No hay libertad pública ni derecho fundamental, sea de reunión o de expresión, que se sobreponga a la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo.
La Audiencia Nacional tiene en sus manos evitar que el próximo sábado se consume en Barcelona una nueva humillación a las víctimas del terrorismo, con el homenaje previsto por grupos independentistas de izquierda a la colaboradora de ETA, Laura Riera, quien abandonará la cárcel después de haber cumplido condena por prestar apoyo al sanguinario comando Barcelona. La información exclusiva publicada por ABC sobre este acto de exaltación terrorista ha dado lugar a una cadena de reacciones, que ha acabado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Pablo Ruz, ha solicitado informes sobre la organización del homenaje. Es evidente que el procedimiento penal tiene que respetar unos trámites y que el juez ha de contar con información policial contrastada. Sin embargo, no cabe duda de que la apariencia de lo conocido hasta el momento es más que un indicio de delito. Celebrar la excarcelación de una terrorista es, en sí mismo, una forma de enaltecer su actividad criminal, al margen de cuáles puedan ser los contenidos de los discursos o los eslóganes que se le dediquen. Por tanto, la propaganda del acto y su intencionalidad son elementos integrantes de una manifestación enaltecedora de la violencia. Si no, no tendría sentido rendir homenaje a quien colaboró con un comando etarra autor de atentados mortales.
Es lamentable que la protesta del grupo municipal del PP y de las asociaciones de víctimas, y la denuncia de Dignidad y Justicia —la Fiscalía ha ido a remolque de los acontecimientos—, no cuente con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, cuya pasividad es un ejercicio de deslealtad con la unidad democrática frente al terror. No hay libertad pública ni derecho fundamental, sea de reunión o de expresión, que se sobreponga a la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo. Tampoco es preciso esperar a que los jueces se pronuncien siempre, porque hay comportamientos que pueden no ser delictivos, pero violentan la convivencia. Y ahí deben intervenir las Administraciones Públicas, como primeras responsables de la paz social. El consistorio barcelonés sigue lavándose las manos ante un acto que, si se celebra porque la justicia no lo prohíbe, será igualmente indigno y habrá contado con su cooperación necesaria. Con actitudes así, nunca se habría aprobado la Ley de Partidos Políticos, ni se habría ilegalizado a Batasuna, ni se habría limpiado el Parlamento de Vitoria y parte de los ayuntamientos vascos de la presencia etarra.
ABC - Editorial
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