El Gobierno sabe que la actual lucha antiterrorista es la que recibe el apoyo abrumador de la sociedad y la que cuenta con el respaldo del Partido Popular.
TRAS la reacción del Gobierno al comunicado de alto el fuego hecho por ETA, negando cualquier posibilidad de diálogo con los terroristas, la unidad democrática frente al terrorismo debe mantenerse con el propósito de derrotarlos incondicionalmente. La actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los procesos ante los tribunales de Justicia están siendo decisivos para retomar la senda que se interrumpió en 2005 y que debe llevar a la erradicación de ETA, sin negociaciones ni contrapartidas. El Gobierno sabe que la actual lucha antiterrorista es la que recibe el apoyo abrumador de la sociedad y la que cuenta con el respaldo del PP. Además, esta pauta de actuación contra ETA —detenciones de «comandos», juicios penales, deslegitimación política— es más eficaz para el fin de la violencia que todas las treguas que ETA ha decretado a su capricho, por lo que ningún alto el fuego debería provocar un cambio de estrategia, que sería, además, un error dramático. Incluso resultaría oportuna una aceleración de la lucha antiterrorista para convertirla nuevamente en verdadera política contra ETA, porque desde 2004 no se ha llevado al Parlamento una sola reforma que refuerce la estructura legal de lucha contra ETA. Y siendo evidente que ETA ha querido con su difuso comunicado echar una mano a sus deprimidas bases, reagrupadas en el polo soberanista al que se ha prestado Eusko Alkartasuna, la acción inmediata del Gobierno, en común acuerdo con el PP, habría de ser un cambio en la legislación electoral y de Partidos Políticos para sellar cualquier posible grieta por la que bien puedan colarse candidaturas contaminadas por ETA o Batasuna, bien pudieran mantenerse en sus cargos los electos de partidos o grupos «tapadera» que fueran ilegalizados con posterioridad a las elecciones locales y forales del próximo año.
El Gobierno y el Partido Popular llegaron antes del verano a un acuerdo para evitar que los concejales de un partido ilegalizado siguieran en sus puestos, como sucede actualmente con los ediles de Acción Nacionalista Vasca. Esa reforma es necesaria, sobre todo como mensaje inequívoco a ETA de que el Estado no va a quedarse a la espera de acontecimientos, ni se siente comprometido a realizar un gesto de reciprocidad con el alto el fuego. No es ETA la que debe decidir el cuándo y el cómo de su fin, sino el Estado de Derecho, que nada debe a los terroristas porque éstos cesen la violencia a su gusto. El daño que ha hecho ETA a España y a las víctimas no se repara con una simple tregua.
ABC - Editorial
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