Su adversario es el viento

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón alguna para cambiar de Gobierno.

Las últimas declaraciones de altos representantes del Partido Popular asegurando que su enemigo es la crisis y no el PSOE, tienen por fuerza que sumir en la perplejidad a sus simpatizantes, la inmensa mayoría de los cuales es partidaria de derrotar al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como paso previo para solucionar la crisis no sólo económica, sino constitucional, social y ética a que las dos legislaturas del leonés nos han abocado.

El afirmar, como hacen Arenas y Gallardón, que el problema de España es la crisis, supone tanto como decir que si no padeciéramos la actual recesión económica no habría razón para cambiar de Gobierno, y eso es algo que difícilmente pueden compartir los diez millones de votantes del partido al que representan.

Parece que en las altas esferas del PP se está empezando a padecer de vértigo electoral ante la posibilidad, cada vez más cierta, de que en breve plazo pueda volver al Gobierno de la nación derrotando previamente al PSOE en algunos de los principales feudos socialistas como Andalucía. Es la única razón que explicaría que, en lugar de presentarse como alternativa en contraposición a la gestión nefasta del socialismo denunciando sus múltiples tropelías, el partido de Mariano Rajoy prefiera ofrecerse al electorado como un simple equipo de tecnócratas capaz de gestionar mejor los asuntos económicos que el actual consejo de ministros.

El Partido Popular sigue sin aprender la lección del Prestige, la guerra de Irak y, sobre todo, del 11-M. Con un país que estaba a punto de alcanzar el pleno empleo, unas finanzas saneadas, la Seguridad Social con superávit después de haberla rescatado de la hecatombe felipista y con un papel cada vez más relevante en la escena internacional, los socialistas consiguieron derrotar al partido apelando a la demagogia política y al radicalismo social.

Rajoy, en cambio, prefiere seguir el dictado ideológico del PSOE sin hacer demasiado ruido como demuestran las declaraciones de Arenas y Gallardón. Cualquier cosa antes de que tachen a su partido de “crispador”. Pero así, la derecha española sólo podrá aspirar al usufructo de un poder cuyo titular, por renuncia expresa de los dirigentes del PP, siempre pertenecerá por derecho propio al principal partido de izquierdas.

La derecha sociológica, más que colocar a los políticos que la dirigen en los centros de poder, quiere que el partido al que vota defienda los principios y valores que siempre la han caracterizado, más para eso, lo primero es identificar correctamente al adversario. Y es que, hasta donde sabemos, las crisis no se presentan a las elecciones.

Libertad Digital - Editorial

La ruina de la «agenda social»

Las cuentas públicas están en déficit porque el Gobierno ha vaciado las arcas con una política «social» que ha consistido en gastar y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas.

LAS prestaciones por desempleo, cuando esta variable llega al 20 por ciento, provocan inevitablemente una hemorragia en los presupuestos del Estado. Entre lo que cuestan y lo que se deja de recaudar —menos renta, menos consumo, menos actividad—, los números rojos se hacen con las cuentas públicas. Esta es la explicación que el Gobierno exhibe como argumento oficial al déficit actual del Estado. Lo presenta como una consecuencia lógica del esfuerzo «social» que está haciendo para paliar las consecuencias de la crisis, incluso como una virtud del Estado del bienestar, capaz de dar prestaciones a tantos millones de parados. Claro que este discurso ha hecho crisis también, porque no hay dinero para pagar tantos compromisos. En el caso español, además, las causas del déficit del Estado no se reducen al incremento del desempleo. La coartada del Gobierno es imperfecta porque pretende enmascarar su propia responsabilidad en el agravamiento de la crisis en España y, de esta manera, disuadir a la opinión pública de pensar que la economía ha estado torpemente dirigida. Lo cierto es que las cuentas públicas están en déficit, entre otras razones, porque el Gobierno socialista se ha encargado de vaciar unas arcas que recibió en 2004 saneadas y llenas. Su política «social» consistió en gastar, asumir compromisos y dar por imposible que llegara un tiempo de vacas flacas. Por eso aprobó el «cheque bebé» por 2.500 euros para cada nacimiento, regaló indiscriminadamente a todos los españoles una deducción de 400 euros en el impuesto de la renta y decidió una ayuda suplementaria de 420 euros para los parados a los que se les hubiera agotado la prestación por desempleo. Todo esto se hizo despreciando los avisos de la crisis, que eran innegables en 2008 y suficientes en 2007. Y, aunque no los hubiera habido, fue un dispendio irresponsable.

Por eso nuestro déficit es tan alto. Porque el dinero público ha estado mal administrado y se ha empleado en la demagogia del bienestar, en hacer creer a los ciudadanos que sus necesidades económicas siempre tienen satisfacción con cargo al Estado y, además, gratuitamente. Pero gratis no hay nada, y aquellos polvos han traído los lodos de los recortes en pensiones, dependencia y maternidad; en la subida de impuestos y en la reducción de salarios públicos. Claro que la crisis tiene causas ajenas a la gestión del Gobierno, pero este ha añadido otras propias que la están haciendo más grave, profunda y duradera, y de las que solo el Ejecutivo socialista es responsable. La agenda «social» de Zapatero ha sido un desastre económico.

ABC - Editorial

Una alternativa creíble

Hemos defendido de forma insistente que el tiempo del Gobierno se había agotado, vencido por su fracaso, y que la alternancia política era no sólo posible, sino que resultaba necesaria para recuperar la confianza y el crédito perdidos, imprescindibles para sentar las bases de la salida de la crisis y la recuperación. El Gobierno y el PSOE, no sin habilidad, están instalados desde hace semanas en el discurso de la falta de proyecto del Partido Popular para sacar adelante la nación con un mensaje gráfico que presenta a los populares como el partido del «no». No a todo, pero sin que se ofrezca un proyecto, unas ideas. El objetivo es presentar ante la opinión pública a una formación sin sentido de Estado y que sólo persigue el poder. Esa falaz campaña –increíble para todo aquel que siga los debates en el Parlamento y las comparecencias de los portavoces del PP– se ha venido abajo estrepitosamente en las últimas horas. Primero con el acuerdo para que Gobierno y PP elaboren una nueva política energética, que tanta falta le hace al país. Lo que demuestra que no ha sido el PP el obstáculo, sino un Gobierno que persiguió aislar a la oposición e imponer sus políticas de forma incondicional. Y segundo, con la comparecencia de Mariano Rajoy, que ayer desgranó su plan integral de reformas contra la recesión, y que conforman un intenso programa de intervenciones legislativas dirigidas a modificar sustancialmente las reglas de juego actuales, que se han demostrado incapaces para combatir la crisis.

Rajoy cree necesaria una regulación clara y sencilla de la extinción de los contratos, clarificar los mismos y facilitar descuelgues no sólo salariales en los convenios. El objetivo, que compartimos, es dinamizar el mercado de trabajo y no trabarlo con más confusión. Para corregir el galopante déficit público, apuntó una nueva normativa presupuestaria que establezca techos de gasto y endeudamiento de todas las administraciones, así como poner coto al «sobredimensionamiento» del sector público y al exceso de subvenciones. En cuanto a la fiscalidad, Rajoy planteó una rebaja selectiva de impuestos para pymes y autónomos y un IVA superreducido para el turismo, con el propósito de apoyar la inversión empresarial y el ahorro. Estas propuestas persiguen incentivar la actividad y no gravarla, lo que sin duda es más positivo a la larga para la recaudación y la creación de empleo. El presidente del PP abordó las pensiones y, en este punto, defendió la necesidad de debatir sobre la ampliación de la edad de jubilación para garantizar el futuro del sistema. La demagogia con los jubilados sólo conduce al fiasco actual y los cambios no pueden esperar. Rajoy remarcó la necesidad de la reestructuración del sistema financiero, porque necesitamos entidades sólidas para que el crédito fluya.

Entendemos que el líder del PP representa una alternativa seria, creíble y necesaria en tiempos en los que los experimentos, como los gobiernos de concentración con Zapatero, sobran, y se demanda rigor y estabilidad, con pactos de Estado en los grandes asuntos de interés general –modelo territorial, terrorismo, justicia–, exactamente los mismos acuerdos que el PSOE ha torpedeado durante los últimos seis años.

La Razón - Editorial

A verlas venir

Rajoy apunta, pero sigue sin plantear una alternativa reconocible en materia económica.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, compareció ayer ante representantes del mundo económico y empresarial para, supuestamente, exponer las líneas generales de su programa económico. La sensación general fue frustrante. Es cierto que faltan casi dos años hasta las elecciones y, por tanto, podía intentar el equilibrio difícil entre un compromiso explícito con medidas concretas y la conservación de un amplio margen de maniobra para el futuro. Pero de la intervención de Rajoy se deduce que sigue confiando más en el desgaste de Zapatero que en las virtudes de su inexistente programa, por más que el intento de al menos plantear un esbozo de prioridades podría indicar una cierta conciencia de las limitaciones de la estrategia de estar a verlas venir.

El recorte del gasto público adoptado por el Gobierno, así como el decreto sobre la reforma laboral y las medidas para consolidar el sistema financiero, han trastocado los datos de partida del debate político. Ante la nueva realidad, la oposición no podía limitarse a seguir oponiendo negativas a las iniciativas de un Gobierno que ha empezado a adoptar medidas a la altura de la gravedad de la crisis; medidas que coinciden, por lo demás, con las que están planteando los restantes países de la zona euro. Rajoy sigue en el terreno del deber ser, o en el de "yo ya lo dije" (que había que controlar el déficit) como si eso le eximiera de decir ahora cómo combatirlo.

La novedad fue propugnar que se incluya en la Constitución, como hizo Alemania, la obligación de no superar determinado nivel de déficit. Aparte de la dificultad política para llevar a buen fin una iniciativa que requeriría reformar la Constitución, y de la discutible conveniencia de atarse las manos hasta ese punto, la propuesta revela la voluntad de mantenerse en el nivel más genérico, el constitucional, para no entrar en compromisos concretos. Es decir, el de cómo atajar -recortando qué gastos- el déficit realmente existente. Se limitó a sugerir una imprecisa reforma de las Administraciones públicas, necesaria en cualquier caso pero incapaz de ofrecer los resultados inmediatos que se necesitan.

Otro tanto hizo con la reforma laboral, evitando pronunciarse sobre el decreto recién convalidado y subrayando únicamente que la negociación colectiva debe plantearse a nivel de empresa. Otros temas, como la reforma energética o la de la educación, fueron planteados en el mismo nivel generalista, con el agravante, en el caso de la educación, de que propuso hacer aquello que su partido acaba de boicotear: un pacto capaz de mantener su vigencia esencial con cualquier Gobierno. Y ello pese a que, al descartar la insinuación de Arenas, dijo que "pactos de Estado, sí; coalición de Gobierno (con el PSOE), no". ¿En qué tema era más necesario un pacto que en la Educación? La misma falta de credibilidad de la que Rajoy acusa al Gobierno es la que él sufre cuando propone iniciativas que ha saboteado, o cuando recurre a la teoría para no pronunciarse sobre la realidad.

El País - Opinión

¿Pasará Rajoy de las palabras a los hechos?

La austeridad que preconiza Rajoy casa bastante mal con que Madrid sea el municipio más endeudado de España y con que su estrategia para reducir el déficit pase por aumentar los tributos a los ciudadanos en lugar de por minorar sus faraónicos despilfarros.

En estos momentos en los que nadie puede albergar esperanza alguna en que Zapatero sea capaz de encauzar el rumbo de nuestra economía resulta esencial que tanto dentro como sobre todo fuera de nuestro país se perciba la existencia de una alternativa de gobierno que sí esté dispuesta a aprobar las reformas que necesitamos; a saber, reducción enérgica del gasto público en todos los niveles de la administración y liberalización de sectores tan relevantes como el energético o el laboral.

En este sentido, sólo cabe celebrar que Rajoy se postule abiertamente como alternativa inmediata de gobierno al desgobierno de Zapatero; no ya porque el líder de la oposición debe ser capaz de acceder al Ejecutivo en cualquier momento, sino porque es preciso que comience a visualizarse un gobierno en la sombra que exponga las políticas concretas que pasará a aprobar tan pronto como gane las elecciones.

El programa desgranado por Rajoy incluye alguna de las claves que la economía y la sociedad española necesitan: reforma del sistema educativo asentándolo sobre la libertad parental; reducción de impuestos y del gasto público, así como limitación del endeudamiento; eliminación de la negociación colectiva; y mantenimiento de una energía limpia y barata como la nuclear. Sin embargo, el discurso de Rajoy, aunque correcto, sigue pecando de ser insuficientemente concreto y consecuente.

La inconcreción se aprecia en rúbricas tan importantes como la falta de desarrollo de qué partidas de gasto piensa recortar, eliminar o reorganizar con tal de eliminar el enorme desequilibrio de nuestras cuentas públicas. De momento, el PP se ha opuesto al ajuste presentado por el PSOE, en unas ocasiones aduciendo que era "insuficiente" y que debería ampliarse a las oligarquías sindicales y políticas que pacen en el presupuesto y en otras sosteniendo que era "injusto" por afectar al "gasto social". Sería deseable que más allá de apelaciones generales a restringir el endeudamiento se nos explicara cómo se pretende acabar con éste, pues en caso contrario la tan cacareada prohibición del déficit quedaría como un simple brindis al Sol.

La inconsecuencia del discurso de Rajoy cabe buscarla, no ya en el lenguaje claramente populista que algunos miembros de su partido han empleado para denigrar cualquier mínima liberalización del mercado laboral, sino en la palpable contradicción entre las palabras de Rajoy y las políticas implementadas por el PP allí donde está gobernando (con la feliz excepción de la Comunidad de Madrid).

El líder popular promete la misma libertad educativa para los padres que había prometido Feijóo poco antes de incumplir todos y cada uno de los puntos de su programa en este ámbito. La austeridad que preconiza Rajoy casa bastante mal con que Valencia y, sobre todo, Madrid sean los municipios más endeudados de España y con que la estrategia del segundo para reducir el déficit pase por aumentar los tributos a los ciudadanos en lugar de por minorar sus faraónicos despilfarros.

Si Rajoy quiere gobernar España con un determinado programa de corte liberal, primero deberá comenzar a aplicar ese mismo programa allí donde tiene ocasión. Después de haber padecido a un mentiroso de tal calibre como Zapatero, es lógico que los españoles tengamos una más que sana desconfianza hacia las promesas de los políticos. El movimiento se demuestra andando, y el buen gobierno, gobernando.

Libertad Digital - Editorial

Con Zapatero, no

Rodríguez Zapatero no ha hecho posible la culminación de ni uno solo de los pactos de Estado a los que se ha ofrecido el PP, y sólo el PSOE es el que tiene que explicar por qué.

LA propuesta del vicesecretario territorial del Partido Popular, Javier Arenas, adelantada ayer por ABC, de plantear un gobierno de coalición con el PSOE, pero sin José Luis Rodríguez Zapatero, compartió la agenda política en una jornada en la que Mariano Rajoy se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo ante la clase empresarial y financiera. De esta forma, el PP puso sobre la mesa de la opinión pública sus opciones para recuperar la confianza política a través de la estabilización del Gobierno, bien con un gran pacto de Estado para cogobernar, bien con una alternancia democrática. No son fórmulas antagónicas, sino que responden a enfoques complementarios sobre una misma situación, que convergen en la condición común y previa de que Rodríguez Zapatero está políticamente agotado y amortizado.

La sociedad española no pierde ocasión de expresar su desdén por la clase política en su conjunto, del que resulta una creciente desconfianza en la capacidad de sus representantes para liderar la recuperación. La oposición, aunque no tenga responsabilidades de gobierno, no escapa, si bien con diferentes resultados, a esa ola de opinión escéptica y desalentada de los ciudadanos. Por eso es bueno que el Partido Popular rompa los círculos viciosos de la relación Gobierno-oposición con propuestas y ofertas novedosas, aunque su viabilidad inmediata sea más que dudosa. Nada habría sido más conveniente para España que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hubiera propiciado acuerdos de Estado con el PP desde el comienzo de la crisis, y aun antes. Desde su victoria en 2004, el Partido Socialista ha protagonizado el período político más crispado y menos fértil en acuerdos nacionales desde 1978. Solo la disposición del PP a apoyar medidas anticrisis o planes concretos, como el aplazamiento del coste de la luz, ha permitido dar a la sociedad bálsamos ocasionales a tanto enfrentamiento. Rodríguez Zapatero no ha hecho posible la culminación de ni uno solo de los pactos de Estado a los que se ha ofrecido el Partido Popular, y sólo el PSOE es el que tiene que explicar por qué. La coalición de gobierno, al estilo de la que presidió Angela Merkel con los socialdemócratas alemanes en el mandato anterior, es una fórmula responsable que solo funciona con políticos responsables que crean en los pactos de Estado. El PSOE no quiere compartir acuerdos nacionales con el PP —ayer Mariano Rajoy los ofreció en Educación, energía y administraciones públicas— y lo ha demostrado desde el comienzo de su etapa de gobierno, optando siempre por las minorías nacionalistas o por el «decretazo».

ABC - Editorial

Vaya salida más social. Por Fernando Fernández

Hay simple resignación, incluso resentimiento sordo, por las cosas que han tenido que hacer.

ESPAÑA ha cumplido una presidencia europea de trámite. El asunto no hubiera tenido especial repercusión política si no fuera por las demenciales expectativas autogeneradas respecto al acontecimiento planetario que significaba ver a Obama y Zapatero juntos, cambiando el mundo y diseñando una salida social a la crisis internacional provocada por los especuladores. La salida social ha acabado como el rosario de la aurora. El infantil keynesianismo de cavar zanjas y luego taparlas con aceras remozadas para la ocasión ha producido ciertamente varios hitos históricos. Nunca antes en la historia de la democracia española se había bajado el sueldo a los funcionarios, ni se habían congelado las pensiones. Claro que nunca tampoco habíamos tenido más de cuatro millones y medio de parados. Pero lo verdaderamente sorprendente es que el Ejecutivo intente, como los malos alumnos, justificar su clamoroso suspenso con que el profesor le tiene manía. No son ellos los culpables de haber provocado una emergencia nacional, sino los banqueros alemanes, en la última versión de enemigo exterior salida de la factoría de ficción la Moncloa. La vicepresidenta Salgado afirma en una entrevista no arrepentirse de nada y el presidente Zapatero se muestra en el Parlamento orgulloso de haber llevado el déficit público por encima del 11 por ciento del PIB. Todo por una buena causa, por ampliar los derechos sociales. Lástima que los egoísmos de siempre no hayan accedido a financiarnos tan loable propósito.

El asunto es preocupante no por una simple cuestión de memoria histórica, sino por lo que revela de la actitud gubernamental. No hay un convencimiento de las reformas necesarias para hacer que este país pueda volver a generar empleo, pagar sus deudas, reconstruir su prosperidad perdida y edificar un Estado de Bienestar sostenible. Hay simple resignación, incluso resentimiento sordo, por las cosas que han tenido que hacer, por la miopía y crueldad de los mercados. No creen en la responsabilidad fiscal, en el esfuerzo individual, en la frugalidad como norma de conducta. Han reventado la caja, han dilapidado el crédito y no les queda más remedio que ajustarse el cinturón. Pera andan a la búsqueda permanente de un pagano infeliz a quien pegarle el sablazo. Se ha abierto la búsqueda del rico, de la base imponible. Lo ha dicho Gaspar Zarrias con toda claridad: es una cuestión de Estado. Con esta perspectiva va nuestro presidente a la reunión del G-20. Allí le espera su colega planetario en sus horas más bajas, por la pésima gestión del asunto BP en el golfo de México y los conflictos internos en la guerra en Afganistán. Pueden parir un monstruo. Aunque también pueden seguir los pasos de Cameron y Merkel y reconocer que el mundo desarrollado no puede seguir viviendo del ahorro externo si no quiere acelerar su propia decadencia. Si la memoria de nuestro presidente no se detuviese selectivamente en el tiempo franquista, quizá podría recordar la decadencia del Imperio español de la mano de sus banqueros genoveses, que no fueron el virus, sino el alivio que permitió prolongar la agonía. O si ese momento histórico le produce urticaria, que lea al otro Cameron, Averil, y su libro sobre la decadencia del Imperio Romano.

ABC - Opinión

Del éxito de Camacho y el cinismo ‘progre’ con el burka. Por Antonio Casado

Tantos meses, por no decir años, dándonos la matraca con eso de que son los campeones en la defensa de la igualdad y la dignidad de la mujer, y ahora ha tenido que venir el Partido Popular a poner en evidencia la demagogia y el cinismo del Gobierno con una moción en el Senado, aprobada ayer con los votos de este partido, CiU y UPN, que insta al Gobierno a prohibir el burka y el niqab en todos los espacios públicos en nuestro país.

La iniciativa partió de la senadora del PP y líder y candidata de este partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que ayer en la Cámara Alta ofreció toda una lección de feminismo bien entendido frente a la hipocresía socialista. Un éxito notable, entre otras cosas porque ha puesto en evidencia, no solo ese cinismo en el que ahora profundizaremos, sino también la debilidad extrema de este Gobierno que debería estar haciendo las maletas a la vista de lo solo que se está quedando en el Parlamento y, sobre todo, en la calle.

Verán, tan cerca como el día anterior a esta votación, el PSOE llegaba a un acuerdo con CiU y con ERC para que votaran en contra de la moción del PP y ésta no saliera adelante. Aún así, me consta que la presidenta del PP catalán era consciente de la importancia del debate y de que, pasara lo que pasara en la votación, su obligación era defender esa moción con la firmeza de quien se sabe con la razón de su parte. No sé si fue la contundencia del discurso de Sánchez Camacho, o que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, está realmente dispuesto a hacérselas pasar mal al Gobierno, o que los catalanes querían hacer un gesto hacia el PP de cara a las elecciones autonómicas -no es baladí que la moción la protagonizara Sánchez Camacho-, pero el caso es que CiU cambió a última hora de opinión y votó a favor de la moción del PP, que obliga ahora al Gobierno a legislar en esa dirección, es decir, en la de la prohibición del burka y el niqab en todos los espacios públicos.

Libertad Religiosa vs Igualdad

Pero es más, una vez puestos de acuerdo ambos partidos en prohibir el uso de estas prendas, ahora también quieren decidir en qué ley debe incluirse esta prohibición, y no será en la mal llamada Ley de Libertad Religiosa como en su momento propuso Caamaño, sino en la Ley de Igualdad que es, en efecto, la que debe englobar esta prohibición por una razón muy simple: la prohibición del uso del burka y el niqab no se sustenta en razones religiosas, ni mucho menos, sino en razones estrechamente ligadas a la dignidad de la mujer o, en este caso, a la indignidad y humillación extrema que supone llevar dos prendas destinadas a taparlas a los ojos de los demás, hasta el punto de poder provocarles daños físicos importantes. Y es aquí donde sorprende que los campeones de la igualdad, estos que han ido presumiendo -Rodríguez el primero- de feminismo combativo y de defensa de los derechos civiles, a la hora de la verdad den muestras de una debilidad repugnante cuando de verdad se trata de poner sobre la mesa la dignidad de la mujer frente a un fanatismo que la humilla y la discrimina.

¡Ah! Que de lo que se trata, realmente, no es de ir contra el burka, sino de ir contra la Iglesia Católica…. Acabáramos. Lo que realmente le molesta a este Gobierno de progres de pacotilla y falsos feministas -todavía tiene que explicarnos la ministra Aído por qué bajo su mandato se han multiplicado los casos de violencia de género, y qué ha hecho para evitarlo, pero ya les adelanto yo que nada porque solo estaba preocupada en impulsar el asesinato masivo de seres indefensos en el seno materno-, lo que le molesta, digo, es que le hayan estropeado una de las perchas sobre la que iba a colgar esa Ley pensada para soliviantar los ánimos de los católicos y enardecer así, de paso, los instintos totalitarios de toda esa izquierda radical y semi-fascista que está esperando el más mínimo motivo para arremeter contra los curas, que es con lo que de verdad se divierten y se lo pasan chupi.

El ‘cabreo’ -con perdón- de los socialistas era ayer manifiesto, y hasta la número tres socialista, la líder galáctica Leire Pajín, se tuvo que empeñar en descalificar por electoralista y demagógica la propuesta del PP. Pero lo que de verdad es demagógica es esa postura complaciente de los socialistas con una actitud tan denigratoria para la mujer, tan brutalmente atentatoria de su dignidad y tan escandalosamente destructora de su integridad física y moral -¿qué es lo que une tanto a esta izquierda montaraz con el islamismo radical?-. Y lo que es electoralista y demagógico es que la líder intergaláctica explique que no es bueno prohibir el burka porque con la actual legislación ya es suficiente -a la vista está que no-, y por el contrario estén dispuestos a sacar adelante una Ley de Libertad Religiosa dirigida única y exclusivamente a prohibir el uso de símbolos cristianos en espacios públicos, cuando en este país ya existen leyes e incluso una Constitución que limitan ese uso. Luego, en que quedamos, ¿es o no es suficiente, o solo lo es en función de lo que le interese a la galáctica Pajín?

Lo que está claro es que el PSOE actúa, como siempre, desde el más profundo y destructivo sectarismo, desde una posición totalitaria y fascista propia de regímenes caudillistas como el de Chávez, pero no lo hace desde un verdadero deseo y afán de proteger a la mujer y de luchar por su igualdad. Por eso Sánchez Camacho les ha dado una lección, una verdadera lección de feminismo del bueno, y no de demagogia barata y populismo todo a cien.

El Confidencial

Burka. Las talibanas de Ferraz. Por Cristina Losada

Existían códigos y leyes para castigar lo uno y garantizar lo otro, pero hubo que elaborar ambas para que el presidente pudiera ser aclamado al grito de "ista, ista, ista, Zapatero feminista". Y luego, a recolectar.

Si hay una causa que el zapaterismo ha querido monopolizar es la de la Mujer, que no la de las mujeres. La Mujer como grupo victimizado y no las mujeres, como individuos y ciudadanas. La desolación de los socialistas ante la moción del PP aprobada en el Senado para prohibir el burka, refleja la furia de quien se ha visto despojado de una bandera que creía suya y que sólo por confusión inducida se ha tomado como defensa de la igualdad. Así, lamentan airados que el PP pueda presentarse como paladín de los derechos de las mujeres y tachan la moción de pura demagogia y repugnante populismo. Nunca gusta perder un monopolio.

La cólera que han vertido las talibanas del PSOE contra la prohibición del burka lleva el argumento de la innecesariedad. Se trata, dicen, de una "ley proclama", pues ya disponemos de normas que vetarían el uso de esa prenda en dependencias públicas. Las vueltas que da la vida. Denuncian "leyes proclama" los especialistas en ese arte decorativo. La ley contra la Violencia de Género y la de Igualdad no tenían más propósito que dibujarle a Zapatero el halo de "justiciero de las mujeres". Existían códigos y leyes para castigar lo uno y garantizar lo otro, pero hubo que elaborar ambas para que el presidente pudiera ser aclamado al grito de "ista, ista, ista, Zapatero feminista". Y luego, a recolectar.

Ante el burka, los socialistas están con el corazón partido entre sus sucedáneos ideológicos. Su adhesión a los dogmas del multiculturalismo les conduce a defender el velo como seña de identidad de otra "cultura", y es sabido que toda "cultura" es más digna de respeto que la nuestra. No importa que imponga a las mujeres un status de inferioridad y un régimen de sometimiento. Nosotros, Occidente, no podemos trasladar a otras "civilizaciones" los derechos que, desde una insoportable superioridad, habíamos considerado universales. Pero, al tiempo, mantienen la fachada de la Igualdad y la política de victimización de la Mujer, lo cual les obliga a reconocer, a regañadientes, que el burka supone una vejación... aunque no lo bastante como para prohibirlo.

Incoherencias propias, en fin, de quienes han sustituido su antigua fe en la iglesia marxista por la beatería de la corrección política. Sus fieles celebran sin ningún sentido crítico todo lo que no sea occidental, demostrando justamente así hasta qué extremo grotesco son occidentales.

Libertad Digital - Opinión

¿Habrá cambio de Gobierno? La negación de Zapatero es, en función de la estadística, una confirmación. Por M. Martín Ferrand

LUIS Bonafoux, siempre tonante en sus críticas, clasificaba a los periodistas lisonjeros con Práxedes Mateo Sagasta —más numerosos que los adoradores de Antonio Cánovas— en tres grandes grupos: devotos, de propina y de mesada. Tan atrabiliario y genial colega disculpaba a los primeros. Si la fe, recordaba, mueve montañas, ¿por qué no ha de impulsar el halago a un señor que «además de ser presidente del Gobierno es Ingeniero de Caminos»? A los segundos, a los de propina, les remitía al Purgatorio. Se corrompen, decía, por una sola vez. Apoyan un proyecto de ley o un discurso trascendente; pero, culminado el servicio y cobrada su prestación, caduca su compromiso y pueden redimirse. Con los de la mesada, los corruptos en nómina que diríamos hoy, era implacable. Venga o no venga a cuento, señalaba, propagarán las glorias, existentes o imaginadas, de quien los mantiene con cantidades fijas y periódicas. Son traidores a su conciencia, si la tienen, y nocivos para la salud de la información.

En nuestros días se ha reducido el muestrario y, salvo alguna excepción que pudiera escapárseme, han desaparecido los trincones de propina, eventuales discontinuos de la indignidad profesional. Aparte de los devotos, inseparables de la degeneración partitocrática, los que abundan en los tres planos de la Administración e, incluso, en el entorno de algunas instituciones notables y empresas de relieve, son los corruptos mensualizados, con pagas extraordinarias o sin ellas, que siempre están dispuestos a magnificar la escasez de sus benefactores.

En el zapaterismo, donde no parece saberse mucho de la libertad como objetivo, la democracia como práctica y la verdad como sistema, abundan los propagandistas de la devoción y los del sueldo fijo. Son infatigables. Ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, un líder más acostumbrado a desmentirse que a confirmarse, que no piensa abordar ningún cambio de Gobierno y la maquinaría se ha puesto en marcha, contra la lógica y las apariencias, para insistir en ello. Sus medios más adictos y sus portavoces oficiosos más entregados a la causa, a la glorificación del jefe, doblan y repican para reforzar la idea de la estabilidad gubernamental. ¿Habrá cambio de Gobierno? La negación de Zapatero es, en función de la estadística, una confirmación. Si la hay, bendita sea. El equipo actual es difícilmente empeorable. Si no lo hay, cada cual debe empezar a rezar a los santos de su devoción o pronunciar los conjuros de sus descreencias. Si por tener razón y aparentar normalidad, el presidente ahonda en la contumacia, ya que venimos de mal en peor, pasaremos a lo pésimo.

ABC - Opinión

Hacia un pacto energético

El inesperado acuerdo entre el Gobierno y el PP para suspender la subida de la luz prevista para julio abre la puerta al imprescindible pacto en torno a una política energética de futuro para la nación, que en tantas ocasiones hemos reclamado en estas páginas. La decisión de no aplicar el incremento previsto del 4% es un excelente punto de partida, pero no de llegada. Entendemos, no obstante, la lógica preocupación de la industria eléctrica por la situación de un sector que soporta un déficit de tarifa acumulado que se puede situar por encima de los 20.000 millones de euros. Compartimos también el criterio de que la responsabilidad política consiste en posibilitar que los precios estén en función de los costes. El sector arrastra desequilibrios y disfunciones estructurales que deben ser corregidos, porque hablamos de una industria estratégica que no puede estar sometida a vaivenes ni a volantazos políticos que confunden y alimentan la inseguridad. Estas urgencias sólo pueden ser encauzadas en el marco de un pacto energético como el que tanto el Gobierno como el primer partido de la oposición parecen dispuestos a afrontar, y del que la suspensión de la subida de la luz sería una consecuencia puntual, para la que también existen argumentos favorables derivados del tijeretazo social a los colectivos más desfavorecidos. Tanto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como el líder popular, Mariano Rajoy, demostraron ayer que existe voluntad real y planes para trabajar en la reforma. Gobierno y PP han creado un grupo de trabajo que, además de revisar los costes de la factura para frenar su impacto sobre la competitividad en la industria, abordará la definición de un mix energético para 2020 «equilibrado y diversificado» y el desarrollo de las interconexiones internacionales, en el que el futuro de la energía nuclear en España debe ser desempeñar un papel relevante. También se centrará en profundizar en la liberalización de los mercados, en el reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética y en las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos en energías renovables de una «manera sostenible técnica y económicamente». Este último punto es especialmente importante en la medida en que se debe evaluar si la política socialista que las ha primado de manera muy generosa es la adecuada o conviene dar un giro de 180 grados. La energía es un asunto de Estado y como tal debió ser tratada siempre, aunque el Gobierno haya tardado más de seis años en comprender que las decisiones en este terreno fundamental para el progreso y la prosperidad del país no pueden estar condicionadas por los prejuicios ideológicos o los intereses de partido. No se puede decir que la política socialista haya beneficiado a las empresas ni a los ciudadanos, por lo que ahora toca recorrer el camino que el resto de países de nuestro entorno emprendió hace ya tiempo. El nuevo modelo energético, en el que también debe ser escuchada la industria, debe solventar el déficit, reducir la dependencia, aportar seguridad y garantizar la transparencia para que empresas y consumidores sepan a qué atenerse. Si Gobierno y PP lo consiguen, el avance será histórico.

La Razón - Editorial

Demagogia energética

Es difícil competir en demagogia con un presidente que regala todos los años miles de millones de euros de los contribuyentes a las multinacionales de lo renovable mientras presume de "rojo" y "defensor de los trabajadores".

Nada nos alegraría más que el foco con que se mira la intervención pública en el sector energético abandonara "la ideología" y se centrara en la "cuestión económica", como ha prometido Cristóbal Montoro. Si así fuera, las negociaciones para alcanzar un pacto de estado se centrarían en el excesivo papel que juega el Estado en ese mercado, al imponer los precios, subvencionar unas energías y prohibir otras.

No obstante, lo cierto es que no hay muchas razones para tener esperanza. Tanto PP como PSOE han mantenido en sus respectivas épocas al frente del Gobierno la potestad de éste de decidir cómo se produce la energía en España y a qué precio se vende. Durante años hemos estado pagando las consecuencias de la decisión de Felipe González de paralizar la construcción de centrales nucleares y ahora pagamos y seguiremos pagando la decisión compartida por ambos partidos de llenar España de fuentes de energía caras e ineficientes, mantenidas sólo a base de subvenciones.

Cierto es que en lo malo también hay grados y que la demagogia del PP negándose a que se suba el regulado precio de la energía –lo que nos endeuda a todos los españoles aún más con las compañías eléctricas– es difícilmente comparable con la del presidente "antinuclear" que ha decidido mantener los precios a niveles muy bajos mientras multiplicaba los costes con su impulso a tecnologías que merecen sin duda ser calificadas de verdes, pero por lo poco maduras que están para ser explotadas comercialmente. Un presidente que ha decidido cerrar una central nuclear en perfecto estado y completamente amortizada, que podría habernos dado al menos diez años de electricidad a un precio ridículo. Un presidente que regala todos los años miles de millones de euros de los contribuyentes a las multinacionales de lo renovable mientras presume de "rojo" y "defensor de los trabajadores".

El problema es que la crisis nos está obligando a hacer recortes, y el pozo sin fondo que suponen las energías subvencionadas empieza a no ser asumible. De ahí que Miguel Sebastián, que combatió furiosamente aunque sin argumento alguno el llamado "informe Calzada" sobre las consecuencias negativas en el empleo de la política energética del Gobierno, ahora las critique y busque cualquier razón para hacerles una publicidad negativa. Y que busque el apoyo del PP para que éste no se dedique a hacer lo único que sabe hacer el Gobierno de Zapatero: demagogia.

Nos daríamos con un canto en los dientes si este "pacto de estado" supusiera que el Gobierno deja de darles dinero a las energías subvencionadas, abandonara los planes de cerrar Garoña y otras nucleares y eliminara el déficit tarifario, de modo que pagáramos el coste real de lo que consumimos. Incorporaríamos así un elemento esencial en el sector energético, la racionalidad, pero dejaríamos fuera otro: la libertad. Y es que no cabe esperar que los dos grandes partidos decidan reducir su poder sobre la energía, dejando que las empresas compitan en el mercado libre en precio y calidad de suministro. Hasta ahí podíamos llegar.

Libertad Digital - Editorial

Desorientados en el G-20. Por Valentí Puig

LAS cosas del G-6 comenzaron como encuentro de los seis países más industrializados para hablar de modo informal sobre la economía mundial. Eso fue a principios de los años setenta. Con Canadá ya sería G-7. Al añadirse Rusia, se convirtió en G-8, y con los países emergentes hoy es el G-20, como club selecto de la globalización y de lo que se llama hoy gobernanza económica. Al iniciarse la cumbre de Toronto, la primera gran crisis de la globalización y del euro parece estar amainando, aunque no falta nunca un gurú que vaticine la recaída en el purgatorio. Los Estados Unidos, Europa y el bloque emergente expondrán criterios muy dispares, pero la tendencia general es recortar de modo severo el gasto público y, en algunos casos, subir los impuestos. Los endeudamientos son colosales. Japón —miembro fundador del G-6— va a congelar el gasto público por tres años: memorable estreno del primer ministro Naoto Kan. La desorientación lo condimenta casi todo. Al final, las videoconferencias acabarán siendo una rutina.

Se impone un rigor presupuestario que, al menos transitoriamente, afectará a los modelos sociales, como el Estado de bienestar en Europa. Según el «Financial Times», en Toronto se dará una contraposición entre las economías avanzadas que optan por reducir como sea el gasto público y los países emergentes decididos a aumentar la presión fiscal. Aunque se hable de un reencuentro milimetrado, también puede aflorar en Toronto el contraste entre la opción de austeridad alemana y los estímulos al crecimiento que prefiere Obama.

España consta en el G-20 con un «status» peculiar, pero vale más estar que quedarse en el limbo. Según el Gobierno, se está «de facto», como invitado permanente, pero no como miembro fijo. Si la presencia de España se debe a su condición de octava potencia económica mundial, el impacto de la recesión obliga a aseveraciones cautas y, seguramente, a explicarse debidamente sobre las reformas en curso. Zapatero estuvo en el G-20 de finales de 2008, como cuota de la representación europea, a instancias de Sarkozy, quien cedió uno de los dos asientos que le correspondían, como miembro fundador del G-8 y como presidente rotatorio de la UE. También estuvo en abril del año siguiente, aunque la vicepresidenta Salgado luego no fue invitada a la reunión de ministros de economía, en Washington. Aznar, cuando España tuvo la presidencia semestral de la UE, participó en el G-8.

Es tal la mecánica de lo que va del G-7 al G-20 que ya son más importantes los comunicados finales que el contenido real de unos debates internos que programan con mucha antelación los «sherpas», esos altos funcionarios que en representación de cada país y a modo de los guías del Himalaya intentan darle cauce a cada cumbre. Las que inicialmente iban a ser charlas entre los grandes, junto a la chimenea, hoy ya son parte del gran circo mediático. Aun así, el G-20 es un foro multilateral de mucha sustancia. Andan por ahí sueltas muchas fieras por domesticar, desde el tobogán de las finanzas salvajes a las erupciones del desorden mundial.

ABC - Opinión

Reforma laboral. Corbacho y el abaratamiento del despido. Por Emilio J. González

Lo más probable es que las cosas se queden como están ante la falta real de voluntad política por parte de unos y otros a la hora de cambiarlas. Aquí nadie se quiere 'mojar' por temor a perder votos.

Dice el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que la reforma laboral no abarata el despido, y tiene razón porque ni es intención del Gobierno el que así sea, ni creo que durante la tramitación urgente de la misma como proyecto de ley vaya a cambiar sustancialmente las cosas. Me explico.

Ya he comentado anteriormente que aunque el decreto ley que el Gobierno ha convalidado esta semana incluye la posibilidad de que las empresas puedan llevar a cabo despidos con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad –frente a los actuales 45 días, con un máximo de cuatro años de sueldo–, lo cierto es que no concreta las "causas objetivas" que permitan acogerse a dicha posibilidad. Por tanto, todo queda a la libre interpretación de los jueces de lo social, quienes, como ya se sabe, están para dar sistemáticamente la razón al trabajador. La tramitación como ley por la vía de urgencia de la reforma laboral puede cambiar las cosas. Sin embargo, hoy por hoy no se dan las circunstancias políticas para ello.

El Gobierno podía, y debía, haber sido mucho más concreto en este punto. Sin embargo, Zapatero ha sacado la calculadora electoral y, después de hacer unos cuantos números, ha optado porque sea otro, y no el socialista, el partido que se queme yendo más allá de donde ha ido el Ejecutivo. A ZP le basta con que los mercados hayan recibido el mensaje de que el Gabinete está por la labor de poner toda la carne en el asador para superar tanto el riesgo de suspensión de pagos como la propia crisis económica y los mercados, de momento, se lo han creído, como muestra la reducción del diferencial de tipos entre el bono español y el alemán. Dudo mucho de que el presidente del Gobierno tenga la intención de ir más lejos de esa ambigüedad calculada con la que ha despachado una cuestión tan impopular como el abaratamiento del despido, al menos mientras los mercados, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea no le obliguen a ello. Hacerlo significaría, de entrada, ir contra los propios principios de Zapatero, que éste defiende con tanto ahínco aunque sea a costa de la ruina de España. Hacerlo implicaría también el riesgo de provocar una guerra abierta entre el Ejecutivo y unos sindicatos, los nuestros, que rechazan abiertamente cualquier posibilidad de flexibilización del mercado de trabajo. Y ZP no quiere esa guerra por nada del mundo. Además, ¿quién apoyaría a los socialistas en semejante caso? Desde luego, la izquierda parlamentaria no. Zapatero tendría entonces que fiarlo todo a conseguir los apoyos necesarios entre la oposición no de izquierdas y la duda es si lo harían, se abstendrían o votarían no. En cualquier caso, esto es una cuestión secundaria porque lo más probable es que los socialistas no se atrevan a concretar las causas del despido de 20 días por el temor a seguir perdiendo popularidad y terreno en las encuestas.

¿Y la oposición? Pues sucede que lo malo de todo esto es que lo de la reforma laboral se está dirimiendo en unos momentos políticamente complicados. CiU se enfrenta este otoño a unas autonómicas catalanas tras las cuales espera volver a ocupar el palacio presidencial de la plaza de San Jaume. Y el PP, por ahora, sigue en la posición de que las consecuencias políticas de las medidas contra la crisis se las coma quien la creó y quien se negó a pactar nada con ellos al respecto. Además, sus líderes se han manifestado en las últimas semanas contrarios al abaratamiento del despido e, incluso, han autodenominado al PP como el "partido de los trabajadores". Así es que, por ahora, tampoco cabe esperar de ellos que se metan en semejante charco. Y aunque lo hicieran, ¿serían capaces de conseguir los respaldos necesarios en el Parlamento para sacar adelante esa propuesta? No si los socialistas no les apoyan o, simplemente, se abstienen en lugar de votar ‘no’, que es lo que le pide el cuerpo a un Zapatero que, incluso ahora, con la que está cayendo y la que puede caer sigue con sus estrategias de desgaste del adversario por cualquier medio a su alcance.

En este contexto, por tanto, lo más probable es que las cosas se queden como están ante la falta real de voluntad política por parte de unos y otros a la hora de cambiarlas. Aquí nadie se quiere ‘mojar’ por temor a perder votos y porque, en última instancia, lo que cuenta para ellos son sus propios intereses y estrategias. Así es que al final y por una vez, sin que sirva de precedente, Corbacho dice la verdad, si bien por razones distintas a las que debería.

Libertad Digital - Opinión

El virus partitocrático. Por M. Martín Ferrand

CUANDO José Antonio Alonso era portavoz de Jueces para la Democracia solía derramar grandes pregones de libertad. Era todo un apóstol democrático y daba gusto oírle; pero la titularidad de los ministerios de Defensa y de Interior y su instalación como gran oráculo del PSOE en el Congreso le han dejado maltrecho y parece haber adelgazado sus virtudes cívicas, políticas y morales. Para empezar, tiene una idea confusa, quizás evanescente, del significado auténtico de la palabra lealtad, que, para alegría de Bibiana Aído y otras miembras socialistas, es palabra femenina. Dice Alonso para recriminar la recta conducta de su compañero Antonio Gutiérrez, menos obediente de lo que se lleva en nuestro Parlamento de autómatas, que «la opinión es libre, pero la lealtad al Grupo Socialista es obligada». ¿En qué se sustenta esa obligatoriedad?

Aunque la Constitución del 78 se haya quedado tan vieja, inútil e inobservada como sus predecesoras, «el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable». Aunque Alonso estudió Derecho con anterioridad a la poca feliz reforma del Código Penal, es seguro que no ignora la sustancia de su artículo 542, en el que se inhabilita a los funcionarios y autoridades —y en él concurren ambas condiciones— que impidan a los demás el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Aún así, Alonso y sus representados se disponen a sancionar, incluso pecuniariamente, a quien ha sido leal a sus convicciones y a sus electores aun con el esfuerzo de no obedecer el mandato del gran rabadán del rebaño socialista en el Congreso.

Lo más inquietante de esta peripecia estriba en el hecho de que Alonso no procede de las cavernas totalitarias. Alcanzó la mayoría de edad cuando fue proclamada la Constitución y su actitud democrática ha sido siempre intachable; pero, sumergido en el ambiente del poder partitocrático, es capaz de romper con su propia trayectoria y reprocharle a un compañero de partido por hacer lo que debe hacerse: actuar en
conciencia, sin acatar ningún mandato imperativo, y darle más prioridad a los valores éticos que a la obediencia perruna. Gutiérrez, por elementales razones de coherencia biográfica en quien ha sido secretario general de CC.OO., no quiso prestar su voto a la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral. Si el PSOE es un partido en el que no cuenta la decencia, ni se respeta al individuo, ni se valora la libertad, como muchas veces parece, Alonso tendrá razón; pero no es lo que predica el propio Alonso. Se confirma que la partitocracia es el más potente y activo de los virus que pueden acabar con la democracia.

ABC - Opinión

Boyer. El precio de los políticos. Por José García Domínguez

Nada hay más popular entre el paisanaje patrio que abjurar a voz en grito de los "los políticos", hasta la nausea. Así, sin matiz ni distingo alguno, condenándolos a la hoguera a todos, juntos y revueltos en abigarrado aquelarre.

Miguel Boyer, que a sus setenta y un años ya se sabe impune para decir en público lo que en verdad piensa, acaba de augurarlo con desolada lucidez: "Si se siguen bajando los salarios o manteniendo los que hay ahora en la alta administración, pronto sólo llegarán los analfabetos a la dirección del Gobierno". Y, veladas alusiones al margen, lleva el hombre más razón que un santo de palo. Aunque no corre el más mínimo riesgo de que se le atienda, claro. Pues, la cuestión, como es sabido, constituye anatema. Al cabo, nada hay más popular entre el paisanaje patrio que abjurar a voz en grito de los "los políticos", hasta la nausea. Así, sin matiz ni distingo alguno, condenándolos a la hoguera a todos, juntos y revueltos en abigarrado aquelarre.

Una soberana arbitrariedad muy celtíbera, ésa, que, entre otros despropósitos, ayuda a que los mejores no recalen en el sector público. Algo hay, por lo demás, en la trastienda psicoanalítica de resentimiento tan extendido que apela a la idiosincrasia profunda de la sociedad española, algo que conecta con un atavismo igualitario que no tolera bajo ningún concepto la excelencia individual. ¿Cómo explicar, si no, la numantina resistencia a que la soldada de los gestores estatales se compadezca en algo con la alta responsabilidad que implica su función? Al contrario, entre nosotros, se presume lógico y natural que quienes manejan presupuestos superiores a los de muchas multinacionales cobren lo mismo que cualquier agente de seguros medianamente espabilado.

Nadie lo dude, aquí estallaría otro motín de Esquilache si, por ventura, el Gobierno diese en levantar el secreto de Estado sobre el estipendio que percibe Mafo en el Banco de España. Y es que gusta lo barato. De ahí el surtido de saldos que nos viene regalando la partitocracia reinante: los montillas, las leires, los blancos, los bárcenas, las bibianas, los chaves; hijos putativos todos de las listas herméticamente cerradas, bloqueadas, atrancadas y atornilladas por los aparatos. Igual que su tragicómico corolario: la devaluación de la clase dirigente a extremos inimaginables hace apenas una década, con esa distorsión hasta el puro esperpento de los principios meritocráticos que rigen la selección de las elites en cualquier rincón del orbe más o menos civilizado. Lo pagaremos caro (aún más).

Libertad Digital - Opinión

Volvemos a las andadas. Por Hermann Tertsch

EL Partido Popular ha pedido que desaparezca uno de los personajes más sórdidos de la escena política del País Vasco, que no es decir poco. No es, por supuesto, un terrorista, de los que no merece la pena ni hablar. Se trata del socialista Jesús Eguiguren. Cierto es que mientras la mayor lacra política de este país, que es Rodríguez Zapatero, siga al mando del Ejecutivo en Madrid no hay ni esperanza ni remedio. El desprecio dentro y fuera de nuestro país hacia su persona se ha convertido en desprestigio y lastre insoportable para nuestro país. Eso ya no puede arreglarlo él, ni sus votantes, ni sus amigos, ni siquiera sus adversarios si quisieran. Pero hablemos hoy de Eguiguren, que nos quiere meter otra vez a los españoles en una negociación —y consiguiente legalización— de la rama política de ETA. No hablamos de un enajenado. Hablamos del jefe de los socialistas en el Parlamento vasco. Y sabemos que si sus planes se cumplen significarían la justificación —nunca mejor dicho «post mortem»— y la legalización de una campaña de asesinatos que ellos montaron y una legitimación de todos y cada uno de los casi mil muertos habidos. Como comprenderán, algunos no estamos muy de acuerdo en que nuestro País, que es el Vasco, y nuestra nación, que es España, queden en manos como las de Eguiguren, probablemente lo peor del socialismo vasco. Lo más inmoral, según tantos, al que las víctimas traen al pairo. Hace poco tuvimos la desgracia de tenernos que despedir del jesuita Antonio Beristain, eminente criminólogo, pero para mí más un hombre lleno de energía y bondad. Un hombre de una dignidad que deja a Eguiguren en la sima que su catadura ha excavado. Beristain sabía y escribió mucho sobre el victimario. Era un sabio bueno. Escribió sobre el luto, cómo éste enaltece a las personas y dignifica la vida. Y cómo el olvido nos deprava como individuos y como sociedad. No le pregunten a Eguiguren por este tipo de cuestiones. El dirigente actual del PSE, Patxi López, que gobierna gracias al Partido Popular, le ha dicho a Eguiguren que no y que se olvide de esos caminos. Que esos caminos se han acabado. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha dicho a Eguiguren lo mismo con la máxima contundencia. El Gobierno dice que no hay ni habrá negociaciones con la banda terrorista y aseguran que están acabados. Cuando este Gobierno desmiente algo, échense a temblar. Porque si no fuera cierto que algo se mueve, no se entiende por qué el nada señor Diaz Usabiaga está en la calle paseando, por qué el nada señor Josu Ternera se pasea por Europa cuando los servicios de información españoles saben hasta dónde compra el pan. Ni el bloqueo del caso del bar Faisán en ese enjuague de contraprestaciones entre el Gobierno y el juez Garzón. Ni otras cuestiones de terrorismo. Miento, creo entenderlo. Quizás al final el siniestro Eguiguren sea el único en decir la verdad.

ABC - Opinión

Acosado y peleón, Zapatero opta por el contraataque. Por Antonio Casado

Sobre la averiada figura de Rodríguez Zapatero volvieron a caer chuzos de punta en una animadísima sesión del Congreso. Por la derecha y por la izquierda.

Nadie le hizo la ola por su actuación en el semestre europeo, salvo el portavoz socialista, José Antonio Alonso. El balance de la presidencia española de la UE fue el pretexto de ocasión para desplegar el mismo discurso reprobatorio que prácticamente todos los grupos, por distintas razones, le vienen dedicando al Gobierno y a su modo de combatir la crisis económica.

Sin embargo, por primera vez en estos últimos meses del "Via Crucis" (Rosa Díez dixit), a Zapatero no se le vio abatido ni a la defensiva. Más bien al contrario. Entró al trapo en los cruces con los distintos portavoces. Quiero decir que, lejos de arrugarse bajo la tormenta, como en otras ocasiones, no rehuyó la pelea verbal y argumentó con eficacia en su legítimo derecho a desmontar las críticas más o menos injustas formuladas contra él y su Gobierno. Como los demás tampoco se mordieron la lengua, la de ayer resultó una de las más vivas e interesantes sesiones parlamentarias de la presente Legislatura.

Como era previsible, el más intenso de los cruces lo protagonizaron los dos primeros actores del drama: el titular y el aspirante. Ninguna novedad en el discurso de Mariano Rajoy aplicado al caso: “Pensaba escribir un guión europeo y resulta que otros se lo han escrito a usted”, dijo antes de recrearse en describir una economía española “intervenida” y “bajo protectorado”, en curiosa sintonía con valoraciones tan de izquierdas como las Gaspar Llamazares o Joan Ridao (“Usted no manda, a usted le mandan los mercados”).

Lo demás fue reiteración sobre la falta de credibilidad de Zapatero o su insuperable tendencia a improvisar, mentir y contradecirse. Pero en esta ocasión, insisto, hubo algo parecido al contraataque. El presidente del Gobierno arremetió contra la figura del líder del PP por su “escandalosa falta de ideas”, por despreciar lo que ignora, por su nulo sentido de la responsabilidad, por su incapacidad para formular ninguna propuesta y por no saber vivir sin el manual de descalificaciones.

Primera entrega del debate sobre el Estado de la Nación

Nunca había mostrado Zapatero una agresividad tan directa y tan explícita contra su principal adversario político. Se quejó Rajoy de esa actitud y en la réplica posterior su adversario cogió el guante: “Le ataco porque usted no para de atacarme a mí”. En la reyerta se diluye la ya inalcanzable posibilidad de algo que nos recordase, siquiera vagamente, un pacto para que las dos primeras fuerzas del espectro político combatieran juntas contra la crisis económica por el bien de unos intereses generales donde no deberían tener cabida ni la conservación del poder a favor de un partido ni la prisa de otro por recuperarlo. Pero ya sé que esto es predicar en el desierto. Sobre todo si el desierto se ha repoblado de gente faltona, intolerante y maleducada.

En resumen, que la reyerta se comió las valoraciones en los distintos frentes de actuación de la presidencia española. Sobre todo el económico, con decisiones tan sonadas como los planes de reducción del déficit público, la creación del fondo financiero de rescate de socios en apuros (750.000 millones) o las medidas orientadas a mejorar la regulación de los mercados. La sesión se politizó tanto que algunos la vieron, con razón, como una primera entrega del debate sobre el Estado de la Nación, previsto para los días 14 y 15 de julio.

El Confidencial - Opinión

Guardia Civil. Todo por la patria. Por Cristina Losada

La patria, o sea, la nación, no es patrimonio del difunto general gallego, aunque un sector de la izquierda y el conjunto del nacionalismo se hayan empeñado en que lo sea.

El franquismo es un yacimiento arqueológico, que tras permanecer olvidado varias décadas, se explora hoy palmo a palmo a fin de encontrar cualquier cosa que se pueda someter primero a exhibición y luego a borrado. Los últimos en sumarse a esa empresa orwelliana son los miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga. Solicitan la retirada del "Todo por la patria" de los cuarteles, porque, alegan, el lema fue instituido en 1937 y, por ese motivo, "se asocia a un pasado político" y vincula "a otras épocas". Claro que con esos argumentos pueden llegar mucho más lejos. Por su fecha de fundación, la Guardia Civil está vinculada a otras épocas y a algunos pasados no siempre democráticos ni pacíficos, por no decir casi nunca; de manera que si el propósito es librarse de todo lastre "político", lo lógico es que pidieran la disolución del cuerpo.

La AUGC malagueña se ha sumado, en realidad, a una propuesta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que la exponía con menos eufemismos hace unos meses. Ese "Todo por la patria", aseguraba, "supuso la persecución y la represión de miles de ciudadanos". Por la misma regla de tres, ¿no habría que suprimir cualquier mención a España en España, dado que los autores del golpe del 36 se sublevaron por España? Lo que plantean esos tardíos buscadores de restos es, en esencia, una identificación entre la patria y la represión y entre la patria y el franquismo. Pero la patria, o sea, la nación, no es patrimonio del difunto general gallego, aunque un sector de la izquierda y el conjunto del nacionalismo se hayan empeñado en que lo sea. El lema que ordenó poner el general Gil Yuste había nacido antes del 36 y ahora mismo se utiliza en no pocas repúblicas latinoamericanas, ¿también franquistas ellas?

La obsesión por encontrar residuos del régimen de Franco en el presente ha de llevar a situaciones frustrantes a quienes dedican a ello su tiempo y el dinero de los contribuyentes. De ahí que, a veces, nos brinden episodios cómicos al atribuir al franquismo símbolos y nombres que pertenecen a otros períodos. Pero lo cómico no quita lo dramático. So capa de purificar a la Guardia Civil de "aspectos políticos", la AUGC malagueña se ha metido de hoz y coz en la política. En ese intento de recreación de odios cainitas que es lema del Gobierno de Zapatero.

Libertad Digital - Opinión

El día de los prodigios. Por Ignacio Camacho

SI Alberto de Mónaco se va a casar ya nada es imposible, incluso que el Tribunal Constitucional parezca decidido a alumbrar el lunes una sentencia —ya casi da igual en qué sentido con tal de que la saquen de una vez— sobre el Estatuto de Cataluña. Un día iluminado por prodigios de este calibre puede dar lugar a cualquier extravagancia, rebasada de antemano la capacidad de asombro del más escéptico de los mortales. Hay jornadas en que conviene estar preparados para todo; cuando los astros se cuadran en determinados vértices del cielo la Humanidad es capaz de superarse a sí misma. Las noches de San Juan tienen fama de mágicas y al calor de las hogueras y el conjuro de las brujas suceden a veces fenómenos anormales y portentos extraordinarios.

Ayer ocurrieron hechos ciertamente inusuales, propios de las conjunciones planetarias profetizadas por Leire Pajín para el semestre de presidencia europea, que como los shakesperianos idus de marzo aún no ha concluido del todo. Socialistas y populares alcanzaron al fin a ponerse de acuerdo en algo —el recorte de los gastos electorales—, acontecimiento que por sí solo constituye una gozosa novedad en el clima de enfrentamiento trincherizo que los absorbe, y hasta sus diputados rieron juntos el enésimo lapsus cómico —llamó Tararí a un congresista apellidado Matarí— del vicepresidente Chaves.

Zapatero admitió una leve autocrítica sobre los efectos de su reforma laboral —en el contexto de una autosatisfecha crecida, que tampoco hay que pasarse de optimistas— y Esperanza Aguirre forzó la renuncia del cabecilla de su oscura brigada de mortadelos. El más reputado de los especuladores financieros mundiales anunció su intención de colocar a la orgullosa Alemania en el punto de mira de sus desestabilizadores manejos bursátiles, y la burocracia reguladora de Bruselas impuso una multa millonaria a un cartel europeo de fabricantes de retretes.

Como el día estaba metido en excentricidades, Sarkozy llamó al Elíseo al capitán de la selección francesa de fútbol para pedirle explicaciones del fracaso mundialista, en un trasunto paródico de la severa entrevista en el Despacho Oval entre Obama y el rebelde general de las tropas de Afganistán. Todas esas rarezas presagiaban el inminente alumbramiento de un suceso inesperado de consecuencias telúricas, pero resultaba del todo imprevisible que fuese a tratarse del compromiso matrimonial del heredero monegasco, la única corona del mundo cuyo reino descansa sobre un casino.
Sucedió, y a partir de ahora nada es descartable en la vieja Europa. Ni siquiera que el vapuleado Zapatero acabe recortando el subsidio de desempleo… y vuelva a ganar las elecciones.

ABC - Opinión

Presidencia triste y pobre

Hace seis meses, nadie habría imaginado que la Presidencia española de la UE, amparada por el consenso de PP y PSOE para dejarla al margen de la lucha partidista, arrojaría un balance tan pobre, tan deslucido y, sobre todo, tan poco favorecedor para la imagen exterior de España. Los pronósticos que auguraban grandes acontecimientos planetarios son traídos ahora como la caricatura que ridiculiza unos resultados muy alejados de las expectativas creadas. Es verdad que nada podía hacer la Presidencia rotatoria, fuera española o de cualquier otra nación, frente a acontecimientos que sorprendieron y sobrepasaron a toda la UE, como la crisis griega, los ataques contra el euro y la confusión organizativa que padece Bruselas con la superposición de tres presidentes distintos. Europa ha vivido seis meses de vértigo y tensiones de los que sería injusto culpar al Gobierno español. Sin embargo, sí se le puede recriminar que haya fallado en cuestiones tan relevantes como la agenda internacional, donde los países suelen exhibir su músculo internacional y su capacidad de convocatoria. En este sentido, la suspensión de las dos cumbres más esperadas, la europea con Estados Unidos y con los países mediterráneos, han sido dos frustraciones que han dejado mal sabor dentro de España y mala imagen fuera. También han supuesto una gran erosión las desesperadas gestiones de Moratinos para que Bruselas cambiara su postura común hacia la dictadura castrista, tanto más indefendibles cuanto al mismo tiempo moría un disidente por huelga de hambre. El aciago balance exterior se cierra con el fiasco de una absurda orden europea sobre las víctimas de la violencia doméstica, que provocó un encontronazo con la propia CE. Lo más negativo, sin embargo, de la Presidencia española es que ha amplificado a toda la UE la fuerte crisis de credibilidad que ha golpeado al Gobierno de Zapatero y, por colusión, a la economía española. La abierta intervención de dirigentes como Merkel, Sarkozy, Durao Barroso y Obama en los planes de ajuste que necesita España ha colocado al Gobierno en el escaparate mundial de la duda y ha puesto de relieve las debilidades de un país que hasta hacía poco tiempo se vendía como el milagro de Europa. En este contexto, resultaba temerario, además de imposible, llevar a término el catálogo de buenas intenciones con las que debutó Zapatero a primeros de enero y que ya entonces, como una premonición de lo que vendría después, significó un primer roce con Alemania. El presidente español no sólo se vio impotente para canalizar la respuesta europea a la crisis financiera, coordinando las posturas de un núcleo duro que en ningún momento lo tuvo en cuenta; por el contrario, Zapatero hubo de plegarse a las exigencias de sus socios para reducir el déficit al 3% en tres años, reforzar el sistema financiero y reformar el mercado laboral. Tres toques de atención que sonaron a tres ultimátums. En suma, el mismo Gobierno que desembarcó con gran entusiasmo en la Presidencia europea hace seis meses ha terminado su mandato legislando al dictado de sus socios comunitarios.

La Razón - Editorial

Comandante Obama

El presidente refrenda la incuestionable primacía civil con la fulminante destitución de McChrystal

Entre parecer débil y tolerar una insubordinación militar y comprometer eventualmente el desarrollo de la guerra de Afganistán en un momento especialmente delicado, Barack Obama ha elegido lo segundo. El presidente estadounidense se ha revestido de solemnidad para anunciar en los jardines de la Casa Blanca el relevo del general McChrystal en términos estrictamente institucionales. Como jefe supremo de las fuerzas armadas de su país, Obama dice no haberse sentido insultado por los severos juicios del militar destituido, pero considera que el ejemplo dado por McChrystal, que no ha ahorrado descalificaciones al equipo de seguridad nacional presidencial, podría socavar el control de los militares por el poder civil, piedra angular del modelo político de Estados Unidos y por extensión de cualquier democracia.

La tersa declaración de principios del presidente de EE UU resulta inobjetable. El argumento fundamental de Obama a la hora de tomar su decisión ha sido el de evitar una potencial división en la cúspide entre soldados y civiles, que podría resultar devastadora para los intereses de la superpotencia no solo en el país centroasiático. Un alejamiento, este, que en escalones más bajos ha dejado de ser una posibilidad teórica y se manifiesta larvadamente en Estados Unidos desde la implantación de un ejército de voluntarios. El artículo periodístico que ha motivado la más importante crisis castrense de la presidencia de Obama refleja, a la postre, las crecientes dudas del alto mando sobre el terreno acerca de la posibilidad de ganar la guerra de Afganistán, tras nueve años de invasión y una imparable subida de las víctimas militares. Ya antes de conocer la destitución de su mayor enemigo de uniforme, el Estado Mayor talibán celebraba las discrepancias y consideraba que la publicidad de sus críticas y su repercusión en Washington equivalían de hecho a la primera derrota política de la superpotencia en suelo afgano.

Está por verse si, como afirma Obama, la decisión presidencial no tendrá repercusiones en el conflicto armado. El relevo de McChrystal por el general Petraeus obligará a redibujar la cadena de mando en una guerra donde los objetivos diseñados por el presidente -básicamente ganarse a los afganos y liquidar a Al Qaeda- parecen más lejanos que nunca. Si algo ha agudizado el enfrentamiento entre los jefes militares en Afganistán y el núcleo político de Washington es precisamente la inquietante situación sobre el terreno. Una situación que multiplica las bajas estadounidenses y de sus aliados y que los compatriotas de Obama comienzan a considerar insostenible. Ni se conquistan los bastiones talibanes (Marja, Kandahar) ni Washington ha conseguido, apostando por el venal presidente Karzai, instalar un Gobierno viable en Kabul. Es poco probable que Petraeus, pese a sus credenciales, sea capaz de invertir esta espiral de desmoralización.

El País - Editorial

McChrystal, víctima del idealismo obamita

Es cierto que después de cruzar la línea de la indisciplina Obama no podía hacer otra cosa que cesarle. Sin embargo, sí podría haber hecho mucho para evitar llegar a esta situación y, de paso, contribuir a ganar la guerra en Aganistán.

La victoria en Afganistán sigue sin llegar y el tiempo se agota. En apenas un año, los soldados estadounidenses regresarán a casa con independencia de cuál sea el estado de las operaciones. Obama se comprometió a retirar las tropas en 2011, señalándoles a los talibán la fecha exacta hasta la que tienen que resistir para alzarse con la victoria.

Es el inconveniente que tiene haber llegado a la Casa Blanca con un exceso de idealismo totalmente desligado de la realidad: el halo que envuelve a Obama y que es, a día de hoy, lo único que le impide seguir cayendo abiertamente en los sondeos de popularidad, depende decisivamente de seguir abanderando el cambio izquierdista y socialdemócrata que en política internacional pasa por aparentar que se es pacificista mientras se llevan a cabo todo tipo de intervenciones de tapadillo (como sucede, por ejemplo, con los ataques selectivos que mes a mes siguen realizándose en Pakistán).

De ahí que el Nobel de la Paz Obama no sólo pusiera una temprana fecha de caducidad a la guerra, sino que se negara a dotar de todo el apoyo militar necesario para realizar las operaciones a gran escala que, como la de Kahandar, se necesitan para vencer a los talibán. Los 30.000 soldados que hace poco más de medio año aceptó desplegar el presidente estadounidense en la zona siempre fueron vistos como insuficientes por el general Stanley McChrystal (quien había solicitado entre 40.000 y 80.000 hombres desde un comienzo), especialmente teniendo en cuenta el arbitrario plazo de retirada anunciado por Obama.

Bajo las órdenes del héroe de Irak, David Petraeus (la persona que logró que una guerra que todos daban por perdida se convirtiera en pocos meses en una rotunda victoria estadounidense) McChrystal buscaba poder implementar las operaciones de contrainsurgencia en las que estaba especializado y que tan buen resultado daban para hacer frente a este tipo de guerras no convencionales como la de Irak o Afganistán. Pero sus medios eran insuficientes y en los últimos meses sus relaciones con la Casa Blanca, especialmente con la Vicepresidencia, se habían vuelto insostenibles. Desde octubre del año pasado se sabe que Biden viene presionando a Obama y a McChrystal para modificar la estrategia en Afganistán, basándose más en ataques selectivos y la persuasión diplomática que en los ataques con grandes contingentes. Biden se mostraba a favor, incluso, de que la retirada de tropas se empezara a materializar en menos de un año y de que, por supuesto, no se enviaran más tropas tal y como suplicaba McChrystal.

Al final, sucedió lo que era previsible que sucediera. Los intereses políticos se han interpuesto con las razones militares y McChrystal ha estallado. Consciente de que en las actuales circunstancias y, sobre todo, con las presentes restricciones de la Casa Blanca, la victoria es prácticamente imposible, ha presentado su carta de renuncia de manera estridente: criticando en la revista Rolling Stones a Obama, Biden y gran parte del resto de la Administración por inútiles e incompetentes.

Es cierto que después de cruzar la línea de la indisciplina Obama no podía hacer otra cosa que cesarle. Al fin y al cabo, el presidente es también comandante en jefe del ejército y en el orden militar la cadena de mandos es esencial. Sin embargo, Obama sí podría haber hecho mucho más para evitar llegar a esta situación y, de paso, contribuir a ganar la guerra en Aganistán: básicamente dotar a Petraeus y a McChrystal, dos militares de reputada solvencia, con los medios que decían necesitar para vencer. Pero, desgraciadamente, los prejuicios ideológicos del presidente y de su vicepresidente les llevaron a preferir poner patas arriba la misión afgana a rectificar.

Por fortuna, Obama no ha optado finalmente por aprovechar el cese de McChrystal para finiquitar la guerra contra los talibán. El nombramiento de Petraeus para el puesto es una buena noticia, pero podría terminar sirviendor de poco si los intereses políticos siguen primando más que la lógica militar. Y ese sí es un cambio que Obama no quiere afrontar.

Libertad Digital - Editorial

Un semestre para olvidar

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EL demoledor discurso de Mariano Rajoy sobre el balance de la presidencia española de la Unión Europea retrató ayer el fracaso de un semestre que los socialistas esperaban convertir en el escenario de un éxito internacional de José Luis Rodríguez Zapatero. La gravedad de este nuevo fiasco exterior debe medirse también con los antecedentes que este Gobierno estableció como parámetros de su relación con la Unión Europea. Zapatero se abrazó en 2004 a Chirac y Schröder con el eslogan de que España «volvía al corazón de Europa». Desaparecidos ambos líderes, sus sucesores descolgaron a España de la vanguardia europea, donde Rodríguez Zapatero se la encontró al llegar al poder. Poco sirvió que intentara granjearse el favor de París y Berlín con la renuncia a la posición privilegiada que España alcanzó en el Tratado de Niza. Desde entonces, Europa, como objetivo diplomático, ha sufrido las mismas confusiones de la política exterior española en otros frentes, como Marruecos o Iberoamérica. Los precedentes, por tanto, no eran los mejores para encarar esta presidencia, que inauguraba la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

La presidencia española ha sido un fiasco porque no se preparó como un compromiso de Estado, sino como una oportunidad política para el Gobierno socialista. Perdida la perspectiva institucional, su desarrollo ha sido una sucesión de fallos que comenzó con el prescindible «acontecimiento planetario» de la coincidencia con Barack Obama y siguió con el pretencioso magisterio que se quería impartir a los demás socios europeos en materia económica. La ausencia del presidente estadounidense en la cumbre con la Unión Europea y el aplazamiento de la Euromediterránea han dado cuenta de la escasa influencia de la presidencia española para lograr la implicación de otros países en su tan ambiciosa como fallida agenda semestral. La relación con la dictadura cubana ha sido otro escenario de la falta de discurso del Gobierno español, empeñado en cambiar la posición común europea de restricciones al régimen castrista.

El Gobierno empezó la presidencia europea queriendo dar lecciones de economía y rigor presupuestario y ha acabado de aprendiz meritorio de las que le imparten las grandes potencias, provocando un control remoto de su política económica y una puesta de sus decisiones bajo la constante vigilancia de las autoridades de Bruselas y Washington. Lo mejor de la presidencia española en Europa es que ha terminado.

ABC - Editorial