EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio ayer definitivamente por agotado el continuo vaivén sin frutos en que se ha convertido durante los últimos dos años la negociación para abordar la imprescindible reforma laboral que necesita la economía española.
En esta ocasión, el ultimátum dado a los sindicatos y la patronal ha sido del propio Rodríguez Zapatero, tras una nueva desautorización -la enésima- a la vicepresidenta económica Elena Salgado, quien hace solo dos días cifró en un mes más la prórroga que el Ejecutivo concedía para no cortar las negociaciones. No será un mes, sino una semana. El Gobierno aprobará la reforma laboral mediante otro «decretazo» el próximo miércoles si no media antes un acuerdo que, a día de hoy, continúa siendo altamente improbable.
Tarde, mal y empujado por la presión de otros países, al fin Zapatero ha tomado conciencia de que esta reforma es inaplazable porque de ella dependerá en gran medida la reactivación de la economía. Ahora bien, no siempre la virtud se alcanza en el medio de dos extremos. Una reforma laboral suavizada, con planteamientos intermedios entre las exigencias de los sindicatos y la patronal, será un paso, pero probablemente insuficiente porque la rigidez del mercado laboral de nuestro país es muy exigente, y porque dos años de profundo declive económico con un déficit público desbocado son un lastre del que España no se desprenderá de la noche a la mañana.
Habrá que leer la letra pequeña del decreto que ultima el Gobierno para el supuesto de que el consenso entre empresarios y sindicatos sea imposible, pero es indudable que Rodríguez Zapatero asume de nuevo un doble riesgo: el del desgaste que le supondrá la explicación pública de unas medidas que con certeza supondrán un nuevo varapalo a sus convicciones personales y al programa electoral con el que ganó las elecciones y, en segundo lugar, el de padecer los efectos de la convocatoria de una huelga general, ya anunciada por los sindicatos en el caso de que ese «decretazo» fuese lesivo para los intereses de los trabajadores. La alegría, con matices, -como la noticia de la reducción del paro en mayo en más de 70.000 personas- siempre dura poco en casa del pobre.
Habrá que leer la letra pequeña del decreto que ultima el Gobierno para el supuesto de que el consenso entre empresarios y sindicatos sea imposible, pero es indudable que Rodríguez Zapatero asume de nuevo un doble riesgo: el del desgaste que le supondrá la explicación pública de unas medidas que con certeza supondrán un nuevo varapalo a sus convicciones personales y al programa electoral con el que ganó las elecciones y, en segundo lugar, el de padecer los efectos de la convocatoria de una huelga general, ya anunciada por los sindicatos en el caso de que ese «decretazo» fuese lesivo para los intereses de los trabajadores. La alegría, con matices, -como la noticia de la reducción del paro en mayo en más de 70.000 personas- siempre dura poco en casa del pobre.
ABC - Editorial
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