Decíamos ayer que, tras el indigno informe de la Fiscalía, el futuro del Estado de Derecho había quedado en manos de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Supieron estar a la altura del reto y acordaron mantener la prisión del etarra De Juana Chaos por una clara mayoría de doce a cuatro.
Los magistrados sostienen en su resolución que De Juana es «el único responsable» de su situación al ponerse «en peligro de forma libre y voluntaria», por lo que no cabe ni la libertad provisional ni la prisión atenuada, que se concede por grave enfermedad o un hecho sobrevenido.
La decisión supone no sólo un triunfo de ese Estado de Derecho y de la legalidad vigente sino que además representa una inyección moral para todos aquéllos que se resisten a plegarse al chantaje de ETA.
Lo que estaba en juego ayer no era la catadura moral de De Juana, ni su sentencia por amenazas, ni su condición de preso preventivo ni lo que pueda acordar el Supremo sobre su recurso. Lo que verdaderamente decidían esos 16 magistrados de la Audiencia era si las resoluciones judiciales tienen que plegarse a las presiones del justiciable y de su entorno o deben ser tomadas en base a criterios estrictamente jurídicos. Afortunadamente primó este segundo criterio y ETA no logró imponer la excarcelación de De Juana.
Tristemente, se ha podido constatar estos días que la banda tiene fuerza para doblegar a la Fiscalía, cuya conducta ha sido ignominiosa, pero no para torcer la voluntad de los jueces.
El fallo de la Audiencia fue acogido con unánime respaldo por el PP y con respeto en las filas del PSOE, pero los nacionalistas arremetieron contra los jueces, a los que intentaron presentar como marionetas del PP. Iñaki Anasagasti afirmó que «si De Juana fallece, los jueces habrán optado por la pena de muerte» mientras que otros destacados líderes nacionalistas hablaron de «venganza». Batasuna fue más lejos y calificó la resolución de «estrategia de guerra desde las cloacas judiciales». Y Askatasuna resaltó que el proceso de paz entra en «el tiempo de descuento».
Estos mensajes de la izquierda abertzale coinciden con una información publicada ayer por el diario Gara, que subrayaba que ETA considera que el Gobierno español ha incumplido sus acuerdos. Zapatero siempre lo ha negado, pero todo indica que la banda había llegado a creer que el Gobierno estaba adquiriendo compromisos a pesar de que no existían representantes formales del Ejecutivo en las reuniones con ETA.
La reciente sentencia contra Jarrai, la decisión de no excarcelar a De Juana y la detención ayer de un etarra que al parecer pretendía organizar un comando en el Mediterráneo son hechos que no han gustado nada a la banda y sus cómplices. Pero para un Estado democrático siempre serán preferibles los daños que se deriven de una nueva ofensiva de ETA que una claudicación ante sus exigencias.
Editorial de El Mundo, 26-01-2007
Los magistrados sostienen en su resolución que De Juana es «el único responsable» de su situación al ponerse «en peligro de forma libre y voluntaria», por lo que no cabe ni la libertad provisional ni la prisión atenuada, que se concede por grave enfermedad o un hecho sobrevenido.
La decisión supone no sólo un triunfo de ese Estado de Derecho y de la legalidad vigente sino que además representa una inyección moral para todos aquéllos que se resisten a plegarse al chantaje de ETA.
Lo que estaba en juego ayer no era la catadura moral de De Juana, ni su sentencia por amenazas, ni su condición de preso preventivo ni lo que pueda acordar el Supremo sobre su recurso. Lo que verdaderamente decidían esos 16 magistrados de la Audiencia era si las resoluciones judiciales tienen que plegarse a las presiones del justiciable y de su entorno o deben ser tomadas en base a criterios estrictamente jurídicos. Afortunadamente primó este segundo criterio y ETA no logró imponer la excarcelación de De Juana.
Tristemente, se ha podido constatar estos días que la banda tiene fuerza para doblegar a la Fiscalía, cuya conducta ha sido ignominiosa, pero no para torcer la voluntad de los jueces.
El fallo de la Audiencia fue acogido con unánime respaldo por el PP y con respeto en las filas del PSOE, pero los nacionalistas arremetieron contra los jueces, a los que intentaron presentar como marionetas del PP. Iñaki Anasagasti afirmó que «si De Juana fallece, los jueces habrán optado por la pena de muerte» mientras que otros destacados líderes nacionalistas hablaron de «venganza». Batasuna fue más lejos y calificó la resolución de «estrategia de guerra desde las cloacas judiciales». Y Askatasuna resaltó que el proceso de paz entra en «el tiempo de descuento».
Estos mensajes de la izquierda abertzale coinciden con una información publicada ayer por el diario Gara, que subrayaba que ETA considera que el Gobierno español ha incumplido sus acuerdos. Zapatero siempre lo ha negado, pero todo indica que la banda había llegado a creer que el Gobierno estaba adquiriendo compromisos a pesar de que no existían representantes formales del Ejecutivo en las reuniones con ETA.
La reciente sentencia contra Jarrai, la decisión de no excarcelar a De Juana y la detención ayer de un etarra que al parecer pretendía organizar un comando en el Mediterráneo son hechos que no han gustado nada a la banda y sus cómplices. Pero para un Estado democrático siempre serán preferibles los daños que se deriven de una nueva ofensiva de ETA que una claudicación ante sus exigencias.
Editorial de El Mundo, 26-01-2007
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