SEGÚN nos enseña la experiencia, en España, cuando se habla de reducir el gasto público, de lo que verdaderamente hay que preocuparse es de que no crezca y engorde.
Más todavía si el teórico del ahorro es José Luis Rodríguez Zapatero y la práctica se le encomienda a personajes tan inconsistentes y ligeros, además de engañosos, como Elena Salgado. Eso explica que Mariano Rajoy, sesteante pero no insensible, haya inaugurado un nuevo sermón político, la reforma de la Ley de Estabilidad Parlamentaria. Dice el gran domador de las gaviotas, y lo dijo en presencia de la durmiente Esperanza Aguirre, gran campeona del déficit, que eso del déficit hay que prohibirlo como, por cierto, prohibido está en los países europeos de mayor respeto a las aportaciones de los contribuyentes.
De hecho, los Presupuestos Generales del Estado, cuando anualmente son aprobados por el Congreso y el Senado, son el cuerpo de una Ley que, como aquí suele suceder, nace para no ser cumplida y que, en lo referente al gasto, sólo tiene un valor indiciario y aproximado; pero que, en puridad, establece las vías y cuantías de los ingresos del Estado y el techo de sus aplicaciones. Los administradores públicos -nacionales, autonómicos o locales- que sacan los pies de esos parámetros incurren en flagrante delito aunque el estilo que arrastra la Historia y la condescendiente labilidad con que opera nuestra democracia no apliquen rigor alguno a la condena, al menos social, de quienes gastan lo que no es suyo sin estar autorizados para ello.
El monto de cada una de las partidas del Presupuesto es opinable y el privilegio de las mayorías representativas y de gobierno reside en priorizar unos capítulos sobre otros para adecuar el gasto a sus programas políticos y hacerlo concordar con sus ideologías y principios; pero, una vez establecido cada uno de los capítulos presupuestarios, obliga a quienes los administran. En consecuencia, no atenerse a sus especificidades y cuantías es una burla al electorado y un desprecio a la idea cabal del Estado. ¿Hace falta una nueva ley para prohibir una conducta de esa naturaleza o lo que se requiere, sencillamente, es aplicar con rigor y exigencia lo que ya establece la normativa vigente? Quizás, para hacer prácticas, Rajoy debiera tomarle la lección del gasto a los presidentes autonómicos y alcaldes de su partido, campeones en el despilfarro. Como los del PSOE.
El monto de cada una de las partidas del Presupuesto es opinable y el privilegio de las mayorías representativas y de gobierno reside en priorizar unos capítulos sobre otros para adecuar el gasto a sus programas políticos y hacerlo concordar con sus ideologías y principios; pero, una vez establecido cada uno de los capítulos presupuestarios, obliga a quienes los administran. En consecuencia, no atenerse a sus especificidades y cuantías es una burla al electorado y un desprecio a la idea cabal del Estado. ¿Hace falta una nueva ley para prohibir una conducta de esa naturaleza o lo que se requiere, sencillamente, es aplicar con rigor y exigencia lo que ya establece la normativa vigente? Quizás, para hacer prácticas, Rajoy debiera tomarle la lección del gasto a los presidentes autonómicos y alcaldes de su partido, campeones en el despilfarro. Como los del PSOE.
ABC - Opinión
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