Aborto. Los insumisos no quieren competencia. Por Pablo Molina

¿Les molestan los insumisos? Pues que ordenen detener al alcalde del Puerto de la Selva y de paso que se entreguen a la autoridad todos los que llevan meses en abierta rebelión contra el orden constitucional. Entonces hablaremos de Valcárcel.

La democracia sólo es aceptable para la izquierda cuando el resultado coincide con sus deseos. Si no es así se utiliza el accidente de un petrolero, una guerra lejana en la que no tenemos soldados o una masacre terrorista para hacer valer la voz de la calle, la misma que desprecia cuando ocupa el poder, vulnerando el estado de derecho y rebelándose contra los gobernantes legítimos.

Ocurre igual con la libertad de expresión, que sólo es aceptable cuando el sujeto expresa lo que dice la izquierda, quedando ese derecho inmediatamente suspendido si el ingenuo se atreve a opinar en fuera de los límites establecidos por el cotarro progresista.

Con la decisión del presidente murciano de no aplicar la nueva ley del aborto con carácter preventivo, asistimos al divertido espectáculo de unos profesionales de la rebelión contra el orden establecido exigiendo al díscolo representante de la derecha que se someta a los mismos principios que ellos rechazan de forma pública y contumaz cuando las decisiones no les convienen.

Los mismos que desde lo mediático justifican las huelgas salvajes que paralizan una ciudad a despecho de la normativa vigente en materia de servicios mínimos, y desde lo autonómico impiden a los ciudadanos ejercitar los derechos que las leyes les reconocen, exigen al partido rival que lleve a la práctica lo previsto en una ley pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional, aunque de ello dependa la vida de decenas de seres humanos no nacidos.

Y el caso es que tampoco es que Ramón Luis Valcárcel haya puesto en cuestión el sagrado dogma del "derecho al aborto" promulgado por Zapatero, porque la región de Murcia está entre las primeras en la clasificación porcentual de abortos y aquí se va a seguir abortando sin impedimentos en función de lo establecido por la anterior ley para seguir en la cabeza de la tabla.

Es sólo que a la izquierda le fastidia que los demás pongan en cuestión sus imposiciones, porque esa es una facultad que se ha atribuido en exclusiva como llevamos viendo desde hace ya demasiado tiempo. ¿Les molestan los insumisos? Pues que ordenen detener al alcalde del Puerto de la Selva, provincia de Gerona, y de paso que se entreguen a la autoridad todos los que llevan meses en abierta rebelión contra el orden constitucional. Entonces hablaremos de Valcárcel.

Libertad Digital - Opinión

Las aldeas de Astérix. Por Ignacio Camacho

Esto va a acabar mal porque no hay país viable que pueda tomarse su propia gobernanza a cachondeo.

TENÍA que ocurrir y ya ha ocurrido. Lo único que faltaba en nuestro desbarajuste territorial era que después de haberse autoasignado competencias como el que se sirve el desayuno en el buffet de un hotel, las autonomías decidiesen cumplir las leyes a la carta según el criterio de sus virreyes de turno. Ésta del aborto no me gusta porque soy católico, ésta otra del idioma porque soy catalán y aquélla de los planes de estudio porque en mis islas no hay ríos. Se han apropiado de las aguas y de los parques llamados ¡nacionales!, han creado poderes judiciales y agencias tributarias de la señorita Pepis, han vestido a los guardias de uniformes folklóricos y hasta hay una región que ha puesto en su Estatuto una cláusula de «culo veo, culo quiero» para atribuirse las funciones que el Estado les permita a las demás. Ahora ya simplemente se arrogan la potestad de tachar las leyes que no les convengan como señores de horca y cuchillo, pura extraterritorialidad de factoa la medida del horizonte del campanario. Váyase usted a abortar fuera de Murcia o a aprender español fuera de Cataluña que esto es como la aldea de Asterix y no nos gustan los romanos.

Poco puede asombrar sin embargo este caos cuando el primero que lo promueve es el presidente del Gobierno, que lleva seis años dedicado a la sorprendente tarea de achicar su propio ámbito de acción. Si el encargado de gobernar para todos los españoles le promete a Cataluña encontrar el modo de hacer lo que el Tribunal Constitucional ha prohibido que se haga —por ejemplo, constituir un consejo de justicia soberano— mal se va a sorprender de que el presidente murciano considere que en sus dominios no rige la flamante ley zapaterista del aborto. Donde las dan las toman; el problema es que las den, y el Gobierno se ha puesto a repartir prebendas como quien reparte chocolatinas: para ti los ríos, para ti las costas, para ése los aeropuertos y para aquél los museos. Lo que no se entiende es para qué quiere Zapatero tantos ministerios si la última función que le quedaba a la mayoría de ellos, que era la iniciativa de legislar para toda la nación, ha tropezado con los aranceles autonómicos levantados por los reinos de taifas.

El Estado de las autonomías, construido a trancas y barrancas con un cierto sentido de equilibrio igualitario, ha quedado convertido en un descalzaperros particularista en el que los funcionarios cobran sueldos diferentes, los estudiantes aprenden conocimientos distintos y los ciudadanos en general pagan impuestos disímiles y no poseen los mismos derechos. Ahora tampoco tienen por qué obedecer según qué leyes. No hay que ser un jacobino recalcitrante para darse cuenta de que esto va a acabar mal porque no hay país viable que pueda tomarse su propia gobernanza a cachondeo.

ABC - Opinión

Estatut. Vísperas catalanas. Por José García Domínguez

Nada hay que ver en el futuro por la muy prosaica razón de que allí no hay nada. Al contrario, quien aspire a comprender la realidad habrá de girar la vista hacia el pasado. Siempre, sin cesar, constantemente.

Como bien sostiene Pío Moa, uno de los lugares comunes más vacuos de la jerga política hispana es el cargante latiguillo que prescribe "mirar al futuro". Ocurre al invariable modo, en cuanto el mando desea saldar el menor atisbo de debate ordena, imperativo, husmear en el futuro. Ahora, con ocasión del fallo del Estatut, tanto Rajoy como Zapatero han vuelto a aferrarse a esa absurda convención retórica. Y es que nada hay que ver en el futuro por la muy prosaica razón de que allí no hay nada. Al contrario, quien aspire a comprender la realidad habrá de girar la vista hacia el pasado. Siempre, sin cesar, constantemente.

He ahí, por cierto, la gran diferencia entre el ser que piensa y el que siente; entre el individuo y la masa, que dirían cuando todavía se podía llamar a las cosas por su nombre. Así, contemplado desde una cierta óptica histórica, el fracaso del proyecto catalanista se revela estos días en toda su miseria. A fin de cuentas, más allá de la impostada algarabía mediática, el hastío ante la paranoia identitaria ha terminado cuajando en una abstención estructural, crónica. Tras un cuarto de siglo de estomagante adoctrinamiento institucional, la mitad del censo ya rehúsa hablar en las urnas por sistema. Igual calla en las elecciones domésticas que en las generales; como, indiferente, calló en el referéndum.

A ese paso, los micronacionalistas quizá puedan construir un convento de cartujos pero no una nación. Aunque, claro, nadie les quitará el recurso al guirigay callejero, la sempiterna especialidad de la casa. "Fingen peligros que no existen y crean conflictos imaginarios. Nuestros políticos necesitan estas agitaciones porque no saben hacer otra cosa", confesaría en su diario Amadeu Hurtado, el abogado de la Generalidad durante el otro contencioso con el Tribunal Constitucional, el de 1934, poco antes de la sublevación de Companys. El mismo Hurtado que inmortalizó tal que así a Macià, el Montilla de la época: "No sabía nada de nada y daba miedo escucharle hablar de los problemas de gobierno porque no tenía ni la más elemental noción; pero el arte de hacer agitación y de amenazar hasta el límite justo para poder retroceder a tiempo, lo conocía tan bien como Cambó". ¿Mirar al futuro? Sí, en las bibliotecas.

Libertad Digital - Opinión

Otro error con Cuba

Es el régimen castrista el que está sabiendo jugar esta oportunidad que le ofrece el Gobierno español de legitimarse con gestos efímeros de disposición arbitraria sobre los Derechos Humanos de los disidentes.

EL Gobierno español sigue mostrándose compasivo y comprensivo con la dictadura cubana, a la espera inacabable de que el régimen castrista dé muestras de una apertura política. Después de que la presidencia española de la UE se saldara con un nuevo fracaso en el intento de modificar la posición común de Bruselas contra la dictadura comunista en la isla, el Gobierno se ha apuntado al proceso de diálogo entre el régimen de los Castro y la Iglesia católica sobre la situación de los presos políticos. Esta iniciativa del Ejecutivo español se sustenta en el mismo error de partida que otras anteriores: creer que el régimen comunista de La Habana va a ser sensible y receptivo a la suavización de las medidas internacionales de presión. Al Gobierno cubano, como ha demostrado en ocasiones anteriores, no le cuesta nada liberar a unos cuantos presos políticos —nuevamente ignorados en la agenda de la diplomacia española, incluido Guillermo Fariñas—, porque tiene el control policial suficiente para encarcelar a otros tantos en cualquier momento. Por tanto, es el régimen castrista el que está sabiendo jugar esta oportunidad que le ofrece constantemente el Gobierno español de legitimarse con gestos efímeros de disposición arbitraria sobre los Derechos Humanos de los disidentes. Por muy benéficas que sean las intenciones del ministro Miguel Ángel Moratinos, solo importa saber si su condescendencia y la de Rodríguez Zapatero hacia Cuba han producido o no avances en el reconocimiento de las libertades políticas. La respuesta es tan rotundamente negativa que obliga a preguntarse cuál es realmente la estrategia del Gobierno español, visto el fracaso de su política filocastrista, tanto en las decisiones unilaterales como en las propuestas multilaterales en el seno de la UE. Quizás apuntarse a la diplomacia vaticana.

ABC - Editorial

Moratinos y Zapatero, siempre con las tiranías

Moratinos, en el colmo de la indignidad reclamó al periodista que dejara la huelga y "trabajara" como él para mejorar la situación en Cuba, como si Moratinos hubiera hecho algo en su vida en pos de ese objetivo y Fariñas no comiera porque desea adelgazar.

La presidencia española de la Unión Europea ha estado sin duda a la altura de la capacidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El presidente pretendía que las reuniones internacionales le dieran una imagen de estadista que le permitiera remontar el vuelo ante la opinión pública. Pero ha sido un semestre marcado por la crisis económica, la misma crisis que ha hundido su popularidad en España; que Obama no quisiera acudir a la cumbre UE-EEUU, ese "encuentro planetario" que glosara Leire Pajín, fue la puntilla.

Pero además de mejorar su imagen, Zapatero y Moratinos tenían un objetivo en política exterior que cabía temer que pudieran llevar a cabo: derogar la política común de la Unión Europea con Cuba. Desde 1996, y gracias a una iniciativa de José María Aznar, este acuerdo obliga a todos los países a condicionar el diálogo a la promoción de los derechos humanos y una transición pacífica hacia la democracia. Naturalmente, a la tiranía comunista no le hace ninguna gracia. Y por esa misma razón, a esos amigos de las dictaduras que son Zapatero y Moratinos tampoco les gusta y han querido cambiarla desde que llegaron al Gobierno.

La excusa de Moratinos para intentar cambiar la posición común es que la política actual de la Unión Europea no ha logrado suficientes resultados. Sin embargo, su propuesta de un mayor diálogo y mayores concesiones a los tiranos que sojuzgan Cuba afianzaría el régimen y desmoralizaría a la oposición democrática. Europa debe seguir mostrando un frente común, principalmente para evitar que aquellos países que no tienen un especial interés en la isla opten por el camino fácil de olvidarse de los derechos humanos y entenderse con la dictadura, debilitando las posiciones de quienes sí tenemos un interés especial por Cuba. Pero esa posición común debería ir encaminada a un mayor apoyo a la oposición y un mayor distanciamiento del régimen liberticida de los Castro.

En cualquier caso, la postura de Zapatero y Moratinos no sólo está equivocada, sino que es sobre todo profundamente inmoral. Mientras el Gobierno ha estado seis años llenándose la boca con la supuesta "ampliación de derechos" que ha tenido lugar durante su mandato, lo cierto es que en todos los casos donde ha tenido opción ha preferido apoyar a la tiranía frente a la libertad, a las dictaduras frente a las democracias, a los totalitarios frente a los demócratas. La visita de Moratinos a Cuba no es sino el último ejemplo. Regodeándose en las atenciones que recibe de los mandamases de un régimen sanguinario, ha dejado claro que no piensa visitar a Guillermo Fariñas, quien tras cuatro meses en huelga de hambre podría estar viviendo sus últimos días. Es más, en el colmo de la indignidad reclamó al periodista que dejara la huelga y "trabajara" como él para mejorar la situación en Cuba, como si Moratinos hubiera hecho algo en su vida en pos de ese objetivo y Fariñas no comiera porque desea adelgazar.

El ministro de Exteriores ha llegado a Cuba para prometerle a la dictadura lo que no ha logrado darle en seis años, la desaparición de la posición común de la UE. Una vez acabada la presidencia de España parece aún más difícil que lo consiga. Pero que siga acudiendo a la isla con esas intenciones es una vergüenza para todos los demócratas. Reclamaríamos su cese inmediato, si no fuera porque probablemente eso no supondría ningún cambio de política, y pocos candidatos existen para el puesto más incompetentes que el actual ministro. Si va a trabajar para el mal, mejor cuanto más inútil. Así las cosas, lo más aconsejable es esperar a que Zapatero abandone La Moncloa, desde donde tanto daño ha hecho tanto a los españoles como a los cubanos.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero, sólo en Estrasburgo

Pocas veces se ha visto una presidencia tan superada por las decisiones que tomaban los grandes países, en ocasiones sobre asuntos que afectaban a los intereses españoles.

EL presidente del Gobierno acusó a los eurodiputados que ayer lo criticaban durante el debate de balance de su presidencia europea en Estrasburgo de pensar en clave española, cuando, con su discurso, fue precisamente Rodríguez Zapatero quien convirtió el resumen de su gestión al frente de la presidencia de turno de la UE en un monólogo destinado a preservar su imagen ante la opinión pública española. No debería extrañar, por tanto, que todos los grupos políticos de la Cámara —con la natural excepción del socialista— le hayan criticado sin contemplaciones. El Partido Popular Europeo fue, incluso, relativamente condescendiente, sobre todo si su actitud se compara con los discursos de los representantes de los liberales, los conservadores británicos, los verdes o la Izquierda Unitaria. Rodríguez Zapatero se quedó solo a la hora de defender una gestión que, si bien era difícil, porque estrenaba el nuevo formato institucional, ha sido generalmente percibida como una gesticulación hueca y estéril.

A Rodríguez Zapatero le ha correspondido llevar las riendas de la UE en un momento en que no era posible ocultar que su Gobierno estaba lejos de controlar el deterioro de la economía española, lo que hacía difícil que su posición fuera creíble en Europa. Sus repetidas alusiones a la defensa del método comunitario no pueden ser percibidas como una declaración de europeísmo ferviente y consciente, sino como la justificación de su impotencia para llevar a cabo su papel, que era precisamente el de la coordinación de la política intergubernamental. Pocas veces se ha visto una presidencia tan abiertamente superada por las decisiones que tomaban los grandes países, en ocasiones sobre asuntos que afectaban directamente a los intereses españoles. Y más extraordinario aún ha resultado que esa intervención exterior haya sido la que ha contribuido a frenar en parte el deterioro de las posiciones españolas en los mercados internacionales.

El presidente del Gobierno no puede negar que la llegada de la presidencia belga representa un gran alivio, y no tanto por la carga de trabajo —algo que han manejado los funcionarios españoles de forma impecablemente profesional, como en anteriores ocasiones—, sino porque ya era imposible seguir disimulando la ausencia de ideas, la falta de liderazgo y de capacidad para entender los problemas a los que se enfrenta Europa y que en España han sido precisamente causados por su desastrosa gestión.

ABC - Editorial

Atajos de Moncloa. Por Valentí Puig

Es inaudito y alarmante que un presidente de Gobierno se ofrezca a buscar atajos a una sentencia.

UNA de las gestas más asombrosas en el periplo del Zapatero gobernante habrá sido ofrecerle a la Generalitat un redondeo de la sentencia del Tribunal Constitucional. A diferencia del cotidiano redondeo del euro, que cuenta con el euro, ese otro redondeo tiene que hacerse totalmente al margen del Tribunal Constitucional. Es decir, al margen de todo. Es inaudito, alarmante y descorazonador que un presidente de Gobierno se ofrezca a buscar atajos a una sentencia que en realidad no tiene que ser sino acatada. Tras la sentencia, la instrumentalización por ley orgánica es como practicarle la cirugía estética a la estatua de Colón.

¿Cómo es posible que Zapatero pueda pensar en vías alternativas que incumplirían los fundamentos de la arquitectura constitucional? Sencillamente: se lo reclama Montilla, al tiempo que se suma a una manifestación de repudio a la sentencia, después de haber ejercido todo tipo de presión para que el Tribunal Constitucional simplemente dijera que sí a todo, a todo lo que quería el tripartito que preside Montilla.

Existe un emocionalismo ciertamente previsible en la respuesta de la política catalana a la sentencia del «Estatut». En el nacionalismo catalán las dosis de sentimentalidad son agitadas periódicamente, incluso en detrimento de aquella racionalidad que es el rasero mínimo del pluralismo. Según la circunstancia histórica, eso luego resultan ser falsas expectativas, brotes fugaces, chascos que se disimulan y un desgaste cuantioso del posibilismo histórico.

Uno de los mitos de tanto emocionalismo es la «unidad de las fuerzas políticas catalanas». Ya se verá que estos estados de ánimo colectivo presuntamente insatisfecho duran lo que duran. Los derrames de emocionalismo, por estricto sentido de la realidad, topan al final con el quehacer de las cosas, con el instinto de estabilidad que en fases de máxima tensión ha acabado por imponerse en virtud de la naturaleza histórica de la sociedad catalana. Esta vez topan con la coyuntura económica, con un deterioro quizás terminal del «Establishment» político catalán, la tentación abstencionista, la pérdida de autoestima y un cierto abandonismo de la capacidad crítica de la opinión pública, singularmente aguzada cuando se trata de España y tan roma cuando lo que falla es la Cataluña política.

De hecho, ¿para qué esperar tanto la sentencia del TC si al final todo podía resolverse con un atajo? Por el camino se han gastado reservas impensables de energía colectiva. La dinamo de la vida pública catalana va a tardar mucho en funcionar como en sus buenos tiempos. Todo eso lleva a pensar que, una vez más, estamos ante un amago, ante una escenificación. Aunque hemos visto de casi todo, las aguas acaban por calmarse. Claro que eso no reduce la irresponsabilidad ingente con que Zapatero ha rematado su faena del «Estatut». La posibilidad de extraviarse en un atajo tiene muchos precedentes. Para evitar eso han existido y existirán las sendas constitucionales. A saber si en uso de esos atajos no acabará Zapatero viendo hundido el socialismo en Cataluña.

ABC - Opinión

Crisis. Por qué puede suspender pagos España. Por Emilio J. González

Al Estado le va a resultar cada vez más difícil atender al pago de los intereses y el principal de tanta deuda como está emitiendo. Los mercados lo saben y por eso exigen tipos de interés cada vez mayores en cada nueva subasta de deuda.

sto no es sólo cuestión de voluntad política, que lo es, sino también, y sobre todo, de números –de esos cálculos que hacen los inversores internacionales–, que llevan a concluir que, en algún momento, España puede suspender pagos por mucho que el Gobierno se desgañite tratando de convencerles de todo lo contrario. ¿Qué hay en la economía española para que el peligro del default sea una posibilidad que preocupe cada vez más a los inversores internacionales? Veámoslo paso a paso, empezando por las cuentas públicas que, en última instancia, es donde está buena parte del meollo de la cuestión.

En estos momentos, España se encuentra en esa situación que los economistas definen como de crecimiento explosivo de la deuda. Esto se produce cuando los tipos de interés reales son superiores a la tasa de crecimiento real de la economía y el déficit público sobrepasa el 1% del PIB. En este caso, el crecimiento económico no es capaz de aportar ni siquiera los recursos necesarios para pagar los intereses de la deuda, lo cual genera más déficit presupuestario y más emisiones de deuda que incrementan la partida de los intereses y así sucesivamente. En este sentido, cuanto mayor sea el déficit, cuanto mayor sea la deuda acumulada en circulación y/o cuanto mayor sea la diferencia entre los tipos de interés reales y la tasa de crecimiento de la economía, más explosivo es el incremento de la deuda. En España se dan estos tres factores y, además, dos de ellos con especial intensidad. Por un lado, el déficit público estimado para este año por los analistas privados volverá a tener dos dígitos; por otro, se espera una caída del crecimiento económico del 0,6% frente a unos tipos de interés del 2,3% para las letras del Tesoro a un año, lo que, con una inflación prevista para junio del 1,3% da un tipo de interés real del 1%. Si tomamos el bono a diez años, la situación es mucho peor porque su tipo de interés es, en estos momentos, del 4,5% y, en términos reales, del 3,2%. Es decir, que el crecimiento económico dista mucho de proporcionar los recursos necesarios para pagar esos intereses y, encima, la financiación del déficit sigue metiendo más y más presión en los mercados.

En este contexto, lo que habría que hacer es poner en marcha tanto un programa de recorte drástico del gasto público, con el fin de reducir el déficit lo antes y lo más posible, como otro de impulso al crecimiento económico para que la propia dinámica de la actividad productiva, unida al saneamiento de las cuentas públicas, frenen en seco el crecimiento explosivo de la deuda. Este es el primer punto para evitar la suspensión de pagos de España por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es que, con la situación descrita en el párrafo anterior, al Estado le va a resultar cada vez más difícil atender al pago de los intereses y el principal de tanta deuda como está emitiendo. Los mercados lo saben y por eso exigen tipos de interés cada vez mayores en cada nueva subasta de deuda. Pero esto tiene un límite porque a partir de cierto punto, es decir, de tipos de interés entre el 5% y el 6%, aproximadamente, los mercados consideran que, por mucho que se esfuerce el país, no podrá atender a esos pagos y, a partir de ahí, los tipos de interés empiezan a subir como un cohete y el Gobierno no puede colocar más deuda. Esto no es sólo una cuestión teórica, sino que es lo que pasó con Grecia, escenario al que España se va aproximando. Y si el Estado suspende pagos, toda la economía española puede ir detrás.

El segundo motivo es que, aunque al menos en un principio no se llegue a esa situación más propia de Argentina que de un país del nivel de desarrollo que había alcanzado España, la financiación de tanto déficit y tanta deuda absorbe casi todos los recursos para la financiación al sector privado, sin la cual difícilmente se recuperará y podrá contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y, a través de ellos, a aportar los impuestos necesarios para atender las obligaciones de pago del Estado español. Por tanto, la solución al problema empieza por sanear las cuentas públicas rápidamente y por tomar las medidas necesarias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, empezando por la reforma laboral. Hechas estas dos cosas, la propia dinámica de la economía permitirá que el sector privado vaya pagando poco a poco sus deudas y, de esta forma, se evita la suspensión de pagos de España.

Dicho todo esto, queda claro que, hoy por hoy, se sabe perfectamente lo que hay que hacer. El problema es cuando llega la hora de aplicar las recetas. El primero que se resiste es el propio Gobierno. Zapatero quiere seguir gastando lo que tiene y lo que no tiene y mientras persista en él esta actitud, no habrá nada que hacer. Si fuera un político sensato, a estas alturas le habría metido al gasto público un tajo de no menos de 60.000 millones de euros entre eliminación de subvenciones y programas de gasto innecesarios y los tímidos recortes que ha puesto en marcha. Pero como él quiere seguir a lo suyo, estamos en la que estamos a pesar de que los números avisan de los riesgos financieros que corre el país. Y lo mismo cabe decir en cuanto a las reformas, por ejemplo la del mercado de trabajo. Y es que, por desgracia, ZP sólo actúa cuando los mercados le meten miedo, pero una vez pasado el susto, se crece y vuelve a las andadas, como acabamos de ver con el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno o con la resistencia manifestada por éste a aplicar los recortes tan intensos en el gasto público que exigía Bruselas a cambio de la ayuda a España por parte de la Unión Europea. Y por si no bastara con ello, encima tenemos los sindicatos que tenemos, demostrándolo con la huelga política y salvaje en el metro de Madrid, y con una clase política enzarzada en la disparatada cuestión de Cataluña, cuando las circunstancias actuales exigen dejarla de lado y concentrar todos los esfuerzos y todo el potencial de este país en superar la grave situación socioeconómica que estamos sufriendo. Por eso no es de extrañar que sean cada vez más los analistas que piensen que, en un momento u otro, España va a suspender pagos. Y es que nuestros políticos y nuestros sindicatos están haciendo todo lo posible para que así sea.

Libertad Digital - Opinión

La brújula moral. Por Hermann Tertsch

Cada vez está más claro que peor que la incompetencia de este Gobierno es que no tiene brújula moral.

¿POR qué les gustará tanto a nuestros gobernantes socialistas erigirse en abogados defensores de las peores causas? ¿Qué fallo tienen en su brújula moral todos los que desde nuestro Gobierno siempre están dispuestos a defender a tiranías frente a las exigencias de las democracias «normales»? Más aún: ¿tienen siquiera brújula moral quienes, más allá de su fracaso económico y gestor, sólo tienen en la agenda una cultura de la muerte, de exaltación del aborto y la eutanasia, la agitación del odio de unos españoles contra otros y la defensa a ultranza de las peores dictaduras de la tierra? Preguntas pertinentes. Busquemos respuestas. La cultura de la muerte quiere imponer a la sociedad un desprecio a la trascendencia del ser humano que nos despoje a todos de nuestro carácter único como personas, de nuestra percepción de nosotros mismos como criaturas sagradas a los ojos de Dios y de los hombres. Esa es la guerra fundamental, no los crucifijos aquí o allá, contra los principios religiosos y culturales del cristianismo y del judaísmo que nos quieren extirpar. Una sociedad que cree prescindible a todo ser humano que pueda causar una molestia —y lo liquida— es una sociedad de cerviz quebrada. El Estado regala derechos para matar a los más débiles, nonatos o ancianos. Y despoja a sus súbditos de la fuerza moral para exigir el respeto al individuo por su carácter único y sagrado. El aborto puede ser admisible para evitar un drama humano. No la aceptación de la muerte como método anticonceptivo.

Otros hechos dicen mucho de la brújula moral de nuestro Gobierno. El presidente del Gobierno recibía como amigo del alma al presidente de Siria, Bassar el Assad, quien hace unas semanas formó con el venezolano Hugo Chávez una alianza para combatir a EE.UU. e Israel y apoyar al radicalismo antioccidental del presidente de Irán, Ahmadineyad. Como ven, buena compañía. Ayer se quejaban nuestros servicios secretos porque Israel ha dejado de suministrar a España datos para la lucha contra el terrorismo islámico. Cabe pensar que Israel no tiene excesivo interés en compartir los datos con los amigos de España, dictaduras enemigas declaradas de su existencia. Y el ministro Moratinos se nos fue a Cuba. En su vergonzoso papel de abogado de la dictadura ha logrado que la UE le dé tres meses de plazo antes de renovar la política de sanciones —leves— cuyo objetivo es recordar que Europa diferencia entre dictadura y democracia. Que tiene brújula moral. Zapatero y Moratinos están en contra. Moratinos ha anunciado que no visitará al preso Fariñas, que agoniza en huelga de hambre, para evitar «fotografías oportunistas». Náuseas produce la excusa. Allá va Moratinos a ver si se puede apuntar como propio un posible éxito de la Iglesia Católica en negociar la liberación de algunos presos. Más náuseas. Cada vez está más claro que peor que la incompetencia de este Gobierno es que no tiene brújula moral. Y quiere romper la de todos nosotros.

ABC Opinión

Estatuto. Y ahora, la nación de Breogán. Por José García Domínguez

Un 90% de los hijos putativos de Breogán optó entonces por abstenerse; al punto de que Avelino Pousa, histórico dirigente del Partido Galleguista, confiesa en sus memorias que recurrieron al "santo pucherazo" con tal de poder alumbrar la autonomía.

Si de mí, que soy hijo y nieto de gallegos, dependiera, el inminente Estatuto de Galicia incorporaría a modo de preámbulo aquella canción que Brassens dedicó a todos los idiotas que son felices por haber nacido en algún lugar. Pero los socialistas, que como es fama descienden de André Breton, preferirían consagrar el preambuliño a la gloriosa "nazón de Breogán". Y así lo acaba de manifestar su nuevo cuadillo pedáneo, un Pachi Vázquez al que Dios confunda. De tal guisa, fulminantes, los efectos secundarios de la sentencia del Estatut ya amenazan con desplazan el foco de la acción del drama a la comedia bufa.

Y es que ese asunto podría tener viabilidad lógica como marca de algún sucedáneo del lacón con grelos, al modo de ciertas fabadas asturianas en conserva. Pero en tanto que fuente de legitimidad tribal, la nación de Breogán posee idénticas credenciales históricas que la flauta de Bartolo, la navaja de Ockham o la trompa de Eustaquio. Unamuno, que tan bien conocía el percal celtíbero, solía repetir que el galleguismo es como uno de esos trajes regionales que cuando van desapareciendo los visten los señoritos en Carnavales. E indicio de que no andaría muy equivocado es el apoyo en las urnas que cosechó el primer Estatuto, el de 1936. Un noventa por ciento de los hijos putativos de Breogán optó entonces por abstenerse; al punto de que Avelino Pousa, histórico dirigente del Partido Galleguista, confiesa en sus memorias que recurrieron al "santo pucherazo" con tal de poder alumbrar la autonomía.

Después, en 1980, arribaría un segundo referéndum, el de la anhelada recuperación del autogobierno. Resultado: el setenta por cien de la "nazón" se volvió a quedar en casa. Entusiasmo particularista no muy lejano al actual, por cierto. De ahí que, tozudas, todas las encuestas del CIS certifiquen que más de tres cuartas partes de los gallegos se consideran una simple región de España. Aunque, puestos a aberrar, mejor que transcriban en el BOE lo que el genuino padre del invento, Castelao, sentenciara en Sempre en Galiza: "La teoría de Stalin sobre el problema nacional concuerda, en absoluto, con los sentimientos permanentes de Galicia, traducidos en palabras que el pueblo gallego supo pronunciar por boca de los galleguistas". Sea.

Libertad Digital - Opinión

El arte de perder el tiempo. Por M. Martín Ferrand

Rodríguez Zapatero es un virtuoso del aplazamiento y la dilación. No pierde el tiempo, lo despilfarra

UN hombre de provecho, cabal y responsable, no debe perder el tiempo y ha de tratar de sacarle partido, en el disfrute de sus devociones y en el cumplimiento de sus obligaciones, a todos los minutos del día. Tan sabio principio tiene su excepción en la política, donde nada suele ser lo que parece y todo tiende a parecer lo que no es. José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, es un virtuoso del aplazamiento y la dilación. No pierde el tiempo, lo despilfarra, y esa es la principal herramienta con que construye su permanencia en La Moncloa. Cualquier otro menos dotado para esas mañas ya tendría en la pechera la marca del ex, no hubiera renovado su condición presidencial en las últimas legislativas y estaría hoy, si creyente, en el Císter o, si agnóstico, en el ostracismo.

Estos últimos días han sido fatales para Zapatero. El final de su semestre como presidente de la UE, al que la iluminación de una devota profesional auguró como éxito planetario, aportó el ridículo de un paupérrimo balance y, a mayor abundamiento, coincidió con él la sentencia del TC sobre el Estatut que le pone en evidencia como promotor del problema y elemento disociador del todo histórico del PSOE en, por lo menos, dos fracciones de difícil recomposición. No importa. El prometedor futuro de la Selección Española de Fútbol acudió en su ayuda y, en su condición de «ministro del Deporte», atrajo hacia su propia imagen parte de la gloria que les corresponde a Vicente del Bosque y a sus animosos muchachos.

El aplazamiento del debate político sobre la difícil situación por la que atravesamos, a la que no son ajenos la torpeza gubernamental, su incapacidad para haberla prevenido y su desconcierto para atajarla, le presta al presidente un alivio hasta, por lo menos, el debate sobre el estado de la Nación. Una semana de calma es una eternidad en el proceloso ambiente que, sometido a tensiones centrífugas y huelguistas, marca la situación. Zapatero, que tiende a creer sus propias mentiras, parece estar convencido de que tenemos en marcha, además de una remodelación del sistema de pensiones, una reforma laboral y otra del sistema financiero. Con eso espera salir adelante en su debate pendiente. Como contraste, en cabildeo con los suyos, Mariano Rajoy nos ofrece «sentido de Estado» frente a la «frivolidad» del presidente del Gobierno. Eso está muy bien; pero alguien de su proximidad, de su confianza no parece posible, debiera recordarle que, puestos a perder el tiempo con declaraciones evanescentes, sale ganando —como en el boxeo— el defensor del título. El aspirante ha de esforzarse un poco más.

ABC - Opinión

Recurso contra la Ley del Aborto e hipocresía del PP. Por Antonio Casado

En coherencia con su propia doctrina, el Tribunal Constitucional no dictará la suspensión cautelar de ocho artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, como reclama el PP en su recurso. Por tanto, se impone una larga espera (no tanta como la del Estatut, por favor), hasta el pronunciamiento del alto tribunal. Con lo que no puedo es con la hipocresía: ¿Cómo explicar que la Ley del Aborto, que ayer entró en vigor, atenta más contra el derecho a la vida que la que ha estado vigente desde 1985, incluidos los ocho años del Gobierno del PP?

En la nueva regulación el aborto es prácticamente libre durante las 14 primeras semanas. Verdad. Tan verdad como que en la anterior regulación también era prácticamente libre al amparo de la salud de la madre. Supuesto aplicable sin plazo, en cualquier momento. Cifras cantan. Nada menos que el 96 % de los embarazos interrumpidos a lo largo de 2008 invocaron peligro para la salud de la madre. Salud psíquica en la mayoría de los casos ¿Tantas mujeres había desequilibradas en España hace dos años? El supuesto ni siquiera se recostaba en el verificable desequilibrio mental de la embarazada, sino en el riesgo de contraerlo. Una mujer podía abortar legalmente no por estar traumatizada sino por el riesgo de traumatizarse si se le impedía interrumpir el embarazo.

Los convencidos de que ni el Estado ni la Iglesia son quienes para suplantar el derecho de una mujer, o un hombre, a decir la última palabra en el ámbito de su esfera íntima, podíamos aceptar eso sin mayor problema, conscientes de que era un coladero, a falta de una mejor regulación jurídica de este fenómeno social y sanitario. Lo que no se entiende es que el coladero lo aceptase a sabiendas el Gobierno Aznar, que pertenecía al mismo partido que ahora recurre ante el Tribunal Constitucional por supuestas violaciones del derecho a la vida, la patria potestad y la libertad de conciencia de los médicos.

¿En qué ha cambiado la ley? Básicamente en la implantación de derecho durante las primeras 14 semanas de lo que antes estaba implantado de hecho sin plazo alguno: el llamado aborto libre. Ahora ya se puede interrumpir voluntariamente un embarazo en las primeras 14 semanas sin necesidad de justificarlo. Y antes se podía interrumpir en cualquier momento apelando a la salud psíquica de la madre. Por ese coladero se implantó de hecho el aborto libre. Eso sí, ajustado formalmente a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 53/85 que considera al no nacido “un bien jurídico”, que “debe ser protegido por el Estado, aunque no sea titular del derecho fundamental a la vida” (fundamento jurídico número 7 de la sentencia). Sin embargo, la sentencia conjuga todo eso con los derechos de la mujer, frente a los que no puede prevalecer incondicionalmente la protección de la vida del nasciturus.

La última palabra del Tribunal Constitucional sobre el modo de conciliar el fuero de la mujer con el fuero del nasciturus consistió en ponderarlo “en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos” (fundamento jurídico número 9 de la sentencia). Y así fue cómo se llegó a la situación de aborto libre y sin plazos, mediante una ley restrictiva en teoría (los famosos tres supuestos de antes) pero totalmente permisiva en la práctica”, como ha dicho el nada sospechoso José Luis Requero. Pero entonces el PP, en el Gobierno, no dijo ni una palabra.

El Confidencial - Opinión

Estatuto. Caamaño cuenta palabras. Por Cristina Losada

Alegrémonos, ya que el ministro acaba de dar libertad a los gallegos para expresar sus sentimientos en el preámbulo de un nuevo Estatuto. Si es cuestión sentimental, tenemos la morriña identitaria.

El currículo del ministro Caamaño nos lo presenta como doctor en Derecho, pero hasta ahora desconocíamos que su habilidad jurídica es del mismo tenor que la de aquellos empleados de Correos que contaban las palabras de un telegrama. La tecnología ha puesto esa tarea al alcance de cualquiera que disponga de ordenador y sabemos que el ministro tiene uno, por lo menos. Así, cuando salió el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, don Francisco no tuvo que realizar mayor esfuerzo que acudir al contador de palabras a fin de hacerse con una valoración científica. Contando palabras como quien cuenta calorías, calculó que el texto era constitucional en un 99 por ciento. De 39.000 palabras aprobadas por las Cortes, sólo 350 habían merecido algún reproche, se ufanaba.

Con esa capacidad innovadora que ha demostrado el titular de Justicia a la hora de evaluar leyes y sentencias, parece increíble que no obtuviera la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, cuando se postuló para la plaza. Fueron más sensibles a sus destrezas en la de Valencia. Y fue también sensible, cómo no, Zapatero. Le designó para cepillar al Estatut de cierta cantidad de palabras, contenidas, tal vez, en los 47 folios que ocupan las 62 enmiendas que el grupo parlamentario socialista, Montilla incluido, presentó al texto evacuado por el parlamento de Cataluña.

Caamaño, sin embargo, no sólo es perito en el arte del recuento y se ha atrevido con una interpretación cualitativa de la sentencia. El núcleo de su tesis es que el TC ha dictaminado que no cabe en la Constitución la "visión aznariana" de España. Díganos entonces el ministro cuál era la "visión" a la que respondía el anterior Estatuto catalán, porque nos tememos lo peor. Y es que se deduce de su cogitación, que hasta el instante germinal de este nuevo Estatuto, vivíamos dentro de la visión de España de Aznar –incluso cuando no gobernaba– y fuera de la Constitución. De hacerle caso a Caamaño, tampoco la "visión felipista" de España cabía en la Carta Magna.

Alegrémonos, no obstante, ya que el ministro acaba de dar libertad a los gallegos para expresar sus sentimientos en el preámbulo de un nuevo Estatuto. Si es cuestión sentimental, tenemos la morriña identitaria. Si se trata de definirse, podemos hacerlo como nos dé la real gana. La "nazón de Breogán" que los socialistas proponen, aconsejados por el finísimo Caamaño, es una intolerable limitación a la fantasía galaica. Total, sólo serán palabras.

Libertad Digital - Opinión

Retorno al pujolismo. Por Ignacio Camacho

Zapatero le ofrece el caramelo a Montilla, pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se coma la golosina.

CUANDO emprendió su incontrolable juego de aprendiz de brujo con el Estatuto de Cataluña, Zapatero buscaba una alianza de poder que le permitiese asentar su ventaja electoral en Cataluña a costa de reformar de tapadillo una Constitución en la que no cree porque la considera una reliquia de un tiempo superado. En ésas sigue después de varios años de enredos cada vez más pertinaces, dispuesto ahora a lograr por la vía de las leyes orgánicas estatales lo que el Tribunal Constitucional le ha vetado hacer a través de una norma de rango autonómico aunque de corte confederalista. La pregunta que queda en el aire es si para ese viaje de ida y vuelta se necesitaban las cargantes alforjas de una reforma estatutaria, que ha complicado de manera sensible una cuestión tan delicada y antigua como el encaje catalán, que ya Ortega consideraba en 1932 imposible de solventar más que a través de una relativa «conllevancia».

La estrategia de concesiones competenciales continuas sin tocar el Estatuto de Sau la desarrolló con habilidad Jordi Pujol en sucesivos pactos con González primero y con Aznar después. Fue Zapatero el que, subido en su frívola carroza de irresponsabilidad, otorgó al proyecto delirante de Maragall unas alas que luego hubo de cortar de mala manera porque había propiciado una escalada soberanista que se le escapaba de las manos. Su intención era mantenerse en el poder a través de un pacto que asentase el tripartito en Cataluña y proporcionase al PSOE los escaños necesarios para consolidar una ventaja electoral decisiva. Pero la torpeza de Montilla, la incompetencia del Gobierno en la crisis económica y la sentencia del TC han reventado ese statu quo y propiciado una crecida del nacionalismo convergente al que también engañó ZP cuando se trajinó a Artur Mas en el pacto del tabaco. Mas se perfila al fin como nuevo presidente de la Generalitat y está al caer un nuevo chivo expiatorio: la cabeza de Montilla pende de un débil hilo que el Maquiavelo de León cortará en cuanto le convenga para volver a los acuerdos que satisfagan la reclamación nacionalista a cambio de apuntalar la precaria mayoría del PSOE hasta el final de la legislatura.

Eso es lo que hay detrás de la promesa presidencial de desarrollar mediante leyes orgánicas los aspectos del Estatuto revocados por el TC. Zapatero le ofrece el caramelo compensatorio al rebotado Montilla pero está mirando de reojo a Mas, que será el que se acabe comiendo la golosina. Sólo que Mas ya se dejó engañar una vez y como ahora no se fía mantiene la posibilidad de entenderse con Rajoy en la recámara. Al final, después de tantas vueltas, tantos experimentos y tantas traiciones, todo vuelve al principio: el egoísmo nacionalista en el eje de la estabilidad del Estado. Pero sin Pujol y con ZP, menuda diferencia.

ABC - Opinión

Más firmeza con Cuba

Miguel Ángel Moratinos viaja por tercera vez a Cuba en un momento especialmente delicado, con el disidente Fariñas en estado agonizante tras más de cuatro meses en huelga de hambre ante la indiferencia de la dictadura castrista. El titular de Exteriores ha manifestado que no piensa visitar a Fariñas y también ha confirmado que no va a tener contacto alguno con los representantes de la disidencia. Moratinos se escuda en que no quiere ninguna, así lo ha definido, «foto de oportunidad», cuando lo cierto es que sería una instantánea que reflejaría el apoyo y el compromiso, aunque no se esté de acuerdo con los métodos, del Gobierno español con la defensa de los derechos humanos en la isla. Quizá la razón última de esta negativa a reunirse con la disidencia se corresponda al deseo del Gobierno socialista de no «molestar» al régimen castrista, siguiendo así con esa postura condescendiente y tibia que, por ahora, ha dado unos resultados que, siendo amables, sólo se pueden calificar como pobres.

Moratinos dijo ayer que «tengo otros objetivos en mi estancia en Cuba». Éstos –y cabe subrayar que son estimables y no merecen, a priori, una reprobación– pasan por apoyar las gestiones que ha emprendido la Iglesia Católica con el Gobierno cubano. En el último mes, la Iglesia católica se ha apuntado un logro nada baladí, ya que la dictadura castrista ha accedido a liberar a dos disidentes, Ariel Sigler y Darsi Ferrer, y también ha aprobado el acercamiento de una docena de presos políticos a las cárceles más cercanas a sus lugares de origen. Bienvenidas sean estas acciones, pero sin duda tienen un cortísimo alcance. El Gobierno español va a hacer lo que debe: apoyar a la Iglesia católica en su diálogo y sus negociaciones con el régimen pero no debe olvidar que, con esta iniciativa, también se le está dando un balón de oxígeno a la dictadura. Ésta, a cambio de excarcelar a algunos presos de manera simbólica, maquilla también su nula predisposición a encarar reformas de más calado y verdaderamente relevantes para sus ciudadanos.

Poco cabe esperar de este viaje de Moratinos a Cuba. Ni a corto plazo ni a medio plazo. El ministro comete un error al no entrevistarse en la Embajada española con los disidentes. Discretamente si se quiere, pero sus opiniones también merecen ser consideradas y ponderadas. Menospreciarlos como interlocutores es deslegitimarlos aún más frente a la dictadura castrista. Puede que se pierda otra oportunidad para ser más firmes y contundentes en la defensa de los derechos humanos en la isla en la que tan pocos, por no decir nulos, avances ha habido en estos últimos años. La estrategia de suavizar la presión contra el régimen con la esperanza de que éste emprenda las reformas deseables es un fracaso. Es verdad que se está ante una situación compleja que exige prudencia, pero no se puede ir a Cuba con unas objetivos bajo mínimos y sí con un discurso claro y rotundo de defensa de las libertades. El resto, es hacerle el juego al régimen para que siga perpetuándose a costa de la represión de miles de cubanos.

La Razón - Editorial

El Constitucional no puede llegar tarde de nuevo

Es imperativo que el TC paralice de inmediato la aplicación de la ley porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.

absoluta de debate, acaba de entrar en vigor una de las leyes más polémicas, innecesarias e inmorales del Gobierno Zapatero. Un Gobierno que ya va por su segunda legislatura y cuya marca de fábrica es impulsar multitud de iniciativas radicales, aprobadas a golpe de decreto y con medio país en contra. Es la otra cara de ese talante del que Zapatero presumía poco después de llegar al poder, una cara amarga que coloca al socialismo dirigente frente al espejo, retratándole certeramente como déspotas iluminados que gobiernan para una minoría radicalizada y para satisfacer sus instintos de ingenieros sociales.

La del aborto, redactada por las feministas al servicio de Zapatero, es una ley más que discutible desde el punto de vista moral y de la fría perspectiva jurídica. El aborto no debe nunca ser un método anticonceptivo, ni una solución de urgencia para parchear una irresponsabilidad cometida por adultos en uso pleno de sus facultades. Tampoco debe ponerse al alcance de las menores de edad ni fomentarse desde el poder como una presunta liberación para las mujeres. La ley que entró en vigor ayer consagra todo lo anterior y lo hace violentando los principios jurídicos que, hasta el momento, han fundamentado todas las cuestiones relativas al aborto.

El aborto no es un derecho, no puede serlo porque eso implicaría entregar todos los derechos a la madre retirándoselos al nasciturus, y la vida de éste está protegida por el Tribunal Constitucional desde hace más de veinte años. O, al menos lo estaba, porque seguimos a la espera de que este mismo tribunal se manifieste sobre los recursos a la ley que han interpuesto desde diversas instancias. Lo que no sea alcanza a entender es por qué el alto Tribunal no ha suspendido cautelarmente la entrada en vigor de la ley hasta que disponga de un veredicto final al respecto. Es imperativo que el TC paralice de inmediato su aplicación porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.

En este estado de cosas es comprensible que la Región de Murcia haya decidido esperar por su cuenta a que el Constitucional se pronuncie. Comprensible pero desaconsejable. La autonomía murciana carece de competencias para desobedecer una ley por mucho que la razón y el sentido común le amparen. No se puede reclamar el cumplimiento de la legalidad a la vez que se violenta la aplicación de una ley, por muy injusta o inmoral que nos pueda parecer. Sienta un precedente demasiado parecido al de Montilla que pide que se cumpla es Estatut advirtiendo que va a incumplir lo que dice el Constitucional. La ley no se sirve a la carta, ha de ser la misma para todos o se transforma el papel mojado.

Libertad Digital - Editorial

La peor ley posible

La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista y explica la falta de escrúpulos del Gobierno socialista.

LA ley que implanta en España el aborto libre entró ayer en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si la suspende cautelarmente, como ha pedido el PP en su recurso y como aconseja el sentido común. Las cuestiones jurídicas están, por tanto, planteadas en la sede que corresponde —al margen de la decisión de varias comunidades gobernadas por el PP de obstaculizar la aplicación de una norma que consagra y legitima el asesinato—, porque el aborto libre es, ante todo, una vulneración del derecho constitucional a la vida. Pero sea cual sea la resolución que dicte el TC, esta ley representa un punto de inflexión para la sociedad, en un sentido regresivo y empobrecedor de sus valores. Todos los análisis morales y éticos sobre esta ley, sean a favor o en contra, no deben confundir sobre cuál es el problema de fondo: la banalización de la muerte de un ser humano. Cuando la ministra de Igualdad dijo que no hay base científica para considerar humano a un feto de catorce semanas, asumió el coste de pasar a la historia de la necedad con tal de lanzar el mensaje clave de esta ley, que es la deshumanización del feto. A partir de esta premisa, la eliminación de una «cosa» no humana no debe tener mayor reproche legal ni moral. Sin embargo, la base científica y la simple experiencia cotidiana demuestran que lo que una mujer concibe sólo puede ser un ser humano. La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista, pero explica la falta de escrúpulos con los que este Gobierno se vanagloria de introducir en la sociedad la muerte legal de decenas de miles de seres humanos. Incluso la ministra Aído ha dado un paso más al defender el aborto como un método de planificación familiar para «evitar embarazos no deseados», cuando lo cierto es que el aborto no evita embarazos, sino que los elimina, y que todos los expertos desaconsejan emplear el aborto como método contraconcepctivo.

Esta nueva ley persevera también en la discriminación legal injusta de los enfermos, legitimando la muerte del feto de mala salud, supuesto con innegable sesgo depurador de la raza. Es, en definitiva, una ley de mala intención, que busca el debilitamiento de valores esenciales en toda sociedad, cuales son la vida y la maternidad, y que convierte al Estado en un promotor de abortos, en vez de dar prioridad a la conservación de la vida humana y a una solución positiva de los conflictos que provocan los embarazos no deseados, que es lo que cabe esperar de una sociedad que presume de moderna, asistencial y solidaria.

ABC - Editorial

Estatut. La bravata del fanfarrón. Por Emilio Campmany

Incluso en el improbable supuesto de que el PSOE promoviera la sustitución de Zapatero, su primer salvavidas sería CiU.

Los políticos de Cataluña que son nacionalistas, que lo son casi todos los que allí pacen, se han tomado muy mal la sentencia del estatuto. Habrían denostado cualquier sentencia, incluso una que hubiera dicho que el estatuto es constitucional, porque lo que niegan es la legitimidad de nadie para constreñir lo que el soberano pueblo de Cataluña haya refrendado. Sin embargo, el pueblo catalán no existe como titular de ninguna soberanía. Como tampoco existe el murciano o el gallego. Por eso, la Constitución entra en contradicción cuando, después de decir que la soberanía nacional reside en el pueblo español, regula la modificación de los estatutos de autonomía exigiendo un referéndum entre los electores "inscritos en los censos correspondientes". Los electores inscritos en los censos correspondientes no deberían tener nada que refrendar en una nación donde el único soberano es el pueblo español. En cualquier caso, de este resbalón del artículo 152.2 no puede deducirse que el pueblo catalán tenga constitucionalmente reconocida ninguna soberanía en conflicto con la del pueblo español.

Partiendo de estas premisas, no puede extrañar que los políticos nacionalistas se hayan vestido con la túnica de la cofradía de la santa indignación y hayan salido en procesión por todas las televisiones llevando con irritación la pesada cruz de ser español. El más divertido de ver ha sido Montilla, con ese mohín de niño contrariado que tan bien sabe poner cuando se le disgusta. Da risa verlo andar por el claustro del palacio de la plaza de San Jaime con paso corto y algo apresurado, el ceño y los labios fruncidos, negando con la cabeza y aparentando resolución a tomar la más grave de las decisiones.

Artur Mas, como no es tan teatral, se ha limitado a hacer lo que llevan treinta años haciendo los nacionalistas, amenazar al presidente del Gobierno con dejarle caer si se le ocurre volver a alabar la sentencia.

Pues bien, la amenaza no es más que una bravata. Ningún nacionalista, y menos aun Mas, va a dejar caer a Zapatero por la sencilla razón de que con ningún otro presidente podría el nacionalismo catalán estar mejor. No ya es que teman la llegada a la Moncloa de un PP que, después de todo, está más aguado que el vino que tiene Asunción. Es que en todo el PSOE no es posible encontrar un sustituto más dispuesto a inclinarse ante los nacionalismos como lo está Zapatero por naturaleza. Si encima se cae en que esa natural tendencia a satisfacer cualquier cosa que salga del Parlamento de Cataluña se ha convertido hoy en una necesidad de supervivencia, se concluye que es imposible que Mas vaya a abandonarlo a su suerte. Incluso en el improbable supuesto de que el PSOE promoviera su sustitución, el primer salvavidas de Zapatero sería CiU.

El oxígeno que el catalán administró al moribundo absteniéndose en la convalidación del decretazo contra pensionistas y funcionarios no estuvo motivado por ningún interés general, sino por la conveniencia de conservar con vida al presidente para extraerle tantas concesiones como su necesidad de apoyos permitan a partir del momento en que CiU vuelva a pisar moqueta después de las catalanas de este otoño. Sus amenazas contra Zapatero no se las cree nadie. Bueno, a lo mejor, se las creen en el PP, donde se fantasea con entrar en el gobierno de CiU. Algún día escarmentarán.

Libertad Digital - Opinión

La tercera vía de ZP. Por César Alonso de los Ríos

Se impone un modelo confederal al tiempo que se ridiculiza a quienes denuncian la ruptura del modelo autonómico.

«Objetivo cumplido» dijo Zapatero, y añadió que nunca en la historia de España se habían atendido tanto las exigencias de autogobierno de Cataluña como en el Estatut . Pero ¿por qué utilizó unos términos tan grandilocuentes cuando lo relevante del fallo del TC eran los recortes? Porque se darán nuevas leyes que vendrán a reparar las lesiones infligidas a éste. En definitiva, se entrará en las cuestiones más graves por la puerta de atrás. Como en la unidad de jurisdicciones. Lo que no tendrá arreglo es el problema de las lenguas. La negación del carácter «preferente» al catalán no devolverá al castellano la condición «vehicular» en la enseñanza. Que es lo que importa. Así que una nueva legislación vendrá a anular los «desmanes» producidos por el TC, y así se sigue en la línea del tratamiento que viene mereciendo nuestra Constitución desde el primer día. La introducción del término «nacionalidades» y la indefinición del Estado permitieron pensar a los nacionalistas que aquella respondía a un «pacto» implícito en relación con una fórmula a largo plazo confederal. De hecho han actuado siempre en esa línea.

En la realidad se pisotea la Constitución y se critica a quienes lo denuncian. Es un comportamiento hipócrita especialmente repugnante por cuanto se trata de un hecho colectivo. Se impone un modelo confederal al tiempo que se ridiculiza a quienes denuncian la ruptura del modelo autonómico. Pero ¿acaso no fue el propio ZP el que defendió la revisión de los Estatutos como paso obligado hacia un sistema confederal? A pesar de ello tanto para los socialistas como para los populares la Constitución ha salido reforzada con el fallo del TC, y el ministro de Justicia proclama que se afirma «la unidad en la diversidad». ¿No habrá querido decir «unidad en la desigualdad»?

ABC - Opinión

Estatut. Fouché Montilla. Por José García Domínguez

De ahí los esforzados malabarismos de la prensa del Movimiento a fin de ocultar al común las sesenta y dos enmiendas al Estatut que promovió un tal Montilla, por entonces ministro de Industria del Reino de España.

Al modo de cualquier piquetero bolivariano de los arrabales de Caracas, la máxima autoridad del Estado en Cataluña acaba de llamar a la réplica callejera contra una sentencia firme emitida por el supremo tribunal de la nación. Atrabiliario desafío al orden legal que comienza a ser tradición en la plaza. Y es que ni siquiera hay que remontarse a Macià y Companys para dar con antecedentes de un proceder parejo. Repárese en que otro presidente de los nacionalistas ya invocó a la masa con tal de eludir determinados preceptos del Plan General de Contabilidad Financiera en las calzadas de Barcelona. Y con gran éxito de crítica y público, por cierto. Al punto de que alguno de esos españoles profesionales que pululan por la Villa y Corte le procuraría el título de ídem del año.

Así, por mor de un interés mercantil estrictamente privado, Jordi Pujol alzaría la señera contra las acongojadas puñetas de los jueces. Un afán comercial no muy distinto al que ahora impulsa a su igual a tomar de nuevo las aceras en nombre de la patria y el patrimonio, conceptos siempre inextricables a esta orilla del Ebro. Mas nadie se llame a engaño: el airado catalanismo de don José es tan sincero y profundo como el sentimiento republicano de aquel Fouché que votó la guillotina para Luis XVI antes de traicionar a Robespierre, venderse más tarde a Napoleón, y terminar como jefe de la policía de los Borbones, una vez aposentados de nuevo en el trono de Francia.

De ahí los esforzados malabarismos de la prensa del Movimiento a fin de ocultar al común las sesenta y dos enmiendas al Estatut que promovió un tal Montilla, por entonces ministro de Industria del Reino de España. Esquizoides objeciones del PSC en Madrid al proyecto remitido por el PSC desde Barcelona, como cierto alegato firmado por el actual Muy Honorableque, lacónico, rezaba: "Creemos que el término nación aplicado en el articulado no es compatible con el artículo 1.2 de la Constitución". U otros donde el mismo maulet proponía anular el carácter "preferente" del catalán, amén de la bilateralidad y la secesión del poder judicial. Ya sabe, pues, don José contra quien debe gritar sus consignas en la manifestación: contra Montilla.

Libertad Digital - Opinión

El cabreo de la izquierda. Por José María Carrascal

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas.

SI ustedes creen que los madrileños están cabreados, no saben cómo está el resto de los españoles. Me he tragado mil y pico de kilómetros hasta uno de los extremos de la Península y por todas partes no he encontrado más que indisimulada indignación, solo suspendida durante los partidos del Mundial. Lo más curioso es que se trata de una cólera que no distingue de sexos, de edades, de estatus económico, de niveles culturales, de regiones ni, esto es lo más gordo, de filiaciones políticas. No he visto ni oído a nadie alabar al gobierno, e incluso los socialistas de toda la vida, aquellos amigos que ya en la adolescencia eran de izquierda, no se atreven a defenderle, notándose en ellos una furia sorda, una rabia contenida, una desazón personal, que nada tiene que envidiar a la de los conservadores declarados, mucho menos imaginativos, que se limitan a llamar a Zapatero «marxista-leninista» y algún otro adjetivo personal impublicable.

Esto es nuevo. El presidente del Gobierno ha conseguido no ya desilusionar, sino irritar a la izquierda más genuina, que nunca votaría derecha e incluso es posible vuelva a votarle, pero será tapándose las narices y no mirándose al espejo en unos cuantos días. He tenido ocasión de charlar con algunos de ellos, aunque prefieren obviar el tema y si bien manejan los argumentos más simples como escudo —la nula colaboración del PP en una emergencia nacional, las culpas del neoliberalismo desbordado en la crisis—, en cuanto uno escarba, se da cuenta de que al fondo hay un cabreo enorme por haber sido estafados. Zapatero les ha traicionado, les ha embaucado, les ha hecho hacer el ridículo, que es lo que menos aguanta un español de izquierdas, derechas o de centro, si hay alguno de centro.

Zapatero ha demostrado de la forma más palpable que lo del socialismo-social es un cuento, que la izquierda no tiene fórmulas para cuando vienen mal dadas, que lo único que sabe hacer es derrochar el dinero acumulado por la derecha, hacer nuevos ricos al amparo del gobierno, convertir la cultura en un pesebre, crear una generación de ignorantes y despreocuparse de los trabajadores que verdaderamente lo necesitan: aquellos con empleo temporal o en paro. Esas son las vergüenzas de Zapatero que la crisis ha dejado al descubierto, eso es lo que pone roja de ira a la izquierda, que aprieta los dientes y arroja venablos envenenados contra todo y contra todos en tertulias de café y de la radio, en periódicos de la capital y de provincias, conteniéndose, eso sí, en el último segundo para no pedir su dimisión. Y es que la izquierda de hoy es todavía más hipócrita que la derecha de ayer.

ABC - Opinión

Sócrates envenena el mercado

La semana que comiezan se presenta como decisiva para que se desbloquee la accidentada venta a Telefónica de Vivo, una de las principales empresas de telefonía móvil de Brasil, con más de 50 millones de clientes. El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse este jueves sobre el insólito veto impuesto a la operación por el Gobierno de Portugal, que preside el socialista José Sócrates, al utilizar la obsoleta e ilegal «acción de oro» en contra de la decisión que adoptó el 73,9% del accionariado. La operación de compraventa fue planteada hace varias semanas por la compañía española a Portugal Telecom (PT), copropietaria al 50% de Vivo. Desde entonces, ambas empresas han mantenido un tira y afloja por la valoración y Telefónica fue subiendo su oferta desde los 5.700 millones iniciales hasta los 7.150 que puso encima de la mesa horas antes de que la junta general de accionistas de PT se reuniera para votar la operación. Todo se desarrollaba dentro de los habituales cauces legales y mercantiles, como corresponde a dos grandes compañías, y se habría culminado una compraventa muy beneficiosa para ambas partes si no se hubiera entrometido inesperadamente el Gobierno portugués. Por motivos que todavía no ha explicado de modo convincente, pues se ha escudado en la manoseada excusa de «los intereses nacionales», el primer ministro Sócrates decidió oponerse a la voluntad mayoritaria de los accionistas de PT y emplear la llamada «acción de oro», un mecanismo de veto que la UE ha declarado ilegal, pero que subsiste de manera residual aunque ya nadie la utilice. El revuelo causado por esta invasión gubernamental llegó hasta el corazón de Bruselas e incluso los medios de comunicación lusos la calificaron de «extorsión» y de «indecencia propia de un país subdesarrollado». Si los mecanismos comunitarios responden como es debido y estiman los recursos interpuestos por Telefónica, la compraventa de Vivo llegará a buen puerto, por más que el Gobierno intervencionista de Sócrates se empeñe en ponerle puertas al campo o en romper la baraja con la que se juega en Europa. Pero este lamentable episodio ha puesto de relieve que la unidad de mercado en la UE tropieza demasiado a menudo con la arbitrariedad y prepotencia de ciertos gobernantes, que suelen utilizar a compañías connacionales para sus estrategias políticas, casi siempre contrarias al libre mercado. Además, el veto de Sócrates envenena las relaciones con España al establecer un precedente del que nada bueno se puede derivar para ambas naciones. Hasta ahora, el Gobierno de Zapatero ha mantenido una prudente distancia, sintetizada en una declaración del ministro de Industria de que se trataba de «una decisión soberana» de Portugal. Sería deseable que, aun contando con que el Tribunal de Luxemburgo dé la razón a Telefónica, Sócrates recondujera la situación creada y devolviera las aguas del libre comercio a su cauce antes de que los daños sean irreversibles. En la Europa comunitaria no hay impunidad para quienes rompen las reglas del juego y Portugal no está, precisamente, en la mejor de las posiciones para tales audacias irresponsables.

La Razón - Editorial

Los silencios cómplices de Rajoy y Zapatero

La oposición a la marcha nacionalista resulta imprescindible, porque la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han tratado, cada uno a su manera, de pasar página una vez hecho público el fallo del Estatut. Ambos abogan por "mirar al futuro" y tratan de aparentar que con la sentencia del Constitucional el estado de las autonomías queda plenamente normalizado y estabilizado. A Zapatero le interesa desviar la atención de un texto que él mismo promovió a sabiendas de que era claramente inconstitucional en la gran mayoría de su articulado. Rajoy, más interesado en llegar al poder a lomos de los nacionalistas que en preservar la democracia, trata de hacernos olvidar las cinco millones de firmas contra el Estatut que recogió por todos los rincones de España.

Y, sin embargo, si algo no ha logrado el fallo del Constitucional ha sido calmar los ánimos de aquellos a quienes se quiso contentar con el Estatut primero y con una absurda sentencia después. Los nacionalistas de todos los partidos, incluyendo esa sucursal catalana del PSOE que es el PSC de Montilla y Chacón, han convocado una manifestación para el próximo sábado no ya contra el Constitucional, sino contra la legitimidad misma que tiene el soberano pueblo español para retocar cualquier texto aprobado por el parlamento catalán. Es decir, el objeto de la marcha del 10 de julio no es el de exhibir las discrepancias de tipo jurídico sobre la sentencia, como muchos ingenuos quieren pensar, sino socavar la mismísima soberanía del pueblo español. De ahí que Montilla llame a los catalanes a "envolverse en la señera", transformando los símbolos regionales de Cataluña en todo un ariete contra las instituciones políticas de España.

Teniendo en cuenta que no sólo las Cortes y el Gobierno de España o el parlamento y el gobierno catalán, sino también todo el régimen jurídico que supuestamente garantiza los derechos y libertades de los españoles, dependen de la Constitución del 78 que, a su vez, se funda sobre la soberanía nacional, sería deseable y exigible que Zapatero y Rajoy defendieran con más ahínco la legalidad vigente frente a la deriva insurreccional en la que ha caído la mayor parte de la casta política catalana. Hasta la fecha, PP y PSOE evitan hacer cualquier referencia a la marcha nacionalista, como si lo que pasara en Cataluña formara parte del folclore regional.

Sin embargo, la condena y oposición a la misma resultan imprescindibles porque, como decimos, la nación española es algo más que el colectivo al que pueden adscribirse éxitos deportivos: es la base de nuestras libertades. Los liberales de Cádiz lo tenían bien claro ya en 1812 y así lo plasmaron en el artículo 3 de nuestra primera constitución: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

Permitir que un grupo de presión organizado, como son los nacionalistas, trocee y rehaga a su gusto esa Nación es permitirles que nos impongan las leyes que les plazcan; es, en contra de lo que establecía el artículo 2 de la Pepa, convertir la Nación y nuestras libertades en el patrimonio de una casta.

PSOE y PP están obligados a defender a la soberanía nacional de cualquier banda que pretenda subyugarla. El problema es que muy probablemente Zapatero y Rajoy son, junto a los nacionalistas, los primeros interesados en subvertir y patrimonializar el orden constitucional. La limitación del poder les incomoda. Es mucho más fácil negociar y entenderse con los señores feudales de las regiones de España que rendir cuentas ante el pueblo soberano. Zapatero así lo viene demostrando desde 2004 y Rajoy parece que comprendió la lección cuatro años después.

Libertad Digital - Editorial

El efecto dominó del Estatut

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico.

CUANDO se conozca el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, podrá valorarse su incidencia en la cadena de reformas estatutarias que puso en marcha el PSOE y en la que participó el Partido Popular de manera decisiva allí donde los socialistas no antepusieron sus pactos con los nacionalistas. Aquella oleada de reformas de estatutos fue forzada por la necesidad del PSOE de dar cobertura a la del catalán, lo que puso al Estado autonómico en una carrera de agravios, como se ha visto, por ejemplo, en relación con el agua. La participación del PP en esas reformas, criticada por algunos sectores, fue un ejercicio de pragmatismo que evitó su marginación de unos procesos legislativos que, en todo caso, iban a producirse. En la encuesta que ha realizado ABC entre diversos presidentes autonómicos, es unánime la opinión de que el Estado de las Autonomías se ha reforzado en el sentido previsto por la Constitución, es decir, como organización territorial del Estado español y sobre la base de la unidad de la nación española. Y, en general, la encuesta denota alivio político por el reequilibrio impuesto por el TC al recortar el Estatuto catalán. La falta de conocimiento de la sentencia del TC impide mayores concreciones a los presidentes encuestados, pero entre los del PP hay un claro respaldo al recurso presentado por su partido, que lo consideran justificado por el hecho de que haya más de cuarenta artículos del Estatuto catalán afectados por la resolución. Incluso, como destaca el presidente valenciano, Francisco Camps, quedan aún pendientes otros recursos que pueden aportar más precisiones a la sentencia del Estatuto. La Comunidad Valenciana ha impugnado este Estatuto por sus previsiones sobre el agua y el régimen de financiación autonómica, asuntos que, para muchos españoles, fueron despachados en el Estatuto catalán con criterios privilegiados y discriminatorios.

La sentencia del TC también condicionará futuras reformas estatutarias, porque marca los límites constitucionales del desarrollo autonómico. Uno de los Estatutos que no pudo ser reformado en la anterior legislatura fue el gallego, por el empeño del gobierno social-nacionalista de Pérez Touriño de dar a Galicia el tratamiento de nación, cuestión que ya queda zanjada con la sentencia del TC al negar cualquier relevancia jurídica a la inclusión de este término para definir a una comunidad autónoma. Sin embargo, la reforma estatutaria no parece ser una prioridad inmediata del actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, quien, con buen criterio, prefiere centrarse en la superación de la crisis. Es evidente que la sentencia del TC ha reforzado el discurso nacional y homogéneo del PP, por más que la versión oficial del Gobierno hable puerilmente de «derrota» de los populares.

ABC - Editorial