La nueva ley es un prodigio de ambigüedad, por contradictoria y confusa, pues ni siquiera despeja las dudas sobre las causas que justifican el despido objetivo.
EL PSOE sacó ayer adelante la reforma laboral en la Comisión del Congreso únicamente con sus votos y gracias a las abstenciones de los nacionalistas. Los socialistas solo consiguieron apoyos parciales para enmiendas transaccionales presentadas agónicamente, a última hora del debate. Ahora, el proyecto pasará directamente al Senado porque la comisión de la Cámara Baja tenía competencia legislativa plena. El resultado político de este trámite parlamentario es una nueva victoria pírrica de un Gobierno que, en tiempo de crisis, es incapaz de sumar votos a izquierda o derecha. Hasta ahora, Zapatero no ha conseguido un solo pacto político de envergadura en el Parlamento, salvo la reforma de las Cajas. En el caso de la reforma laboral, su fracaso es doble, porque tampoco logró el consenso entre los agentes sociales, coartada de estos dos últimos años para no entrar con responsabilidad y determinación en un problema que hoy tiene el nombre de más de cuatro millones y medio de parados. Y, sobre todo, porque ni ofrece soluciones para la estabilidad en el empleo ni mejores condiciones para la contratación. Es un prodigio de ambigüedad, por contradictoria y confusa. En absoluto es criticable que el Gobierno haya dado el paso de reformar el mercado laboral —esa reforma que se negaba a hacer sin consenso social—, pero sí que lo haya hecho con improvisación y sin agenda, como si la crisis del empleo en España lo hubiera sorprendido de la noche a la mañana. Un asunto tan grave como el despido por causas económicas, que sigue sin concretarse con claridad, no quedó cerrado hasta pocas horas antes de la votación, cercenando las posibilidades del debate y demostrando que el Gobierno no tenía un modelo claro de relaciones laborales.
Es lógico que un Gobierno que en tiempos de crisis se comporta sin un guión fiable no pueda recabar apoyos. Cuando esta reforma sea aprobada por el Senado y finalmente aparezca en el BOE, se habrá consumido buena parte del año, por lo que sus efectos empezarán a notarse —si es que se notan de forma significativa— en 2011. Por tanto, llegará tarde y mal. Todo por el absurdo empeño de Zapatero de supeditar su responsabilidad como gobernante a los acuerdos de los sindicatos y los empresarios, como si el sistema político español fuera una democracia orgánica. Además, la existencia de una reforma laboral no es motivo suficiente por sí sola para crear empleo. Las empresas contratarán trabajadores cuando se reactive la economía hasta niveles que lo hagan necesario. Hasta entonces, las futuras medidas laborales tendrán un efecto de estímulo mediatizado por el contexto de una crisis que sigue sin ser combatida con un plan integral de reformas estructurales.
ABC - Editorial
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