Aznar dice que el pacto de Zapatero permitirá a ETA «matar y negociar»

El ex presidente proclama en San Sebastián que la «única mesa» que deben ver los terroristas «es en la que entreguen sus armas» / Cree que el Gobierno «está enterrando la esperanza».

El presidente de Faes descalifica la política antiterrorista del Gobierno: «Es sólo cuestión de dosis y de tiempos que lo que hoy es un crimen pase a ser considerado un mero accidente»

El Mundo, 27-01-2007 . Marcos Iriarte

San Sebastián.- El ex presidente del Gobierno José María Aznar lamentó ayer que el Pacto Antiterrorista vaya a ser sustituido por «un pacto de mínimos» cuyo objetivo ya no será «la derrota de ETA», sino mantener «a prueba de bombas un proceso que reafirmará a la banda en la idea de que matar y negociar son dos ingredientes que entran en la misma receta». «Es sólo cuestión de dosis y de tiempos para que lo que hoy es un crimen pase a ser considerado un mero accidente», sentenció.

El ex líder del Ejecutivo español se pronunció de esta manera en San Sebastián tras recoger el Premio Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por la banda terrorista en 1995, por su «ejemplar firmeza y compromiso en la lucha contra el terrorismo».

Durante su intervención, Aznar ofreció un discurso muy crítico con la actual política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al que, casi un mes después del primer atentado mortal perpetrado por ETA en tres años y medio, acusó de estar «enterrando la esperanza» de acabar con el terrorismo. Sigue en

«¿Os preguntáis qué respondería Gregorio si después de las dos nuevas víctimas del atentado de Barajas le dijeran que se había quedado solo?», se preguntó ante la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, la presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja y María Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal popular asesinado en Sevilla junto a su mujer, entre otros.

El ex presidente del Gobierno advirtió de los riesgos que, a sus ojos, esconde la estrategia planteada por José Luis Rodríguez Zapatero de ampliar el consenso del Pacto por las Libertades, firmado por PP y PSOE, por un nuevo acuerdo que incluya a otros partidos, incluidos los nacionalistas.

«¿Están dispuestos los integrantes de esos acuerdos a activar todos los resortes internacionales contra ETA-Batasuna? Si no es así, ese acuerdo nada suma. Todo lo contrario, resta fuerzas, limita posibilidades legítimas de actuación del Estado de Derecho, desperdicia el esfuerzo acumulado y nos devuelve a la sórdida rutina de los lugares comunes, las falsas soluciones y los experimentos de aprendiz de brujo», sentenció.

Para el ex líder del Ejecutivo la diferencia «entre unos y otros» radica «en dónde y en qué depositamos nuestra esperanza». Según describió, unos lo hacen «en lo que ETA pueda hacer» y otros, como el sector que él representa, que no esperan «nada de ETA». «No creo que debamos preguntarnos qué es lo que ETA puede hacer por nosotros porque, si pudiera, no haría otra cosa que matarnos», precisó.

Arropado por cientos de simpatizantes del PP vasco en el Kursaal de San Sebastián, y tras haber participado horas antes en una ofrenda floral en recuerdo de Ordóñez en el donostiarra cementerio de Polloe, Aznar incidió en que él tampoco espera «nada de una política en la que el Estado de Derecho no confirma su fuerza y voluntad de prevalecer, sino que manifiesta su debilidad» y recordó que el Gobierno «puede y debe explicar sus actos, pero no reivindicar sus errores como un derecho». «Hay errores», matizó, «que cuando se insiste en cometerlos son inexcusables y la expresión del miedo y de la cobardía».

«Ahora andan algunos rebuscando frases mías pronunciadas tras el final de la tregua de 1999», apuntó en alusión a la respuesta preparada por Rodríguez Zapatero para el reciente debate celebrado en el Congreso tras el atentado de Barajas. «Creo que dije que haría todo lo posible para buscar los caminos que nos conduzcan a una paz definitiva. Y eso es justamente lo que hice. Fue justamente esa política, la de la ilegalización de Batasuna y la del cumplimiento total y efectivo de las penas, la que sabía que nos conduciría a una paz definitiva».

En un momento en el que el Gobierno negocia con el resto de fuerzas parlamentarias un pacto que supere el bipartidismo del Pacto Antiterrorista, Aznar aseguró que «es preciso quitarle a ETA la llave de la solución dialogada» y no sustituir «por sucedáneos que sólo se justifican dentro de un proyecto sectario y excluyente», los marcos que han demostrado su eficacia contra el terrorismo.

«Creo que nunca, jamás, se debe unir el final del terrorismo con una negociación política bajo ningún nombre y que debería quedar claro a los terroristas que no verán otra mesa que aquella en la que depositen sus armas», apuntó.

Pero el actual presidente de la Fundación Faes fue más allá y animó a los presentes a seguir trabajando, como Gregorio Ordóñez, por la libertad: «Estoy convencido de que nuestra actitud, la solidez de nuestras posiciones, nuestro compromiso con una democracia en riesgo, será determinante para evitar que el aventurerismo arrastre al conjunto de las instituciones del Estado de Derecho hacia una crisis generalizada en los instrumentos básicos del Estado de Derecho y de la organización territorial».

Tras glosar la figura del ex concejal popular en el Ayuntamiento de San Sebastián en el duodécimo aniversario de su asesinato, Aznar aprovechó para insistir en que la derrota del terrorismo «es el único final aceptable» y que «no hay un solo ápice de razón que tengamos que reconocer en la trayectoria, en las motivaciones o en los objetivos de una banda terrorista».

«No hay ningún sistema que debamos tejer a medida de lo que los terroristas y sus cómplices estén dispuestos a hacer, sino asegurar que se someten a la ley, al juicio de los tribunales y al imperativo de reparación de las víctimas», concluyó.

Identificados ocho menores por pisotear la tumba de Gregorio Ordóñez

Sólo un día después de que Ana Iribar y Consuelo Ordóñez, viuda y madre del concejal donostiarra del PP asesinado por ETA en 1995, respectivamente, contaran con el respaldo del ex presidente del Gobierno José María Aznar durante la ofrenda floral que celebraron en el cementerio de Polloe con motivo del duodécimo aniversario de su muerte, un grupo de radicales irrumpió en el camposanto a media tarde de ayer decidido a destrozar la tumba de Gregorio Ordóñez.

La aparición de una patrulla de la Ertzaintza por la zona impidió que los atacantes se ensañaran con el panteón que contiene los restos del político popular, y los agentes lograron identificar a ocho menores como presuntos responsables del sabotaje.

Según informó el Departamento de Interior, el ataque se produjo a plena luz del día, sobre las 16.20 horas. Fue entonces cuando una patrulla de la Ertzaintza que se dirigía al barrio donostiarra de Egia, tras recibir el aviso de que unos violentos habían cruzado en la calzada varios contenedores de basura, observó la «sospechosa» presencia de unos jóvenes en las inmediaciones del cementerio de Polloe.

Los agentes, que constataron que al menos las flores que estaban depositadas sobre la tumba de Ordóñez habían sido pisoteadas y destrozadas, procedieron a su identificación como «presuntos responsables de los destrozos». Como alguno de ellos no portaba documentación, los agentes los trasladaron a comisaría para identificarlos allí.

Los ocho tienen entre 14 y 16 años y permanecen bajo tutela paterna, por decisión de la Fiscalía de menores, a la espera de ser enjuiciados.

El Mundo de Bilbao, 28-01-2007

El Pnv contra el estado de derecho

Tres días antes de la prevista comparecencia ante los jueces del lehendakari, el Gobierno vasco hizo pública ayer una declaración en la que denuncia que los tribunales en España están aplicando una «legislación de excepción», derivada de la Ley de Partidos, que produce «decisiones judiciales alarmantes» y «limita la libertad» de los vascos. Aunque la diatriba tiene como finalidad obvia presionar al tribunal que ha citado a Ibarretxe para el próximo miércoles por su reunión con Otegi, el Ejecutivo de Vitoria mete en el mismo saco una serie de resoluciones tan dispares como el sumario 18/98, el caso Atutxa o la decisión de la Audiencia de no excarcelar a De Juana.

El comunicado puede producir indignación pero no sorpresa, ya que el Gobierno vasco está formado por dos partidos nacionalistas que nunca han reconocido la Constitución y cuyos objetivos coinciden con algunos de los de ETA. Para el PNV y EA -a quienes ahora acompaña incomprensiblemente IU-, el Estado de Derecho siempre ha sido un obstáculo para sus fines. Sus ataques contra los jueces han sido constantes, aunque hayan acatado las sentencias.

Pero más allá de situar a los jueces en el punto de mira, el Gobierno vasco lo que hace es criticar de forma oportunista la aplicación de la Ley de Partidos que, en sintonía con una sensibilidad social muy mayoritaria, amplía el concepto de terrorismo al entorno de la banda. En tanto que se trata de un instrumento legal producto del Pacto Antiterrorista, es éste el principal objetivo de los ataques del Ejecutivo de Vitoria.

En lo que se refiere a la presunta ofensa de la que es objeto Ibarretxe, no está de más recordar -como lo hicieron el viernes cuatro presidentes de Sala de tribunales vascos- que «ninguna autoridad goza en España de impunidad penal» y que ningún cargo «puede sentirse humillado ni menospreciado cuando es citado por un juez». Ahora bien, la declaración intenta enmascarar la comparecencia de Ibarretxe en supuestas decisiones judiciales «excepcionales» contra las instituciones vascas. Resulta un tanto hipócrita el lamento por las acusaciones contra Atutxa e Ibarretxe teniendo en cuenta que el PNV y EA fueron hasta hace poco compañeros de viaje de Batasuna-ETA en el Pacto de Estella.

Pero es que además algunas decisiones judiciales sobre la banda y su entorno permiten llegar a la conclusión contraria de la que sostiene el Gobierno vasco. Las coacciones y los chantajes de Batasuna y su mundo, junto a las expectativas del proceso de paz al que se apuntó el primero el fiscal general del Estado, han condicionado algunas resoluciones judiciales. Hay ejemplos que lo ilustran con claridad. Tres jueces quisieron excarcelar a De Juana tal y como pedía el fiscal, aunque la reacción del resto de los jueces de la Audiencia lo impidió. El auto de Garzón rechazando la imputación de Otegi por su rueda de prensa tras el atentado de la T-4 -«no se puede criminalizar a la izquierda abertzale»- va en la misma línea. La decisión del magistrado es contradictoria con anteriores actuaciones suyas, en las que establecía que las organizaciones de la llamada izquierda abertzale formaban parte del entramado de la banda terrorista.

Otro ejemplo claro de que no es cierto lo que sostiene el Gobierno vasco es la decisión del Supremo de no admitir la querella contra Patxi López por reunirse con Otegi y otros dirigentes de Batasuna. La doctrina del Supremo podría ser invocada por Ibarretxe, inmerso en una causa similar a la de López, aunque la obligación del lehendakari sea la de comparecer ante los jueces para después hacer uso de los recursos que le permite la ley. A la deslegitimación del Estado de Derecho por parte de los nacionalistas estamos ya acostumbrados. Lo lamentable es que algunos dirigentes socialistas, como Cháves, Patxi López e incluso el ministro de Justicia, hayan podido servir de coartada para esta escalada.

El Mundo, 28-01-2007

Doce hombres con piedad

Desde que Platón la planteara en La República, la pregunta clave de todo sistema de gobierno es quién vigila a los vigilantes, quién controla a quienes nos controlan, quién nos guarda de nuestros guardianes, quién nos protege de nuestros protectores. En el latín de las Sátiras de Juvenal todavía suena mejor: Quis custodiet ipsos custodes?

La respuesta, en boca de Sócrates, no puede dejar de producir zozobra en cualquier sincero demócrata: sólo los propios «ángeles» custodios nos custodiarán frente a sí mismos, pues ellos constituyen la «clase» que ejerce el poder. A tales efectos el resto de los ciudadanos debe fomentar la «noble mentira» de que quienes desempeñan esos cargos públicos o magistraturas son mejores que los demás, estimulando así su sentido de la responsabilidad y su rectitud en el cumplimiento del deber.

Frente a esta concepción del gobierno aristocrático que inevitablemente degenera -en el momento en que la «noble mentira» se convierte en verdad oficial- bien en la monarquía de derecho divino, bien en la dictadura, el racionalismo impone el principio constitucional de la separación de poderes. Los famosos checks and balances que teóricamente garantizan el control parlamentario de los actos del Ejecutivo -alcantarillas y bajos fondos incluidos- y la independencia del poder judicial.

Pero digo teóricamente porque la práctica política en la era de los medios de comunicación de masas ha neutralizado buena parte de esos mecanismos de equilibrio y contrapeso al servicio de lo que Arthur Schlesinger bautizó como «la presidencia imperial». Incluso en los sistemas parlamentarios -y España es un típico ejemplo- en los que no se elige directamente al primer mandatario, la fuerza determinante del liderazgo gubernamental es tal que todos los partidos quedan estructurados desde arriba, mientras la ley electoral convierte a los diputados en meros peones de brega de unos aparatos -esta es la palabra definitiva- integrados por dóciles funcionarios que defienden su puesto de trabajo. En cuanto al poder judicial, los mecanismos para fomentar su sintonía con el poder ejecutivo terminan constituyendo la clave del arco que sustenta el conjunto de la bóveda de la partitocracia y la nefasta reforma de su Ley Orgánica, promovida en 1985 por Alfonso Guerra invocando la muerte de Montesquieu, supuso en nuestro caso el golpe de gracia a todo idealismo democrático.

Este final de la inocencia nos devuelve paradójicamente al punto de partida de Platón y Sócrates: tal es la elasticidad de las leyes que, al cabo del día, su recta aplicación, es decir la primacía del genuino interés público por encima de la conveniencia de partido o la propia razón de Estado, depende de la integridad moral y de la conciencia individual de quienes desempeñan sus funciones en un departamento ministerial, una comisaría de policía o un tribunal de Justicia. Y es la suma de todas esas decisiones jurisdiccionales la que, en definitiva, determina el grado de salud o enfermedad de una sociedad como la nuestra.

¿Pero cuáles son los baremos para medir si estamos sanos o infectados? El hecho de que, por fortuna, cada vez haya más ciudadanos con la formación e información necesarias para considerarse capaces de mantener un criterio autorizado sobre casi cualquier asunto potencia extraordinariamente el valor del sentido común -lo que los británicos llaman el conventional wisdom- y convierte de forma casi automática en sospechosas aquellas conductas de los servidores del Estado que o bien se hurtan al escrutinio público o bien resultan difíciles de explicar y entender en términos coloquiales.

Un ejemplo palmario lo hemos tenido en la instrucción del sumario del 11-M. Durante meses y meses hemos estado preguntando en vano al Gobierno dónde estaban y qué decían los análisis realizados el mismo día de la masacre a partir de los restos de los explosivos colocados en los focos de los trenes. Hemos tenido que averiguarlo nosotros mismos, horadando el túnel de la opacidad hasta llegar a la pieza separada donde el juez Del Olmo tenía escondida la inaudita declaración del comisario Sánchez Manzano. Resulta que, según su propia versión, este alto mando policial en quien recayó la recogida, custodia e investigación de esos restos se comportó como el perro del hortelano del complejo de Canillas: ni hizo ningún análisis con valor pericial porque no tenía medios para ello, ni los dejó hacer a la instancia correspondiente -la Policía Científica- sencillamente porque no le remitió las muestras.

El rictus de estupor que el conocimiento de todo esto suscita en el rostro del ciudadano medio ha quedado corroborado por la decisión del tribunal de encargar ahora esos análisis, cuando al cabo de tres años parte de los elementos químicos han podido volatilizarse y sus mecanismos de custodia -dependientes del propio Sánchez Manzano y del procesado Santano- no ofrecen ninguna garantía de fiabilidad. Pero lo inaudito de verdad es que ni el ex jefe de los Tedax ni el propio juez Del Olmo tengan sendos expedientes abiertos por lo que como mínimo son flagrantes ejemplos de negligencia profesional.

En el caso del instructor estos pecados por omisión -ni siquiera le preguntó al policía por qué incumplió los más elementales protocolos del cuerpo- se agregan además a su sádico ensañamiento con los policías a los que encarceló e impuso fianzas astronómicas por hablar con EL MUNDO, aun a sabiendas de la levedad del imaginario delito y de que no era competente para ello. Sólo el altruismo de un ciudadano tan ejemplar como anónimo permitió que sus víctimas pasaran la Nochebuena en familia, pero nada indica que el juez vaya a tener que responder de su patente abuso de autoridad. Y tres cuartos de lo mismo puede decirse de Garzón en relación con la imputación de los peritos que relacionaron a ETA con el 11-M: tres instancias judiciales diferentes -la Audiencia Nacional, la juez natural de plaza de Castilla y la Audiencia Provincial de Madrid- le han desautorizado expresamente y la tercera de ellas ha llegado a decir por escrito que su conducta fue «incomprensible».

Sobre todo después de verle desdoblarse en solícito entrevistador del presidente del Gobierno, augurando que tal vez su futuro esté en el talk show, somos ya multitud los que comprendemos mucho mejor por qué Garzón -conchabado con el fiscal Zaragoza y muy probablemente con el Ministerio del Interior- hizo lo que hizo que por qué no le va a ocurrir nada por hacerlo. Y es que al corporativismo de los jueces le llaman en el CGPJ «respeto a la función jurisdiccional».

Pues bien, el que haya tenido lugar en un contexto tan viciado como éste hace doblemente valiosa la reacción moral de esa docena de magistrados de la Audiencia Nacional que el jueves abortaron la bochornosa pretensión de la Fiscalía de ceder ante el chantaje de un terrorista sanguinario que, enarbolando una vez más su desafiante puño en alto desde la cama del hospital, ya esbozaba la «carcajada» anunciada hace nueve años cuando dejó constancia escrita de la satisfacción que le producía contemplar las lágrimas de unos pobres huérfanos.

El procedimiento seguido podrá no ser muy habitual, pero la iniciativa del juez Alfonso Guevara, recabando las firmas de sus compañeros para abocar la decisión sobre De Juana al pleno de la Sala de lo Penal, implica un compromiso ético con su función como magistrado que no quiero dejar de destacar en esta página, en la medida en que en mi caso sirve, además, para disipar las prevenciones y recelos fruto de un antiguo encontronazo cuyo recuerdo se remonta ya casi 23 años -¡cómo va pasando la vida, Su Señoría!- en la noche de los tiempos.

Cabe alegar que lo estrictamente correcto tal vez hubiera sido dejar que los tres miembros de la Sección Primera que estaban lamentablemente dispuestos a excarcelar al etarra hubieran adoptado la resolución sobre la que ya habían empezado a deliberar, que la AVT hubiera interpuesto a continuación un recurso con carácter suspensivo y que entonces se hubiera pronunciado el pleno. Pero por un camino distinto se habría llegado a la misma Roma porque lo esencial es que las tres cuartas partes de los jueces que participaron en la decisión tenían fijado el criterio de atornillarse en la defensa del Estado de Derecho.

Puesto que la ortodoxia de su decisión en términos técnicos está fuera de toda cuestión -ningún reo debe poder influir en los actos de los tribunales por otra vía que no sean los recursos tasados por la ley- yo quiero reivindicar también su humanidad. Cualquiera que haya podido escuchar estos días la voz serenamente dolorida de Teresa Jiménez Becerril tendrá que admitir que lo verdaderamente inhumano no habría sido dejar en manos de los médicos la suerte de quien, después de haber asesinado a tantos, se empeña en asesinarse ahora a sí mismo, sino permitir obtener a tal individuo una siniestra victoria final a costa de la memoria de sus víctimas.

Sí, ya sé que De Juana está ahora en prisión por un motivo más incruento. Pero, si nos aferramos al principio de legalidad, no sería de recibo amortizar a beneficio de inventario que nuestra sociedad ha aceptado sin pestañear que cada asesinato haya podido salirle por poco más de nueve meses de cárcel y rasgarse a la vez las vestiduras porque sus amenazas terroristas por escrito le hayan hecho acreedor a una nueva condena a 12 años. Y si damos el salto al plano de los sentimientos, entonces es imposible compartimentar el dolor y ansia de justicia de sus víctimas, pues sólo un rotundo acto de contrición -que en el caso de este miserable ha brillado por su ausencia- podría permitir alegar que el nada sutil amenazador de hace unos meses era ya una persona distinta al contumaz asesino de hace dos décadas.

Los honorables magistrados que han asumido con coraje y decencia su responsabilidad son, en realidad, el reverso de aquellos Doce hombres sin piedad del jurado que encabezaba Henry Fonda en la gran película de Sydney Lumet. En primer lugar porque no han abandonado a su suerte a De Juana Chaos, sino que han instado al hospital a que mantenga y, si es necesario, intensifique su régimen de alimentación intravenosa (si la cuestión esencial es el deterioro de su estado de salud, ¿dónde va a estar mejor un enfermo sino en un centro sanitario de primera y rodeado de médicos?). Y, en segundo lugar, porque han sabido orientar esa compasión, esa piedad, ese impulso generoso y solidario que debe impregnar la conducta de todo servidor público hacia quienes más lo merecen y necesitan: las personas que siguen sufriendo las secuelas de unos ataques terroristas contra los que un Estado vulnerable e insuficiente no fue capaz de protegerlas con eficacia.

Es cierto que su decisión coincide con la martilleante insistencia de ETA en acusar al Gobierno del incumplimiento de los supuestos compromisos adquiridos durante el alto el fuego -cosa que Zapatero niega en público y en privado- y que todo ello no augura nada bueno. Podemos estar, como macabramente ha insinuado Askatasuna, «en el tiempo de descuento» que preceda a una nueva escalada de atentados, asesinatos y secuestros pero siempre será mejor afrontar todos estos riesgos que ver deslizarse nuestra dignidad nacional por el tobogán de la condescendencia con la coacción, hacia el que nos empujaba esta semana un fiscal general más zapaterista que Zapatero.

Ante este eventual escenario el presidente debe redoblar sus esfuerzos para recomponer el Pacto Antiterrorista con el PP, potenciar al máximo la capacidad de respuesta policial y -aunque no sea santa de su especial devoción- recordar la forma en que reaccionó Margaret Thatcher cuando tras los fallecimientos de Bobby Sands y nueve presos más, a resultas de su huelga de hambre, el IRA lanzó su siguiente zarpazo. A cambio de unas últimas referencias que me ha hecho llegar sobre Pettit, ahí va el párrafo clave del relato incluido en Los años de Downing Street:

«Pusieron una bomba a un autocar que transportaba guardias irlandeses, matando a un transeúnte e hiriendo a varios soldados. La bomba contenía clavos de seis pulgadas para tratar de causar el mayor daño y sufrimiento posibles. Me apresuré a presentarme en la escena del atentado y, con gran espanto, extraje uno de los clavos de un lateral del autocar. Decir que alguien capaz de eso es un animal, sería equivocado: ningún animal haría tal cosa. Fui a visitar a los heridos a los tres hospitales de Londres a los que habían sido trasladados. Salí más decidida que nunca a que se aislara, se privara de ayuda y se venciera a los terroristas».

Le esperaba un camino largo, duro y difícil.

Pedro J. Ramírez, Carta del Director
El Mundo, 28-01-2007

El mito del diálogo

Según parece, la proyectada y ya menguante asignatura de Educación para la Ciudadanía incluirá lecciones dedicadas al diálogo y a la negociación. Nada puede resultar más oportuno, en vista de la fenomenal catarata de equívocos y malentendidos –creo que no todos inocentes- que rodean el frecuente uso de esos términos tan ensalzados como aborrecidos. En una democracia parlamentaria, elogiar el diálogo es un empeño tan aparatosamente ocioso como pasearse por un hospital cantando loores a la medicina. En ambos casos parece más útil indicar los requisitos para que uno y otra sean efectivos, así como señalar sus límites en el tratamiento de males especialmente graves. Para empezar por lo más obvio, se dialoga con los amigos y se negocia con los enemigos o adversarios.

El diálogo supone aceptar una base común de valores, a partir de los cuales se discute para ver que orientación común es preferible en tal o cual proyecto. En la negociación se contraponen fuerzas y se pretenden ventajas estratégicas: es un pulso, no un intercambio argumental. En ciertos casos, los más civilizados, puede aliviarse la brusquedad negociadora con la persuasión dialogante, combinando ambos métodos. Pero la presencia de la violencia o la amenaza contra una de las partes anula dramáticamente esa posibilidad.

Viniendo a lo que nos interesa, insistir en que el diálogo –así, sin más aditamentos ni matices- es la solución de los problemas creados por el terrorismo etarra (y de su rentabilización por el nacionalismo vasco radical, que también es parte del problema) constituye una patraña y un fraude. O, en el mejor de los supuestos, un malentendido. Pongamos que a mí, en una de esas encuestas de planteamiento tan poco convincente que suelen hacerse, me preguntan si me parece aceptable “un final dialogado” para el terrorismo de ETA. Interpretando a mi modo la cuestión, puedo responder afirmativamente. Supondré que el encuestador llama “diálogo” a negociar con ETA las condiciones de su rendición cuando los terroristas admitan que tienen que dejar las armas: hablar con ellos de cuestiones penales, garantías de desarme, situación legal de los aún no procesados sin delitos de sangre, etc… Es algo que ocurrirá antes o después y ojalá fuera pronto (aunque sólo depende de ETA, claro). De modo que respuesta afirmativa. Pero también puedo contestar negativamente. Sospecharé que mi interrogador considera “diálogo” establecer un foro político extraparlamentario que incluya a portavoces de los terroristas junto a los partidos legales, con el fin de negociar concesiones políticas al nacionalismo (otras no le interesan a ETA) que refuercen su hegemonía en la CAV e incluso en Navarra, blindándola ante posibles intervenciones del Estado de Derecho, según el esquema del “plan Ibarretxe” más o menos radicalizado para premiar el “final de la violencia”. De modo que mi respuesta será “no”. O sea que, según este planteamiento hipotético pero nada fantástico, soy a la vez partidario del diálogo y contrario al diálogo… y unos me juzgarán entreguista, mientras que otros me tacharán de intransigente. Pero la culpa la tiene la ambigüedad de la palabra “diálogo”, no yo.

Esa ambivalencia no desanima, desde luego, a quienes –como el lehendakari, por ejemplo- siguen predicando la buena nueva del diálogo, cuyas genéricas virtudes nos ensalzan una y otra vez de un modo escolar hasta devolvernos a los felices días del parvulario. O como el socialista Torres Mora (al que algunos conceden rango de ideólogo gubernamental, algo así como el Suslov de nuestro régimen) que en una reciente entrevista en “El Mundo”, tras el acostumbrado panegírico del diálogo, acuña este dictamen prodigioso: “El diálogo no ha fracasado, han fracasado los terroristas en su intento de dialogar”. ¡Toma ya! Es difícil ser más autocomplaciente y con menos motivos que esta gente, la verdad.

A mi entender, el gobierno en un principio planteó el “diálogo” con ETA según la primera de las dos acepciones que más arriba he dado del término. Pero cometió el error de dejar abierta la posibilidad, para más adelante –una vez liquidada la violencia terrorista en todas sus formas-, de emprender el segundo “diálogo” como premio de consolación al nacionalismo y camino para asegurarse su apoyo en el próximo mandato electoral. Con el resultado de que ETA y sus mariachis (que entre tanto han alcanzado un reconocimiento político como interlocutores respetables y aún críticos autorizados de las decisiones de los partidos democráticos) se han apresurado a saltar por encima de la primera mesa de diálogo para exigir inmediatamente la segunda.

¿Por qué no se centran en hablar de presos, beneficios penitenciarios, etc…? Sencillamente, porque todo eso lo dan por descontado. Están convencidos de que una vez consolidada su posición política en el País Vasco y ya abandonado el terrorismo innecesario, el acercamiento de los presos y su próxima puesta en libertad es cosa hecha. Probablemente, la propuesta de excarcelación de De Juana Chaos reforzará esta convicción (por cierto, el etarra va a tener más suerte que Bobby Sands y sus diez compañeros del IRA, que murieron en huelga de hambre sucesivamente en la prisión de Mazen sin lograr ablandar a Margaret Thatcher). De modo que ¿para que se van a molestar en suplicar lo que piensan obtener de cualquier modo?

Más les vale ir directamente a lo difícil, a por aquellas concesiones que una vez desaparecida la amenaza terrorista bien pudieran negárseles sin mayores remilgos. Hay que aprovecharse de los efectos de la intimidación mientras dura. Sobre todo cuando se les están mandando constantes mensajes de que, hagan lo que hagan, en cuanto dejen de cometer fechorías estaremos encantados de volver a escucharles: “hay que esperar a que vuelvan a hacer algún gesto, seremos generosos, etc…”. Lo apropiado para desanimarles sería indicarles inequívocamente de una vez que están a punto de ver caducar todos los plazos, más allá de los cuales no obtendrán el más mínimo beneficio penal…es decir, que se les tratará por fin como merecen, dejen las armas o no.

Los partidarios del diálogo a lo loco, caiga quien caiga, nos apedrean constantemente con denuncias más o menos explícitas de las medidas judiciales que pueden “dificultarlo”, es decir que amenazan convertirlo en algo distinto a dar la razón a los nacionalistas: así que no será Ibarretxe quien desafía a la justicia sino los jueces quienes desafían al sentido común (oído, cómo no, en la tertulia de Francino en la Ser), la declaración de Jarrai y Segui como partes del entramado etarra son un abuso que trata de criminalizar a todos los jóvenes independentistas vascos, etc… La verdad es que en el País Vasco el terror fundamental, de fondo, lo pone ETA: pero de la administración del terrorismo para acogotar a la población no nacionalista se encargan desde hace mucho otros.

Un caso reciente y repetido todos los años: el de la fiesta de San Sebastián. Lo malo no es que en la izada de bandera que da comienzo a la jornada festiva en la plaza de la Constitución hubiera muchas pancartas a favor de ETA, de Juana Chaos, de la amnistía, llamando asesino al PSOE (¿se imaginan las fiestas patronales de otra población española en que se permitiera insultar o amenazar tan gravemente a cualquier partido?), hasta el punto que Odón Elorza dijera que le parecieron “excesivas”…pues por lo visto hay un límite admisible para estas cosas, que sólo él conoce; ni siquiera es lo peor que todo eso no ocurriera espontáneamente, en el tumulto del gentío a las doce de la noche, sino que se preparase tranquilamente desde las cinco de la tarde con numerosas personas que colgaban los carteles y guirnaldas subversivas a la vista de municipales y ertzainas…como todos los años desde hace una década.

No, lo malo es que tres televisiones retransmiten durante horas la izada sin aventurar la más mínima palabra ni comentario sobre este paisaje urbano terrorista. Y lo peor es que este año algunos ciudadanos (de Basta Ya, que son de los pocos que quedan por allí) han presentado denuncia documentada contra el Ayuntamiento por estos sucesos, que sigue su trámite, de la cual han dado cuenta los medios periodísticos nacionales menos afines al “diálogo” pero ninguna de las publicaciones de ámbito donostiarra, tan atentas a todo concurso de quesos que ocurre en nuestra demarcación. Que quede claro: con esos silencios mediáticos y los terrores que reflejan cuentan los “dialogantes” para que al final de “proceso de paz” haya paradójicamente más nacionalismo que antes y no más libertad y visibilidad para los no nacionalistas, como sería lógico esperar.

Bien, muy bien que se incluya “diálogo y negociación” como temas de la minusvalorada e injustamente criticada Educación para la Ciudadanía. Lo único que me preocupa ahora es quién dará la asignatura…


Fernando Savater (Basta Ya) (26/01/07)

Cuestión de principios

"Los principios no se discuten. Se aceptan o se rechazan, pero si se acepta un determinado sistema no es posible discutir los principios en que aquel descansa. Si se acepta el Estado constitucional de derecho, no es admisible someter a debate alguno de sus fundamentos". Francisco Tomás y Valiente, de un artículo publicado en Temas para el debate, junio 1995, reclamando a los políticos respeto a las decisiones judiciales.

Cuando cualificados representantes del partido que gobierna España le llaman "venganza" a aplicar la ley y hacer justicia; cuando a confraternizar con ETA le llaman "ser valientes"; cuando insisten en llamar "artículos" a las amenazas terroristas por las que ha sido condenado Ignacio de Juana Chaos; cuando desde el Gobierno Vasco se convocan manifestaciones frente al Tribunal Superior de Justicia para protestar por sus decisiones judiciales; cuando la portavoz de ese mismo gobierno dice que la leyes existentes en España vulneran los derechos humanos..

Cuando todas estas cosas ocurren mientras los ciudadanos no nacionalistas del País Vasco siguen teniendo vedada la entrada en determinadas calles de su ciudad; mientras los partidos constitucionalistas siguen teniendo dificultades enormes para presentar sus candidaturas municipales; mientras se intensifica lel terrorismo callejero; mientras se sigue extorsionando a los emprsarios; mientras diecinueve terroristas de Segi siguen eludiendo la acción de la justicia..., es difícil no llegar a la conclusión de que la degeneración democrática de este país está ya en un punto de no retorno.

Hay quien parece ignorar que determinadas palabras, determinadas actitudes, son comida para la bestia. Ójala esos hombres y mujeres que se sientan cada día para cumplir su obligación de impartir justicia no sientan nunca el aliento de esa bestia. Porque la bestia existe.

Hay días en que dan ganas de decir eso de que "el último que salga que apague la luz y cierre la puerta". Hoy es uno de esos días.

AUTOS DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

He aquí un comentario de Deia, en el que este periódico analiza los autos del Juez Baltasar Garzón, a quien imputa, con toda razón, ser el autor de la teoría jurídica que probó que todo el entramado de la Izquierda Abertzale era ETA.

Y aquí el auto del mismo Juez de suspensión de Batasuna. Íntegro. Con toda su doctrina.

Rosa Díez en su Blog, 27-01-2007

PP, Ciutadans, DENAES y más de 80 organizaciones protestarán con el Foro de Ermua por la libertad y contra la negociación

PP, Ciutadans, DENAES y más de 80 organizaciones protestarán con el Foro de Ermua por la libertad y contra la negociación. Más de 80 organizaciones políticas, sindicales y civiles, así como partidos políticos, como el PP o Ciutadans, han confirmado ya su adhesión a la manifestación convocada por el Foro de Ermua y que bajo el lema "Por la Libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación" recorrerá las calles del centro de Madrid el próximo 3 de febrero. Según destacaron este viernes los convocantes, en esta marcha "no se ha excluido a nadie", como, a su juicio, sí ocurrió en la convocada el pasado 13 de enero por UGT, CCOO y FENADEE. El PP ha enviado una carta a la FENADEE para que se sume a la manifestación.

El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, resaltó que el objetivo de la convocatoria, en un primer lugar, es rendir un homenaje a la dos víctimas del atentado de ETA contra la T-4 de Barajas, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Pero, además, también pretende, como así reza su lema, hacer un llamamiento a la unidad de todos los españoles para lograr "la derrota definitiva de ETA".

El movimiento cívico celebró la pasada semana una reunión con todas aquellas organizaciones que han confirmado su apoyo a la misma para poner en común todas las iniciativas y alcanzar un consenso sobre su lema y su manifiesto, que será leído al final del recorrido por Conchita Martín, la viuda del comandante Blanco –primera víctima mortal tras la ruptura de la tregua-trampa de 1998–, y Antonio Aguirre, ex dirigente y actualmente militante de base del PSE.

En ese encuentro, según recordó Buesa, también se acordó que durante la marcha del próximo 3 de febrero no se admitan expresiones ofensivas "contra nadie, incluyendo al Gobierno", como tampoco "de carácter preconstitucional, fascista o totalitario". De hecho, dijo, más de 1.200 miembros de las Juventudes Unificadas del Foro de Ermua y de Nuevas Generaciones del PP se encargarán de vigilar que esto no ocurra.

El PP ha enviado una carta a la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE) en la que le invita a sumarse a la manifestación. No obstante, las mismas fuentes señalaron que hasta la semana que viene la FENADEE no decidirá si finalmente se adhiere a la marcha, en la que se homenajeará a las dos víctimas ecuatorianas del atentado de ETA contra la T-4 de Barajas, se exigirá "la derrota de ETA" y se protestará "contra la negociación".

Rajoy, en la pancarta de la cabecera

Por parte de los partidos políticos destacará la presencia en la manifestación del líder del PP, Mariano Rajoy, que portará el lema de la cabecera, según informaron fuentes del Foro de Ermua, así como la de los europarlamentarios populares Jaime Mayor Oreja y Alejo Vidal Quadras, entre otros. En representación de Ciutadans, ha confirmado la asistencia su secretario general, Antonio Robles.

La marcha contará también con la asistencia de la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordónez, Rosas Blancas por la Dignidad o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por parte del colectivo de víctimas. Esta última asociación portará durante el recorrido el conocido eslogan 'Rendición en mi nombre, No'.

Pero, además, también mostrarán su apoyo a la manifestación, entre otros, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y diversas organizaciones de inmigrantes, entre las que destaca la Federación de Ecuatorianos de Madrid (FEM), así como los sindicatos policiales SUP y CEP.

Fuentes del Foro de Ermua confirmaron también la presencia en la marcha del presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, el portavoz de la Plataforma de Empresarios Vascos y Navarros impulsada por el Foro de Ermua, Ricardo Benedí, o las hermanas de la fallecida ex ministra de Agricultura y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, entre otras personalidades. La familia de las dos víctimas aún no ha confirmado su presencia en esta convocatoria, informaron a Europa Press fuentes del Foro de Ermua.

Según explicó el presidente de la plataforma cívica, el mismo día de la manifestación "Por la libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación" se celebrarán, de manera simultánea y con el mismo lema, sendas concentraciones en Barcelona y A Coruña. La primera partirá de la Plaza Sant Jaume y la segunda del Obelisco.

Ayuda económica

Durante la rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, Buesa, que estuvo acompañado por representantes de algunas de las principales organizaciones que se han adherido a la marcha, aprovechó para pedir públicamente dinero que pueda ayudar al Foro de Ermua a afrontar algunos de los gastos que un acto de este tipo conlleva.

Ese apoyo económico podrá realizarse a través de las dos cuentas corrientes que se incluyen en la pagina web del Foro de Ermua. Y es que, se quejó Buesa, "el Ministerio del Interior tan sólo nos ha otorgado una partida de 2.341,61 euros".

Dicho esto, los portavoces de algunas de las organizaciones que estuvieron presentes en la rueda de prensa intervinieron para mostrar su apoyo a la manifestación y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a la misma. Tal fue el caso del presidente de la FEM, Washington Tovar, o el presidente de Rosas Blancas por la Dignidad, Alejandro Campoy.

Desde la AVT, el delegado de Madrid, Juan Antonio García Casquero, recalcó que la asociación siempre apoyará aquellas convocatorias en las que se defienda "lo que las víctimas del terrorismo llevan reclamando durante años: la derrota de ETA".

En concreto, destacó que esta marcha servirá para "poner en evidencia" a todos aquellos representantes políticos, "incluido el Gobierno", que no apoyaron ayer, "como se merece", la decisión de la Audiencia nacional de mantener al sanguinario terrorista José Ignacio de Juana Chaos en prisión, pero también para exigir la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y la inmediata detención de los 19 miembros de Jarra-Haika-Segi.

Por parte del SUP, su secretario de Comunicación, Maximiano Correal, explicó que su sindicato acudió a la concentración convocada por UGT, CCOO y la FENADEE el pasado 13 de enero porque "no se mencionaba la palabra diálogo" en el lema de la misma. Si hubiera figurado, aclaró, no hubieran asistido, puesto que, según Correal, para el SUP, la negociación con la banda "se quedó enterrada entre los escombros de la T-4".

Por su parte, el portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán, quiso dejar claro que su sindicato "siempre" se sumará a aquellas manifestaciones en las que quede "meridianamente claro la negativa a negociar con ETA". "La CEP no necesitaba que hubiera un atentado para saber que la negociación con ETA era y es nefasta, y también un absoluto error", apostilló.

Ciudadanos en la Red, es una opción adherida por el Foro de Ermua a la convocatoria de la manifestación del próximo día 3-F en Madrid. Por nuestra parte, es un honor acompañar al Foro de Ermua, (en convergencia con los demás adheridos), a expresar públicamente su criterio por las calles de Madrid, en su lucha permanente por la libertad, la justicia y la democracia, contra el terrorismo de ETA y contra cualquier diálogo o negociación con esta banda asesina.

Libertad Digital (27/01/07)

Desaires institucionales a Israel

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto que hoy se conmemora con el respaldo de Naciones Unidas y que debería servir para recordar, unidos, el episodio más infame de la Historia, ha quedado empañado en España por dos graves errores.
El Congreso de los Diputados homenajeó ayer a las víctimas del nazismo en una ceremonia irreprochable en el fondo, pero disparatada en las formas. No se entiende cómo Manuel Marín organizó un acto de esta índole -de una enorme carga emotiva y que tantas sensibilidades despierta en Israel-, sin pactar su formato con la embajada de este país ni con los representantes de la comunidad judía en España.

La actitud del presidente del Congreso fue recibida como un desaire, más aún por cuanto se eligió a Shlomo Ben Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel, para leer el discurso principal. El embajador israelí, Víctor Harel, excusó su presencia en el homenaje alegando que tenía otros compromisos. Lo cierto es que Ben Ami no cuenta con las simpatías de Tel Aviv y, por ello mismo, se miraron ayer con lupa sus palabras. Algunas referencias en su intervención, como la que admitía los «excesos» de Israel con el pueblo palestino, no sentaron nada bien.

Pero si la jornada en el Congreso fue polémica, mención aparte merece el lamentable episodio protagonizado por el Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid). Su alcaldesa, la socialista Susana León, ha decidido sustituir este año el Día del Holocausto por el del «genocidio palestino». Se trata de un disparate, porque intenta equiparar dos situaciones sin parangón posible. Pero también es una provocación intolerable, que criminaliza al Estado de Israel justo el mismo día elegido en todo el mundo para recordar el exterminio de seis millones de judíos.

Harel ya ha expresado su «repudio» por la decisión del consistorio madrileño y ha remitido cartas de protesta al ministro de Asuntos Exteriores, al de Justicia y al secretario de Organización del PSOE. La Federación de Comunidades Judías de España ha calificado directamente la iniciativa municipal de «ataque al Estado de Israel».

Sorprende que nadie del Gobierno ni de la dirección del PSOE saliera ayer al paso para corregir a la alcaldesa. Deberían hacerlo. El asunto puede reabrir heridas, cuando aún está viva la imagen del presidente Zapatero con el pañuelo palestino (símbolo de la resistencia de este pueblo) captada hace seis meses en el Festival de las Juventudes Socialistas.

Editorial de El Mundo, 27-01-2007

Dietario de un diletante

Mayol y Saura, pareja para todo

MANUEL TRALLERO

El cayuco en la pasarela

Viernes. El señor Antonio Miró - casi nadie se acuerda ya de cuando se llamaba Toni Miró- ha colocado el cayuco en la pasarela. Yha sacado a unos cuantos inmigrantes a juego. Todo un éxito. Las ONG están de acuerdo, Samuel Eto´o está de acuerdo, la consellera de Salut, Marina Geli, está de acuerdo, el señor Xavier Trias está de acuerdo, Katty Carreras está de acuerdo... El Diletante, por la memoria de los muertos al tratar de alcanzar una vida mejor, se hubiera levantado y se habría ido. La banalidad tiene un límite.

Sostiene Josep Pla

Sábado. "El ciudadano de Barcelona ha llegado a la conclusión desde que se levanta y toma el primer tranvía hasta que se va a dormir de que no es nada más que una máquina de hacer dinero - sin contrapartida apreciable-. Esta concepción ha batido, en Barcelona, todos los récords mundiales. Los servicios son mediocrísimos; los monopolios, las grandes compañías de servicios tienen un peso decisivo. Los organismos propuestos a la defensa de los ciudadanos defienden otras cosas. Delante de esto, ¿qué compensaciones ofrece la ciudad?". Resulta de una viva actualidad, estremecedor. Y si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a los usuarios de los trenes de cercanías de Renfe.

La señora Mayol

Domingo. La señora Imma Mayol, a la sazón teniente de alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y al mismo tiempo pareja sentimental del conseller Joan Saura, responsable de los Mossos d´Esquadra y de la cosa del orden, se ha declarado una ferviente partidaria del contrasistema y de los okupas, mientras que su pareja procede contra ellos, pero eso sí, "de buen rollo". Volvemos a aquellos tiempos - ¡qué tiempos aquellos- en que para conocer lo que realmente pensaba el señor Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya, lo que se había de hacer era escuchar a la señora Marta Ferrusola, su señora esposa. Imagínense ustedes como es de antisistema la señora Imma Mayol que comparte oculista conmigo - magnífico profesional-, y desde luego no en la sanidad pública. ¿Seré por ello yo también antisistema y no habré caído en la cuenta?

Mossos inmigrantes

Lunes. Al señor Saura, compañero sentimental de la señora Imma Mayol, y conseller de Interior, tampoco le salen las cuentas. Le faltan mossos, y mientras unos los ponen en el cayuco otros en cambio los quieren ver patrullando por las calles. "Sí, lo estamos estudiando - recurrir a los inmigrantes-. Se trataría de ir a buscarlos y de facilitarles de alguna manera la entrada, mediante cursillos previos u otras fórmulas que estamos estudiando".

La izquierda es tremenda cuando se quita la careta. Porque ya no se trata de nouvinguts,de los nous catalans o de los altres catalans,se trata simplemente de ir a buscar mercenarios como en tiempos de los tercios de Flandes y el duque de Alba. ¿Por qué no empieza con los del señor Antonio Miró?

Poca broma con los ´calçots´

Martes. Resulta que con el calor que hemos padecido hasta fechas recientes, a los pobres calçots les ha salido un bichito - propio del verano- que los enviaba a hacer puñetas. La desolación en Tarragona era mayúscula no tanto por la pérdida de una seña de identidad, como por el negocio. Cada año, por lo visto, se consumen veinte millones de calçots,que generan un negocio de diez millones de euros. Y pensar que yo los detesto y que encima te dejan todo pringado, como si fueras un maquinista de una de aquellas máquinas de ferrocarril que iban con carbón o como un deshollinador.

La vida medicalizada

Miércoles. Ahora la señora ministra de Sanidad y los principales fabricantes textiles han llegado a un acuerdo. A partir de ahora, la talla 46 dejará de ser considerada una talla especial y los maniquíes de las tiendas tendrán que ser como mínimo de la talla 38. No parece que ello tenga la más mínima relación con una medida efectiva contra la anorexia, como ya se ha visto la efectividad que ha tenido la ley de Violencia de Género contra las muertes de mujeres a manos de los hombres, es decir, ninguna.

Lo bueno es que prohíben el tabaco, se enfadan con las hamburguesas y ahora regulan las tallas. Como decía una amiga: "Todo lo que me gusta o engorda o es pecado". O lo prohíbe el Ministerio de Sanidad. Ya hay un borrador del anteproyecto para restringir la publicidad y la comercialización del vino.

¿No sabe, no contesta?

Jueves. Una amable comunicante me explica que, junto con otros vecinos, se dirigió al Ayuntamiento en mayo del año pasado preguntando por las obras que se están efectuando en un local de la calle del Vidre. Hasta el inicio de las obras, el local había estado ocupado por un bar musical que tras dos años de molestias fue finalmente precintado.

Ahora resulta que las obras están a punto de finalizar y los encargados del establecimiento son los mismos de antes. El Ayuntamiento no les ha dicho ni una sola palabra. Sensacional.

mtrallero@telefonica.net

Nazis No

El ayuntamiento de Ciempozuelos, socialista, ha sustituido este año las conmemoraciones del Día Mundial del Holocausto (que coinciden con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz) por una serie de actos de conmemoración de lo que ellos denominan "Genocidio Palestino". El camino de la izquierda española hacia el revisionismo y el antisemitismo continúa imparable.

En el fondo, este repugnante detalle no difiere mucho de lo que comentábamos ayer. La izquierda española ha hecho una apuesta por la alianza no con los países musulmanes, sino con aquellos países y grupos musulmanes que tengan un carácter antiamericano, antioccidental y, por supuesto, antijudío. Y si eso requiere tapar la memoria histórica de los campos de concentración, pues se tapa. Igual que se intenta tapar a las víctimas del terrorismo de ETA en España en vista de que el acuerdo ETA-PSOE es irrenunciable.

¿Éstos son los que se permiten acusar al PP de ser la "extrema derecha"? ¿Éstos, que están dispuestos a insultar a los judíos el dia en que se conmemora su Holocausto a manos del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el partido nazi? ¿Éstos, que mantienen alianzas con grupos de ideología claramente xenófoba en Cataluña? ¿Éstos, que defienden a asesinos múltiples que matan en nombre de un nacionalismo fundado por un sujeto racista, xenófobo, machista y paranoico llamado Sabino Arana?

La alianza en España entre nacionalistas y socialistas, es decir, la alianza nacional-socialista, avanza a paso de carga. ¿Cómo era aquello, José Luis? ¡Ah, sí! Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer! Heil, Zapatero!

¡Vaya estado al que ha quedado reducido la izquierda española! ¡Vivir para ver! Aunque cada cual tiene los líderes que se merece, claro.

Luís del Pino

Libertad Digital, 26-01-2007

Menos mal

Puede resultar sorprendente la contundencia casi aplastante de la votación en la Audiencia Nacional ordenando que el asesino De Juana siga en la cárcel. Doce a cuatro no es el resultado que se presumía posible o probable, especialmente tras la campaña del PSOE y PRISA, o sea, el PRISOE para que al final el Gobierno se rindiera como si no lo hiciera y para que los jueces quedasen no sólo en ridículo, sino sumidos en la execración popular.

(Ilustración: Janario )

Pero el hecho de que sólo en el último minuto se haya llegado a impedir la vil claudicación de la mismísima Audiencia Nacional ante el burdo chantaje del etarra más manchado de sangre de cuantos pueblan las cárceles, demuestra el nivel de miseria moral que ha alcanzado la Fiscalía con Cándido y los extremos de sumisión y entrega a ETA en los se ha encenagado su amigo el presidente del Gobierno, el gran responsable de tanta indignidad, de tanta iniquidad y de tanto y tan sañudo desprecio a las víctimas del terrorismo, uno de los rasgos más permanentes y despreciables en sus casi tres años de Gobierno.

Al final, los jueces de la Audiencia han acudido al rescate de la Justicia y también de sí mismos, porque si la Audiencia, que sólo existe por la pervivencia del terrorismo etarra, se convierte en una pieza más del proceso de rendición del Gobierno y del Estado ante ETA, sobra la Audiencia Nacional y sobran todos sus magistrados. Pero como es típico de Zapatero, también ha producido una pequeña guerra civil en la Audiencia, porque no hay institución, tribunal, instancia o referencia legal que el presidente por accidente no la aboque al conflicto, a la división, al bloqueo y a la ruina.

Dice Pedro Ruiz que Zapatero es el hombre que tiene un problema para cada solución. Nada más cierto. Pero desde que se puso en manos de ETA para cambiar de régimen y perpetuarse en el poder, el problema que plantea siempre Zapatero es a vida o muerte. Lo que impidió ayer la Audiencia fue su eutanasia activa. Lo que no sabemos si logrará impedir el Tribunal Constitucional es su eutanasia pasiva. El caso es que desde que este Azuceno juega al tenis, vivimos un match-ball tras otro, y no siempre Rafa Nadal va a estar en la forma física necesaria para resolverlos todos. España no gana un solo juego, los etarras ya han ganado dos sets y están a punto de ganar partido y eliminatoria.

La eliminada, claro está, es la España constitucional, a la que Zapatero quiere dar garrote vil. De momento, el reo se resiste, pero empieza a estar, como en la copla, preocupao. Lo coherente ahora es que en solidaridad con el asesino etarra y en coherencia con sus manifestaciones previas, se pongan en huelga de hambre Chaves y Patxi López. Ah, y el politijuez Baltasar Garzón, que ahora va de periodista de cámara de Zetapé. Si no se mueren dignamente, que no creo, la dieta les vendrá bien. Sobre todo al juez del bórico.

Federico Jiménez Losantos, Comentarios liberales
El Mundo, 26-01-2007

Un triunfo del estado de derecho y una inyección de moral

Decíamos ayer que, tras el indigno informe de la Fiscalía, el futuro del Estado de Derecho había quedado en manos de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Supieron estar a la altura del reto y acordaron mantener la prisión del etarra De Juana Chaos por una clara mayoría de doce a cuatro.

Los magistrados sostienen en su resolución que De Juana es «el único responsable» de su situación al ponerse «en peligro de forma libre y voluntaria», por lo que no cabe ni la libertad provisional ni la prisión atenuada, que se concede por grave enfermedad o un hecho sobrevenido.

La decisión supone no sólo un triunfo de ese Estado de Derecho y de la legalidad vigente sino que además representa una inyección moral para todos aquéllos que se resisten a plegarse al chantaje de ETA.

Lo que estaba en juego ayer no era la catadura moral de De Juana, ni su sentencia por amenazas, ni su condición de preso preventivo ni lo que pueda acordar el Supremo sobre su recurso. Lo que verdaderamente decidían esos 16 magistrados de la Audiencia era si las resoluciones judiciales tienen que plegarse a las presiones del justiciable y de su entorno o deben ser tomadas en base a criterios estrictamente jurídicos. Afortunadamente primó este segundo criterio y ETA no logró imponer la excarcelación de De Juana.

Tristemente, se ha podido constatar estos días que la banda tiene fuerza para doblegar a la Fiscalía, cuya conducta ha sido ignominiosa, pero no para torcer la voluntad de los jueces.

El fallo de la Audiencia fue acogido con unánime respaldo por el PP y con respeto en las filas del PSOE, pero los nacionalistas arremetieron contra los jueces, a los que intentaron presentar como marionetas del PP. Iñaki Anasagasti afirmó que «si De Juana fallece, los jueces habrán optado por la pena de muerte» mientras que otros destacados líderes nacionalistas hablaron de «venganza». Batasuna fue más lejos y calificó la resolución de «estrategia de guerra desde las cloacas judiciales». Y Askatasuna resaltó que el proceso de paz entra en «el tiempo de descuento».

Estos mensajes de la izquierda abertzale coinciden con una información publicada ayer por el diario Gara, que subrayaba que ETA considera que el Gobierno español ha incumplido sus acuerdos. Zapatero siempre lo ha negado, pero todo indica que la banda había llegado a creer que el Gobierno estaba adquiriendo compromisos a pesar de que no existían representantes formales del Ejecutivo en las reuniones con ETA.

La reciente sentencia contra Jarrai, la decisión de no excarcelar a De Juana y la detención ayer de un etarra que al parecer pretendía organizar un comando en el Mediterráneo son hechos que no han gustado nada a la banda y sus cómplices. Pero para un Estado democrático siempre serán preferibles los daños que se deriven de una nueva ofensiva de ETA que una claudicación ante sus exigencias.

Editorial de El Mundo, 26-01-2007

Adolfo Suárez, el consenso era él

El hombre del consenso pactó hasta con el diablo. ¿Existe una prueba mayor de sujeción a la concordia?, podrían aducir, 30 años después, los nostálgicos de la Transición.

Ignacio Zabala firma un reportaje en la revista Época de esta semana, en el que recuerda que el 9 de abril de 1977, dos meses antes de las primeras elecciones democráticas en España desde el final de la Guerra Civil, Adolfo Suárez González, el hombre elegido por Juan Carlos I para presidir el segundo Gobierno de la monarquía borbónica, desató la tormenta.
Aquel sábado santo rojo, término acuñado por el periodista Joaquín Bardavío, el presidente del Ejecutivo “cogió el toro por los cuernos”, como él mismo dijo. El “toro” no era otro que el PCE, la bestia negra de una de las dos Españas; y los “cuernos”, los de su entonces líder, Santiago Carrillo.

La legalización del PCE se produjo en plena Semana Santa, cuando los españoles estaban de vacaciones. Los Reyes se encontraban en Francia, en visita privada. Acompañado entonces sólo por Rodolfo Martín Villa (ministro de la Gobernación), el general Gutiérrez Mellado (vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa), y Landelino Lavilla (ministro de Justicia), Suárez tomó la decisión más comprometida de la Transición. El impacto fue tremendo, especialmente, entre los militares.

Adolfo Suárez (Cebreros, Ávila, 1932) se apresuró entonces a cubrir la fulminante dimisión del indignado ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, con la de su homólogo Pery Junquera; al mismo tiempo, requirió a Carrillo para que hiciese un gesto público de reconocimiento de la unidad de la patria, la bandera y la monarquía. Y el 14 de abril, aniversario de la II República, el PCE avaló nada menos que ¡la monarquía!

¿Qué dádivas obtuvo Carrillo a cambio de semejante claudicación? Dos, principalmente: la legalización de su partido y la amnistía vitalicia para los crímenes de Paracuellos del Jarama. Desde entonces, Carrillo se convirtió en uno de los protagonistas de la Transición, en el amigo del Rey y de Suárez. Surgió el mito.

Lea al reportaje completo en la revista Época.


Reportaje completo en Epoca.es
Periodista Digital (26/01/07)

Ciudadanos insatisfechos redescubren la política

En Europa y en América latina la democracia clásica resulta insuficiente. La participación activa de la gente recupera su valor transformador. Superada la mitad de la primera década del Tercer Milenio ya sería posible aventurar un pequeño balance preliminar y sugerir algunas perspectivas de evolución de los regímenes democráticos para los próximos años.

Tanto en Europa como en América latina, el problema más importante que se presenta es el de la calidad de la democracia definida con referencia a la estabilidad de los gobiernos, a la satisfacción de los ciudadanos, a la capacidad y la honestidad de los gobernantes.
Prácticamente en todas partes fracasaron las alternativas más netas y drásticas, vale decir, los regímenes autoritarios, introducidos quizá por golpes militares y sostenidos por las fuerzas armadas.

De todos modos, no es aceptable que los gobernantes democráticos justifiquen su poder casi exclusivamente de manera negativa: ser menos malos que los otros.

Es verdad, sin embargo, que en algunos países ex comunistas de Europa oriental, líderes anteriormente comunistas que aprovechan, por un lado, su capacidad para organizar y manipular las elecciones, y por otro, el control de las ingentes riquezas que derivan de los pozos petrolíferos en su territorio, han logrado mantener el poder bajo formas y modalidades aparentemente democráticas. Muchos de esos regímenes son democracias de fachada en las que, por otra parte, los ciudadanos aprendieron a organizarse y no han perdido la esperanza de alcanzar una democracia decente.

Es fácil prever, de hecho, que razones generacionales y desafíos del mercado y la globalización, además de los criterios que la Unión Europea obliga a respetar a quien quiera incorporarse, impondrán algún cambio/adaptación, incluso significativo. Es difícil, en cambio, creer que la democracia se consolidará en ausencia de una sociedad civil culta y autónoma.

La democracia es siempre exigente, no sólo con los gobernantes y los representantes, sino también con los ciudadanos y sus asociaciones. Justamente, el problema del resto de Europa y de casi toda América latina, es que la democracia clásica -basada en elecciones, Parlamentos, gobiernos, alternancia producida por las preferencias modificadas de los ciudadanos- parece ya no ser suficiente y a la vez parece provocar tensiones y, en cierto sentido, fugas, desviaciones del contexto democrático.

La solución tradicionalmente más simple en las democracias que funcionaban poco y mal consistió más de una vez en el pasado en confiarse a un hombre, o en abandonarse a una deriva, en parte populista y en parte plebiscitaria. Este fenómeno por cierto no ha desaparecido ni en América latina ni en Europa.

En efecto, podríamos decir que la personalización de la política, presente un poco por doquier, excepto en las solidísimas, sobrias y austeras democracias escandinavas, es tan conforme a la naturaleza de las democracias contemporáneas como esa persistente estela de populismo que, dado que en las democracias el poder es también del pueblo, nunca podrá ser eliminada de los regímenes democráticos reales.

Dicho esto, no todo lo que vemos ahora y que es posible prever para el futuro representa lo que ya ocurrió.

Por lo menos un fenómeno nuevo importante parece haber hecho su ingreso en la práctica y el debate democráticos. Este fenómeno está representado por la existencia -y el aumento del número- de ciudadanos conscientemente insatisfechos que saben que la política es importante y que, por consiguiente, piensan desempeñar un papel activo en términos no sólo de las modalidades clásicas de la participación política, a través del voto y sus asociaciones, sino también en términos de protesta consciente y sostenida en el tiempo.

Si en una época los políticos podían tratar de aislar sus actividades y ponerlas en posición dominante respecto de la sociedad, cada vez resulta más evidente que la política actual y del mañana se hallará inmersa en la sociedad y que la sociedad querrá y sabrá rodear a la política y penetrar en ella más o menos profundamente cuando sea necesario haciéndolo justamente con la protesta. Con esto no quiero decir que la protesta constituya un fenómeno siempre e inevitablemente positivo ya que obliga a los políticos a reaccionar con frecuencia y rapidez a las presiones sociales y por ende les impide decidir con frialdad y con miras a largo plazo.

Asistimos, por consiguiente, también a intentos de descentralizar las decisiones, de clasificar y redistribuir las responsabilidades, de desacelerar el ritmo de la política, de reconquistar espacios de decisión específicos para los políticos en el gobierno.

En cierta medida, todas las formas y las técnicas de la llamada democracia deliberativa y de los jurados de los ciudadanos sirven no sólo para dar una apariencia de participación incisiva, sino también para desacelerar el frenético ritmo de las democracias contemporáneas.

No debemos preocuparnos por estos nuevos procedimientos. Al contrario, debemos tomar nota de que la política democrática necesitará nuevos instrumentos. No sabemos si los nuevos instrumentos bastarán para construir una buena política democrática. Podemos, no obstante, tener relativa confianza en que muchos de los ciudadanos que han pasado a ser ''democráticos'' en los últimos tiempos no renunciarán a sus posibilidades de participación y de protesta.

Entonces, las tensiones y los contrastes que merecen nuestra atención, como analistas de la política, como protagonistas de la política, como ciudadanos, de viejas y nuevas democracias, serán justamente los referidos a participación y protesta, por un lado, y populismo y plebiscitarismo por el otro.

La mejor solución -siempre inestable, y por eso mismo siempre reformable con referencia a los deseos y preferencias de los ciudadanos- es que ninguno gane de manera decisiva.

Gianfranco Pasquino (Bitácora) (24/01/07)

Veinte monolitos de piedra

Hay que reconocer que es enternecedor. Los mismos que se dedicaron en su día a montar escuadrones de la muerte contra ETA ahora nos cuentan su inmensa preocupación por la salud del sanguinario etarra De Juana Chaos. Los mismos que mandaron poner bombas contra etarras en bares franceses se sientan ahora a la mesa con los chicos del brazo político de ETA. Los mismos que ordenaron secuestrar a Segundo Marey mandan ahora emisarios por todo el mundo para ofrecer pactos a la banda, con la que no rompen las conversaciones ni después de que ésta ponga dos muertos encima de la mesa.

¿Incoherencia? De ningún modo. Montaron escuadrones de la muerte, dando alas con ello a ETA ante la comunidad internacional, porque creían que les convenía tácticamente para mantenerse en el poder (y forrarse los bolsillos, de paso). Y ahora defienden la excarcelación de De Juana porque la necesitan tácticamente para seguir conservando el poder (y continuar, claro, forrándose el bolsillo).

Pero a mí las medias tintas no me gustan. Me dan mal rollo. Ya que estamos en fase de tratar de vender a la sociedad lo buenos colegas que son esos etarras que mataron a Miguel Angel Blanco, o a Alberto Jiménez Becerril y su mujer, o a tantos otros centenares de víctimas, incluidos muchos niños, yo creo que Zapatero debería ir un paso más allá.

¿Qué tal, por ejemplo, si Odón Elorza inaugurara en San Sebastián un monumento a la reconciliación, compuesto por veinte monolitos de piedra con forma de uña, que representaran las veinte que les arrancaron de las manos a Lasa y Zabala antes de matarles y enterrarles en cal viva?

Creía que lo había visto todo, pero que tengamos ahora que oír la indignidad de que "hay que ser humanitario con De Juana" de labios de los mismos que no dudaron en montar todo aquel horror del GAL es, con perdón, para vomitar.

Teníamos un Gobierno, el de Aznar, que supo acorralar a ETA sin recurrir a la guerra sucia, sin forrarse el bolsillo y sin negociar nada con los asesinos. Después, el 11-M ha devuelto al Gobierno a aquéllos que están dispuestos a lo que sea con tal de ocupar el poder: lo mismo les da torturar etarras que repartirse con ellos el país.

Luis del Pino
Libertad Digital, 25-01-2007

Los desahuciados

"Igual de enfermos y desahuciados, por lo demás, que Sor Patxi Nadie de la Cruz –"lo más importante ahora es salvar la vida de Iñaki"-. Alabado sea el Señor, hermana, veinticinco veces sea alabado."

Todos están enfermos, muy enfermos. Todos, menos De Juana Chaos, que es el único al que podría dársele el alta facultativa, sin riesgo de quebranto mayor ni para su salud, ni para la vergüenza torera del Gobierno. Pues únicamente él semeja recuperable. Y es que la infección que padecen los demás ni siquiera merece el consuelo del pronóstico reservado, ya que no remite a terapia conocida. De ahí que sólo reste compadecerlos como desahuciados que son. Así, enfermo y desahuciado luce ese fiscal de las mil y una noches que lo vela sin pausa ni descanso. Como enfermos y desahuciados yacen los magistrados todos de la Sección Primera de la Audiencia Nacional que tanto suspiran por devolverlo de pinchos a la herriko taberna. Igual de enfermos y desahuciados, por lo demás, que Sor Patxi Nadie de la Cruz –"lo más importante ahora es salvar la vida de Iñaki"-. Alabado sea el Señor, hermana, veinticinco veces sea alabado.

De idéntico modo, desahuciado, por enfermo, suena el hilito de voz de Manolo Chaves, cuando proclama "razonable" que Iñaki tenga más a mano a los otros cinco funcionarios que amenaza con asesinar. Tan desahuciadamente enfermo como la memoria de Llamazares, incapaz ya de traducir al euskera el inviolable derecho a la eutanasia y la "muerte digna" del programa de Izquierda Unida. Todos, sin excepción, enfermos y desahuciados como Zapatero, el agente catalizador de la epidemia. Pues la suya es una patología incurable. En verdad, padecen la enfermedad terminal más terrible, cruel y paralizante que a un ser humano quepa sufrir, una afección infinitamente más letal que el cáncer: el miedo. Están infectados de miedo, de miedo crónico, ese virus contagioso que expande su metástasis a base de oportunismo e irresponsabilidad a partes iguales.

En grotesco contraste, Iñaki, su enfermo imaginario, el preciado objeto de todos sus desvelos humanitarios, resulta ser el único figurante sano dentro del cuadro de actores de la comedia. Sin duda, su Iñaki da cobijo a algo más que la mente de un asesino en serie. También lo adorna otra tara: encarnar a un pobre idiota –otro– dispuesto a matar y morir por esa lerda entelequia metafísica, la roma creación de una fantasía pueril que ni existe, ni ha existido jamás: el Pueblo Vasco (así, con mayúsculas). Mas la idiocia moral es patrimonio del alma; y el alma de los gudaris sólo es de Sabino Arana, razón de que su etiología no aparezca catalogada en el Vademécum de la Seguridad Social.

Definitivamente, a quien hay que enviar a casa -y por la vía de urgencia- no es a Iñaki, sino a los genuinos moribundos. Con el apuntador a la cabeza.

José García Domínguez
Libertad Digital, 25-01-2007

Un nuevo partido surge en el País Vasco, Innovación Democrática, como alternativa al PP

Una nueva alternativa a los partidos tradicionales ha surgido en el País Vasco. Se trata de Innovación Democrática, que ha sido fundada por el último mohicano de Unidad Alavesa, Ernesto Ladrón de Guevara, el único juntero que quedaba de esta formación fruto de una escisión del PP en ese territorio histórico y que se disolvió en 2005.

Innovación Democrática es una formación que pretende recuperar la soberanía nacional, acabar con la partitocracia y que el representante responda sólo ante los electores y no ante el aparato del partido. Competirá con el PP en la captación del voto de centro-derecha y, sobre todo, de “ese sector de la población que se siente huérfano político y se manifiesta a través de la abstención y del voto útil”, según Ladrón de Guevara.

Innovación Democrática (INNDE) surgió en noviembre (ver noticia), en Madrid, como respuesta de un grupo de personas, la mayoría de corriente liberal, preocupadas por el deterioro del sistema democrático. Su filosofía parte de que los candidatos serán elegidos a través de elecciones primarias, a las que concurrirán con sus propios programas electorales y sólo responderán a sus electores y no ante la cúpula de dirigentes.

La participación del histórico dirigente alavés en la implantación del proyecto de INNDE en el País Vasco ha sido fomentada por uno de los fundadores del movimiento político, José Juan Franch, profesor de Economía y Hacienda de la Universidad Autónoma.

Ladrón de Guevara ha decidido impulsar este movimiento en el País Vasco ya que, a su juicio, se trata de un proyecto “innovador” basado en la democracia participativa: se contemplan las listas abiertas, se propondrá en Euskadi el mandato limitado y los elegidos sólo responderán ante su circunscripción electoral y no ante los cuadros del partido.

La nueva formación política celebrará hoy una reunión en Vitoria para decidir si concurre a las elecciones municipales y forales del próximo mayo, algo que es muy probable. No se descarta que sea el propio Ladrón de Guevara quien encabece la lista en Álava, aunque él quisiera dedicarse a la organización del partido. También se decidirá si Innovación Democrática se presentará a las elecciones en los ayuntamientos y juntas forales de Vizcaya y Guipúzcoa.

Entre las personas invitadas a la reunión figuran muchas que pertenecieron a la extinta Unidad Alavesa, así como miembros de Ciudadanía Democrática que participarán a título individual. De los dos impulsores de este último movimiento cívico -Ladrón de Guevara y la concejal del PSE en Getxo (Vizcaya) Gotzone Mora- sólo el primero ha optado por dar el salto a la política a través de Innovación Democrática. En cambio, Mora se inclina por una coalición entre PP y PSE, en lugar de por dividir el voto nacionalista.

Derechos fundamentales limitados

La participación de INNDE en Vizcaya y, sobre todo, en Guipúzcoa dependerá de las personas que se involucren en el partido de reciente creación. Ladrón de Guevara, doctor en Filosofía que se autodefine como "vasco en la resistencia", reconoce que en Guipúzcoa la libertad está más mermada –“allí hay más miedo”-, por lo que será más difícil encontrar candidatos para este proyecto de militancia cívica.

No en vano en el País Vasco están limitados los derechos fundamentales, en especial de la parte no nacionalista de la sociedad. Además de las amenazas directas, allí también se ve afectada la representación democrática hasta el punto de que el PSE-PSOE y el PP han reconocido que no pueden completar sus listas electorales para los comicios municipales y forales de mayo.

Julia Pérez
El Confidencial, 25-01-2007

El gran fracaso de la inmersión

La aprobación del nuevo Estatuto abre la puerta a una nueva fase en la normalización lingüística en Cataluña al establecer, por primera vez, «el deber de conocer el catalán». Carod-Rovira ha anunciado que encargará un estudio para adaptar la Ley de Política Lingüística de 1998 a la reforma estatutaria, lo que PP y Ciutadans interpretan como un posible endurecimiento delas medidas para fomentar una política de inmersión que ha demostrado su incapacidad de frenar el avance del uso social del castellano, además de favorecer el fracaso escolar. Por contra, otras reformas estatutarias han evitado profundizar en esta cuestión, como es el caso de la Comunidad Valenciana o Galicia.

La Fundación Jaume Bofill, dedicada al análisis de la realidad socioeducativa, ya advirtió de la situación en un estudio basado en los resultados del Informe PISA 2003. Los resultados son preocupantes en lo que respecta a comunidades y países donde hay más de una lengua oficial. En Cataluña, Bélgica o Suiza, donde la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización de sus hijos está muy limitada, la diferencia en el rendimiento académico entre los nativos e inmigrantes es muy elevada -prácticamente se duplica-. Por contra, en donde se favorece la lengua materna, no hay diferencias tan acusadas. La conflictividad que genera la cooficialidad lingüística no es exclusiva de Cataluña.

España
En España se aplican modelos escolares que oscilan entre el separatismo lingüístico y el bilingüismo total, todos ellos amparados por la Constitución de 1979. Lo que prohíbe la Carta Magna es la existencia de modelos territoriales puros en comunidades autónomas donde existen dos lenguas oficiales.

Cataluña. El proceso de inmersión lingüística comenzó a finales de los 70 y se hizo oficial mediante la Ley de Política Lingüística de 1983, reformada en 1998. La enseñanza en catalán es obligatoria en todos los niveles educativos, mientras que las asignaturas de castellano, inglés u otro idioma suman tres horas semanales. Una sentencia del TSJC reconoció el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en su lengua materna en la primera enseñanza. Un nuevo decreto del Gobierno central amplía las horas de o en castellano, lo que según los nacionalistas vulnera el nuevo Estatuto, que recoge por primera vez la obligatoriedad de conocer el catalán. La vicepresencia del Ejecutivo, en manos de ERC, lo ha aprovechado para proponer el refuerzo de la presencia del idioma en los ámbitos administrativos.

Comunidad Valenciana. El sistema bilingüe existente ha facilitado la pacificación sobre esta materia, antes y durante la reciente reforma estatutaria. El nuevo texto establece la cooficialidad del castellano y el valenciano, pero se prevé que una ley pueda hacer excepciones de territorios de enseñanza y de uso del valenciano. Los alumnos pueden escoger entre la línea catalán/valenciano, o la línea de castellano.

Galicia. El sistema es bilingüe, lo que obliga a impartir en gallego un número mínimo de asignaturas. En los primeros niveles educativos, la ley establece que las clases se impartan en la lengua materna predominante en el alumnado. A partir del segundo ciclo de primaria (8-9 años), el castellano sólo es obligatorio para la asignatura de esa lengua. Las diferencias entre PP, BNG y PSOE respecto a la equiparación del estatus jurídico del gallego con el castellano han hecho fracasar la reforma estatutaria.

País Vasco. Esta comunidad ofrece un amplio abanico de posibilidades de elección -en euskera, en castellano o mixto-. En las «ikastolas» (escuelas privadas), la enseñanza es exclusivamente en vasco.

Italia
La Constitución reconoce la existencia de varios modelos lingüísticos escolares muy diferentes. En la región del Valle de Aosta, el Estatuto de Autonomía establece que en las escuelas se impartirá un número igual de clases de lengua italiana y francesa, y se puede enseñar algunas materias en francés. Se trata de una regulación flexible, pues abre la puerta al bilingüismo total, aunque las leyes estatales establecen requisitos para integrar a alumnos procedentes de otras partes del territorio. Por contra, en Bolzano, en la región de Trentino-Alto Adigio, donde existe una minoría alemana, el Estatuto reconoce el derecho a la enseñanza en la lengua materna, lo cual favorece el separatismo lingüístico.

Bélgica
Bélgica, de estructura federal, cuenta con cuatro regiones lingüísticas: la región de lengua neerlandesa (Flandes), la de lengua francesa (Valonia); la región de lengua alemana y la región bilingüe de Bruselas-Capital. Dispone de diversos modelos de enseñanza, que pasa por el monolingüismo existente en las regiones valona y flamenca, al bilingüe de Bruselas. La enseñanza forma parte de las competencias de cada comunidad desde 1988.

Suiza
La Constitución de 2000 establece que las lenguas oficiales son el alemán, el francés y el italiano así como el romance en lo que respecta a la relación de la Confederación con la población de lengua romance. Se aplica el principio de territorialidad, por lo que en los cantones monolongües la única lengua de enseñanza y administrativa es la oficial -en un cantón francés no se puede exigir un servicio en alemán-. En Berna la administración central es trilingüe (alemán, francés e italiano) y debe utilizarse también el romance.

Canadá
La lengua de uso en las escuelas es competencia de cada una de las provincias. Destaca el caso del Quebec, región con mayoría francófona y donde se ha producido un arduo debate linguístico. El aumento de la inmigración de habla inglesa ha dado lugar a un refuerzo del francés mediante normas muy punitivas -se intentó sancionar a los alumnos que no utilizaban el francés. Los hijos de inmigrantes que viven en Quebec están obligados a acudir a la escuela francesa, excepto aquellos que demuestran una relación con la comunidad inglesa. La administración permite y fomenta la educación en la lengua materna.

POR MARÍA JESÚS CAÑIZARES. BARCELONA

Ciutadans estudia presentar candidaturas en cinco comunidades

Después de acceder al Parlamento catalán, el Consejo General de Ciutadans-Partido por la Ciudadanía, debatió ayer, sin llegar a una conclusión firme, presentar candidaturas en seis comunidades autónomas de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. El nuevo partido, que tiene federaciones constituidas en Madrid, Castilla y Leon, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía además de Cataluña, se ha dado de plazo hasta el mes que viene para decidir donde se presenta. De las citadas comunidades, cinco están gobernadas por el PP y una por el PSOE.

Fuentes de la Ejecutiva de Ciutadans explicaron ayer que la decisión se ha retrasado por la falta de acuerdo entre quienes abogan por una expansión rápida del partido y quienes creen que primero hay que consolidar la formación en Cataluña, donde nació el año pasado.

Lo que sí ha decidido Ciutadans es que la formación se presentará en una cincuentena de municipios catalanes, sobre todo en los que tuvo más del 3% de los votos en los comicios autonómicos de noviembre. Además de las cuatro capitales de provincia, Ciutadans pretende presentar listas en toda el área metropolitana de Barcelona.

El País (21/01/07)

La Audiencia ordena nuevos análisis de los explosivos del 11-M y cita a Henri Parot y los etarras de Cañaveras

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado como testigos en el jucio por el 11-M al etarra Henri Parot y a los dos detenidos que integraban la "caravana de la muerte" de ETA, que marchó en paralelo a la que trasladó desde Asturias a Madrid los explosivos que supuestamente se usaron el 11-M. El número de teléfono del primero estaba en poder del considerado lugarteniente de Lamari, uno de los siete islamistas que según la versión oficial se suicidaron en Leganés. La citación de los otros dos etarras detenidos en Cañaveras (Cuenca) podría responder a sus lazos con "El Chino", también muerto en Leganés. Como había adelantado El Mundo, la Audiencia también ha ordenado practicar nuevas pruebas sobre los explosivos que estallaron en los trenes. El juez instructor, Juan del Olmo, se había negado.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha emitido este martes un auto que fija en el 15 de febrero el inicio del juicio pr el 11-M. Tras la petición de las defensas, el tribunal encargado de juzgar a los 29 procesados ha admitido citar como testigos al sanguinario etarra Henri Parot y a los otros dos miembros de la banda terrorista detenidos en Cuenca once días antes de la masacre. Estaban al frente de la "caravana de la muerte", que marchó en paralelo a otra que, desde Asturias, trasladó a Madrid los explosivos que supuestamente se utilizaron en la masacre.

El sanguinario Parot ha sido citado porque una nota con su nombre apareció en la celda del islamista Abdelkrim Benesmail, considerado lugarteniente de Allakema Lamari, uno de los siete islamistas que, según la versión oficial, se suicidaron en el piso de Leganés. El testimonio de los etarras Gorka Vidal e Izkur Badillo, arrestados el 29 de febrero de 2004, fue solicitado por la defensa de Jamal Zougam, que en el sumario aparece como autor material de los atentados. El ex minero Emilio Suárez Trashorras, que es el procesado que más años acumula en la petición de penas, declaró ante varios policías que "El Chino" conocía a estos dos etarras.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal también ha acordado que se realice una nueva prueba pericial sobre los explosivos utilizados el 11-M, cuyos resultados deberán estar a disposición del tribunal antes del inicio del juicio y en el que participarán expertos de la Policía y de la Guardia Civil y otros propuestos por las acusaciones y las defensas.

Tal y como publicó El Mundo este fin de semana, el ex jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, reconoció ante Del Olmo el pasado verano que las pruebas que se habían realizado hasta ahora a los restos de explosivos eran "investigativas, no científicas" y que no podía concretar qué tipo de explosivo estalló en los trenes. Los análisis nunca se hicieron en la Policía Científica sino que fue una labor de los Tedax. Ahora, con la decisión de la Sala de lo Penal se intenta corregir este extremo y despejar todas las dudas que envuelven al arma homicida que se empleó en la masacre de Madrid. Del Olmo, que había ocultado esta declaración de Sánchez Manzano, también se había negado a ordenar nuevas diligencias sobre los restos hallados en los trenes.

Casi 600 testigos y 98 peritos

En total comparecerán ante el tribunal del 11-M entre 570 y 680 testigos -la cifra concreta no se conoce porque los listados pueden incluir policías duplicados, identificados por su nombre en un lado y su número profesional en otro-.

Entre los testigos inadmitidos por el tribunal están altos cargos del gobierno del PP, como el ex presidente José María Aznar y los que fueran ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad cuando se produjeron los atentados, Ángel Acebes e Ignacio Astarloa, respectivamente. La Sala considera que ninguno de ellos tiene relación con la causa y que sólo podrían aportar datos de referencia como responsables políticos, por lo que descarta su presencia.

Por la misma razón, al tratarse de testigos de referencia, ha sido rechazadas la comparecencias como testigos del juez Baltasar Garzón y de los responsables de la Policía Autónoma Vasca y del CNI al producirse la masacre, puesto que su testimonio se considera irrelevante. Tampoco se han admitido como testigos a varios intérpretes y médicos forenses puesto que todos ellos, de comparecer, deberían hacerlo en condición de peritos.

En cambio, la Sala ha admitido la comparecencia durante la vista de casi toda la cúpula policial en el momento de los atentados. Tampoco se incorporarán al proceso las investigaciones de la juez Gemma Gallego sobre el denominado caso del "ácido bórico", las investigaciones judiciales sobre las detenciones de la "Caravana de la Muerte" o diversas informaciones periodísticas. La inclusión de ambos datos había sido solicitada por la acusación ejercida en nombre de la Asociación de Ayuda a los Afectados por el 11-M.

Pericial

Por lo que se refiere a la prueba pericial, se han propuesto a 98 expertos, que comparecerán en grupos en función de la pericia realizada. Se prevé que durante la vista sean ratificadas una quincena de pericias referidas a explosivos, daños causados, perfiles de ADN, toma de huellas, médico-forenses etc.

En su auto, la Sala acepta la realización de una nueva prueba pericial sobre los restos de explosivos hallados en los distintos focos de las explosiones, a petición de la defensa de Zougam, de la Asociación de Ayuda al 11-M, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la misma acusación particular que solicitó que comparecieran siete etarras.

El tribunal justifica la elaboración de este nuevo análisis en cumplimiento del artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le faculta para permitir pruebas distintas a las propuestas por las partes, con el fin de "conciliar" las diferentes pretensiones y por "la necesidad de despejar todas las dudas" puestas de manifiesto por varias de las acusaciones con respecto al explosivo empleado en la masacre.

Pericia grabada y sellada

Para ello, la Sala arbitra en su auto todo un catálogo de condiciones para la realización de la nueva pericia. En principio, se librará oficio a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para que, en un plazo de un día, comunique al tribunal las muestras-testigo que tengan reservadas y los vestigios de explosivos recogidos en todos y cada uno de los focos de explosiones y la Renault Kangoo presuntamente utilizada para su traslado.

Si no existieran restos, deberá emitirse un informe antes del próximo 10 de febrero en el que se explique la razón por la que no existen muestras , por qué no se recogieron o consumieron o no se realizó pericia sobre ellas. De existir aún dichos restos, se realizará una nueva prueba pericial "que permita determinar las sustancias, elementos y/o componentes químicos que hay en ellos", con el fin de expresarse finalmente "el tipo de explosivo que racionalmente se estime que pudo haberse utilizado".

La prueba pericial se realizará en los laboratorios de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía por parte de dos agentes de este Cuerpo, dos guardias civiles, y un perito por cada una de las partes proponentes de la prueba, a los que se añadirán otro más por el resto de las acusaciones y otro por las defensas personadas. Todos los expertos deberán presentar sus credenciales ante la Sala antes del próximo lunes.

El auto añade que la prueba pericial será gravada en audio y vídeo "por, al menos, dos cámaras que se usarán sucesivamente" y que después serán precintadas en presencia del secretario judicial. Los peritos deberán un borrador de informe –aunque no exista unanimidad sobre el mismo–, antes de las 15 horas del próximo 13 de febrero.

Libertad Digital, 23-01-2007