Transparencia en las cárceles

Desde el Ministerio del Interior se ha asegurado estos días que la política antiterrorista acordada con el principal grupo de la oposición permanece inalterable, y que las informaciones y consultas sobre cualquier decisión son una norma habitual, así como las comunicaciones con los colectivos de víctimas del terrorismo. Es la palabra del Gobierno. El problema surge cuando algo chirría en este complejo mecano que funcionaba como un reloj hasta hace unos días.
La prudencia de las asociaciones de víctimas ha sido ejemplar a pesar de todas esas informaciones sobre acercamientos de terroristas sanguinarios supuestamente arrepentidos e incluso sobre permisos y alguna excarcelación de etarras también presuntamente alejados de la disciplina de la banda. Nada se puede objetar a las reacciones discretas y medidas de unas personas que han demostrado su responsabilidad, y que siempre han evitado la palabra gruesa o el titular comprometedor. Cuando la AVT denunció ayer que «se siente engañada» por el Gobierno porque nadie los informó en la reunión del miércoles con Instituciones Penitenciarias de que hace tres semanas se había trasladado a la pistolera Idoia López Riaño, «La Tigresa», condenada por 23 asesinatos, a la prisión de Nanclares de Oca (Álava), entendemos que algo ha fallado. Interior ha asegurado que la etarra no disfruta de beneficio alguno, que continúa en primer grado y que sigue cumpliendo la pena impuesta, y que por esas razones no se comunicó novedad alguna. Es una explicación que, sin embargo, excluye el acercamiento al País Vasco y el supuesto arrepentimiento de una de las terroristas más sanguinarias de la historia de ETA. Y esos sí son cambios que merecían información.

En cualquier caso, hay, efectivamente, una sensación de inquietud y desconcierto crecientes entre las víctimas que el Gobierno debe reconducir de inmediato con una comunicación más fluida y transparente con las asociaciones. Tampoco tranquiliza que los sindicatos policiales hablen de «arrepentimiento interesado» de los terroristas. El Ministerio del Interior asegura que los etarras acercados –porque ésa es su condición y no otra, y como tales asesinaron, secuestraron o extorsionaron– se han arrepentido, han pedido perdón y han comenzado a cumplir con las indemnizaciones que tienen pendientes, pero el caso es que las incertidumbres rodean y condicionan ese acto colectivo de contrición, del que las principales afectadas, las víctimas del terrorismo, tampoco saben nada. Es cierto que el Ministerio mantiene un contacto fluido con el PP, lo que nos parece imprescindible, pero, a la vista de los resultados, es evidente que es preciso revisar las comunicaciones con las asociaciones de afectados.

Un objetivo de la pena es la recuperación del individuo, pero otros no menores son aportar seguridad y tranquilidad a la sociedad. El Gobierno dispone de información suficiente sobre lo que ocurre en la banda y en el colectivo de presos, y seguro que persigue que la derrota del terrorismo se produzca cuanto antes. Es nuestra obligación recordar que movimientos penitenciarios similares en otras épocas dieron resultados frustrantes, aunque deseamos que esta vez se acierte con una política arriesgada.

La Razón - Editorial

A mitad de camino

La reforma laboral aprobada ayer se aleja de la prometida renovación en el mercado de trabajo.

El texto del proyecto de reforma laboral que ayer aprobó la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso apenas mejora la redacción inicial que presentó el Gobierno. Es cierto que el PSOE y el PNV pactaron a última hora una enmienda que precisa las causas económicas del despido, de forma que aquellos con indemnización de 20 días podrán tramitarse cuando la empresa prevea una disminución persistente de los ingresos que ponga en riesgo su viabilidad o una previsión fundada de pérdidas; pero, al margen de esta clarificación parcial, el proyecto de ley de reforma que se envía al Senado sigue sin decidirse por una eliminación total de la dualidad del mercado de trabajo (tan solo incentiva un poco más los contratos con 33 días de indemnización por despido) y no entra en el cambio legal de la negociación colectiva, que se emprenderá en los próximos seis meses.

No se puede decir que la reforma sea un fracaso, pero este no es el cambio en profundidad que se sugirió como el complemento laboral necesario para aprovechar la recuperación económica en ciernes. La política de incentivos de los contratos fijos con derecho a 33 días de indemnización es un avance sobre la legislación anterior, pero no cierra la brecha entre asalariados con contratos fijos con despidos caros y un gran número de contratos rotatorios, con despido barato.

El endurecimiento de las normas contra el absentismo está bien, pero es un problema secundario en relación con los dos mencionados; lo mismo cabe decir de la propuesta de CiU de vincular en el futuro la prestación por paro a las políticas de empleo. Hay mejoras evidentes en aspectos periféricos y pocas en los sustanciales.

Porque la realidad laboral en España es que, con una tasa de paro que ronda el 20%, las empresas no pueden cambiar, mediante una negociación, salarios por despido, de forma que estén en condiciones de despedir a menos trabajadores a cambio de reducir el salario. El viejo paradigma de que la negociación se aproxime a las empresas todavía es solo un deseo lejano en el mercado español y no son pocos los economistas que explican la destrucción de empleo en los últimos tres años como una causa directa de esta inflexibilidad.

La percepción política tampoco es buena. El proyecto apenas se salvó por la abstención de PNV y CiU. Es discutible que la reforma laboral fuese prioritaria, o, al menos, tan perentoria como la financiera o el plan de austeridad pública. A nadie le hubiera extrañado que se encauzara políticamente (una vez fracasada la negociación entre sindicatos y empresarios) con más calma, con las expectativas de recuperación un poco más claras y con criterios más firmes. Pero una vez que el Gobierno aceptó que la solvencia financiera española mejoraría con una reforma laboral, la peor decisión es dejarla a medio camino, entre la irritación creciente de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Si el texto aprobado ayer no se mejora, será una oportunidad gastada en balde.

El País - Editorial

La chapuza laboral, resumida en una coma

La reforma se elaboró desde el principio de forma chapucera y sin precisar los cambios, algo imprescindible en un país donde los jueces de lo social toman partido en contra de la empresa por defecto.

Buena parte de los errores que se cometen al regular el mercado de trabajo parten de la idea equivocada de que se puede lograr el pleno empleo a base de leyes, algo que sólo es alcanzable si se nacionaliza por completo la economía, como en los regímenes comunistas. Pero en esos casos, por mucho que todo el mundo tenga empleo, ni se trabaja ni se crea riqueza. Como se decía en la Unión Soviética, "ellos hacen como que nos pagan y nosotros como que trabajamos".

Sólo cuando las leyes favorecen la producción, básicamente quitando obstáculos, los empresarios serán más proclives a invertir capital para, entre otras cosas, contratar personal y poder pagarles mayores salarios. Desgraciadamente, muchos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores españoles se encuentran en la legislación laboral, que convierte una contratación en algo más parecido a un matrimonio para toda la vida que en la relación contractual y profesional que es. Las leyes españolas son las principales responsables de que muchas empresas hayan fracasado y muchos empleos se hayan destruido o no se hayan llegado siquiera a crear... aparte de la enorme extensión del mercado negro, al margen de la ley, los mal llamados "derechos sociales" y el pago de impuestos.

Cuando esto se tiene claro, no sólo se entiende la necesidad de una reforma laboral, sino también qué es más urgente reformar. Además, las resistencias al cambio ni siquiera se sostienen en sus propias excusas. Allí donde la ley pone menos trabas a que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo en los términos del contrato, según la lógica socialista, éstos deberían vivir presas del pánico ante su supuesta inseguridad laboral. Pero resulta que España es el país de la OCDE donde más miedo tienen los trabajadores a perder su empleo, porque precisamente por la nula flexibilidad del mercado laboral saben que tendrán muy difícil encontrar otro. De modo que impedir estos cambios no mejorará nuestra seguridad.

La reforma laboral que ha salido este jueves de la negociación entre el PSOE y los partidos nacionalistas prácticamente no toca –al menos por ahora– uno de los defectos principales de nuestra legislación: la obligación de obedecer a lo que decidan nuestros supuestos representantes sindicales y empresariales, que puede ser exactamente lo contrario a lo que necesitan las empresas y trabajadores reales, de carne y hueso. Es decir, los convenios colectivos. Pero sí apuntaba en otra dirección: la reducción del precio del despido por la vía de convertir en objetivos aquellos que se produzcan porque la empresa va mal y debe reducir personal.

El problema es que la reforma se elaboró desde el principio de forma chapucera y sin precisar los cambios, algo imprescindible en un país donde los jueces de lo social toman partido en contra de la empresa por defecto, llegando en algunos casos a declarar improcedentes despidos en los que había agresiones o insultos por parte del trabajador. Así, indicar cuándo se consideraba que un despido era objetivo por causas económicas resultaba esencial para que este cambio en la regulación tuviera alguna consecuencia práctica. Se habló de que bastaría con acreditar pérdidas o una caída en los beneficios. Pero al final no ha sido así.

La nueva propuesta menciona tras la negociación entre PSOE y PNV que el despido será objetivo si se acredita "la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". La inclusión de esa última coma llevará a que muchos jueces decidan interpretar que las pérdidas no afectan a la viabilidad de la empresa o no le impiden mantener el volumen de empleo, anulando en buena medida la utilidad práctica de esta norma.

Esta penúltima chapuza parece demostrar que nuestros políticos son incapaces de legislar de una forma mínimamente competente. Si esta reforma no es clara, no servirá de mucho. Esperamos, por tanto, que el Senado mejore un texto clave para salir del hoyo en el que está nuestra economía.

Libertad Digital - Editorial

Reforma laboral, tarde y mal

La nueva ley es un prodigio de ambigüedad, por contradictoria y confusa, pues ni siquiera despeja las dudas sobre las causas que justifican el despido objetivo.

EL PSOE sacó ayer adelante la reforma laboral en la Comisión del Congreso únicamente con sus votos y gracias a las abstenciones de los nacionalistas. Los socialistas solo consiguieron apoyos parciales para enmiendas transaccionales presentadas agónicamente, a última hora del debate. Ahora, el proyecto pasará directamente al Senado porque la comisión de la Cámara Baja tenía competencia legislativa plena. El resultado político de este trámite parlamentario es una nueva victoria pírrica de un Gobierno que, en tiempo de crisis, es incapaz de sumar votos a izquierda o derecha. Hasta ahora, Zapatero no ha conseguido un solo pacto político de envergadura en el Parlamento, salvo la reforma de las Cajas. En el caso de la reforma laboral, su fracaso es doble, porque tampoco logró el consenso entre los agentes sociales, coartada de estos dos últimos años para no entrar con responsabilidad y determinación en un problema que hoy tiene el nombre de más de cuatro millones y medio de parados. Y, sobre todo, porque ni ofrece soluciones para la estabilidad en el empleo ni mejores condiciones para la contratación. Es un prodigio de ambigüedad, por contradictoria y confusa. En absoluto es criticable que el Gobierno haya dado el paso de reformar el mercado laboral —esa reforma que se negaba a hacer sin consenso social—, pero sí que lo haya hecho con improvisación y sin agenda, como si la crisis del empleo en España lo hubiera sorprendido de la noche a la mañana. Un asunto tan grave como el despido por causas económicas, que sigue sin concretarse con claridad, no quedó cerrado hasta pocas horas antes de la votación, cercenando las posibilidades del debate y demostrando que el Gobierno no tenía un modelo claro de relaciones laborales.

Es lógico que un Gobierno que en tiempos de crisis se comporta sin un guión fiable no pueda recabar apoyos. Cuando esta reforma sea aprobada por el Senado y finalmente aparezca en el BOE, se habrá consumido buena parte del año, por lo que sus efectos empezarán a notarse —si es que se notan de forma significativa— en 2011. Por tanto, llegará tarde y mal. Todo por el absurdo empeño de Zapatero de supeditar su responsabilidad como gobernante a los acuerdos de los sindicatos y los empresarios, como si el sistema político español fuera una democracia orgánica. Además, la existencia de una reforma laboral no es motivo suficiente por sí sola para crear empleo. Las empresas contratarán trabajadores cuando se reactive la economía hasta niveles que lo hagan necesario. Hasta entonces, las futuras medidas laborales tendrán un efecto de estímulo mediatizado por el contexto de una crisis que sigue sin ser combatida con un plan integral de reformas estructurales.

ABC - Editorial

Feliz estabulación. Por Hermann Tertsch

Dóciles todos y con vocación de ganado de establo, el toro bravo y la lidia son para ellos una provocación.

«COMO si le hubieran clavado las banderillas a ellos: así han reaccionado los del sector protaurino», ha dicho la voz en off del telediario de las tres en TVE. Así anunciaba la buena nueva la principal televisión de Zapatero y de su patético «gepeto» Oliart. No pueden ocultar su felicidad y desde luego nada tiene que ver esta alegría con el toro de lidia, ese bellísimo animal que es previsible nuestros nietos o biznietos ya sólo puedan admirar en fotografías o películas. O en cuadros y viñetas como a los diplodocus. Se extinguirá el animal libre que vivía feliz en la dehesa durante sus cinco años de crecimiento y preparación para el rito final, su encuentro con el hombre que lo hizo posible, la culminación de una vida en unos momentos de intensa belleza, en el resplandor del instante que escenifica como nada el paso de la fuerza al más allá, la emoción milenaria y eterna, con toda la verdad de la muerte.

En realidad era lógico que esto sucediera y más que fuera en Cataluña. ¡Qué pinta ya allí una ceremonia de excelencia y gallardía, una liturgia de la verdad y una evocación del pálpito de lo sagrado! Lo que pintaría una reflexión de Hamlet o un lamento de Fausto en un programa televisivo de sobremesa. Lo decía como pocos hace unos días en este periódico el dramaturgo y actor Albert Boadella, uno de tantos huidos del terrible tedio que produce una sociedad roma, plana. Producto de treinta años de catetismo sentimental agro-nacional, adobado con la vocación totalitaria izquierdista, la picaresca omnipresente del 3 por ciento y los ladrones amantes de la ópera. Con la sardana como máxima expresión cultural.

Está claro que la vida animal ideal de nuestros héroes de ayer es del burro peludo o del cerdo estabulado, engordado a la carrera con pienso e inyección para la matanza y cosecha de butifarra. Aunque ambos tengan más carácter que los que asisten callados y dóciles a esta transformación de parte de España en un parque temático en el que todos pretenden comportarse como el poder o «Catalunya» demanda de ellos. El asno como icono y su mansedumbre como virtud suprema, revelan ese puritanismo tan sentimental como sórdido de quienes no quieren destacar y están dispuestos a aplastar a quien lo haga. Todos estabulados y felices bajo la señera y del manto de la arrogancia que los lleva a llamar casposos a los de fuera, a los otros, cuando la caspa de la ñoñería mentirosa les cubre hombros y cejas. Dóciles todos y con vocación de ganado de establo, el toro bravo y la lidia son para ellos una provocación. Y ante cualquier recuerdo de libertades pasadas, coraje individual o formas de vida ajenas a la superstición y la leyenda patria reaccionan con agresividad y fanatismo. Habrá quien piense que lo aquí escrito es agitación anticatalana. En absoluto. Creo que la estabulación voluntaria ha prendido en toda España. El mundo del toro ha demostrado la misma indolencia ante la agresión a su libertad como la sociedad española ante los 6 años de desmanes sufridos sin mayor queja. La estabulación continua. Cataluña es una vez más la vanguardia española.

ABC - Opinión

Irreconocible España. Por M. Martín Ferrand

Lo aprobado ayer en Cataluña es el afán diferencial que, por encima del separatismo, ilumina al nacionalismo.

FUE Alfonso Guerra quien dijo que, después de unos años de poder socialista, a España no la reconocería ni la madre que la parió; pero a quien, verdaderamente, correspondería una expresión tan sincera como poco académica es al ambiguo José Luis Rodríguez Zapatero. Tras su sexenio de Gobierno, España resulta irreconocible. No, como pretendía Guerra, por su grandeza y progreso, por su modernidad y riqueza; sino en función de su decadencia y pobreza, por el renacimiento de odios ya olvidados y en aras del disparate electorero.

Cuando Eugenio Noel, el pionero de los escritores antitaurinos en el primer tercio del XX, clamaba por la suspensión de la fiesta de los toros, se inspiraba, mitad por mitad, en la doctrina piadosa de su maestro, el cardenal belga Desiderio Mercier, y en el impulso regeneracionista de Joaquín Costa; pero no trataba de segregar o dividir, de enfrentar ni, mucho menos, marcar distancias entre dos porciones de España. Noel era un escritor a quien admiraban el muy taurino José Bergamín, Miguel de Unamuno o Ramón Gómez de la Serna; pero, ¿quién avala a los indocumentados en presencia?

Lo aprobado ayer en el Parlamento de Cataluña, la supresión de las corridas de toros en todo el territorio catalán, es algo distinto del antitaurinismo clásico. Es, como ya apuntaba en esta columna el pasado domingo, el afán diferencial que, por encima del separatismo, ilumina al nacionalismo del lugar. Y, peor que eso, es la instrumentalización que de ese sentimiento ha hecho, no se sabe muy bien para qué, el presidente Zapatero. Es más, si el líder socialista abundara en pundonor, antes de abandonar los ruidos mundanos para refugiarse en el silencio del Císter y hacer penitencia por su destrozo de España, firmaría una nota que, más o menos, dijera: «No se culpe a nadie del apagón taurino de Cataluña; he sido yo con mis manejos especulativos quien, primero, impulsé el innecesario nuevo Estatuty, después, a pachas con José Montilla y para disimular otros errores, organicé el alboroto antitaurino».

Lo que asusta es pensar, a la vista de los destrozos generados por Zapatero en la legislatura y media que lleva en La Moncloa, lo que puede llegar a hacer en la otra media que aún le resta. Cádiz, ciudad taurina donde las haya, no tiene plaza de toros y vuelca su afición en El Puerto de Santa María y en Jerez. Barcelona puede hacerlo en Zaragoza, que, además, es coso abrigadito, o en el sur de Francia; pero, ¿qué puede hacer una España empobrecida, poblada de parados y cuajada de subsidios, en la que aparece redivivo el odio hemipléjico que nos llevó al desastre?

ABC - Opinión

Golpe a la fiesta 'nacional' y bajonazo a las libertades. Por Antonio Casado

No hubo sorpresas. Una vez decretada la libertad de voto de los socialistas (37), rectificando la posición inicial de votar por disciplina de grupo contra la prohibición de los toros en Cataluña, José Montilla había creado las condiciones para seguir el ejemplo de Canarias (prohibidos desde 1991). Los antitaurinos del PSC se unieron a los antitaurinos de confesión nacionalista y salió una matemática contundente. El Parlament decide abolir las corridas de toros por mayoría absoluta: 68 votos a favor de la abolición desde el primero de enero de 2012.

La paradoja anda suelta en este asunto. Cataluña es ya un poco más diferente del resto de España al suprimir uno de los rasgos hasta ahora comunes. Sin embargo, lo ocurrido ayer en el Parlament es un hachazo a las diferencias entre las personas que viven en el territorio catalán. Ese es el resultado. Respecto a la fiesta de los toros, habrá uniformidad en Cataluña por la vía del prohibicionismo y pluralismo en el resto de España en el ejercicio de la tolerancia.

A saber. Unos se fijan en el arte del toreo, se quedan con los ojos en blanco ante unos muletazos de José Tomás y luego comentan la jugada. Otros sólo se fijan en el sufrimiento del toro e invocan los derechos de los animales. Es lo que hay. Y viva la diferencia. Sin imposiciones. Sin ahogar el derecho de los individuos a defender sus gustos y sin reclamar que prohíban los ajenos. A esta vida hemos venido a discrepar en base a nuestras diferencias. La horma soviética reventó hace mucho tiempo.

Devolver el golpe

La votación de ayer, calificada de histórica por los periodistas venidos de todo el mundo a levantar acta, es como ponerle un par de banderillas a la llamada fiesta “nacional” (solo puede referirse a España, según el Tribunal Constitucional), so pretexto más o menos forzado de combatir los malos tratos a los animales. Pero también es un bajonazo a la libertad de ser diferentes en base a los gustos de cada cual, siempre que éstos no sean impuestos a quienes no los comparten.

Ha hecho bien Mariano Rajoy en tomar ese ángulo de valoración en sus primeras declaraciones después de conocer el resultado de la votación. Pero hará mal si se embarca en iniciativas legislativas para que las corridas de toros sean declaradas “fiestas de interés general y cultural”, siguiendo la estela madrileña de Esperanza Aguirre. Implicar a los poderes públicos en una operación de esa naturaleza, a favor de las corridas de toros, sería tan indefendible como prohibirlas.

Si el PP quiere reprobar la prohibición, cuando se haga efectiva dentro de año y medio, que acuda al Tribunal Constitucional, a la luz de la reciente sentencia sobre el Estatut que, entre otras cosas, interpreta y fija los límites de las competencias “exclusivas” de la Generalitat en materia de cultura, espectáculos y actividades recreativas. Pero no piensa hacerlo. Y menos en vísperas de las elecciones autonómicas del otoño y después de haber hecho méritos, con su recurso contra el Estatut, para seguir arrastrando el sambenito de partido anticatalán.

Ya escribí ayer que el frenazo a las aspiraciones nacionales de Cataluña se haría sentir en la votación. No puede demostrarse la existencia de consignas en el mayoritario bloque de la centralidad (85 diputados), donde se dio libertad de voto. Pero es verosímil que muchos diputados hayan aprovechado la ocasión para devolver el golpe.

El Confidencial - Opinión

Toros. España como souvenir. Por Cristina Losada

Curiosamente, suscita mayor atención y controversia la represión de los toros en Cataluña que la que allí se dirige, desde tiempo ha, contra la lengua común. Así nos va.

En abril de 1991, la comunidad autónoma de Canarias prohibió las corridas de toros sin que los periódicos nacionales le dedicaran una línea al asunto. El promotor de la proscripción es hoy un diputado del Partido Popular que no se arrepiente de su iniciativa, aunque fallara en el propósito de acabar con las peleas de gallos, de gran arraigo en las islas. Nadie vio en aquella decisión un deseo de marcar distancias con el resto de España. Los toros no gozaban allí del favor popular, igual que ocurre en tantos otros lugares. En realidad, no era necesario prohibirlos, como tampoco era necesario hacerlo en Cataluña.

Siempre me ha parecido un espectáculo cruel, el de las corridas de toros. Mi sensibilidad, urbanita y ñoña, me impide disfrutar de los innegables valores estéticos asociados a la tauromaquia. Pero tengo la certeza de que el nacionalismo, el catalán como otros, no la rechaza por compasión hacia las reses, sino para dar cuerda a su cansina cantinela de que Cataluña no es España, como si España pudiera encerrarse en el cliché de toros y flamenco que con tanta gracia kitsch representan las figuritas de las tiendas de souvenirs; las de las Ramblas, sin ir más lejos. De ahí que esos antitaurinos sobrevenidos no estén por liquidar las tradiciones que consideran "propias", aunque entrañen maltrato a los animales. Quieren fabricar un "hecho diferencial" y ocultan toda una historia de afición taurina catalana.

Esa contumaz pretensión nacionalista pervierte la discusión sobre las corridas de toros, que tiene –la discusión– larga tradición en España. En todas las épocas ha habido partidarios y adversarios. Y los adversarios no eran, por serlo, menos españoles. Pero en torno a la catalana ha surgido, como contestación, otro reduccionismo identitario, que hace de los toros una cuestión de política nacional con mayúsculas. Por tradicional que sea, no es más que un espectáculo y no será por el declive de la afición taurina ni aun por su desaparición, que España vaya a dejar de ser España. Curiosamente, suscita mayor atención y controversia la represión de los toros en Cataluña que la que allí se dirige, desde tiempo ha, contra la lengua común. Así nos va. En cualquier caso, flaco favor nos hacen los prohibicionistas catalanes. La alianza de dos fanatismos no podía resultar en nada bueno.

Libertad Digital - Opinión

Rejón soberanista. Por Ignacio Camacho

El escrutinio es inequívoco: una vara de castigo soberanista en el morro de un toro simbólico llamado España.

POCAS cosas hay más españolas que la sectaria pasión de prohibir… salvo la pasión de prohibir los toros, que es tan antigua como la fiesta misma. En ese sentido, los soberanistas catalanes han incurrido con su abolición en pecado de lesa y típica españolidad al caer en el espeso vicio celtibérico de vetar a los demás todo aquello que no le gusta a uno; una de las grandes contradicciones del nacionalismo consiste en que comparte grandes rasgos emotivos con la España de la que se quiere alejar. Si algo enseña la historia de la polémica sobre la lidia es que los antitaurinos han sido siempre tipos más viscerales y castizos que los propios taurófilos: gente agitada, crispada, convulsa, pasional, dominada por una rancia convicción fundamentalista. Razones de más o de menos han tenido siempre unos y otros porque las corridas son un ritual tan atávico como subyugante, tan violento como heroico, tan cruel como sugestivo; pero el viejo debate no se ha sustanciado en la contemporaneidad hasta que no se ha impregnado del nuevo componente integrista que le suministra el soberanismo. Es decir, hasta que no se ha incluido en él el factor desequilibrante de las identidades excluyentes mediante una inyección de sesgo político.

La eterna controversia taurina no ha sido más que la máscara de una pantomima muy bien puesta en escena por el Parlamento catalán, que ha revestido el debate de impecable formalidad democrática. Pero basta observar el resultado de la votación para entender que el fondo de la cuestión no eran los toros en sí mismos, sino la condición cultural española del rito. Los votos a favor de la prohibición procedían todos del bloque soberanista, salvo tres socialistas que acaso hayan querido dejarse confundir por el disfraz intencional de la propuesta o bien se han alineado con el alma nacionalista de su partido en Cataluña. Se trata de un escrutinio inequívoco ante el que no cabe llamarse a engaño: la interdicción surge de una voluntad excluyente relacionada con el deseo de hacer visible una independencia metafórica, una separación virtual, un gesto de autodeterminación simbólica.

Sin ese componente de enfrentamiento identitario el asunto tendría un recorrido tan corto como el que van a tener las iniciativas prohibicionistas que surjan en el resto de España al amparo de la decisión catalana. La porfía antitaurina es un elemento más de la fiesta misma, y la mayoría de los españoles a los que no les gustan las corridas son más indiferentes que partidarios de proscribirlas porque la nuestra es ya una sociedad claramente antiautoritaria. El veto a la fiesta, con su carácter impositivo, con su rango de solemnidad política, constituye un acto explícito de afirmación soberanista. Es una vara de castigo clavada en el morro de un toro simbólico llamado España.

ABC - Opinión

La tumba de Zapatero no será la crisis, será Montilla. Por Federico Quevedo

Y no se imaginan lo que me alegra que eso sea así porque de alguna manera significará volver a poner las cosas en su sitio. Prácticamente toda la estrategia política de Rodríguez ha estado dirigida a consolidar el granero socialista catalán, que es el que le dio la victoria en 2004 -junto a Andalucía- y, sobre todo, en 2008 cuando el PP, pese a tener el mejor resultado electoral de su historia, no consiguió arrebatarle el poder porque en aquella circunscripción se produjo un resultado radicalmente distinto al del resto de España. Ese año, ni siquiera Andalucía hubiera salvado a Rodríguez de la derrota si no llega a ser por los 20 escaños de diferencia que se contabilizaron entre las cuatro provincias catalanas.

La Hoja de Ruta ya venía de atrás, del Pacto del Tinell y la conjura antidemocrática contra la derecha, y exigía la ruptura de los consensos de la Transición porque para poder consolidar ese granero de votos el socialismo necesitaba aliarse con el nacionalismo. El experimento se intentó trasladar a Galicia y País Vasco, pero con resultados mucho menos satisfactorios, cuando no totalmente contrarios a lo que se pretendía en ambos casos. Por eso todos los esfuerzos se centran en Cataluña, y de ahí la razón de todo lo que estamos viviendo y del hecho de que ayer el presidente del Gobierno y su partido miraran para otro lado mientras en el Parlamento Catalán se perpetraba una de las mayores afrentas a la libertad que se recuerden en este país desde tiempos del franquismo.

No les quepa ninguna duda: prohibir la fiesta de los toros es exactamente igual a la prohibición de hablar catalán que, según dicen los nacionalistas -yo no tengo comprobado que fuera así-, regía durante la dictadura. Lo que se hizo ayer en Cataluña fue instalar definitivamente un régimen fascista y prohibicionista, y eso es independiente de que haya gente que le gusten los toros más o menos, porque de lo que estamos hablando no es de una cuestión relativa al maltrato animal, sino que de lo que estamos hablando es de una cuestión que afecta, por un lado, a la libertad y, por otro, al conflicto que algunos quieren hacer valer entre Cataluña y el resto de España.

Atrapado en su propia trampa

Esto es lo que pasa cuando las cosas se llevan al extremo, que es lo que está haciendo Rodríguez para intentar salvar los muebles. Atrapado en la espiral de radicalismo en la que le ha metido el presidente catalán, José Montilla, ayer permitió que los diputados de su grupo parlamentario en el Parlamento regional votaran a favor de una ley prohibicionista de graves consecuencias, en primer lugar porque afrenta la libertad individual y colectiva, en segundo lugar porque busca el enfrentamiento civil y en tercer lugar porque supone un ataque sin precedentes a los usos y costumbres que nos son propios y que conforman nuestras señas de identidad como pueblo. La realidad es que la de ayer no fue una victoria de los defensores de los derechos de los animales, sino que fue una victoria del nacionalismo más radical que contó con la complacencia de Rodríguez Zapatero.

Porque, independientemente de la naturaleza jurídica que una al PSC con el PSOE, lo cierto es que forman parte de un mismo todo sobre el que manda, como secretario general, el presidente del Gobierno, luego éste tenía en su mano haber impuesto, de haber querido, una votación disciplinaria como la que impuso, por ejemplo, para la Ley del Aborto que, sin duda, crea muchos más problemas de conciencia que ésta. Al menos a mí no me parece lo mismo matar a un toro que matar a un niño… Creo.

Todo esto lo que está haciendo es presentar ante la opinión pública a un Rodríguez Zapatero atrapado en su propia trampa hasta el punto de que él, como presidente del Gobierno de España, es quien está trabajando activamente en contra de todo lo que nos une como país y, aunque tarde, parece que una buena parte de la sociedad catalana se ha dado cuenta de que Rodríguez les está conduciendo a un abismo del que van a tener difícil salida. Es bastante dudoso que la mayoría de la sociedad catalana esté de acuerdo con la prohibición de los toros, porque entre otras cosas les va a pasar a los catalanes lo que ya nos ocurría a los españoles durante el franquismo: que teníamos que emigrar a Francia para ver determinadas películas que estaban prohibidas en España. Esas son las consecuencias de un política dirigista que asfixia los escasos espacios de libertad que les quedan a los catalanes.

Y esa es la razón por la que en las próximas elecciones catalanas el tripartito va a sufrir una severa derrota, y sino al tiempo. Y es también la razón por la que, lejos de conseguir lo que ansiaba desde el principio, Rodríguez ha estrujado tanto a aquella sociedad que ahora le rechaza y le va a hacer perder las próximas elecciones generales. Y como en el resto de España la brecha con el PP ya es demoledora, el hundimiento de sus expectativas electorales en Cataluña va a darle la puntilla llevando a su partido a un resultado que no se esperan. Y si, obligado por el chantaje de Montilla y la factura que todavía tiene que pagar con el nacionalismo catalán, en el Parlamento Nacional vota en contra de la propuesta de Ley que va a presentar el PP para devolver a la Fiesta Nacional el espacio que se le ha cerrado por culpa de unos cuantos políticos míopes y totalitarios, entonces es más que probable que esa brecha vaya en aumento, porque si algo le está quedando claro al todo el país es que Rodríguez ya no es un político libre ni autónomo, sino que es una marioneta que en lo económico actúa movido por los hilos de sus socios europeos, y en lo político lo hace al son que le tocan los nacionalismos más radicales. Y esa imagen no es que le perjudique, es que es la pala que está cavando su tumba política.

El Confidencial - Opinión

Cataluña. Y ahora las veguerías. Por José García Domínguez

La inexcusable marabunta de asesores áulicos. Ujieres, chóferes, secretarios, palmeros, jefes de área, departamentos mil. Siempre múltiplos de siete. Por fin, seremos una nación. De chupatintas, claro.

Tras larga y atormentada espera, al fin, los catalanes podrán disfrutar de ese matasellos administrativo que, generación tras generación, habían soñado recuperar sus ancestros: el de las veguerías del siglo XII (después de Cristo). Así, disponían ya de las preceptivas subdelegaciones del Gobierno en cada una de las cuatro provincias de la demarcación. Como todo hijo de vecino, también estaban surtidos de las correspondientes diputaciones. Generoso en extremo, el Parlamento doméstico igual los había premiado con cuarenta y un consejos comarcales. De antiguo gozan, pues, de los impagables saberes de varios centenares de consejeros de las dichas comarcas, todos cargos políticos, amén de los presidentes, vicepresidentes y la consiguiente legión de funcionarios sujetos a su arbitrio.

Por lo demás, cuantos sobrevivimos en Barcelona y su perímetro de influencia acabamos de recuperar otro negociado, la llamada Área Metropolitana; suprema conquista que nos permitirá sufragar noventa aconsejadores sobrevenidos, los que habrán de facturar dietas, condumios y demás gastos de representación a ese nuevo ente. Al tiempo, tan perentorio organismo transmunicipal se dotará de una junta de gobierno que, tal como prevé la ley que lo alumbró, estará integrada por sólo treinta miembros; a pan y cuchillo, huelga decir. Añádase a ese envidiable privilegio el de contar, además, con las prestaciones de los doscientos mil empleados a sueldo de la Generalidad, a su vez esparcidos por las nominadas delegaciones territoriales.

Para mayor deleite, repárese en los innúmeros servidores de los 946 excelentísimos ayuntamientos que componen la ínsula Barataria de Don José. Podrá entonces el lector formarse una idea aproximada del indecible dolor con que los catalanes sufrían en silencio la falta de unas cuantas veguerías. Mas la angustiosa espera está a punto de concluir. Apenas resta que Zapatero, fiel a su hondo sentir catalanista, fabrique siete provincias en el BOE, las imprescindibles con tal de dotar de coartada legal a la criatura. Quién nos vera presumir entonces ante el resto de España. Siete flamantes virgueros, vagueros, o como se llamen los barandas del asunto. 184, que ya los han contado, consejeros de veguería. Siete parques móviles, of course. Siete jefes de protocolo. La inexcusable marabunta de asesores áulicos. Ujieres, chóferes, secretarios, palmeros, jefes de área, departamentos mil. Siempre múltiplos de siete. Por fin, seremos una nación. De chupatintas, claro.

Libertad Digital - Opinión

La lógica del mercado

Ganan la economía de mercado y el interés legítimo de compradores y vendedores frente a ciertas tentaciones intervencionistas poco justificadas en esta época de globalización.

POR fin se han impuesto la lógica del mercado y el sentido común. Telefónica consigue su objetivo de hacerse con el control de Vivo después de una dura negociación, pagando 7.500 millones de euros a Portugal Telecom y superando el veto fuera de lugar interpuesto por el Gobierno portugués. El Ejecutivo que preside el socialista José Sócrates ha optado por desbloquear una operación aprobada por los accionistas y avalada por las instituciones comunitarias, en particular tras la última sentencia del Tribunal de Luxemburgo en contra de la llamada «acción de oro». Telefónica se convierte ahora en líder del mercado brasileño de telecomunicaciones y se sitúa en posición muy ventajosa en un país emergente llamado a un creciente protagonismo político y económico. La empresa que preside César Alierta da un nuevo paso para colocarse en primera fila a escala internacional, como consecuencia de una gestión brillante capaz de conjugar la ambición con la prudencia.

De hecho, la multinacional española ha llevado con tacto y buen sentido esta negociación hasta conseguir el resultado deseado, evitando incluso la incómoda sensación de que existen vencedores y vencidos. En todo caso, ganan la economía de mercado y el interés legítimo de compradores y vendedores frente a ciertas tentaciones intervencionistas poco justificadas en esta época de globalización. En cambio, el Ejecutivo español ha mostrado una actitud excesivamente tibia a la hora de defender la postura de Telefónica, amparada por las reglas del juego de la UE. Hemos llegado a un final feliz que los accionistas de las empresas y los mercados bursátiles saben valorar como merecen. A partir de ahora, será cada vez más difícil poner trabas a la libre competencia.

ABC - Editorial

Blindar la libertad

Como estaba previsto después de que el PSC concediera libertad de voto para la sesión, el Parlamento catalán aprobó ayer, con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, prohibir las corridas de toros en esa comunidad a partir del 1 de enero de 2012. La brecha fue de 13 votos, cinco más que los ocho de diferencia que hubo en diciembre cuando se votó y aprobó la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la izquierda de ERC e ICV. El apoyo mayoritario de CiU y de su líder, Artur Mas, así como la fractura dentro del PSC y el Gobierno, con tres diputados que respaldaron la abolición (Josep Maria Balcells, Antoni Comín y Núria Carreras) y otros tres que se abstuvieron (el consejero Antoni Castells, Joan Ferran y Rosa Maria Ferrer), dieron la puntilla a los toros en Cataluña. El pleno representó para una comunidad autónoma, históricamente faro de libertades, un retroceso en tolerancia y pluralismo. Esa mayoría parlamentaria, que recogió el sentir de 180.000 ciudadanos de una población de varios millones, cercenó libertades individuales y pasó por encima del más básico respeto a la gente. El académico y poeta Pere Gimferrer lo definió en LA RAZÓN unas horas antes como «la más grave agresión cultural desde la Transición».

La tramitación en el Parlamento regional demostró que no era un debate animalista, sino una estrategia identitaria, con el propósito de acentuar el diferencial con España, y qué mejor símbolo que erradicar la Fiesta Nacional. Por no hablar de la doble moral que ha permitido a los nacionalistas jalear al mismo tiempo las fiestas de los «corre bous», donde los pitones de los astados se convierten en antorchas durante horas.

Los toros tienen un valor artístico, cultural y social indiscutible, y, desde este punto de vista, la decisión de la Cámara autonómica supone una pérdida irreparable. Pero Cataluña tendrá además que soportar la factura de una industria , unos puestos de trabajo y unos intereses arruinados, así como los efectos sobre el turismo y el comercio para una comunidad que corre el peligro de generar antipatía en el resto del país por la miopía de parte de sus dirigentes.

Decíamos ayer que la clase política y la sociedad civil no podían resignarse ante este ataque a la libertad y que existían respuestas parlamentarias en las Cortes Generales para reconducir el despropósito. Celebramos que Mariano Rajoy hiciera ayer suya la propuesta de blindar las corridas de toros con una declaración de Interés Cultural General y una moción «en defensa de la libertad». En coherencia con sus planteamientos en el debate, el Gobierno y el PSOE deben compartir un acto de justicia que responde al interés de una inmensa mayoría de los españoles. Sería muy positivo que los dos grupos mayoritarios dejaran fuera del debate partidista un asunto en el que, por lo demás, hasta el propio José Montilla ha estado de acuerdo. La opinión pública no entendería vacilaciones ni tacticismos. No se puede consentir sin más que triunfen iniciativas que fomentan una Cataluña uniforme, una Cataluña oficial, una Cataluña políticamente correcta que ahoga a la Cataluña real, la de los ciudadanos.

La Razón - Editorial

Menos España es menos libertad, también en los toros

Debería haber sido la conciencia y la sensibilidad de cada ciudadano, y no unos pocos diputados que actúan según sus propios intereses, las que deberían respaldar o rechazar el espectáculo de los toros.

Con 68 votos a favor, 55 en contra, 9 abstenciones y tres ausencias, el Parlamento catalán ha prohibido finalmente la celebración, a partir de 2012, de las corridas de toros en dicha comunidad autónoma. Aunque con esta prohibición se ponga fin a siglos de historia en una región que en otros tiempos fue cuna y referencia mundial de la fiesta de los toros, no estamos únicamente ante una agresión a la cultura catalana, tal y como han denunciado, entre otros, no pocos artistas e intelectuales catalanes. A lo que hemos asistido, sobre todo, es a una agresión contra la libertad individual de los ciudadanos y a un atentado contra la diversidad y pluralidad de Cataluña, donde, como en el resto de España, hay gente a la que les desagrada y gente a la que les gusta la fiesta de los toros.

Aunque este atentado a la libertad individual de los catalanes haya utilizado de excusa la causa de la defensa de los animales, lo cierto es que su objetivo no es otro que erradicar de la realidad catalana todo aquello que la una y la asemeje al resto de España.

Al margen del disparate que supone considerar al animal como si de un ser humano se tratara, si de verdad esta legislación prohibicionista estuviera motivada por los maltratos a los animales, también habría sido menester erradicar de Cataluña la práctica de la caza y la pesca deportiva, los célebres correbous, o la fabricación y el consumo de foie, por poner sólo unos ejemplos. Y es que la defensa de los animales tiene tan poco que ver con esta prohibición como lo tuvo que ver con la desaparición del Toro de Osborne de las carreteras de Cataluña. Es tan solo una excusa como lo ha sido la seguridad en el tráfico para justificar la reciente pretensión de algunos nacionalistas de multar a los taxistas que lucieron en sus vehículos banderas españolas tras la victoria de la selección de fútbol en el Mundial.

De lo que se trata a la hora de prohibir este espectáculo, al que el toro de lidia debe su supervivencia como especie, es de defender el delirante y agresivo "hecho diferencial" nacionalista que convierte en disidentes o en anómalos a todos los que no comparten ese homogéneo molde identitario. Y frente a esa pulsión identitaria poco importa sacrificar la libertad individual o el empobrecimiento económico y cultural de los catalanes.

Al margen de que ninguna iniciativa ciudadana ni ningún programa de partido debería tener legitimidad para pretender cercenar libertades individuales, esta ley prohibicionista no sólo supone una falta de respeto a la minoría, sino que ha sido votada, además, por los diputados de CiU y del PSOE que lo hacían, no en defensa de un programa y en representación de los ciudadanos, sino con libertad de voto, en función de su "conciencia" y "sensibilidad". Una libertad de conciencia y de sensibilidad que, por cierto, no se ha concedido recientemente con respecto a la ley del aborto, cuando lo que estaba en juego era la protección de la vida de los seres humanos en el seno materno.

Lo cierto es que debería haber sido la conciencia y la sensibilidad de cada ciudadano, y no unos pocos diputados que actúan según sus propios intereses, las que deberían respaldar o rechazar el espectáculo de los toros.

Aun así, a nadie debería sorprenderle esta deriva liberticida que algunos ya denunciaron estérilmente hace décadas cuando se comenzó a prohibir en Cataluña la enseñanza en castellano, lengua propia de más de la mitad de los catalanes. Y es que la tarea de erradicar de Cataluña todo lo que la asemeja con el resto de España está abocada indefectiblemente a cercenar no pocas de sus libertades.

Libertad Digital - Editorial

Despropósito consumado

La indolencia del Gobierno ante la campaña antitaurina catalana ha sido una muestra más de su incapacidad para actuar como una institución orientada a vertebrar y cohesionar el país.

SEGÚN lo previsto, el Parlamento catalán aprobó ayer la prohibición de las corridas de toros a partir de 2012. La mayoría parlamentaria a favor de la iniciativa prohibicionista se vio reforzada definitivamente con la libertad de voto que dio el Grupo Socialista a sus diputados. Aunque su opción fue mayoritariamente en contra de la abolición, las abstenciones y los votos favorables debilitaron cualquier posibilidad de mantener la Fiesta en Cataluña. Esta opción por la libertad de voto, aplicada normalmente a cuestiones graves de conciencia, ha sido un lavado de manos del PSC para no fijar un criterio único ante lo que ha constituido un desafuero contra la cultura, la historia y la tradición taurina de Cataluña. Y es, además, una hipocresía insuperable, porque tergiversa el respeto a la conciencia, aplicándolo a una fiesta multisecular, regulada administrativamente y con una proyección universal, y lo niega a cuestiones esenciales, como la instauración del aborto libre —es decir, de la impunidad de decenas de miles de muertes de seres humanos al año—, al que no ha llegado la extrema sensibilidad naturista de los antitaurinos catalanes. El ejemplo de la prohibición en Canarias, hace diecinueve años, es impertinente, porque en esta comunidad no había tradición taurina, ni se aprobó una norma específica contra las corridas de toros.

Esta prohibición antitaurina es otra muesca que puede hacer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la lista de prohibiciones y restricciones impuestas a la sociedad española durante sus mandatos. La agenda social de la izquierda, empeñada en crear una sociedad a la medida de sus prejuicios, se está cumpliendo sin concesiones. Por otro lado, la indolencia del Ejecutivo central ante la campaña para la eliminación de las corridas de toros en Cataluña ha sido una muestra más de su incapacidad para actuar como una institución orientada a vertebrar y cohesionar el país. Aquel Zapatero que llegó al poder para calmar las crispaciones y las separaciones provocadas por los Gobiernos del Partido Popular es hoy una fuente de problemas para los ciudadanos y de tensiones para los territorios. El PP ha anunciado que presentará en el Congreso una proposición de ley para declarar las corridas de toros como fiesta de interés general, lo que trasladaría al Parlamento y al Gobierno nacionales la competencia para decidir sobre los espectáculos taurinos. Por tanto, el PSOE tendrá que retratarse ante un asunto que, para muchos millones de españoles, con argumentos más o menos apropiados, es una prueba de la indefensión en la que el socialismo ha dejado la idea nacional de España.

ABC - Editorial

Acosando a Al Qaida. Por Gabriel Albiac

No todos los Estados son iguales. Los hay que invierten en hacer que ningún acto terrorista salga gratis.

MICHEL Germaneau fue decapitado anteayer por los islamistas de Al-Qaida en el Maghreb. Ayer mismo, Nicolas Sarkozy declaró solemnemente que los asesinos no quedarán impunes. Ni en Mauritania, ni en Malí. Dichas por un Zapatero, palabras así hubieran provocado un sofocón de risa a los mártires de Alá. Que tienen la fea costumbre de estar bastante informados de lo que pasa en territorio enemigo. Y de saber cuál diferencia marca el riesgo de asesinar a un ciudadano de un país cuyo Estado defiende a sus contribuyentes y un Estado para el cual los contribuyentes son cajeros automáticos a cuya costa financiar la alianza de las civilizaciones, esto es, las armas y munición —espiritual como física— con que Al-Qaida ejecuta.

Moratinos, claro está, ha declarado lo de siempre: ¿y qué otra cosa puede hacer, el pobre? Que eso de matar rehenes es cosa que nuestros civilizatorios aliados sólo harán con los franceses, cuyo Gobierno se empecina en la fea costumbre utilizar a su ejército y sus servicios de inteligencia para combatir, en vez de plegarse al ejemplo humanitario de los nuestros: «antes morir que matar», Bono dixit. Sarkozy no sabe de eso. Ni su primer ministro, que anunció, tras el crimen, cómo «la lucha contra el terrorismo continuaría…, para acosar a los asesinos y llevarlos ante los jueces». ¿Se imagina alguien a Zapatero o Moratinos —de la señora Chacón, mejor ni hablo— dictando órdenes para que el ejército español «acose» a humanitarios guerreros de Al-Qaida? No, por Dios. Sería un inmoral sabotaje islamófobo contra la angélica alianza de las civilizaciones.

¿Retóricas diferentes? Puede. Pero también otra cosa. En la prisión de Poissy se pudre Ilich Ramírez Sánchez. Se pudrirá de por vida, por más que el colega Hugo Chávez se desgañite en Caracas exigiendo a Francia la libertad de su guerrillero heroico. No hay riesgo de que a Chávez nadie se lo tome en serio: esas cosas quedan sólo para la humillada diplomacia de la España socialista. Ilich Ramírez Sánchez fue, durante veintiún años, más conocido por su alias como jefe de operaciones exteriores del FPLP palestino: Carlos. Aunque la prensa francesa lo apodó «el Chacal», tras el asesinato en 1975 de dos policías en París. Diecinueve años después, el héroe de Chávez entraba en el quirófano de Jartum para una cirugía estética que garantizase su cambio de identidad. Era el 14 de agosto de 1994. Cuando salió de la anestesia, se encontró en París. Ni el mejor penalista de Francia —y también el más caro— pudo salvarlo de lo inexorable. Para el asesinato con premeditación, el código francés prevé cadena perpetua. Esa que fue dictada contra Ramírez Sánchez. Esa que cumplirá, hasta el último de sus días, el guevariano reciclado en islamista. Sin redención posible de pena.

No, no todos los Estados son iguales. Los hay que apuestan por socorrer a quien tortura y mata a ciudadanos propios que pagan sus impuestos. Los hay que, en la paciencia y el tiempo largo que es el de los servicios de inteligencia, invierten el dinero de los ciudadanos en defenderlos de místicos matarifes. Lo que es lo mismo, en hacer —con la ley por delante— que ningún acto terrorista salga gratis. Ninguno. Que cada cuál elija cuál Estado prefiere.

ABC - Opinión

Cataluña. De vuelta a la aldea. Por Agapito Maestre

Yo, por supuesto, no quiero saber nada de esta chusma en este día de verano. Creo que lo mejor que podría hacerse con este personal es concederles la "independencia".

Cataluña es una pequeña dictadura. Los "ciudadanos" gozan de menos libertades que en el resto de España. Por eso, precisamente, sus politicastros proponen constantemente "normas" para restringir las libertades individuales y derechos subjetivos. La voluntad prohibicionista es propia de estas pequeñas dictaduras. Se trata de prohibir, prohibir y prohibir a cualquier precio con tal de que los ciudadanos se conviertan en súbditos.

Por ejemplo, estos días los politicastros de la zona deciden, con más pena que gloria, si prohíben o no que un arte grandioso, la fiesta de los toros, pueda ser contemplada por quien así lo desee. El resultado de esta votación no me interesa. Sólo plantear el asunto dice mucho sobre quiénes son y de qué va esta gente. No son nada; porque nada es, desde el punto de vista moral, quien actúa y vive determinado por el resentimiento, es decir, el odio a todo lo grande y excelente. El odio a España, por suerte para ellos, es lo que les da vida. ¿Qué sería de esta gente sin España? Nada. El resentimiento secesionista lleva al abismo.

Pero no nos pongamos solemnes para hablar de esta gente. Son pobres aldeanos; seres incultos, incapaces de sobrevivir fuera de su terruño, que incluso desconocen las raíces de su aldea. Cataluña sin toros apenas es nada. Imposible hallar un arte relevante, por ejemplo, pintura y literatura, que no esté "imbuido" e influido de una u otra forma por esa fiesta ancestral que se ha mantenido por puro milagro. Pero, ya digo, no escribamos de política ni de arte, y trasladémonos de lo solemne a lo cotidiano. Contemplemos cómo un español de Cataluña, un genuino catalán, cruza por el azul de España, cómo va, incesable, su imaginación hacia la inteligencia. Leamos, sí, las declaraciones de Albert Boadella a la pregunta: ¿Qué se pierde si desaparecen los toros en Cataluña? "El arte más importante del mundo occidental. Prefiero una buena corrida antes que la mejor obra de Shakespeare".

Después de ese juicio estético, quién tiene ganas de hablar con esos aldeanos de un parlamento regional. Yo, por supuesto, no quiero saber nada de esta chusma en este día de verano. Creo que lo mejor que podría hacerse con este personal es concederles la "independencia", sí, uno a uno, y pagando al resto de los españoles todo lo que les hemos costeado. ¡Cuándo llegara el día, ay, que alguien sensato mande a esta gente una temporada a otras tierras para que sientan la suya de verdad! Ya lo dijo Caro Baroja: el nacionalismo se cura viajando.

Libertad Digital - Opinión

La batalla de Madrid. Por M. Martín Ferrand

Lo de Zapatero en Madrid cursa con valores de síntoma de las muchas tensiones internas que vive el PSOE.

MADRID es, para José Luis Rodríguez Zapatero, igual que Barcelona para Mariano Rajoy: un imposible electoral. Aun sabiendo que, en política, todos los imposibles terminan sucediendo, los dos lideres saben también que esas son piedras angulares fundamentales para fortalecer sus edificios de poder. A corto plazo, peor lo tiene Rajoy en Barcelona que Zapatero en Madrid. Con mayor distanciamiento temporal, a la espera de la escisión del PSC del todo socialista español, pueden invertirse los supuestos; pero esas cosas de la política ficción son más válidas para meditarlas a la sombra, en las siestas del verano, que para sustentar un análisis político de fundamento.

Lo de Zapatero en Madrid cursa con valores de síntoma de las muchas tensiones internas que vive el PSOE. Con el número uno de la formación dedicado a la presidencia del Gobierno y a la búsqueda de la grandeza intergaláctica y con el dos entregado a Fomento y sus recortes, es mucho pollo el que le queda para digerir a la número tres, Leire Pajín, más voluntariosa que profunda, menos prudente que ambiciosa e igual de inconsistente que faltona. El Partido Socialista de Madrid siempre, desde Pablo Iglesias, ha sido un problema para el PSOE en función de la fuerza y notoriedad de sus más destacados militantes. Justo lo contrario de lo que ahora ocurre. A los sabios de Ferraz les parece poca la entidad y escasa la potencialidad de Tomás Gómez, secretario general por elección del PSM y teórico aspirante a disputarle a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad y, con escaso respeto a sus bases, han desatado el mangoneo para ningunearle y aparcarle en vía muerta. La práctica de la democracia interna en los partidos es una de las grandes carencias de nuestro momento político y de ella brota y crece la mala calidad democrática que, como una enredadera, crece por todo el edificio institucional.

Uno de los rumores más afianzados en los mentideros capitalinos de sonsonete socialista señala la pretensión de la cúpula del PSOE de colocar a la actual ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, como cabeza de lista para la Autonomía de Madrid y de ahí las tensiones y maniobras, algunas impresentables, con las que se trata de disuadir a Gómez, un «numantino» a decir de Zapatero. Sólo una pregunta: ¿se merece Madrid una desertora? Cuando la candidata Jiménez aspiraba a la Alcaldía de Madrid y no salió elegida, lejos de cumplir con su compromiso representativo, se dio a la fuga. Aunque la memoria y los antecedentes parezcan descorteses en nuestra práctica política, conviene recordar que no estamos en un conventillo.

ABC - Opinión

Stress test. La farsa bancaria continúa. Por Manuel Llamas

Corrigiendo algo a la baja las previsiones macroeconómicas de los stress test, un total de 54 entidades suspenderían el examen de solvencia (el 60% de los bancos analizados), con un déficit acumulado de capital de hasta 75.000 millones de euros.

El pasado sábado toda la prensa generalista española, con independencia de su tendencia ideológica, coincidió en destacar los buenísimos resultados obtenidos por la banca española en los stress test (pruebas de resistencia) efectuados a las grandes entidades financieras europeas. Daba pena, por no decir sonrojo, leer los titulares publicados al unísono por todos los grandes medios de comunicación. Cualquiera que se hubiera acercado aquel día a un quiosco habría concluido, a la vista de las portadas expuestas, que nuestro sistema financiero es sólido y solvente como una roca. Sin duda, un día negro y aciago para la prensa nacional.

El engaño perpetrado por las autoridades públicas, con la inestimable ayuda de periódicos y telediarios, ha sido bochornoso. La realidad dista mucho de esos mensajes de optimismo y autocomplacencia. Por desgracia, tal y como temíamos, la farsa de los stress test se ha llevado a término. Tan sólo siete entidades –cinco españolas– de las 91 analizadas no han superado las pruebas de solvencia bancaria, y apenas precisarán de una inyección extra de 3.500 millones de euros para restaurar su falta de capital en caso de que se materialice el peor escenario contemplado en dichos test. La cuantía del rescate supone, simplemente, un insulto a la inteligencia.

En primer lugar, los bancos y cajas españoles parten de una tasa irreal de morosidad y cobertura para hacer frente a las pérdidas derivadas de los impagos crediticios. El nivel de créditos dudosos que acumula el sistema no es del 5,5% sino muy superior, próximo al 8% de media. Además, los stress test, si bien contemplan un cierto descuento en los bonos soberanos, éste tan sólo se aplica a la deuda pública que las entidades europeas pretenden vender a corto plazo (apenas 108.000 millones de euros) y no en la que mantienen hasta su vencimiento (cerca de 400.000 millones).

Es decir, las autoridades han descartado por completo la posibilidad de que un Estado miembro de la zona euro suspenda pagos, pese a que la reestructuración de la deuda griega es algo que los mercados dan, prácticamente, por descontado, y el riesgo de que otros países (como España, Portugal o Irlanda) sigan la misma senda no se puede descartar, al menos por el momento. Así, por ejemplo, según Citi, si el descuento que incluyen los stress test se aplicara a toda la deuda pública que los bancos analizados acumulan en sus balances 24 entidades no alcanzarían los límites mínimos de capital establecidos (6% de Tier 1), con lo que suspenderían la prueba. En tal caso, precisarían 15.000 millones de euros para ser rescatados.

Pero vayamos un poco más allá. Incluso dando por buenas las pérdidas estimadas en los stress test, el problema fundamental consiste en que las autoridades han inflado artificialmente los recursos propios de la banca (futuros beneficios y ratios de cobertura) para hacer frente a los impagos, con lo que la necesidad de capital extra será, sin duda, muy superior a la declarada oficialmente. En el caso de España rondaría, como mínimo, los 80.000 millones de euros (la cuantía actual del FROB).

Además, si bien la atención se ha centrado en las entidades suspendidas, apenas se ha tenido en cuenta que otras muchas han aprobado el test por los pelos. Así, Caixa Catalunya, Banca Cívica, CajaSur, España-Duero y Unimm no alcanzarían el Tier 1 del 6%, pero es que Caja Madrid-Bancaja, Banco Pastor, CajaSol, Caja3, Guipuzcuano y Pollença se quedarían por debajo del 6,5% en caso de que se materialice el escenario más adverso de los stress test. Es decir, más de la mitad de las cajas que existen en la actualidad (tras los procesos de fusión de los últimos meses) estarían al borde de la insolvencia.

Por si ello fuera poco, ¿cómo es posible que los reguladores hayan establecido el límite mínimo de capital en el 6% cuando estas mismas autoridades trabajan en la actualidad para elevar el Tier 1 al 8% en el marco de Basilea III? Es decir, han exigido a la banca europea una ratio de solvencia inferior al que pretenden aplicar en el futuro inmediato. ¿Qué pasaría si elevamos el Tier 1 al 8%? El panorama cambia de forma radical: 39 bancos europeos (frente a los 7 anunciados) no superarían las pruebas ya que estarían, oficialmente, descapitalizados; los activos deteriorados ascenderían a la friolera de 2,6 billones de euros (y no a 246.000 millones); y precisarían un capital extra de 30.000 millones frente a los 3.500 declarados en los test del pasado viernes (10 veces más). Y eso, manteniendo intactas las variables y escenarios contemplados en las pruebas.

Por último, los analistas de JP Morgan incluyen en su último análisis algunas de las dudas aquí expuestas, y su conclusión arroja escaso margen para el optimismo: corrigiendo algo a la baja las previsiones macroeconómicas de los stress test (lo cual es más que razonable) un total de 54 entidades suspenderían el examen de solvencia (el 60% de los bancos analizados), con un déficit acumulado de capital de hasta 75.000 millones de euros. En resumen, una broma, una farsa, un engaño... Una vergüenza que, tarde o temprano, será castigada por el mercado.

Libertad Digital - Opinión

Se trata de la libertad. Por Ignacio Camacho

Un intento de desespañolización simbólica que intenta prevalecer sobre el libre albedrío personal.

NO hay nada más cansino que discutir sobre lo evidente. El debate de la fiesta de toros en Cataluña no es un nuevo episodio de la vieja polémica —tan española, por otra parte— de taurinos y antitaurinos sino una vuelta de tuerca del impulso soberanista en el marco de un recorte de libertades. Se trata de un intento de desespañolización simbólica, una maniobra de independentismo virtual, un puyazo a la identidad común, como dice Boadella. Es un pulso político mal disfrazado de buenismo ecologista. La demanda abolicionista ha prosperado hasta el final por el inequívoco carácter de seña cultural española que tiene la lidia en el imaginario colectivo; lo que hoy se va a votar en el Parlamento catalán no es la simple prohibición de un espectáculo más o menos discutido sino la amputación política y social de un rasgo de la identidad de España. Y a ese objetivo han supeditado sus promotores la ultima ratio de la libertad individual de los ciudadanos.

Para forzar ese simulacro de emancipación identitaria, ante el que el Partido Socialista no ha tenido el coraje de plantarse, la nomenclatura política catalana ha permitido un ensayo prohibicionista que intenta prevalecer sobre el albedrío personal. La absurda prioridad de esa clase dirigente desquiciada por sus obsesiones impone una agenda liberticida para eliminar la presencia de un rito universalmente asociado a la cultura española. Para ello se pretende pasar por encima del arraigo popular de la fiesta, de su acervo histórico, de su tradición artística y de su valor económico, y sobre todo laminar la autonomía personal y la capacidad de decisión de cientos de miles de aficionados catalanes.

No me gustan los toros. A lo largo de medio siglo de vida en una tierra tan taurina como Andalucía no habré asistido a más de ocho o diez corridas, y ninguna de ellas ha logrado conmoverme ni provocarme una emoción estética o espiritual relevante. Me aburro. Admiro el valor de los toreros, aprecio la belleza del ceremonial, sus ricos matices sensoriales y su compleja encarnadura expresiva, pero como espectáculo me parece premioso, largo, incómodo y discontinuo. Sospecho que una amplia porción de compatriotas participa de un criterio similar, poco o nada entusiasta de la fiesta, pero a ninguno se nos ha pasado por la cabeza prohibirla, ni limitar a los demás el derecho a disfrutarla, ni despreciar su valor cultural y sociológico, ni mucho menos imponer su desaparición en nombre de ningún fundamentalismo ideológico o moral. Por eso lo último que podíamos imaginar era que nos íbamos a ver obligados a defenderla como reducto simbólico de una libertad amenazada. Porque lo que está en juego no es la libertad parcial de ir o de no ir a los toros, ni siquiera la de sentirse español en Cataluña; se trata de una libertad única y esencial que no se puede dividir en pedazos ni administrar en nombre de ningún designio.

ABC - Opinión