Libres. Por Eduardo San Martín

No es un final feliz. Se equivocaría el gobierno si festejase el desenlace como una victoria. Se trata de una claudicación.

Albert Vilalta y Roque Pascual vuelven a ser unos hombres libres y sólo un desalmado puede no alegrarse del fin de su cautiverio. Pero el resto de los ciudadanos, ¿somos hoy más libres que ayer? Cualquier otro gobierno habría actuado como lo ha hecho éste y habría resuelto el endiablado dilema que se le presentaba, del mismo modo ha ocurrido en otros tiempos y en otros lugares, en favor de la obligación moral de devolver la libertad a dos de sus ciudadanos lo antes posible y en las mejores condiciones. Pero habrá sido a costa del principio de legalidad y de la obligación de todo régimen democrático de no ceder al chantaje de unos facinerosos ni de contribuir a la consumación de un delito.

Por tanto, es un momento de alegría por Vilalta y Pascual, por sus familias y sus compañeros de aventura solidaria, pero no de celebraciones. No es un final feliz. Se equivocaría el gobierno si festejase el desenlace como una victoria. Se trata de una claudicación. Con cada transacción de esta naturaleza se nos va un pedazo de la superioridad del estado de derecho sobre el estado de naturaleza. Y esa renuncia no es para echar las campanas al vuelo.

Tampoco cabe, por lo mismo, el abandono: esta cosas ocurren y, por desgracia, no hay otra forma de resolverlas. Bajo la capa del pragmatismo anida la resignación. Lo peor de hechos de esta naturaleza es que terminemos incorporándolos a la normalidad como si se tratase de una catástrofe natural. Aceptemos que, en ocasiones como este secuestro, nos enfrentamos a un conflicto moral que en la mayoría de los casos sólo puede resolverse en una dirección. Pero proclamemos que eso nos duele y que no es inevitable. No se trata de un arrebato de cándido idealismo. Es que, si no, nunca acabaremos con esa plaga.

ABC - Opinión

¡Albricias, albricias!. Por Hermann Tertsch

El único objetivo de Zapatero era tener sanos y salvos a los secuestrados y poder proclamar a los cuatro vientos su felicidad.

TODOS estamos muy contentos de que los dos españoles secuestrados en Mauritania y retenidos en Mali estén ya en sus hogares en Barcelona. Lo celebramos por ellos y por sus familiares y amigos que han sufrido como nadie esta larguísima cautividad en manos de unos terroristas islamistas enemigos de la sociedad libre occidental. Pero somos muchos los que lamentamos no poder compartir el entusiasmo del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, que considera que es un día feliz para toda España y nos pide a todos que entonemos un ¡albricias, albricias! por esta noticia supuestamente gloriosa. Y que nos demanda por supuesto que otorguemos una cerrada ovación a su Gobierno por lo bien que lo ha hecho todo. Me temo que somos muchos los españoles que aún somos de esa vieja escuela que piensa que no se puede felicitar por algo que celebran con entusiasmo tus enemigos. Y es un hecho irrefutable que en el desenlace de este secuestro quienes tienen más motivos para entonar ese ¡albricias, albricias! son los secuestradores de Al Qaeda, el radicalismo islamista y todos los terroristas presentes y futuros en el mundo. Oyendo al presidente podría uno llegar a pensar de que el de ayer fue un día de fiesta para el Estado de Derecho y para España. Y en realidad es todo lo contrario, más allá de la dicha personal de las victimas y su entorno. Son los terroristas los que han logrado todos sus objetivos. Han forzado la entrega a Malí de su líder que había sido capturado en Mauritania. Han conseguido no se sabe cuántos millones de euros para fortalecer su infraestructura y su capacidad operativa, mejorar su armamento y comprar voluntades y complicidades en los países en los que opera. Y por supuesto ha obtenido un impagable éxito de propaganda que, difundido por todas las cadenas de televisión de la región, animarán a muchos jóvenes a unirse a estas fuerzas que dictan sus condiciones al infiel con tanta eficacia. ¿Que puede haber más atractivo que una guerra santa con prestigio y además lucrativa?

Ya sabemos muchos que el presidente tiende a despreciar o ignorar todas las consecuencias de sus actos que no converjan en el éxito propagandístico propio. Su único objetivo en esta crisis era tener sanos y salvos a los secuestrados y poder comparecer ante los medios para proclamar ante los cuatro vientos su felicidad y su autoestima. Sin dejar por supuesto que alguna pregunta inoportuna le aguara la fiesta multimedia. Hizo bien Zapatero en no admitir preguntas porque había varias e incómodas todas. El presidente juega muy bien con la mala memoria de la sociedad española y sabe que superados con estoicismo los primeros días se agotarán las preguntas incómodas sobre el rescate, la cantidad del mismo y su procedencia o las gestiones para forzar conductas de la justicia propia o ajena. Si esta estrategia funciona con casos de traición al Estado y supuesta colaboración con banda armada por parte de mandos policiales y ministeriales como es el escándalo del Bar Faisán es lógico que lo haga también cuando se ha financiado a un grupo terrorista lejano cuyas próximas víctimas no tienen que ser necesariamente españolas. Finalmente una reflexión dedicada a los dos españoles liberados que esperemos se sientan hoy muy libres y un poco españoles. Porque España ha pagado muy caras su libertad y la insensatez de su jocoso turismo solidario. Con mucho dinero y con serias fisuras en su Estado de derecho y su doctrina antiterrorista.

ABC - Opinión

Paro. Los nervios del Gobierno. Por Emilio J. González

Si el Gobierno quiere de verdad crear empleo y reducir tanto el número de parados como el de beneficiarios de las prestaciones por desempleo, lo que tiene que hacer es la reforma laboral de una vez por todas.

Al Gobierno le empiezan a entrarle las prisas. Las prisas por cuadrar el presupuesto y las prisas por crear empleo, dos cuestiones que van intrínsecamente unidas porque más puestos de trabajo supone menos pagos por prestaciones por desempleo y más ingresos tributarios. Así es que después de perder, no ya meses, sino años, mirando a otra parte, negándose a aceptar la verdadera naturaleza de la crisis y sus implicaciones, creyéndose que todo se iba a arreglar a base de gasto público o que otros desde fuera les sacarían las castañas del fugo, ahora le pasa como a los malos estudiantes, que ven cómo se les echan encima los exámenes de septiembre y, dado que no han dado un palo al agua en todo el verano, ahora están a ver cómo se las ingenian para evitar que se les venga encima un aluvión de suspensos. Pues con el Ejecutivo pasa tres cuartos de lo mismo.

Zapatero se ha negado en rotundo a pisar el acelerador en el proceso de ajuste presupuestario y ahora se encuentra con las críticas internacionales que, como la de Moody’s, señalan la debilidad de la posición fiscal de la economía española, sobre la que planea una nueva rebaja de la calificación de su deuda pública. Para complicar aún más las cosas, resulta que la economía alemana, que ha hecho sus deberes, crece con fuerza, lo que puede llevar al Banco Central Europeo a tener que subir los tipos de interés antes de lo previsto, lo que segaría de raíz cualquier atisbo de brote verde o de recuperación en las economías del euro más débiles, empezando por España. Y por si no fuera ya bastante con todo lo anterior, resulta que EEUU presenta signos cada vez más claros de volver a la recesión y de tener que afrontar un largo periodo de deflación, que sin duda afectaría negativamente a Latinoamérica y a los resultados de los bancos y empresas españoles con presencia al otro lado del Atlántico. Vamos, que todo apunta a un nuevo parón del crecimiento español, a una vuelta a la recesión y a la destrucción de empleo, a la imposibilidad de cumplir los objetivos de reducción del déficit y, por tanto, a que ese duro castigo de los mercados que ha venido planeando como una negra sombra sobre la economía española a lo largo de todo este año se materialice. Y eso puede suponer la suspensión de pagos e, incluso, la salida del euro. En resumen, una suerte de apocalipsis para la economía española.

¿Qué trata de hacer el Gobierno para evitarlo? De entrada, decirle a Blanco que de la subida de impuestos de la que habló este verano, nada de nada, porque no están las cosas como para deprimir aún más el ya de por sí maltrecho crecimiento de nuestra economía. Y, además, ponerse nervioso con los temas presupuestarios y laborales. Así, Corbacho, después de sacarse de la manga que los parados que rechacen cursos de formación perderían la prestación por desempleo, sobre todo los perceptores de la ayuda especial de 420 euros, ahora quiere reducir de cien a treinta días el plazo que los parados tienen para aceptar un puesto de trabajo o un curso de formación. Vamos, que el ministro del ramo ahora quiere poner a todo el mundo a trabajar por la fuerza, le guste o no, porque el Ejecutivo no quiere abordar las próximas convocatorias a las urnas ni con el frente presupuestario totalmente abierto ni con cifras de paro que son un verdadero escándalo. Por desgracia, sus intenciones no vienen acompañadas de las reformas necesarias para alcanzar esos objetivos, sino que pretende lograrlos poco menos que a martillazos.

Si el Gobierno quiere de verdad crear empleo y reducir tanto el número de parados como el de beneficiarios de las prestaciones por desempleo, lo que tiene que hacer es la reforma laboral de una vez por todas. Una reforma que incluya el abaratamiento del despido porque, como se está viendo este verano, la que aprobó recientemente no se está traduciendo en más contratos indefinidos ni en más empleo fijo. Una reforma que abarque también las condiciones por las cuales un parado puede rechazar un puesto de trabajo o un curso, así como una verdadera reforma de los servicios públicos de empleo, que no sirven para nada, al tiempo que se potencie el papel de las agencias privadas de colocación. Eso, por supuesto, implica desmantelar todo el sistema actual, a lo cual el Ejecutivo se resiste para evitar la confrontación con los sindicatos. Pero o agarra el toro por los cuernos, o aquí todo va a seguir igual, es decir, fatal.

Con el presupuesto ocurre tres cuartos de lo mismo. Si ahora tanto le preocupa, que recorte de verdad el gasto público y que meta en cintura a las autonomías y a los ayuntamientos para reducir cuanto antes el déficit y poder bajar los impuestos lo antes posible para, de esta forma, estimular el consumo y la inversión y, con ellos, el crecimiento y el empleo. Le guste o no a Zapatero, hoy no están las cosas para más Estado y menos mercado porque esta, su política, nos ha llevado a la grave crisis económica, fiscal y laboral actual. Dicho de otra forma, para salir del hoyo tan profundo en que nos hayamos inmersos es preciso que la Administración Pública se apriete el cinturón en muchos agujeros. Sólo así superaremos la crisis. Todo lo demás no es más que parches e improvisaciones a corto plazo que no conducen a nada y acaban degenerando en el nerviosismo de nuestras autoridades, uno de los peores estados de ánimo para gobernar, porque acaban por conducir de forma ineluctable al error.

Libertad Digital - Opinión

Más legumbres que chuletas. Por M. Martín Ferrand

Los grandes trazos del cambio que anuncia Rajoy suenan bien: menos impuestos, menos deuda y menos gasto público.

OSCURO e incierto, como a Witiza le ocurría con su reinado, se le presenta el otoño a José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de ello, el presidente del Gobierno, lejos de prospectar el futuro en el ejemplo de quienes, como Angela Merkel, se enfrentan decididamente al incómodo presente de la crisis económica y las tribulaciones del paro, trata de encontrar en el pasado, en las seseras descubiertas en Atapuerca, la inspiración con la que aliviar sus males que, por desgracia, son también los nuestros. Fue precisamente allí, junto a los yacimientos arqueológicos que cultiva Juan Luis Arsuaga, en Ibeas de Juarros, donde los Reyes Católicos mandaron sembrar los plantones de alubias que Cristóbal Colón les trajo de América y bueno sería que, entre cráneos y tibias, húmeros y peronés, Zapatero repare en las judías. Un poco por la salud que aporta la dieta mediterránea y un mucho porque, a la vista de la situación, nos espera un curso con más legumbres que chuletas. La crisis aprieta, el paro no desciende y suenan los clarines de alarma cuando en los lugares de veraneo, en el corazón de agosto, se ven los paseos y las playas a rebosar de gentes ociosas y, en penoso contraste, los chiringuitos playeros a media ocupación y los bares próximos a menos de media.

Mariano Rajoy, para arrimar el ascua de las esperanzas a la sardina de su proyecto político, anunció este fin de semana las grandes líneas de actuación que pondrá en marcha si llega a La Moncloa. Se centran en la triple idea de menos impuestos, menos deuda y menos gasto público. Tiene razón el líder del PP cuando dice que la situación actual requiere un «cambio total». Los grandes trazos del que anuncia —letra gorda— suenan bien. Claro que la realidad que afecta a los ciudadanos es la que se escribe con letra pequeña, la que expresa los detalles menores, incluso mínimos, que convierten en activo a un parado de larga duración o le redondean la cuenta a una viejecita con pensión raquítica.

Zapatero tiene ahora por delante un cúmulo de problemas, desde una difícil huelga general hasta un Presupuesto imposible pasando por la inquietante «operación rescate» como la que pretende devolverle a José Montilla lo que, del Estatut, se llevaron los vientos del Tribunal Constitucional. El problema de Rajoy es único. Cómo conseguir que, contra lo que enseña la experiencia electoral de toda Europa en el último medio siglo, un aspirante con más del 80 por ciento de rechazo en las encuestas de aceptación de los líderes políticos, pueda invertir el signo de la costumbre y llegar, con la mayoría suficiente, a presidir el Gobierno.

ABC - Opinión

Parados. La cocina de Corbacho. Por Ignacio Moncada

El objetivo real de obligar a los parados a hacer inútiles cursillos del INEM no es mejorar su formación, sino dar un paso más en la técnica de manipulación de estadísticas sobre el empleo.

Se suele decir que hay verdades, mentiras y estadísticas. Pero en manos de políticos las estadísticas tienden más a la falsedad que a la certeza. Resulta asombroso que durante una de las crisis económicas más violentas de las últimas décadas, los datos que salen de la cocina de Corbacho siempre sean positivos. Y es que el Ministerio de Trabajo es el Bulli de la contabilidad nacional, el laboratorio creativo donde las cifras se deconstruyen y la realidad queda disfrazada por su espectacular presentación. Les basta con comparar la tasa de paro con la variación que tuvo la misma el mismo mes del año anterior, y si no queda bien, con su derivada. Así hasta que el resultado tenga buena pinta. Cuando Almunia era ministro de Trabajo, con más de un 20% de paro, decía Manuel Vázquez Montalbán que en sus manos la estadística no era ciencia, sino arcilla.

Ése es el método tradicional de modelar las estadísticas. Pero el Gobierno de Zapatero, ya aburrido por dominar con maestría la técnica, ha decidido pasar al siguiente nivel. Ahora se propone, si cuela entre la maraña legislativa que es la reforma laboral, retirarles la prestación a los parados que no quieran asistir a los cursillos que les imponga el INEM, ahora llamado Servicio Público de Empleo Estatal. La excusa utilizada por el Ministerio es que la formación es la clave para resolver el problema del paro estructural en España. Pero no lo es. La cifra de desempleo que va destruyendo la economía por dentro, y que ridiculiza la imagen de España en el exterior, no se debe a que nuestra formación sea peor que la de otros países. El problema está causado por un marco laboral tan rígido que desincentiva a los empresarios a contratar a los trabajadores que en otras condiciones podrían permitirse.

Aunque pueda resultar atractivo el discurso en torno a la importancia de formación, que la tiene, existe una razón más poderosa para llevar a cabo esta medida. Al fin y al cabo, los cursillos del INEM son igual de ineficaces que su servicio de búsqueda de empleo. El INEM sólo fue capaz de encontrar trabajo a un 2% de los parados que fueron contratados el pasado año, lo que sería argumento suficiente para cerrar el dichoso servicio estatal. Pero, como digo, el objetivo real de obligar a los parados a hacer inútiles cursillos del INEM no es mejorar su formación, sino dar un paso más en la técnica de manipulación de estadísticas sobre el empleo. Y es que, para la contabilidad oficial, los parados que estén haciendo cursos del INEM no cuentan como parados. Como lo leen. La solución magistral al paro hallada por el Gobierno es obligar a los desempleados a hacer inútiles cursos de formación con el único propósito de que no contabilicen como parados, sino como entretenidos estudiantes. Con ello, la cocina de Corbacho puede estar orgullosa de ponerse a la vanguardia del maquillaje estadístico internacional.

Libertad Digital - Opinión

¿Torrija o lapsus?. Por Ignacio Camacho

Federico Trillo todavía está penando su inocente «Viva Honduras» y no pisó con él ningún cable de alta tensión.

Alos lapsus de los políticos no hay que darles demasiada importancia porque suelen obedecer a su costumbre de hablar demasiado. Demasiado a menudo, demasiado tiempo y demasiado irreflexivamente. La logomaquia, la facundia, el parloteo, se han convertido en seña esencial de una política hueca que malversa la palabra para convertirla en mera charlatanería sin sustancia ni contenido y reduce el diálogo a una perezosa repetición de consignas vacías que a veces resultan traicionadas por las distracciones. En esa cháchara superficial es frecuente que se produzcan resbalones y actos fallidos que, más que una profunda parapraxis freudiana, producto de manifestaciones liberadas por la autenticidad del inconsciente, revelan sobre todo la desatención que los dirigentes públicos prestan a su propio discurso.

No conviene por eso sacar conclusiones solemnes del desliz con que el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, abrió ayer el curso político al confundir la visita de Aznar a Melilla con un viaje a Marruecos. Simplemente, Alonso ha tardado en sacudirse la espesa torrija posvacacional y su subconsciente trabajaba acaso con la idea —real— de que el expresidente quiso devolver a Zapatero la faena de aquel polémico desplazamiento a Rabat en 2001, el del célebre mapa, verdadero o falso, de Mohamed VI. Pero al igual que existen erratas —lapsus calami—claramente inducidas por el contexto de la escritura, hay errores verbales muy traidores que resulta imposible desligar de una confusión efectiva de conceptos. Claro que Alonso sabe que Melilla es España y no necesita la penitencia de escribirlo cien veces en un encerado; no estamos hablando de geografía sino de geoestrategia. El problema consiste en que la política exterior del PSOE prima la atención de las relaciones marroquíes y en caso de conflicto dirige su foco de interés al apaciguamiento del vecino. Cuando un dirigente relaja su concentración intelectual, se le cruzan los cables del área subcortical y se provoca un cortocircuito involuntario. Sale a relucir lo que realmente le importa. No se trata tanto de un lapsus linguae, ni siquiera de un lapsus memoriae, como de un desorden reflejo de prioridades.

Que no es nuevo, por otra parte, en este Gobierno. Moratinos y Blanco lo padecieron cuando los Reyes visitaron Ceuta y Melilla, y eso ya constituye una inquietante reiteración en el despiste que da que pensar sobre la estructura de los procesos subconscientes de gente tan principal. Unos tipos tan atentos a la gestualidad política, que es el punto fuerte del zapaterismo, deberían cuidar mejor su aplicación expresiva, so pena de otorgar pábulo a interpretaciones susceptibles de sospecha. Federico Trillo todavía está penando su inocente «Viva Honduras» y no pisó con él ningún cable de alta tensión. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, cierto, pero mosquea que algunos se equivoquen siempre en el mismo sentido.

ABC - Opinión

Alonso. Melilla y los lapsus del Gobierno. Por Guillermo Dupuy

Dice el refrán que "el que tiene boca se equivoca", pero la insistencia con la que los lapsus linguae de los socialistas niegan la españolidad a Ceuta y Melilla empieza a resultar tan ofensiva como su débil y condescendiente política hacia Marruecos.

Dice el refrán que "el que tiene boca se equivoca", pero la insistencia con la que los lapsus linguae de los socialistas niegan la españolidad a Ceuta y Melilla empieza a resultar tan ofensiva como su débil y condescendiente política hacia Marruecos. El primero en hacerlo fue el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en noviembre de 2007, con ocasión de la visita a las dos ciudades autónomas españolas de Don Juan Carlos y Doña Sofía, a la que Blanco denominó como "la primera visita de los Reyes de España a Marruecos". Unos días después fue el propio ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el que hacía lo mismo. Ahora ha sido el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, el que de forma inconsciente se ha referido a Melilla como parte de Marruecos, durante su intervención en la Comisión Permanente del Congreso que ha evitado la comparecencia de Moratinos y Rubalcaba. A ello debemos sumar aquel video electoral del PSOE, titulado "España 2004-2008", en el que se borraba del mapa de nuestro país, tanto a Melilla y a Ceuta como a las islas Canarias. Eso, por no hablar del mapa en el que aparecían como marroquíes estas ciudades y estas islas españolas, ante el que el muy "leal" Zapatero tuvo el cuajo de entrevistarse con Mohamed VI en Rabat, siendo líder de la oposición y en plena crisis con Marruecos

No me voy a meter en los inseguros vericuetos del psicoanálisis para analizar lo que Freud llamada actos fallidos de la lengua. Lo que sí que les puedo decir es que considero que la debilidad cuando no condescendencia de la política del Gobierno de Zapatero hacia Marruecos es, ciertamente, tan acomplejada como de la quien cree en el fondo que su posición es ilegítima. La misma despectiva referencia al "perejilazo", con la que el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, criticó el otro día al PP es la propia de quien cree que fue España, y no Marruecos, el que invadió el islote de marras.

Este Gobierno, en su día, ni llamó a consultas al embajador de España en Marruecos ni elevó queja alguna ante las insultantes protestas de Rabat por la visita de nuestros Reyes a las ciudades españolas. Ahora tampoco lo ha hecho ante los insultos de Rabat y el acoso sufrido por Melilla, y ha sido el propio Ejecutivo español el que se ha permitido criticar a Aznar por visitar la ciudad española, cuyos habitantes Zapatero ni ningún miembro del Gobierno ha visitado ni se ha hecho eco de sus denuncias para no "elevar la tensión".

El mismo hecho de que Rubalcaba y Moratinos guarden silencio y no den explicaciones en el Congreso, o que en el comunicado conjunto no se haga referencia a Melilla, es tan ofensivo como los propios lapsus de los socialistas. Claro que, vista la frecuencia con la que los socialistas se equivocan a la hora de situar a Ceuta y a Melilla, casi mejor que no hayan hecho ninguna referencia.

En cualquier caso, ya que parecen olvidar tan fácilmente la Historia, como, lo que es peor, los sentimientos de españolidad de los melillenses, que los socialistas tengan al menos presente, a modo de regla nemotécnica, esos versos de Rafael Guillén, que creo que dedicó precisamente a la ciudad de Melilla: "Que no es frontera el mar por este canto, sólo es agua, y el agua como el llanto, une a los hombres más que los separa".

Claro que este Gobierno es muy capaz de aprendérselos, no para recordar la españolidad de Melilla, sino para cuestionarla como "concepto discutido y discutible".

Libertad Digital - Opinión

Silencio con Melilla

Política de luz de gas a la opinión pública española para que acepte que lo que ha sido una nueva intentona de desestabilización de la ciudad autónoma española a cargo del ultranacionalismo marroquí se quede en un percance pasajero.

EL fugaz viaje del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rabat se cerró sin la rueda de prensa conjunta con su homólogo marroquí, anunciada desde su departamento y que habría supuesto la escenificación de la «normalidad» en las relaciones entre España y Marruecos. En definitiva, habría sido la certificación de que en Melilla no ha pasado nada relevante. Tanto es así que Pérez Rubalcaba no paró un minuto en al ciudad autónoma, donde las funcionarias policiales han sido objeto de eslóganes humillantes y vejatorios por parte de agitadores marroquíes. Política de luz de gas a la opinión pública española para que acepte que lo que ha sido una nueva intentona de desestabilización de la ciudad autónoma española a cargo del ultranacionalismo marroquí se quede en un percance pasajero, irrelevante y, por supuesto, exagerado por la oposición.

No faltó tampoco la política de tapadillo por parte del grupo parlamentario socialista, que impidió ayer, durante la celebración de una sesión de la Diputación Permanente del Congreso, que el Parlamento recabe la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y del propio titular de Interior para dar explicaciones sobre lo ocurrido con Melilla, algo poco coherente con la tesis oficial de que las relaciones con Marruecos son excelentes. De ser realmente excelentes esas relaciones, nada habría sido más fácil para el Ejecutivo que defender en el Congreso y ante la opinión pública una relación de tal condición con el régimen alauí. El Gobierno de Rodríguez Zapatero siempre se ha sentido en un plano de inferioridad respecto a Rabat y con ese baldón ha enfocado todos estos años su acción diplomática con Marruecos. Su silencio en el Congreso añade más incoherencia a su errónea estrategia.

ABC - Editorial

Luces y sombras de la liberación

Bien está lo que bien acaba, afirma una sentencia popular que puede aplicarse a la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados durante nueve meses por los terroristas de Al Qaida. El feliz desenlace, que ha permitido salvar dos vidas, es motivo de alegría general y no hay que escatimar elogios a quienes lo han hecho posible. La operación de rescate ha sido muy compleja, laboriosa, delicada en algunos tramos e incierta. Ha sido necesario sortear sucesivos obstáculos y conjugar los intereses de diferentes actores para que no se torciera el objetivo de traer sanos y salvos a Roque Pascual y Albert Vilalta. En esta ardua labor de coordinación es de justicia reconocer la excelente gestión de la vicepresidenta Fernández De la Vega, así como la de Moratinos y la del director del CNI, Felix Sanz. Dicho lo cual, y sumándonos con entusiasmo a la alegría de los liberados y sus familias, es necesario admitir la evidencia: los terroristas de Al Qaida han ganado la partida. La red islamista ha logrado varias bazas con este secuestro, a saber: ha obtenido un cuantioso botín, cuyo montante parece situarse entre los cinco y los diez millones de euros; ha forzado la excarcelación de uno de sus colaboradores y autor material del secuestro, el siniestro Omar Sharoui; y ha cosechado un éxito propagandístico de grandes proporciones entre los radicales islamistas en general y, especialmente, entre sus simpatizantes del Magreb. Como es natural, el Gobierno de Zapatero ha negado que se haya pagado rescate alguno. Es verdad que no existe unanimidad sobre cómo proceder en estos casos y el debate aún está abierto entre quienes priman la parte humanitaria y quienes abogan por la firmeza. No obstante, también es verdad que hace tan sólo ocho meses España subscribió una resolución de la ONU en la que se comprometía a no pagar rescates a piratas ni a terroristas. El propio Zapatero así se lo ratificó en enero al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, a propósito de Al Qaida. Sea como fuere, lo cierto es que las contrapartidas satisfechas a los terroristas revelan los puntos débiles no sólo de España, sino de todos los países europeos a la hora de gestionar este tipo de crisis. Salvo Reino Unido, que se niega en rotundo a negociar con los islamistas, los demás países de la UE han sucumbido de una u otra forma. Por eso mismo, la única manera de hacer frente con eficacia y sin fisuras a Al Qaida es que Europa adopte una postura común, que bien puede estar basada en la citada resolución de la ONU o en un compromiso específico. La respuesta tiene que ser unitaria, sin excepciones ni casos aparte, sabiendo cada país a qué se arriesga y a qué se obliga. Como muy bien sabemos los españoles, uno de los grandes éxitos de la lucha contra ETA ha sido el pacto entre PP y PSOE para mantener la misma política antiterrorista, gobierne quien gobierne. Y también sabemos a qué ignominia se llega cuando se buscan atajos con los terroristas, como el de Carod-Rovira cuando negoció con los etarras para que excluyeran sólo a Cataluña de su programa de atentados. La misma unidad férrea contra el terrorismo que reclamamos para España la debemos defender para Europa frente a Al Qaida.

La Razón - Opinión

Tras la liberación

La Comisión de Secretos es el lugar adecuado para explicar el secuestro de los cooperantes.

Los dos cooperantes españoles de la ONG Acció Solidària secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) el pasado 29 de noviembre fueron liberados ayer. Con el regreso a España de Roque Pascual y Albert Vilalta termina la pesadilla que comenzó con el asalto, en una carretera mauritana, a la caravana de ayuda humanitaria en el que también fue apresada su compañera Alicia Gámez, liberada en marzo pasado. El trabajo del Gobierno, con el apoyo de la oposición y la responsabilidad de la sociedad española en su conjunto, han contribuido a este desenlace.

La resolución de este caso no significa que la amenaza contra intereses internacionales en el Magreb haya cesado, por lo que la misma responsabilidad demostrada desde todas las instancias mientras la vida de los cooperantes estuvo en peligro debería mantenerse ahora que ya están de regreso sanos y salvos. Esta era hasta ahora la prioridad; tras la liberación, lo más urgente es reducir al máximo las posibilidades de que algo parecido vuelva a suceder. Los primeros interesados son, sin duda, los Gobiernos de la región, principal objetivo en el punto de mira de los terroristas y a los que estos hostigan mediante el secuestro de extranjeros. Pero poco o nada podrán avanzar si, desde el resto del mundo, no se toma conciencia de los riesgos y se actúa en consecuencia.

Las organizaciones humanitarias se enfrentan a un dilema que afecta al núcleo mismo de su actividad, pero que no pueden ni ignorar ni resolver a través del simple voluntarismo. Continuar con las caravanas ignorando el riesgo que corren sus miembros puede convertirse en una trampa para los destinatarios de la ayuda. Los terroristas siempre obtienen de los secuestros, y con independencia de cuál sea el desenlace, beneficios de toda índole que tarde o temprano esperan utilizar contra las poblaciones que las caravanas se proponen socorrer. Para ser eficaz, la labor de las organizaciones humanitarias solo se puede desarrollar en unas mínimas condiciones que corresponde establecer a la política. En estos momentos, esas condiciones no existen en el Magreb.

Las fuerzas políticas tienen el derecho de saber cómo se ha logrado la liberación y el Gobierno el deber de explicarlo. El lugar es la Comisión de Secretos del Congreso. Enzarzarse ahora en una polémica abierta sobre las decisiones para salvar la vida de dos cooperantes no solo sería estéril sino también arriesgado. Son muchos los actores que han debido intervenir para obtener la liberación, incluidos varios Gobiernos. Lo único que se obtendría al airear las concesiones que han hecho es retribuir con una bofetada sus gestos de buena voluntad para que dos españoles pudieran regresar a casa, además de colocarlos a merced de los terroristas. La inseguridad en el Magreb es un riesgo para toda la comunidad internacional, no solo para España. Nadie debería perderlo de vista.

El País - Editorial

Ceuta, Melilla y el subconsciente colectivo del PSOE

Tal vez lo que el subconsciente y las acciones de los ministros nos dicen es que, de puertas adentro, Zapatero y los suyos ya han tomado la decisión de rendirse.

Por tercera vez algo que anida en lo más profundo del subconsciente colectivo del PSOE ha vuelto a aflorar. Se trata de la españolidad de Ceuta y Melilla, consagrada por la Historia y ratificada por todos los tratados internacionales pero que no termina de entrar en la cabeza de los hombres de Zapatero. Esta vez le ha tocado al portavoz del partido y ex ministro José Antonio Alonso. Ha afirmado dos veces consecutivas dentro de la misma sesión que el PP envió durante la crisis "a algún dirigente" a Marruecos y que José María Aznar visitó durante esos días el país vecino. No vemos necesario remarcar que el Partido Popular no envió a nadie a Marruecos, sino a Melilla, ciudad autónoma española desde 1497, año de su fundación por el también español Pedro de Estopiñán, para solidarizarse con sus vecinos.

No es la primera vez que esto sucede. En ocasiones anteriores José Blanco y el ministro Moratinos asumieron de palabra que ambas ciudades eran marroquíes. Habrá, por lo tanto, que empezar a preocuparse por la integridad territorial de España y, especialmente, por la suerte de nuestros compatriotas melillenses y ceutíes. Ni los unos ni los otros han sido marroquíes nunca y no quieren serlo en el futuro, por más que los continuos lapsus del Gobierno les hagan temer por el aciago destino que aguarda a sus respectivas ciudades.

El hecho es que, traiciones del subconsciente aparte, el indigno papelón que ha jugado el Gobierno durante la última crisis marroquí ha sido antológico. Primero, con la ciudad de Melilla bloqueada por tierra, negó vehementemente que sucediese nada anormal. Cuando la noticia y el escándalo ya habían saltado a los medios de comunicación, los responsables de Exteriores y el propio presidente del Gobierno miraron hacia otro lado, a pesar de que la situación en el paso fronterizo estaba al rojo vivo. Más tarde, coincidiendo con la visita de González Pons y Aznar a Melilla, clamaron iracundos por la falta de oportunidad de los populares, y lo mal que estaban dejando a España en el extranjero por un viaje que éstos habían realizado dentro de nuestras fronteras. Por último, cuando el monarca alauita ordenó que cesase el bloqueo, Rubalcaba viaja presuroso hasta Rabat para rendir pleitesía al dictador y a su ministro de Interior.

Pocas veces el Gobierno ha juntado tan armoniosamente dosis iguales de infamia, cobardía y traición como las que nos ha servido en estos días estivales. Por otras crisis similares, todas localizadas en la corta pero delicada frontera que compartimos con Marruecos, la primera conclusión que puede extraerse es que la política del Gobierno de Zapatero hacia ese país es de entreguismo sin concesiones. Un riesgo teniendo en cuenta que los vecinos del sur reclaman sin pudor parte de España ante todo aquel que les presta oídos. Nuestro Gobierno, en lugar de mostrar solidez y reafirmar la españolidad de las plazas norteafricanas y de las islas Canarias, se derrite ante una dictadura islámica desprestigiada en todo el mundo civilizado.

Tal vez lo que el subconsciente y las acciones de los ministros nos dicen es que, de puertas adentro, Zapatero y los suyos ya han tomado la decisión de rendirse. Quizá sea, a corto plazo, lo más cómodo, lo que mejor encaja con los prejuicios ideológicos del socialismo español. A largo plazo es un suicidio garantizado, una bomba de relojería que estallará cuando menos lo esperemos. Para entonces es posible que Zapatero ya no esté aquí para contemplar las consecuencias de sus irresponsables actos. Los melillenses y ceutíes, sin embargo, sí que estarán y les tocará pagar el pato de tanta ignominia.

Libertad Digital - Editorial

Liberación feliz y sin respuestas

Vilalta y Pascual ya están en España. Ahora será el momento de analizar las múltiples facetas de este episodio y de conocer aquello que no comprometa la seguridad nacional.

YA están en España. Al Qaeda ya ha liberado a los dos cooperantes españoles que permanecían secuestrados desde el pasado noviembre. Nada menos que 258 días ha durado el cautivero sufrido por Albert Vilalta y Roque Pascual, el más largo en el historial delictivo de la franquicia magrebí de una organización terrorista que opera a escala global. Hay que congratularse por esta magnífica noticia, que culmina la operación de rescate de los miembros de la ONG Barcelona Acció Solidària, una vez liberada hace meses Alicia Gámez. Al margen de las explicaciones políticas que puedan producirse —pese a comparecer públicamente, ayer Rodríguez Zapatero no dio ninguna y evitó someterse a las preguntas de la Prensa—, y al margen de las oscuras contrapartidas que hayan podido obtener los secuestradores, la vida y la libertad de nuestros ciudadanos es un bien que debe presidir la actuación de las autoridades en una materia tan delicada. A diferencia de otros casos recientes —como el del pesquero «Alakrana»—, el Gobierno ha trabajado con eficacia y discreción, al igual que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya contribución ha sido muy notable. Se han cumplido al fin las expectativas suscitadas tras la extradición a Malí del jefe de la célula que llevó a cabo los secuestros, puesto que la probable puesta en libertad en ese país de Omar Saharaui era una condición irrenunciable de Al Qaeda para realizar un canje con los cooperantes españoles. Desde este punto de vista, se explican fácilmente los extraños giros del juicio desarrollado en Mauritania, incluidos los drásticos cambios de criterio del fiscal y la actitud del procesado durante la vista.

Albert Vilalta y Roque Pascual ya pisan suelo español. Ahora será el momento de analizar las múltiples facetas de este episodio dramático, y de conocer toda aquella información que no comprometa la seguridad nacional. El hipotético pago de un rescate que el Gobierno nunca podrá reconocer de manera formal porque sencillamente es ilegal, ya ha generado suspicacias en Francia, por ejemplo, país que recientemente perdió a uno de sus secuestrados en una fallida operación de rescate. Al Gobierno sólo le resta ahora medir con extrema cautela la gestión política del post-secuestro y adoptar todas las medidas necesarias para que este tipo de caravanas solidarias con ayuda humanitaria sólo dispongan de autorización para viajar cuando pueda garantizarse su seguridad. Lo contrario será no escarmentar y regalar nuevas bazas al terrorismo islamista.

ABC - Editorial

Estatuto. Desacato y democracia. Por Agapito Maestre

Es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero.

La reacción del Gobierno contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es propia de un régimen despótico. Bajo formas sedicentemente democráticas, puestas en valor por casi todos los medios de comunicación al servicio del "institucionalismo" socialista o popular, asistimos al desmontaje socialista de la Constitución sin que el PP parezca enterarse de lo que sucede. La democracia, en verdad, muere lentamente en España con la colaboración de las principales agencias de socialización política, pero su principal guía es Zapatero.

Las declaraciones sistemáticas del presidente del Gobierno sobre cómo encajar y alojar las leyes orgánicas, e incluso la propia Constitución, en la parte del Estatuto declarado inconstitucional por el Alto Tribunal reflejan de modo explícito la baja, casi nula, calidad de nuestra democracia. El problema es gravísimo, entre otros motivos, porque la oposición, el PP, denuncia con la boca chica tal proceso; es cierto que Rajoy ha reiterado que las sentencias de los tribunales hay que respetarlas, pero eso no es suficiente para detener la estrategia resentida y revolucionaria de Zapatero para desmontar el "régimen democrático".

La desatención, el descomedimiento y la falta de respeto que el Gobierno de Zapatero presta a las reglas de la democracia en general, y al acatamiento de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en particular, es de tal envergadura que parece haber llegado la hora de que el PP ponga en funcionamiento todos los recursos que aún alberga el mortecino sistema democrático español para parar al "Robespierre" de La Moncloa, que nos anunció en el último Consejo de Gobierno la decisión firme de reformar el Poder Judicial para adoptarlo a los deseos de los socialistas y nacionalitas catalanes. Ya no se trata de falta de respeto a las leyes, sino de convertir la ley en el derecho del más fuerte, es decir, la ley es lo que dice y hace el Gobierno.

Porque esa decisión traspasa todos los límites permitidos por una democracia basada en el Estado de Derecho, o mejor, en la división de poderes, es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero. O el PP se suma y pone el altavoz a las críticas formuladas por la Defensora del Pueblo sobre las pretensiones de Zapatero de adoptar la Constitución al inconstitucional Estatuto de Cataluña o tendremos que sospechar que sólo está interesado en el Poder. O el PP pone pronto en funcionamiento político la figura jurídica del desacato, e incluso trata de procesar por alta traición a los principios democráticos a Zapatero, o pensaremos que está de acuerdo con los socialistas para reformar la ley orgánica de la Institución del Defensor del Pueblo, o sea, que está de acuerdo con eliminar cualquier atisbo crítico del Defensor del Pueblo contra el antidemocrático gobierno de Zapatero.

Libertad Digital - Opinión

¿Quién pagó la deuda?. Por César Alonso de los Ríos

EL PSOE trata de distraer con las primarias de Madrid, y Antón Elorza dice que el País Vasco debe estar preparado para la inminente desaparición de ETA. Los constitucionalistas ven muy complicada la ruptura de la unidad jurisdiccional que preconizaba el Estatuto catalán, pero ZP no descarta un entendimiento con CiU. En julio, Montoro no tuvo que romper sus vacaciones porque el vencimiento del pago de la Deuda no supuso la catástrofe que habían anunciado las tertulias y la noticia económica quedaba reducida a la rapidísima recuperación de una molestia del banquero Botín, clave de nuestra seguridad. Pero, quizá, la prueba más significativa de la relajación con la que la gente está viviendo la situación es que de la cuestión de Melilla esté quedando, no tanto el mensaje político por el que se manifestó Aznar (cuando ya estaba resuelto el contencioso con Marruecos), sino el temor de que, a pesar de la crisis, España vuelva a representar la esperanza para millones de africanos. Se ha vuelto a hablar de inmigración y de pateras y, quizá por lo mismo, ha causado tanto impacto la construcción de una Mezquita en Nueva York en la zona castigada por los yihadistas. El peligro religioso del socio «turco».

En esta situación mucho menos insoportable de lo que unos deseaban y otros temían, el PP sigue sin aparecer como el partido que dirige la oposición hacia unos objetivos claros. Confiando en la brutalidad de la crisis, ridiculizó cualquier movimiento esperanzador del Gobierno como aquella visión, efectivamente ingenua, de unos inexistentes «brotes verdes» en el árbol de la economía. No se daba cuenta la dirección del PP de que no cabe la respuesta al optimismo voluntarista basada en la pasividad. Para la ciudadanía, lo más estimable sigue siendo la comunicación inteligentemente basada en la imaginación y la lucha por el cambio.

ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. ¿Quién bloquea qué?. Por Emilio Campmany

Con la actual composición, el TC tumbaría, por utilizar el fino lenguaje prisaico, ese canto a la vida que es la ley del aborto. Y eso explica que el PP no quiera ni oír hablar de renovar a los magistrados.

Las campanas prisaicas llaman a rebato porque el Constitucional está por declarar contrario a nuestra carta magna la ley del aborto. ¿Cómo podría atreverse a tanto? Pues nos explican en ca’ Janli que el PP bloquea la renovación del alto tribunal porque ahora mismo son mayoría los contrarios a la constitucionalidad de la ley al haberse pasado un progresista, Eugeni Gay, al bloque conservador. De forma que, con la actual composición, el TC tumbaría, por utilizar el fino lenguaje prisaico, ese canto a la vida que es la ley del aborto. Y eso explica que el PP no quiera ni oír hablar de renovar a los magistrados que deberían haberlo sido hace tres años ni los que toca renovar en noviembre de este año. Pero, Julio M. Lázaro y Fernando Garea, que son quienes firman la noticia, ocultan algunas cosas relevantes.

La primera es que Eugeni Gay tiene de progresista lo que yo de fraile. Fue designado por el PSOE, pero por indicación de Convergencia i Unió, porque los socialistas se llevan muy bien con los nacionalistas y siempre les dejan comer algo de su plato. Y los catalanistas designaron a un abogado de catolicismo militante, sector Unió, que, si le dejan, se cargará sin el menor remordimiento la ley del aborto socialista.

Pero, sobre todo, no cuentan que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional en 2007 para asegurarse que María Emilia Casas siguiera siendo la presidenta del Constitucional. Y, precisamente con ese fin, modificaron la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal, introduciendo la norma de que, mientras no fuera renovado el Constitucional, el presidente nombrado seguiría siéndolo a pesar de haber expirado el término de 3 años que fija la Constitución. Es verdad que en 2007 deberían haber salido tres magistrados conservadores y tan sólo uno progresista, la Casas, a cambio de 2 y 2. Pero, aun así, los constitucionalistas seguirían siendo mayoría al contar con el voto del progresista Manuel Aragón. Así que el PSOE prefirió seguir en minoría tan exigua con tal de seguir conservando la presidencia y posponer las votaciones todo lo que hiciera falta.

Luego, en 2008, murió Roberto García-Calvo, un conservador, y el PP exigió ser él quien designara al sustituto, puesto que fue ese mismo partido quien designó al fallecido. Los votos habían pasado de 7 a 4 a 6 a 4. Los constitucionalistas seguían teniendo mayoría. Pero, si el PP tragaba con que se hiciera la renovación del Senado sin que fuera renovado García-Calvo, la votación quedaría 5 a 5 y decidiría el voto de calidad del presidente que ya no podría ser María Emilia Casas, puesto que le tocaba ser renovada. El PP no quería renovar si no se le permitía nombrar al sustituto de García Calvo, pero, sobre todo el PSOE no quiso arriesgarse a que el nuevo presidente fuera un conservador o, aún peor, Manuel Aragón y que éste, en calidad de presidente, forzara las votaciones que María Emilia Casas había venido retrasando y que el estatuto fuera derrotado en toda la línea.

Y ahora que han salvado los muebles del estatuto a base de evitar la renovación y mantener en contra de lo que dice la Constitución a María Emilia Casas en la presidencia durante seis años, les entran las prisas por renovar a ver si se quitan de encima al meapilas que les endilgaron los de Unió. Y la culpa de todo es del PP. Hay que fastidiarse.

Libertad Digital - Opinión

Visita a Rabat y Al Qaida

La visita que el ministro del Interior realizará hoy a Rabat ha sido precedida inopinadamente por la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados desde noviembre por Al Qaida, Roque Pasqual y Albert Vilalta. Al margen de los datos concretos, esta venturosa circunstancia dota al viaje de Rubalcaba de una dimensión que va más allá de los problemas fronterizos y de los roces policiales entre ambos países. La amenaza del terrorismo islámico tiene la fuerza, la persistencia y la entidad suficientes como para justificar, por sí sola, una larga entrevista entre los ministros español y marroquí encargados de la seguridad ciudadana. Es necesario, qué duda cabe, deshacer los malentendidos y las fricciones que han marcado las relaciones durante este mes de agosto, con sobreactuaciones y desmesuras por parte marroquí que son impropias de una buena vecindad. Es de esperar que el ministro Rubalcaba, que no es manco en habilidades diplomáticas, ponga las cosas en su sitio y a su homólogo marroquí en el suyo. Es inaceptable, por ejemplo, que se insulte y se veje a las mujeres policía españolas, como también es inadmisible que se denigre a la Guardia Civil, que tantos cientos de vidas salva cada año en aguas del Estrecho. La opinión pública española está hastiada del acoso recurrente de Rabat a Ceuta y Melilla, y espera del Gobierno una actitud más nítida, más inequívoca y más enérgica que la exhibida durante este mes de agosto. En realidad, la pasividad del Ejecutivo ha sido tanto más preocupante cuanto se ha limitado a solicitar del Rey una llamada telefónica al monarca alauita, gestión que a juzgar por los resultados no es descabellado calificar de prematura. Como bien expresó días atrás Juan José Imbroda, presidente de Melilla, la obligación de Rubalcaba es pedir explicaciones a Rabat, no darlas. Al menos en lo que concierne a los contenciosos de su departamento. Pero con la misma convicción, porque lo valiente no quita lo cortés, el ministro español debe fortalecer los acuerdos de cooperación para luchar contra la amenaza terrorista islámica. El último informe del Departamento de Estado norteamericano no deja lugar a dudas: España está en el punto de mira de Al Qaida como «objetivo preferente». El secuestro en Mauritania de los cooperantes españoles no es fruto del azar, sino que obedece a una estrategia pacientemente planificada que los terroristas ejecutarán cuantas veces puedan, porque su razón de ser es secuestrar y atentar a quienes tienen por enemigos mortales. Por tanto, y más allá de roces fronterizos y suspicacias de vecino avinagrado, cabe esperar mucho de esta visita en materia antiterrorista. Sería inaudito que se repitiera un ataque criminal como el del 11-M, cuyos autores conocidos procedían o tenían relación con Marruecos, lo que no conviene olvidar. Y de nuestro vecino depende también en gran parte que Al Qaida no arraige y se propague por el Magreb, poniendo en riesgo la estabilidad de la zona. Si a ello se añade un apaciguamiento de la «guerra» de las mezquitas que se libra en tierras españolas entre diferentes tendencias y obediencias, el viaje de Rubalcaba no habrá sido inútil ni baladí.

La Razón - Editorial

Se cumplió la ley

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

EN un Estado de Derecho, lo lógico y natural es cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Así ha ocurrido en el barrio barcelonés de Gracia, donde —en ejecución de la orden dictada por la Audiencia Nacional— los Mossos y la Guardia Urbana han actuado con eficacia para impedir el homenaje organizado por grupos radicales a la terrorista Laura Riera. Cuando cada uno hace lo que debe, las cosas funcionan de forma razonable: el fiscal solicitó la suspensión del acto, el juez Pablo Ruz la acordó con argumentos bien fundados y las fuerzas de seguridad ejercieron sus funciones en los términos legalmente establecidos. En efecto, impedir la concentración de los grupos antisistema —que ayer todavía pretendían reclamar la libertad del único detenido— era la fórmula más adecuada para que no se produjera un acto de enaltecimiento del terrorismo y para permitir a los ciudadanos disfrutar de las fiestas de su barrio en paz y libertad.

Lo sucedido estos días en la capital catalana debería mover a una seria reflexión a las autoridades autonómicas y municipales. El presidente José Montilla estuvo muy desafortunado con su afirmación de que «no le constaba» la existencia de tal homenaje a la activista de ETA, cuando todo el mundo sabía que estaba en marcha. A su vez, el alcalde Jordi Hereu se lavó las manos hasta el último momento, dejando toda la responsabilidad en manos del juez y adoptando una postura de inaceptable «neutralidad». Hay que dejar de lado extraños complejos y ejercer la autoridad democrática con absoluta normalidad y al servicio del Estado de derecho, que no puede ser alterado por la imposición de grupos antisistema. Menos mal que al final cada cual estuvo en su sitio, la ley se aplicó con absoluta normalidad y, sobre todo, se impuso el sentido común.

ABC - Editorial

Pavimentando el camino de nuevos secuestros

Un Gobierno de un país serio no puede ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.

Aunque al cierre de esta edición aún no haya confirmación oficial, todo parece indicar que los cooperantes españoles en el Sáhara han sido liberados por parte de sus captores, un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda. La cadena de televisión Al Arabiya asegura que se han pagado entre cinco y diez millones de euros por los rehenes junto a la extradición a Mali de Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, único condenado en Mauritania por el secuestro de los españoles.

Que ha habido pago, y que éste ha sido millonario, queda fuera de toda duda. Los terroristas no acostumbran a secuestrar por placer, siempre exigen algo a cambio, generalmente gran cantidad de dinero en concepto de rescate, al que suele acompañar alguna concesión de tipo político o judicial. Los camaradas de Omar Saharaui han hecho un pleno en una operación extremadamente larga, casi nueve meses. Se llevan un rescate muy generoso y la extradición de uno de los suyos al país donde el comando ha permanecido refugiado todo este tiempo.

La importante ahora es saber de dónde ha salido el dinero. El Gobierno, el único que puede reunir y entregar esa cantidad, mira hacia otro lado y pide "responsabilidad" para desviar la atención. Como en secuestros anteriores, en el de los buques Playa de Bakio y Alakrana, o en el de la cooperante Alicia Gámez –que viajaba con los dos que han sido liberados–, Zapatero vuelve a bajarse los pantalones ante los terroristas accediendo a sus demandas pecuniarias.

Desde esta misma tribuna hemos advertido ya en varias ocasiones que lo último que puede hacer un Gobierno democrático de un país serio es ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.

Tal vez por esta razón tan elemental, tan al alcance de cualquiera, Zapatero lleva dos años lidiando con secuestradores en África y, según parece, pagando hasta el último euro que éstos le exigen. La liberación de Albert Villalta y Roque Pascual de la que, desde un punto de vista humano, cabe alegrarse, se convierte así en el preámbulo del siguiente secuestro. Los que han mantenido a los dos cooperantes privados de libertad durante nueve meses en algún rincón del desierto, tienen desde hoy mucho más dinero para perpetrar nuevos crímenes y un aliciente añadido para secuestrar españoles.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero, ante su otoño más gris

El Gobierno tendrá que asumir el coste de una negociación extrema con el PNV para aprobar los Presupuestos, de la primera huelga general en su contra y del progresivo desgaste de Zapatero.

LA reentrada del curso político se presenta harto compleja para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que los apoyos del PNV parecen a día de hoy imprescindibles para evitar una prórroga de las cuentas públicas que situaría la legislatura ante el abismo, obligará al Ejecutivo a aceptar cualquier exigencia extrema —cualquier chantaje— de los nacionalistas vascos, que se ven en una posición de fuerza por primera vez desde que perdieran el Gobierno vasco a manos de Patxi López. El «no» adelantado de CiU a apoyar los Presupuestos y la inminencia de las elecciones catalanas marcadas por el severo desgaste del tripartito en general, y del PSC de José Montilla en particular, dificultan el margen de maniobra de Rodríguez Zapatero, que en principio tampoco podrá contar con ERC ni con Izquierda Unida, seriamente enfrentados al Gobierno tras los «tijeretazos» al gasto social. A ello Zapatero tendrá que sumar el coste de las consecuencias políticas y sociales que se deriven de la huelga general convocada para el 29 de septiembre por los sindicatos mayoritarios, castigados por el Gobierno durante la negociación de la reforma laboral y obligados a recuperar ante sus afiliados una imagen de autonomía tras asumir que su ridícula sumisión al Gobierno en los últimos años paradójicamente no les ha granjeado más rédito que el de sentirse traicionados.

El Gobierno afrontará su peor otoño en una situación de gran debilidad, con un gabinete desgastado, nutrido mayoritariamente de ministros sin apenas peso político, con una imagen creciente de deterioro cada vez más censurada por los ciudadanos, y con síntomas evidentes de división interna y contestación a la Ejecutiva Federal. Esto es, de contestación a Rodríguez Zapatero. La pugna entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez por el control del PSOE madrileño, que se dirimirá en las «primarias» de este partido a principios de octubre, no será con seguridad un caso aislado ante la cita crucial de las municipales y autonómicas de 2011. Más aún, puede llegar a mermar seriamente la hasta ahora incontestable autoridad interna de Rodríguez Zapatero y debilitar su liderazgo en la fase definitiva de la legislatura. Enfrente, el Partido Popular y Mariano Rajoy están llamados a conservar la ventaja que hoy en día le conceden unánimemente todos los sondeos de opinión sin descuidar la labor de oposición. El PP incurriría en una pasmosa ingenuidad si dejara transcurrir los meses en la creencia de que los errores de Zapatero, por sí mismos, van a despejar a Rajoy el camino hacia la Moncloa.

ABC - Editorial

Diplomacia del appeasement. Por José María Carrascal

El gobierno Zapatero necesita todo su tiempo y energía para atacar a su verdadero y puede único enemigo: el PP.

«YO no he visto nunca a un ex presidente de Gobierno —ha dicho don José Blanco a propósito de la visita de Aznar a Melilla— con ese comportamiento». Pues yo nunca he visto a un presidente de Gobierno prometer a una comunidad cuanto le pediese. Ni decir que el concepto de nación es discutido y discutible. Ni calificar de «accidente» un atentado terrorista con dos muertos. Ni llamar «desaceleración» a una crisis global. Ni, ni, ni, así podría seguir, enumerando barbaridades, frivolidades y deslealtades de nuestro presidente, hasta agotar el espacio del que dispongo.

Y lo peor de todo es que continúa en ellas. Ahí le tienen «poniendo en marcha el rescate de partes del Estatuto catalán anuladas por el Tribunal Constitucional», según portada de «El País». ¿Es así como se acepta una sentencia del más alto tribunal de la nación? ¿Es así como se gobierna, intentando revertir con decretos-ley una decisión que «laminaba el capítulo de un Poder Judicial catalán en el Estatuto», según el mismo periódico? Y todo por razones electorales, para insuflar aire a un tripartito presidido por socialistas, que ha hecho más por separar Cataluña de España que todos los gobiernos nacionalistas anteriores.

La cosa es todo menos banal. De tener Cataluña su propia Justicia, estén ustedes seguros de que no se hubiera prohibido el homenaje a una etarra convicta y confesa, planeado ayer en Barcelona. Pues ni el Gobierno, ni la Generalitat, ni el ayuntamiento, controlados por socialistas, habían hecho nada por evitarlo, habiendo tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional, a solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, quien lo haya hecho. Pero podemos despedirnos de ello si los planes del presidente se llevan a cabo. A no ser que esté engañando a sus propios compañeros, como ha hecho con todos, prometiendo lo que no piensa cumplir si llegada la hora de la verdad —las elecciones generales— no le conviene. Pero que sigue en su línea de deslealtades está a la vista.

«Gobernamos con diplomacia, lejos del ardor guerrero del PP», ha dicho la vicepresidencia primera, a propósito de la misma visita de Aznar a Melilla. Por lo visto, llama diplomacia a lo que Chamberlain llamaba «apaciguamiento» ante Hitler: ceder ante el agresor con la esperanza de calmarlo. Como se demostró tras Munich, el apaciguamiento no frena al agresor, al revés, le anima a pedir más. ¿Es también «diplomacia» haber concedido a los gibraltareños cuanto pedían, en vez de oponerse a su expansión por tierra, mar y aire españoles?

Claro que el gobierno Zapatero necesita todo su tiempo y energía para atacar a su verdadero y puede único enemigo: el PP.

ABC - Opinión