cosas por las que en nuestro modelo podemos tener legítimo orgullo es el apoyo que nuestros impuestos dan a quienes padecen la desgracia de haber perdido su trabajo. Son 2,98 millones de personas que reciben de media poco más de 800 euros al mes. Son 30.000 millones de euros que empleamos en dar un soporte básico a los más desfavorecidos. Siendo el coste alto, y aun confiando en que el ritmo de deterioro pueda moderarse, el auténtico coste es despreciar el enorme capital humano que está detrás de esas cifras. Ningún país que se considere avanzado puede permitirse semejante derroche de recursos durante mucho tiempo. La recuperación solo podrá considerarse como tal cuando no haya un parado más que añadir a la lista en la que han caído en agosto 61.803 personas más. Nunca antes.

ABC - Editorial