Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con el franquismo, haya sido hasta ahora tan renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera de la normativa laboral del régimen anterior.
Después de que la ministra Salgado prorrogara hasta finales de junio el plazo dado a los agentes sociales para llegar a un acuerdo respecto a la reforma del mercado laboral, Zapatero ha anunciado este miércoles que el día 16 se aprobará dicha reforma en Consejo de Ministros, "tanto si hay acuerdo como si no".
Bien está que el Gobierno haya por fin asumido sus responsabilidades, que durante tanto tiempo ha delegado a un "diálogo social" tan eterno como estéril. Ahora falta por ver si esta reforma, que Zapatero nos asegura tener ya "prácticamente perfilada", en verdad "afecta a aspectos esenciales" de nuestro rígido mercado laboral.
Bien está que el Gobierno haya por fin asumido sus responsabilidades, que durante tanto tiempo ha delegado a un "diálogo social" tan eterno como estéril. Ahora falta por ver si esta reforma, que Zapatero nos asegura tener ya "prácticamente perfilada", en verdad "afecta a aspectos esenciales" de nuestro rígido mercado laboral.
Resulta bastante paradójico que un Gobierno como el de Zapatero, tan obsesionado con la dictadura franquista y la memoria histórica, haya sido hasta ahora tan irresponsablemente renuente a flexibilizar una regulación que, con escasas modificaciones, es heredera en lo esencial de la normativa laboral del régimen anterior. Lo verdaderamente negativo de ella, sin embargo, es su coactiva rigidez, que disuade a los empresarios a hacer nuevas contrataciones, al tiempo que les aboca a despidos mucho más masivos por no faciltiarles ajustes de salarios o de plantilla más parciales.
Desde aquí no podemos, por tanto, sino reivindicar la plena libertad contractual para que las relaciones laborales sean las que libremente acuerden las personas que en ellas intervienen. Son las personas que quieren contratar y la que quieren ser contratadas las que, sin coactivas intromisiones de terceros, deberían establecer las condiciones de su relación laboral y el eventual coste de rescindirla. Lo que es insostenible es que en un marco en el que empresas y clientes interactúan con la máxima libertad y flexibilidad, la relación entre empresarios y trabajadores, sin embargo, esté constreñida por una rígida regulación, mucho más costosa de rescindir que un contrato matrimonial.
Si verdaderamente se quiere alentar a los empresarios a que contraten y que lo hagan de manera indefinida, lo que es esencial, y más aun en los tiempos de incertidumbre que padecemos, es no disuadirlos con coactivas y elevadas indemnizaciones en el caso de querer en el futuro rescindirlas. Las barreras de salida ejercen siempre de barreras de entrada. Es por ello vital que la reforma de nuestro mercado laboral vaya encaminada a reducir drásticamente las indemnizaciones por despido que no hayan acordado en libertad el empresario y el trabajador, individualmente considerados. No hay nada más improcedente que forzar una relación cuando una o las dos partes que en ella intervienen ya no la quieren prolongar. Por ello no sólo es necesario reducir la cuantía de la indemnización sino también ampliar las causas del despido procedente para aquellos casos en los que no haya un pacto expreso.
La erradicación del actual sistema de negociación colectiva, y su sustitución por uno que dé primacía a la negociación descentralizada a nivel de empresa, también es esencial para reforzar otros elementos de flexibilidad como son los horarios o la movilidad ocupacional en el seno de la propia empresa. Resulta simplemente delirante que, por culpa de esta rémora del socialismo gremial o nacionalsindicalista, sea con frecuencia más fácil en muchas empresas gestionar un despido parcial que un cambio de las condiciones de trabajo de los empleados. Esta rigidez, junto a la inmunidad que se ha dado a unos salarios frente a la crisis y a la falta de productividad, es una de las principales razones por las que el ajuste haya tenido que venir de la mano de una masiva destrucción de empleo.
Tendremos que esperar a ver en qué se concreta la reforma a la que ya ha puesto fecha Zapatero. De lo que de ella han filtrado algunos medios de comunicación, ya podemos decir, sin embargo, cualquier cosa menos que afecta a "aspectos sustanciales" de nuestro mercado laboral. Y es que, de confirmarse que su "reforma" básicamente va a consistir en un nuevo contrato en el que se reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días trabajados, mientras se obstaculiza el contrato temporal, a lo que asistiríamos es a un mero maquillaje, a un simulacro de reforma. Semejante y ridículo cambio apenas reduciría el efecto negativo que para la contratación tienen los altos y coactivos costes del despido, mientras que sellaría la única válvula de escape que ahora mismo tiene el sistema.
Habrá que esperar a ver, con todo, si hemos pasado de un simulacro de "diálogo social" a un simulacro de "reforma" por parte del Gobierno. Eso sí que sería una auténtica barbaridad.
Desde aquí no podemos, por tanto, sino reivindicar la plena libertad contractual para que las relaciones laborales sean las que libremente acuerden las personas que en ellas intervienen. Son las personas que quieren contratar y la que quieren ser contratadas las que, sin coactivas intromisiones de terceros, deberían establecer las condiciones de su relación laboral y el eventual coste de rescindirla. Lo que es insostenible es que en un marco en el que empresas y clientes interactúan con la máxima libertad y flexibilidad, la relación entre empresarios y trabajadores, sin embargo, esté constreñida por una rígida regulación, mucho más costosa de rescindir que un contrato matrimonial.
Si verdaderamente se quiere alentar a los empresarios a que contraten y que lo hagan de manera indefinida, lo que es esencial, y más aun en los tiempos de incertidumbre que padecemos, es no disuadirlos con coactivas y elevadas indemnizaciones en el caso de querer en el futuro rescindirlas. Las barreras de salida ejercen siempre de barreras de entrada. Es por ello vital que la reforma de nuestro mercado laboral vaya encaminada a reducir drásticamente las indemnizaciones por despido que no hayan acordado en libertad el empresario y el trabajador, individualmente considerados. No hay nada más improcedente que forzar una relación cuando una o las dos partes que en ella intervienen ya no la quieren prolongar. Por ello no sólo es necesario reducir la cuantía de la indemnización sino también ampliar las causas del despido procedente para aquellos casos en los que no haya un pacto expreso.
La erradicación del actual sistema de negociación colectiva, y su sustitución por uno que dé primacía a la negociación descentralizada a nivel de empresa, también es esencial para reforzar otros elementos de flexibilidad como son los horarios o la movilidad ocupacional en el seno de la propia empresa. Resulta simplemente delirante que, por culpa de esta rémora del socialismo gremial o nacionalsindicalista, sea con frecuencia más fácil en muchas empresas gestionar un despido parcial que un cambio de las condiciones de trabajo de los empleados. Esta rigidez, junto a la inmunidad que se ha dado a unos salarios frente a la crisis y a la falta de productividad, es una de las principales razones por las que el ajuste haya tenido que venir de la mano de una masiva destrucción de empleo.
Tendremos que esperar a ver en qué se concreta la reforma a la que ya ha puesto fecha Zapatero. De lo que de ella han filtrado algunos medios de comunicación, ya podemos decir, sin embargo, cualquier cosa menos que afecta a "aspectos sustanciales" de nuestro mercado laboral. Y es que, de confirmarse que su "reforma" básicamente va a consistir en un nuevo contrato en el que se reduce la indemnización por despido de 45 a 33 días trabajados, mientras se obstaculiza el contrato temporal, a lo que asistiríamos es a un mero maquillaje, a un simulacro de reforma. Semejante y ridículo cambio apenas reduciría el efecto negativo que para la contratación tienen los altos y coactivos costes del despido, mientras que sellaría la única válvula de escape que ahora mismo tiene el sistema.
Habrá que esperar a ver, con todo, si hemos pasado de un simulacro de "diálogo social" a un simulacro de "reforma" por parte del Gobierno. Eso sí que sería una auténtica barbaridad.
Libertad Digital - Editorial
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