Cena para tres. Por Ignacio Camacho

De postre podían elegir la cabeza del presidente, pero tenían más apetito de poder que de elecciones anticipadas.

LOS líderes del nacionalismo vasco y catalán, Urkullu, Mas y Duran Lleida, se fueron a cenar el lunes en Madrid para discutir la duración de la legislatura. De aperitivo les sirvieron un Gobierno abierto en canal, asado vuelta y vuelta en la parrilla de la minoría parlamentaria, y de postre podían elegir la cabeza del presidente, pero tenían más apetito de poder que de elecciones anticipadas. Al final se sintieron generosos y en vez de pedir sorbete de Zapatero se sirvieron una ración doble de soberanismo a la carta y, según su inveterada costumbre, ordenaron que enviasen la cuenta al Palacio de la Moncloa, donde siempre hay alguien de guardia dispuesto a hacerse cargo de la factura. Sobre todo si viene acompañada de una botella de oxígeno político para brindar por la buena voluntad de los comensales.

Como democristianos que al fin y al cabo son, los dirigentes del PNV y CiU aprietan pero no ahogan. Utilizan los debates para construir severas y altisonantes críticas retóricas y luego encuentran una casuística muy alambicada para escabullir las consecuencias de sus reproches. Exprimen la debilidad del Gobierno en su beneficio y administran con tacto de expertos el banco de los favores. Pasan por responsables y actúan como ventajistas. Son maestros de la ambigüedad evangélica: su mano derecha finge no saber lo que hace la izquierda.

Para ejercitar ese doble juego del que lleva décadas sacando tajada, el nacionalismo ha convertido la política española en un mercado negro. Con González y con Aznar se tasaba de antemano el importe en especie y en metálico del trato y luego las partes se limitaban a cumplir lo convenido con mayor o menor honorabilidad; con Zapatero, sin embargo, han visto la rentable posibilidad de especular sobre la marcha con precios que suben según la ley de la oferta y la demanda. La crisis económica, el pacto vasco y el lío del Estatuto catalán han elevado la prima de riesgo que debe sufragar el Gobierno: su estabilidad relativa cotiza con tasas de bono alemán y las emisiones no son renovables. Como el Estado anda corto de fondos va a tener que hipotecarse con concesiones políticas.

Pocas oportunidades van a tener los especuladores de encontrar un gobernante tan dispuesto a pagar sobreprecio por su supervivencia. El mismo Zapatero declaró su desesperación de acreedor en apuros decidido a pignorar el poder a interés abusivo: «Cueste lo que cueste». Y vaya si le va a costar. En cada debate parlamentario, en cada ley, en cada reforma, en cada presupuesto, le van a obligar a pasar por caja con un montón de prebendas, favores y concesiones de autogobierno. Sólo que esta vez ni siquiera podrá comprar apoyos; se tendrá que limitar a alquilarlos por el tiempo que decidan sus arrendatarios. Y cada vez que éstos se reúnan a cenar juntos sabrá que en el menú está escrito el final de su mandato.

ABC - Opinión

Blanco. No me estresen al controlata.. Por Pablo Molina

Lo último que quiero es que la persona que se encarga de que mi avión aterrice, circule y despegue de forma segura esté al límite de la extenuación por el cansancio acumulado o al borde de un ataque de nervios por las acusaciones injustas del Gobierno.

Si hay un gremio con el que la administración debería ser especialmente considerada en cuanto a sus derechos laborales ése es el de los controladores aéreos, unos señores (y señoras) de cuya labor depende la seguridad de los que utilizamos el avión, especialmente los que lo hacemos a menudo.

Montarse en un avión ya supone un cierto grado de intimidación, porque eso de que un artefacto de varias toneladas se eleve por los aires y pueda maniobrar en el despegue y el aterrizaje es algo que el ser humano no comprende de forma intuitiva. Sólo falta que, además de tener que aceptar esa aparente contradicción de las leyes de la naturaleza, uno deba andar preocupado por si el controlador que se ocupa de su vuelo lleva veinte horas a base de cafeína en vena y ya tiene dificultades para ver correctamente la pantalla de datos de la que depende tu vida y la del resto de ocupantes de la aeronave.

No sé lo que gana un controlador aéreo y supongo que, como en todas las profesiones, habrá golfos y vagos mezclados con trabajadores responsables que se toman su labor con toda seriedad. Si es cierto que ganan lo que dicen que ganan, y eso provoca una envidia invencible, lo mejor que puede hacer la administración es contratar a más personal y eliminar todas las horas extras y demás pluses. Y si el ministro Blanco no es capaz de cuadrar las cuentas de AENA, que busque otras fórmulas de gestión, porque es difícil admitir que una función esencial en una economía moderna como el control del tráfico aéreo no pueda ser rentable gestionada con criterios de pura empresarialidad.

Los que frecuentamos el uso del avión hemos experimentado en las últimas semanas algún tipo de retraso, oficialmente achacado a la "congestión del tráfico aéreo" y oficiosamente a que los controladores están practicando una huelga encubierta. En contra del sentir mayoritario de los afectados, a mí me da igual llegar un poco más tarde a mi destino si lo voy a hacer de forma segura y si para solucionar ese problema, sea el que sea, hay que contratar a más controladores es deplorable que el Gobierno regatee un dinero que despilfarra en los asuntos más absurdos.

Lo último que quiero es que la persona que se encarga de que mi avión aterrice, circule y despegue de forma segura esté al límite de la extenuación por el cansancio acumulado o al borde de un ataque de nervios por las acusaciones injustas del Gobierno. Espero que se alcance pronto una solución, pero conociendo la capacidad de Pepiño, no sería raro que el hilo musical de los aviones consista dentro de poco en el Santo Rosario.

Libertad DigitaL - Opinión

La puntilla. Por Andrés Amorós

La realidad lamentable es que el nacionalismo, apoyado en este seudoprogresismo, va a conseguir lo que quería. Dentro de una semana, Barcelona se habrá empobrecido culturalmente un poco más, en contra de su tradición abierta, mediterránea, y los catalanes habrán visto cercenada una más de sus libertades.

Hasta ayer mismo, algunos aficionados barceloneses de buena voluntad confiaban en que el tradicional «seny» catalán se impusiera para que la amenaza a la libertad de ir a los toros no se llegara a cumplir. Lamentamos tener que reconocer hoy que se equivocaban.

No es extraño. En todos los ámbitos de la vida, tendemos a negar lo que nos resulta imposible de comprender y difícil de aceptar. Es la vieja táctica del avestruz: mejor engañarnos que desesperarnos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?: «No hay que ser catastrofista», «las cosas no están tan mal», «no se ha roto nada...» La realidad indiscutible es que, limitándose a decir eso, no se arregla nada.

También me aferré yo a la esperanza, en un momento, de que Convergencia no quisiera aparecer con esta imagen de prohibición antipática ante el resto de los españoles, por si necesitaba alianzas con un partido nacional para gobernar; que Unió, de acuerdo con su tradicional ideario, defendería la libertad de los empresarios catalanes que arriesgan su dinero en el negocio taurino; que Esquerra tendría difícil justificar ante sus electores por qué defiende los «correbous», a la vez que ataca a las corridas de toros; que el Partido Socialista Catalán no querría verse mezclado en esta historia tan turbia...

Una vez más, incurríamos en lo que los americanos llaman «wishful thinking»: confundíamos la realidad con nuestros deseos. La puntilla ha sido la pirueta —una más— del socialismo catalán, que, en contra de lo que siempre había afirmado, da ahora libertad de voto a sus diputados autonómicos ante el proyecto de ley de prohibición de la Fiesta. De este modo, algunos socialistas votarán a favor, y otros, en contra: así, la prohibición de la Tauromaquia parece segura. De nada sirve ya argumentar que habían prometido lo contrario, ni recordar las ilusiones que se basaron en la presunta afición taurina del presidente Montilla y de su mujer: ni siquiera ha manifestado él cuál será el sentido de su voto, con el pretexto de no influir... Ni Poncio Pilatos lo hubiera hecho mejor. También en este tema, Montilla no puede permitir que nadie le adelante: «Yo, más nacionalista catalán que nadie», parece repetir. Aunque, con el habitual desparpajo de algunos políticos, sigue cargando la exclusiva responsabilidad de la probable prohibición sobre los hombros de sus rivales de Convergencia. ¿Habrá alguien tan ingenuo como para creerlo?

En los periódicos catalanes acabo de leer dos noticias de innegable trascendencia. En primer lugar, Convergencia i Unió cree tener ya asegurada la mayoría absoluta, ante el desplome del tripartito, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y las piruetas de Zapatero. Además, en una encuesta que publica «La Vanguardia», el número de los catalanes que apoyan la independencia supera, por primera vez, al de los que se oponen.

¿Tiene todo esto algo que ver con la prohibición de los toros? ¡Por supuesto! Convergencia cree que ya no necesita alianzas ni se preocupa demasiado de su imagen en el resto de España. El socialismo catalán incita a la rebelión contra la sentencia sobre el Estatuto y el presidente del Gobierno promete buscar las vías para orillarla... Al lado de todo eso, ¿van a dudar los nacionalistas en prohibir la Fiesta? ¡Claro que no! Cuestiones mucho más graves, objetivamente hablando, están planteando ahora, sin el menor respeto a la libertad de los españoles, en su conjunto...

Una vez más, hay que recordar lo que manifestó Albert Rivera, en el acto del Liceo que organizó ABC. El sentido de sus palabras era clarísimo: «Si este acto se planteara como una defensa de la Tauromaquia, yo no hubiera venido, porque no soy aficionado. Vengo porque el lema habla de libertad: la libertad de ir a los toros el que lo desee». Esa es la libertad que ahora se impide. El trasfondo político de toda la cuestión es evidente, aunque algunos intenten negarlo con la cantilena de que no hay que convertir esto en un «debate identitario». ¿Quién lo ha afrontado así? ¿Se van a prohibir a la vez la caza y la pesca en Cataluña? Para todo el que no tenga telarañas en los ojos, el motor básico de este proyecto de prohibición resulta evidente: el deseo de eliminar de Cataluña cualquier signo que en el mundo entero se identifique con la cultura española. Eso es justamente la Fiesta de los toros : lo tiene que reconocer cualquier observador imparcial, sea aficionado o no.

De nada ha servido recordar que la Tauromaquia ha sido, desde hace siglos, una Fiesta catalana: el número de plazas, los toreros catalanes, los críticos, los artistas, los empresarios. Cualquiera recuerda los nombres de Pablo Picasso, Néstor Luján, Mario Cabré, «Chamaco», Joaquín Bernadó, Pedro Balañá...

Ahora mismo, en Céret, las corridas de toros se llenan de «senyeras» y barretinas, se escucha «Els Segadors» y el alcalde, sin ningún complejo, da un bando, el domingo 11 de julio, «prohibiendo las manifestaciones reivindicativas anticorridasen un radio de 150 metros alrededor de las Arènes». Repito: no sirve de nada recordarlo. El nacionalismo sabe apoyarse en el presunto «progresismo», tendencioso e ignorante. Un solo ejemplo. Conviene recordar un reciente artículo del catedrático de Filosofía Jesús Mosterín —uno de los «expertos» que declaró ante el Parlamento catalán en contra de los corridas— en el que dice textualmente:

«De hecho, el riesgo del torero es mínimo... El mayor riesgo que corre es el de ser herido por las banderillas que sus propios banderilleros le han clavado al bovino... Las estadísticas muestran que en los últimos veinte años ningún torero ha muerto en la plaza». Rubor intelectual daría contestar con datos a semejantes muestras de ignorancia de un presunto «experto».

La realidad lamentable es que el nacionalismo, apoyado en este seudoprogresismo, va a conseguir lo que quería. Dentro de una semana, Barcelona se habrá empobrecido culturalmente un poco más, en contra de su tradición abierta, mediterránea, y los catalanes habrán visto cercenada una más de sus libertades. Hay otro aspecto que no debemos olvidar. Tampoco —me temo— han sabido defender la Fiesta suficientemente los profesionales de la Tauromaquia, dentro y fuera de Cataluña.

Por todo ello, sentía yo una profunda melancolía el domingo pasado, en la Plaza Monumental de Barcelona, cuando unas voces se alzaban y unas pocas pancartas aparecían, en los tendidos, reclamando libertad: parecía un viaje hacia atrás en el tiempo, a épocas felizmente superadas.

Recordaba yo a Paul Éluard, que da título a Elena Quiroga: «Escribo tu nombre: libertad». Y al padre común Cervantes, en boca de la pastora Gelasia: «Libre nací y en libertad me fundo...».

Barcelona es el último bastión de una batalla perdida ya muchas veces. Se había pedido a las organizaciones taurinas de fuera de Cataluña que no intervinieran mucho, para no suscitar reacciones. Es un caso claro de esa estrategia de una oposición «de bajo nivel», que suele conducir a la catástrofe: haría bien el PP en contemplar este ejemplo...

Las conclusiones son obvias: en definitiva, deciden los nacionalistas, crecidos ante una marea general que creen imparable. Pastelea el socialismo catalán —también en esto—, contradiciendo lo que tantas veces habían sostenido. Ha sido la puntilla: libertad, ¿para qué?... Lo siento por Cataluña. Y no solo, ni en primer lugar, por los toros.

ABC - Opinión

No vamos. Por Alfonso Ussía

Un numeroso grupo de amigos e incondicionales habíamos alquilado dos autobuses para viajar a Rodiezmo. Llevábamos años con el antojo y teníamos ilusión por cumplirlo. Pero me temo que nos vamos a ver forzados a cancelar la excursión. Un contratiempo de última hora puede obligar a Zapatero a cancelar su compromiso, y sin Zapatero, el acto de Rodiezmo carece de interés. Es como visitar el Zoo de Madrid para admirar al oso panda y toparse con un cartel que anuncia que el oso panda está constipado y no se le puede ver. Se siente una profunda decepción, y si hay niños entre los decepcionados, el llanto es inevitable. Por ese lado, hay que agradecer a Zapatero su sinceridad. No podrá trasladarse a Rodiezmo por problemas de agenda. Las agendas son así. Se llenan de citas, apuntes y compromisos, y no tienen corazón. Con lo felices y contentos que estaban los mineros de Rodiezmo ensayando la ovación unánime al compañero presidente.

Entre los amigos que nos hemos quedado a dos velas con el chasco, destaca uno por su mal carácter. No está dispuesto a dejarse llevar por su melancólica irritación. Es votante del PSOE y confía plenamente en las medidas que Zapatero ha adoptado para emerger de los fondos de la crisis económica. Pero la cancelación de la cita con Rodiezmo de Zapatero le ha puesto al borde de los nervios y reconoce hallarse navegando en una mar de dudas. «José Luis siempre da la cara», dice con orgullo. «Pues en la presente ocasión ha dado el culo», le ha respondido otro de los integrantes de la fallida excursión, más crítico y menos entusiasta. Es lo que hay.

No puede resultar agradable ocultarse de la opinión popular. Me comenta un allegado a Zapatero, que éste le ha tomado un poco de miedo a la reacción de los mineros engañados. Y que ésa, y no la apuntada en la agenda, es la causa de su incomparecencia en Rodiezmo. En la agenda se lee: «5 de Septiembre. No puedo ir a Rodiezmo como es mi deseo porque viene a verme a La Moncloa Moratinos». No parece un motivo razonable para incumplir su promesa. A Moratinos lo tiene siempre a su disposición, vestido con corbata o de afgano venido a más. Claro, que también Carmen Chacón, la ministra de Defensa, no ha querido enfrentarse al chorreo público de los toledanos en la inauguración del Museo del Ejército en el «heroico Alcázar», que así lo definió el General Coll con sobradísima razón. Y ha hecho bien la ministra de Defensa. Si su presidente no da la cara, ¿por qué tiene ella que aguantar las pitadas y los abucheos de la ciudadanía?

Lo que no entiendo es la ausencia de Rajoy en la inauguración del Museo del Alcázar. Con toda probabilidad, otro problema de agenda. La agenda de Rajoy la hace y deshace el esposo de Celia Villalobos, Arriola o algo así, que está a un año de conseguir lo que se propuso cuando a su Celia le dejó Aznar sin ministerio. Que el Partido Popular no vuelva a ganar unas elecciones. Rajoy tiene que saber, que por encima de detalles discutibles, su electorado quiere y respeta a los soldados de España y a su Historia, y a sus héroes. Y que los toledanos no le iban a pitar. Muy mala confección la de la agenda del dirigente de la Oposición.

Pero hoy lo que me importa y afecta es Rodiezmo, la decepción de mis amigos, la cancelación de la excursión y la pérdida de la señal que hemos depositado en la empresa de autobuses. Con nuestra asistencia que no cuenten. Si Zapatero no va, nosotros no vamos. Así de claro y rotundo.

La Razón - Opinión

Encuesta. Un país de funcionarios. Por José García Domínguez

Esa encuesta constituye el vivo reflejo de un modelo educativo no sólo ajeno, sino abiertamente opuesto al paradigma económico y cultural que rige en las sociedades occidentales.

Según recentísimo sondeo, el rebaño que ansiaría pastar en el Presupuesto de por vida ya agrupa al 75 por ciento del censo. Así, la suprema aspiración de tres de cada cuatro españoles, su particular nirvana, consistiría en amontonar expedientes, trienios y tedio a la sombra de un negociado estatal cualquiera. Y, si bien se mira, lo único en verdad extraño es que aún quede alguien por ahí que pretenda cosa distinta. A fin de cuentas, algo debe estar fallando en el desarrollo práctico de la LOGSE cuando, veinte años después de su puesta en marcha, todavía un cuatro por ciento de los jóvenes desea ganar dinero y prosperar arriesgándose a crear empresas con el auxilio de su personal ambición.

Porque hay una coherencia absoluta entre los valores de lo que han dado en llamar "la comunidad educativa", rigurosa antítesis moral del mundo que rige extramuros de colegios e institutos, cofradía siempre presta a anular el afán de superación en la cama de Procusto que responde por pedagogía progresista, y la endémica aversión al riesgo que revela la demoscopia. He ahí, pues, el fruto más destilado de su afán nivelador; la inopinada consecuencia última de la paidocracia que la inspira, arquetipo perfecto de un mundo sin precios y sin responsabilidad individual; negación definitiva, radical, de los principios del sistema de mercado. Y es que, desoladora, esa encuesta constituye el vivo reflejo de un modelo educativo no sólo ajeno, sino abiertamente opuesto al paradigma económico y cultural que rige en las sociedades occidentales.

Todos, sin jerarquía ni distinción, soñándose funcionarios. ¿Cómo no reconocer ahí el triunfo definitivo de esos ingenieros de almas –muertas–, los pedagogos, funesta tropa que no se percibe servidora de las necesidades de la comunidad sino que, muy al contrario, propugna que sea ella, la sociedad, quien se someta a su patológico desvarío igualitario? Y pensar, ingenuo de mí, que aún me escandalicé al comprobar que eran fotogramas de El Padrino los que ilustraban el más común de los manuales de Economía usados en el bachillerato. Don Vito Corleone, revolver en ristre, icono docente del capitalismo liberal. Insisto, lo raro, inaudito mejor, es que subsista ese cuatro por ciento. En fin, ya lo advirtió el clásico: hay gente pa to.

Libertad Digital - Opinión

¿Qué vale un soldado?

Para ZP y Moratinos es más importante la resolución sobre el estatuto de Cataluña que los soldados que se juegan la vida en territorio afgano.

MIGUEL Ángel Moratinos tenía prisa. Se fue de gira por Asia Central con una generosa delegación de medios de comunicación que él no consideraba incómodos. Primero hizo escala en Almaty por los rescoldos de una presidencia de la OSCE de ignota relevancia. Después se llegó a Qala i Naw, en la provincia afgana de Badghis, donde fue revestido con los atalajes de los señores locales —«longui» y «chapan»— proclamando una excepcionalidad de rito que no lo es tanto como se vendió a los medios españoles; en el caso de alguno de nuestros aliados se ha concedido la misma merced al embajador en Afganistán. Y, finalmente, fue a Kabul, donde se reunió con el presidente Hamid Karzai y el ministro de Exteriores, Zalmai Rasool.

Concluidas esas entrevistas, Moratinos consideró llegada la hora de volver a España. Y mientras caían sobre Kabul el secretario general de la ONU y cuarenta ministros de Asuntos Exteriores —Hillary Clinton incluida— el ministro de Exteriores español creyó más relevante —según declaró— volver a Madrid a votar las resoluciones no vinculantes del debate sobre el Estado de la Nación. Ese es el valor que dan Moratinos y Zapatero a la presencia de las tropas de España que arriesgan su vida en Afganistán. Es más importante la resolución sobre el estatuto de Cataluña, que encabezaba las votaciones de ayer tarde, que los soldados que ponen su vida en juego en territorio afgano. Y prueba del valor que dan Zapatero y Moratinos a la vida de nuestras tropas es que en lugar del ministro quedó en Kabul la secretaria de Estado de Cooperación. Y aunque a este Gobierno le gustaría creer que nuestro Ejército es un cuerpo de socorristas, en Afganistán están librando una guerra que exige un liderazgo político. No una cooperante.

ABC - Editorial

La debilidad del Gobierno

Las votaciones de las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación evidenciaron ayer una realidad que es imposible maquillar: el Gobierno afronta su etapa parlamentaria más difícil de toda la legislatura. El Ejecutivo sólo logró salvar una de las medidas que le puede dar más margen de movimiento en los próximos meses: el techo de gasto presupuestario con el que contará el Gobierno para 2011, resolución que fue aprobada gracias a la abstención de CiU y de Coalición Canaria, por lo que los 169 votos socialistas fueron suficientes para que esta medida trascendental siga su curso. Ésa fue una de las pocas satisfacciones de los socialistas, que vieron cómo se cerraba el Debate sobre el Estado de la Nación con nueve derrotas –cinco más que el año pasado– y con el dato más que preocupante al ver que salían adelante ocho propuestas de la oposición.

El Ejecutivo vio cómo no salía adelante una de sus iniciativas «estrella»: la propuesta de resolución pactada entre el PSOE y el PSC sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Estatut, que no logró el apoyo de los grupos nacionalistas catalanes CiU y ERC, al entender que esta propuesta no incluía la declaración que aprobó el viernes pasado el Parlamento de Cataluña, que gravitaba sobre el preámbulo de la norma catalana, que fue cuestionado por el TC.

Pero quizá el correctivo más severo fue ver cómo toda la oposición se unía para aprobar la propuesta para que el Gobierno no aplique su decisión de congelar las pensiones contributivas en 2011 con el fin de ahorrar 1.500 millones de euros y que tampoco retrase la edad de jubilación. De esta forma, los grupos de la oposición pactaron una enmienda transaccional al entender que esta medida del Gobierno traicionaría el espíritu del Pacto de Toledo, algo que siempre se le ha reprochado al Ejecutivo.

De esta forma se escenificaron ayer la soledad y la debilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la vuelta del verano no va a ser más venturosa si se confirma que CiU no apoyará los Presupuestos Generales del Estado, a lo que se suma la incertidumbre que ha suscitado el encuentro entre Artur Mas, Josep Antoni Duran i Lleida y el líder del PNV, Íñigo Urkullu. A pesar de que su contenido no ha trascendido, nadie ignora que ambas fuerzas nacionalistas están buscando puntos de consenso con vistas a la votación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así las cosas, el Gobierno tendrá que hacer numerosos encajes de bolillos y no pocas concesiones, que puede que no siempre se ajusten al interés general, si quiere lograr una estabilidad parlamentaria que le permita ejercer su labor gubernamental sin sobresaltos. Visto lo visto ayer, parece que va a ser bastante complicado que los socialistas lleguen a un pacto consistente con alguna de las fuerzas políticas del Congreso, que transmiten la sensación, cuando no la confirmación, de que dan por amortizado al actual Ejecutivo hasta el punto de que no están dispuestas a darle ningún balón de oxígeno que le facilite llegar al final de la legislatura.

La Razón - Opinión

Sospechoso estrés

Las bajas masivas de controladores coinciden con la aplicación de sus nuevas condiciones laborales

Es poco creíble el repentino aluvión de bajas que está registrando el colectivo de controladores aéreos españoles. Los 2.300 profesionales del sector exhiben una larga historia de huelgas de celo, en demanda de sus privilegiadas condiciones y aprovechando la repercusión de sus acciones, como para otorgarles ahora la presunción de inocencia; máxime cuando tal avalancha de bajas, que triplican a las de hace solo cinco meses, coincide con un mayor tráfico aéreo por el periodo estival y con la entrada en vigor del decreto ley (luego convertido en ley) que modificó sustancialmente sus privilegiadas condiciones laborales.

El sindicato mayoritario de los controladores (USCA) achaca el absentismo al agotamiento del personal, al estrés y la angustia que produce un trabajo tan intenso. Es una explicación poco convincente, habida cuenta de que lo que imperaba en el sector antes del decreto ley era una prolongación exagerada de la jornada laboral a base de horas extras muy generosamente pagadas. De modo que la solución al agotamiento difícilmente debería ser una reducción de dicha jornada. Metidos en su propia trampa, la respuesta más sencilla al desfallecimiento de los controladores españoles, cuyo trabajo es similar al del resto de los europeos, con sueldos inferiores, sería dudar de su capacidad para asumir su carga de trabajo.

Apenas quedan dudas de que estamos ante una huelga encubierta e ilegal. De manera que hay que aplaudir la decisión del Ministerio de Fomento de preparar el desembarco de controladores militares para casos excepcionales; y lamentar las críticas oportunistas del portavoz del PP, González Pons, a la supuesta imprevisión gubernamental. Solo cabe reclamar de Fomento y de AENA que los cursos de adaptación de los militares a la ordenación del tráfico civil sean realizados con el máximo rigor, de manera que se siga primando la seguridad ante todo.

Los controladores aéreos han perdido todas las batallas en los últimos meses, incluida la judicial. La Audiencia Nacional dio el visto bueno a la reducción de sus salarios (de 350.000 euros anuales de media) en un 40%. Eran sueldos abusivos para jornadas de trabajo insuficientes (1.200 horas anuales) que, por tanto, había que completar con horas extras, lo que engrosaba los emolumentos de algunos hasta los 700.000 euros anuales, unas cifras que hablan por sí solas. Estos técnicos podían, además, acogerse a una baja voluntaria definitiva a los 52 años sin merma salarial.

El mejor camino para terminar con tales condiciones de privilegio y evitar nuevos conflictos es el emprendido por el Gobierno, que intenta introducir racionalidad y sensatez en el trabajo de un colectivo al que antes nadie osó plantar cara. Que la Seguridad Social y la Fiscalía investiguen a fondo las bajas es una buena noticia. Solo una verificación minuciosa evitará el abuso o el linchamiento indiscriminado de un colectivo tan amplio.

El País - Editorial

Los etarras y el temor al castigo

La certeza y el cumplimiento íntegro de las penas no es sólo un acto de justicia a la que tienen imperecedero derecho las víctimas, sino también la mejor forma de disuadir a los etarras que siguen en libertad y en situación de cometer nuevos atentados.

La noticia de que nueve etarras, que cumplen condena en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, disfrutan de beneficios especiales consistentes en permisos de salida de 36 días al año, que podrían ampliarse a salidas todos los días del año para estudiar o trabajar, ha causado, según la CEP, una "honda preocupación en la policía"; una preocupación que también está justificada si tenemos en cuenta las desvergonzadas declaraciones de Rubalcaba, en las que el ministro niega la condición de etarras a dichos presos con la excusa de una supuesta "petición de perdón a las victimas" y de una no menos supuesta "condena de la violencia".

Decimos "supuesta" porque no existe constancia pública de dicho arrepentimiento. De hecho, el informe solicitado al Ejecutivo por el Sindicato Unificado de Policía sobre cada beneficio penitenciario, en el que se señale el nombre del terrorista, las indemnizaciones que ha satisfecho y el documento en el que conste su arrepentimiento y petición de perdón ha sido denegado por el ministro Rubalcaba con el bochornoso argumento de que "hablar de estos temas no beneficia a nadie".

Por otra parte, aunque ese arrepentimiento se hubiera efectivamente producido y las indemnizaciones por responsabilidad civil se hubieran satisfecho, eso no borra el hecho de que los veinte asesinatos por los que fue condenado Luis Maria Lizarralde –por citar a uno de los presos beneficiados– fueron perpetrados por un criminal que pertenecía y actuaba en nombre de ETA.

Que el manido y mal aplicado argumento del "palo y la zanahoria" no lleve a nadie a engaño: claro que la política penitenciaria puede y debe servir para debilitar a la banda terrorista. Pero si sirve es porque la certeza y el cumplimiento íntegro de las penas no es sólo un acto de justicia a la que tienen imperecedero derecho las víctimas, sino también porque es la mejor forma de disuadir a los terroristas que siguen en libertad y, por tanto, en situación de cometer nuevos atentados. No es el arrepentimiento de los que están presos sino la disuasión de los que aun están en situación de atentar contra nosotros a lo que se debe dar prioridad. Y es que si no queremos que la "zanahoria" debilite la disuasión que procura la certeza y la severidad del "palo", los beneficios penitenciarios sólo se deben conceder a aquellos que han hecho no sólo un público e incuestionable acto de arrepentimiento por sus crímenes pasados, sino también una oferta de colaboración para detener y en su caso condenar a los que todavía empuñan la pistolas. Ese fue el caso de Soares Gamboa, uno de los pocos casos de etarras arrepentidos en los que los beneficios penitenciarios no han sido contraproducentes para la lucha antiterrorista. Lo demás es dejar las llaves de la cárcel al condenado y, por tanto, anular la disuasión que debe conllevar la pena de prisión.

Ante un Gobierno con la trayectoria que ha tenido el de Zapatero, que sigue en manos de los nacionalistas para poder sobrevivir, y que de la falta de transparencia en su política penitenciaria hace virtud, no podemos bajar la guardia. Hacerlo sería tanto como olvidar el pasado de los presos etarras a los que beneficia sin tregua.

Libertad Digital - Editorial

Fomento y el descontrol aéreo

Millones de personas se desplazan por nuestro espacio aéreo y tienen derecho a una razonable previsión sobre la duración del viaje y a una plena garantía de seguridad.

HACE pocos meses, la opinión pública valoró positivamente la firmeza del ministro de Fomento para encauzar el conflicto de los controladores aéreos a través de un decreto ley que obtuvo el máximo apoyo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, está claro que José Blanco sigue teniendo algunos deberes pendientes y su imagen de político enérgico no se corresponde con la evolución posterior de los acontecimientos. En los últimos días, miles de pasajeros han sufrido las consecuencias de un enfrentamiento que no cesa y que amenaza con extenderse desde los aeropuertos de la zona mediterránea a Madrid y otros lugares de España. Aunque la Unión Sindical de Controladores Aéreos niega la existencia de una «huelga encubierta», el exceso de bajas médicas por estrés y depresión suscita sospechas generalizadas. La situación se agrava, además, con la huelga —en este caso, formal y declarada— de los controladores franceses. Entre unos y otros, los ciudadanos se convierten en rehenes de un Gobierno que no se atreve a impulsar la imprescindible ley orgánica reguladora del derecho de huelga y de un colectivo profesional, altamente cualificado, cuyas reivindicaciones no deberían perjudicar a los intereses generales.

El ministro de Fomento manifestó ayer la intención del Ejecutivo de utilizar a los controladores militares para ordenar el tráfico aéreo civil, al tiempo que amenazaba con despidos y otras medidas legales. No obstante, fuentes militares han dejado muy claro que esta medida es más fácil de anunciar que de cumplir, porque requiere un periodo de adaptación a las nuevas obligaciones. Existen, en efecto, serias dificultades técnicas e incluso jurídicas para atribuir a los militares de un día para otro unas funciones que entrañan una enorme responsabilidad. En pleno periodo veraniego, millones de personas se desplazan por nuestro espacio aéreo y tienen derecho a una razonable previsión sobre la duración del viaje y —por supuesto— a una plena garantía de seguridad. Fomento y los controladores tienen que ser conscientes de que no pueden jugar al límite en un asunto tan delicado. Por supuesto, la ley debe ser cumplida y habrá que examinar una por una las bajas laborales con el máximo rigor. Ningún beneficio particular puede cuestionar el mantenimiento del transporte aéreo en su condición de servicio esencial para una sociedad moderna y desarrollada. En todo caso, también Fomento debe calibrar sus reacciones para, más allá de las palabras, poner el orden necesario en el actual descontrol aéreo.

ABC - Editorial

El carnaval de Moratinos. Por M. Martín Ferrand

¿El disfraz es una herramienta del trabajo diplomático y político que cabe esperar de un ministro de Exteriores?

DESDE que Pío Cabanillas, a la sazón ministro de Información y Turismo, se encasquetara una barretina para demostrar, en Barcelona y en un día de San Jordi, la comprensión catalanista del Gobierno de Carlos Arias Salgado —el último de Francisco Franco—, sumido en el voluntarioso engaño del «Espíritu del 12 de febrero», no se había visto a un ministro de un Gobierno de España como los afganos de Qala-i-Naw han podido ver y admirar al sin par titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El ministro, acostumbrado a hacerse el longuis, adornó su cabeza con el «longui», que es como llaman en Afganistán al turbante de gala, y revestido con el «chapán», la túnica de los que mandan, se reunió con los cuatrocientos notables del lugar que, tras felicitarle por los éxitos futbolísticos de España, le preguntaron lo que mandan los cánones de los protegidos cuando se reúnen con su protector: ¿qué hay de lo nuestro?
Sin entrar en los detalles de nuestra errática y confusa política exterior, con más carga tercermundista que fervores occidentales para bien del progresismo imperante, debe reconocerse la presencia en Afganistán como parte del compromiso que marcan las alianzas internacionales que tenemos suscritas y que se corresponden con nuestro lugar en el mapa y en el concierto económico en que nos movemos. Ahora bien, ¿el disfraz es una pieza, una herramienta, del trabajo diplomático y político que cabe esperar de un ministro de Exteriores? Una «jirga», una asamblea de quienes gobiernan, o sencillamente mandan, en la provincia de Badghis —la que nos ha tocado en suerte—, ¿requiere el engalanamiento folclórico del alto funcionario encargado de supervisar las inversiones españolas en el territorio?

¿No será en lugares y misiones como estos, los afganos que ahora nos corresponden, donde deben quedar claras y sin concesiones las notas de nuestra identidad nacional española y marcar las distancias que exigen la función a desempeñar y su condición temporal? No estamos hablando de turismo vacacional, supongo; sino de presencia diplomática y armada en una zona de conflicto. Allí desempeñamos un doble papel, el militar y el cooperante; ¿se perfecciona alguno de los dos con las prácticas propias de la sastrería teatral? Según nos contó el afgano Khaled Hosseini en su magnífica primera novela, Cometas en el cielo, también es costumbre por aquellos pagos hacer volar esos livianos y hermosos artefactos que enloquecen a la chiquillería y no por eso el personal, militar o diplomático, desplazado a la zona se dedica a tratar de llegar hasta las nubes con una estructura de cañas y papel pintado.

ABC - Opinión

Nuestros presos buenos. Por Hermann Tertsch

Todos los etarras condenados que están internos en Nanclares dejan de ser de ETA cuando se lo proponen.

AYER lunes nos desayunamos con la noticia de que no son dos, sino siete —de momento—, los presos de ETA que gozan de una situación penitenciaria privilegiada. Nos informa de ello, no por casualidad, el medio favorito del ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La «garganta profunda» de nuestro Fouché carpetovetónico nos viene a decir que estos etarras son tratados tan bien porque ya no son etarras. En la cárcel se han arrepentido, reniegan de su militancia en ETA y abogan por una solución pacífica al «conflicto vasco». En este grupo están Txelis y Picabea, dos históricos de la banda terrorista que llevan tiempo al margen de los colectivos de presos y parecen buscar una solución a su situación personal haciendo de banderín de enganche para animar a más presos a desmarcarse de la disciplina etarra en las prisiones. Esto en principio no puede molestar a nadie si se cumplen leyes y reglamento. Si los presos han cumplido la mayor parte de sus condenas, rechazan el terrorismo y están pagando sus responsabilidades civiles a sus víctimas, las autoridades penitenciarias pueden tomar medidas para desmovilizar y desmoralizar a la banda dentro y fuera de las cárceles.

Pero como siempre que está Rubalcaba en el ajo, algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca. Las víctimas de estos etarras se han enterado por los periódicos de que éstos son ya buenos y de que se los pueden encontrar cualquier día enfrente de su casa tomando chiquitos. Por el otro lado, esta generosa disposición del Ministerio del Interior hacia quienes están en la cárcel por crímenes cometidos por Eta, es decir, como etarras todos ellos, choca frontalmente con la voluntad tantas veces expresada por las víctimas y la sociedad de que los terroristas cumplan la totalidad de sus penas. El arrepentimiento los honra, pero no los convierte en inocentes ni los redime de sus penas. Muy sospechosa es la afirmación tan contundente como tramposa del ministro del Interior al asegurar que «en Nanclares de Oca no hay presos de ETA». Con lo que nos viene a decir que todos los etarras condenados que están de hecho internos en Nanclares dejan de ser de ETA en el momento en el que se lo proponen. Automáticamente. Y que, por este mero hecho, pueden aspirar a situaciones de privilegio que hacen que su pena a prisión no sea tal. Lo primero que debe exigirse a estos presos es un reconocimiento de su culpa, público; la demanda de perdón a todas sus víctimas y al pueblo español, pública y con publicidad, por supuesto; además de un llamamiento a ETA y sus organizaciones anejas a disolverse y entregar las armas. Si la manifestación del mero arrepentimiento hiciera de un criminal confeso un ciudadano integrado, las cárceles estarían vacías. De ahí que quienes no nos fiamos de Zapatero ni de Rubalcaba sospechemos que los presos de vacaciones de Nanclares son otro indicio de que, ante el desastre generalizado de la política gubernamental en todos los frentes, nos estén preparando una sorpresa de armonía pacifista en el último año de legislatura.

ABC - Opinión

Controladores, controlados: ya no lo tienen tan fácil. Por Antonio Casado

Los controladores atacan de nuevo. Y siguen sin tener razón, aunque venga ahora el PP a echarles una mano sólo por el gusto de embestir contra el ministro de Fomento, José Blanco, como ayer hizo el portavoz del partido de Rajoy, Esteban González Pons, que hace a Blanco responsable político de las sospechosas bajas laborales amontonadas en estas últimas setenta y dos horas por razones de salud.

Por muchas vueltas que le demos, no se entiende que el principal partido de la oposición se vuelva inesperadamente comprensivo con un colectivo que tanto daño ha causado a los ciudadanos, así como a los intereses de nuestra primera industria nacional. Y que todavía quiere causar mientras negocia su convenio colectivo.

En esta ocasión lo van a tener más difícil porque les han cambiado las reglas del juego. Pero andan sobrados de voluntad y malas intenciones. Nos anuncian “un verano complicado” a causa de las bajas médicas ¿Y cómo sabrán ellos por anticipado que en el verano se van a multiplicar las arritmias, las palpitaciones, el estrés, la depresión y los esguinces de tobillo, en los complacientes certificados médicos?

Nueva normativa

No es la primera vez que nuestros controladores aéreos practican la huelga encubierta con toma de rehenes. Con una diferencia. Ahora, en gran parte gracias a la firmeza mostrada a principios de año por el actual ministro de Fomento, ya les han tomado la medida. No sólo en la opinión pública, sabedora de las privilegiadas condiciones laborales y retributivas del colectivo. También en el Boletín Oficial del Estado, cuya edición del 5 de febrero de 2010 recoge el texto de un decreto-ley, convalidado el día anterior en el Congreso de los Diputados.

La nueva normativa abolió el anómalo poder de los controladores, reconocido en los sucesivos convenios colectivos, de organizar y planificar su propio trabajo. Incluidas las competencias para fijar las horas extraordinarias y cobrarlas a precio de oro. Devolver todas esas facultades a la empresa ha reducido notablemente el poder conminatorio que este colectivo siempre utilizó como resorte de sus demandas laborales, profesionales y retributivas.

Todo ello con el aplauso de la opinión pública y, por supuesto, con el apoyo inequívoco de los diputados del PP. No solo en la convalidación parlamentaria del decreto-ley sino en su posterior tramitación como proyecto de ley, lo que hace especialmente difícil de asimilar el extemporáneo ataque del PP contra el actual ministro de Fomento.
Ahora, por ejemplo, la empresa (AENA) ya puede contratar controladores, dentro o fuera del colectivo, mediante las distintas modalidades previstas en la vigente normativa del mercado de trabajo. O cubrir las bajas sobrevenidas recurriendo al desplazamiento temporal de controladores si lo aconsejan la seguridad y continuidad del servicio, y sin que sea necesaria, como en los anteriores convenios colectivos, la conformidad de los empleados.

La aplicación de estas normas debe ser suficiente para evitar que se repita el caos causado durante las pasadas fechas navideñas, que dejó en tierra a 17.000 pasajeros, obligó a cancelar 158 vuelos y produjo unas pérdidas de dos millones de euros. Así actúan los controladores aéreos con la más alta retribución salarial y la más baja productividad de Europa.

El Confidencial - Opinión

PSOE. El ocaso de Rodiezmo. Por Cristina Losada

Lamenta González Pons que Zapatero haya "tirado a la basura" su programa y sus principios. Si tanto insisten los de Rajoy en reivindicar la antigua "política social" del presidente, vayan a Rodiezmo, que habrá hueco.

El presidente no irá a Rodiezmo y es de lo más natural. A ese ritual socialista acudía a hablar de ficción, así que no le pidan que cambie de registro. Ni él quiere, y quién sabe si puede, ni el público lo aceptaría. Allí se va a lo que se va. La cúpula gobernante iba a "hacer de izquierda". Era el escenario elegido para desplegar una retórica obrerista virada al populismo y desempolvar señas de identidad arcaicas. El lugar en el que una izquierda reteñida pregonaba las bendiciones que su gobierno traía para los más débiles. Era la liturgia de la autocomplacencia, el acto en el cual los dirigentes socialistas se congratulaban de lo buenísimos que son.

No pisará Zapatero este septiembre la campa, pues a lo que iba lo explicó allí en 2007 y no puede repetir: "Seguiré aquí en Rodiezmo hablando de subir las pensiones, de llegadas del tren de alta velocidad, de leyes sociales, de mejora del bienestar, de más apoyo de vivienda para los jóvenes". Y así todo. La leche y la miel se derramaban sobre este país gracias a la buena gestión del Gobierno, que aún ahorraba "por si mañana tenemos dificultades". Tan insólitos eran los avances que había que asegurarle a la gente que no ocurrían en Francia, Alemania o Suecia. Incluso cuando llegó la "desaceleración", prometió el presidente que no recortaría nada. Sic transit.

Se critica a Zapatero por esa deserción, como si fuera un gallina que no se atreve a presentarse ante su gente y explicarles cómo ha sido. Cómo ha podido suceder que la Jauja que pintaba en Rodiezmo se haya desvanecido. Y cómo su empeño en decorar su fachada Potemkin con la brocha del "gasto social" ha labrado la devastación presente. En buena ley, un presidente está para esas cosas. Si fue a recibir ovaciones, ha de ir a soportar abucheos. Pero más que reprocharle que no vaya este año a Rodiezmo, hay que reprocharle que fuera todos los anteriores.

Justo al contrario lo ve el PP. Lamenta González Pons que Zapatero haya "tirado a la basura" su programa y sus principios. Si tanto insisten los de Rajoy en reivindicar la antigua "política social" del presidente, vayan a Rodiezmo, que habrá hueco. Dadas las circunstancias, es posible que el canto de la Internacional sea sustituido por el baile de la conga. Una fila, todos juntos.

Libertad Digital - Opinión

Rodiezmo, espejo roto. Por Ignacio Camacho

Ante los mineros no puede disimular. No puede sostenerles la mirada ni decirles que el poder no lo iba a cambiar.

SE ha arrugado. No tiene coraje ni argumentos para ir a Rodiezmo a dar la cara. La retórica populista, los pañuelos rojos, el izquierdismo de hollín y puño en alto, el obrerismo de consigna: toda la parafernalia impostada de socialismo caballerista se ha derrumbado en una gloriosa espantá de abrumadora mala conciencia. El presidente se ha encogido por segunda vez en dos semanas —la primera ha sido con la sentencia del Estatuto— ante las consecuencias de su propia política. Le falta pulso para defender en Cataluña la supremacía jurídica del Estado y carece de arrojo para aguantar la mirada torva de los mineros ante el incumplimiento de sus apasionadas promesas, hijas del tiempo feliz del esplendor en la hierba. Tiene el síndrome de la madrastra de Blancanieves ante el espejo: no soporta que los suyos no le quieran.

La ausencia en Rodiezmo, donde para mayor ignominia lo ha vetado Cándido Méndez, es la confesión de un fracaso, el epítome de una contradicción insostenible. Zapatero ha esquivado hasta ahora la explicación de su forzoso cambio de rumbo hurtando a la opinión pública cualquier atisbo de autocrítica. Ha ninguneado las críticas parlamentarias utilizando la tribuna como un burladero, y no ha tenido brío para enfrentarse al país con una declaración televisada. Sabe que está preso de la alegre vehemencia con que defendió su política de gasto hasta un minuto antes de verse obligado a abolirla, y no halla el modo de darse una salida airosa a sí mismo. Las hemerotecas son demoledoras, sonrojantes; la semana pasada, Rajoy lo ridiculizó en la Cámara leyendo en alto sus propias palabras. No de hace cinco años, ni cinco meses: de anteayer, de la propia víspera de su humillante revolcón en el Directorio europeo. En este momento el peor enemigo de Zapatero es Zapatero; el Zapatero de antes del 8 de mayo, fecha de la triste epifanía en que dio al traste su fatuo apostolado socialdemócrata.

Pero ante los mineros de su tierra no puede disimular. No puede sostenerles la mirada. No puede decirles que el poder no lo iba a cambiar. No puede pedirles que se olviden de lo que les prometió en septiembre pasado. Él mismo los convirtió en el símbolo de su profesión de fe ahora abjurada. Él mismo los utilizó como vestales de un oráculo de legitimidad sindical ante el que renovar cada año sus votos de compromiso socialista. Y ahora no está en condiciones de plantarse ante ellos para decirles que de lo dicho nada y que por cosas de la alta política el amigo Cándido le va a organizar una huelga general. O acaso le sobra soberbia para ir allí a admitir que, simplemente, estaba equivocado. Muy equivocado.

Para eludir la cita de Rodiezmo se ha inventado un viaje a Shangai. Demasiado cerca: no va a encontrar en el mapa un lugar en el que no le persiga la sombra de sus contradicciones.

ABC - Opinión

Canción de amor en una habitación sin vistas. Por Federico Quevedo

Hace ya unos cuantos años el poeta cubano Armando Valladares me dijo que lo peor de su estancia en la cárcel, la peor de las torturas, peor aún que las palizas y las descargas eléctricas con las que minaban su moral un día tras otro, era no ver la luz del sol, no saber siquiera si era de día o de noche, no respirar el aire fresco de la mañana ni sentir que más allá de las cuatro paredes de su celda de castigo había algo más. Era tal su anhelo de lo exterior, se llenaba tanto de vida cuando alguna vez le permitían salir al patio de la prisión después de meses de encierro, que en castigo la siguiente salida se alargaba cada vez más, hasta que llegó un punto en el que pensó que nunca más volvería a sentir caer una gota de lluvia sobre su rostro. El jueves por la noche tuve la ocasión de conocer a Julio César Gálvez y compartir con él un rato de tertulia en La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Gálvez acababa de aterrizar, como quien dice, en Madrid, después de haber sido desterrado de su tierra natal gracias a los oficios de la Iglesia cubana y del cardenal Jaime Ortega. Lo primero que me dijo, después de presentarnos, fue que todavía tenía una intensa sensación de ahogo, no por el calor -que también podría ser-, sino por algo más profundo como es ver y sentir el exterior, eso que en las cárceles de Cuba les está prohibido a los presos de conciencia.

A Julio César Gálvez lo condenaron en 2003 a 15 años de prisión en lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba, que dio con los huesos en la cárcel de 75 periodistas, esos a los que el actor Willy Toledo llama “terroristas”, pero cuyo único delito fue, en el caso de Gálvez, denunciar una corrupción que casi acaba con la vida de un buen número de vecinos de un edificio al borde del hundimiento en el centro de La Habana. Pero ser un periodista independiente en Cuba tiene esas consecuencias: te encierran y te torturan. Gálvez fue llevado a una prisión en la que la comida le hacía vomitar y en la que tenía por compañeros de celda ratas y cucarachas que le subían por encima durante la noche y le mordían hambrientas. Pero seguramente a personajes como Willy Toledo y a esa izquierda radical y extrema que condesciende con la dictadura cubana cuando no la apoya y la defiende, eso le parecería un castigo menor teniendo en cuenta el alcance de sus delitos. Pero para ustedes, lectores de este diario libre, y para mí, Julio César Gálvez es un héroe al que sin embargo nuestro Gobierno trata como una molesta mosca cojonera, manteniéndolo en un limbo jurídico inexplicable, y ofreciéndole por toda deferencia una modestísima habitación sin vistas en un hostal, donde sin embargo él, su mujer y su hijo escriben desde que pisaron el suelo de la madre patria España una bellísima canción de amor a su país y a quienes les han acogido entre sus brazos en su fatal destierro.

Julio César Gálvez no es libre. No lo es porque la cruel dictadura de los hermanos Castro no le ha amnistiado ni le ha liberado de su condena, simplemente lo ha expulsado, junto a otros presos de conciencia, para lavar la imagen del régimen y para evitar que una nueva muerte, la de Fariñas, le pusiera al mundo entero en contra. Esa ha sido la única razón por la que los hermanos Castro han ‘cedido’ a la exigencia humanitaria de la Iglesia, pero han utilizado al ministro Moratinos y al Gobierno de España de comparsa de una auténtica farsa en la que se presenta como liberación lo que realmente es un exilio forzoso como refugiados políticos, precisamente la figura que el Gobierno de España se niega a reconocer a estos exiliados para no molestar al régimen de La Habana. Pero sólo cabe hacerse una pregunta, cuya respuesta es bien fácil, para conocer de verdad cual es la condición de Julio César Gálvez y sus compañeros: ¿podrían volver mañana, si quisieran, a Cuba y vivir allí libres? Gálvez me contaba el jueves por la noche que minutos antes de subirse al avión que les traería a España, un funcionario del Ministerio del Interior cubano se dirigió a él con estas palabras: “Sabes que nunca más podrás volver a Cuba. Tu mujer y tu hijo sí, pero tú no”.

Hoy, Julio César Gálvez y sus compañeros viven en una dolorosa anomalía. No son inmigrantes, pero tampoco se les reconoce el estatus de refugiados políticos. No están aquí por voluntad propia, pero tampoco pueden volver a su país natal porque, de conseguirlo, volverían a ser hechos prisioneros y condenados de nuevo a sabe Dios que torturas e, incluso, la muerte. Su única esperanza es que su testimonio, su presencia, contribuya a incrementar la presión internacional sobre el régimen cruel y tirano de los hermanos Castro para acabar con la dictadura y llevar la paz y la libertad a la isla, y con ellas poder volver a pisar las calles de La Habana. Y ese testimonio, esa presencia, se hacen imprescindibles en un país como el nuestro, donde el Gobierno y su ministro de Exteriores han tenido una actitud vergonzosa y vergonzante hacia la dictadura cubana. Rodríguez, el hombre del talante y de los derechos civiles, se ha ciscado encima de esos derechos y de ese talante cuando de la dictadura cubana se ha tratado, y ha contribuido a fortalecer el régimen de los hermanos Castro dándole cobertura y, por qué no decirlo, dólares. Toda nuestra política exterior es un cúmulo de despropósitos, pero el papel de España respecto a Cuba es algo más, es complicidad con un régimen cruel y con los delitos que en nombre de ese régimen se están cometiendo en aquella isla.

El Confidencial - Opinión

Concierto. La nueva bandera de los catalanistas. Por José García Domínguez

El movimiento catalanista es como una bicicleta: o quien la conduce pedalea sin pausa o fatal, irremisiblemente la máquina se cae al suelo.

Quién nos iba a decir que la más celebrada consigna libertaria del mayo francés, aquel "sed realistas, pedid lo imposible", también se la acabarían apropiando algún día los catalanistas. Pero, en fin, desde que se formuló la segunda ley de la termodinámica es sabido que todo en este mundo tiende a degenerar al inevitable modo. Nadie se extrañe, entonces, de que los convergentes ya anden vindicando un concierto económico similar a los del País Vasco y Navarra. Así, tras acusar recibo del fiasco estatutario, no han tardado ni una semana en ingeniar otra cantinela victimista con tal de seguir lloriqueando ad calendas grecas. Nada nuevo, por lo demás. Y es que, para existir, requieren del agravio permanente frente al Estado. A fin de cuentas, el movimiento catalanista es como una bicicleta: o quien la conduce pedalea sin pausa o fatal, irremisiblemente la máquina se cae al suelo.

Por cierto, el dichoso concierto era el muy tangible fin que perseguían al colar esos telúricos derechos históricos de Cataluña en el Estatut. Al cabo, el "histórico" cupo, fuente última del eterno zafarrancho que emponzoña la financiación de las comunidades autónomas, procede de un periodo tan lejano en la noche de los tiempos como la Restauración. En concreto, el caramelo fiscal vasco data del mes de julio de 1876. Tal día, un decreto firmado por Cánovas del Castillo resucitó ese anacrónico privilegio medieval "para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de armas", según reza su prólogo.

Fue el precio que entonces hubo de pagar la lógica jurídica para poder saldar la Tercera Guerra Carlista. El mismo que los constituyentes de 1978 creyeron que igual debíamos soportar con tal de que acabase la Cuarta. Un Estado, el español, que renuncia de grado a recaudar los tributos dentro de determinados territorios sometidos a su entera soberanía: una extravagancia administrativa sin parangón en el mundo entero. ¿Cómo comprender semejante sinsentido al margen de la larga sombra de ETA? Un sinsentido que sólo la insignificancia relativa de la economía vasca evita que empuje a la quiebra cierta del Estado. Y ahora llegan los otros exigiendo su parte del botín. Dispongámonos, pues, para el tedio.

Libertad Digital - Opinión

Cada vez más morosos

El Ejecutivo es incapaz de adoptar medidas que generen la confianza imprescindible en los agentes sociales y económicos.

LOS datos no pueden ser peores. La morosidad de los créditos concedidos por instituciones financieras a empresas y particulares alcanza en nuestro país el 5.7 por ciento, su nivel más alto desde 1995. El Banco de España resalta en su informe que las cajas de ahorro son las entidades con peor calidad crediticia, por encima de los bancos y las cooperativas de crédito, excluidos los establecimientos que no pueden tomar fondos sino solo prestarlos, y que se sitúan casi en el doble en esta tasa de morosidad. Las cajas llevan catorce meses seguidos con una cuota superior al 5 por ciento, una prueba evidente de que algunas entidades atienden a criterios diferentes a la buena gestión financiera cuando se trata de conceder créditos. Estamos ante un elemento determinante del círculo vicioso que se ha instalado en la economía española: si los clientes no pagan lo que deben, los bancos y cajas cerrarán el grifo del dinero, y así se bloquean tanto la iniciativa empresarial como el consumo privado.

El volumen total de créditos dudosos (es decir, que acumulan tres meses consecutivos de impago) asciende ya a casi 95.300 millones de euros para las entidades computadas en este índice, una cantidad que no se puede permitir una economía sana. Dadas las circunstancias, conseguir dinero para financiar nuevos proyectos se convierte en una misión imposible, y ello repercute, lógicamente, en el ambiente pesimista que se respira entre los responsables empresariales y los ciudadanos en general. El Ejecutivo es incapaz de adoptar medidas que generen la confianza imprescindible en los agentes sociales y económicos porque los discursos voluntaristas sobre los «brotes verdes» y sobre la «luz al final del túnel» no sirven para nada a la hora de hacer cuentas.

ABC - Editorial

Garzón y sus rehenes. Por Jesús Cacho

Conocí en los años setenta a un modesto albañil que, a base de talento natural y esfuerzo, logró hacer una considerable fortuna construyendo pisos en el sur de Madrid. El buen hombre regresaba cada verano a su pueblo conduciendo orgulloso su Mercedes Benz y presumiendo de su nueva condición de hombre rico. Se había construido su propio chalé y era tal el entusiasmo que ante sus paisanos desplegaba relatando la majestuosidad de la obra, que al dar detalles de la bodega -porque, naturalmente, su nueva casa contaba con una que dejaba en pañales a las viejas cuevas del pueblo-, llegó a manifestar jacarandoso que “las pinturas de mi bodega son más bonitas que las de la Capilla Cristina”. En otra ocasión un antiguo vecino le preguntó cuánto le había costado hacerse rico. He aquí lo que el menda respondió: “lo más difícil es hacer el primer millón; luego la cosa coge excremento…”

También el episodio protagonizado por Baltasar Garzón con la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York, años 2005 y 2006, ha ido cogiendo excremento conforme se han ido conociendo los detalles de un “trinque” que ya va por el millón de euros. Toda nueva aportación noticiosa hace crecer el nivel de detritus que envuelve el entero episodio y que amenaza con pringar a mucha gente. Esta semana han declarado ante el juez del Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa por presunto cohecho y prevaricación en este caso, los representantes de Endesa (con su ex presidente Manuel Pizarro a la cabeza); de BBVA (Francisco González en carne mortal), y de Telefónica (un par de mandaos). Prodigio praeter naturam: ninguno sabe nada; todos escurren el bulto, pero todos soltaron religiosamente la pasta que pidió el malandrín.

«¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron?»

Sabemos ya que a los 302.000 dólares que el Banco Santander regaló al interfecto para financiar unos cursos del Centro Rey Juan Carlos de la citada Universidad, hay que sumar los 625.000 aportados por Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En concreto, Telefónica y BBVA colaboraron con 200.000 dólares cada una en el patrocinio de una serie de conferencias sobre terrorismo organizadas en el Centro de Derecho y Seguridad de la citada Universidad, mientras CEPSA aportó 100.000 y Endesa otros 125.000 dólares. Y en los alrededores de la Audiencia Nacional (AN) hay quien asegura que la cifra real ronda los 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues bien, ¿es el terrorismo un problema exclusivamente español que hay que estudiar precisamente en Nueva York? No parece. Entonces, ¿por qué solo aportaron financiación las grandes empresas españolas? ¿Cuánto puso, por ejemplo, la Fundación Rockefeller? ¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron, que todos los años invierten ingentes sumas en proteger sus instalaciones y pozos de eventuales ataques terroristas? ¿Cuánto donó la gran banca americana? ¿Golpeó Garzón con el mazo la puerta de Citibank, implorando el conocido dame argo, payo?

Ybarra y el caso de las cuentas secretas en Jersey

Pues no. La razón es sencilla: esas grandes corporaciones yanquis quedan fuera del área de influencia de Garzón, no son potenciales justiciables en manos de la criatura. Es decir, no tienen por qué tenerle miedo. Porque esas entregas de dinero, y alguna más que irá saliendo, están generalmente ligadas a algún procedimiento judicial en marcha que, oh casualidad, siempre suele caer en su juzgado. En el caso del Santander, fue una denuncia contra la cúpula del banco, un coletazo del famoso caso de las “cesiones de crédito”, que el magistrado archivó al regresar de su año sabático neoyorquino en lugar de haberse inhibido motu proprio, como era su obligación tras el obsequio recibido. Garzón no dijo la verdad al ocultar la relación que mantenía con el banco. Esta es la clave del arco de este escándalo. En el caso más reciente del BBVA, mientras el aludido sentaba en el banquillo a la cúpula saliente del BBV, encabezada por Emilio Ybarra, con una mano, con la otra pedía dinero a la entrante -ya BBVA-, con un González al frente que directamente se benefició del estallido del escándalo de las cuentas secretas en Jersey y Liechtenstein. Difícil imaginar al de Chantada negando los 200.000 dólares que pedía el andoba. La evocación del caso del juez Estevill resulta inevitable.

La línea de defensa de Garzón ha consistido en argumentar en el caso del Santander que nunca cobró de los fondos aportados por el banco a la Universidad. Es cierto, lo hizo de ese “pool” del millón de euros ya conocido, abrevadero que sufragó también los gastos de su hija -un curso de inglés- y de la propia secretaria judicial o aide de chambre que le acompañó en su año sabático. Por eso resulta tan llamativo que el ex director de Comunicación del BBVA argumentara esta semana que se aseguró de que ni un céntimo del dinero de su banco fuera a parar a los bolsillos de Don Baltasar. Excusatio non petita. Es la mejor prueba de la materia que aquí se trata. ¿Qué impediría reconocer que parte de esos fondos se destinó a pagar a Garzón? Que ello implicaría asumir la relación directa entre los pagos y la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN contra Ybarra y otros. El BBVA ha querido evitar que la justicia establezca una relación causa-efecto entre ese dinero y el pago de un servicio. No reconocer, en suma, que se trataba de una transacción comercial entre el banco y la sociedad Garzón S.L.

«Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, que caracteriza a las democracias de medio pelo»

“Aunque parezca mentira, nosotros nos hemos salvado”, aseguran en otra gran empresa, “seguramente porque estamos lejos de su ámbito de influencia y no tenemos líos en la AN”. Naturalmente que no toda la culpa de este escándalo recae sobre el juez o jueces que utilizan para sus fines dinero ajeno. “¿Necesitas pasta para montar algo…? Pues date un paseo por las cinco o seis empresas de costumbre y pide lo que necesites”, asegura un alto cargo madrileño. “Claro que no se la soltamos a cualquiera. El que pide tiene que presentar avales, poder, influencia y relaciones bastantes”. La responsabilidad de los banqueros y empresarios que, abducidos o atemorizados por garzas y garzones, aceptan este tipo de prácticas, es innegable. Cediendo a las presiones, primero, y amparándolo con su silencio, después. Llamados por el juez Marchena del TS, ninguno -ni Pizarro, ni Paco González- se acuerda de lo ocurrido. Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, a decir la verdad, a denunciar la corrupción, que caracteriza a las democracias de medio pelo. Mejor callar a cumplir con nuestra obligación. Con tan pedestre filosofía, nuestras grandes empresas vienen sosteniendo con respiración asistida ideas sin sentido y proyectos ruinosos, muchos de ellos en prensa, que tendrían que cerrar sin el oxigeno de la banca. Así, los supuestos apóstoles del libre mercado son los que menos creen en el mercado, rehenes de la servidumbre del “hoy por ti mañana por mí” y “mejor estar a bien con fulano o mengano, no vaya a ser que…” La cuenta corre a cargo de los accionistas, sobre todo de los pequeños, y de los consumidores, que al final pagan las comisiones bancarias más abusivas, los teléfonos más caros y el recibo de la luz más elevado.

Una fortuna cercana a los 10 millones de euros

Curioso, por ello, resulta constatar la supervivencia en nuestro país de tanto tunante como sigue viviendo gracias a la venta de literatura relativa al “buen gobierno corporativo”, la “responsabilidad social” y demás hojarasca teorizante. Curioso, también, el silencio que los titiriteros que apoyan la causa garzonita han mantenido esta semana. Las evidencias admiten escasa réplica: “El patrocinio empezó con una llamada que me hizo Garzón” (caso BBVA); “Hablé con el juez Garzón y juntos hicimos el borrador del convenio” (Telefónica). Es decir, que quien pedía la pasta, querido Emilio, era el propio juez, ello acorde con los escasos escrúpulos que se le conocen a un personaje cuya fortuna estiman en los aledaños de la AN cercana a los 10 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas, que ya decía el albañil antes aludido que lo difícil es hacer el primer millón, porque luego la cosa coge excremento. Poco importa, con todo, la cuantía de esa fortuna, seguramente lograda en buena lid, sino las eventuales responsabilidades penales de las tres causas que contra él se siguen: la obligación de inhibirse en la querella interpuesta contra el Santander; la apertura de procedimiento judicial contra una serie de notorios fallecidos (entre ellos un tal Franco), estando vigente una Ley de Amnistía, y la decisión de grabar en la cárcel las conversaciones entre unos encausados y sus abogados.

Mientras tanto y según sus escoltas -que seguimos pagando-, el señorito apenas ha pisado un par de veces La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, donde su amigo, el fiscal argentino Ocampo, le ha buscado acomodo temporal. Dicen en la Audiencia que dos gallos no caben en un mismo corral, sobre todo cuando Ocampo sabe de sobra que la verdadera ambición de Garzón es llegar a ocupar su puesto en La Haya. Su actual empeño, como es lógico, se centra en preparar concienzudamente su defensa en Madrid. Su fiel guardia de corps, con ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo al frente, trabaja al tiempo activamente tratando de cerrar el arribo a Madrid de una serie de celebrities que, bien como testigos de la defensa o, en su caso, como “observadores internacionales”, asistirían a los juicios abiertos contra el Campeador. Se habla de varios premios Nobel de la Paz. Incluso se ha establecido contacto con Nelson Mandela, a pesar de su delicado estado de salud. Sin duda, el mayor espectáculo que vieron los siglos. Para mantener su caché, el sujeto acaba de viajar a la Argentina de los Kirchner, fieles devotos del Estado de Derecho como todo el mundo sabe, para recibir un homenaje. Y dijo Garzón: “desde que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entraron a mi despacho, la vida cambió en mí y en España”. Otrosí dijo el cursi: “No puede un país construirse sobre el olvido”. Ni sobre la soberbia de sentirse por encima de la Ley.

El Confidencial - Opinión

Frenar el caos aéreo

No parece casual que, justo cuando se está procediendo a la negociación colectiva entre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA, ayer se registrase la ausencia de 39 controladores en el aeropuerto barcelonés de El Prat –lo que supone el 36,7 por ciento de la plantilla prevista–, a los que hay que sumar la baja de dos controladores en Valencia. Así, otro día más se sucedieron los retrasos en los aeropuertos españoles del mediterráneo –Valencia, Alicante, Palma, Ibiza...– que son los que registran mayor tráfico aéreo a causa de las vacaciones. Este episodio ya se vivió el domingo, cuando 28 de los 61 controladores del aeropuerto barcelonés no acudieron a su puesto de trabajo a causa de una baja médica. Ese día, el ministro de Fomento, José Blanco, emplazó a la Fiscalía a que investigase las bajas médicas de este colectivo, ya que se intuía que los controladores aéreos estaban recibiendo «consignas» para ejercer el absentismo laboral. Mientras, USCA anticipaba un «verano complicado» si AENA no plantea bien los turnos, al tiempo que su portavoz, Daniel Zamit, pedía a Blanco a que se «investigase hasta el final». Esto sucede cinco meses después de que Blanco, a través de un real decreto ley, modificase las condiciones laborales del colectivo, desde el aumento del número de horas trabajadas hasta la reducción del salario. En ese sentido, Zamit afirmó que puede que este número de bajas sea un efecto colateral del real decreto, que calificó como una «modificación unilateral de las condiciones de trabajo».

Desde algunos sectores se ha afirmado que la ausencia de este número significativo de controladores aéreos tiene una definición muy precisa: huelga encubierta. Afirmarlo categóricamente parece una audacia, pero lo cierto es que algo está sucediendo, puesto que USCA ha aprovechado la situación para decir que la nueva ley «no es buena», culpabilizándola de las bajas médicas de los controladores.

Evidentemente en cualquier negociación laboral existen los tiras y aflojas entre los trabajadores y las empresas, pero parece que, en esta ocasión, este colectivo ha vuelto a traspasar una línea roja que resulta contraproducente para todos, especialmente para los pasajeros, que son las primeras víctimas. Tanto el Ministerio de Fomento como los controladores quieren que se investiguen las bajas. Por ello, hay que ver si son concecuencia de una huelga encubierta o tienen fundamento. Los controladores aéreos saben que si se está produciendo absentismo laboral, éste es singularmente gravoso para nuestra economía y nuestro sector turístico, además de perjudicar la imagen de España en el exterior.

Hace bien el ministerio de Fomento, como es su responsabilidad, en investigar hasta las últimas consecuencias, bien para destapar las irregularidades, si las hubiese, o para conocer la realidad de este colectivo y descubrir la naturaleza de estas bajas. Pero, con todo, lo principal es que el conflicto entre los controladores y Fomento no lo paguen los de siempre: los ciudadanos.

La Razón - Editorial

Aguirre negocia, Pons patina

Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.

A pesar de que se acusaba al Gobierno de Esperanza Aguirre de cerrarse en banda y negarse a negociar con los sindicatos del Metro, la realidad ha venido, una vez más, a desmentir las acusaciones de la oposición socialista. Tal y como prometió Aguirre, tan pronto los sindicatos abandonaron la huelga salvaje y volvieron a los servicios mínimos, la dirección de la empresa se sentó a negociar con los representantes sindicales. Tras varias jornadas de duras negociaciones entre ambas partes ya tenemos un acuerdo que, por lo que parece, es satisfactorio para ambas partes.

El recorte de salarios se ha quedado en un 1%, aunque con carácter retroactivo desde el mes pasado. A esta pequeña rebaja salarial hay que sumarle recortes en otras partidas como los gastos de viaje, de formación profesional, la reestructuración del transporte nocturno de personal, las horas extraordinarias y complementarias y otras primas salariales. Los números salen, por lo tanto, para la Comunidad de Madrid, para Metro de Madrid y para los sindicatos que, lejos de ver cómo la huelga salvaje es una herramienta válida, han comprobado cómo suspendiendo ésta y asumiendo ciertas cesiones todos saldrían ganando. Un ejemplo, en suma, de cuál debe ser el espíritu en las relaciones laborales, un espíritu que nada tiene que ver con los paros masivos, las huelgas sin servicios mínimos y la nula disposición a escuchar a la otra parte.

Esperanza Aguirre ha sido plenamente coherente hasta el momento. Prometió sentarse a negociar y escuchar, y lo ha hecho, prometió tomarse muy en serio las demandas sindicales, y lo ha hecho. Pero prometió también expedientar y/o despedir a los que violentaron los servicios mínimos en las dos jornadas de huelga salvaje que colapsaron Madrid a finales del mes de junio. Si quiere mantener la coherencia tiene la obligación moral y política de cumplir, de nuevo, con lo prometido. Las pérdidas y trastornos ocasionados por aquellos dos días de furia sindical exigen responsabilidades y Aguirre es quien debe depurarlas.

En el otro extremo, el del conflicto sin fin de los controladores aéreos, el Partido Popular parece no tener las cosas tan claras. Frente a la huelga encubierta que desde principios de verano están realizando los controladores de AENA, a Esteban González Pons no se le ha ocurrido mejor idea que cargar contra el ministro de Fomento, y no contra los verdaderos responsables de esta situación, que no son otros que los propios controladores.

Este grupo de presión, perfectamente organizado y objeto de mil atenciones y privilegios, viene advirtiendo desde hace semanas de que el verano va a ser complicado. Amenaza velada y vergonzosa a la que le ha sucedido una ola de bajas médicas totalmente anormales y la ralentización sistemática en las operaciones de vuelo. José Blanco está al tanto del asunto y hasta ha anunciado medidas legales para frenar la enésima treta de los controladores para salirse con la suya. Él no es el culpable de esta situación, un nuevo pulso al que la casta de la torres de control reta a la sociedad a modo de venganza por los recortes de sueldo y privilegios que el Gobierno ha aprobado. Si el PP quiere contribuir mejor haría en denunciar el chantaje, y no en aprovechar cualquier excusa para apuntarse un tanto demagógico que, para colmo, en este caso ni siquiera sería popular.

Libertad Digital - Editorial

CiU mueve la silla de Zapatero

La situación del presidente del Gobierno es una encrucijada diabólica: tiene que pactar con los grupos nacionalistas que son oposición a su propio partido en Cataluña y País Vasco.

EL líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran i Lleida, dio ayer una vuelta de tuerca a la posición crítica de CiU frente a José Luis Rodríguez Zapatero al reiterar que la coalición nacionalista no apoyará —lo que no quiere decir que los rechace— los presupuestos generales para 2011, «digan lo que digan», porque da por finalizado el tiempo político del presidente del Gobierno. Es el mismo mensaje que Duran lanzó durante el debate de convalidación del «decretazo» del Gobierno para el recorte social. Al ratificarlo de manera tan concluyente, Duran i Lleida oscurece el horizonte político del Ejecutivo, que hoy tendrá que superar la votación del techo de gasto público para 2011, primer paso para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

Aunque las declaraciones de Duran i Lleida pudieran considerarse un aumento de presión preelectoral para aislar aún más a los socialistas catalanes, en claro retroceso en las encuestas publicadas en los últimos meses, el momento político en que se produce las convierte en un golpe a la estabilidad de Rodríguez Zapatero ante la opinión pública. Es posible que una vez que CiU acceda a la Generalitat tras las próximas elecciones autonómicas cambien las tornas, pero, por ahora, la situación del presidente del Gobierno es una encrucijada diabólica: tiene que pactar con los grupos nacionalistas que son oposición a su propio partido en Cataluña y País Vasco, a los que desalojó de un poder que ocupaban de forma hegemónica desde hacía décadas. La factura de este posible acuerdo, si llega a producirse, no será pequeña, porque, por un lado, el Gobierno central está muy debilitado para una negociación de tanta envergadura como la de unos presupuestos cruciales para combatir la crisis; y, por otro, tanto CiU como PNV son partidos organizados sin otra vocación que ocupar el poder local y autonómico. Este es el precio probable de apoyar a Zapatero para mantenerse en La Moncloa hasta 2012. Falta saber si el presidente del Gobierno está dispuesto a sacrificar a Patxi López —o, al menos, el consenso con el PP en el País Vasco— y a José Montilla a cambio de los apoyos nacionalistas o, por el contrario, preferirá condenar la actual legislatura antes que incurrir en cesiones desproporcionadas, porque también parece indiscutible que un rechazo a los presupuestos generales de 2011 debería suponer la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

ABC - Editorial