Sinde. El impuesto robolucionario del cine español. Por Pablo Molina

Los que identifican a los subvencionados del cine español con José María "El Tempranillo" cometen una grave injusticia, porque el famoso bandolero evitaba darles a sus víctimas una lección de moral.

González-Sinde, la ministra más prescindible del departamento más inane del Gobierno de España (excluido el de Igualdad por razones evidentes), se lamenta profundamente de la resistencia de las televisiones privadas a pagar el impuesto "robolucionario" que les obliga a comprar películas españolas y, lo que es más perjudicial para las audiencias de las distintas cadenas, a emitirlas dentro de su programación.

Como el Estado les concede una licencia para ocupar el espacio radioeléctrico, sostiene la ministra, las televisiones deben devolver el favor a "la sociedad" financiando a la facción cinematográfica del clan de la ceja al margen de cualquier razonamiento empresarial o de simple buen gusto. El argumento es, dentro de su absurdez, típico de una mentalidad totalitaria, pues identifica a toda la sociedad con la ministra de Cultura y sus compañeros del Consejo de Ministros, que son, al parecer, los únicos que saben lo que conviene a cada uno de los cuarenta y seis millones de ciudadanos españoles

Gobierno y sociedad no tienen nada que ver entre sí. El primero está formado por un pequeñísimo reducto de demagogos que intenta mantenerse en el poder financiando con dinero ajeno a los grupos de presión con los que comparte ideología, mientras que la segunda es el acumulado de millones de individuos que hacen uso de su libertad en función de los fines particulares que pretenden alcanzar.

Pero es que, además, a poco que se eche un vistazo a las estadísticas del Ministerio de Cultura, incluso González-Sinde será capaz de percibir que lo que experimenta "la sociedad" por el cine financiado con nuestro impuestos es más bien un fuerte rechazo, acreditado en unas cifras de audiencia cada vez más paupérrimas en relación con el total de películas exhibidas en nuestro país.

Pues bien, como a la gente con cierto apego a la estética y a su dinero no le da la gana de pagar doblemente por ver un producto en general detestable, el Gobierno de Zapatero traslada a las televisiones privadas la carga de sostener financieramente a unos profesionales incapaces de vivir exclusivamente de su esfuerzo y su talento.

Lo más enervante es que, como buena socialista, a González-Sinde no le basta con coaccionar a las entidades privadas utilizando la fuerza del Estado en función de sus propios deseos, sino que, progre al fin y al cabo, riñe a las víctimas por no dejarse despojar de su dinero poniendo la mejor de sus sonrisas.

Los que identifican a los subvencionados del cine español con José María "El Tempranillo" cometen una grave injusticia, porque el famoso bandolero que robaba a sus víctimas en las estribaciones de Sierra Morena evitaba darles a continuación una lección de moral, lo que supone una gran diferencia. Él era consciente de la vileza de sus acciones. Estos no. Y la ministra Sinde menos aún.

Libertad Digital - Opinión

Toros, caballos y asnos. Por Luis Francisco Esplá

Sé que el taurino catalán tiene las horas contadas. Y lo peor no es perder la posibilidad de disfrutar de tu Fiesta, sino que desde la prohibición pasarán a ser ciudadanos cuestionados, señalados por su propio entorno como gente rara, transgresores. Las listas de sospechosos sociales se incrementarán con la incorporación de estos.

Arnold Hauser fue un singular crítico y ensayista de arte, conocido sobre todo por la teoría de relacionar las producciones artísticas con los fenómenos socioeconómicos del momento. De no haber muerto, en el cuarto volumen de su «Historia social de la literatura y el arte» nos habría dado los pormenores y porqués de la prohibición en Cataluña de los toros.

Pero tampoco es preciso el método científico del prestigioso esteta húngaro para aproximar ciertas evidencias.

Haciendo un poco de historia, es fácil reconocer a finales del XIX y principios del XX un crecimiento industrial y económico en Cataluña, que coincide plenamente con la llamada Edad de Oro del Toreo. Era precisamente allí donde los incontables aficionados estaban considerados como los más rigurosos del orbe taurino: «Toro grande, escuetas ovaciones y espléndida caja». Esto y la frase de Joselito «El Gallo» —«Dios me libre de una tarde aciaga o de cortar una oreja en Barcelona», pues suponía una inminente repetición— son el reflejo de la intransigencia con la cual custodió «sus» corridas de toros el aficionado catalán.

Tras la Guerra Civil se produce un éxodo de todas las regiones deprimidas de España a la próspera Cataluña. Las plazas de toros empiezan a llenarse de otro público, un personal ávido de diversión y con la urgente necesidad de olvidar las miserias y calamidades de la contienda. Un aficionado sin las aspiraciones ni las exigencias del oriundo.

Aliviados las empresas y los toreros por la dulzura de este nuevo clima, se abren a un nuevo espectáculo con menos toro, más alegría y no menos caja. El taurino catalán cede al charnego su sitio en los tendidos, por ver en esta nueva versión atropellados sus más rancios preceptos.

Pero al filo de los 60 surge el turismo, y con él, un nuevo cliente. Las empresas de la costa hacen su agosto organizando corridas de chicha y nabo. Ahora el que sale disparado de las plazas es el charnego, pues es incapaz de soportar otra mano de agua sobre el ya diluido caldo de la Fiesta. Pero, claro, lo del «guiri» no podía durar mucho, y a finales de los 70 la Cataluña taurina entra en la profunda crisis, que la sume en la lenta e inexorable agonía de estos últimos años.
Si la dejan, solita se hubiese muerto, y si de verdad querían acabar con ella, simplemente gravándola con un impuesto especial estaríamos ahora celebrando misas de réquiem.

Pero el simbolismo de ciertos políticos es más fuerte —incluso que el de los toros— y peor intencionado, por supuesto. Declarando el toreo enemigo de los acervos y tradiciones catalanas, solo quedaba atravesarle el costado con la pica que enarbola la senyera.

Y aunque la victoria es tan miserable como paupérrima, y el agravio a las libertades no cabría en una sociedad que dice que defiende la tolerancia cultural y étnica, el mestizaje y las religiones, parece no tener importancia frente a la urgente necesidad de extirpar el ideograma del toro.

Aquello que no puedo explicar —y dudo que Arnold Hauser lo hiciese— es cómo en estos momentos, en los cuales la crisis parece ir adquiriendo visos de cataclismo y lo apremiante debería ser la economía, el trabajo y salvaguardar de asaltos la poca caja que está quedando... digo que no puedo entender cómo ahora, precisamente, viendo los palos del sombrajo venirse abajo en la proverbial Cataluña, el debate político esté varado en toros sí, toros no.

Sé que el taurino catalán tiene las horas contadas. Y lo peor no es perder la posibilidad de disfrutar de tu Fiesta, sino que desde la prohibición pasarán a ser ciudadanos cuestionados, señalados por su propio entorno como gente rara, transgresores. Las listas de sospechosos sociales se incrementarán con la incorporación de estos. La afición de tantos años pasará a ser consignada por sus conciudadanos como depravación, y, por supuesto, toda la producción artística que recabó en el toreo inspiración será simplemente perversión.

Y volverán a Francia —madre de las libertades— a disfrutar de sus corridas de toros. Y como en tiempos de dictadura y rígidas censuras, fuera de sus fronteras hallarán lo prohibido. Quizá les hagan un favor, pues lo vedado conlleva implícito ese enriquecedor componente que lo hace siempre más excitante.
Curioso. Los mismos que hace cuarenta y cinco años clamaban por la libertad ahora la amordazan…

Pero…

¡No hay problema! Si la crisis persiste y el discurso de algunos políticos pierde su talante bélico por falta de enemigos, les voy a recomendar otro objetivo, otra usurpación ibérica en mitad del corazón de muchos catalanes: la de los aficionados y criadores al caballo de «Pura Raza Española».

¡Ahí hay tajada!

No hay más que volver a reclutar ecologistas y animalistas para que tiren —sin saberlo— del carro de guerra que elevará a triunfo la acción del político de campo. Tiene que simular una defensa del bienestar animal, aunque en la conciencia de Su Señoría los objetivos se perfilen en dirección totalmente opuesta. Es preciso reivindicar los derechos de la bestia, por muy española que sea y por más adaptada que esté a su labor. No se pueden tolerar la ausencia de horarios para trabajar ni la falta de descanso, así como la enajenación absoluta de su voluntad. Resumiendo, más de veinte años de auténtica esclavitud, soportando sobre el lomo los tortuosos caprichos de unos y otros, sirviendo sin recelos hasta sentir esquilmadas sus facultades; y como contraprestación a tanta generosidad, es premiada con un viaje a Francia, de donde torna inmortalizada en «saucisson».
Quede eso ahí. Sin coste alguno. No como la idea del «Che», que Sus Señorías sabrán cuánto le lleva costado a la Generalitat.

Volviendo a la propuesta, tanto el argumento ético como el ideológico, apenas difieren del secundado por la prohibición de los toros. Aunque hay un ligero matiz, los aficionados hípicos son legión en Cataluña… La sugerencia ya no es tan buena. Eso sí, el borrico catalán ni me lo toquen, y menos ahora que ha conseguido vivir gracias a la mecanización del campo sin pegar ni chapa. Además, sería el último en perder la subvención, que viene a ser —en su caso— como una especie de paro vitalicio. Solo debe preocuparle su inmaculada ascendencia, ya que si, entre el andamiaje de sus genes se tropezase alguno de los genetistas encargados de seleccionar y mejorar esta raza de parados vestigios contaminantes de lo español, entonces… entonces vendría alguna de Sus Señorías —asesorada por el foráneo de turno— a declarar guerra científica al jodido gen. Y vuelta a empezar…

Luis Francisco Esplá es Matador de Toros

ABC - Opinión

Mentira instituida. Por Alfonso Ussía

Los nacionalistas mienten. Se han inventado la gran mentira del español antivasco y anticatalán. Es su coraza. En su muy antipático proceder, ellos son libres de despreciar a quienes se sienten españoles, vascos y catalanes incluidos. Pero la mínima crítica a una acción, pensamiento o actitud nacionalista les autoriza a sentirse víctimas de una persecución en la que el perseguido es su único perseguidor. La crítica y el desacuerdo con el nacionalismo es una manera de afirmar el amor que, como español, se siente por esos territorios amordazados. Entonces se abre la nueva mentira. El nacionalista español. No puede existir el nacionalista español por cuanto el español es consecuencia de la unión y el mestizaje, no de la desunión y la elevación a alturas imposibles de las diferencias. Como madrileño, y también vasco, y catalán, y andaluz, y montañés, me considero un afortunado por formar parte de Madrid, de las Vascongadas, de Cataluña, de Andalucía y de la Montaña. Por formar parte y ser parte de todos y cada uno de los rincones de España. El español no puede ser llamado nacionalista porque no quiere distinguirse de unos u otros, y menos aún, dar una patada al resto para confirmar su separación o instinto de superioridad. Es nacionalista el que quiere separar, no el que desea unir lo que lleva unido más de mil años.

Está claro que se han cometido, a lo largo de nuestra Historia, graves errores. Pero las víctimas sufrientes de esos errores no han sido siempre las tierras vascas o catalanas. España es la grandeza de sí misma y la miseria de sí misma, por todos compartidas. Castilla, la gran y discreta callada, asiste con pasmo a la descomposición. Y el Reino de Valencia, y el de Aragón, con sus Señeras cuatribarradas que inspiraron a Carlos III, para su Armada, la institución de la Bandera de España. Eso, la Bandera de España, la «franquista», como le dicen los mentirosos y analfabetos. Así que Franco le dijo a Carlos III: «Diseñe mi Bandera». Y todavía los hay que lo entienden así.

El español está orgulloso de todas las tierras y peculiaridades de España. Somos mestizos de españoles con españoles. Y llevamos en nuestra sangre a los celtas, los visigodos, los romanos, los árabes y los judíos. También fenicios, comerciantes y mercaderes, no siempre de objetos sino de conceptos. España ha dejado su palabra, navegada por castellanos, extremeños, andaluces, vascos, catalanes, canarios, gallegos, asturianos, montañeses, valencianos, mallorquines y murcianos, en América, en Filipinas, en África… No lo hicieron discutiendo en la navegación hacia lo desconocido de este o aquel problema o diferencia local. Lo hicieron como un cuerpo compacto e irreductible. Y España se mezcló con aquello que encontró, principalmente con la maravilla de América. Instaló en el Nuevo Mundo la palabra y el cristianismo, con rotundos errores, en ocasiones con crudeza y sangre, pero hoy no se pueden entender los derechos del hombre, los avances de la justicia y la prosperidad de los pueblos sin el amparo evolucionado del humanismo cristiano. Cataluña está en América porque es España, y los vascos llegaron allí y prosperaron como españoles. Todo eso es lo que pienso cuando advierto las pequeñeces ridículas de nuestros nacionalismos, y escribo «nuestros» porque también son españoles. España está instalada en el mundo y sólo en España se siente discutida. Y quiere abrazarse, pero algunos sólo piensan en darse una patada a sí mismos despreciando a los demás. No hay un solo español anticatalán o antivasco. Sería un antiespañol. Es decir, un nacionalista.

La Razón - Opinión

Cataluña. El Cordobés prohíbe los toros. Por José García Domínguez

¿O acaso existe deporte más genuino de esta pobre península que el de prohibir? Así, contra los toros ya pugnó Jovellanos, que algo de español tenía. Y los prohibió Carlos III. Y Carlos IV ratificaría después el regio repudio a tal práctica.

No frecuento las plazas de toros, como tampoco los lupanares, los platós de TV3 o, en general, todo establecimiento consagrado a zaherir a seres vivos a cambio de dinero. Sin embargo, de ese mi hábito privado no infiero la exigencia de proscribir la televisión nacionalista, o, por más ejemplo, que se le niegue a José Montilla gozar de su única afición conocida, a saber, la lidia de reses bravas. De distinto parecer, sin embargo, es el propio don José, que, lastres de un bachiller precario, presume en la tauromaquia la quintaesencia de lo español; de ahí el entusiasmo inquisitorial del Tripartito con tal de prohibirla en las treinta y ocho comarcas bajo su soberanía.

Un afán represor, el de la Generalidad, parejo a su complacencia con los llamados correbous, garrulo atavismo consistente en atormentar a algún astado para sádico goce de una turba, por lo común, beoda. Clamorosa asimetría moral, ésa tan suya, que deja al desnudo la tartufesca coartada humanitaria en el acoso al toreo. Por lo demás, y frente a lo que barruntan nuestros pequeños polpotistas, la anulación de las corridas supondrá una prueba, otra, de su suprema españolidad. ¿O acaso existe deporte más genuino de esta pobre península que el de prohibir? Así, contra los toros ya pugnó Jovellanos, que algo de español tenía. Y los prohibió Carlos III. Y Carlos IV ratificaría después el regio repudio a tal práctica.

Y hubo de ser un extranjero, José Bonaparte, aquel gran rey, quien los restituyese a la legalidad. Por poco tiempo. Pues al punto serían de nuevo proscritos en las Cortes de Cádiz. Contra el parecer de los diputados catalanes, procede recordar. Que de tal guisa replicó el clérigo murciano Simón López, ancestro de don José en su fanatismo abolicionista, al ilustrado barcelonés Antonio de Capmany, gran defensor de la lidia: "El rufián, la ramera, el idolatra, el comediante, el lidiador ó torero, el luchador ó espadachín, el alguacil de teatros, el flautero, ó guitarrista, ó lirista, ó baylarin, el sodomita, el libertino y licencioso, el charlatán ó histrión, el encantador y agorero, el que vive como gentil, el que frecuenta los espectáculos teatrales, las venaciones, ó toros, carreras, luchas, etc. ó dexen esto, ó no sean admitidos al bautismo, dice San Clemente". Prohibir, prohibir, prohibir... ¿Acaso cabrá ser más castizo?

Libertad Digital - Opinión

Sin noticias de Cuba

El silencio de Raúl —comparado con los discursos que pronunció en años anteriores, con leves promesas— ha sido un clamoroso alegato en favor del inmovilismo más feroz.

EN los últimos días se había levantado cierta expectación ante las señales que pudiera enviar el régimen de La Habana con ocasión de las celebraciones del aniversario del asalto al cuartel Moncada, en el contexto de los esfuerzos del Gobierno español por convencer a sus socios europeos de la presunta existencia de cambios cualitativos en la actitud de la dictadura. En efecto, después del acuerdo entre Raúl Castro y la Iglesia cubana, que ha permitido la llegada a España de numerosos disidentes y sus familiares, muchos observadores se preparaban para analizar los matices del discurso del actual presidente cubano y, por supuesto, las intervenciones de su hermano Fidel. Sin embargo, los dos Castro ignoraron por completo la situación, al igual que el resto de los dirigentes de la dictadura. El silencio de Raúl —comparado con los discursos que pronunció en años anteriores, en los que lanzó leves promesas— ha sido un clamoroso alegato en favor del inmovilismo más feroz. La consigna de la jornada fue la de la integración económica con Venezuela, algo que no puede consolar a nadie puesto que Hugo Chávez —que, por cierto, tampoco acudió a la cita de los hermanos Castro— es un experto en llevar a un país petrolero a la ruina más absoluta.

La sociedad cubana está cansada de penurias y privaciones y merece una vida mejor que la que el régimen comunista es capaz de proporcionarle. Es necesario un cambio que tenga en cuenta las aspiraciones de los cubanos a una mayor libertad. Si Raúl Castro estuviera dispuesto a conducir al país en esa dirección, no tendría más que un camino, que es el de las reformas democráticas. Para ello es necesario aceptar el pluralismo y los mecanismos que ponen el control del ejercicio del Gobierno en la sociedad, y no al contrario. Si quiere convencer a la UE de sus buenas intenciones, a Castro no le faltan campos en los que puede tomar decisiones significativas, empezando por permitir a los cubanos salir y entrar libremente de su país. Cualquier otro circunloquio ideológico no llevará a ninguna parte y no debería servir de coartada para otorgar respetabilidad a un régimen que castiga a los ciudadanos por pedir respeto a los Derechos Humanos.

ABC - Editorial

Taurinos y antitaurinos a la sombra del frenazo al Estatut. Por Antonio Casado

El Parlamento de Cataluña decide hoy si mantiene o si prohíbe la celebración de corridas de toros en esta Comunidad Autónoma. Aunque parecen mayoritarias las posiciones de los antitaurinos, nadie se atreve a aventurar un desenlace cuando las dos principales fuerzas políticas, los nacionalistas de Artur Mas (37) y los socialistas de José Montilla (48), han dado libertad de voto a sus diputados.

Solo el PP (14) y Ciudadanos (3), como taurinos, y ERC (21) e ICV (12), como antitaurinos, tienen decidido su voto, con clara ventaja de los segundos. Más difícil es anticipar la decisión de los 85 diputados integrados en el bloque de la centralidad, formado por la suma de CiU y PSC. Las ausencias y las abstenciones pueden inclinar la balanza por pocos votos hacia un lado o hacia otro. Muchos actuarán condicionados por el malestar que dicen sentir tras los recortes decretados por el Tribunal Constitucional en el texto del Estatut.

Los medios de comunicación más importantes del mundo (France Presse, CNN, The Times, BBC, Reuters, Le Figaro,etc.) están pendientes del Parlament. Quieren conocer la suerte de una iniciativa popular que reclama la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y ha llegado al final de su tramitación parlamentaria. Pero levantar acta del resultado en los medios internacionales siempre será insuficiente para trasladar el verdadero sentido de la controversia.

Contrariedad por el varapalo al Estatut

La controversia, por supuesto, desborda el ámbito catalán e implica al conjunto de España. Exactamente lo mismo que los inacabables debates sobre el hecho diferencial y el encaje de Cataluña en el Estado. Por tanto, no es ningún disparate relacionar el debate sobre la llamada Fiesta Nacional -ojo a las palabras, que las cargan los enredadores-, con el reciente frenazo del Tribunal Constitucional a las aspiraciones “nacionales” de esta Comunidad Autónoma. Los dos asuntos se han cruzado en el calendario. Más que un cruce es una colisión.

Quienes han sentido la sentencia del Constitucional como un agravio a Cataluña o quienes, como Montilla, creen que es “casposo” insistir en que al menos en el plano jurídico sólo existe una nación, la española, hoy tienen una ocasión de desquitarse. Les bastará recordar a los diversos personajes que, en estos últimos meses, han comparecido en el Parlament para defender la fiesta de los toros como un signo de la identidad española bien adherido a nuestra tradición y nuestra cultura.

¿Nuestra? Ahí le han dado, como dicen los castizos. Si el nacionalismo catalán se alimenta de la diferencia respecto al resto de España, la coincidencia en el tiempo de los dos debates, el de los toros y el de la sentencia, les da la oportunidad de rematar a puerta vacía. Como ya hizo ayer el Parlament al rechazar un homenaje a los siete jugadores catalanes de la selección española. Me cuesta creer que se hubiera rechazado en otras circunstancias, a la contra de los miles de catalanes que el 11 se julio se echaron a la calle para celebrar el triunfo de la Roja.

Pero esta vez sus señorías, con excepción del PP y Ciutadans, están bajo los efectos de un ataque de contrariedad por el varapalo al Estatut. Eso influyó ayer en la negativa a festejar con los Pujol, Piqué, Xavi, etc. Y me temo que influirá hoy a la hora de decidir si se prohíbe o no la fiesta de los toros en Cataluña.

El Confidencial - Opinión

Los toros, un bien colectivo

El Parlamento de Cataluña vota hoy el proyecto que recoge la Iniciativa Legislativa Popular para prohibir las corridas de toros en la comunidad autónoma. El desenlace es incierto y ha despertado una expectación a la altura de los grandes debates políticos. Es lógico, porque hablamos de una medida contra la libertad de los ciudadanos que está dispuesta a llevarse por delante una tradición ancestral, con las consiguientes consecuencias sociales, culturales y económicas. La libertad de voto de los 48 diputados de CiU y los 37 del PSC en la cámara autonómica será clave en la decisión. La aritmética parlamentaria así lo impone. Sin embargo, ambos grupos tomaron esa decisión, conscientes de las diversas sensibilidades que despierta el asunto entre sus filas, en circunstancias muy dispares. Los convergentes eliminaron la disciplina de grupo desde el principio de la tramitación, mientras que los socialistas adoptaron la medida la pasada semana, después de que la consigna oficial hubiera sido la de una oposición en bloque a la abolición de la Fiesta Nacional. La presión del sector catalanista del partido fue la suficiente como para que la dirección del PSC y el Gobierno catalán no mantuvieran la posición institucional de partida, que éra también la del Ejecutivo central y la de José Montilla. Los parlamentarios socialistas votarán, por tanto, en conciencia, aunque sin reparar en una circunstancia significativa. Los escaños no son personales, sino del partido, y el compromiso electoral del PSC no incluía una iniciativa contra los toros. Es más, las encuestas realizadas han coincidido en que el votante socialista es un abierto opositor a la prohibición de la Fiesta Nacional. Por tanto, había suficientes razones como para imponer la disciplina en una votación en la que el PSC había adquirido compromisos públicos.

En cualquier caso, es preciso pensar ya en el escenario postvotación. Si se confirma el peor de los resultados como parecen indicar la composición de las fuerzas a pocas horas para el pleno, entendemos que los grupos políticos mayoritarios del país están obligados a emprender todos los esfuerzos posibles para reparar una injusticia e impedir que Cataluña sea un poco menos libre que el resto de la nación. Y existen alternativas más que razonables. Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, ha defendido que si «hubiera una ley específica del Gobierno de la nación en la que se decretara de interés nacional la Fiesta», la «regulación básica» correspondería al Ejecutivo central y la «regulación específica» a las comunidades autónomas. Como ese vacío legal se da en la actualidad, las administraciones territoriales tienen potestad para prohibir los toros. Es una lectura jurídica muy interesante que merece ser analizada por los socialistas y populares si llega el caso. Como se ve, existen respuestas para corregir el perjuicio y la única opción desechable es la de la pasividad política mientras se vulnera el derecho de la gente a elegir su asistencia o no a un espectáculo admirable.

La Razón - Editorial

Comienza el desacato al Tribunal Constitucional

La voluntad de desacato ya la dejó de manifiesto hace quince días el propio Montilla cuando dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

Aunque el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, considerase que "nada se opone, a efectos estrictamente autonómicos, a que las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías, ni nada impide, tampoco, que en ese supuesto los consejos de veguería sustituyeran a las diputaciones provinciales", el Alto Tribunal fue muy claro al dictaminar que cualquier alteración de los límites provinciales o de creación y modificación de las provincias compete al Estado y que "de ninguna manera" está al alcance "del legislador autonómico". Y en esa línea, concluyó que, "para ser conformes con la Constitución", los "consejos de veguería pueden sustituir a las diputaciones en el exclusivo caso de que los límites geográficos de las vueguerías coincidan con los de las provincias".

Pues bien, el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la llamada Ley de Veguerías que, lejos de limitarse a un cambio de nombre, suprime la demarcación provincial en Cataluña y la sustituye por siete veguerías (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran), en lo que supone un claro desacato al Tribunal Constitucional. Y es que, por mucho que inicialmente sólo sean operativas cuatro de las siete veguerías, y por mucho que, a toro pasado, se acordase en Cortes Generales una modificación de la legislación estatal que incluyese cambios en los límites provinciales, la voluntad del tripartito de saltarse a la torera la sentencia del Constitucional es tan clara como ya la dejó de manifiesto el propio Montilla hace quince días cuando, al referirse a este asunto, dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties Estatutàries, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

El presidente de la Generalitat expresaba así, dicho sea de paso, una doble voluntad de desacato por cuanto la sentencia del Constitucional no sólo preservaba la competencia estatal en este asunto, sino que también había retirado al Consell de Garanties la capacidad de emitir cualquier dictamen vinculante porque "perjudica al monopolio de rechazo a las normas con carácter de ley reservado por el artículo 161 de la Constitución al propio Tribunal Constitucional".

Lo mas bochornoso de todo es que este acto de rebelión institucional contra nuestro estado de derecho que se ha vivido en el parlamento autonómico catalán ni siquiera ha contado con el respaldo de todos los que, dentro y fuera de él, han impulsado el soberanista estatuto catalán. Así, al voto negativo del PP y del Grupo Mixto, se ha sumado el de CiU, formación irritada con el tripartito por aprobar la ley por el trámite de urgencia y sin consensuarla con la oposición. A eso hay que sumar el hecho de que desde Lérida se ha criticado la pérdida de peso que supone que la provincia quede dividida en tres veguerías; que los ayuntamientos de Tarragona y Reus han traslado su enfrentamiento casi histórico a la capitalidad de la nueva veguería: Camp de Tarragona; que Reus exige que ambas ciudades compartan la capital (como pasa con Sabadell y Terrassa en el Vallès) y Tarragona, además de negarse en rotundo, reclama que la nueva veguería se denomine simplemente Tarragona.

Todo este reaccionario y conflictivo galimatías, con la que los nacionalistas tratan de evocar una demarcación administrativa propia de la Edad Media, no sólo desafía a nuestro estado de derecho, sino que también constituye un desprecio a los problemas reales de los ciudadanos catalanes. Aunque los redactores de este desacato en forma de ley aseguran que a las veguerías se les asignaran los mismos recursos que, en la actualidad, reciben las diputaciones provinciales, lo cierto es que ocultan todo lo referente al coste del cambio, ya sea en comisiones de traspaso, contratación o bajas de trabajadores o informes técnicos. Y eso dando por hecho que la duplicidad de la administración será solo transitoria y que el Gobierno de Zapatero accederá a una modificación legislativa estatal –que deberá incluir, por cierto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se basa en la circunscripción provincial– para que la burla hacia el Tribunal Constitucional que se ha producido este martes en el parlamento autonómico quede menos descarada.

Libertad Digital - Editorial

Dicen toros, pero es España

El Parlamento catalán puede cerrar su legislatura con un gesto de desplante, nada taurino y sí muy cobarde, por oportunista, a una parte de su historia común con España.

EL Parlamento catalán puede hoy certificar la defunción de la fiesta de los toros en Cataluña si finalmente aprueba, como es lo previsto, la iniciativa legislativa popular que aboga por su prohibición. Para que este objetivo prohibicionista salga adelante bastará con que se repita la mayoría que el pasado año admitió a trámite el procedimiento parlamentario instado por la denominada «Plataforma Prou». La libertad de voto que ha concedido el Grupo Socialista a sus diputados ha aumentado las posibilidades de los prohibicionistas y ha decepcionado a quienes, sean o no protaurinos, confiaban en que los socialistas actuaran como dique de una estrategia que de forma interesada y sin pudor mezcla ecologismo y nacionalismo.

Los sentimientos que generan las corridas de toros son muy diversos, todos ellos legítimos y causa de polémica no solo en Cataluña. Sin embargo, en esta comunidad autónoma se han conjugado unos movimientos ecologistas muy activos con el oportunismo nacionalista de unos grupos políticos que no pierden ocasión para acosar en Cataluña las manifestaciones culturales comunes con el resto de España. Es cierto que hay parlamentarios nacionalistas que votarán contra la prohibición y algunos socialistas que lo harán a favor, pero, excepciones al margen, la tendencia social y política de esta prohibición es evidente.

Lo más grave de esta obsesión prohibicionista es que revela un intervencionismo ético en los valores sociales incompatible con el respeto a la libertad individual y a la tradición cultural. Las justificaciones pretendidamente morales de la prohibición de los toros —crueldad, maltrato— ignoran a conciencia aspectos esenciales de la Fiesta que van desde la naturaleza misma del toro bravo, destinatario de unos cuidados que ningún otro animal recibe, hasta el sentido ritual de la lucha con el torero. La ausencia de estos contenidos en los discursos antitaurinos más radicales —que son, por otro lado, los más exitosos— es consecuencia más de la ignorancia intencionada que de la reflexión crítica. La principal motivación de estos movimientos prohibicionistas y de sus aliados políticos es el activismo intervencionista, por el que consideran legítimo uniformar a la sociedad con un ideario sedicentemente progresista, basado en criterios arbitrarios sobre lo bueno y lo malo. La cuestión no es, por tanto, discutir si el Parlamento catalán puede o no —que sí puede— legislar sobre la fiesta de los toros, o si son más o menos los ciudadanos catalanes a los que les gusta esta fiesta. No se trata de estadísticas de público, de número de corridas o, siquiera, del coste económico que conllevaría la prohibición. Es un problema fundamentalmente de respeto a la libertad y a la tradición, no de protección a los toros, utilizados como coartada para otros objetivos, y también víctimas de una evidente doble moral, que condena las corridas, pero salva los «correbous». El estruendoso silencio de la sociedad catalana ante esta agresión a las libertades —aceptado con la misma pasividad, ya reactiva, con que asiste a los recurrentes debates identitarios que marginan de la agenda regional sus verdaderos problemas— solo es comparable con el que el socialismo y el Gobierno central han manifestado durante los últimos meses para evitar el desgaste generado por un nuevo roce con el PSC.

Resulta imposible eludir el carácter político de esta iniciativa, ligada al rumbo adoptado por una clase política catalana que, empezando por los socialistas, rivaliza internamente por abanderar el soberanismo y la desafección hacia España. No son los defensores de la Fiesta, sino el segmento político de sus detractores, los que han impregnado de ideología la iniciativa prohibicionista que hoy vota el Parlamento catalán. Asociar la fiesta de los toros a la cultura y la historia de España no es hacer «españolismo», sino constatar una evidencia. Pero pretender alimentar la prohibición antitaurina con sentimientos nacionalistas es una forma de «limpieza cultural» de Cataluña, instrumental de una estrategia mucho más amplia que busca convertir en cuerpo extraño a la identidad catalana cualquier vínculo con lo español. No todos los que hoy voten a favor de la prohibición estarán animados por esta aldeanismo pseudoecologista, pero si el resultado final aprueba la prohibición esta será considerada por los nacionalistas y sus publicistas como una nueva expresión diferencial entre Cataluña y el resto de España, como otro síntoma de que la avanzada sociedad catalana quiere cortar amarras con el arcaísmo castellano que predomina en España. No hay que engañarse. Este lenguaje frentista y contendiente es el que impulsa las dinámicas centrífugas en Cataluña y el que explica la tensión con que el Parlamento de una comunidad autónoma aquejada de graves, muy graves problemas políticos e institucionales, puede cerrar su legislatura con un gesto de desplante, nada taurino y sí muy cobarde, por oportunista, a una parte de su historia común con España.

ABC - Editorial

Más hacer y menos decir. Por M. Martín Ferrand

Los graves problemas que acosan a la Nación requieren medidas concretas y drásticas, no espasmódicas.

POR lo que llevamos visto desde que José María Aznar, por sí y ante sí, le designó sucesor, a Mariano Rajoy se le da mejor la teoría que la práctica. Ayer se fue a El Escorial, a uno de esos cursos que alivian la escasez informativa vacacional, y, después de pedirle a José Luis Rodríguez Zapatero que «no haga más el ridículo» con el Estatuto de Cataluña, le invitó a buscar «los grandes consensos nacionales que nunca debieron perderse». Como ya escribió en estas páginas Wenceslao Fernández Flórez, el consenso es la práctica que suelen invocar los representantes de la minoría para doblegar la voluntad de la mayoría. Algo, añado, que no están dispuestos a practicar quienes lo reclaman.

Según Rajoy, «no tiene sentido» que el Gobierno esté 17 meses más resolviendo un problema que ellos mismos han creado y sugiere, otra vez —¡que no decaiga!—, la celebración de elecciones anticipadas. Dado que el líder del PP no se atreve con una moción de censura que, aún perdiéndola, podría ser el gran pregón de su propuesta alternativa, algo que nos debe, y ya que predica consenso como germen del bien nacional, lo que debiera intentar es el suyo con el PNV y CíU, dos fuerzas del centro derecha que, ensimismadas con su matraca centrífuga, están olvidando en demasía el primum vivere que exige la tradición política de la derecha. El philosophariintransitivo siempre fue el consuelo de la izquierda. Esa unión ya tendría la fuerza suficiente para que la teoría de un adelanto electoral pueda pasar a la práctica.

Los múltiples y graves problemas que acosan a la Nación no son para la formulación de grandes y pomposas teorías, requieren la aplicación inmediata de medidas concretas y drásticas, no espasmódicas. Si, como nos dice, Rajoy es consciente de ello, debiera obrar en consecuencia y pasar a la acción. Pedirle a Zapatero que adelante las elecciones en un ejercicio autocrítico y benéfico es tan ridículo como el que el presidente hace con el Estatuty señala el del PP. No perdamos de vista, para no ignorar la dimensión del caos sobre el que nos asentamos, que además del problema económico, paro incluido, estamos ante una crisis institucional de gran alzada. Ayer mismo, en colaboración con Felipe González, Carme Chacón firmaba en El País un artículo —«Apuntes sobre Cataluña y España»— en el que, sin ambages, se afirmaba que la concepción de España como «Nación de naciones» nos fortalece a todos. Pudiera ser; pero, ¿es esa la partitura que corresponde a una ministra de Defensa que ha prometido el texto vigente —no uno venidero, más deseable y benefactor— de la Constitución?

ABC - Opinión

González y Chacón. La España postconstitucional. Por Guillermo Dupuy

¿Se imaginan a cualquier ex presidente del Gobierno y a un ministro de Defensa de cualquier país civilizado considerar una "obsesión injustificada" o una "expresión ofensiva" la indisoluble unidad de su nación?

Tras criticar en mi último articulo la antihistórica, inconstitucional y contradictoria expresión que se refiere a España como "Nación de naciones", me encuentro este lunes en El País con un articulo, escrito al alimón nada menos que por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, y la actual ministra de Defensa, Carme Chacón, en el que se defiende esa misma delirante concepción de España, al tiempo que se critica el recurso de inconstitucionalidad del PP y, en parte, la sentencia del Constitucional sobre el escasamente recortado estatuto soberanista catalán.

Ni qué decir tiene que tampoco González y Chacón tienen la gentileza de la que les hablaba yo el otro día, consistente en decirnos, ya puestos a inventar, el número y el nombre de esas "naciones" que, según ellos, componen a su vez la nación española. Sólo dicen que es "una concepción que nos fortalece a todos", no sin antes haber definido a Cataluña como "uno los sujetos políticos no estatales, llamados naciones sin Estado".

En principio, no es de extrañar que quien sostiene semejante disparate contra la lógica elemental y contra la realidad histórica y constitucional de Cataluña y del resto de España, le parezca una "obsesión injustificada" la "indisoluble unidad de la nación española". Sin embargo, lo bochornoso, más que extraño, es que ese precepto constitucional le parezca una "obsesión injustificada" a un ex presidente de Gobierno español y a la actual ministra de Defensa de nuestro país. ¿Se imaginan a cualquier ex presidente del Gobierno y a un ministro de Defensa de cualquier país civilizado considerar una "obsesión injustificada" o una "expresión ofensiva" la indisoluble unidad de su nación? Más aun, cuando ese reproche de González y Chacón va dirigido contra los magistrados de un Tribunal encargados de enjuiciar un estatuto precisamente a la luz de la letra y del espíritu de una Carta Magna que no reconoce más nación que la española, patria común e indivisible de todos los españoles. Denigrar como obsesión ese desvelo exigible a los magistrados sería tanto como criticar a los encargados de llevar a cabo un chequeo médico de estar "injustificadamente obsesionados" por la salud de su paciente.

González y Chacón, sin embargo, rizan el rizo cuando, a renglón seguido, se permiten decir que los votos particulares que respaldan la impugnación del PP "escatiman la condición de parte del Estado a la Generalitat" y expresan, nada menos, que "una visión preconstitucional del Estado". Y lo dicen ellos, González y Chacón, que acaban de elogiar la noción de "bilateralidad entre Cataluña y España" y que acaban de respaldar algo tan igualmente contrario a la Constitución como que Cataluña es "una nación sin Estado" o que España es una "nación de naciones".

Las groseras contradicciones y las simples mentiras del ex presidente y de la ministra contra los votos discrepantes van en aumento cuando salen en defensa de la "inmersión lingüística que cohesiona Cataluña" o cuando, en flagrante falsedad, acusan a los magistrados de negar "la noción misma de autogobierno" o de "invocar como autoridad jurídica y política" nada menos que la Biblia.

Resulta bochornoso que quien reivindica una realidad por nadie cuestionada como es la diversidad de España defienda, sin embargo, como "cohesionadora" la inmersión lingüística que coactivamente cercena la libertad y la diversidad lingüística de los catalanes. Tampoco es por ello de extrañar que para González y Chacón sea una "negación del autogobierno" lo que no es más que la constitucional distinción entre lo que son competencias autonómicas y competencias del Estado.

No se crean, que el ex presidente del Gobierno y la ministra de Defensa de España también tienen dardos contra los magistrados condescendientes con ese engendro soberanista sobre el que el propio Maragall reconoció que era necesario una "reforma previa" de la Constitución para darle cabida. Además de la ya mentada reprimenda por su "injustificada obsesión" con la unidad de España, también les critican por otras "expresiones ofensivas" como la que simplemente trata de no reconocer derechos distintos entre españoles por razón del territorio donde vivan o la que tratan de preservar la jerarquía normativa que ya la propia Constitución, no por nada llamada Ley de leyes, establece. Eso por no hablar de la dilación, ciertamente criticable, pero de la que es principal responsable quien se ha empeñado en que los magistrados aceptaran el pulpo como animal de compañía.

Finalmente, y tratando de hacer equivalente el amplio respaldo que la Constitución tuvo en Cataluña con el ridículo apoyo que los catalanes han brindado al nuevo estatuto, González y Chacón concluyen señalando que "la Constitución de 1978 fue punto de encuentro y de partida".

Y tanto que ha resultado ser "punto de partida"; como que esa Constitución y ese consenso han sido dejados atrás. Sólo que no es un avance, sino una involución que debilita las fronteras jurídicas que configuran a la nación española como estado de derecho, retrotrayéndonos a los reinos de Taifas.

Libertad Digital - Opinión

Bromas de mal gusto. Por Hermann Tertsch

Esta vez sí que contamos con el hombre que la historia y el destino nos han deparado. Y nos lo dice él mismo.

TOMEN todos nota. Nuestro presidente ha vuelto a hablar de sí mismo —en realidad siempre lo hace— y nos ha dejado un par de joyas. Para disfrutar o angustiarse, a elección del consumidor de las sabidurías selectas. Allá cada cual. Dice primero nuestro gran jefe cómo quiere entrar en la historia de España. Grandes palabras. Se ve en los libros de historia, dice, como el gran artífice de la «tercera transición», la económica, que nos hiciera dar el gran salto hacia delante. Sería algo así, es un suponer, como la revolución industrial japonesa o el «milagro alemán» de Ludwig Erhardt. Eso para los más humildes. Para los que piensan con la profundidad y la amplitud de miras de nuestro Zapatero, sería quizás más adecuado pensar en el «gran salto adelante» que Mao propuso a China en la revolución cultural, de la cual habría de surgir el hombre nuevo y la sociedad libre. El mundo del hombre bueno. Cierto que en aquella revolución se rompieron más huevos de los estrictamente necesarios para una buena tortilla. Pero eran otros tiempos. Y esta vez sí que contamos con el hombre que la historia y el destino nos han deparado. Y nos lo dice él mismo. Parece mentira que viniera a nacer aquí —aquí mismo, entre nosotros— este hombre que conmocionará al mundo entero con su consigna de que «la tierra pertenece al viento».

Anda que no van a presumir en el cole y con las chicas los tataratataranietos del capitán Lozano. Pero no por aquel militar que llegada una guerra civil no sabía bien cuál de los dos bandos le iba a fusilar antes y que sólo pudo confirmar la mala impresión en uno de ellos. No, la auténtica gloria llegaría a la familia con el nieto Pepe Luis, el genio de la economía que en sólo dos tardes se metió el mundo en la cabeza. Y no sólo entendió todos sus secretos económicos y abrió caminos inexplorados y hasta entonces inimaginables, para mayor provecho, riqueza y gloria de un territorio peninsular entonces llamado España cuyo modelo de multiplicación de bienes y parabienes habría de conquistar el mundo. Encontró soluciones simples a problemas olvidados por irresolubles, a enigmas jamás resueltos. Y la tierra dejó de ser un planeta de tristezas, hambrunas, desesperanzas, viles mercados y especuladores infames. Y se transformó en un vergel en el que todos los humanos se sonreían unos a otros. Se miraban y alegraban gentilmente el rostro en permanente intento de imitar la inolvidable sonrisa de aquel hombre que gobernó en España en el siglo XXI.

En fin, mi contrato me exige al menos un par de frases serias por columna. Ven lo que se puede divagar con una respuesta de Zapatero. Piensen ahora lo que se podría hacer con otra respuesta suya. La que valora como su mayor éxito la negociación con ETA. Se le quitan a uno las ganas de bromear.

ABC - Opinión

Tomás Gómez y un nuevo culebrón del PSOE de Madrid. Por Antonio Casado

Los socialistas madrileños vuelven a dar espectáculo. No es nuevo. Cuando Tarradellas conoció a Alfonso Guerra, en los primeros lances de la transición, le aconsejó que atase en corto a la FSM (Federación Socialista Madrileña). El veterano dirigente republicano catalán, aquel del “Ja soc aquí”, nunca perdonó la “traición” de Julian Besteiro a la causa de la Segunda República en el último tramo de la guerra civil. Y al encontrarse casi cuarenta años después con el número dos del PSOE fue lo primero que se le vino a la cabeza.

Proverbiales fueron también las batallas internas entre los guerristas de José Acosta y los felipistas de Joaquín Leguina en los primeros años noventa. Por no hablar del sórdido episodio de Tamayo y Sáinz, los famosos tránsfugas socialistas que, solos o con apoyos externos, impidieron la investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad y alfombraron el camino de Esperanza Aguirre después de las elecciones autonómicas “bis” de 2003. A Zapatero, que por aquel entonces era un aspirante a la Moncloa, se le debió atragantar aquello de que su modelo de gobierno en España iba a ser el de Simancas en Madrid. Vaya patinazo.

Patinazo de Zapatero también ha sido su apuesta por Tomás Gómez como sustituto de Simancas después de las elecciones autonómicas de 2007. Acertó al encontrar al pacificador del partido pero patinó una vez más al verlo como el candidato capaz de ganarle las elecciones a Esperanza Aguirre. Eso dicen las encuestas, en las que Gómez nunca ha llegado a despegar en los índices de conocimiento ni en los de valoración.

Todo eso es perfectamente compatible con la solidez de su liderazgo interno, que le convierte en candidato indiscutible de la organización regional. Y también con su acreditadísimo tirón electoral en Parla (Madrid). Se puede tener muy buena sintonía con los militantes y no tanta con los ciudadanos. O barrer en unas elecciones municipales y no tener una aceptación equivalente en autonómicas, como ocurría en el caso de Paco Vázquez, cuyas prospecciones siempre desaconsejaron su candidatura a la presidencia de la Xunta de Galicia.

El fantasma del desbarajuste en el Partido Socialista de Madrid vuelve así a pasearse por Ferraz. El actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, se empeña en mantener su candidatura a la presidencia de la Comunidad en contra de la opinión de la Comisión Ejecutiva Federal. Las dos partes tienen sus razones pero está escrito: primero, que al candidato lo propone el PSM pero eso no es vinculante para la máxima dirección del PSOE; segundo, que la decisión corresponde en el caso de grandes ciudades al comité federal de listas, y tercero, que la última palabra la dice el Comité Federal del PSOE.

Conviene saber estas cosas ante el debate que se avecina si Tomás Gómez mantiene su posición “numantina”, como ayer la calificó Zapatero, y el asunto deriva en una convocatoria de elecciones primarias, que están perfectamente regladas para la eventual aparición de un candidato alternativo, siempre que éste reúna los avales necesarios. Es el órdago del líder socialista de Madrid a la Ejecutiva presidida por Zapatero, después del tanteo que llevó a cabo el presidente del PSOE, Manuel Chaves, para conocer la disposición de Gómez a dar un paso atrás.

La solución, en septiembre, si no hay primarias. O en octubre, si las hay. Entonces decidirá el comité federal de listas y ratificará el Comité Federal del partido. Con primarias o sin primarias, se me ocurren dos nombres alternativos al de Gómez: la ministra Trinidad Jiménez y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. Con su vida política muy ligada a Maderid, ambos han crecido notablemente en conocimiento y valoración.

El Confidencial - Opinión

González y Chacón. Sean, al menos, coherentes. Por Cristina Losada

Bajo conceptos respetables como descentralización y federalismo viene tapando el PSOE su sumisión a los credos identitarios del nacionalismo. La tapadera, sin embargo, no resiste el test de consistencia.

Por si alguien mirara hacia la vieja guardia socialista con la esperanza de que, desde esa lujosa casa de retiro, se contrarrestara el anunciado desacato a la sentencia del Constitucional, Felipe González en persona ha venido a despojarle de ilusiones. El ex presidente acaba de avalar, en artículo firmado con la ministra de Defensa –"soy la niña de Felipe"– la maniobra que urden Zapatero y Montilla para saltarse el dictamen. Lo hace, desde luego, con naturalidad. Con la naturalidad de quien nunca se ha sentido sujeto al imperio de la ley, esa carca querencia anglosajona, ni ha tenido respeto por la separación de poderes, una absurda invención de Montesquieu que ata de modo intolerable las manos a un Gobierno, razón por la que González la liquidó cuanto pudo allá por los ochenta.

"Esa sentencia no es la Constitución", escriben ambos tan frescos. Y es que sólo los malvados centralistas pueden pensar que la Constitución no dice lo que convenga, en cada instante, al Partido Socialista. Ya hemos mencionado al malo malísimo del cuento de la pareja: el centralista, el que desea acabar con la diversidad, destruir el "autogobierno" e imponer el español como única lengua. No busquen más a ese monstruo: es el Partido Popular, que disimula arteramente esas ansias, toda vez que ha descentralizado tanto como cualquiera. Recuérdese, en cuanto a la lengua, que fue Alianza Popular quien se adelantó al Estatut en muchos años al legislar, en Galicia, el deber de conocer el gallego. Y que el propio González recurrió el precepto ante el TC, que le daría la razón en 1986. ¿No se avergüenza el ex presidente de aquella actuación "centralista"? ¿Y de otras?

Bajo conceptos respetables como descentralización y federalismo viene tapando el PSOE su sumisión a los credos identitarios del nacionalismo. La tapadera, sin embargo, no resiste el test de consistencia. Si, como aseguran Felipe y su niña, Cataluña es un "sujeto político no estatal", una nación sin Estado, lo consecuente sería dotarla de un Estado propio, como reclaman los nacionalistas auténticos y como pretendía, de facto, el Estatuto. Pero los socialistas quieren la plurinacionalidad de España y, al tiempo, que esas pobres naciones permanezcan en condición subalterna, inferior y mendicante. Desean que España subsista para poder gobernarla y que no exista para poder gobernar.

Sean, al menos, coherentes. Y si les parece ofensiva la "indisoluble unidad de la nación española", declárenla extinguida y háganlo votar.

Libertad Digital - Opinión

Los ciudadanos ya han pactado. Por Ignacio Camacho

Una amplia mayoría de españoles se decanta en contra de incrementar los poderes de las autonomías.

EL pacto de Estado que deberían firmar el PSOE y el PP sobre el modelo territorial ya lo han suscrito sus respectivos votantes sin necesidad de ponerse de acuerdo. Una amplia mayoría de españoles (67,6 por ciento) se decanta en el último sondeo del CIS en contra de incrementar los poderes de las autonomías, cuya percepción negativa se ha desplomado en los últimos cinco años coincidiendo con las reformas estatutarias auspiciadas por el zapaterismo. Y esa mayoría procede del electorado de los dos principales partidos, que se pronuncia además de forma abrumadora (entre el 88 y el 75 por ciento) a favor de la identidad nacional española. Aunque los porcentajes críticos sobre la deriva autonómica sean lógicamente más amplios entre simpatizantes del PP, la encuesta oficial revela una enorme base de acuerdo en la necesidad de reconducir el proceso en dirección opuesta a la que ha marcado el Gobierno. La crisis, el despilfarro de recursos y la duplicidad de competencias han generado en la ciudadanía un estado de opinión propicio como mínimo a la reflexión sobre el modelo de Estado. Pero como de costumbre, la dirigencia oficial marcha en sentido contrario hacia un avance centrífugo que inquieta, preocupa o genera rechazo en el sentir ciudadano.

La principal razón para embridar la diáspora territorial debería ser precisamente la propia defensa del Estado de las Autonomías, cuyos resultados globales a lo largo de tres décadas son objetivamente positivos y no merecen caer en el desprestigio que empieza a causar el descalzaperros del último quinquenio. La desestructuración promovida por Zapatero podrá satisfacer a las minorías nacionalistas —en la práctica ni siquiera sucede eso— pero está destruyendo el consenso social sobre el modelo de Estado y ha empezado a generar desconfianza respecto a sus virtudes funcionales. La gente percibe con recelo el desarrollo autonómico y es menester que la política impida su descrédito definitivo mediante un acuerdo en defensa de la cohesión nacional. La proporción de electores socialistas que ha incrementado sus juicios negativos es lo bastante importante como para merecer una reflexión de un Gobierno tan habitualmente atento al pulso de la demoscopia.

La sensibilidad actual de la opinión pública refleja una situación madura para un acuerdo político que, aunque ahora mismo no parece viable, tendrá que producirse más tarde o más temprano. Con Zapatero es imposible porque su proyecto (?) es justo el inverso, pero ahí hay fondo sólido para un programa electoral alternativo… y acaso para un liderazgo alternativo en la propia izquierda. En el PP es más fácil de plantear la cuestión de la estructura de España, pero el PSOE tendrá que pensar alguna vez en que el zapaterismo no va a ser eterno.

ABC - Opinión

Lo que yo le preguntaría al presidente. Por Fernando Jáuregui

El presidente Zapatero se comprometió a ofrecer una rueda de prensa amplia y abierta al menos cada fin de temporada política. Hay que reconocer que, mal que bien, ha ido cumpliendo este compromiso. Y volverá a hacerlo a finales de esta semana, antes de partir para unas vacaciones que, insisten desde La Moncloa, serán breves. Lo importante es saber cuáles serán las líneas maestras de una comparecencia que, entiendo, se produce en un momento especialmente delicado en la vida política española y, desde luego, en la del propio Zapatero.

Excluyo, a estas alturas, sorpresas de gran calado: si ZP hubiese tenido conejos en su chistera de prestidigitador, los hubiese sacado, según parece lógico, en el pasado debate sobre el estado de la nación. No lo hizo entonces, y difícilmente lo hará ahora, cuando las preguntas que pueda recibir versarán sobre sus planes inmediatos: ¿hará una crisis de Gobierno a corto plazo? ¿Piensa presentarse a una reelección o designará, de alguna manera, a un sucesor o sucesora? ¿Cree posible una recuperación económica a corto plazo tras poner en marcha las medidas de ajuste?

Y, ya que estamos en ello, ¿habrá nuevas medidas "duras", como ese proyectado impuesto especial a "los ricos"? ¿Piensa que aún es posible pactar algo trascendente con el PP de Rajoy? ¿Qué cree que pedirán los nacionalistas vascos a cambio de su apoyo a los Presupuestos? Si el PSC y Montilla no ganan las elecciones autonómicas, ¿qué va a ocurrir en Cataluña tras el "sentenciazo" sobre el Estatut?

Son solamente, por supuesto, algunos ejemplos de las muchas cosas que le preguntarán a un Zapatero que difícilmente puede responder de manera categórica y veraz a ninguna de estas interrogantes. Difícil papeleta la del presidente enfrentado a los medios de comunicación, es decir, a la opinión pública y publicada, en medio de una coyuntura en la que probablemente ni él mismo sepa qué diablos va a ocurrir mañana.

Periodista Digital - Opinión

Cataluña. Apuntes sobre Chacón y Felipe. Por José García Domínguez

Era lo que nos faltaba por ver, Mister X embutido en una señera y apropiándose de la retórica abertzale de Josu Ternera y su cuate Carod Rovira.

Al fin, ya sabemos por qué la ministra Chacón no concedió pasar revista a aquellos aguerridos maulets que pugnaron por propinarle una patriótica paliza a Don José, muy cívico conato de linchamiento que llevaría a la perentoria disolución de la célebre bullanga de Barcelona. Y es que andaba ocupada en pergeñar, al alimón con Felipe González, un sentido homenaje al movimiento surrealista, ése que bajo el título Apuntes sobre Cataluña y España acaba de airear El País. Así, en Los campos magnéticos, escribía Louis Aragon: "El surrealismo no es sólo un modo de escritura, sino una actividad psíquica que corresponde bastante bien al estado de ensueño, estado que hoy en día es muy difícil de delimitar".

Y tan difícil. Por algo, presas ambos, Chacón y González, de esa imprecisa narcolepsia, entre bostezo y bostezo, han dado en pastar juntos dentro del mismo campo semántico que Batasuna y la Esquerra. Era lo que nos faltaba por ver, Mister X embutido en una señera y apropiándose de la retórica abertzale de Josu Ternera y su cuate Carod Rovira. De tal guisa, desconsolados, lloran Carme y Felipe por la ruin perfidia de quienes han dejado a su "nación sin Estado", Cataluña por más señas, huérfana de la una y el otro. ¿Cómo no imaginar el íntimo desgarro del padre de la LOAPA al contemplar a Celestino Corbacho desposeído de sus atributos nacionales?

Sin embargo, en el de profundis identitario falla la premisa mayor. Pues aún hoy constituye un ignoto misterio quién le robó el carro a Manolo Escobar, pero en cuanto al hurto de la nación de Carme, el enigma está resuelto en las actas del Congreso de los Diputados. Culpable convicto y confeso fue el PSOE, que contó para el empeño con la impagable connivencia activa del PSC. Al cabo, el Tribunal Constitucional no ha necesitado tocar ni una coma del artículo primero del Estatut, ése que, merced a una oportuna enmienda socialista, define a Cataluña como nacionalidad, y no como nación. Algo que luego ratificarían en el referéndum los catalanes. Quizá, cuando despierte de su plácido sueño, la diputada Chacón recuerde que fue ella misma quien frustro en las Cortes el supremo anhelo del cándido Felipe, la "Nación de naciones". ¿Pero por tan lerda tendrán a su gente?

Libertad Digital - Opinión

Excesos autonómicos

La encuesta del CIS debería mover a la reflexión de una clase política cuyos intereses se alejan con cierta frecuencia de la opinión generalizada entre sus electores.

CRECE a pasos acelerados la desconfianza ciudadana en el Estado autonómico como modelo de organización territorial. Así se desprende de una encuesta del CIS, que refleja el distanciamiento de muchos españoles hacia un sistema que —según esta opinión mayoritaria— no ha conseguido encauzar las reivindicaciones nacionalistas y que, además, resulta insostenible en tiempos de crisis. La valoración negativa se acentúa en el caso de los votantes del PP, con una espectacular caída de 23 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior, de 2005, pero también es llamativo el descenso de diez puntos entre quienes se declaran votantes del PSOE. Unos y otros comparten una clara preferencia por la identidad nacional sobre la regional (88 por ciento en el caso del PP y 75 para el PSOE), y resulta significativo el número abrumador de encuestados (95 y 89 por ciento, respectivamente) que se manifiestan «orgullosos» de ser españoles.

Otro dato que abunda en el mismo sentido es el rechazo de dos de cada tres encuestados a que su comunidad obtenga un grado superior de autonomía, frente a solo el 16 por ciento que reclaman más autogobierno. Esta encuesta debería mover a la reflexión de una clase política cuyos intereses se alejan con cierta frecuencia de la opinión generalizada entre sus electores. Mucha gente está irritada con el soberanismo de algunos y el despilfarro de muchos, y reclama por ello una racionalización del modelo autonómico, que se ha desviado del equilibrio establecido por la Constitución entre el poder central y los poderes territoriales. La opinión pública tiene muy claro que no son admisibles la duplicidad de órganos políticos y administrativos ni la utilización de los recursos de todos al servicio de proyectos egoístas e insolidarios.

ABC - Editorial

El error Sinde

No es posible encontrar un ministro con un balance más desastroso que el de la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde. Lo más sorprendente es la perseverancia de su ineficacia.

A estas alturas, nadie, suponemos que con la excepción de ella misma, defiende la gestión errática y desordenada que caracteriza a su departamento. Era de esperar que sus evidentes carencias, como la falta de formación y la inexperiencia en la dirección de equipos, se verían compensadas con la prudencia, la capacidad de aprendizaje y el acierto en rodearse de profesionales bien cualificados. No ha sido así. La ministra de Cultura vive instalada en la autocomplacencia. Sus últimos ataques a las televisiones privadas, tan injustos como desproporcionados, sólo se entienden de alguien que sabe próximo su cese. Una vez más ha buscado complacer a un colectivo, el sector del cine, al que volverá como guionista, y al que ha intentado ayudar desde que ocupa la cartera, en perjuicio del resto de sectores. Las cifras de espectadores demuestran que en esto también ha sido muy poco eficaz. Los recursos multimillonarios que ha destinado o los ataques que realiza contra las televisiones confirman que nunca tendría que haber abandonado su trabajo de guionista. El Ministerio de Cultura es demasiado serio para que se convierta en un juguete al servicio de los caprichos de su titular.

Sinde confunde las televisiones privadas con las públicas, quizá como consecuencia de su escasa experiencia en este terreno, y cree que el cine es el centro de la cultura universal. Hemos defendido y siempre defenderemos el séptimo arte, pero sin sectarismos o miopías.

La ministra olvida que estamos en un Estado de Derecho y no en uno totalitario donde se confunde lo público y lo privado. Lo que exige a las televisiones privadas, y que no aplica a sus amigos del cine, lo debería hacer con las públicas, cuyos multimillonarios presupuestos pagamos todos los españoles. Las privadas prestan un gran servicio público, aunque quizá lo desconozca la ministra, con una serie de programas que se caracterizan por su pluralismo. A esto hay que añadir que pagan unos cuantiosos impuestos que sirven, entre otras cosas, para que reciba su sueldo o reparta generosas subvenciones entre sus amigos del cine. El estado de ánimo y la salud económica de las televisiones privadas invitan mucho más al optimismo que los del cine español. La ministra se confunde en todo en la relación de las televisiones privadas con el cine nacional. Las televisiones han cumplido a rajatabla con la obligación legal de dedicar el cinco por ciento de su facturación a películas y han invertido más de 800 millones de euros desde que la medida entró en vigor, a razón de más de cien millones por ejercicio. Y aunque es cierto que nuestras películas no dejan de perder espectadores año tras año, no lo es menos que los principales taquillazos de las últimas temporadas han sido títulos producidos por las televisiones. Es un hecho que si no fuera por esos éxitos, la debilidad de la industria cinematográfica sería mayor. Por lo tanto, la ministra, más que reproches, debería repartir reconocimientos a las TV o, al menos, guardar el respeto debido desde el Ministerio a las empresas que cumplen con sus compromisos.

La Razón - Editorial

Experimentos en Madrid

La mala perspectiva electoral de los socialistas aconseja acabar con el enredo sobre el candidato

Las dificultades para decidir quién será el candidato del Partido Socialista de Madrid en las próximas elecciones autonómicas están adquiriendo los tintes de una comedia de enredo. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, no cuenta con el apoyo de la dirección federal de su partido, que fue la que lo aupó hasta su actual responsabilidad. Gómez, por otra parte, se reafirma en su voluntad de ser el candidato, con lo que el choque está servido.

Madrid ha sido desde siempre un punto negro del aparato socialista, y no parece que vaya a dejar de serlo tampoco en esta oportunidad. Gómez, a quien la dirección nacional encargó en su día reconducir la situación, se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para quienes lo promovieron. La fuerza del secretario general de los socialistas madrileños procede del escaso margen de maniobra que su resistencia deja a la sede central de la calle de Ferraz. O bien esta interviene contraviniendo las exigencias de democracia interna, o bien se pliega a la celebración de unas primarias en las que Gómez parte como favorito, dado el control que ha llegado a ejercer sobre el aparato del partido socialista de la Comunidad.

Más allá, sin embargo, de la querella interna, lo que este nuevo episodio pone de manifiesto es la persistente e ineficaz estrategia seguida por el partido socialista en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. En lugar de consolidar un candidato a lo largo de varias elecciones, ha intentado en sucesivas ocasiones encontrar una figura que pudiera suplir un trabajo político realizado con constancia. Los resultados están a la vista. Tomás Gómez podrá ser mejor o peor candidato, y eso es algo que tienen que decidir los propios socialistas, pero lo que parece un camino sin salida es continuar en la estrategia de proponer nombres que solo se mantienen en las instituciones madrileñas el tiempo de que se apaguen los ecos de las elecciones.

Mientras los socialistas disfrutaron de una amplia ventaja sobre el Partido Popular en Andalucía y Cataluña, las consecuencias de los experimentos en Madrid eran limitadas. No es el caso en estos momentos. Sobre todo si, según se vienen desarrollando los acontecimientos, el enredo político en torno a la candidatura de Tomás Gómez en Madrid no tiene un desenlace respetable. Por ahora, no lo está teniendo.

El País - Editorial