No tendría sentido admitir a Batasuna en las instituciones hasta comprobar el desarme efectivo de sus protectores.
PONGÁMONOS en la hipótesis más optimista. La que en el fondo de su ser alienta el Gobierno sobre el comunicado de no alto el fuego de ETA: que sea un primer paso real aunque insuficiente de un proceso más o menos pactado para un final a plazos, y al que allá por la primavera sucedería el anuncio final de una retirada verificable, justo a tiempo de que los batasunos pudiesen presentar candidaturas a las elecciones municipales. Es mucho suponer porque será difícil que los etarras, pese a su manifiesta debilidad y a su absoluta asfixia, renuncien en su delirio a la posibilidad de tutelar la andadura política de sus cómplices y a reservarse la facultad de interrumpir a tiros el proceso democrático. Pero aceptémoslo como hipótesis. Vale: ETA se disuelve o dice hacerlo. ¿Y entonces?
Pues entonces habría que plantearse un asunto para el que ya no va a haber tanto consenso como en la lucha antiterrorista, y es el de si la sola disolución de la banda o una mera condena verbal de sus actos bastan para permitir de forma automática el paso franco de su entramado político y civil a las instituciones locales y forales. Si la euforia social por el eventual fin de la violencia vasca puede dar lugar a un gesto de tan intensa generosidad democrática. O si, por el contrario, no sería menester plantear cláusulas de exigencia complementarias: la petición pública y contundente de perdón a las víctimas, el extrañamiento de la vida pública de todos los condenados por delitos de sangre y, sobre todo, un razonable período de cautela en el que la llamada izquierda abertzale demostrase su voluntad cierta y no táctica de acatamiento de las reglas del juego.
Pues entonces habría que plantearse un asunto para el que ya no va a haber tanto consenso como en la lucha antiterrorista, y es el de si la sola disolución de la banda o una mera condena verbal de sus actos bastan para permitir de forma automática el paso franco de su entramado político y civil a las instituciones locales y forales. Si la euforia social por el eventual fin de la violencia vasca puede dar lugar a un gesto de tan intensa generosidad democrática. O si, por el contrario, no sería menester plantear cláusulas de exigencia complementarias: la petición pública y contundente de perdón a las víctimas, el extrañamiento de la vida pública de todos los condenados por delitos de sangre y, sobre todo, un razonable período de cautela en el que la llamada izquierda abertzale demostrase su voluntad cierta y no táctica de acatamiento de las reglas del juego.
En caso de prisas manifiestas por relegalizar al conglomerado filoetarra, la sospecha de una inaceptable negociación previa con contrapartidas inmediatas se abriría paso de modo inevitable. La capitulación terrorista es una pieza política de alta cotización a la que resulta difícil que el zapaterismo vaya a renunciar en una coyuntura tan poco favorable. Y la tentación de dar carpetazo al sufrimiento con una benevolencia de borrón y cuenta nueva puede provocar un debate capaz de triturar en pedazos cualquier posición unitaria.
Para evitar esa fractura sólo hay un camino: que el Gobierno proclame desde ya su intención de someter a escrupuloso examen, sin plazos perentorios, la reinserción verificable de los batasunos en la sociedad política. Si Batasuna es ETA, y lo es según la doctrina jurídica vigente, debe someterse a similares cláusulas de revisión objetiva de conducta. Como mínimo no tendría sentido admitirla en las instituciones hasta comprobar el desarme efectivo y permanente de sus protectores criminales, lo que requeriría un tiempo prudencial de observación y espera. Cualquier ambigüedad al respecto supondría dar de alguna forma la razón a quienes insisten en la existencia de un tejemaneje en las sombras.
Para evitar esa fractura sólo hay un camino: que el Gobierno proclame desde ya su intención de someter a escrupuloso examen, sin plazos perentorios, la reinserción verificable de los batasunos en la sociedad política. Si Batasuna es ETA, y lo es según la doctrina jurídica vigente, debe someterse a similares cláusulas de revisión objetiva de conducta. Como mínimo no tendría sentido admitirla en las instituciones hasta comprobar el desarme efectivo y permanente de sus protectores criminales, lo que requeriría un tiempo prudencial de observación y espera. Cualquier ambigüedad al respecto supondría dar de alguna forma la razón a quienes insisten en la existencia de un tejemaneje en las sombras.
ABC - Opinión
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