Ayer presentó el PP su anunciada querella contra el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, ante el Tribunal Supremo. Está en su derecho. Le atribuye delitos de prevaricación y tráfico de influencias supuestamente cometidos durante el tramo final de su presidencia al frente de la Junta de Andalucía. Hablamos del llamado caso Matsa, la empresa en la que trabaja su hija, Paula Chaves. Según el PP, esa circunstancia habría sido decisiva en el hecho de que la Junta concediera un incentivo (10 millones de euros) negado con anterioridad. Y concedido justamente después de convertirse la hija en apoderada de la mencionada empresa (Minas de Aguas Teñidas), especializada en el tratamiento de minerales.Es muy difícil sobreponerse a la sospecha de intención compensatoria en la iniciativa de un partido sobre el que durante los últimos meses está descargando la consabida tormenta político-judicial. Por eso me parece bien traída la paradójica referencia a Manuel Chaves como una nueva víctima del caso Gürtel. Pero reconozco que esa consideración es de naturaleza política. Por tanto, distinta y distante de la consideración judicial de los hechos. Eso es cosa de los tribunales.
El PP está en su derecho de buscar el reproche penal de Manuel Chaves en los tribunales. Faltaría más. Y no parece contrariado el propio vicepresidente, harto de reclamar ese paso para se haga justicia. Ayer mismo le reprochaba al PP la excesiva tardanza en presentar una querella anunciada a bombo y platillo durante la campaña electoral europea. Normal. El ejercicio de la impostura, consustancial al oficio de la política, es una herramienta más para salir de las situaciones apuradas. También Camps se hartó de decir que estaba deseando que lo suyo llegase de una vez por todas al ámbito judicial para que se aclarase todo. “Todo, que es nada”, decía Camps. Chaves no lo dice con esas palabras, pero viene a ser lo mismo.
Y, mire usted por donde, ya hemos entrado en materia. Porque nadie se hará de nuevas si el caso Chaves se presenta llamado a competir con el caso Camps (y lo que le cuelga) en el ruedo mediático. Por supuesto, también en el político, en tóxico amontonamiento con el judicial. De eso se trata. De compensar. De ahí a las inevitables comparaciones, que siempre serán odiosas para quienes salgan perdiendo en la comparación ¿Y quien pierde en la comparación? Ya se verá. De momento, la desventaja acumulada en espacios mediáticos y ruido político cae claramente del lado del dúo dinámico del PP: el muy honorable Camps y el tesorero Bárcenas.
Sin ánimo de agotar diferencias o similitudes con el caso Chaves, señalo la mala costumbre de prolongar la confrontación política en los tribunales de justicia. En eso existen claros paralelismos. Es el fenómeno de la judicialización de la política, tan arraigado en la reciente historia de nuestro país. La querella por el supuesto comportamiento delictivo del entonces presidente andaluz está presentada por un actor político contra un competidor en la lucha por el poder. No por un actor social.
Habida cuenta que los medios de comunicación han hecho su trabajo, poniendo a disposición de la opinión pública todos los datos necesarios para formar criterio respecto a la conducta de Manuel Chaves, podíamos dedicarle un turno a la indolencia de los ciudadanos, o la de las organizaciones sociales, por no utilizar los medios de denuncia que el sistema pone a su disposición ¿Por qué un partido político reacciona judicialmente contra las malas prácticas de un gobernante sin que los gobernados le tomen la delantera? Elijan respuesta: porque ese partido tiene una incurable sed de rectitud en el comportamiento de los gobernantes, porque ese partido se ha marcado un alto nivel de exigencia ética en el ejercicio de la política, porque a su insobornable vocación de saneamiento le repugna la corrupción en la vida pública ¿Alguien cree que son estos los móviles del PP para llevar a Chaves ante los tribunales?
El Confidencial - Opinión
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