Los toros, un bien colectivo

El Parlamento de Cataluña vota hoy el proyecto que recoge la Iniciativa Legislativa Popular para prohibir las corridas de toros en la comunidad autónoma. El desenlace es incierto y ha despertado una expectación a la altura de los grandes debates políticos. Es lógico, porque hablamos de una medida contra la libertad de los ciudadanos que está dispuesta a llevarse por delante una tradición ancestral, con las consiguientes consecuencias sociales, culturales y económicas. La libertad de voto de los 48 diputados de CiU y los 37 del PSC en la cámara autonómica será clave en la decisión. La aritmética parlamentaria así lo impone. Sin embargo, ambos grupos tomaron esa decisión, conscientes de las diversas sensibilidades que despierta el asunto entre sus filas, en circunstancias muy dispares. Los convergentes eliminaron la disciplina de grupo desde el principio de la tramitación, mientras que los socialistas adoptaron la medida la pasada semana, después de que la consigna oficial hubiera sido la de una oposición en bloque a la abolición de la Fiesta Nacional. La presión del sector catalanista del partido fue la suficiente como para que la dirección del PSC y el Gobierno catalán no mantuvieran la posición institucional de partida, que éra también la del Ejecutivo central y la de José Montilla. Los parlamentarios socialistas votarán, por tanto, en conciencia, aunque sin reparar en una circunstancia significativa. Los escaños no son personales, sino del partido, y el compromiso electoral del PSC no incluía una iniciativa contra los toros. Es más, las encuestas realizadas han coincidido en que el votante socialista es un abierto opositor a la prohibición de la Fiesta Nacional. Por tanto, había suficientes razones como para imponer la disciplina en una votación en la que el PSC había adquirido compromisos públicos.

En cualquier caso, es preciso pensar ya en el escenario postvotación. Si se confirma el peor de los resultados como parecen indicar la composición de las fuerzas a pocas horas para el pleno, entendemos que los grupos políticos mayoritarios del país están obligados a emprender todos los esfuerzos posibles para reparar una injusticia e impedir que Cataluña sea un poco menos libre que el resto de la nación. Y existen alternativas más que razonables. Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, ha defendido que si «hubiera una ley específica del Gobierno de la nación en la que se decretara de interés nacional la Fiesta», la «regulación básica» correspondería al Ejecutivo central y la «regulación específica» a las comunidades autónomas. Como ese vacío legal se da en la actualidad, las administraciones territoriales tienen potestad para prohibir los toros. Es una lectura jurídica muy interesante que merece ser analizada por los socialistas y populares si llega el caso. Como se ve, existen respuestas para corregir el perjuicio y la única opción desechable es la de la pasividad política mientras se vulnera el derecho de la gente a elegir su asistencia o no a un espectáculo admirable.

La Razón - Editorial