El abogado ofreció a ETA en Oslo la negociación de principios esenciales del Estado de Derecho
LOS DOCUMENTOS que transcriben las reuniones de tres representantes del Gobierno con otros tres miembros de ETA, celebradas a mediados de diciembre de 2006 en Oslo, ponen en evidencia el alto y vergonzoso precio que el Ejecutivo estaba dispuesto a pagar por la renuncia a las armas de la banda terrorista.
Las actas recogen las palabras de José Manuel Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Baltasar Garzón y uno de los tres enviados del Gobierno, cuando ofreció a los negociadores de ETA trabajar en pro de la impunidad de Jarrai. En aquellos momentos, el Tribunal Supremo tenía que tomar una decisión sobre el recurso contra un fallo de la Audiencia Nacional, que un año antes había considerado que los delitos por kale borroka o lucha callejera constituían una simple asociación ilícita y no colaboración con banda armada. Uno de los magistrados que firmaron aquella polémica sentencia -adoptada cuando ya se perfilaba la tregua de ETA- fue Santiago Pedraz, amigo de Baltasar Garzón.
Las actas recogen las palabras de José Manuel Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Baltasar Garzón y uno de los tres enviados del Gobierno, cuando ofreció a los negociadores de ETA trabajar en pro de la impunidad de Jarrai. En aquellos momentos, el Tribunal Supremo tenía que tomar una decisión sobre el recurso contra un fallo de la Audiencia Nacional, que un año antes había considerado que los delitos por kale borroka o lucha callejera constituían una simple asociación ilícita y no colaboración con banda armada. Uno de los magistrados que firmaron aquella polémica sentencia -adoptada cuando ya se perfilaba la tregua de ETA- fue Santiago Pedraz, amigo de Baltasar Garzón.
«Nuestro interés es que Jarrai no sea considerada como parte de ETA. Estamos intentando negociar sobre este asunto», subrayaba bochornosamente Gómez Benítez ante los interlocutores de la banda. Un par de semanas después, se produjo el atentado de la T-4 y, un mes después, el Supremo revocó el criterio de la Audiencia Nacional, estableciendo que Jarrai es una organización supeditada a ETA. La decisión se adoptó por el estrecho margen de tres votos contra dos. ¿Hubiera sido la misma de no mediar el atentado? ¿Hizo alguna gestión Gómez Benítez ante algún miembro del tribunal?
El abogado afirmó también en aquellas reuniones que «lo más probable es que se acuerde que EHAK [Partido Comunista de las Tierras Vascas] no constituye un apéndice de ETA». Era Garzón quien instruía en diciembre de 2006 un sumario contra los dirigentes de este partido que estuvo congelado durante bastantes meses. Fue la Fiscalía quien solicitó finalmente la ilegalización de la mitad de sus listas en vísperas de las elecciones municipales, que se celebraron en junio de 2007 con la tregua ya rota.
Las actas de la negociación muestran también cómo uno de los representantes de ETA pidió explicaciones sobre el retraso en la excarcelación de De Juana Chaos -elemento añadido de oprobio a lo que ocurrió con este asesino múltiple- y cómo ambas partes discutieron sobre la situación procesal de los imputados del diario Egunkaria.
De sus intervenciones en las reuniones con la banda, parece desprenderse que Gómez Benítez actuaba como una especie de representante oficioso del poder judicial, o, al menos, como una persona que tenía influencia y contactos con la Justicia. Esta hipótesis no era descabellada tras la afirmación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que «las togas tenían que mancharse con el polvo del camino», lo que significaba en roman paladino que los jueces tenían que ayudar al Gobierno en el proceso de negociación. Gómez Benítez era el abanderado de esta filosofía ante los representantes de ETA, que estaba convencida seguramente de que el Gobierno podía presionar a la Justicia en su favor.
Quien asumió entonces aquel papel es hoy miembro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Justicia. Se ha erigido además en celoso guardián de la independencia judicial al denunciar la politización en los nombramientos de la institución a la que pertenece.
Tal pretensión choca con el indigno papel desempeñado en Oslo, donde se prestó a moldear la interpretación de la ley en función de los intereses de ETA. Su conducta requiere una explicación que Gómez Benítez ha eludido hasta ahora. Su actuación en aquellas reuniones demuestra que Gómez Benítez no puede seguir en el Consejo del Poder Judicial sin contaminarlo y sumirlo en el descrédito.
El abogado afirmó también en aquellas reuniones que «lo más probable es que se acuerde que EHAK [Partido Comunista de las Tierras Vascas] no constituye un apéndice de ETA». Era Garzón quien instruía en diciembre de 2006 un sumario contra los dirigentes de este partido que estuvo congelado durante bastantes meses. Fue la Fiscalía quien solicitó finalmente la ilegalización de la mitad de sus listas en vísperas de las elecciones municipales, que se celebraron en junio de 2007 con la tregua ya rota.
Las actas de la negociación muestran también cómo uno de los representantes de ETA pidió explicaciones sobre el retraso en la excarcelación de De Juana Chaos -elemento añadido de oprobio a lo que ocurrió con este asesino múltiple- y cómo ambas partes discutieron sobre la situación procesal de los imputados del diario Egunkaria.
De sus intervenciones en las reuniones con la banda, parece desprenderse que Gómez Benítez actuaba como una especie de representante oficioso del poder judicial, o, al menos, como una persona que tenía influencia y contactos con la Justicia. Esta hipótesis no era descabellada tras la afirmación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que «las togas tenían que mancharse con el polvo del camino», lo que significaba en roman paladino que los jueces tenían que ayudar al Gobierno en el proceso de negociación. Gómez Benítez era el abanderado de esta filosofía ante los representantes de ETA, que estaba convencida seguramente de que el Gobierno podía presionar a la Justicia en su favor.
Quien asumió entonces aquel papel es hoy miembro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Justicia. Se ha erigido además en celoso guardián de la independencia judicial al denunciar la politización en los nombramientos de la institución a la que pertenece.
Tal pretensión choca con el indigno papel desempeñado en Oslo, donde se prestó a moldear la interpretación de la ley en función de los intereses de ETA. Su conducta requiere una explicación que Gómez Benítez ha eludido hasta ahora. Su actuación en aquellas reuniones demuestra que Gómez Benítez no puede seguir en el Consejo del Poder Judicial sin contaminarlo y sumirlo en el descrédito.
El Mundo - Editorial
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